- La OMC en Cancún,
México - Un sistema alimentario bajo el
dominio de las corporaciones transnacionales
(1) - El modelo de la agricultura
industrial envenena a la naturaleza, a las y los trabajadores y
las comunidades rurales (3) - El mito de la calidad de los
alimentos producidos en Estados Unidos y la imposición
de riesgos a los países importadores
(4) - El Codex Alimentario y las
ilusiones de la llamada "inocuidad o sanidad alimentaria" con
el libre comercio (6) - La desregulación en
la armonización global y regional del etiquetado de
plaguicidas (9) - Acuerdo sobre inversiones de
la OMC: - Propuestas por la defensa
de la soberanía alimentaria y el apoyo a los movimientos
de resistencia campesina e indígena
(11) - Por la producción y
consumo de alimentos sanos libres de agrotóxicos y
transgénicos - Por el mejoramiento y libre
circulación de las semillas nativas - Por el respeto a los
derechos de los trabajadores, las mujeres y los
niños - Por la eliminación
prioritaria de los plaguicidas especialmente
peligrosos - Por la firma y
ratificación de los convenios ambientales multilaterales
y su prioridad sobre los acuerdos
comerciales - Notas
En la práctica, la OMC ha servido como un
instrumento de las corporaciones transnacionales y unos cuantos
gobiernos ricos para impulsar e imponer un conjunto cada vez
más amplio de políticas
neoliberales a nivel mundial que permiten una mayor
penetración extranjera a recursos
nacionales estratégicos, y mayor control de las
economías nacionales.
En Cancún, México, del 10 al 14 de
septiembre, se reunieron, por quinta vez, los 148 países
que integran la
Organización Mundial del Comercio
(OMC). Este organismo, con sede en Ginebra, Suiza, nace desde
1995 como un foro donde se
negocian acuerdos para bajar tarifas y aranceles
(impuestos a
los productos
importados) que permitan un mayor intercambio comercial en el
mundo, pero cuyos efectos van más allá del
comercio. Actualmente la OMC hace cumplir una veintena de
acuerdos comerciales en áreas como los textiles, la
agricultura,
los servicios y
los derechos de
propiedad
intelectual. Los países que violen estos acuerdos son
sujetos a presiones muy fuertes y llevados ante paneles de
arbitraje
comercial antidemocráticos donde son
sancionados.
En la práctica, la OMC ha servido como un
instrumento de las corporaciones transnacionales y unos cuantos
gobiernos ricos para impulsar e imponer un conjunto cada vez
más amplio de políticas neoliberales a nivel
mundial que permiten una mayor penetración extranjera a
recursos nacionales estratégicos, y mayor control de las
economías nacionales lo que afecta la satisfacción
de necesidades y derechos básicos del ser humano en
materia de
empleo,
alimentación, salud, educación, derecho a
un ambiente sano,
y que provoca una mayor desigualdad entre los países del
Norte y del Sur.
Los temas identificados desde 1996 en la Conferencia de la
OMC en Singapur para iniciar una nueva ronda de negociaciones y
llegar a nuevos acuerdos de liberalización comercial son:
Inversiones,
Política
de Competencia, las
Compras del
Sector
Público y facilitación del Comercio. De igual
modo, se pretende ampliar aún más la
liberalización comercial de la agricultura, cuyas
negociaciones se iniciaron desde el 2000 y que no han culminado,
con el objetivo de
reducir los subsidios a las exportaciones
agrícolas, el acceso a los mercados por
medio de la baja de aranceles, y la reducción de las
medidas internas que distorsionen la producción o el comercio.
Un sistema
alimentario bajo el dominio de las
corporaciones transnacionales (1)
Las políticas neoliberales de ajuste estructural
promovidas por los organismos financieros multilaterales como el
Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el
Banco Mundial
(BM) debilitaron la intervención de los Estados Nacionales
en la agricultura y reorientaron las políticas
agrícolas para privilegiar las necesidades del mercado externo,
sobre las necesidades de la población nacional, fomentando los cultivos
de agroexportación y sacrificando las políticas de
apoyo a la producción de granos básicos que
aseguran la autosuficiencia alimentaria.
Estados Unidos y la Unión
Europea predican el libre comercio
pero no lo practican; presionan a los demás países
para que bajen sus aranceles y subsidios al campo mientras ellos
sí elevan sus subsidios. El ejemplo más escandaloso
lo presenta Estados Unidos
que en su Ley
Agrícola del 2002, elevó en un 80% los subsidios
agrícolas -comparados con 1986- especialmente en ocho
cultivos: algodón, trigo, maíz,
soya, arroz, cebada, avena y sorgo. Estos subsidios benefician
principalmente a los grandes agricultores y a las corporaciones
transnacionales que han desplazado y expulsado a la
mayoría de los granjeros familiares. Se calcula que los
países ricos de la OCDE gastan más de 300 mil
millones de dólares al año en subsidios
agrícolas, seis veces más que la asistencia a los
países en desarrollo
(2).
Estos subsidios permiten que los Estados Unidos exporten
sus productos por debajo del costo real de
producción, en una práctica conocida como "dumping". El
precio
artificialmente bajo producto del
"dumping" destruye los mercados regionales abiertos a la
competencia global y afecta a los pequeños agricultores y
las economías rurales campesinas.
La sobreproducción de los alimentos a
precios
"dumping" que impulsa Estados Unidos es parte de una estrategia de
dominación por la hegemonía mundial alimentaria, en
competencia con la Unión Europea, para expandir su control
a los demás países del planeta. Beneficia a las
grandes corporaciones agroalimentarias, tanto a las
comercializadoras de cereales y granos como a las transformadoras
de alimentos elaborados. Tan sólo dos empresas
estadounidenses, la Cargill y Archer Daniel Midland (ADM)
controlan la mitad del comercio mundial de granos en el mundo.
Las diez empresas de semillas más grandes del planeta
controlan la tercera parte del comercio mundial de
semillas.
La concentración del poder de las
corporaciones se acelera con la
globalización de los acuerdos de libre comercio y la
lucha por el mercado mundial. Unas cuantas empresas dominan el
mercado de la semillas, los plaguicidas, los
farmacéuticos, los productos veterinarios y han apostado a
la expansión de los cultivos modificados
genéticamente para consolidar su control. Syngenta, Bayer
– que compró Aventis Crop Science-, Monsanto, Basf, Dupont
y Dow son los gigantes genéticos que se disputan el
mercado mundial de las patentes agrobiotecnológicas, y son
estas mismas transnacionales las que controlan casi el 80% del
mercado mundial de plaguicidas.
Las presiones de Estados Unidos y Europa para una
mayor liberalización del comercio agropecuario en el
ámbito del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC
tendrían como consecuencia consolidar el poder
transnacional sobre el sistema alimentario.
El modelo de la
agricultura industrial envenena a la naturaleza, a
las y los trabajadores y las comunidades rurales
(3)
La agricultura que promueven los tratados de libre
comercio y la OMC es una agricultura industrializada que somete
la naturaleza a los procesos de
especialización productiva y acumulación de
capital. Esta
agricultura industrializada sacrifica la diversidad
biológica en monocultivos especializados dependientes de
paquetes tecnológicos bajo el control de corporaciones
transnacionales especialmente en semillas -antes híbridas
y ahora modificadas genéticamente- y fertilizantes y
plaguicidas químicos.
El sistema alimentario que promueve la OMC tiene un alto
gasto en energía, por el procesamiento, las grandes
distancias que recorren los alimentos y la infraestructura en
transporte y
refrigeración, lo que contribuye a la
emisión de los gases
invernadero que afectan el clima del
planeta.
Los plaguicidas químicos son por
definición sustancias tóxicas, son las armas de la
industria
química
que se ofrecen para el combate de las plagas, como insecticidas,
herbicidas y funguicidas; y afectan sistemas
biológicos fundamentales que son compartidos
también por el hombre. El
uso intensivo de estos agrotóxicos provoca el
envenenamiento a corto y largo plazo de la naturaleza, los
trabajadores, las comunidades rurales y los
consumidores.
Cada año en América
Latina y el Caribe se envenenan cientos de miles de personas. Los
secretarios de salud de los países de Centroamérica
estiman en casi 400,000 los envenenamientos causados por los
plaguicidas cada año en esa región, que cuenta con
el mejor sistema de registro. En
Brasil se
estima que 300,000; en México, las autoridades registraron
2,800 casos en el 2002, en Chile se registraron 1 000; pero en la
mayoría de los países la mayor parte de las
intoxicaciones
no se reportan a las autoridades, por lo que las cifras reales
totales son mucho mayores. Estos son casos registrados de
intoxicación inmediata, a corto plazo, pero los efectos
crónicos, a largo plazo causados por los plaguicidas no se
lleva una estadística.
La mayoría de los plaguicidas entraron al mercado
mundial antes de que se exigieran pruebas que
demostraran no tener efectos crónicos sobre la salud de la
población. Hay ya identificados cientos de plaguicidas que
se sabe o sospecha pueden provocar cáncer, malformaciones,
afectar la fertilidad de hombres y mujeres, dañar su
sistema natural de defensas contra infecciones y enfermedades, provocar
abortos espontáneos y otros males reproductivos. Los
daños a la salud no son siempre inmediatos, ni se
presentan a corto plazo, sino que pueden manifestarse años
después, sobre todo en las mujeres embarazadas que se
exponen a estos agrotóxicos.
Aunque los trabajadores y trabajadoras agrícolas
y sus familias son el sector más expuesto también
lo están las comunidades rurales donde se aplican y todos
los consumidores de alimentos a los que se aplicaron estos
venenos. Los plaguicidas son biocidas matan no sólo a las
plagas sino a los insectos benéficos que las controlan de
manera natural, es así, que entre más se usan
aparecen nuevas plagas, que además, pueden desarrollar
resistencia, una
capacidad biológica hereditaria a esta sustancias
tóxicas por la que ya no se mueren a las dosis que se
aplicaban anteriormente. Los plaguicidas contaminan el agua de los
ríos, manantiales y pozos, y afectan los ecosistemas
costeros donde descargan los distritos de riego, además de
afectar a la flora y fauna silvestre
en los lugares donde se aplican.
El uso de plaguicidas ha creado una enorme deuda
ambiental, y de daño a
la salud, en los países de América Latina y del
Caribe, y del resto del mundo beneficiando principalmente a las
corporaciones transnacionales.
El mito de la
calidad de los
alimentos producidos en Estados Unidos y la imposición de
riesgos a los
países importadores (4)
Una de las consecuencias de las políticas
neoliberales al dar prioridad a los cultivos de exportación es que los gobiernos ponen
más atención para asegurar la calidad de los
productos que se exportan que los que se importan y consumen a
nivel nacional.
La inundación de alimentos de Estados Unidos en
los grandes supermercados de América Latina, cada vez
más en manos de empresas multinacionales estadounidenses
como Wallmart, puede crear la ilusión a los consumidores
de que los alimentos importados deben ser mas seguros que los
del país de origen. Sin embargo, la calidad de los
productos "Made in USA" es más un mito que una realidad,
dado el intenso uso de plaguicidas, hormonas,
antibióticos y aditivos usados en la producción
agropecuaria estadounidense que se ofrece como "modelo" a los
empresarios y campesinos de todo el mundo. Estados Unidos es el
país que usa más plaguicidas químicos en el
mundo – 20 % del total mundial- con cientos de miles de toneladas
aplicados cada año, y con productos que aunque
estén registrados no son inofensivos sino conocidos o
sospechosos de causar cáncer, afectar el desarrollo
reproductivo, provocar altercaciones hormonales o dañar el
desarrollo cerebral y el sistema
nervioso.
Cada año miles de trabajadores agrícolas
son envenenados y hay un grave problema de contaminación del agua. Además se
calcula que un 20% de los alimentos que se consumen en Estados
Unidos están contaminados con residuos de insecticidas
organoclorados – especialmente dieldrín y DDE, un
metabolito del DDT- que han sido prohibidos en ese país y
con dioxinas, un contaminante muy tóxico que se acumula en
las grasas del
cuerpo. La presencia de estos contaminantes se ha encontrado en
frutas, hortalizas, carne, pollo y productos lácteos
como leche, yogurt
y queso. Los residuos de plaguicidas organoclorados y las
dioxinas presentes en los alimentos en cantidades muy bajas,
aunque no lo percibamos se van acumulando en el cuerpo humano,
van formando la carga corporal de contaminantes que se excretan
en la leche materna y pasan a las futuras
generaciones.
El 70% del total de antibióticos usados en
Estados Unidos -unas 11 mil ton- son usados para promover el
crecimiento y engorda de cerdos, pollos y ganado, lo que puede
provocar bacterias
resistentes a estos medicamentos, poniendo en riesgo la salud
animal y la de los consumidores. En los Estados Unidos a
más del 90% del ganado para engorda se le implantan
hormonas en las orejas o se les proporcionan hormonas en sus
alimentos para incrementar su peso en el menor tiempo
posible. Para aumentar la producción lechera se usa la
Hormona
Recombinada de Crecimiento Bovino (rBGH por sus siglas
en inglés
o somatropina en español)
que produce principalmente la transnacional Monsanto y puede
poner en riesgo la salud del consumidor pues
aumenta el riesgo de reacciones alérgicas y cáncer de
próstata, colon y de pecho.
La promoción de cultivos y organismos
modificados genéticamente (OGM) crean nuevos riesgos e
incertidumbres para la salud de los consumidores por no hablar de
los riesgos ambientales de contaminación genética,
como sucede con las variedades de maíces nativos de las
comunidades indígenas de México, centro de origen
mundial del máíz. Hay evidencias de
que el consumo de
transgénicos puede aumentar el riesgo de alergias,
resistencia a antibióticos, y posibles afectaciones del
sistema inmunológico.
Aunque las evidencias no son concluyentes si son
suficientes para exigir mayores estudios antes de liberar estos
productos para la siembra y consumo humano y animal. Las
poderosas empresas transnacionales han logrado que Estados Unidos
-a diferencia de Europa- no obligue a informar en la etiqueta si
se usaron organismos transgénicos en alimentos frescos o
elaborados. De este modo, cuando la industria alimenticia de los
países de América Latina y del Caribe importan soya
o maíz de Estados Unidos, están importando una gran
parte de soya y maíz modificados genéticamente que
es usada para la elaboración de una gran variedad de
alimentos: tortillas, harinas, aceites, dulces, botanas chatarra
muy consumida por niños y
adultos. Sin el etiquetado de los alimentos importados
transgénicos el consumidor está comiendo a
ciegas(5).
Los gobiernos deben establecer un programa nacional
de prevención, control y monitoreo de plaguicidas,
hormonas, antibióticos y contaminantes orgánicos
persistentes en los alimentos importados y en los producidos a
nivel nacional. Informar si se usaron antibióticos u
hormonas. Los gobiernos deben exigir que los alimentos importados
indiquen en su etiqueta si contienen productos
transgénicos y prohibir la siembra de cultivos modificados
genéticamente como una medida preventiva.
El Codex
Alimentario y las ilusiones de la llamada "inocuidad o sanidad
alimentaria" con el libre comercio (6)
Las medidas de protección a la salud de los
alimentos, de las plantas, de los
animales, del
ser humano y del medio ambiente
son consideradas por la OMC como barreras técnicas
al libre comercio que deben ser reducidas al mínimo para
incrementar el flujo comercial; y de este modo evitar
inspecciones aduanales, detenciones temporales o medidas
cuarentenarias.
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC estableció, desde
1994, que un organismo internacional, la Comisión del
Codex Alimentario es el referente internacional en la
resolución de disputas comerciales para determinar los
"niveles apropiados" de protección en materia de sanidad
alimentaria, que son tolerados y no interferir en el libre
comercio. Las diferencias existentes entre los países de
las medidas de protección deben ser "armonizadas"
globalmente, para eliminar lo que se considere como
obstáculos innecesarios y restricciones encubiertas,
tomando en la práctica como techo límite las
normas
internacionales establecidas por el Codex.
La OMC espera que los países que acuerden
tratados de libre comercio, reconozcan como equivalentes las
medidas adoptadas por otro miembro sobre todo si se fundamentan
en estas recomendaciones internacionales. La Comisión del
Codex Alimentario fue creada desde 1962 para ejecutar el Programa
Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre Normas
Alimentarias. Originalmente el Codex asesoraba
técnicamente a los países en desarrollo en materia
sanitaria y fitosanitaria, con el objetivo de establecer
directrices mínimas globales con base en las cuales los
países pudieran elaborar sus propias normas, que
podían ser más estrictas; pero la OMC ha
transformado al Codex en el referente internacional para la
elaboración de las normas de sanidad alimentaria mundial,
estableciendo límites
máximos globales en materia de residuos de plaguicidas y
medicamentos veterinarios, de aditivos alimenticios, y de
contaminantes, así como las medidas de higiene de los
alimentos; y en los últimos años el uso de hormonas
en el ganado y leche, y sobre etiquetado y rastreabilidad de
alimentos que contengan organismos modificados
genéticamente. El Codex también es el referente
internacional del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos
al Comercio en materia de etiquetado de alimentos, disposiciones
sobre calidad, requisitos nutricionales y métodos de
análisis y muestreo.
Los comités que elaboran las normas del Codex
están fuertemente influenciados por las corporaciones
transnacionales de los plaguicidas y la industria de la
alimentación. Dice la OMC, en teoría,
que un país puede mantener o introducir normas más
estrictas que las del Codex para proteger la salud o el ambiente
solamente si hay una justificación científica
basada en una evaluación
de riesgos, aunque en la práctica, cuando esto se ha
realizado el país afectado puede cuestionar esta
decisión y demandar una compensación, llevando el
caso a un panel especial para su estudio y
recomendación.
Cuando se habla de que los tratados de libre comercio
garantizan la "inocuidad alimentaria" no significa que los
alimentos sean realmente "inocuos" o estén libres de
plaguicidas o de otras sustancias tóxicos sino que cumplen
con los límites aceptables de residuos de estas sustancias
establecidos por el Codex Alimentarius o con medidas equivalentes
acordadas entre los países.
La OMC exige a los países que establezcan sus
medidas de sanidad alimentaria sobre la base de las evaluaciones
de riesgos, como los define el Codex Alimentarius. La
evaluación de riesgo parte del supuesto de que los riesgos
del consumo de alimentos donde se han empleado plaguicidas
químicos, hormonas y antibióticos pueden ser
evaluados y manejados para fijar límites máximos
permisibles que garanticen su seguridad o inocuidad. Se trata de
fijar niveles de riesgo aceptable en lugar de promover
prácticas agropecuarias alternativas que sustituyan o
eliminen estas sustancias tóxicas y los eviten. Tener como
techo límite a las recomendaciones del Codex significa que
aceptemos en nuestra dieta el ingerir alimentos que tienen
residuos de plaguicidas que pueden provocar cáncer o
afectar nuestro sistema hormonal u otros efectos crónicos
aunque se nos diga que como las cantidades permitidas son muy
pequeñas, el consumirlas no representa un peligro a la
salud.
Científicos independientes han señalado
que las llamadas evaluaciones de riesgo tal como se practican
actualmente en el Codex no proporcionan límites de
seguridad confiables pues no consideran la exposición
crónica y múltiple de las sustancias
tóxicas, los efectos acumulados y su interacción en el organismo, ni las
sensibilidades especiales de los niños o personas
enfermas, sólo evalúan de manera parcial los
riesgos de sustancia por sustancia estableciendo para cada uno su
límite máximo permisible en cada alimento
considerando las características de un adulto sano. La
evaluación de riesgos no debe ser la camisa de fuerza para la
política pública en sanidad alimentaria sino deben
desarrollarse otras opciones especialmente para la
evaluación de alternativas para la sustitución y
eliminación de sustancias tóxicas en la
producción agropecuaria(7).
La OMC pervierte el Principio de Precaución que
establece que los gobiernos pueden intervenir tomando medidas
preventivas en los casos de presunción de daños
irreversibles a la salud o el medio ambiente aunque las
evidencias científicas no sean absolutas, por lo que el
que promueve una práctica o introduce una sustancia al
mercado es el responsable de presentar la prueba de que no es
dañino. Con la OMC se invierte la responsabilidad, es el país cuestionado
sobre sus medidas de protección, el que debe defenderse y
demostrar que el producto que no permite entrar en su mercado
representa un riesgo inaceptable; el beneficio de la
incertidumbre beneficia al país demandante ante los
paneles de disputa comercial.
Las reglas de la OMC han permitido, en dicho contexto,
que Estados Unidos haya demandado a la Unión Europea por
no permitir la entrada de carne o leche con residuos de hormonas
no autorizadas en el viejo continente, y por la moratoria de
facto contra la entrada de alimentos
transgénicos que no estén etiquetados, como lo
exige la legislación europea. De manera similar, se ha
cuestionado la cuarentena de Australia sobre las importaciones de
salmón, para proteger la salud de su población
nativa, o las cuarentena de Japón
para proteger su fruta de ciertas plagas(8).
La
desregulación en la armonización global y regional
del etiquetado de plaguicidas (9)
La armonización de un sistema global de
etiquetado y clasificación de sustancias químicas,
promovida inicialmente por los países ricos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la Comisión Económica
Europea de las Naciones Unidas, trae como consecuencia una
disminución en el nivel de comunicación de los riesgos en el caso de
los plaguicidas. Dicho sistema global elaboró una nueva
clasificación de la toxicidad aguda de los plaguicidas
inferior a la elaborada por la Organización Mundial de la
Salud, teniendo como consecuencia que plaguicidas en cuya
etiqueta debe inscribirse la leyenda de extremadamente peligroso
o muy peligroso pase a ser reetiquetado como "peligroso" con una
banda de color
distinto.
La armonización del etiquetado de plaguicidas en
el mercado común centroamericano, ha forzado a la
reclasificación del herbicida paraquat en Guatemala que
de tener una etiqueta con una banda de color rojo correspondiente
al "extremadamente tóxico" pasó a una
categoría inferior con una banda de color azul de
"ligeramente tóxico" a pesar de ser la misma
fórmula. De igual forma en el caso de El Salvador diversos
plaguicidas pasaron a reclasificarse de extremadamente o
altamente tóxicos a ser moderadamente y ligeramente
tóxicos. Esta armonización representa en la
práctica una desregulación que flexibiliza las
medidas de control y seguridad y repercutirá en mayores
casos de intoxicación.
A diferencia de Estados Unidos las etiquetas de los
plaguicidas en Europa deben de incluir frases de advertencia
sobre sus efectos crónicos, esta información debería ser
también exigida en otros países y con mayo
razón en América Latina, donde las empresas de
origen europeo dominan el mercado. Conocer no sólo los
efectos agudos como se encuentran actualmente en bandas de color
y leyendas de
advertencia como recomienda la OMS, sino también los
efectos crónicos y los ingredientes inertes con
propiedades tóxicas son parte del derecho a conocer de los
usuarios que deben ser defendidos en los proyectos de
armonización global del etiquetado de
plaguicidas.
En México las propuestas de este tipo, se han
enfrentado a la feroz oposición de las transnacionales.
Las empresas transnacionales también buscan armonizar o
declarar equivalentes los reglamentos de plaguicidas en los
bloques
económicos regionales de libre comercio y de este modo
minimizar los controles sobre plaguicidas, Por ejemplo, las
transnacionales han propuesto el Registro Unificado de los
Plaguicidas de la Unión Aduanera de Centroamérica,
que se está negociando actualmente, por la que un
plaguicida que ha sido aprobado en un país, debe
registrarse automáticamente por los otros. Esta propuesta
ha sido adoptada ya por el Salvador en su legislación
mediante la firma de protocolos de
equivalencia con todos los países de Centroamérica.
Se espera que este registro fortalezca la inversión del Plan Puebla
Panamá,
y la integración comercial con México y
Estados Unidos.
Acuerdo sobre
inversiones de la OMC:
amenaza para la soberanía de los gobiernos
locales y la protección a la salud y el ambiente (10)
Estados Unidos y Europa presionan a los países de la OMC
para que se abran las negociaciones sobre un acuerdo global sobre
inversiones. Esto reforzaría a nivel mundial las
cláusulas de protección a los inversionistas que ya
se han venido estableciendo en diversos acuerdos regionales y
bilaterales de libre comercio.
Por ejemplo, el capítulo 11 del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá,
permite que un inversionista extranjero demande a un país
el pago de millones de dólares como indemnización
si considera que ha sido tratado de manera discriminatoria o que
se han tomado medidas similares a una expropiación
indirecta del valor presente
o futuro de su inversión. El tribunal comercial que recibe
y resuelve este tipo de demandas realiza Las audiencias que no
son abiertas al público, los gobiernos locales o
provinciales no pueden participar directamente sino a
través del gobierno federal,
y los miembros del panel son expertos en disputas comerciales
pero no se requiere que lo sean en materia del derecho
ambiental o de protección a la salud de la
población. El capítulo de protección de
inversiones del TLC ha sido
tomado como modelo para el Acuerdo de Libre comercio e las
Américas (ALCA) y
contiene.
Con este tipo de acuerdos las empresas extranjeras
tienen una arma poderosa para chantajear a gobiernos locales o
provinciales que tratan de impedir la operación de
actividades o la entrada de productos que pongan en riesgo la
salud de su población. Esto ha ocasionado, por ejemplo que
Metalclad, una empresa
norteamericana, haya recibido del gobierno mexicano más de
16 millones de dólares en compensación por que un
municipio pobre no le otorgó el permiso de construcción para reabrir un basurero
tóxico, y por haberse creado un área de
protección natural estatal debido a la gran diversidad
biológica en cactáceas en la
región.
De igual modo, ha servido para impedir que una provincia
de Canadá prohíba el uso de lindano, un insecticida
organoclorado tóxico prohibido en muchos países y
que se acumula en grasas y leche materna.
PROPUESTAS Por la defensa de la
soberanía alimentaria y el apoyo a los movimientos de
resistencia campesina e indígena (11)
RAPAL se solidariza con la lucha de los movimientos
campesinos e indígenas en defensa de la soberanía
alimentaria. Preservar la soberanía alimentaria significa
garantizar el derecho de los pueblos a producir sus propios
alimentos; a definir sus propias políticas
agrícolas y alimentarias, dar apoyos a los campesinos para
fortalecer la producción nacional y el mercado interno,
protegerse de las importaciones a bajo precio, y garantizar la
estabilidad de los precios agrícolas a escala
internacional mediante unos acuerdos internacionales de control
de la producción. Frente a un sistema mundial alimentario
homogéneo en poder de unas cuantas transnacionales, es
necesario reconstruir desde abajo sistemas alimentarios
sustentables que conserven la diversidad cultural y
biológica de los campesinos y pueblos indígenas,
dando prioridad a la producción local y regional frente a
la exportación.
RAPAL apoya la demanda de
Vía Campesina y de otras organizaciones
por sacar a la agricultura de las negociaciones de la OMC y se
solidariza con los grupos y
organizaciones que proponen un comercio justo y relaciones
comerciales más equitativas, condiciones laborales dignas
y sistemas de
producción sostenibles ecológicamente con un
respeto que
garanticen calidad a los consumidores y eleven el nivel de vida
de las comunidades rurales.
Por la
producción y consumo de alimentos sanos libres de
agrotóxicos y transgénicos
El derecho a producir y consumir alimentos sanos libres
de plaguicidas, transgénicos, hormonas y
antibióticos que puedan poner en riesgo la salud o el
medio ambiente es parte de la lucha por la soberanía
alimentaria. Comer alimentos sanos es un derecho humano
fundamental.
Los gobiernos deben aplicar el Principio Precautorio
como guía en la toma de
decisiones gubernamentales frente a los peligros potenciales
de daños a la salud irreversibles por contaminación
bacteriana, química o transgénica de los alimentos
producidos en el país o importados. La adopción
del principio precautorio debe llevar a promover las
prácticas productivas alternativas que previenen dichos
riesgos en lugar de tratar de normar límites tolerables de
estos contaminantes en los alimentos.
Hay un conjunto de técnicas de manejo
agroecológico de plagas que permiten eliminar el uso de
plaguicidas químicos y hacen innecesario el empleo de
cultivos modificados genéticamente. Incluyen los
métodos de fertilización biológica del
suelo que
crean una nutrición equilibrada de las plantas menos
susceptibles al ataque de insectos y hongos; la
rotación y asociación de cultivos, la
conservación y aumento de los insectos benéficos
que controlan biológicamente a las plagas, el empleo de
variedades resistentes, el empleo de trampas y cebos, así
como el uso de plantas – como el tabaco, chile,
ajo y muchas más- como insecticidas naturales.
La expansión de la llamada agricultura
orgánica o biológica -que no usa fertilizantes ni
plaguicidas químicos- demuestra que los principales
obstáculos no son técnicos sino políticos o
económicos para la eliminación de los
agrotóxicos. Se debe apoyar la producción
orgánica no tanto para abrir una nueva ventana de
exportación sino para garantizar que sea destinada y
accesibles al consumo nacional, mediante subsidios,
estímulos financieros, fiscales y apoyos en la investigación y servicios de
extensión agrícola.
Por el
mejoramiento y libre circulación de las semillas
nativas
La lucha por la soberanía alimentaria comienza
recuperando el control campesino de
las semillas nativas y su derecho a cultivarlas, mejorarlas e
intercambiarlas recuperando la diversidad biológica y
cultural en la producción de alimentos, sin tener que
pagar patentes a corporaciones transnacionales. La semillas
estériles modificadas genéticamente y las
regalías que se paga a las transnacionales gracias a los
derechos de propiedad
intelectual impiden el ejercicio de este derecho
campesino.
Se debe apoyar el desarrollo de alternativas al uso de
plaguicidas tóxicos para la conservación de las
semillas. RAPAL apoya la campaña de Vía Campesina
de las semillas nativas como patrimonio de
los pueblos al servicio de la
humanidad.
Por el
respeto a los derechos de los trabajadores, las mujeres y los
niños
Se debe respetar la dignidad del
trabajador y trabajadora agrícola y no poner en riesgo su
salud por el uso de plaguicidas tóxicos en el lugar de
trabajo.
Los gobiernos deben cumplir con sus compromisos con la
Organización Internacional del Trabajo e informar a los
trabajadores de los riesgos a la salud y el ambiente por el uso
de plaguicidas y otras sustancias tóxicas en la
producción agrícola; así como el Convenio
169 que establece que los trabajadores, hombres y mujeres,
pertenecientes a los pueblos indígenas no deben estar
sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en
particular como consecuencia del uso de plaguicidas u otras
sustancias tóxicas.
No se debe permitir que niños o mujeres
embarazadas se empleen para la aplicación de plaguicidas.
Las mujeres deben defender sus derechos reproductivos para tener
un embarazo y
crianza infantil libres de plaguicidas que puedan poner en
peligro su salud y la de sus hijos. Las mujeres organizadas
pueden luchar contra el uso de plaguicidas químicos en su
casa, barrio, lugar de trabajo y por el derecho a consumir
alimentos libres de estos agrotóxicos.
Los gobiernos deben de cumplir con los compromisos
establecidos en el Convenio sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas
para crear las condiciones que permitan que la población
infantil disfrute plenamente su derecho a la vida, a la salud, a
su pleno desarrollo físico, mental y espiritual, y a que
no desarrolle actividades que pongan en peligro su
salud.
Por la
eliminación prioritaria de los plaguicidas especialmente
peligrosos
Los plaguicidas extremadamente tóxicos o
altamente tóxicos deben de ser eliminados de manera
progresiva para prevenir mayores intoxicaciones de productores y
trabajadores agrícolas.
De igual modo, se deben reducir hasta lograr la
eliminación los plaguicidas que incluyan un riesgo
crónico para la salud, especialmente la de los
niños y afecte los derechos reproductivos de las mujeres.
No es aceptable que se permita el uso de plaguicidas y se toleren
sus residuos en nuestra dieta en el caso de productos que puedan
provocar cáncer, malformaciones, alteraciones hormonales,
daños reproductivos u otros efectos crónicos
irreversibles.
El objetivo de las políticas ambientales o de
protección a la salud no debe reducirse al llamado "manejo
seguro de los
plaguicidas" como pretende la industria química; sino que
debe prevenir los riesgos y tender a eliminar su uso, sobre todo
cuando los riesgos se pueden evitar porque existen alternativas
viables.
Por la firma y
ratificación de los convenios ambientales multilaterales y
su prioridad sobre los acuerdos comerciales
Los acuerdos comerciales no deben tener prioridad sobre
los convenios ambientales multilaterales que tengan como objetivo
una mayor protección a la salud humana o el medio
ambiente. En ocasiones la firma o ratificación de estos
convenios se ha obstaculizado por los defensores a ultranza del
libre comercio. Los gobiernos deben firmar y ratificar los
convenios ambientales multilaterales y contar con planes
nacionales de aplicación de estos convenios con mecanismos
amplios de participación ciudadana.
Es así, que se debe eliminar el bromuro de metilo
destructor de la capa de ozono,
como indica el Protocolo de
Montreal. Aplicar el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) en el intercambio
comercial de plaguicidas prohibidos o formulaciones especialmente
peligrosos del Convenio de Rótterdam. Eliminar los
plaguicidas organoclorados y las fuentes de
producción no intencional de dioxinas y furanos
según lo establece el Convenio de Estocolmo sobre los
Contaminantes Orgánicos Persistentes e ir eliminando otros
plaguicidas organoclorados que aún se usan en nuestros
países como el lindano, endosulfán, pentaclorofenol
por ser dañinos a la salud y medio ambiente. 12
No permitir que el Protocolo de Bioseguridad -Cartagena-
del Convenio de Diversidad Biológica se subordine a la
OMC, como pretende Estados Unidos, e instituir el Principio
Precautorio en las leyes de
bioseguridad nacionales. EcoPortal.net
1. El sitio de la OMC es http://www.wto.org/, para una crítica
véase : www.tradewatch/ftaa/ALCA_Espanol/,
http://www.ourworldisnotforsale.org/
2. Ver artículos de Silvia Ribeiro, Blanca Rubio
y Ana de Ita en Fernando Bejarano y Bernardino Mata (editores)
Impactos del Libre Comercio Plaguicidas y Transgénicos en
la Agricultura de América Latina. México, RAPAL,
RAPAM, UACH, SOMAS, SEGE, 2003. Sobre la crítica a la Ley
Agrícola de Estados Unidos, véase de Peter Rosset
de Food First http://foodfirst.org/wto/espanol/
3. " Making Global Trade Work for People" UNDP Kamal
Malthora, et. al. 2003, en Greenpeace. A guide to 5th Ministerial
Conference of WTO Cancun, México. 2003.
4. Fernando Bejarano, La Espiral del Veneno, Guía
crítica ciudadana sobre plaguicidas. México, RAPAM,
2002.
5. Fernando Bejarano, Contaminación alimentaria
de Estados Unidos, Un Mito la Calidad del Norte, en Masiosare, La
Jornada 26 de enero del 2003.
6. No te dejes engañar, folleto de Greenpeace,
RAPAM, GEA y otros grupos ambientalistas México
2003.
7. La página de la Comisión del Codex
Alimentarius es .www.codexalimentarius.net Las normativas
alimentarias en América Latina en
http://www.panalimentos.org/. Para una crítica del Codex
ver Lori Wallach and Michelle Sforza, Whose Trade Organization?
Corporate Globalization and the erosion of Democracy. Washington.
Public Citizen, 1999. "Chapter 2. pp 52-85.
8. Ver de Fernando Bejarano, La Espiral del Veneno, op.
cit., pp 82-88, y de Mary O´Brien Making better
environmental decissions. An alternative to risk assessment,
Cambridge, London, MIT Press, 2000.
9. El Parlamento Europeo aprobó en julio del 2003
dos propuestas sobre etiquetado y trazabilidad de OGM que
permitirá exentar de etiquetado al alimento que contenga
menos del 0.9% de OGM y 0.5% de presencia accidental de OGM no
autorizados y considerados sin riesgo.
10. Erika Rosenthal "Los acuerdos de libre comercio y la
desregulación de los plaguicidas. El caso de
América Central" en Fernando Bejarano y Bernardino Mata
op. cit pp 105-116.
11. Fernando Bejarano, "Metalclad y el capítulo
11 del TLCAN" en
Confrontando la Globalización, Laura Carlsen, Hilda Salazar
y Timothy Wise, México, Ed. Porrúa,
2003.
12. Ver los planteamientos de Vía Campesina en
http://www.viacampesina.org/
13. Para una perspectiva ambientalista global del
Convenio de Estocolmo ver http://www.ipen.org/
*Fernando Bejarano G.
Red de Acción
sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Amado
Nervo, 23-2, Col. San Juanito, Texcoco, Edo. de México,
México 56121 Tel. y Fax. (595) 954
7744. Red de
Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para
América Latina (RAP-AL) http://www.rap-al.org/
Coordinadora General: Maria Elena Rozas, Alianza por una Mejor
Calidad de
Vida, Chile.
rap-al[arroba]terra.cl,http://www.rap-chile.com./ Subcoordinador
de Mesoamérica y el Caribe: Fernando Bejarano, Red de
Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México
(RAPAM) rapam[arroba]prodigy.net.mx Subcoordinador de la
región Andina, Luis Gomero, Red de Acción en
Alternativas al uso de Agroquímicos (RAAA)
rapalpe[arroba]terra.com.pe, http://www.raaa.org/