El modelo de
policía de orientación comunitaria o de proximidad
constituye el más reciente paradigma en
materia
policial y surge como respuesta al agotamiento que empieza a
evidenciar el tradicional modelo "profesional" desarrollado a
partir de los años cincuenta.
Este modelo aparece y se extiende rápidamente en
Estados Unidos, Canadá y Europa a partir
de la década de los ochenta, e irrumpe en América
Latina en los años noventa, acompañando algunos
de los procesos de
reforma policial de la región. En realidad,
podríamos afirmar que no se trata de un nuevo concepto, sino
más bien de la recuperación del modelo elaborado
hace más de 150 años por Sir Robert Peel y aplicado
a la policía metropolitana de Londres, inspirándose
también en el modelo de policía de Japón,
conocida como el "koban".
En primer término, la policía de
proximidad no solamente se preocupa por actuar sobre variables
tradicionalmente asociadas a su quehacer como lo son la delincuencia y
el orden público, sino que incorpora otras como la
sensación de inseguridad,
la calidad de
vida de la población y la cohesión y solidaridad
social.
Es así como sus objetivos
también se amplían. Aparte de ocuparse del control de la
criminalidad y del orden público, la policía
incorporará a su quehacer objetivos tales como:
- Identificar problemas en
la comunidad y
propiciar soluciones
sostenibles, particularmente sobre aquel tipo de problemas que
se estime pueden incidir sobre la proliferación de
hechos delictivos o de problemas de orden
público. - Mejorar la sensación de inseguridad en la
población. - Incrementar el nivel de satisfacción de la
comunidad con respecto a la intervención
policial. - Incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad,
mediante su participación en diversas iniciativas que
permitan prevenir más efectivamente la comisión
de delitos. - Mejorar el control social sobre la actuación
policial.
Vistos los objetivos del nuevo modelo y las variables
sobre las que pretende actuar, la policía de proximidad
supone un conjunto de características particulares que
pasamos a detallar.
En primer término se observa una
ampliación del mandato policial tradicional, que no se
limita al mantenimiento
del orden y a la prevención y represión de la
criminalidad, sino que abarca la resolución de los
problemas de la comunidad dentro de un más amplio concepto
de calidad de vida
de la población.
En segundo término, la actitud
institucional exige un comportamiento
proactivo más que reactivo, centrando sus esfuerzos en la
resolución temprana de los problemas que puedan degenerar
en conflicto
social.
En tercer lugar, se privilegia el diseño
de estrategias a
nivel local. La unidad geográfica más
pequeña -barrio, vecindario, etc.- pasan a constituir el
espacio en donde se analiza el problema de la inseguridad y se
planifican las estrategias para enfrentarlo.
En cuarto lugar, se promueve el establecimiento de
mecanismos de asociación y cooperación con las
autoridades políticas,
los servicios
públicos y privados, los medios de
comunicación y la comunidad en general. La
policía deja de ser un ente aislado, trabajando en "un
mundo secreto" contra la delincuencia, y se convierte en un ente
dinamizador de iniciativas ciudadanas que procuran prevenir la
comisión de delitos y mejorar el entorno
inmediato.
Los aspectos descritos con anterioridad condicionan
cambios a nivel organizacional, operativo y de recursos
humanos.
A nivel de la estructura
organizativa, el modelo comunitario exige importantes grados de
descentralización a efectos de procurar un
mayor acercamiento de la institución a la ciudadanía. Paralelamente, la tradicional
estructura de mando vertical da paso a una organización más horizontal, con un
importante traslado de poder en la
toma de
decisiones hacia las unidades de base.
En materia operacional, se producen cambios que procuran
una presencia más visible de la policía en las
calles y un contacto más directo de ésta con la
ciudadanía. La unidad policial grande y diseñada
"hacia adentro" abre paso a unidades pequeñas,
estratégicamente ubicadas; el patrullaje motorizado se
complementa con el patrullaje a pie o en bicicleta, y se
acrecienta el contacto con la ciudadanía mediante visitas
a sectores de la comunidad, reuniones periódicas con
representantes de la misma, etc.
Adicionalmente, el mayor acercamiento a la comunidad y
la incorporación de la misma al quehacer de las unidades,
acrecienta la obligación de rendir cuentas a los
ciudadanos y a los responsables políticos del nivel
territorial correspondiente; situación ésta que
presiona hacia una mayor transparencia institucional y hacia un
fortalecimiento de los mecanismos de control externos sobre la
actuación policial.
Finalmente, en materia de reclutamiento
y formación de personal, se
privilegia a un policía que se perfile más como un
generalista que como un especialista; más como un
comunicador que como un "informante", más como un gestor
social que como un agente del orden.
Las estrategias previstas para la aplicación del
modelo de policía de proximidad son numerosas y variadas,
según las características específicas del
contexto en el que se inserta. Sin embargo, es posible establecer
un esquema general consistente esencialmente en lo
siguiente:
- Diseño y ejecución de
experiencias-piloto conjuntas (policía-comunidad) en
algunas zonas o barrios seleccionados, que permitan probar el
modelo y obtener efectos demostrativos. - Levantamiento de información relevante y de estudios en
las zonas en donde se ejecutarán las experiencias piloto
que contengan datos sobre la
criminalidad y el sentimiento de inseguridad, los medios
utilizados por los ciudadanos para protegerse de la
delincuencia, el nivel de deterioro del entorno físico,
los grupos
comunitarios existentes y sus recursos
(humanos, materiales y
financieros). - Establecimiento de alianzas con las autoridades
políticas locales -municipio, alcaldía, etc.-,
los organismos sociales existentes en la zona o en el barrio,
la empresa
privada, los grupos comunitarios, etc., para que de manera
conjunta se identifiquen los problemas, se establezcan las
prioridades y se propongan acciones
debidamente consensuadas. Preferiblemente se aconseja el
establecimiento de uno o varios comités que garanticen
un proceso
sostenido de coordinación y
colaboración. - Diseño de esquemas de patrullaje alternativo y
de programas
preventivos, tales como visitas a diversas instituciones (escuelas, colegios, comercios,
residencias) con la finalidad de determinar su grado de
seguridad, reuniones periódicas con los ciudadanos para
intercambiar información y buscar soluciones, patrullas
de vecinos en el barrio, identificación de objetos de
valor,
minipuestos policiales, campañas publicitarias,
elaboración y distribución de folletos, talleres y
conferencias, exposiciones itinerantes de la policía,
saneamiento ambiental, modificaciones en el alumbrado, buzones
"correo policial", actividades culturales, deportivas y
recreativas, etc. - Intervención selectiva en materia delictiva,
dando prioridad a ciertos delitos seleccionados por su gravedad
y frecuencia, y a partir de un minucioso levantamiento de
información de la situación criminal en la zona
respectiva. - Evaluación periódicamente de las
experiencias, teniendo en cuenta los objetivos
previstos. - Amplia divulgación y publicidad a
los resultados del proceso para efectos demostrativos y
mejoramiento de la sensación de inseguridad. - Ampliación de las estrategias a otras
zonas.
Paralelamente a la ejecución de experiencias
piloto, la policía debe ir introduciendo a nivel de su
organización, de su estrategia
operativa y de su personal, los cambios correspondientes a
efectos de garantizar la sostenibilidad del modelo.
Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que
conforman y condicionan la realidad policial. Para arribar a este
objetivo,
imprescindible para formular las consideraciones necesarias y
válidas para un cambio futuro;
realizamos una lectura en su
aquí y ahora como de su devenir histórico en cuanto
a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las
actividades realizadas en contra de la delincuencia.
Consecuentemente, identificamos y citamos a
continuación, una serie de presupuestos
que en más o en menos, subdivididos o agrupados
diferentemente, básicamente representan los más
importantes y que necesariamente deben ser analizados en su
conjunto.
- Conflictos con la comunidad.
Distanciamiento. - Desempeño exclusivo de tareas operativas.
Eliminación de oportunidades y otras
supletorias. - Descontrol del accionar de la delincuencia.
Desprotección. - Casos de violaciones a los derechos
humanos y de corrupción. - Inadecuada estructura institucional.
Disfuncionamiento. - Precaria e inadecuada capacitación profesional.
- Pérdida de identidad.
- Influencia política.
- Falta de recursos financieros que atiendan
debidamente a los funcionarios policiales en sus necesidades y
decoro personales. - Falta de sistemas y
medios logísticos para cumplir acabadamente su misión
específica.
La Policía tiene conflictos con
su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo
cual tiene mucho que ver con los aspectos y
características de la misión a cumplir como de la
metodología tradicionalmente empleada para
llevarla a cabo, aunque más adelante veremos la existencia
de componentes más fuertes y profundos.
Estos conflictos, se traducen preponderantemente en
actos de violencia,
corrupción, violaciones sistemáticas
a los derechos
humanos, descontrol del accionar de la delincuencia y aún
su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la
desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto
grado de cuestionamiento social.
En la generalidad, todas las formaciones policiales, se
dedican por imperio de la Ley, al
mantenimiento del Orden Público y la Seguridad
Pública a la vez que la protección de su Comunidad
contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien
ningún habitante reprocharía a priori, todos o
alguno de estos máximos preceptos, en cambio sí lo
haría, sobre la forma o manera que tiene la Policía
de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en
claro, que la policía no hace lo que quiere, sino aquello
que le es ordenado.
Con respecto a sus actividades en procura del Orden
Público y la Seguridad Pública como razón de
Estado para el
bien común, fueron históricas y
sistemáticamente tergiversadas por los diferentes
gobiernos; orientándolas hacia un fuerte control y
disciplinamiento social y enmascarando, detrás de la
agencia policial, además de un marcado absolutismo,
la realización de intereses ideológicos y
político-partidistas. Efectivamente, sus potencialidades
jurídicas y corporativas (humanas y de recursos
logísticos y financieros), fueron desgastadamente
distraídos para la contención y/o resolución
de conflictos emergentes del campo social, donde la
represión policial se observó como la repuesta
oficial y de primerísima línea; en lugar de
destinarlas a la protección de la ciudadanía y el
desarrollo
comunitario.
En cuanto a su accionar contra la delincuencia, cuenta
con una estructura organizativa y funcional rígida,
obsoleta y preponderantemente negada hacia todo avance
tecnológico, producto de un
marco legal inadecuado y tendencioso que la conminaran
tradicionalmente, a impulsar y mantener un esquema de
prevención basado exclusivamente en la eliminación
de oportunidades, preponderando la saturación de objetivos
en forma indiscriminada y eventual, como de precarias técnicas
de investigación, requiriendo grandes aportes
económicos por parte de la Comunidad, habida cuenta que se
alimenta permanentemente de personal policial, de recursos
materiales y financieros.
La falta de actividades relacionadas a la
conformación de una cartografía delictual con su
correspondiente informe
científico, permitiendo así, la
identificación y el
conocimiento de las causales del delito que le
permitan colaborar en el desarrollo
social; la ubican en desventaja y le impiden un trabajo
efectivo y eficaz en los niveles pertinentes de la
prevención. Es decir, que además de evitar que el
delincuente delinca, se pretende lograr que el delincuente no sea
tal y que la víctima no llegue a serlo; lo cual requiere
de una planificación policial que incluya y
permita una coordinación multisectorial e
interdisciplinaria, orientada a la elaboración de un
diagnóstico criminológico del
territorio donde ejerce su función
con todos los operadores del sistema.
A modo de ejemplo, una tradicional medida, fue siempre
estructurar grandes despliegues de policías y patrulleros
en su ámbito de responsabilidad como mega operativos puntuales y
coyunturales; pero, si bien eliminaron muchas posibilidades de
delinquir, en los lugares donde fueron fijados sus asientos; no
le han asegurado el control de la delincuencia; es más, le
producen el desconcierto de comprobar su aumento, muchas veces
tildándolo de inexplicable, derivando en su fracaso
institucional.
Esta clase de
esquemas preventivos, en el mejor de los casos, reacciona
positivamente después de la comisión del delito y
trabajando en sus efectos, pero con poca incidencia para
evitarlo, aunque la realidad también nos demuestra que ni
aún después, cumple acabadamente con su
misión por la carencia de Planeamiento e
Inteligencia
como de personal, de medios y sistemas logísticos con los
cuales responder, degenerando así en impunidad,
desconcierto, reproche y desprotección social.
Y en este punto, nos apartamos de la doctrina del
Derecho por cuanto el concepto de impunidad, desde la óptica
del ciudadano común, que con sus impuestos
sostiene un sistema que no le sirve, no lo asegura ni le brinda
protección; comprende y se explica a través de la
falta de calidad y cantidad de funcionarios, recursos y métodos
para su contención personal y represión delictual,
imputándosele al gobierno y
preponderantemente a la Policía, una pasividad o actividad
ineficaz contra el delito y no haber llegado a tiempo y
dejarlo ser víctima.
Esta situación, se agudiza al absorber funciones
supletorias que importan tareas que no le corresponde hacer y
normadas en otros instrumentos jurídicos, pero
convenientemente incorporadas por Ley como cuestiones de
auxiliaridad para con otros organismos a la vez que demostrando,
una clara falencia del Estado que llega a provocar la
pérdida de identidad de sus miembros, los cuales
constantemente se preguntan si en realidad son funcionarios
policiales o custodios de detenidos, vigiladores y guardadores de
vehículos automotores secuestrados, o empleados a pleno de
los otros poderes del Estado.
Así es, los detenidos en dependencias policiales,
las notificaciones judiciales y otros trámites de efecto
privado, son en realidad una deliberada y perversa
delegación de funciones enmascarada en la auxiliaridad,
distorsionando la misión policial y haciendo peligrar la
seguridad
ciudadana.
La ciudadanía entonces, se siente desprotegida y
enfadada con la policía pues la obligan a ubicarse en
primera fila de una obra de teatro en la cual
observan como la delincuencia triunfa. El funcionario de
policía por su parte, se siente también defraudado
por el Estado,
pues a diario observan, cuánto dedican en recursos y
esfuerzos a otras tareas distintas a la policial, en desmedro de
aquélla que le corresponde por mandato
comunitario.
En la generalidad, el poder político demuestra
una influencia perjudicial, avanzando sobre la institución
policial con designios ideológicos, partidistas y
coyunturales como en términos electoralistas, que nada
tiene que ver con su misión, o teniéndola, la
obligan a cumplir estrictamente sus órdenes, sin
posibilidad de revisión e inspección, pero en
cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades
emergentes de los futuros fracasos. Esto produce un
condicionamiento que vulnera muy fuertemente su normal desempeño, pues el pretendido, es que el
poder político, debe ser consecuente con las relaciones
interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia
estructural, fijando los lineamientos gubernamentales para la
Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o
control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e
incidir negativamente en la labor cotidiana de los cuerpos
policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su
perjudicial influencia ha llegado hasta niveles mínimos y
primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y
designaciones de personal, servicios
policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a
cabo procedimientos,
custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y
disciplina
internas, sin el pleno y necesario conocimiento
profesional para ello.
En este mismo contexto y primando la necesidad de
satisfacer meros intereses particulares y/o partidistas, se han
generado megas estructuras
organizativas y se han elegido funcionarios, en algunas agencias
policiales con anterioridad a la creación de los cargos
para ejercerlos, en contradicción con la doctrina
más elemental y tradicional del Derecho como de la
Organización, o caracterizándose por la falta
de idoneidad y capacidad para asumirlos.
Esto ha conducido a un generalizado disfuncionamiento y
falta de control institucional, que en lo interno convergen en
burocracia y
en el relajamiento integral de la
administración, y en lo externo, posibilitando
diferentes situaciones que incluyen sistemáticas
violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y
de libre albedrío, incluyéndose el desamparo del
trabajador policial y la negación y/o incumplimiento de
sus derechos.
Entonces, nada nos sorprende si por regular de esta
manera la vida de la comunidad, se produzca el distanciamiento y
recelo de ella, a la vez que el descontrol en su lucha contra el
delito. Pero esto no es todo, le debemos sumar el hecho de que
nunca fue tratada como un área profesional, de la misma
forma que fueron la salud, justicia o
educación,
entre otras.
Siempre la Policía fue destinada a prestar un
servicio,
primero a la institución Estado y en segundo
término a la Comunidad y en donde, la autoridad moral y
técnica, rarísimas veces se concilió con la
autoridad formal, tanto en las designaciones como en el ejercicio
funcional. A modo de ejemplo, ningún gobierno
designaría al frente del área de Salud a un abogado
o en el área de Arquitectura y
Urbanismo a un Odontólogo; menos aún para el
área de Justicia, a quien no posea título de
abogado, pero en cambio el área policial, fue siempre
permeable para coronar a ciertos profesionales como abogados o
integrantes de las Fuerzas Armadas, en franco desconocimiento y
negación de la carrera policial. Pero esto no es casual,
advirtiéndose en algunas agencias, precariedad o falta de
una política de personal que conlleve a una buena selección
y un soporte académico que los aparte de meras
técnicas investigativas y del manejo de algunas armas como del
seguimiento profesional de los funcionarios policiales para
reaseguro de la Comunidad, de la Institución y de ellos
mismos, ante la posibilidad de cualquier práctica
inconstitucional.
Un tema importantísimo es el salario de los
funcionarios policiales, que representa un gran problema de
Estado por resolver. ¿Hasta dónde se pretende
explotar la lírica de la vocación de servicio, de
la integridad, de la moral y de
las buenas costumbres?; ¿Cómo puede
exigírseles conductas poco menos que excepcionales y
anticorruptas, a quienes en muchísimas ocasiones, no
tienen para comer o se presentan al servicio dejando a sus
familias sin dinero y
además, bajo condiciones laborales
deplorables?.
Tengamos presente que el trabajo
policial es riesgoso e insalubre, por lo que una jornada de labor
mínima de conformidad a los contenidos de las
legislaciones nacionales y además bien pagada, es la
adecuada, debida y aconsejada.
Las situaciones dramáticas propias de la
función y vividas a diario por los agentes policiales,
importan la necesidad de un seguimiento y apoyo
psicológico que en la generalidad no se cumple (por no
decir que no existe), generándose una falta de
contención y atención que pueden derivar en peligrosas
patologías, muchas veces exteriorizadas y canalizadas a
través de sí mismo, de la comunidad en general, de
los imputados en particular como del grupo familiar
al cual deterioran y/o destruyen.
Por otra parte, la Policía es y funciona gracias
al esfuerzo y patrimonio
personal, tanto espiritual como pecuniario de sus trabajadores
policiales; de lo cual, el Estado, se beneficia continua y
cotidianamente, a la vez que le resulta vital para el
sostenimiento del sistema imperante por cuanto funciona carente
de toda clase de recursos oficiales. De igual manera y a escala
institucional de las diferentes dependencias, que autofinancian
su misión, en el mejor y lícito de los casos, con
la colaboración de la comunidad.
Entonces, esta realidad no es peor, gracias a las
personas de los funcionarios policiales encargados de hacer
cumplir la ley que nunca han bajado sus brazos y siempre, todos
los días, se enfrentan contra el delito en defensa de la
Comunidad, muy a pesar de sus vidas y de sus afectos y dentro de
un esquema laboral, donde
sus derechos como trabajadores so pretexto de la vocación
de servicio, pocas veces o nunca, se han tenido o se tienen en
cuenta.
Mucho se habla del incremento de la delincuencia, que
genera preocupación e inseguridad en la población
como del mal funcionamiento de la Policía, que conlleva a
su alto cuestionamiento. Lo más llamativo de todo esto, es
reconocer en algunos discursos
oficiales, el reciente descubrimiento de que la
problemática de la seguridad y la cuestión
policial, hayan adquirido ribetes de tal magnitud, que se
convirtieran en asuntos de Estado. Esto verdaderamente alarma,
pues para los profesionales de la seguridad, tanto ésta en
lo general como la agencia policial en particular, siempre fueron
inequívocamente asuntos de Estado y
sistemáticamente, fueron desoídas todas sus
advertencias sobre un pronóstico oscuro y la necesidad y
urgencia de promover un cambio en el sistema para no llegar
justamente, a la realidad que estamos viviendo.
Pese a las afirmaciones y determinaciones, no contamos
con una fórmula mágica, aplicable para cualquier
caso y que además tenga el éxito
asegurado. Tampoco, se proponen modelos, pues
entendemos y pretendemos que ello debe ser una construcción nueva y original, consecuente
con la historia, la
vida cultural, social y económica de cada
país.
Los temas tratados, nos
permitieron tomar razón de la realidad policial, que si
bien se nos presenta como una problemática emergente, es
en verdad centenaria aunque urgentemente, hay que revertirla.
Esta reversión, hacia un nuevo modelo policial no
hegemónico y a la vez sustentable para un Estado de
Derecho, no es imposible pero sí costosa, sobre todo
en lo cultural y espiritual más que materialmente, a la
vez que debe apoyarse necesariamente sobre una firme voluntad de
realización por parte de todos los actores
sociopolíticos, y donde el Estado cumple un rol
fundamental, pues implica la destrucción del Modelo
Policial Anterior, que convenientemente creara y sostuviera en
América
Latina, a través de sus sucesivos gobiernos.
Para ello, se iniciará un proceso de reforma con
la Policía y con los policías, y desde
ningún aspecto, sin o contra ella y sus integrantes; que
estará orientado a esa destrucción pero ejecutado
muy cuidadosamente y mediante una estrategia de
sustitución simultánea que evite los efectos
perjudiciales y desalentadores, producidos a causa de los
vacíos sistémicos.
Toda reforma, además de contar con un importante
cuerpo axiológico del cual se emanan sus políticas;
se sustenta sobre una serie de pilares o ejes principales a cuyo
alrededor, giran las estrategias y tácticas que se
pondrán en marcha.
En este sentido, y reconociendo a todos los trabajadores
como los actores fundamentales, y el potencial más valioso
de cualquier empresa o
corporación; el eje director de cualquier reforma policial
que se denomine como tal; tendrá entonces como
protagonistas y sin lugar a dudas, a los funcionarios policiales
encargados de hacer cumplir la ley como sus condiciones de
seguridad e
higiene en el trabajo, en el concepto más amplio
posible: selección, formación, salario, salud y
bienestar, capacitación y actualización,
seguimiento del desenvolvimiento profesional como todo otro
aspecto que haga a la defensa de sus derechos en
complementación con su servicio comunitario.
Con relación al cuerpo axiológico que
guiará a la empresa, determinándole su futuro
perfil institucional, comprenderá y fijará
claramente que el propósito fundamental del trabajo
policial, es la prevención del delito y la
protección de la vida comunitaria. Para ello,
ejecutará un accionar sistemático, intercolegiado y
multisectorial, a la vez que orientado hacia los niveles
pertinentes de la prevención, ya sea en la
eliminación de oportunidades como en la observación y reconocimiento de las causas
culturales, sociales y económicas determinantes para la
producción delictual, en coordinación con todos los
organismos oficiales y privados comprometidos en la
modificación del panorama social y aún más,
con una respuesta profesional que permita indicar la oportunidad
y grado de responsabilidad que éstos deban
asumir.
Entonces, la Policía es un agente de control
social de contacto y referencial, en lo externo y en el
ámbito colectivo, importante y necesario, cuyas
incumbencias van más allá de la preservación
del orden público, la seguridad pública y la
investigación de hechos delictivos, sino también,
la determinación de sus causas generadoras, colaborando
para mejorar la calidad de vida de la comunidad, virtud a una
coordinación con todos los actores sociales.
Esta coordinación se logrará a
través del planeamiento policial que le permite un trabajo
eficaz y eficiente ante los requerimientos de seguridad,
asegurándole la correcta asignación y
desempeño de sus funcionarios en tareas que le son
específicas, a la vez que el buen uso de los recursos y de
una adecuada estructura organizativa y funcional. De esta manera,
se estaría ratificando lo dicho sobre la plena y necesaria
consideración de sus funcionarios y sus condiciones
generales de labor como de los sistemas y medios
logísticos y financieros disponibles para que
éstos, puedan cumplir con el mandado de la comunidad,
expresado en términos de Ley.
Se comienza entonces con la producción de un
diagnóstico de la realidad policial, imprescindible y
pretendiendo definir un universo
compuesto por todas las variables ordenadas conforme sus
características y efectos (identificando particularmente
las negativas) y agrupadas en: independientes, interdependientes
y dependientes, permitiéndonos a partir de allí,
producir un plan integral que
establezca objetivos generales y operacionales como las
políticas, estrategias y tácticas, necesarias para
la puesta en marcha de una reforma policial
sustentable.
Al decir diagnóstico, nos estamos refiriendo a la
fase del proceso planificador donde se lleva a cabo la
observación, selección y análisis de los signos (lo que
se ve; lo objetivo) y los síntomas (lo que se siente; lo
subjetivo) de la realidad a tratar. Esto hace necesario
determinar una situación que será analizada
integralmente para responder a preguntas tales como:
¿Dónde se está?. ¿Cómo se
está?. ¿Qué se tiene?. ¿Dónde
se quiere ir?. ¿Qué se necesita? y
¿Cómo se hace para llegar a la
meta?.
En este contexto, está comprendida la realidad
criminológica territorial donde la Policía lleva a
cabo su misión; por ello, contará con los
necesarios estudios de victimización y tendencias
delictivas con la correspondiente cartografía delictual y
los informes
científicos sobre la delincuencia; conciliando para un
futuro modelo prevencional, el tradicional esquema de
eliminación de oportunidades con aquél que promueva
el trabajo sobre las causas generadoras del delito.
Efectivamente, esto quiere decir que la policía
debe comenzar a trabajar sobre una prevención basada en
políticas que hacen al desarrollo
social y con el conjunto de los operadores del sistema porque de
no suceder así y continuar como hasta ahora, las
comunidades en general y la policía en particular,
fracasarán en su lucha contra la delincuencia.
El público quiere seguridad, estar y sentirse
seguro, como
elementos fundamentales para su calidad de vida, y el Estado debe
procurarlo, pero integralmente y no en exclusiva con la agencia
policial, que representa aunque muy relevantemente, una de las
muchas profesiones que han de interactuar, solamente una parte de
ese todo que es la Seguridad.
Esto requiere una apertura policial hacia una
operatividad con cientificidad y notable apoyo
tecnológico, empleando todas las posibilidades y
potencialidades que ofrece la ciencia y
la tecnología, desde la formación de
personal policial hasta recursos materiales e
informáticos, aplicadas hacia un sistema de
prevención múltiple y de simultáneo
abordaje, que no escatime gastos, evitando
precariedades e improvisaciones, dirigido y potenciado hacia las
causas y los efectos del delito, y descartando toda posibilidad
de primar respuestas hacia una u otra unilateralmente.
Una pregunta emergente y desde lo práctico, es:
¿Cuál sería la formula polinómica que
nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal
policial o vehículos patrulleros necesarios para una
ciudad y que responda a los cambios de la Sociedad que
la habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal
formula.
Tradicionalmente, los cuerpos policiales dentro de su
doctrina de planificación, cuentan con plantillas
orientadoras que se refieren a la conformación en cantidad
y calidad de sus Cuadros de Organización, de sus
Mínimos Operacionales Necesarios, etc., para su despliegue
operativo. Estos habrán servido en otras épocas y
en el mejor de los casos, producto de identificar y considerar un
determinado cuerpo de variables, pero que en la actualidad, el
tema de la necesidad de funcionarios policiales o
vehículos patrulleros como sus tácticas,
estrategias y metodologías, forman parte del informe
científico correspondiente al citado estudio de
victimización y tendencias delictivas para un sistema de
prevención como el tratado precedentemente y que toda
institución, para no trabajar a ciegas, debe poseer
referido al territorio al cual protege.
El problema de estos estudios, es que a priori, suelen
asustar a los gobiernos en los aspectos correspondientes a sus
exigencias en materia policial que se traducen lógicamente
en finanzas, no
solamente para la puesta en marcha, sino para su mantenimiento,
provocando, en la mayoría de los casos una suerte de
abandono y desistimiento oficial, que deriva en el fracaso de la
gestión.
Pero en contrapartida, las ventajas que ofrece un
sistema preventivo de un abordaje múltiple y
simultáneo, es brindar la posibilidad que, cuanto
más se invierta en políticas integrales,
orientadas al desarrollo social para revertir las causas del
delito, la inversión en recursos para la
eliminación de oportunidades se hará
considerablemente menor. Y estos presupuestos deben sopesar, pues
justamente, de apoyarse en un esquema preventivo basado
exclusivamente en la utilización de personal y recursos
materiales; el tiempo comprobará su ineficacia para la
neutralización del delito a la vez que imposible su
continuidad; igualmente, si se elige un sistema preventivo,
apoyado exclusivamente en el desarrollo social, se
verificará que, mientras se llevan a cabo los estudios
para identificar las causas, o ya identificadas para su
reversión, la producción delictual será
ilimitada e incontrolada.
El análisis normativo vigente en materia
policial, en el contexto de la legislación penal y
procesal penal de cada país, es de suma importancia para
determinar, si corresponde o no su modificación en todo o
en parte.
Asimismo, se hará lo propio con su estructura
organizativa y funcional, tendiente a comprender sus niveles de
responsabilidad, sus vías de comunicación, las cuestiones inherentes a
la autoridad, administración y metodología
empleada en lo interno y externo, a la vez que detectar anomias,
situaciones anárquicas y enárquicas, producto del
sobredimensionamiento y la repetición funcional como la
reformulación y/o actualización de funciones y
tareas, muchas de las cuales enmascaran detrás de la
auxiliaridad profesional, una contraproducente delegación
funcional.
El organigrama
policial será racional, reducido, integral con demanda de
poco personal para tareas administrativas, con miras a retomar la
senda de la operatividad continua, efectiva y eficaz,
propiciándose también, la privatización de actividades referidas por
ejemplo, a talleres mecánicos como de obras y
mantenimiento en general, archivo,
impresiones y encuadernación, limpieza y aún las
comunicaciones, entre otras.
Mucho se habla de la controversia entre:
"garantismo-mano dura" que polariza la opinión de todos
los sectores, en "garantistas y duros"; nuestra meta debe
orientarse a comprender y practicar, que: "la única mano
dura, es la que garantiza la Ley". El peso más pesado
entonces, es el de la Ley; pero enmarcado no solamente en un
fuerte y decidido enfrentamiento contra el delito, sino
también contra sus causas motivadoras. En este mismo
sentido, la Policía no es un organismo independiente a la
cual se contrata para un servicio también independiente y
que realiza a su antojo e incontroladamente; es el instrumento
creado y sostenido por el Estado para la Defensa de su Comunidad,
haciendo exclusivamente, todo aquello que la Ley determine que
haga y no prohíba. Entonces, las atribuciones que la Ley
le otorgue, serán por mandato y en defensa de la gente,
comprendiéndose en ello, los mecanismos de
anticorrupción y abuso de la función que la misma
Ley fijare.
A riesgo de ser
reiterativos, quede bien en claro que el poder es de la Ley y no
de la Policía, esta última cumple con aquello que
la Ley le ordena que haga y pueda hacer, como todo aquello que la
misma no le prohíba hacer. Así también,
determinará perfectamente la manera de enfrentar al delito
y a sus causas generadoras.
De propiciarse una reforma en materia
jurídico-policial, ésta contendrá en su
espíritu, el de la comunidad que será
convenientemente rescatado y en este aspecto, un mero acuerdo
político-partidista no es del todo aconsejable.
El tema policial, es tan suficientemente delicado e
importante por su incidencia en la calidad de vida de los
habitantes, que amerita sin duda promover un gran debate
legislativo y aún llamar a la consulta popular vinculante;
contemplándose además, las conclusiones de las
encuestas,
jornadas, seminarios y reuniones de expertos como consultas con
todos los actores sociopolíticos per se o a través
de sus organizaciones.
Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una
nueva cultura
policial que se manifestará en su labor cotidiana y en
virtud a una metodología orientada hacia la
prevención del delito con promoción y respeto de los
derechos humanos.
Además, fijará una racional estructura
organizativa y funcional absolutamente desburocratizada y con
perfecta determinación de sus unidades y cargos, tanto en
lo interno para los fines de la empresa como en lo externo, en su
servicio de protección a la comunidad.
En este último aspecto, entendemos y
recomendamos, una organización policial que cumpla
claramente con la división del trabajo, separando
entonces, a "los que operan de los que piensan", es decir, entre
los elementos cuya misión y funciones se orientan a llevar
a cabo las tareas físicas y operativas, de aquellos cuya
misión y funciones, sean las de staff o
asesoramiento.
De esta manera, no aportamos nada nuevo, pues estamos
ratificando el tradicional Sistema de Organización,
conocido como Mixto o Lineal de Estado Mayor (también
conocida como de supervisión doble o múltiple), sin
pretender con ello, retroceder en el tiempo u olvidarnos de la
época en que vivimos con respecto a la moderna
concepción de la empresa; pero es el que mejor responde a
regímenes estatutarios y jerarquizados de carácter oficial como son los policiales en
América Latina y El Caribe.
Ahora bien, este sistema es el que tiene la
mayoría (por no decir todos) de los cuerpos policiales,
los cuales lamentablemente, no supieron ni pudieron explotarlo
debidamente, que lo convirtió en la cara opuesta y
perversa de lo militar y de un militarismo perjudicial;
impidiéndole así, desarrollarlo en su real magnitud
y potencialidad, desplazando continuadamente o bien
restándoles importancia, a las áreas de staff o
planeamiento, so pretexto de fortalecer las operativas, en el
marco de una realidad criminológica descontrolada y
desbordante, que los superaba.
Desde la óptica estrictamente técnica y
organizacional, en toda estructura policial, deberá
verificarse la existencia primero, y sus efectos después,
de todos los elementos que hagan a una organización
administrativa inequívocamente democrática. La
cuantificación y cualificación de estos
componentes, varía conforme con el criterio de
análisis empleado, no obstante lo cual, podemos considerar
que en la generalidad, deben estar presentes, el elemento activo
de toda organización, representado por las personas y sus
actos, el vínculo asociativo, la coordinación, el
elemento finalista como así también, los aspectos
relacionados al tipo de organización, a la horizontalidad
y la división del trabajo, la verticalidad,
responsabilidad, autoridad y jerarquía, la consultoría y la auxiliaridad, el control de
gestión y la capacitación interna.
En principio, debe reconocerse e identificarse, correcta
y adecuadamente la condición de organización
compleja de todo sistema policial que se pretenda instaurar y/o
reformar. Seguidamente y como ya expresáramos, el punto de
partida esencial y principal, son las personas que integran la
organización policial, y preponderantemente los actos que
éstos realizan dentro, y para la misma.
Contendrá además, un potenciado
vínculo asociativo, producto de la previsión de
mecanismos para las relaciones internas y ejecutados conforme a
una coordinación racional y sistemática.
Hablar del elemento finalista, sobre la base de lo dicho
precedentemente, quiere decir que las acciones llevadas a cabo en
la organización por el personal policial, están
dirigidas a la realización del propósito
fundamental de la misma, que en nuestro caso, es la Seguridad
Pública de los habitantes.
Las cuestiones de horizontalidad y distribución
del trabajo, deben encontrarse igualmente previstas, mediante la
existencia de espacios institucionales propicios para la
especialización policial como la existencia de una escala
jerárquica, y la necesaria subordinación de quienes
son los ejecutores del trabajo propiamente dicho para con
aquellos que constituyen el centro de coordinación o
vértice piramidal de la conducción; o dicho de otra
manera, entre los que operan de los que piensan.
Debe verificarse también, la debida
aplicación de principios de
unicidad y uniformidad, característicos en toda
organización, sobre todo en las policiales, en el marco de
la correcta división del trabajo, evitándose
así, la sobrestructuración y clonación funcional.
En cuanto a la verticalidad como las cuestiones
inherentes a la responsabilidad, autoridad y jerarquía,
igualmente estarán comprendidas, al reconocerse
inequívocamente, un tipo de organización que
concilie la jerarquía de mando con la supervisión
doble y múltiple, o dicho de otra forma, de línea y
staff, compatible y aconsejada en virtud de la condición
de compleja y formal que tienen los sistemas policiales en
general, permitiendo cumplirse simultáneamente, con los
aspectos relacionados a la disciplina y la autoridad pero con
asesoramiento y supervisión, desde y entre los diferentes
niveles, y a través de canales técnicos.
En este mismo contexto, estará bien determinado,
el orden de prelación de los elementos que componen la
estructura del sistema policial, lo cual, además de
especificar los diferentes niveles de responsabilidad de la
conducción, cumple con la verticalidad de la línea
de la orden, en sentido descendente de arriba hacia abajo y por
ende, la consecuente respuesta inversa, de abajo hacia
arriba.
Además, en cada unidad orgánica
determinada en todo anteproyecto, se
especificará su rango y misión, cumpliéndose
de esta manera con la doctrina tradicional del derecho y la
organización, en cuanto a la anterioridad del cargo al
funcionario que ha de ocuparlo y de todo aquello que la Ley
pretende que éste último, ejecute en su nombre.
Esto hace a la autoridad formal necesaria dentro de la
organización, para disponer el cumplimiento de todas las
acciones tendientes al logro de los fines policiales, y que se
complementará con la legislación vigente en materia
de personal.
Con relación a la función consultiva y
auxiliar, representada a través de los organismos de
staff, esto se cumplirá plenamente a la luz del tipo de
organización elegido. Efectivamente, dentro de la
estructura policial, quedarán establecidas
convenientemente dos áreas ocupadas respectivamente por la
consultoría y la auxiliaridad. En la primera, se
contemplan fundamentalmente, dos unidades tradicionales para el
asesoramiento de la conducción, y con sus funciones bien
delimitadas para la operatoria policial como son, la
jurídica y la técnica.
En la segunda, la auxiliaridad estará reconocida
mediante la determinación de unidades orgánicas
características para el cumplimiento de funciones como las
de Personal, Logística, Comunicaciones, Informática, Administración, Sanidad, etc, que
serán agrupadas convenientemente.
Sin perjuicio de ello, la génesis y
espíritu de la norma legal que formalice la estructura
policial, obligará también a todos los diferentes
elementos especializados que integran la organización del
sistema policial, a aportar su cuota de asesoramiento y
auxiliaridad.
Un tema medular, es el control de gestión interno
que necesariamente debe existir en todas las estructuras
organizativas y funcionales democráticas, con su base
filosófica orientada a ese propósito y contando con
los mecanismos de sustento para la prevención, mediante la
detección, identificación y neutralización,
a través de actos ejecutivos, de cualquier
situación de carácter organizacional y/o
jurídica que condicione o posibilite el fracaso de la
labor operativa policial.
En este sentido, todo anteproyecto ofrecerá el
espacio institucional interno, adecuado para cumplir con este
ineludible requisito de toda buena administración, sin
perjuicio de otros sistemas estatales provinciales, previstos
para el acceso externo y fluido, hacia la organización
policial, con propósitos similares.
De corolario, todo futuro sistema policial, dentro de
uno mayor que es el de la Seguridad Ciudadana, cumplirá
con las exigencias y formalidades técnicas, inherentes a
una organización administrativa democrática,
permitiendo una correcta operatoria en un Estado de Derecho,
tanto en lo interno, externo, discrecional, como del control de
gestión.
No falta quienes, por interés,
utilitarismo, desconocimiento o convicción, confunden al
sistema de organización policial mixto como perteneciente
a un militarismo perjudicial, lo cual es incorrecto, pues si bien
se reconocen aspectos tradicionales de clara doctrina militar, de
ninguna manera debe tildárselo de inadecuado o
antidemocrático, y si está aplicado a pleno, se
concilian perfectamente todos los aspectos relacionados con el
ejercicio libre de la profesión policial en materia de
protección ciudadana, a la vez que aportando conocimientos
especializados, originalidad y creatividad
para el asesoramiento de los diferentes elementos con tareas
operativas, sobre la mejor manera de llevarlas a cabo y en un
ámbito donde debe existir necesariamente, la unidad de
mando, la autoridad, la disciplina y la estabilidad. Estamos
convencidos que coadyuvará a la generación de una
democrática cultura policial sustentable, y con esto
lamentamos muchísimo alarmar a quienes
inequívocamente confunden autoridad y disciplina, con
autoritarismo o militarismo perjudicial; únicamente
pretendemos que aprendan sobre instituciones
policiales.
Si durante mucho tiempo, gracias al Modelo Policial
imperante, autoridad más obediencia haya sido igual a
delito e impunidad, gracias a los intereses inconfesables de unos
pocos, felizmente muy pocos; no podemos ni debemos permitirlo
más y decir basta. Las instituciones como dijimos, no son
las corruptas sino los hombres; obediencia más autoridad,
a los fines del trabajo policial, no son malas palabras sino
condiciones de ética
profesional que conllevan a la protección de la vida de
las personas.
En este mismo contexto, desde un punto de vista
académico y teórico, el sistema de
organización mixto, por sí solo, no implica un
perverso militarismo; a esta ideología, lo llevaron aquellos
funcionarios, partidarios del Modelo Hegemónico, que por
otra parte, les resultaba altamente beneficioso en lo
personal.
De igual forma, tampoco lo estrictamente militar implica
militarismo perjudicial o totalitarismo, sino que son los hombres
que la dirigen, que promueven prácticas
antidemocráticas; aunque no obstante ello, sea incorrecto
y nada ideal su aplicación en las agencias policiales,
pues lo militar es de génesis diferente a lo
policial.
Podemos avanzar un poco más, considerando que
toda agencia policial, debajo de su nivel más alto de
conducción (Jefe policial de carrera), necesariamente
conformará su Plana Mayor, en función de
mínimos organismos superiores para atender integralmente
las áreas de: Prevención del Delito y
Protección Ciudadana, Planificación, Control de
Gestión y Opinión
Pública.
La primera, dedicada a lo explicitado en su misma
denominación y es la que desarrollará el trabajo
operativo proyectado para la tutela de la
comunidad. La segunda, fijará la más amplia
doctrina institucional en función de las políticas
de seguridad formuladas por la autoridad de gobierno. La tercera,
dedicada a detectar, corregir y/o neutralizar situaciones
psicosociales conflictivas y/o delictivas dentro de la
organización, y la cuarta, con incumbencias en las
relaciones con la comunidad en el concepto más amplio
posible, desde la publicidad de los actos institucionales para
conocimiento de la población, hasta responder
concretamente a la necesidad que ésta, participe e
interactúe en la formulación de propuestas
públicas para su propia seguridad.
Algunos ordenamientos jurídicos, determinan
funciones judiciales a la Policía, en consecuencia, nada
impide que sean intercalados los estamentos necesarios para el
cometido. Por otra parte, este esquema general, debe
desarrollarse convenientemente, estableciéndose los
mecanismos de comunicación y coordinación para
responder al sistema de prevención elegido.
Otro eje fundamental en todo proceso de reforma, lo
constituye la determinación de una Carrera Policial que
haga posible y sea el soporte académico-profesional de esa
transformación cultural.
En cuanto a su ubicación en el espectro
gubernamental, entendemos que debe poseer la vinculación
más directa posible con el poder político, evitando
innecesarias intermediaciones y con ello, no aportamos nada nuevo
al reconocer que toda agencia policial por su devenir,
características, amplitud y calidad de su misión,
debe conformar un organismo con rango de Secretaría de
Estado.
Los funcionarios designados para la conducción de
una nueva Policía, serán funcionarios de carrera,
exhaustivamente seleccionados, exigiéndoles la idoneidad y
el conocimiento suficientes para ocupar sus cargos en cuanto a la
función y tareas a desarrollar; lo cual quiere decir que
además de la autoridad formal, posean autoridad
técnica o moral, evitando lamentables improvisaciones a
expensas de los contribuyentes, quienes tendrían que
subvencionar a funcionarios con notable desconocimiento sobre
como brindarles seguridad y protección, o que
éstos, pretendan aprender o llevar a cabo un postgrado
académico desde tales cargos, para todo caso no es posible
permitir que se "aprenda sobre la marcha".
En este mismo contexto, la estructura determinará
el mecanismo de relación con los funcionarios policiales
en situación de retiro, a los fines de mantenerlos
informados sobre el devenir institucional, como si es voluntad de
éstos, y salvo que expresamente no estuviera normado en
los respectivos regímenes locales de personal, se
constituyan de manera individual o grupal, en fuentes
permanentes de asesoramiento integral.
La Inteligencia Policial, está convocada a
desarrollar un papel de significativa importancia en la
determinación de la realidad criminológica del
ámbito de responsabilidad territorial donde se ejerza la
misión policial. Debe trabajar también, en la
investigación criminal mediante la reunión y
análisis de toda la información correspondiente, a
las sucesivas etapas del ¨iter criminis¨, preponderando
las predelictuales, y consecuentemente la
postdelictual.
Así también conocer al oponente,
determinar su modo de operar para adelantarse a sus acciones y
neutralizarlo. Su producción laboral, tendrá
incidencia directa en el despliegue operativo y
metodológico policial con el propósito de lograr
una saturación de verdaderos y potenciales objetivos para
la delincuencia, accionando para evitar su proliferación,
adelantándose a la comisión del delito y/o
neutralizar su producción.
Pero la falta de ésta, conlleva, en el mejor de
los casos, a un trabajo improvisado y a ciegas, realizando una
saturación indiscriminada y desesperada de objetivos, que
torna insostenible todo esquema de prevención por lo
costoso y desgastador; y además, sin incidencia en la
disminución del accionar de la delincuencia la cual, en
contraposición, aumenta.
En suma, la Inteligencia Policial conciliará la
teoría
repetitiva del delito, conformando un mapa criminal que
ubicará en tiempo y espacio al delito como su
desplazamiento histórico con la teoría del
raciocinio delictual, considerando entonces la posibilidad de la
planificación criminal por parte del sujeto que aporta con
ello una situación imponderable.
La cuestión financiera es de suma
importancia.
Todo sistema policial en el marco del más amplio
sistema integrado de seguridad, es caro y no admite regateos.
Así como en un hospital, resulta inadmisible la falta de
un médico o un medidor de presión
para la atención de la salud de la población; una
dependencia policial jamás puede carecer de personal,
patrulleros o insumos para la protección
comunitaria.
Un despliegue policial requiere de funcionarios
policiales a los que hay que pagar y bien, como de sistemas
logísticos que comprendan recursos materiales suficientes
para evitar toda posibilidad de improvisación o
corrupción. Por ello, la asignación como la
distribución de estas finanzas, requiere de un alto grado
de profesionalidad y responsabilidad (por ello, los elementos de
staff en su organización) como del control de
gestión.
- La Seguridad Ciudadana es un problema complejo, al
que no se le pueden dar respuestas únicamente
policiales. - La Seguridad Ciudadana, actualmente es un problema de
los Estados y en consecuencia es necesario definir
políticas desde ese nivel para atacar dicho
problema. - La Seguridad Ciudadana es un fenómeno
transversal, puesto que en su generación (o en la
carencia de la misma) pueden intervenir diferentes
políticas públicas de diferentes disciplinas y
administraciones. - Que, para el ciudadano, la inseguridad es,
fundamentalmente, una cuestión de percepción subjetiva (lo que se denomina
sensación térmica de seguridad). Y, que esta
percepción depende en poca medida del gran delito, que
por el contrario, afecta a la sensación de seguridad el
delito ordinario y los actos incívicos, que son los que
el ciudadano vive más cerca. - Que, si el concepto de seguridad depende de la
percepción subjetiva del vecino, lo que hace falta hacer
es ver cuáles son las causas de esta inseguridad con el
fin de actuar sobre ellas. La definición, conjuntamente
con los ciudadanos, de una agenda de seguridad local, a
través de un foro asesor de seguridad
ciudadana, y la posterior medición de los resultados, es una
herramienta potente, en la línea de la moderna
gestión pública, respecto de la cual, las
políticas de seguridad, por lo general, y la
policía, en particular, no tienen que ser una
excepción a su aplicación. - No existe una estrategia y política integral
de seguridad ciudadana. Si consideramos que la seguridad es un
deber del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el
bienestar, la protección y la vida digna de la
población que deposita en él la autoridad para su
cuidado y preservación. - El problema es complejo y multidimensional, ya que
actualmente existe de por medio una serie de medidas parciales,
iniciativas aisladas y sectoriales que funcionan con
lógicas propias, muchas de ellas superpuestas y
desconectadas entre sí. No se han desarrollado Planes
Nacionales de Prevención de la Violencia, ni se ha
tratado de involucrar integralmente a todos los sectores,
instituciones y organismos que tienen algún tipo de
compromiso y responsabilidad con la problemática de la
violencia y e la seguridad ciudadana. Lo que ha primado
más bien es una concepción de seguridad que se
fundamenta en la represión y el control y que no
considera las fases del ciclo de la violencia; por tal motivo,
esas propuestas son unilaterales y no abordan de manera
sistemática y eficiente el problema de la violencia y la
seguridad ciudadana.
- Pese a las importantes reformas de la policía
que se han emprendido en muchos de los países de la
región, predomina una estructura organizacional
altamente centralizada y jerarquizada. Esta situación
obstaculiza la incorporación de las instancias de
gobierno local a la gestión policial e inhibe el trabajo
de los policías destacados en las comunidades. Como
respuesta a esta situación, se debate en varios
países la creación de nuevas policías con
adscripción a nivel local que asuman las tareas
asignadas a los cuerpos nacionales de
policía.
- El personal de nuestras policías, salvo
escasas excepciones, es un personal mal pagado, pobremente
dotado, con bajos niveles de autoestima,
escasa iniciativa y desinformado sobre los principales aspectos
que afectan el entorno de la comunidad. Esta situación
no propicia la implantación de un modelo que requiere de
su personal altos niveles de motivación, habilidad en la
comunicación, ejercicio de liderazgo a
nivel comunitario, etc.
- Existen en nuestras organizaciones policiales
débiles mecanismos de acopio y gestión de la
información y de planificación. El modelo
comunitario supone una alta recurrencia al análisis de
información recogida en estadísticas, estudios de opinión,
comisiones de encuesta,
etc., a efectos de conocer los cambios en el perfil
criminógeno de la zona, así como los factores de
mayor incidencia sobre la misma.
- La débil cultura democrática que
caracteriza la organización social y política en
América Latina, en donde los procesos de
participación y movilización ciudadana han estado
dirigidos a enfrentar las estructuras de poder, más que
a generar espacios de colaboración con las autoridades.
El modelo resulta igualmente riesgoso frente a la tendencia de
una clase política que pueda caer en la tentación
de utilizar la experiencia para fines de cooptación
política más que para generar un impacto real en
la calidad de vida de la población. - Debemos de entender siempre que el propósito
fundamental de toda institución policial en cualquier
región del mundo, sin perjuicio de la legislación
vigente de cada país, es la aplicación de la
ley. - Pero la historia nos demuestra, en la generalidad y
muy especialmente en la particularidad de nuestros
países, que las fuerzas policiales se han visto
envueltas en situaciones altamente comprometidas con una franca
violación a los derechos humanos de la propia comunidad
a la cual pertenecen y sirven, sembrando una dudosa
constitucionalidad en su cotidiano quehacer laboral y poniendo
en tela de juicio su profesionalidad a la vez que provocar un
alto cuestionamiento y reproche político y
social.
- La necesidad de comprometer las políticas
matriciales tales como Políticas de Seguridad Ciudadana,
Defensa Nacional y en materia de Administración de
Justicia. Debiendo de evitarse que dichas políticas se
muevan en el terreno de lo periférico, impulsos
episódicos, discontinuos, dependientes de un conjunto de
contingencias altamente vulnerables a lo considerado como
"prioridades gubernamentales" o incluso prioridades en el gasto
de una administración. - Alerta permanente sobre la condición
sustancial que reviste el respeto irrestricto de los derechos
humanos y la construcción de entornos
democráticos, bajo regímenes que se ciñan
a la regla de derecho, donde se garantice un poder judicial
independiente y eficiente. Igualmente, se deben corregir
aquellas prácticas que atentan contra el fortalecimiento
de las capacidades de fiscalización por parte de la
sociedad civil
respecto de la gestión pública. - Los Estados deben de implementar de manera
impostergable mecanismos o herramientas
que permitan medir el desempeño e incidencia sobre los
patrones de violencia y criminalidad. - Los Estados deben de comprometer fondos
públicos suficientes para implementar planes, programas
y servicios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y
atender a las personas afectadas. Al respecto se debe de
plantear la formulación de planes de largo plazo,
garantizados financieramente, consensuados entre las diversas
fuerzas políticas, a efectos de trascender su
vulnerabilidad frente a los cambios de la
administración. - La necesidad de producir estadísticas que
permitan verificar las respuestas institucionales y que deben
de demostrar la eficacia en
acercarnos a resultados concretos respecto a los que se pueda
afirmar que la realidad/problema ha comenzado a
ceder. - Se debe de generar en forma imprescindible una nueva
cultura policial, es decir un cambio filosófico que se
traduzca en mentalidad y metodología diferentes, donde
el habitante se sienta protegido como regla general y no como
suceso extraordinario. - Aplicar la ley en el marco del respeto y
protección de los Derechos Humanos y también
velar por las condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo donde cada funcionario policial se sienta plenamente
protegido por el Estado en su condición de tal. Esto
implica el inexcusable compromiso estatal de sustentar en
adelante una conducta
policial de transparente constitucionalidad y de
protección de los mismos. - Reconocer a las Instituciones Policiales como las
Defensoras Oficiales de los Derechos Humanos de los habitantes
de su comunidad y consecuentemente llevar a cabo todas las
acciones orientadas a la generación de una nueva cultura
donde aplicar la ley por parte de la Policía sea ni
más ni menos la respuesta a una estrategia y
tácticas de respeto a los Derechos Humanos. Si no fuera
así, tendríamos cualquier cuerpo,
formación o banda, pero nunca una
Policía. - Independientemente y más allá de una
evaluación mucho más profunda
sobre el comportamiento de la Institución Policial en su
Comunidad, en el marco del ordenamiento jurídico local,
sus integrantes tienen una tradición y cultura de
"Cumplimiento de la Orden". Esa Orden, escrita o verbal, la
emana un Superior quien ejerce una influencia inmediata y
paradigmática, mucho más fuerte y coercitiva que
la letra misma de la Ley. - Es importante entonces que la Orden Policial sea a su
vez la expresión más pura de la Ley. Y que esta
Ley, sea la mejor posible. - Entonces, debemos formar personas para una cultura
democrática pues así tendremos policías
con cultura democrática a quienes se capacitará
en lo específico de la misión a cumplir para que
sus órdenes guarden el espíritu de la Ley a la
vez que interpretar rápidamente aquellas que guardan
rasgos ilegales como también
ilegítimos. - Pero esta formación debe corresponderse
también con la situación que se plantea en los
regímenes policiales; por un lado la no
deliberación, es decir no deliberar en cuanto al apego,
respeto y cumplimiento de la Ley, pero por el otro, mostrar
nuestra condición de profesionales que nos obliga a
repasar su letra y verificar en el plano institucional la
posibilidad de que su aplicación, pueda implicar
injusticias o consecuencias graves que escapan a su marco
tutelar. - La Policía entonces está obligada a
responder ante estas situaciones por los canales establecidos
porque de esta manera responderá a su compromiso con el
orden democrático. Vale aclarar que no es nuestra
misión proponer leyes, eso es
inequívoco de la Legislatura
quien detenta el "poder de policía" pero sí, su
repaso y alertar sobre consecuencias injustas que su
aplicación pueda ocasionar. - Ver como la selección de personas para ser
Policías como su capacitación y formación
para la función y el seguimiento personal, revisten
carácter de excelencia. Por que cada policía
formado y egresado de los correspondientes institutos, es quien
deberá discernir en el aquí y ahora de una calle
cualesquiera de nuestra Patria, virtud a mérito,
oportunidad y conveniencia y con la autoridad que emana de la
Ley qué conducta adoptar frente a determinada
situación en la que esté involucrado un
cohabitante, incluyendo la factibilidad de
regular sus derechos constitucionales. - Es por ello que tratándose de Agencias
Policiales no sería inadecuado hablar de
Aplicación de la Ley para los Derechos Humanos
con lo cual sentenciaríamos que ninguna Policía
como alguno de sus integrantes, pretenda ubicarse por encima o
más allá de la Ley. - La Institución Policial o alguno de sus
integrantes que sustente una cultura que importe Aplicar la Ley
a expensas de la comisión de algunos delitos, en
realidad además de no estar aplicándola, la
está violando mediante la adopción
de conductas ilícitas o mafiosas. - La Seguridad Ciudadana debe dirigirse a enfrentar una
doble dimensión: la objetiva, referida a los hechos
concretos de violencia que se producen y, la subjetiva, que
tiene que ver con la percepción y las representaciones
sociales que la ciudadanía se hace del problema. En
éstas últimas se encuentran, por ejemplo, la
imagen que
se hace de la ciudad, el barrio, la comunidad y, por otro, las
propias valoraciones o sensaciones que la población
tiene de sí misma. Por eso, una organización
social dedicada a la seguridad ciudadana debe de actuar en dos
niveles para generar un conjunto de normas e
instituciones que protejan a la ciudadanía. Todo ello
con la finalidad de que la ciudadanía se sepa viviendo
en un orden privado y público, a través de un
entorno que satisfaga la seguridad y fortalezca el estado
social de derecho. - El tratamiento de esas dimensiones debería
realizarse sobre la base de las siguientes intencionalidades,
principios y orientaciones: - Equidad Social. Tratar de inscribir la
política de seguridad ciudadana en un contexto de
justicia social con la finalidad de mejorar la calidad de la
población así como mitigar la vulnerabilidad que
presentan los sectores sociales de más alto riesgo:
jóvenes, mujeres, ancianos, niños. - Cultura ciudadana. Toda política que busque
reducir y prevenir la violencia tiene que generar un impacto
positivo en las esferas culturales y en la cotidianidad. Para
ello se deben fortalecer las conductas sociales de convivencia
pacífica (tolerancia,
respeto, diálogo), de la vida comunitaria, de la
cotidianidad a través de una orientación adecuada
de los medios masivos de comunicación, especialmente
la
televisión educativa, y el establecimiento de
programas de participación democrática que se
sustenten en la diversidad de las identidades sociales que
cohabitan en determinados espacios de la sociedad
nacional. - Participación social. Sin duda alguna que el
origen y fin de la violencia tiene que ver con la sociedad en
conjunto. Por ello no se debe excluir de las sociedades
la búsqueda de mecanismos de participación de la
población en la mitigación de la violencia, sea a
través de las formas de organización existentes o
de otras que se creen para el efecto. - Concertación social. La seguridad ciudadana es
responsabilidad múltiple; por tal motivo, es
indispensable definir un marco concertado y participativo de
acciones lo más amplio posible y el que estén
involucrados los distintos niveles del Estado, el sector
empresarial, las ONG´s
y la población organizada (Sindicatos,
Cámaras, Foros, Barrios, etc.)
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