- Planteamiento del
problema - Objetivos
- Metodología
- Definición de
narcotráfico - Cooperación
Internacional - La Estrategia Antidrogas en el
Hemisferio - Reducción de la Demanda y
de la Oferta - Organizaciones no
gubernamentales de lucha contra el
narcotráfico - Mecanismos internacionales de
lucha contra el narcotráfico - Tratados internacionales para la
fiscalización de sustancias
narcóticas - Organismos internacionales
de lucha contra el narcotráfico - Oficina de las Naciones Unidas
para la Fiscalización de Estupefacientes y la
Prevención del Crimen (ONUFEPC) - Administración de
Justicia - Ayuda Legal
Mutua - La
Extradición - Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos
Aunque pareciera que no hay esperanza,
la dialéctica ilumina el futuro y en el nacer, crecer,
durar y morir de todas las cosas, están la posibilidad del
origen y
desarrollo de otras
vidas.- González Vidaurri, Alicia et
al.
El negocio del narcotráfico tiene tal
dimensión, mueve tal cantidad de miles de millones de
dólares, involucra a tal cantidad de Estados, está
infiltrado de tal manera en las altas esferas de poder de
naciones ricas y pobres, abarca un mercado mundial
de tal magnitud y finalmente, envenena a tal cantidad de seres
humanos, que desafía el corazón
del sistema de una
manera contundente, pone en tela de juicio los valores de
la sociedad
moderna y refleja los elementos más hondos de una crisis y un
desmoronamiento, capaz de conducir a millones de personas a la
autodestrucción ante la evidencia de un mundo que muchas
veces parece no valer la pena de ser vivido.
El narcotráfico se ha destacado en las
últimas décadas como la actividad delictiva
generadora de un mayor número de crímenes y con un
volumen de
negocio más elevado. Muchos traficantes individuales y
organizaciones
ilegales que se dedican a él han conseguido acumular
ingentes cantidades de dinero y
medios
materiales, lo
cual les ha otorgado una posición de fuerza que les
permite no sólo escapar a la actividad represiva de los
Estados, sino incluso constituirse en centros de poder paralelos.
El fenómeno, impulsado por el aumento generalizado del
consumo y la
revalorización del producto desde
su origen hasta su recepción por el consumidor final
(en ocasiones su valor se
multiplica hasta por 100.000), comenzó a ser contemplado
con preocupación por los gobiernos tras la Segunda Guerra
Mundial. Ello motivó que en la, entonces,
recién nacida Organización de las Naciones Unidas
(ONU) se iniciara
el estudio de las medidas de índole legislativa, política y policial
que podían ser adoptadas.
En efecto, las dimensiones colosales del negocio de la
droga son
refrendadas por cifras como los más de 50 millones de
consumidores existentes de heroína, cocaína y
drogas
sintéticas (entre un 3% y un 4% de la población mundial), así como los
400.000 millones de dólares estadounidenses en beneficios
que genera anualmente esa industria,
cantidad que supera la obtenida por el sector turístico
internacional en su conjunto. También se trata de una
actividad de la cual dependen decenas de miles de personas, ya
sea en los procesos
productivos, en el transporte y
distribución o en el blanqueo de los
beneficios. La dificultad de controlar y atajar las redes internacionales del
narcotráfico se ve acrecentada por la globalización económica, alguno de
cuyos procesos inherentes, como la universalización de las
comunicaciones, las facilidades de transporte, la
desregularización bancaria o la conclusión de
acuerdos de libre comercio,
han beneficiado el crecimiento y expansión de unas
asociaciones ilícitas cuya capacidad organizativa es, en
ocasiones, comparable a la de las grandes corporaciones
multinacionales.
Los procesos a los que se ha aludido en el
epígrafe anterior se agudizaron tras la caída de
los regímenes comunistas y el final de la Guerra
Fría, preludio de una libertad
económica que influyó decisivamente en la
mundialización de la producción, distribución y consumo
de drogas. En nuestros días, la droga está presente
en todos los continentes y áreas geográficas del
planeta, lo cual no impide que puedan distinguirse una serie de
centros principales de producción y rutas de
distribución, así como lugares en los que se
registra una mayor demanda y
consumo. En concreto,
destacan dos zonas como núcleos en los cuales se inicia el
proceso del
narcotráfico: el sur de Asia, en el caso
del opio y sus derivados, y el noroeste de América
del Sur, en cuanto a la producción de cocaína.
Tampoco puede obviarse el auge que está experimentando en
algunos países de Europa
(Países Bajos, Polonia, Estados postsoviéticos,
etc.) la producción de drogas sintéticas como el
éxtasis y similares.
El narcotráfico internacional se ha convertido
por sí mismo en un gobierno malvado
y poderoso. Representa en la actualidad un poderío
financiero, político y militar mayor que el de algunas
naciones de las Américas.
El tráfico y el consumo de drogas, y sus
resultantes de corrupción
y violencia, son
las mayores amenazas a nuestra seguridad, como
región y como naciones individuales. Estas amenazas no
reconocen fronteras, dentro de nuestro hemisferio, en su ataque
inexorable y devastador a nuestras familias, nuestras
comunidades, las instituciones
democráticas de nuestras repúblicas soberanas y
nuestros propios medios de vida.
El narcotráfico plantea la particularidad de que
el cultivo de las sustancias narcóticas puede realizarse
en un determinado país, la materia prima
procesarse en el mismo país productor u otro país;
el país destinatario del producto terminado puede
encontrarse lejos del país productor y el traslado del
producto, en muchos casos, necesita usar el territorio de otros
países como puentes, antes de llegar a su
destino.
Esta complejidad de producción, traslado del
producto y mercadeo,
involucrando diferentes países, convierte al
narcotráfico en una acción
delictiva múltiple que involucra diferentes países,
lo que ha conllevado a considerarlo como un delito
universal.
Por consiguiente, los países se ven obligados a
colaborar entre sí y desarrollar estrategias de
combate conjuntas para combatir el narcotráfico de manera
integral.
General:
Presentar un panorama sobre el narcotráfico en la
actualidad y establecer las características de los cambios
y modificaciones de visión en su combate.
Específicos:
- Analizar los problemas
que plantea el narcotráfico en nuestro
país. - Investigar sobre la lucha que se sigue contra el
mismo, en nuestro medio, y cuál es nuestra óptica nuestra realidad y aspiraciones
prácticas
- Revisión de la bibliografía sobre el
tema, internacional y local. - Análisis y discusión del material
obtenido en las revisiones. - Elaboración del trabajo
escrito.
Es un delito contra la salud
pública, consistente en la realización,
normalmente con fines lucrativos, de actos que sirvan para
promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas
naturales o sintéticas, ya sean estupefacientes,
psicotrópicos o de cualquier otro tipo. Se trata de
acciones que,
aunque recogidas y definidas de forma muy diversa, están
contempladas en las diferentes legislaciones como hechos
ilícitos y son objeto de represión tanto en el
ámbito interno como internacional. Todas ellas son
englobadas habitualmente bajo la denominación de
narcotráfico.
Concepción legal
Este es uno de los delitos de
mayor aplicación práctica, por lo que la jurisprudencia
sobre esta materia es muy
extensa y pormenorizada. Nosotros dedicaremos en este tema de
las drogas al
estudio de aquellas materias más recurrentes. Como
señala la doctrina legal, el delito contra la salud pública es
un ilícito de riesgo abstracto
y de consumación anticipada en el que el bien
jurídico protegido es la salud pública,
consumándose la infracción con la ejecución
de alguna de las acciones incluidas en el precepto penal,
resultando indiferente a los efectos de la calificación,
la eventual lesión o perturbación física o
psíquica de la persona que,
finalmente, consume la droga objeto del tráfico
ilícito, precisamente porque en esta figura delictiva el
sujeto pasivo no es la persona concreta, receptora y consumidora
de la sustancia prohibida, sino el colectivo social cuyo
bienestar sanitario es el objeto de protección de la
norma, por lo que los resultados dañosos que dicho consumo
produzca en el consumidor del producto queda extramuros del marco
del tipo penal.
En años recientes hemos comenzado ya a comprobar
los resultados de algunos de nuestros éxitos colectivos.
Todos los estados miembros de la OEA/CICAD han
firmado, ratificado o ingresado en la Convención de Viena
de 1988. Muchos han aprobado leyes
básicas de control de
narcóticos y legislación complementaria relacionada
con el tráfico de drogas, incluso cláusulas sobre
control de precursores químicos, lavado de
dinero y confiscación de bienes. Las
reuniones y declaraciones de la Cumbre de las Américas
resultaron en acuerdos tomados por cada país de aprobar en
la región leyes nuevas, abarcadoras y sin precedentes
contra el lavado de dinero. Todos reconocemos que el lavado de
dinero no sólo sustenta la actividad criminal subyacente
que genera ese dinero; con demasiada frecuencia el tráfico
de drogas también socava y corrompe las instituciones
financieras legítimas de las cuales dependen la fortaleza
de nuestra economía y, en
último término, nuestros gobiernos. Pero mucho
queda por hacer; todos sabemos que no podemos permitirnos
limitarnos a llegar a acuerdos o a aprobar leyes. Debemos
garantizar que nuestras autoridades de administración de justicia
tengan los instrumentos, el adiestramiento y
el personal para
detectar e investigar el lavado de dinero a través de los
informes de
las instituciones financieras y el acceso legal a los registros
bancarios cuando sea requerido. Debemos también garantizar
que estas investigaciones
antinarcóticos y otras relacionadas con ellas se llevan a
juicio en sistemas de
justicia penal que están equipados para asegurar
encausamientos justos y efectivos, y que les impondremos penas
apropiadas a aquellos que sean declarados culpables de cometer
estos crímenes.
A despecho de los éxitos que ya hemos logrado, no
seríamos realistas si no reconociéramos las
realidades que despejan cualquier entusiasmo exagerado, del poder
y alcance de las principales organizaciones del tráfico de
drogas. Hay decisiones difíciles de tomar acerca de
cómo aplicar con mayor efectividad un ataque coordinado,
cohesivo contra estos criminales internacionales, y habrá
desacuerdo entre nosotros, porque las mentes razonables pueden
diferir y diferirán entre sí. Frente a estos
obstáculos inevitables, debemos seguir caminando con pasos
firmes, mesurados, con el objetivo de
alcanzar resultados tangibles nacidos de una cooperación
compartida contra una amenaza compartida. La Estrategia
Hemisférica maximizará la aplicación de
nuestros recursos
limitados y minimizará la duplicación de esfuerzos
y el conflicto de
prioridades.
Para el enfrentamiento al narcotráfico
internacional y su incidencia en nuestro país, es
imprescindible la cooperación con el resto de los
países del mundo, la que se ha venido consolidando e
incrementando, debido a que este flagelo se internacionaliza cada
vez más, y a los esfuerzos, voluntad política y
prioridad que nuestro Estado y
gobierno le prestan a la lucha contra las drogas.
Operativamente la Dirección Nacional Antidrogas (DNA)
mantiene intercambios informativos a tiempo real y
contactos de trabajo con
Servicios
antidrogas de otras naciones con el propósito de
fortalecer la cooperación operacional, lo que se
materializa a través de las visitas al país de sus
representantes y oficiales de enlaces, así como por medio
de nuestra participación en eventos o
reuniones internacionales.
A través de estos nexos de cooperación
hemos realizado investigaciones conjuntas contra miembros de
organizaciones criminales y narcotraficantes, algunos de los
cuales han querido utilizar nuestro país para la
organización de sus operaciones,
realizar contactos con estos fines y explorar las condiciones
para asentarse temporalmente con la fachada de comerciantes.
También hemos capturado prófugos de la justicia de
otros países y desarrollado cursos de capacitación para nuestras fuerzas, tanto
en el país como el exterior.
Como resultado de la cooperación policial
internacional, se han fortalecido los nexos de
colaboración que se mantienen con la Secretaría
General de INTERPOL y sus Oficinas Centrales Nacionales (OCN),
vía que se utiliza para el intercambio de información de interés y
el control de criminales circulados
internacionalmente.
La Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio
La estrategia es un compromiso de largo alcance para
trabajar juntos atacando a los traficantes internacionales de
narcóticos y los muchos problemas asociados con el
tráfico y el consumo. La estrategia reconoce que para
tener éxito
debemos combatir todos los aspectos del problema de las drogas. O
sea, debemos erradicar no sólo las plantas de coca,
marihuana y
opio, sino las organizaciones criminales que trafican con las
drogas elaboradas con aquellas; debemos también reprimir
la demanda de nuestros ciudadanos para consumir esas drogas. La
estrategia presenta la guía cuidadosa que necesitamos para
asegurar el éxito de nuestras metas de control de
drogas.
Eso no quiere decir que cada nación
representada en la ONU no debería aplicar el plan de
acción más efectivo posible para combatir la
amenaza más grave que pesa sobre sus ciudadanos. Como lo
reconoce la Estrategia de Control de Drogas de 1997 del
Presidente Clinton, en Estados Unidos,
no podemos emprender un ataque efectivo contra el problema
concentrándonos exclusivamente en la
administración de justicia o la reducción de la
demanda o de la oferta. Cada
aspecto debe ser encarado y atacado vigorosamente en todos los
frentes y en todas las naciones, de modo que nuestros esfuerzos
combinados se fortalezcan y complementen entre
sí.
Los programas
efectivos de reducción de la demanda deben llegar a cada
segmento de la sociedad, desde nuestros niños
más jóvenes hasta sus padres y maestros, desde los
empleados gubernamentales hasta los gerentes de corporaciones,
desde nuestra clerecía hasta nuestros medios de
información. Debemos poner en ejecución programas
de prevención y esforzarnos por obtener ambientes libres
de drogas en las escuelas, los lugares de trabajo y las
comunidades de cada uno de nuestros países. Al mismo
tiempo, debemos reconocer y satisfacer la necesidad de contar con
profesionales del cuidado de la salud, dedicados a ese
propósito, que vigilen las tendencias cambiantes del
consumo de drogas y procuren soluciones al
consumo continuo de drogas. Para actuar, ninguno de nosotros
puede permitirse esperar hasta que el consumo o la
experimentación se convierten en un problema,
especialmente cuando se trata de un problema que atrapa a
nuestros jóvenes. En este caso, el antiguo dicho,
"más vale prevenir que curar" es un consejo
valioso.
Reducción de la Oferta
Reducir la demanda de drogas no es una meta que podamos
alcanzar, en términos realistas, a corto plazo. Mientras
trabajamos hacia este fin, no podemos pasar por alto la necesidad
de eliminar las fuentes que
alimentan estas demandas de drogas ilegales. Una estrategia de
reducción efectiva de la oferta es esencial para nuestro
éxito, y debe dirigirse a cada una de las etapas del
tráfico de drogas, desde el cultivo, la producción,
y el transporte.
Atacar la oferta en la primera oportunidad que nos
ofrece requiere que establezcamos programas de
erradicación decididos que reduzcan el cultivo de cosechas
de drogas. Siguiendo esos mismos lineamientos, debemos basarnos
en nuestro éxito en el campo de los precursores
químicos desarrollando y aplicando adiestramiento para la
inspección e investigación de técnicas
usadas en el desvío ilícito de sustancias
farmacéuticas y precursores químicos utilizados en
la producción de drogas.
Sabemos que incluso con los programas de
erradicación más decididos no exterminaremos todas
las plantas mientras están en la tierra. Esa
es la razón por la cual nuestros esfuerzos de
interceptación individuales y colectivos deben
desempeñar un papel esencial en nuestra estrategia.
Primero, como resultado se confiscan drogas que reducirán
la cantidad de heroína, cocaína y marihuana
disponible a nivel internacional. Segundo, dislocan la
línea de producción y distribución, lo cual
hace más difícil el trabajo de
los traficantes y aumenta los costos y riesgos de su
negocio ilegal. Tercero, nos ofrece información acerca de
cómo las organizaciones del tráfico llevan a cabo
sus operaciones, información que resulta de valor
inapreciable en nuestros esfuerzos colectivos para derrotar esas
operaciones. Finalmente, los esfuerzos de interceptación
verdaderamente exitosos aumentarán los costos de las
drogas en nuestras calles hasta un nivel más allá
de los recursos de nuestro mercado más vulnerable: nuestra
juventud.
Organizaciones no
gubernamentales de lucha contra el
narcotráfico
El auge del consumo de drogas iniciado a partir de los
últimos años de los setenta trajo como
consecuencia, en apenas una década, un incremento de la
conflictividad social que se manifestó de múltiples
formas: delincuencia
asociada, marginalidad y
discriminación, propagación del
SIDA y otras
enfermedades,
carencias asistenciales o propagación de la droga en las
cárceles, etc. Para hacer frente a ese problema surgieron
multitud de iniciativas ciudadanas desde los más diversos
ámbitos geográficos y de actividad (asociaciones
vecinales, grupos
profesionales, organizaciones culturales, educativas o
religiosas, etc.), que fueron configurando una tupida red asociativa que pronto se
convirtió en una alternativa a las entidades asistenciales
de carácter público. Configuradas como
asociaciones, fundaciones o bajo cualquier otra forma de
personificación jurídica, y dedicadas
primordialmente a la asistencia al drogodependiente y su entorno
familiar, esos grupos también han influido sobre la
política de lucha contra el narcotráfico, ya que
han colaborado con los poderes públicos en la
elaboración de disposiciones normativas y programas
asistenciales, además de promover el endurecimiento de la
legislación represiva y comparecer en actuaciones
jurisdiccionales contra traficantes y organizaciones clandestinas
(a modo de ejemplo, ha de destacarse la gran notoriedad alcanzada
por diversas asociaciones de madres de drogodependientes en su
lucha a favor del desmantelamiento de los clanes gallegos de la
droga).
Paulatinamente, las asociaciones no gubernamentales se
han agrupado en entidades de coordinación que les permiten optimizar sus
recursos, uniformizar los programas y pautas de actuación
y mantener una relación más fluida con la administración.
Mecanismos
internacionales de lucha contra el
narcotráfico
Durante buena parte de este siglo, el control del
negocio de la droga estuvo en manos de organizaciones
ilícitas de carácter tradicional que operaban en el
ámbito interno y desplegaban su actividad mafiosa en
diversos sectores en los que podían obtener lucro
(juego,
prostitución, contrabando,
etc.). El ejemplo paradigmático es el de Estados Unidos,
donde entre los cincuenta y los setenta el negocio de la
distribución de heroína era controlado en
más de un 90% por La Cosa Nostra, grupo mafioso
de origen italiano radicado en Nueva York. En esta ciudad
floreció la red de narcotráfico denominada
French Connection ("Conexión Francesa"), a
través de la cual varios clanes mafiosos neoyorquinos
distribuían entre los pequeños traficantes
heroína procedente de la isla de Córcega y
transportada desde el puerto francés de Marsella. La
acción de las unidades federales antidroga acabó
con la red de distribución en 1972, con lo cual se dio fin
a una larga etapa de predominio de los grupos mafiosos
internos.
La década de los ochenta trajo consigo un
cambio
significativo en la naturaleza del
tráfico de drogas, que a partir de entonces pasó a
estar controlado por organizaciones criminales de
dimensión internacional. Aunque originarias y con sede
principal en los países exportadores (principalmente en
México,
Colombia y otros
estados sudamericanos), las nuevas mafias extendieron sus redes a
varios territorios y pasaron a controlar directamente todas las
fases del proceso, desde el cultivo hasta la distribución
a los consumidores finales. Esas organizaciones operan de un modo
muy similar al de los grupos terroristas, con una estructura de
corte militarizado, caracterizada por su rígido control
interno y su elevado nivel de tecnificación y
especialización, así como el establecimiento de
conexiones a los más altos niveles políticos y
económicos. El Cartel de Medellín, poderoso
sindicato de
la droga radicado en aquella ciudad colombiana, es uno de los
más conocidos ejemplos de esos nuevos protagonistas del
crimen internacional. Tras varios años de actividades
ilegales y violencia indiscriminada, su líder,
Pablo Escobar, fue detenido en el curso de una acción
conjunta de la Policía Nacional de Colombia y la
Administración Antidroga de los Estados Unidos –Drug
Enforcement Administration; DEA- (tras huir de la
cárcel en la que fue recluido, resultó muerto en un
tiroteo con la policía).
La complejidad y alcance supranacional de los nuevos
agentes del narcotráfico obligaban a las autoridades
estatales a dar una respuesta coordinada y conjunta, y con el fin
de promover esa cooperación se hacía necesaria, por
tanto, la discusión y adopción
en los foros internacionales de medidas de carácter legal,
político y policial. Para esa tarea hubo de partirse de
los instrumentos jurídicos que ya estaban en vigor y
proceder a su revisión y ampliación, así
como dotar de más y mejores medios a las organizaciones
existentes y arbitrar nuevos cauces institucionales para la lucha
contra el narcotráfico.
Tratados
internacionales para la fiscalización de sustancias
narcóticas
La legislación internacional sobre esta materia
se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX, cuando se
hizo insoslayable la necesidad de instaurar un sistema mundial de
control de las drogas. La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) tomó la iniciativa de impulsar esa
regulación, y bajo sus auspicios se han promovido los
instrumentos internacionales actualmente vigentes. En concreto,
son tres los tratados
elaborados hasta la fecha, todos ellos complementarios del resto.
En ellos se regula todo lo relacionado con el tráfico
ilegal de drogas, la provisión y disponibilidad de
sustancias estupefacientes con fines médicos y
científicos, y la prevención de su desvío a
circuitos
clandestinos de distribución. Son los
siguientes:
Convención
Única sobre Estupefacientes (1961)
Su principal objetivo es impulsar la lucha contra la
droga a través de la acción internacional
coordinada, para lo cual establece una regulación que
persigue dos objetivos
principales: limitar la producción, tratamiento,
distribución, importación, exportación, venta,
posesión y uso de estupefacientes a fines exclusivamente
médicos y científicos, y perseguir el
tráfico de esas sustancias mediante el establecimiento de
mecanismos de cooperación internacional que permitan
descubrir y detener a los narcotraficantes. La Convención
Única sobre Estupefacientes fue posteriormente enmendada
por un Protocolo de
1972.
En su virtud se fiscalizan más de 116
estupefacientes, respecto a los cuales se establecen medidas de
diferente rigor según sean incluidos en una u otra de las
listas que se elaboran para clasificarlos, lo cual depende de su
capacidad para producir adicción, su valor
terapéutico y los riesgos que comporta su uso indebido.
Esas listas figuran como anexo al texto de la
Convención, y su composición es competencia de la
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas,
órgano dependiente del Consejo Económico y Social
que tiene la facultad de decidir si una determinada sustancia
debe incluirse en la lista, trasladarse a otra o simplemente
borrarse, tarea en la cual deben tenerse en cuenta los informes
emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En
general, puede afirmarse que la fiscalización
internacional de estupefacientes ha funcionado de modo
satisfactorio, ya que la práctica totalidad de la
producción lícita no se desvía a los
mercados
clandestinos. En efecto, el tráfico ilegal de
estupefacientes se nutre de la producción y
fabricación clandestina (Colombia, Triángulo de
Oro, etc.), ya
que para la legal funcion el sistema de previsiones auspiciado
por el Convenio, que abarca a todos los países y no
sólo a los que firmaron su texto. Así, cada estado
debe comprometerse a no rebasar las cantidades fijadas en esas
previsiones, cuyo establecimiento corresponde a la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE), que también elabora informes sobre la oferta y demanda
mundial de opiáceos destinados a fines
terapéuticos, así como sobre el consumo y
producción de materias primas. En función de
ellos se elaboran recomendaciones a los gobiernos e instituciones
interesadas, con el fin de asegurar el abastecimiento y controlar
la producción.
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas
(1971)
Su adopción fue una respuesta a la
aparición de nuevos tipos de drogas psicotrópicas,
su rápida difusión y expansión por los
mercados internacionales y el aumento de consumidores con fines
distintos a los sanitarios o científicos. En su texto se
establece un sistema de control internacional para las
substancias psicotrópicas, así como una
clasificación de las drogas sintéticas en
función tanto de su potencial para el consumo abusivo como
de sus aplicaciones terapéuticas.
Así, desde la entrada en vigor de la
Convención se fiscalizan unas 105 sustancias
psicotrópicas, la mayor parte de las cuales se encuentran
en productos
farmacéuticos de todo tipo, cuyo nexo es su incidencia
sobre el sistema nervioso
central (estimulantes, depresores, alucinógenos,
etc.). Como sucedía en el caso de los estupefacientes, la
Convención prevé la elaboración de listas
que se publican como anexo, en las cuales se clasifican las
sustancias psicotrópicas de acuerdo con los
parámetros ya comentados. Los psicotrópicos son
fabricados normalmente mediante el empleo de
productos que se han elaborado en forma legal y se desvían
al mercado clandestino, hecho que obedece a causas como la
deficiente legislación de algunos países
fabricantes y exportadores, y a la ausencia de previsiones sobre
las necesidades del sector sanitario. El Consejo Económico
y Social, a recomendación de la JIFE, solicitó a
los gobiernos del mundo en 1980, 1981 y 1991 que facilitaran una
previsión de las cantidades de sustancias
psicotrópicas sometidas a fiscalización
internacional que necesitaban para fines
médico-científicos. La petición fue atendida
por unos 170 países que hoy día facilitan
periódicamente esa información al JIFE, lo cual ha
permitido reducir en gran medida el porcentaje de
desviación de productos hacia el tráfico ilegal, ya
que los países exportadores pueden comparar el pedido
recibido con las tablas que recogen las necesidades del
país solicitante, de forma que pueda detectarse cualquier
desfase entre ambas cifras. En ese caso, el estado
exportador consultará a la JIFE sobre la procedencia del
intercambio.
Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas (1988)
Este instrumento jurídico ofrece un amplio
abanico de medidas contra el tráfico de drogas, entre las
cuales se incluyen varias destinadas a la persecución del
blanqueo de capitales y la desviación al mercado
clandestino de las sustancias químicas de las cuales se
obtiene la droga. Tambien establece nuevos mecanismos para la
cooperación internacional en materia de extradición
de narcotraficantes o distribución controlada.
La Convención de 1988 extendió la
fiscalización internacional de drogas a 22 productos
químicos utilizados en la fabricación de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En concreto,
su artículo 12 confería al JIFE funciones
inspectoras sobre la actuación de los gobiernos en
relación con esas medidas fiscalizadoras y de evaluación
de productos susceptibles de ser utilizados en la
fabricación ilícita de drogas. Ese intercambio de
información, de cuyos resultados se da cuenta a la
Comisión de Estupefacientes, ha servido para crear un
banco de
datos gracias
al cual la JIFE puede analizar qué sustancias deben ser
objeto de fiscalización. Al mismo tiempo, los gobiernos
cuentan con un instrumento para controlar la desviación de
productos al mercado negro.
Organismos
internacionales de lucha contra el
narcotráfico
La dimensión institucional está
estrechamente ligada a la normativa, pues lo regulado en los
convenios antes citados sólo puede llevarse a la
práctica mediante la adopción de medidas y acciones
de diferente índole (jurídica, policial,
técnica, etc.), lo cual requiere la creación de
organismos suficientemente dotados de medios humanos y
materiales. El protagonismo en la acción internacional
contra la droga ha correspondido a la ONU, en cuyo seno se han
creado los mecanismos institucionales necesarios para llevar a la
práctica lo establecido en la normativa antes
citada.
El entramado de entes especializados en materia de
narcotráfico recibe cobertura institucional por parte de
la Oficina de las Naciones Unidas para la Fiscalización
de Estupefacientes y la Prevención del Crimen
(ONUFEPC) –The Office for Drug
Control and Crime Prevention; ODCCP-,
organización que está integrada básicamente
por el Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización de las Drogas (PNUFID) –United
Nations International Drug Control Programe; UNDCP– y
el Centro para la Prevención Internacional del
Crimen (CICP) –Centre for International Crime
Prevention; CICP-, y con la cual se relacionan todas
las organizaciones auspiciadas por la ONU que se dedican a fines
parecidos. Entre ellas destacan las ya mencionadas Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)
–The International Narcotics Control Board; INCB-,
órgano para el control de la aplicación de los
tratados
internacionales sobre drogas, y la Comisión de
Estupefacientes de la ONU –Commission on Narcotic Drugs;
CND-, foro en el
cual se plantean y discuten las propuestas en materia de drogas.
Los dos citados mantienen relación directa con el Consejo
Económico y Social de la ONU y con el ONUFEPC a
través del PNUFID. A continuación se
expondrán los rasgos esenciales de estas
entidades.
Oficina de las
Naciones Unidas para la Fiscalización de Estupefacientes y
la Prevención del Crimen (ONUFEPC)
Fue creada en 1997 como órgano de la ONU llamado
a liderar a escala global la
lucha contra el narcotráfico y el crimen internacional,
para lo cual disponía a finales de los noventa de una
plantilla de 350 especialistas y 22 delegaciones repartidas por
todo el mundo, así como dos oficinas de enlace en Bruselas
(Bélgica) y Nueva York (Estados Unidos). Aparte del PNUFID
y el CICP, forman parte del mismo la División sobre
Prevención del Terrorismo (Terrorism Prevention
Branch) y los programas globales contra la corrupción, el crimen
organizado y el tráfico de seres humanos. Su sede
central está en Viena (Austria), y su máxima
autoridad es
el Director Ejecutivo, que lo es también de la Oficina de las
Naciones Unidas en Viena.
Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización de las Drogas (PNUFID). Fue fundado en
1991 con el objetivo de difundir información acerca de los
peligros que comporta el abuso de las drogas (en la fecha de su
creación se calculaba que más de 200 millones de
personas utilizaban sustancias narcóticas de forma abusiva
en todo el mundo). El PNUFID pretende reforzar la acción
internacional contra la producción, el tráfico y
los crímenes relacionados con la droga, para lo cual
prepara proyectos de
vigilancia de cultivos y desarrollo
alternativo, encaminados a abrir nuevas perspectivas
económicas a regiones tradicionalmente volcadas en el
cultivo de opio, coca o cannabis. También se ponen en
marcha programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación, en los cuales se pretende involucrar a los
poderes políticos y económicos de los estados, y se
elaboran estadísticas completas y actualizadas sobre
el consumo ilícito de drogas en el mundo a través
del Programa sobre Evaluación Global (Global
Assessment Programme). Asimismo, ha de mencionarse el
Programa de Asistencia Legal (Legal Assistance
Programme), que opera en colaboración con los estados
al objeto de auxiliarles en la preparación de instrumentos
legislativos para el control de las drogas, lo cual se realiza
mediante la ayuda en la preparación de proyectos
legislativos y la formación de jueces y magistrados. Con
todo, las actividades más destacadas del PNUFID son las
relacionadas con la aplicación de medidas ejecutivas y la
persecución del blanqueo de capitales. A ellas se
hará mención a continuación.
Sección de Medidas Ejecutivas para el
Cumplimiento de la Ley (Law
Enforcement Section). A través de esta sección,
el PNUFID colabora con los Estados aportando formación
especializada en técnicas de investigación y
proveyendo de medios materiales (equipo técnico, etc.). A
través de la Sección se colabora con la Interpol,
la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las
agencias regionales mediante el intercambio de información
sobre las tendencias del tráfico internacional de drogas,
los procedimientos
operativos de los traficantes y los perfiles y
características de los correos de la droga. También
tiene encomendada la valoración de los proyectos remitidos
por las delegaciones, trámite que sirve para asegurar su
adecuación a las previsiones de los tratados
internacionales y para mantener una coherencia en cuanto a la
línea de actuación a seguir. También recibe
solicitudes de asesoramiento, que la Sección examina
teniendo en cuenta la estrategia seguida por los departamentos
locales en materia de lucha contra la droga, los medios humanos y
materiales de que disponen y su posibilidad de cooperar con otras
agencias de la región. En función de ese examen, la
Sección colabora con el gobierno beneficiario en el
diseño
de programas destinados a optimizar la eficacia de la
política desplegada en persecución del
tráfico de drogas, a la vez que trata de fomentar la
cooperación regional e interfronteriza.
Como ejemplo de lo anterior pueden citarse los proyectos
impulsados en Asia Central para reforzar la cooperación y
adoptar medidas conjuntas contra el tráfico de drogas con
origen en Afganistán. En ellos participan estados
ex-soviéticos como Tayikistán, Uzbekistán y
Kirguizistán, y su objetivo principal es el
establecimiento de controles eficientes en la zona (en concreto,
en las provincias de Murgab -Afganistán-, Andijan
-Uzbekistán- y Osh -Kirguizistán-), para lo cual se
adoptaron medidas como la ubicación de puestos de control
en localidades estratégicas, la inspección de
vehículos y vagones de carga, el reforzamiento de la
vigilancia fronteriza y el estrechamiento de la
colaboración entre las fuerzas de seguridad de los
países implicados. Otro proyecto
importante es el diseñado para perseguir la
utilización de puertos en el este y sur de África
como punto de partida del tráfico de drogas hacia Europa y
América del Norte; en aplicación del mismo se
crearon en cada puerto investigado unidades especializadas en la
detección de cargamentos ilegales.
La Sección de Medidas Ejecutivas también
tiene entre sus cometidos el asesoramiento de la Comisión
de Estupefacientes de la ONU y sus órganos subordinados,
así como la revisión y análisis de los informes anuales remitidos
por los estados miembros, con los cuales el PNUFID puede
identificar las tendencias globales y regionales del
tráfico de drogas y prever qué dirección
futura tomarán.
Programa Global contra el Blanqueo de Capitales del
PNUFID (UNDCP's Global Programme against Money
Laundering). Se puso en marcha este programa para
ofrecer una respuesta coordinada desde la ONU a un problema cada
vez más acuciante en la moderna sociedad globalizada. En
efecto, las ingentes sumas de dinero amasadas por las
organizaciones criminales gracias al tráfico de drogas han
de ser convenientemente camufladas, ya que sólo así
se puede ocultar su origen ilegal y se evita dejar rastros
incriminatorios (por lo general, esos grupos obtienen
también ingresos
procedentes de otras actividades delictivas, como el contrabando
de armas o los
delitos financieros). Este proceso, conocido usualmente con el
nombre de blanqueo o lavado de capitales, puede ocasionar
graves trastornos a la estabilidad y el desarrollo
económico de un país, ya que, de realizarse a
gran escala y no ser atajado a tiempo, puede alterar
parámetros básicos de la economía nacional
como la demanda de efectivo o los tipos de cambio (con los
consiguientes efectos en la economía
internacional). Además, la mera sospecha de su
existencia puede hacer quebrar la confianza de los inversores en
las instituciones financieras que presuntamente dan cobertura a
estas prácticas, así como en los países en
vías de desarrollo que favorecen la recepción de
esos flujos para fomentar un crecimiento que será, en el
mejor de los casos, ficticio e imposible de mantener a largo
plazo, ya que la reticencia de los agentes económicos
impedirá disponer de inversiones
estables y generadoras de riqueza.
La dimensión del problema se ha agravado en las
dos últimas décadas, en las cuales se han
consolidado unos canales de blanqueo de capitales que son
utilizados para ocultar sus beneficios por traficantes
internacionales de droga, organizaciones terroristas y agentes
públicos corruptos, cuyas actividades se ven favorecidas
por la mundialización de la economía y el
vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la
comunicación, que se traducen en una mayor facilidad
para el movimiento
internacional de capitales. A ello contribuye también la
creciente utilización de dólares en los mercados
negros, la tendencia a la desregulación financiera, la
consolidación del mercado único europeo y la
proliferación de paraísos fiscales.
Ante todo ello, la función del Programa Global es
auxiliar a los gobiernos en su persecución de quienes se
valen del sistema
financiero internacional para legalizar el dinero
obtenido por el tráfico de drogas. Para ello, aporta
formación en materia de análisis
financiero, propone medidas de desarrollo legislativo y
proporciona personal experto en los aspectos jurisdiccionales de
la cuestión. Se ocupa también de reforzar los
mecanismos legales e institucionales para la persecución
del blanqueo de capitales, de lo cual es muestra su
patrocinio de la creación en los diversos estados de
unidades policiales de inteligencia
financiera. También se ocupa de recoger y analizar datos
estadísticos, y de coordinar las acciones contra el
blanqueo de capitales promovidas conjuntamente por la ONU y otras
instancias internacionales.
Comisión de Estupefacientes de la ONU. Fue
creada en 1946 por el Consejo Económico y Social, y se
trata del principal organismo de decisión política
de la ONU en materia de drogas. En la fecha de su creación
contaba con 13 miembros, que en 1991 se habían elevado
hasta 53, en lo que fue una ampliación necesaria para que
la representación en la Comisión estuviera en
consonancia con la expansión mundial del tráfico de
drogas. Su función principal es analizar el problema
planteado en todo el mundo por el uso abusivo de drogas y
desarrollar propuestas para reforzar el control internacional
sobre las mismas; también se ocupa de supervisar la
aplicación de los convenios internacionales y acuerdos
sobre drogas, así como de reforzar la cooperación
regional en la lucha contra el narcotráfico, para lo cual
ha establecido órganos subordinados como la
Subcomisión sobre Tráfico Ilícito de
Drogas y Asuntos Relacionados en el Cercano y Medio Oriente,
además de una red mundial de
responsables nacionales de agencias de lucha contra la droga, que
se reúnen por regiones con la presencia de miembros de las
comisiones regionales del Consejo Económico y Social. En
esos encuentros también toman parte observadores de otros
estados y organizaciones intergubernamentales con
responsabilidades en materia de drogas.
Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes (JIFE). Es un órgano independiente de
naturaleza judicial que fue creado en 1968 por la
Convención Única de 1961 sobre estupefacientes,
aunque ya había tenido antecesores durante el periodo de
vigencia de los instrumentos internacionales sobre drogas
aprobados por la extinta Sociedad de Naciones. Con su
Secretaría radicada en Viena, sus actividades son
financiadas por la ONU y su independencia
descansa sobre su absoluta separación tanto de los
gobiernos como de aquella organización, ya que sus trece
miembros ejercen sus funciones a título personal y no en
representación de institución alguna. Son nombrados
por el Consejo Económico y Social, tres en función
de una lista propuesta por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y otros tres presentados por los
gobiernos.
Su cometido principal es auxiliar a los gobiernos a
cumplir las previsiones de los tratados internacionales sobre
fiscalización de drogas, de la cual se ocupa tanto en su
dimensión legal como ilegal. Respecto a la primera, los
esfuerzos de la JIFE se encaminan a asegurar el suministro para
fines médicos y científicos, así como a
evitar el desvío al tráfico ilícito de la
droga fabricada, intercambiada y vendida lícitamente. Los
instrumentos existentes para esa labor son los sistemas de
previsión establecidos para averiguar las necesidades que
tienen los estados de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, así como el sistema de
información estadística que contribuye a la supervisión del comercio
internacional de drogas. La vigilancia se extiende a la labor
de control ejercida por los gobiernos sobre los productos
químicos necesarios para la fabricación de drogas,
con el fin de evitar su desviación al mercado clandestino.
En cuanto al tráfico ilícito de drogas, el JIFE
analiza y supervisa los sistemas nacionales e internacionales de
lucha contra el narcotráfico, y elabora propuestas con el
fin de subsanar sus deficiencias. Asimismo, se ocupa de catalogar
los productos químicos utilizados en la confección
de drogas y a promover su fiscalización internacional. En
el desempeño de esa labor puede sugerir a las
instituciones especializadas o los órganos competentes de
la ONU que presten asistencia técnica o financiera a los
gobiernos que lo necesiten, con los cuales se mantendrá un
diálogo
permanente a través de consultas periódicas o
misiones organizadas con la aquiescencia de los gobiernos.
También se ponen en marcha programas de
capacitación del personal que en cada estado está
empleado en la lucha anti-droga, y seminarios regionales que
sirven para facilitar la cooperación tanto internacional
como con el JIFE (son organizados conjuntamente por el PNUFID y
otras organizaciones autónomas del sistema de la ONU, como
la OMS, o ajenas a él, como la Organización
Internacional de Policía).
De todas sus actividades se da cuenta en el informe anual,
que se presenta ante el Consejo Económico y Social a
través de la Comisión de Estupefacientes. En
él se recoge un diagnóstico sobre el estado del problema de
la droga en el mundo, y se sugieren las posibles medidas de
urgencia a adoptar frente a cualquier tendencia susceptible de
agravarlo. Ese documento viene acompañado por informes
monográficos sobre determinadas sustancias estupefacientes
o psicotrópicas, en los cuales se recogen las previsiones
anuales de consumo por parte de cada país y se aportan
datos sobre producción, fabricación, comercio y
consumo de las mismas.
El decomiso de drogas es sólo una manera de
aumentar los costos y los riesgos de ser narcotraficante. La
Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos en
1997 nos recuerda que todos nuestros recursos para la
administración de justicia (militares y de inteligencia)
deben trabajar conjuntamente para mejorar y coordinar mejor los
esfuerzos para investigar, trastornar, desmantelar y destruir las
organizaciones internacionales del narcotráfico. Debemos
aspirar a una época en la que se realicen investigaciones
internacionales mejor coordinadas, de las organizaciones de
narcotraficantes. Estas investigaciones deben ir
acompañadas no sólo de nuestros compromisos
individuales para llevar a finalización enjuiciamientos
más efectivos, sino también de la capacidad para
cumplir esos compromisos.
Una meta de la Estrategia Nacional de Control de Drogas
de Estados Unidos en 1997 es la investigación, el
enjuiciamiento y el desmantelamiento de los grupos más
grandes nacionales e internacionales de narcotraficantes. Para
lograr sus fines estas grandes redes del narcotráfico
tienen tecnologías sofisticadas, combinando lo
último en sistemas de comunicación y transporte, así como
operaciones complejas para el lavado de dinero. Hemos logrado
varios enjuiciamientos exitosos de grandes traficantes, en muchos
casos debido a la cooperación sin precedentes entre las
agencias locales de administración de justicia y de la
fiscalía, y a la cooperación crucial
de algunos de nuestros socios del hemisferio.
Una de las maneras en que podemos aumentar estos
esfuerzos cooperativos es mejorar nuestro intercambio de
información sobre los narcotraficantes, los socios de
éstos y las infraestructuras operativas y financieras de
los carteles de la droga. Uno de los recursos más valiosos
de los esfuerzos cooperativos de administración de
justicia es el intercambio abierto y oportuno de
información. Los mecanismos multilaterales y bilaterales,
donde sean apropiados, nos ayudarán a investigar y
perseguir a los delincuentes cuyas actividades y transacciones
financieras cruzan las fronteras nacionales.
Una vez que se ha analizado la información y se
han entregado las pruebas,
debemos ser capaces de llevar a cabo hasta el final
enjuiciamientos efectivos. Los enjuiciamientos efectivos
requieren un sistema de justicia penal establecido, eficaz,
honesto e incorrupto para llevar a la justicia a los
narcotraficantes a fin de responsabilizarlos totalmente de sus
actividades criminales. Este ideal no se alcanzará de la
noche a la mañana. Los obstáculos que enfrentamos
son reales y, en algunos casos, serán difíciles de
superar: la corrupción, y la falta de recursos y de
personal capacitado son sólo algunos de los
obstáculos. No podemos pasar por alto estos problemas o
pretender que no existen. Debemos dedicar nuestros mejores
esfuerzos colectivos a efectuar mejoras en todos nuestros
sistemas de justicia penal; no podemos darnos el lujo de permitir
que se nos escape la oportunidad de actuar. Pero mientras
trabajamos juntos para asegurar que cada uno de nuestros sistemas
de justicia penal logre ese ideal, no podemos dejar escapar la
oportunidad de realizar enjuiciamientos efectivos. Si lo hacemos,
sólo permitimos que los mismos delincuentes que queremos
derrotar se beneficien de la novedad, los errores y las
diferencias temporales de nuestros respectivos sistemas
legales.
Una de las herramientas
más efectivas para negarles a los narcotraficantes algunos
beneficios, especialmente los del refugio, es la
extradición. Debemos ampliar y modernizar nuestra red de
tratados de extradición y nuestras relaciones. La
extradición es un tema difícil y delicado. Es un
asunto que con frecuencia nos ha dividido en el pasado. Pero, en
la realidad de los tiempos modernos, debemos considerar la
extradición como una manera de unir a los países en
esfuerzos cooperativos coordinados contra el narcotráfico
internacional y otros delitos transnacionales. Creemos firmemente
que la extradición es una herramienta esencial para
promover la justicia y el imperio de la ley. Asegura que los
fugitivos sean arrestados y enjuiciados de la manera más
efectiva posible. Se basa en el principio sólido y
lógico de que un fugitivo debe ser enjuiciado en el lugar
donde el delito se cometió o donde el efecto del delito se
sintió más, y el sistema de justicia penal puede,
en ese momento, garantizar mejor un enjuiciamiento efectivo con
todas las garantías del debido proceso de ley. Esta es la
misma jurisdicción donde es más probable encontrar
las pruebas del delito, donde residen víctimas y testigos,
y donde es mayor el interés de la comunidad en que
se haga justicia.
La extradición es también un sistema
efectivo, equitativo y humano de reconocer los derechos de las
víctimas del crimen y de sus familias. Es hora de ponderar
y proteger los derechos de las víctimas del tráfico
de drogas transnacional, así como los de los delincuentes
mismos. En nuestra opinión, los casos deben tratarse donde
convenga más a los intereses de la justicia en
general.
Si bien hemos logrado tremendos progresos en cuanto a
conseguir la cooperación entre las naciones, puede hacerse
mucho más. Además de mejorar en general las
relaciones de extradición, nuestra meta común
debería ser la entrega universal de los propios ciudadanos
de un país a la jurisdicción penal de otros
países, de acuerdo con el sitio donde se cometió el
crimen, o el impacto que ha tenido, y la efectividad de la
jurisdicción para asegurar un encausamiento pleno y justo.
Los países deberían conceder la extradición
de sus propios ciudadanos basándose en la teoría
de responsabilidad de las propias acciones, donde
quiera que se realicen. Los ciudadanos acusados de delitos que
afectan significativamente a otros países deberían
ser extraditados a esos países. La extradición de
ciudadanos del propio país o de otros países es un
mecanismo que se basa en la confianza entre las
naciones.
Conclusiones y
propuestas de soluciones
El éxito sustancial en estas diversas medidas no
pondrá fin inmediato a la oleada de narcóticos
ilegales, pero en algún momento de nuestro futuro
reducirá significativamente la cantidad de drogas que
fluyen a nuestras calles, pueblos y ciudades.
Tenemos ante nosotros un programa de trabajo
increíblemente desafiante. Tenemos confianza en que junto
a los demás países del hemisferio podamos responder
como país a las amenazas nuevas que surjan. Como naciones
separadas, no lograremos detener el progreso del
narcotráfico trasnacional, sin embargo, al unir nuestros
esfuerzos no podemos fracasar.
El Estado dominicano no sólo está
amenazado, sino penetrado, y no solamente a nivel de los
organismos dedicados a la represión sino que el traficante
de drogas, con un criterio empresarial muy agudo, está
tocando otros resortes de poder y ha reclutado una base estable
de funcionarios estipendiados por este sector. No sólo
eso, sino que estamos entrando en una fase peligrosísima
de amenaza de violencia generalizada en el
país.
Con la muerte
natural del comunismo, el
único enemigo actual para EE.UU. es el
narcotráfico. Lo cierto es que este fenómeno
delictivo ha distorsionado los vínculos de nuestro
país con la Casa Blanca. Los créditos del FMI, Banco Mundial,
BID, Club de París, el Grupo de los Siete, etc.
están condicionados por EE.UU.
Nuestras relaciones con EE.UU. debieran ser
transparentes. En la medida en que el pueblo dominicano conozca
la verdad, terminarán los misterios, y especulaciones.
Además, existen políticas
que repercuten en nuestro país como la decisión de
la Corte Suprema de estados Unidos de "secuestrar" en
cualquier parte del mundo a sospechosos de narcotráfico y
terrorismo.
Esta medida sienta un funesto precedente en el Derecho
Internacional, y se constituye en una aberración
jurídica. No es más que una expresión de la
"ley del más fuerte". Es curioso que esta
"monstruosidad jurídica", venga de la Corte Suprema
norteamericana, que se supone guardián del Estado de
Derecho, el ordenamiento jurídico y las
garantías constitucionales y los principios
universales del Derecho.
En este contexto, ¿podemos esperar una
convivencia internacional pacífica? ¿Con qué
autoridad moral EE.UU
exige respeto cuando es
el primero en vulnerar las normas
supranacionales? ¿Acaso no ha sido suficiente el caso
Noriega de Panamá y
Arce Gómez de Bolivia?
¿Que pasaría si algún país
secuestrara a un norteamericano, lo juzgara y condenara fuera de
EE.UU?
Aunque la Embajada norteamericana en Santo Domingo y el
Gobierno aseguran que no habrá ningún secuestro en
República Dominicana, nada garantiza que en cualquier
momento esta "política del secuestro exterior" no se haga
sentir, después que nuestra Suprema Corte de Justicia le
niegue a Estados Unidos la extradición de un nacional
dominicano. Los riesgos son mayores ya que somos un
tránsito obligado de la droga hacia Estados Unidos y
existen presuntos 'extraditables" y pedidos en la Suprema Corte
de Justicia del país.
Caporal, José Antonio. "Tierra de nadie:
por ineptitud y corrupción policial" Semanario
Vértigo. 28 de noviembre de 2004. México.
Año IV. No. 193. P. 14.
Díaz Aguilar, Cecilia Natalia.
Tesis de Grado para obtener el grado de
Maestra en Derecho
Penal por la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco intitulada
"Inteligencia y Contrainteligencia contra el
narcotráfico: estudio y propuesta de reforma al Derecho Penal
contra la Delincuencia Organizada en México",
defendida con
éxito ante el Sínodo el 5 de
octubre de 2004.
Reveles, José. "Inquisición civil,
el regreso de la
Edad Media: el terrible rostro
de la justicia por propia mano"
Entrevista a David Ordaz Hernández.
Diario El Financiero. México. Número 6686. 29 de
noviembre de 2004. P. 73.
Enciclopedia Universal Multimedia
©Micronet S.A. 1999/2000
Enlaces en Internet
http://www.undcp.org/;Página oficial del Programa
de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas
-PNUFID- (idioma inglés).
http://www.usdoj.gov/dea/;Página oficial de la
Administración Antidroga de los Estados Unidos –Drug
Enforcement Administration; DEA- (idioma
inglés).
http://www.mir.es/pnd/;Página oficial del Plan
Nacional sobre Drogas (idioma español).
http://www.fad.es/;Página oficial de la
Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción -FAD- (idioma español).
http://www.magic-es.com/coordinadora/;Página
oficial de la Coordinadora de ONG's que
Intervienen en Drogodependencias (idioma
español).
http://www.unad.org/;Página oficial de la
Unión Española de Asociaciones y Entidades de
atención al Drogodependiente (idioma
español).
PROPUESTA PARA EL COMBATE DEL NARCOTRÁFICO.
VISIÓN NORTEAMERICANA.
EL PLAN DE LAROUCHE PARA LIBRAR LA GUERRA AL
NARCOTRÁFICO
El estadista Lyndon LaRouche presentó la
siguiente propuesta de 15 puntos en un seminario sobre
la guerra continental al narcotráfico, celebrado el 13 de
marzo de 1985 en México, DF.
1. Lo que combatimos no son tan sólo los
efectos que tiene el consumo de drogas en sus víctimas. El
narcotráfico internacional se ha convertido por sí
mismo en un gobierno malvado y poderoso. Representa en la
actualidad un poderío financiero, político y
militar mayor que el de algunas naciones de las Américas.
Es un gobierno en guerra contra naciones civilizadas, un gobierno
al que debemos declarar la guerra, guerra que debemos librar con
las armas de la guerra y que debemos ganar con el mismo
espíritu con que los Estados Unidos lucharon por la
derrota incondicional del nazismo entre
1941 y 1945.
2. Los métodos
policíacos deben apoyar el aspecto militar de la guerra al
narcotráfico. El mandato que se dé a las fuerzas
policiales desplegadas en apoyo a esta guerra debe ser el
principio de que la colaboración con el
narcotráfico o con las fuerzas financieras y
políticas de los narcotraficantes internacionales es
traición en tiempo de guerra.
a) Cualquier individuo al
que se sorprenda comerciando con drogas será juzgado como
traidor en tiempo de guerra o como espía extranjero de una
potencia
enemiga.
b) Cualquier individuo que compre sustancias ilegales,
abogue por la legalización del comercio de tales
sustancias o pida benevolencia en la acción militar o
policiva contra la producción y el tráfico de
drogas, es culpable de prestar auxilio al enemigo en tiempo de
guerra.
3. Debe firmarse un tratado de alianza
bélica entre los Estados Unidos y los gobiernos de los
Estados iberoamericanos que se sumen a la alianza para combatir
al narcotráfico a la que se ha adherido el Presidente de
México. Se debe alentar a otros Estados a unirse a esa
alianza militar.
4. Bajo los auspicios de ese tratado se han de
elaborar disposiciones para la acción de un mando militar
conjunto. Dichas disposiciones deberán definir principios
de acción común, a fin de que las formas necesarias
de acción militar y policiva no subviertan la soberanía nacional de ninguna de las
naciones aliadas en cuyo territorio se realicen operaciones
militares. Estas disposiciones abarcarán:
a) crear grupos de trabajo militares bilaterales, por
pares de las naciones aliadas;
b) crear un mando común encargado de proporcionar
las formas de asistencia que se estipulen y que pudieren
solicitar las entidades competentes de cada país o del
mando bilateral de cualquier par de países;
c) crear, bajo la jurisdicción del mando
común, una entidad central de inteligencia contra el
narcotráfico, que funcionará a la manera de un
estado mayor general, en sus aspectos de inteligencia y planeación, y desempeñará las
funciones de un cuarto de guerra;
d) fijar normas que gobiernen las actividades de
extranjeros encargados de aportar servicios y asistencia
técnica en territorio soberano de cualquier miembro de la
alianza.
5. En general, en tanto lo permitan los medios de
que disponga cada nación
miembro de la alianza, las acciones militares y de otro tipo que
se emprendan contra los objetivos de la guerra al
narcotráfico deberán realizarlas fuerzas militares
de la nación en cuyo territorio ocurran dichas acciones.
Fuera preferible, donde fuere factible, proporcionarle a la
nación miembro pertrechos suplementarios y personal de
apoyo, en lugar de involucrar en funciones de combate al personal
extranjero de asistencia técnica. En la medida de lo
posible, las funciones relativas al combate militar que
tendrá el personal extranjero que se suministre
deberán limitarse a:
a) operar equipos de detección y ciertos tipos de
aeronaves y armamento antiaéreo que se provean para
complementar las capacidades de las fuerzas
nacionales;
b) aportar un grado razonable de asesoría
técnica, inteligencia y servicios a los elementos
apropiados de las operaciones de campo.
6. Con la ayuda de los Estados Unidos
deberán proporcionarse los medios técnicos
adecuados, entre ellos equipos de detección montados en
aeronaves y satélites,
para localizar y comprobar el cultivo, la elaboración y el
transporte de estupefacientes. Tan pronto como se compruebe en
una región determinada un cultivo de proporciones
significativas, deberá lanzarse un ataque militar
aéreo para destruir dicho cultivo; se enviarán
así mismo fuerzas terrestres apoyadas desde el aire para catear
la zona y realizar las operaciones complementarias que pudieren
requerirse. El objetivo es eliminar hasta el último
cultivo de marihuana, coca o adormidera en las Américas,
con excepción de los cultivos debidamente autorizados por
los gobiernos.
7. Echando mano de los mismos medios
técnicos deberán detectarse y comprobarse los
centros de elaboración, que se deberán destruir
cuanto antes, todos y cada uno, de la misma manera que los campos
donde se cultivan los estupefacientes.
8. Las fronteras entre las naciones aliadas,
así como las fronteras entre éstas y otras
naciones, se deben sellar en forma prácticamente
hermética contra el narcotráfico. Deberá
emprenderse acción militar para derribar cualquier
aeronave que cruce una frontera o
vuele sobre aguas caribeñas sin autorización y se
niegue a aterrizar cuando se le ordene. En todas las fronteras y
demás puntos de inspección aduanal se deberá
inspeccionar de manera meticulosa todo vehículo
acuático, carretero o ferroviario que llegue a cada
país, inclusive los recipientes de carga. Se deben formar
grandes concentraciones con la ayuda de fuerzas militares en las
zonas de tránsito fronterizo y en todas las carreteras
nacionales y vías acuáticas principales.
9. Deben elaborarse reglamentos detallados que
gobiernen a las instituciones financieras, a fin de detectar
depósitos y transferencias de fondos, tanto hacia fuera
como hacia dentro, de los cuales pudiera sospecharse provengan
del tráfico de estupefacientes.
10. Las fuerzas militares deberán ocupar
de inmediato y confiscar, como se hace en tiempo de guerra,
cualesquier instituciones financieras, comerciales o de bienes
raíces, así como fondos personales, de los que
pueda demostrarse han sido empleados en el cultivo, la
elaboración, el transporte o la venta de drogas
ilícitas. Cualesquier documentos
comerciales o de propiedad de
entidades empleadas por los narcotraficantes, así como
cualquier individuo vinculado a la posesión u
operación de tales entidades, se tendrá por
sospechoso o por prueba material.
11 . El primer objetivo de la guerra al
narcotráfico es de naturaleza militar: destruir el
cuasiestado enemigo, el consorcio internacional del
narcotráfico, destruyendo o confiscando los recursos
económicos y financieros de ese cuasiestado, desmantelando
todas las agrupaciones políticas o mercantiles asociadas
con el consorcio narcotraficante, incautando las riquezas
acumuladas en complicidad con las operaciones de los
narcotraficantes, y encarcelando, sea como "prisioneros de
guerra" o como traidores o espías, a todas las personas
que den auxilio al consorcio narcotraficante.
12. Deberá concentrarse especial
atención en los bancos, empresas de
seguros y
demás instituciones comerciales que de hecho forman parte
del cartel financiero internacional que coordina el flujo de
cientos de miles de millones de dólares al año en
ingresos del narcotráfico internacional. A tales entidades
deberá proscribírseles del régimen de
derecho en tanto violan los preceptos sobre "delitos contra la
humanidad" que fueron elaborados en la posguerra en los
tribunales de Nuremberg. Se prohibirá toda relación
comercial con tales entidades conforme a la prohibición de
mantener comercio con el enemigo en tiempo de guerra.
13. La guerra al narcotráfico en las
Américas tiene dos fases generales. El primer objetivo es
erradicar en las Américas todo cultivo no autorizado de
marihuana, coca o amapola, y destruir al mismo tiempo en este
hemisferio las vías principales de importación y
distribución de estupefacientes de las principales zonas
de producción de los mismos en otras partes del mundo.
Esas otras regiones son, en orden de importancia
actual:
a) el Triángulo Dorado del sudeste
asiático, todavía la más pujante fuente de
opio y opiáceos;
b) la Media Luna de Oro, productora de menor envergadura
que el Triángulo Dorado, pero de creciente importancia
como vía de tránsito del opio del Triángulo
Dorado al tráfico del Mediterráneo;
c) el reciente y veloz renacimiento de
la producción de opio en el sur de India y en Sri
Lanka, resurrección del viejo narcotráfico de la
Compañía de las Indias Orientales
británica;
d) el aumento de la producción de estupefacientes
en ciertas regiones de Africa.
Una vez exterminada en las Américas toda
producción importante de estupefacientes, la guerra al
narcotráfico entra a su segunda fase, en la que la guerra
se concentra en combatir el influjo de estupefacientes
provenientes de fuera del hemisferio.
14. Uno de los principales problemas que seguimos
enfrentando al combatir el narcotráfico, especialmente a
partir de los acontecimientos políticos del período
de 1977 a 1981, es la creciente corrupción de las
dependencias y el personal gubernamentales, así como de
influyentes facciones políticas, corrompidas por intereses
financieros de gran poder político, vinculados ya al
narcotráfico como tal o a las empresas que amparan la
circulación de los ingresos del narcotráfico. Por
éste y motivos afines fallan los métodos policiales
o comunes para combatir el narcotráfico. Además de
la corrupción de las dependencias gubernamentales, los
narcotraficantes gozan de la protección de agrupaciones
crecientes y poderosas que ya abogan por la legalización
del narcotráfico o realizan campañas más o
menos eficaces para impedir la aplicación efectiva de las
leyes contra el uso y tráfico de estupefacientes. Las
investigaciones han demostrado que las agrupaciones que realizan
esa labor de proselitismo son tentáculos políticos
de los intereses financieros vinculados al lavado de
narcodivisas. Por consiguiente, debe dárseles el mismo
trato que se le dio en los Estados Unidos a las organizaciones de
simpatizantes del nazismo durante la Segunda Guerra
Mundial.
15. La guerra al narcotráfico debe incluir
acuerdos para asignar los miles de millones de dólares
confiscados de los haberes del consorcio narcotraficante a fines
benéficos de desarrollo económico en la
infraestructura, la agricultura y
la manufactura de
bienes útiles. Dichas medidas se tomarán
según el derecho de los Estados soberanos a tomar
posesión de las propiedades de sus naturales, tanto en el
territorio nacional como en el exterior, en razón de las
obligaciones
de esos naturales para con el Estado. El hecho de que los fondos
mal habidos se transfieran a cuentas en bancos
extranjeros o se inviertan en bienes raíces en otras
naciones no excluye tales propiedades de la jurisdicción y
recuperación del Estado del que es natural el
propietario.
CONTRAPROPUESTA DE SOLUCIÓN.
VISIÓN LATINOAMERICANA.
NUESTRA REALIDAD ACTUAL. NUESTRAS ASPIRACIONES, COMO FORMA
EFECTIVA DE COMBATE AL NARCOTRÁTICO Y CONSUMO DE
ESTUPEFACIENTES.
Los resultados de las investigaciones coinciden en
mostrar que la guerra contra las drogas ha causado más
crímenes de los que ha logrado evitar. Las
políticas, especialmente las represivas, no han
controlado, menos erradicado el narcotráfico.
Cabe señalar que este problema es complejo para
dejarlo en manos de uniformados; la solución entonces es
socioeconómica. Se trata de un conflicto -el más
largo del presente siglo- y mientras no cambiemos de estrategia,
seguiremos luchando inútilmente.
Los esfuerzos realizados se han convertido en un
boomerang, pues la fabricación, tráfico y consumo
sigue ascendiendo y contaminando no sólo a
policías, jueces, políticos y gobernantes, sino los
sistemas políticos.
La represión violenta contra los
narcotraficantes, no ha resuelto problema alguno. El mejor
ejemplo es la trágica muerte del
jefe narcotraficante colombiano Pablo Escobar en diciembre de
1993. El Cártel de Medellín sigue
funcionando
El siglo XXI será un siglo siniestro de peste,
hambre, violencia urbana y marginación. El resultado
será, ni más ni menos que el exterminio. Hay una
solución capitalista y burocrática para la pobreza
absoluta: los extremamente pobres simplemente morirán. Los
que creemos que estas muertes son simplemente un crimen contra la
humanidad, creemos que sólo un radical salto en los
objetivos y modalidades del desarrollo podrá evitarlo. Ni
el interés burgués, ni el interés
burocrático harán nada por lograr este salto. Unos
están atrapados en una lógica
que conduce a la destrucción del planeta, los otros en una
lógica en que administrar a los que consumen es suficiente
para justificar su poder de clases.
El furibundo optimismo tecnológico, rayano
en la adoración, de los intelectuales
al servicio del
capital y de
la administración, suele ser contradictorio. Todo parece
ser posible para la técnica, llegar a Marte, clonar seres
humanos, construir computadores inteligentes, vigilar paso a paso
a cada ciudadano, producir armas eficaces que puedan asesinar sin
que el bando atacante sufra ninguna baja. Lo único que
pareciera imposible es usar estas técnicas para construir
una vida digna y de abundancia para todos los seres
humanos.
Tenemos derecho a creer que es perfectamente
posible una economía de abundancia sin depredación,
sin explotación y sin guerras. Todas
las técnicas que hacen falta para esto ya existen. En
particular las que permitirían procesar la
información necesaria para una economía global
descentralizada y autosustentable.
Una sociedad en que el trabajo social se
ha repartido entre todos de tal manera que, gracias al uso
intensivo de la tecnología, sea
posible reducir radicalmente la jornada laboral u
ocuparlo en reconstruir lo que el proceso productivo ha
dañado. En un mundo en que todos tienen que cumplir con
una cuota de trabajo socialmente necesario, la división
social del trabajo no determinaría esencialmente nuestras
vidas. La mayor parte del tiempo sería de trabajo libre.
Ni la propiedad, ni la administración global serían
necesarias. Esto es lo que Marx llamó
comunismo.
Hay dos objeciones clásicas que apoyan esta
idea. Una es que los seres humanos son por naturaleza
egoístas, o que sus impulsos naturales los llevan a desear
el poder, la ventaja, el agrado a costa del menor esfuerzo. Otra
es que el capitalismo
altamente tecnológico, apoyado en su poderoso sistema de
comunicación social y en el uso a gran
escala del endeudamiento, es capaz de mantener indefinidamente a
los ciudadanos atrapados en las expectativas de consumo. O por
egoísmo natural, o por consumismo adoctrinado, los
trabajadores preferirían no poner en peligro, en lo
sustancial, el sistema injusto en que viven. Y si lo hicieran,
tarde o temprano resurgirían el afán de poder, o la
avaricia natural.
Lo que para la izquierda clásica era
evidente, es decir, que todo hombre
consciente, ilustrado, de buena voluntad, al que se le explicaran
los antecedentes, terminaría por asumir una postura moral
a favor de toda la humanidad, ya no lo es.
La dominación altamente tecnológica
se dirige más bien a las bases desde las cuales la
consciencia se construye. Invadiendo el ámbito de la
socialización primaria, totalizando el
tiempo de descanso en torno a la
industria del espectáculo, manteniendo el monopolio de
los medios de
comunicación más masivos y intensos, la
dominación actual no necesita ilustrar, o educar, una
consciencia conformista o resignada, es capaz de arraigar el
conformismo y la resignación en las estructuras
psíquicas más profundas.
Para mantener las expectativas que hacen que los
ciudadanos acepten endeudarse, sobre explotarse, vivir con
estrés,
vivir en la incertidumbre y en el temor permanente a quedar sin
trabajo, se debe prometer mucho. Se debe mantener una perspectiva
en que el cumplimiento de las cuotas y el sacrificio que conlleva
el esfuerzo cotidiano, sean recompensados suficientemente. Nadie
niega que su trabajo es agobiante, que vive en permanente
tensión. Lo que se alega, en cambio, es que esos esfuerzos
tengan sentido. Las vacaciones, los objetos de consumo cotidiano,
la casa propia, la educación de los
hijos, la posibilidad de pequeños escapes y desahogos,
como ver la
televisión en familia, como
salir en auto los fines de semana, son mostrados por muchas
personas aparentemente razonables como resultados razonablemente
compensadores de sus esfuerzos.
Sostengo que efectivamente hay contradicciones
internas al sistema de consumo masivo. La contradicción
central, de la que derivan todas las otras, es la diferencia
creciente entre lo que el sistema promete y lo que es capaz de
dar. Por un lado se consume y se busca en el consumo un mundo de
reconocimiento y humanidad posible, por otro lo que se obtiene es
un mundo dividido, violento, en guerra, donde impera la
incertidumbre y la frustración.
Otra manera de plantear esto mismo es observar la
contradicción que hay entre el mejoramiento local, a nivel
de las familias, de los estándares de vida, y el
empeoramiento global de la calidad de
vida, a nivel de la ciudad, de cada país, del entorno
natural en el planeta. Para los trabajadores que están
efectivamente integrados al sistema de la producción
altamente tecnológica cada día se puede vivir mejor
en un mundo en que a la vez cada día vale menos la pena
vivir. Y este empeoramiento de la calidad de vida
infiltra y descompone el agrado que pueda significar el consumo
cotidiano. Las calles llenas de autos, el
encarecimiento de los servicios educacionales y de salud,
paralelo a la compulsión por la salud y la educación, los
alimentos poco
confiables, las ciudades contaminadas, la inseguridad
ante la amenaza constante de los más pobres, que buscan
sobrevivir y a la vez desahogar sus iras acumuladas.
Hay que ir más allá de la inercia de
la resignación y el escepticismo. Hay que darle el vuelo
de un gran horizonte. Grandes cosas, importantes, nobles, de gran
aliento. Eso es lo que debe estar en el centro de nuestra lucha.
Las personas comunes y corrientes pueden entender perfectamente
cuando se les habla de la felicidad. Los trabajadores, los
más pobres, los ancianos, los niños. Hay que hablar
al corazón y los anhelos más profundos. Que la
política basada en las pequeñas transacciones quede
para los que viven de usufructuar de la
política.
Declaración de Panamá condena
terrorismo y narcotráfico internacional
Jul 29, 2005, 23:05 UTC
CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá – Los jefes de
Estado y/o Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), reunidos este jueves y viernes en Panamá,
expresaron su condena a los actos de terrorismo en todas sus
formas y su compromiso de lograr un Caribe libre del flagelo de
las drogas ilícitas a través de la
cooperación internacional.
En la Declaración de Panamá, firmada por
los representantes de los 25 países miembros de la AEC que
asisten a esta reunión, se reafirma el compromiso de los
Estados de la región con la democracia y
la necesidad de adoptar medidas individuales y conjuntas para
prevenir, detectar y sancionar la corrupción en los
ámbitos públicos y privados.
Igualmente, reiteran su respeto a los principios de
soberanía, integridad territorial y de no
intervención, así como el derecho de cada pueblo de
construir en paz, estabilidad y justicia su propio sistema
político, por lo que instan al gobierno de Estados
Unidos a que ponga fin al bloqueo económico, comercial y
financiero contra Cuba.
El documento registra el compromiso de la
organización caribeña de trabajar hacia la promoción del restablecimiento, el
desarrollo económico y el progreso social de Haití
y hace un llamado a la comunidad internacional para que la apoye
en esta causa.
Acordaron también que las políticas de
Estado en sus distintos ámbitos deberán buscar
eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para
lograr un amplio compromiso con su acceso e igualdad de
oportunidades en las distintas esferas de la sociedad.
Sobre el tema del hambre, la desnutrición y el desarrollo social
en el Gran Caribe, los firmantes reconocieron el apoyo prestado
por la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos de las
Naciones Unidas en el análisis integral de este problema e
invitaron a esta entidad a crear, en coordinación con la
AEC, una red entre gobiernos que permita eliminar progresivamente
este flagelo durante la próxima década.
De igual modo expresan su preocupación por la
amenaza que representa en el área caribeña la
pandemia del VIH/SIDA, motivo por el cual se comprometen a
desarrollar una estrategia intersectorial para cooperar con otros
órganos regionales intergubernamentales y combatir tan
grave enfermedad.
Rechazan, asimismo, la utilización continua del mar Caribe
para el tránsito y trasbordo de material nuclear y de
desechos tóxicos y exhortan a los países que los
producen a que implementen, de manera urgente, las medidas
pertinentes para establecer plantas de reprocesamiento que
pondrían fin a las necesidades de transportarlos de un
lugar a otro.
En otros puntos del documento la AEC acoge la propuesta
de Venezuela
-presentada en 2004 dentro del marco del Banco de Desarrollo del
Caribe- sobre la creación de un Fondo de Ayuda frente a
Huracanes y respaldan las iniciativas en el organismo para
establecer programas de turismo e incrementar el
número de visitantes a la zona, en conformidad con el
concepto de
sostenibilidad.
Finalmente, reconocieron los esfuerzos del gobierno de
Trinidad y Tobago para el establecimiento del fondo de
estabilización petrolera, un programa de subvenciones
establecido en el 2004, y los esfuerzos de Venezuela para
cooperar con los países del área del Caribe en el
tema del combustible, a fin de afrontar las dificultades
ocasionadas por el incremento de los precios del
petróleo.
Domingo Peña Nina
Claridania Rodríguez B.
Rosa Lozada
Septiembre 2005
Santo Domingo, D.N.