Las misiones (página 2)

Aspectos Constitucionales en
los que se Sustenta La Misión

Preámbulo: Con el refundamiento de la
República se pretende establecer una sociedad
democrática, participativa y protagónica, en un
Estado de
justicia,
donde se asegure el derecho a la vida, el trabajo, la
cultura y
la
educación; sin discriminación ni
subordinación.

En el artículo 2 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela se
considera que esta es un Estado democrático y social de
derechos y de
justicia, que propugna como valores
superiores de su ordenamiento jurídico y de su
actuación, la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la
solidaridad, la
democracia, la
responsabilidad social, y en general la
preeminencia de los derechos humanos,
la ética y
el pluralismo político.

En el artículo 102 se hace referencia,
entre otros aspectos, a que la Educación es un
derecho humano y un deber social fundamental, es
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado
asumirá la Educación como función
indeclinable en todos sus niveles y modalidades y como
instrumento del conocimiento
científico, humanístico y tecnológico al
servicio de la
sociedad.

En el artículo 103 se plantea que toda
persona tiene
derecho a una educación de calidad sin
discriminaciones. La misma es obligatoria a todos los niveles
hasta el pre-grado. El Estado dispondrá los recursos
necesarios para hacer realidad el acceso, permanencia y
culminación de los estudios.

El artículo 104 se establece que la
educación estará a cargo de personas de reconocida
moralidad y de
comprobada idoneidad académica, estimulando su
actualización permanente, estabilidad en la carrera
docente y un régimen de trabajo que le
garantice un nivel de vida acorde a su misión.

La Misión Ribas es un programa
educativo alternativo que proporciona la oportunidad de continuar
los estudios de bachillerato, mediante un régimen
especialmente adecuado a la condición de adulto y a las
exigencias de responsabilidad, autonomía, ritmo de
desarrollo y
necesidades personales de superación con visión
social en el colectivo.

En tal sentido y partiendo del hecho de concebir "la
educación como el principio articulador del desarrollo con
equidad
social, y habida cuenta de que los esfuerzos realizados en
materia de
acceso a la educación media han resultado
insuficientes,…" el Estado venezolano se ha visto obligado
a "asumir medidas que garanticen la justicia social como lo
ordena la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela" creando la Comisión Presidencial
Misión Ribas el 16 de octubre de 2003, mediante el Decreto
2.656

Objetivos

1. Incorporar a la población excluida al Sistema de
   Educación Formal Básica –
   Diversificada.
2. Lograr que todos los venezolanos y venezolanas sean
   bachilleres, impulsando así, un nuevo proyecto
   educativo nacional, que en forma sistemática
   coadyuvará de manera contundente a la
   transformación del país.
3. Democratizar la educación dentro de un marco
   de integración nacional, garantizando el
   acceso a un sistema
   educativo de calidad para todos los
   venezolanos.
4. Proporcionar a la población venezolana acceso
   y participación a un sistema educativo sin
   exclusión y de calidad, que facilite su
   incorporación al aparato productivo nacional y al
   sistema de educación superior, mejorando su calidad de
   vida a corto y mediano plazo.

Componente Comunitario y
Sociolaboral.

El componente comunitario y sociolaboral tiene como
finalidad formar ciudadanos (as) preparados en formular, ejecutar
y evaluar proyectos
comunitarios y sociolaborales en el marco de las políticas
públicas e impulsar la economía social
solidaria para la concreción de los fines de la
República, en su desempeño como promotores(as) del
desarrollo endógeno soberano y sustentable en, con, por y
para la comunidad.

Este enfoque trasciende de los proyectos de
investigación del nivel de educación media
diversificada y profesional de la escuela formal:
es decir, no se limita e una asignatura, tesis,
monografía, exposición, como simple simulación
de la realidad o ejercicio superficial en el papel. No es
capacitación para trabajar o depender de
otros, sino para producir, generar y resolver problemas,
para así transformar la realidad aplicando los
conocimientos en beneficio individual y colectivo.

Para afrontar este reto la Misión Ribas crea la
asamblea comunitaria bolivariana el cual es un espacio
indispensable en la toma de
decisiones para el desarrollo del componente comunitario
sociolaboral a lo largo de todo el proceso, donde
ésta se centre en el debate,
argumento, búsqueda de consenso para llegar a acuerdos; en
donde se pongan en práctica los principios del
ideario bolivariano. En este espacio todos se organizan en
diferentes momentos para avanzar en la investigación o indagación del
contexto local, formular proyectos que surjan de esa
investigación para transformar verdaderamente la realidad;
practicar permanentemente la
organización comunitaria que les fortalezca en
salud, alimentación,
ambiente,
cultura, deporte, recreación, vivienda y sustento
económico a través de cooperativas,
empresas
familiares o comunitarias.

Componente de
Orientación Laboral y
Empleo.

Este componente tiene como propósito orientar y
facilitar en la concreción laboral y empleo, brinda la
orientación necesaria, los conocimientos técnicos
teóricos y prácticos para el desarrollo de
actividades productivas, constitución de cooperativas de
producción y|o de servicios que
satisfagan necesidades humanas en el desarrollo endógeno
soberano y sustentable, gestión
para la adquisición de recursos y financiamiento
a través de los organismos e instituciones
destinadas a tal fin, ejecución de proyectos, control y
seguimiento de los mismos, entre otros. Todos los proyectos de la
Misión Ribas deben estar articulados con el resto de las
Misiones y programas que
desarrolla el gobierno, tales
como: Misión "vuelvan Caras", Misión Zamora,
conjuntamente con el Ministerio de Economía Popular los
cuales favorecen, entre otros ministerios el
desarrollo de los núcleos endógenos, todos bajo la
perspectiva de la asistencia social y la economía para la
superación de la pobreza, hacia
la autodeterminación del pueblo.

Misión Sucre

El Plan
Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, denominado
"Misión Sucre", es una iniciativa del Estado Venezolano y
del Gobierno Bolivariano que tiene por objeto potenciar la
sinergia
institucional y la participación comunitaria, para
garantizar el acceso a la educación universitaria a todos
los bachilleres sin cupo y transformar la condición de
excluidos del subsistema de educación
superior.

En esta Misión se conjuga una visión de
justicia social, con el carácter estratégico de la
educación superior para el desarrollo
humano integral sustentable, la soberanía nacional y la construcción de una sociedad
democrática y participativa, para lo cual es indispensable
garantizar la participación de la sociedad toda en la
generación, transformación, difusión y
aprovechamiento creativo de los saberes y haceres.

En las últimas décadas del siglo pasado,
el Estado fue reduciendo progresivamente sus responsabilidades en
materia educativa y específicamente en lo que se refiere
al nivel de educación superior. De hecho, la inversión realizada en educación
superior en Venezuela desde 1989 hasta 1998, evidenció una
tendencia descendente, afectada por la propensión a
realizar recortes presupuestarios en todos los sectores del
ámbito social y, en especial, como una estrategia para
construir la viabilidad del proyecto de privatización de la educación
superior.

Esto trajo como consecuencia una amplia deuda social
acumulada, pues la matrícula universitaria sufrió
un estancamiento, favoreciendo la exclusión de los
estudiantes provenientes de los sectores más
pobres.

En efecto, diversos estudios concuerdan en afirmar que
el ingreso a la educación superior favoreció a los
sectores con mayores ingresos, a la
población de las grandes ciudades y a los estudiantes
provenientes de planteles privados. A la par de este
fenómeno, la educación superior de gestión
oficial disminuyó sensiblemente su participación en
favor de la educación de gestión
privada.

Desde 1999, el Gobierno Bolivariano ha dedicado sus
mejores esfuerzos a fortalecer todo el sistema educativo
venezolano y hacer realidad el ejercicio de la educación
como derecho humano, para lo cual ha sido indispensable rescatar
la iniciativa del Estado como garante de oportunidades educativas
de calidad para todos, tal y como lo señala el
artículo 102 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, que
refiere:

"La educación es un derecho humano y un
deber social fundamental, es democrática, gratuita y
obligatoria. El Estado la asumirá como función
indeclinable y de máximo interés
en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del
conocimiento
científico, humanístico y tecnológico al
servicio de la sociedad…"

La prioridad otorgada a la educación como proceso
fundamental para el cumplimiento de los fines esenciales de la
defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su
dignidad, la
promoción de la prosperidad y bienestar del
pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios,
derechos y deberes reconocidos y consagrados en la
Constitución.

Con respecto al acceso a la educación superior,
el Gobierno Nacional ha logrado la expansión de la
matrícula de los Institutos y Colegios Universitarios y en
buena parte de las Universidades Nacionales Experimentales, en
una labor conjunta con las autoridades y las comunidades de estas
instituciones.

Además, desde 1999 se han creado cinco nuevas
universidades, a saber: la Universidad
Nacional Experimental de Yaracuy (creada por decreto en el
gobierno de Rafael Caldera y abierta en la gestión del
presidente Chávez); la Universidad Marítima del
Caribe; la Universidad Nacional Experimental Politécnica
de la Fuerza Armada;
la Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago y la
Universidad Bolivariana de Venezuela (punta de lanza de la
Misión Sucre). Igualmente, se han creado cuatro nuevos
Institutos Universitarios de Tecnología, como son:
el IUT del Estado Bolívar,
el IUT del Estado Apure, el IUT del Estado Barinas y el IUT en la
Fría, Estado Táchira.

Estas instituciones son nuevas oportunidades de estudio
para el gran número de bachilleres que egresan de la
educación media, y además responden a la necesidad
de transformar el sistema de educación superior, en
términos de cobertura geográfica, en función
de la construcción del Equilibrio
Territorial diseñado en los lineamientos del Plan
Económico y Social de Desarrollo 2001-2007.

Estos ejemplos son una muestra de la
decisión y de la acción
estratégica del Estado para cancelar y superar la deuda
social y garantizar el acceso a la educación superior de
todas y todos. Sin embargo, este esfuerzo resulta aún
insuficiente, toda vez que la deuda social acumulada es de
enormes proporciones. Existe un aproximado de más de
500.000 bachilleres excluidos del sistema de educación
superior.

Objetivos

Objetivos Generales

2. Facilitar la incorporación y
   prosecución de estudios en la educación superior
   de todos los bachilleres y bachilleras que, a pesar de sus
   legítimas aspiraciones y plenos derechos, no han sido
   admitidos o admitidas en ninguna institución de
   educación superior oficial, e incrementar el nivel
   educativo de la población venezolana.
3. Promover la reflexión, discusión,
   concepción e implantación de un nuevo modelo
   educativo universitario, con base en los imperativos de la
   democracia participativa y protagónica, el diálogo con los actores involucrados
   teniendo como referencia fundamental el proceso
   histórico, social, político y económico
   que vivimos.

Objetivos Específicos

2. Cuantificar y caracterizar la población de
   bachilleres que no han podido acceder a la
   Educación
3. Diseñar e implantar un Programa de
   Iniciación Universitaria (PIU), que favorezca el
   tránsito de los bachilleres a la educación
   superior.
4. Aumentar la matricula en las instituciones de
   educación superior (IES).
5. Conformar una Red, con todas
   aquellas instituciones y organizaciones
   que puedan cooperar de manera sustantiva en el desarrollo y
   consolidación de la Misión Sucre.
6. Desarrollar currículos que contribuyan e
   impulsen el Proyecto de Desarrollo Nacional
   endógeno
7. Propiciar el desarrollo de un curriculum
   abierto, flexible, dinámico e innovador que permita
   desarrollar e innovar planes y programas de estudio,
   metodologías y recursos para el aprendizaje,
   y que prevea la implementación de modalidades de
   formación como: la presencial, la semipresencial, la
   educación
   a distancia, la no convencional, y la acreditación
   de experiencias, entre otras.
8. Promover estrategias de
   transformación del sistema de educación superior,
   con base en el desarrollo endógeno y sostenible, que
   impacten en lo local, lo regional y lo nacional, que
   simultáneamente corrijan todas aquellas anomalías
   y desaciertos que han venido caracterizando a este sector
   educativo (admisión, sesgo social, deserción,
   calidad de la enseñanza etc.).

Metas:

• Habilitar 6.000 espacios (aulas) aptos para la
  actividad académica en todo el territorio nacional, para
  la incorporación de 300.000 nuevos bachilleres al
  Programa de Iniciación Universitaria.
• Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa
  de Iniciación Universitaria, en el mes de Marzo de
  2004.
• Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa
  de Iniciación Universitaria, en el mes de Junio de
  2004.
• Incorporar 100.000 bachilleres sin cupo al Programa
  de Iniciación Universitaria, en el mes de Septiembre de
  2004.
• Incorporación de la primera cohorte de 100.000
  bachilleres que cursaron el PIU a los programas
  académicos de grado antes del mes de julio del
  2004.
• Incorporación de la segunda cohorte de 100.000
  bachilleres que cursaron el PIU a los programas
  académicos de grado antes de diciembre de
  2004.

Visión e impacto
esperado de la Misión Sucre

La Misión Sucre pretende:

• El desarrollo de competencias y
  actitudes
  para el ejercicio pleno de una ciudadanía responsable; comprometida con
  los problemas, necesidades y exigencias del
  país.
• La elevación del nivel educativo del
  venezolano y su acceso a la formación integral y a lo
  largo de toda la vida, como forma de empoderamiento de la
  población que le permite ganar y abrir nuevas opciones
  de crecimiento personal y de
  participación social, económica, cultural y
  política
• La disminución de las desigualdades sociales
  en el área educativa, y su impacto favorable en la
  disminución de las brechas de desigualdad en otras
  áreas.
• El fortalecimiento de las capacidades nacionales,
  regionales y locales para la producción económica
  con sentido social y responsabilidad ambiental; para la
  garantía de los derechos a la participación, la
  libre expresión, la salud, la educación y, en
  general, a una vida digna; para la gestión social
  participativa y la gobernabilidad; para la comprensión
  del país, sus regiones y localidades en su diversidad;
  para la conservación, rescate y enriquecimiento de
  nuestro patrimonio
  cultural y ambiental; así como para nuestra
  participación en el mundo desde una posición de
  soberanía nacional, integración latinoamericana y
  caribeña, defensa de la paz y solidaridad entre los
  pueblos.

Por tanto, al masificar la educación superior a
través de la desconcentración del sistema y la
creación de nuevas modalidades, alternativas y
oportunidades de estudio en todo el territorio nacional se
generará un gran impacto, que en términos generales
puede delimitarse de la siguiente manera:

En el plano personal: la
incorporación a los estudios superiores de cada uno de los
participantes está asociada a la adquisición de
nuevos conocimientos y la participación en la cultura, a
la ampliación de horizontes y al desarrollo
personal, al conocimiento de nuevas personas, el
reconocimiento de sí mismo y el encuentro humano; a la
valoración positiva de la familia y
la generación de referentes para las nuevas generaciones,
al desarrollo de capacidades para pensarse y repensarse a
sí mismo y a su entorno, para idear y realizar proyectos y
ser útil a los demás.

La incorporación de la educación superior
al ámbito local y cotidiano, deberá fortalecer las
relaciones de solidaridad de la comunidad y la capacidad
protectora de la familia;
fortalecer actitudes positivas para la convivencia, desarrollar
capacidades para la organización y la acción colectiva,
incidir favorablemente sobre otros procesos
educativos; impactar positivamente en la salud y actuar como
factor preventivo en relación al riesgo
social.

En el plano social: las relaciones que se
establecen desde el empoderamiento (derivado del acceso al
conocimiento) de la persona sobre sus potencialidades y
fortalezas, le permite unirse con otros para el logro de objetivos
colectivos en diferentes ámbitos.

En el plano político: el incremento
del nivel educativo fomenta la participación y el
ejercicio de los derechos ciudadanos, así como mayor
participación en los servicios sociales, a la vez, que
permite la creación de una nueva cultura política y
de los nuevos ciudadanos republicanos.

En el plano económico: el acceso al
conocimiento abre oportunidades para actividades productivas
más allá del empleo, la creación y
recreación de formas de vida y relaciones productivas
desde la solidaridad y el cooperativismo, formas asociativas de distinta
naturaleza en
donde las ganancias generadas por la fuerza de trabajo sean
distribuidas de forma justa entre los trabajadores.

En el plano transectorial: la estructura de
las Misiones Sucre, Robinson y Ribas desarrolladas por el Estado
durante el año 2003, intenta dar mayor flexibilidad y
efectividad a la acción del Estado, impulsando la
transectorialidad y la capacidad de reorganizarse conforme a las
necesidades y prioridades nacionales, para dar respuesta a los
nuevos retos de participación e inclusión que se
establecen en las disposiciones constitucionales y el plan de
desarrollo de la nueva república.

Razones que justifican la
creación de la Misión Sucre

Los sistemas de
selección y admisión: El
sistema de selección y admisión que se aplica a los
estudiantes que aspiran a ingresar a la Educación Superior
ha sufrido, casi desde sus inicios, el cuestionamiento de
diferentes sectores de la comunidad académica.
Básicamente el sistema de selección se comparte
entre los procedimientos
aplicados por la Oficina de
Planificación del Sector Universitario
(OPSU), que combina los resultados de las calificaciones de
Educación Media (Promedio del Bachillerato) con los de la
prueba de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y
Matemático) en un índice que los integra,
denominado Índice Académico; y el utilizado por las
universidades que, fundamentalmente, está constituido por
las llamadas Pruebas
Internas, las cuales combinan exámenes de aptitud con las
de conocimientos específicos, según la naturaleza e
interés del área o disciplina
correspondiente .

El aspecto que más se ha cuestionado es la
discriminación social que el procedimiento
establece entre los aspirantes, evidenciándose que los
resultados de las pruebas tienden a favorecer a los estudiantes
de mayores recursos socioeconómicos, característica
que es válida tanto en el sistema nacional de
admisión, como en el de las pruebas internas de las
universidades, aunque más acentuadamente en este
último.

La exclusión en la educación
superior: Si se realiza una breve revisión
histórica y social sobre el problema de la
exclusión de la educación superior, se encuentra
que a partir de los años 80 la composición social
de los bachilleres que ingresan a las universidades
públicas, se conforma cada vez y en mayor medida por
ciudadanos provenientes de los sectores medios y altos
de la población, mientras que pocos de los bachilleres
pertenecientes a los sectores menos favorecidos de la
población logran integrarse al sistema de educación
superior. Tendencia que contraviene el sentido de
promoción social que ha de tener la educación y
facilita el incremento de las brechas de inequidad que existen en
nuestro tejido social.

La exclusión de la educación superior debe
ser entendida considerando la totalidad de planos que afecta. La
exclusión no sólo significa una disminución
de posibilidades educativas sino que incide en las perspectivas
de futuro de la población.

Parafraseando a Bastidas y otros (1999), la
exclusión educativa significa una dificultad para acceder
a experiencias y relaciones que pueden encontrarse asociadas al
fracaso y suele imponer límites al
desarrollo de habilidades cognitivas, de competencias
comunicacionales en contextos diferentes al familiar y
comunitario y al acceso a informaciones, técnicas y
conocimientos.

Dificulta también el acceso a nuevos escenarios
para la formación permanente y restringe las posibilidades
de empleo. Vistos la educación y el
conocimiento como factores estratégicos para el
desarrollo integral sustentable, la exclusión no es
solamente un problema individual o familiar, sino que afecta
negativamente sobre toda la nación.
Afecta la cohesión social y grupal, porque cercena los
espacios de aprendizaje como
espacio público, donde eventualmente pueden cohabitar los
diversos integrantes de las comunidades e incluso de distintas
colectividades. Obstaculiza la base común de conocimientos
y comunicación que necesita un país
para considerarse nación.

Es un problema político; disminuyendo las
posibilidades de participación en las decisiones
públicas, tener influencia sobre los otros y derecho de
palabra para opinar. La exclusión es una fuente de
desequilibrio en el acceso al poder,
aislando aún más a los pobres.

La exclusión en la educación superior
pareciera tener una de sus causas en las fórmulas internas
que han producido las propias instituciones, a las cuales ya
hemos hecho referencia. Un estudio efectuado por OPSU indica
cómo ha sido la evolución del ingreso al sistema entre los
años 1998 y 2000. El número de aspirantes, los
asignados por OPSU-CNU y las cifras de nuevos inscritos en tales
años se presentan en el cuadro 3.

Cuadro 3: Demanda total,
asignados CNU-OPSU y nuevos inscritos en la educación
superior, 1998-2000

En el cuadro anterior se observa como, a pesar del
incremento de los asignados por la vía CNU-OPSU, la
proporción representa en el mejor de los casos el 13% del
total de estudiantes que ingresan a la educación superior.
Aunado a ello, las cifras de personas que no ingresan a la
educación superior ronda números entre setenta mil
trescientos cincuenta y seis (70.356) y cincuenta y cuatro mil
quinientos veinte (54.520). En otras palabras, se ha excluido a
más de ciento noventa y un mil aspirantes sumando los tres
años. Ello, sin contar a quienes desisten aún antes
de inscribirse para la Prueba Nacional de Aptitud
Académica, al evaluar negativamente sus posibilidades de
ingreso.

Sin embargo, el énfasis debe ser puesto en el
índice de exclusión. Es muy importante tomar en
cuenta que diecinueve (19) de cada cien aspirantes se vieron
excluidos de la educación superior en el año 2000,
veintitrés (23) en 1999 y veintisiete (27) en
1998.

Si bien la tendencia es al descenso, estos datos indican dos
cosas: las cifras de estudiantes sin cupo representan casi la
cuarta parte de la demanda; y cuando se analizan estos
números se entiende que el Proceso Nacional de
Admisión administra un bajo porcentaje de los cupos
totales de educación superior, aun cuando es el mecanismo
que resulta menos excluyente.

Cuadro 4: Comparación de la demanda
estudiantil satisfecha por las universidades públicas
clasificada por nivel socioeconómico y expresada
porcentualmente en los años 1984 y 1998.

El cuadro 4, brinda una mejor panorámica de
cómo las universidades públicas a través del
tiempo han
reducido su capacidad de ingreso para los sectores más
pobres de la sociedad. La clase obrera,
ha reducido sus números de ingreso a poco más de la
mitad y a menos de la tercera parte respectivamente, entre los
años de 1984 y 1998.

En el cuadro 5, se aprecia la tendencia al descenso que
se mantenía hasta 1998 en los cupos para los bachilleres
que egresaban del sector
público de la educación. Un poco más de
una tercera parte de los cupos en términos porcentuales,
perdió el sector oficial. Paralelamente, los egresados del
sector privado ocuparon casi diez por ciento
más.

Cuadro 5: Comparación de la demanda
estudiantil satisfecha por las universidades públicas
clasificada por dependencia pública o privada del plantel
de proveniencia y expresada porcentualmente en los años
1984 y 1998.

La conclusión que se puede extraer de las cifras
anteriores, es que las instituciones universitarias a
través de sus propios mecanismos permitieron que entre el
año 1984 y 1998 se cambiara un patrón paritario de
ingreso por condición socioeconómica o por
dependencia del plantel, hacia un sistema injusto que privilegia
a los sectores de clase alta y media-alta y a los egresados de
planteles privados. Esta distorsión aparece claramente
asociada a la generalización de los mecanismos internos de
ingreso.

En definitiva se había consolidado en Venezuela,
la tendencia mundial que señala la Declaración
sobre la Educación Superior para el Siglo XXI (UNESCO,
1998):

"Ha sido igualmente una época de mayor
estratificación socioeconómica y de aumento de
las diferencias de oportunidades de enseñanza dentro de
los propios países, incluso en algunos de los más
desarrollados y más ricos".

La nueva orientación de las políticas
sociales del Estado

Durante la década de los 90 la política
social del Estado venezolano fue orientada por el paradigma de
la focalización, en donde se atendían los problemas
coyunturales con programas sociales de impacto restringido en
aquellos grupos
identificados como los más vulnerables, cuyo objetivo
primordial era garantizar que se cubrieran las necesidades
básicas para la subsistencia de la persona. Las
políticas sociales del nuevo Estado venezolano producto del
proceso constituyente, reconocen necesidades sociales más
allá de lo material o de la ubicación del individuo
frente a una línea imaginaria de pobreza. La
construcción del equilibrio social dispuesto en el Plan de
Desarrollo
Económico y Social de la Nación implica una
nueva visión del ciudadano y sus derechos, en donde la
participación protagónica en la toma de decisiones
implica los retos de la transformación y formación.
La construcción de una sociedad más equitativa y
justa, pasa necesariamente por preparar a la población
para el ejercicio de la ciudadanía de forma soberana,
incrementado su nivel educativo.

La función estratégica de la
Educación Superior

La educación superior es un factor
estratégico para la transformación social, la
consolidación de la soberanía nacional y la
construcción de una sociedad mejor. El acceso al
conocimiento y la información, la participación en los
circuitos de
difusión y transformación de los saberes, la
creación intelectual, el desarrollo tecnológico y
su aprovechamiento creativo son claves para el desarrollo humano
integral y sustentable; el reconocimiento, la comprensión
y el conocimiento de nuestra diversidad y potencialidades como
país; la búsqueda de la justicia social, el combate
de la pobreza y de todas las formas de exclusión
social; la consolidación de la participación
protagónica del pueblo venezolano, de la democracia
participativa y de la ciudadanía democrática; la
expansión y la democratización de las capacidades
educativas, científicas, tecnológicas y
económicas de la nación; la seguridad
alimentaria; la conservación y enriquecimiento del
patrimonio cultural; la garantía universal e indivisible
de los derechos humanos; la democratización de la sociedad
internacional; el equilibrio ecológico; la
integración latinoamericana; el fortalecimiento de la
condición humana y los procesos que faciliten la paz, la
comprensión y la colaboración entre los pueblos de
todo el mundo. En cada uno de estos campos la educación
superior tiene compromisos que cumplir y aparece como necesidad
ineludible.

La educación superior no es solamente un asunto
de carreras, títulos y grados. Es centralmente una
instancia de participación en el conocimiento y, siguiendo
a Hopenhayn y Ottone (2000), "un campo que decide":

… la importancia creciente de la innovación y el conocimiento en las
economías hace de la educación no sólo una
inversión con alta tasa de retorno, sino un campo que
decide sobre el destino futuro de personas y sociedades
enteras: o dentro de la revolución de la información, o
fuera; o con acceso a "trabajos inteligentes", o recluidas en
servicios de bajo componente técnico y bajos salarios; o
integradas en redes de
circulación del conocimiento, o desamparadas en la
intemperie del analfabetismo cibernético.

No en balde, la UNESCO (1998) apunta que sin el
fortalecimiento de la educación superior ningún
país podrá garantizar un auténtico
desarrollo endógeno y sostenible. Más aún,
ante la complejidad de las problemáticas
contemporáneas, la vertiginosa creación y
difusión de conocimiento y el valor que hoy
en día se otorga a este como ventaja competitiva
aún mayor que la tierra y el
capital.

Justamente, el aceleramiento de los cambios
tecnológicos, políticos, culturales, sociales y
éticos ha puesto de relieve la
necesidad de la educación a lo largo de toda la vida y,
para ésta la educación superior ha sido considerada
una plataforma privilegiada.

Pues a esta le toca generar procesos de aprendizaje
abierto y permanente, tanto como abrir puertas para que tales
aprendizajes tengan lugar.

Se trata de que la educación superior se
constituya como un espacio abierto al aprendizaje permanente y,
por tanto propicie oportunidades de formación
múltiples y flexibles, en cuanto a sus modalidades,
contenidos, trayectorias y poblaciones a las que van dirigidas,
atendiendo a las distintas necesidades de formación; que
brinde posibilidades para entrar, salir y reingresar
fácilmente del sistema y esté abierta a toda
persona que haya finalizado satisfactoriamente la
educación media, sin distinción de edad.

Por todas estas razones, se presenta como urgencia
nacional la necesaria implementación de un sistema
equitativo de ingreso a la educación superior, donde se
hable de acceso en vez de selección, donde se universalice
la oferta
académica en los municipios, se creen nuevas modalidades
de estudios y se flexibilicen los currículum y se
reconozcan las competencias de las personas, es decir, lograr una
real transformación universitaria que beneficie a todos en
igualdad de condiciones.

La educación universitaria está en la
responsabilidad de ser una manifestación de la democracia
educacional participativa, la cual exige: garantizar el acceso a
la educación superior de los egresados de la
educación media, sin más limitaciones que sus
aspiraciones, capacidades y vocaciones; y permitir que los
estudiantes que a ella acceden alcancen logros significativos en
su empeño por formarse y profesionalizarse.

Ello requiere que la educación superior
venezolana en un tiempo perentorio asuma el reacomodo, reforma,
cambio y/o
transformación de sus estructuras y
procedimientos académicos y administrativos, que hagan
propicio el cabal cumplimiento de su misión
social.

La revisión o cambio que debe realizarse en la
educación universitaria debe conducir a transformaciones
profundas en la concepción de lo académico, de lo
administrativo, de lo financiero, a un rediseño del modelo
de relaciones entre y con los estamentos profesorales,
estudiantiles, administrativos y de servicios, que le permitan y
favorezcan un nuevo plano de interrelaciones y vinculaciones
entre ellos, con la comunidad, con el Estado, con el aparato
productivo y otras instituciones nacionales e
internacionales.

ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LAS
MISIONES

La prioridad que representan las misiones como un
innovador tipo de política educativa, es facilitar el
acceso a la educación, creando una expansiva oferta
educacional dirigida, por un lado a combatir el analfabetismo y,
por otro, a aumentar la capacidad productiva de la fuerza
laboral; concentrándose básicamente en la
"cantidad", es decir, en aumentar la entrada a la
enseñanza y escolarizar la mayor cantidad de
población.

Con este propósito el Estado ha incrementado
significativamente las inversiones en
educación, creando un sistema educativo paralelo, el cual
por la vía ordinaria cuenta con los recursos previstos en
la Partida del Programa Social Especial que se creó en el
Ministerio de Finanzas para
atender esos planes y Petróleos de Venezuela en su
presupuesto
estableció un fideicomiso a
fin de cubrir el gasto de las misiones, pero debido a los niveles
de ejecución, el gobierno solicita créditos adicionales para atender los
requerimientos de esos planes especiales.

Los cambios de la política educativa del Estado
originados por las misiones, cuya función principal es la
incorporación de toda la población a la
educación utilizando estrategias distintas a las
tradicionales, recurre a instituciones fuera del sistema o que su
labor principal no es la asignada.

Así se tiene que Misión Robinson es
liderizada por el INCE, Misión Ribas se le asigna a PDVSA
apoyada por CADAFE en lo que corresponde a los roles esenciales
de liderazgo y
ejecución y Misión Sucre, destinada a universalizar
la educación superior resulta ambigua pues a veces corre a
cargo del Ministerio de Educación Superior, otras a una
Comisión Especial y en oportunidades a la Universidad
Bolivariana de Venezuela, para así garantizar la
concreción de las aspiraciones.

Las Misiones se presentan como una buena opción
para adquirir un Título con bajo costo, e incluso
se puede obtener una beca o prebenda que aumenta el atractivo de
las mismas, para así convencer a la población de
que éstas dan lo que otros gobiernos le han negado. Son
una tarea con un alto contenido de valor, tal cual como lo fue en
su momento el Plan Acude, cuya marcada diferencia era que no
recibían pago alguno sus estudiantes.

Si bien estas opciones de estudio, son una bandera de
los alcances positivos del gobierno, las mismas están
conduciendo a un número importante de ciudadanos a una
situación inusitada de tipo viciosa-becaria, ya que estos
se acostumbran a cobrar una cuota mensual por un esfuerzo muy
bajo ya que muchas veces, tanto la exigencia como el tiempo
invertido no son verdaderamente significativos, habituando el
futuro económico de cada ciudadano a ser más
dependientes del gobierno, debido a que cuando se comienza a
regalar beneficios (dinero) la
gente se acostumbra a la dádiva, dado a que si es
regalado, significa que obtienen beneficios a través del
regalo, la lealtad y el contacto político, pervirtiendo
con esto la moral
pública, la capacidad del trabajador, dañando la
conducta
social.

Es menester del gobierno la realización de
estudios de tipo social y económico a fin de garantizar de
manera idónea, que las ayudas que otorga lleguen a los
ciudadanos que realmente las necesiten, las aprovechen y las
merezcan, dado a que en la actualidad existen personas que han
desertado o han sido aplazadas en los estudios que realiza y
aún siguen cobrando la beca asignada, igualmente existen
ciudadanos que asumen con responsabilidad esta segunda
oportunidad que se les está brindando y no la reciben, por
otra parte también existen personas que sin esperar nada a
cambio, realizan sus estudios para alcanzar el sueño de
formarse profesionalmente.

Ahora bien, en opinión del grupo, a pesar
de que las misiones pueden considerarse pertinentes dentro del
sistema educativo actual, las mismas deben tener un fin
perentorio para que no se creen vicios dentro de dicho sistema
por parte de la población.

A su vez se vislumbran una serie inquietudes a generarse
a largo plazo, las cuales se basan en que sucederá a
futuro con los egresados de estas misiones, especialmente de la
Misión Sucre ya que el campo laboral existente es
simplemente insuficiente para satisfacer la demanda de empleos a
solicitarse, lo que generaría por una parte una continua
competencia e
inseguridad en
los puestos de trabajo y por otra estos profesionales
podrían realizar labores no acordes al título
universitario que ostentan, lo que pudiese causar una
decidía laboral.

Igualmente existe la interrogante sobre la calidad de
educación recibida por el estudiante en dichas misiones,
dado a que si bien es cierto, estos estudios son avalados por el
Ministerio de Educación y Deportes y el Ministerio de
Educación Superior, no menos cierto es que en
oportunidades la supervisión dada por estos organismos es
insuficiente, lo que podría ocasionar una ineficacia del
profesional que entrará en el campo laboral.

Por otro lado se encuentra el hecho de lo que
significaría un cambio de gobierno en el cual emerge la
pregunta de qué sucedería con los ciudadanos que se
encontrasen cursando estudios en las diferentes misiones, pues no
existen garantías que avalen la continuidad de los
mismas.

CONCLUSIÓN

El objetivo fundamental de las misiones es brindar
atención educativa a toda aquella
población que por cualquier motivo fue excluida durante
décadas del sistema educativo formal, con frecuencia sin
una planificación concreta, por lo cual se corre el riesgo
de sacrificar la calidad por la cantidad, como es sabido, la
supervisión en estas misiones es muy poco planificada y
por ser una educación paralela no se siguen los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y
Deporte.

Es por ello que se hace necesario conocer a las misiones
más allá de la propaganda
oficial, para poder llegar a un juicio ajustado a su realidad,
para evaluar las estrategias de enseñanza, aprendizaje y
todo lo relacionado con el contenido curricular, la evaluación
y los recursos; se requiere un dominio
estratégico de las misiones para conocer su real y exacta
dimensión.

Es necesario determinar cual va a ser el destino de los
egresados de estas misiones, ya que estas garantizan la
prosecución dentro de ellas mismas, entiéndase,
Robinson, a Ribas y luego Sucre, pero hay que plantearse la
pregunta ¿Ésta población podrá
ingresar al sistema educativo formal?, ¿Podrá
integrarse al mercado labora?,
¿El estado seguirá subsidiando su asistencia a
estas misiones?, ¿Estará el estado en

capacidad de asimilar en su mercado laboral a todos los
egresados de esta novedosa modalidad de
enseñanza?.

Es claro que existe un gran déficit educativo en
nuestro país, que está siendo reforzado por una
gratificación económica. No se conoce si esta
manera de motivación
será llevada a las diversas modalidades y niveles del
sistema educativo venezolano.

Las misiones no se han institucionalizado en el sistema
educativo venezolano hasta ahora, se deben ver como una
solución coyuntural a un problema estructural, pues no se
conoce si lo que hay es un déficit educativo en la
población o un déficit en el mercado laboral, las
misiones deberían establecer metas más concretas
que orienten a la formación de obreros especializados,
técnicos medios, profesionales, que se adapten a la
realidad del país, para que así sean verdaderos
constructores de la sociedad.

Dentro de los requisitos que se exigen para el
desempeño de facilitadores en las misiones Robinsón
y Ribas, mencionan rasgos importantes de personalidad,
capacidad, liderazgo, pero en ningún momento establecen
parámetros académicos, profesionales para conformar
el equipo de facilitadores, lo que pone en tela de juicio la
calidad de instrucción que se imparte en estas
misiones.

BIBLIOGRAFIA

Libros:

Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5453
Extraordinario 24-03-200) ediciones DABOSAN; CA.

Folleto de información General Misión
Ribas fase 1 (Alfabetización). Republica Bolivariana
de Venezuela. Misión Robinsón. Comisión
Presidencial.

Fundamentos Conceptuales de la Misión
Sucre. (2004). Ministerio de Educación Superior.
Fundación Misión Sucre. Versión
Corregida.

CHÁVEZ FRÍAS, Hugo R. (2004).
¿Queremos acabar con la pobreza? Demos poder a los
pobres. (La experiencia de los venezolanos). Naciones
Unidas.

Internet:

www.gobiernoenlinea.ve/miscelaneas/misiones.html

www.ince.gov.ve/concurso/PaginaConcurso/
heroes/EL%20ANIVERSARIO.htm

www.misionrobinson.gov.ve

www.misionribas.gov.ve/mribas

www.misionsucre.gov.ve

ANEXOS

ANEXO A

MISIÓN
ROBINSON I "YO SI PUEDO"

ACUMULADO
DESDE EL 30 DE MAYO 2003

HASTA EL 31
AGOSTO 2005

ANEXO B

MISIÓN
ROBINSON II "YO SI PUEDO SEGUIR"

AL 31 AGOSTO
2005

FUENTE: MISION ROBINSON

ANEXO C

MISIÓN
RIBAS

ACUMULADO
DESDE EL 16 DE OCTUBRE DEL 2003

HASTA EL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2005

FUENTE: SALA SITUACIONAL MISION RIBAS

ANEXO D

MISION
SUCRE

AL 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2005

FUENTE: SALA DE INFORMATICA FUNDACIÓN
MISIÓN SUCRE

Lic. González Ma. Yamilet

Septiembre 2005