- La II Guerra Mundial y la
Posguerra - El régimen de Rojas
Pinilla y la crisis de mitad del siglo XX - El tránsito al Frente
Nacional - Los fundamentos del nuevo
régimen: el plebiscito de 1957 - La lógica del
sistema - Las administraciones
frentenacionalistas - El Estado
contemporáneo - Conclusiones
- Bibliografía
Colombia cuenta con un sistema
político relativamente libre y abierto en el cual
participan un buen número de partidos. Los dos
mayoritarios han sido de manera tradicional el Partido Social
Conservador, favorable a un fortalecimiento del gobierno central
y de la relación estrecha con la Iglesia
católica, y el Partido Liberal, partidario del
fortalecimiento de los gobiernos locales y de la
separación de la Iglesia y el Estado. La
tendencia ideológica reciente del primero se acerca a la
democracia
cristiana europea, mientras que el liberalismo
simpatiza con las corrientes socialdemócratas. Ambos
reconocen en la Iglesia católica una fuerza
institucional importante, en especial para encontrar caminos que
superen la violencia
política y
social de que es víctima la sociedad
colombiana actual.
Entre 1958 y 1974 los liberales y los conservadores
fueron los únicos grupos
políticos legales, debido a una reforma constitucional de
1957 pensada para desactivar el fuerte antagonismo entre ellos.
Bajo este acuerdo, llamado Frente
Nacional, cada partido tenía exactamente la mitad del
número de escaños en cada cámara
legislativa, en el gabinete y en otras dependencias, y la
presidencia se alternaba entre los líderes de los dos
partidos.
1. LA
II GUERRA MUNDIAL Y
LA POSGUERRA
Durante la II Guerra Mundial
Colombia
rompió relaciones diplomáticas en 1941 con Japón,
Alemania e
Italia, y en 1942
con el gobierno de la Francia
ocupada. En 1943 el Senado colombiano declaró la guerra a
Alemania y en junio de 1945 firmó los estatutos de
la
Organización de las Naciones Unidas,
convirtiéndose en uno de los 51 miembros
fundadores.
Durante la época de posguerra se vivió una
de las crisis
políticas más severas, como
resultado directo de la profundización de los antagonismos
entre las facciones liberal y conservadora. El asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán, dirigente del Partido Liberal, el 9
de abril de 1948 en Bogotá, desencadenó un
levantamiento nacional en contra del gobierno conservador
conocido como el Bogotazo, en el que murieron cerca de 1.500
personas y 20.000 más resultaron heridas. Con la ayuda del
Ejército el gobierno controló
la rebelión y se acordó incluir un número
igual de liberales y conservadores en el gabinete.
Sin embargo, durante los siguientes meses la
tensión y la violencia fueron cada vez más
persistentes. Los miembros liberales del gobierno cesaron en sus
cargos después de que se promulgara un decreto
gubernamental prohibiendo manifestaciones y marchas, y el Partido
Liberal retiró a su candidato de las elecciones
presidenciales de 1949, culpando al gobierno de violar la
ley electoral.
Como resultado de esta situación, el candidato conservador
Laureano Gómez ganó las elecciones de noviembre sin
enfrentarse a ninguna oposición. La toma de poder se
llevó a cabo en agosto de 1950.
2. EL RÉGIMEN DE ROJAS PINILLA Y LA
CRISIS DE MITAD DEL SIGLO XX
Entre la elección de Laureano Gómez y su
toma de poder, la lucha política había entrado en
una nueva fase. Varios grupos guerrilleros, entre los que
destacaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas
(FARC) actuaban
en numerosas áreas rurales y urbanas del país. En
respuesta, el gobierno declaró el estado de
sitio y suspendió las sesiones del Congreso en 1950. Poco
después de la toma de poder de Gómez, una
convención del Partido Liberal declaró al gobierno
ilegal, acusándolo de suprimir la libertad de
expresión, de prensa y de
reunión, y prometió continuar con el boicoteo de
las elecciones.
El general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder
mediante golpe de Estado
el 13 de junio de 1953. Este hecho fue resultado de la profunda
crisis de hegemonía que había afectado a los
partidos desde el decenio anterior, cuando las divisiones tanto
en el interior de las dirigencias liberal y conservadora sumieron
al país en una desesperada época de muerte y
persecución. La crisis de hegemonía condujo al
vacío de poder y este, al golpe de Estado como
solución transitoria.
El régimen de Rojas debía ser transitorio
y legitimo. Para ello, los sectores del bipartidismo que apoyaron
explicita o tácitamente el golpe impusieron la
creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta
institución proclamó el mismo día de la toma
del poder que "es legítimo el titulo del actual presidente
de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla,
quien ejercerá el cargo por el resto del período
presidencial en curso". La Asamblea debía velar por la
"constitucionalidad del régimen" en lugar del Congreso,
cerrado desde el final del gobierno de Ospina.
Los objetivos de
la toma del poder eran fundamentalmente dos: primero, arreglar,
mediante un régimen de excepción y transitorio, el
vacío de poder creado por las divisiones de la dirigencia
bipartidista; segundo, acabar con el terror que se vivía
en el campo mediante políticas de pacificación.
Ninguno de los dos objetivos se cumplió en el sentido
inicialmente propuesto.
De una parte, Rojas Pinilla manipuló la Asamblea
Nacional Constituyente para que fuera reelecto para otro
período presidencial. Efectivamente, en 1954, con la
aprobación de la Asamblea, Rojas inició su segundo
período, ahora con la pretensión de separarse del
apoyo bipartidista que lo había llevado al poder en 1953.
Para lograr este propósito, el general formulo un
reordenamiento del país bajo la alianza de los
trabajadores, clases medias y militares, sustentado en principios
católicos tomados de la doctrina social de la Iglesia y en
los ideales bolivaristas.
La constitución de la "Tercera Fuerza", nombre
dado por Rojas a dicha alianza, generó la reacción
de las dirigencias bipartidistas. Ellas vieron con temor el
ascenso de estas fuerzas y emprendieron el arreglo definitivo de
sus diferencias ideológicas y burocráticas. De esta
manera, lo que propició la solución a la crisis de
hegemonía no fue tanto el golpe de Estado, como el temor a
que el régimen instaurado degenerara en una dictadura
populista al estilo de la de Juan Domingo Perón en
Argentina o de la de Getulio Vargas en Brasil.
La política de pacificación impuesta por
el régimen de Rojas no tuvo el éxito
que se esperaba. El terror que se vivía en los campos
terminó, pero la tregua dictada en 1953 no fue cumplida
por el Estado a cabalidad, lo cual motivó a muchos jefes
guerrilleros a retornar a la lucha armada. En 1954 y hasta el
final de la década, la violencia tomo un nuevo rumbo: el
enfrentamiento entre ejército y guerrilleros,
además del apoyo del régimen a la
persecución de sus oponentes.
3. EL TRÁNSITO AL FRENTE
NACIONAL
El temor al que el régimen de Rojas se
convirtiera en dictadura populista y terminara definitivamente
con las posibilidades de restablecer la hegemonía del
bipartidismo, creo las condiciones políticas para que la
dirigencia del liberalismo y la del conservatismo se sentaran de
nuevo a negociar. Alberto Lleras Camargo, líder
indiscutible del liberalismo, y Laureano Gómez, cabeza de
la fracción más importante del conservatismo,
emprendieron una lenta y difícil campaña de
acercamiento.
El principal obstáculo para la unión era
el sector ospinista del conservatismo, que seguía
participando en la Asamblea Nacional Constituyente y se oponia a
perder su papel protagónico en el partido y en la vida
política nacional. Asimismo, los odios partidistas de
años anteriores no desaparecían de un día
para otro y en los campos continuaba la lucha entre guerrilleros,
militares y seguidores del régimen rojista.
Bajo una coyuntura favorable para el encuentro pero
llena de escollos, desde 1956 se emprendió el acercamiento
bipartidista. La primera acción
partió del liberalismo. En carta del 2 de
marzo de 1956, Alfonso López Pumarejo propuso al
Directorio Liberal de Antioquia la conveniencia de una reforma
constitucional que permitiera establecer gabinetes ministeriales
de coalición, de manera que los dos partidos tuvieran que
gobernar en conjunto; además, López sugería
que el próximo presidente fuera conservador con el apoyo
electoral del liberalismo. Esta propuesta abrió camino y
unos meses después, el 24 de julio de 1956, en la población española de Benidorm,
Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez firman una
declaración conjunta de principios.
La declaración de Benidorm examinó la
situación política del país, los problemas
creados por el régimen de Rojas y la necesidad de retornar
al gobierno civil. Para ello, propuso la conveniencia de una
coalición bipartidista cuyo objetivo
inicial fuese derrocar al general Rojas, para luego, poner fin a
la crisis de hegemonía.
La discrepancia con el ospinismo fue resuelta en 1957.
Gracias a las gestiones de los liberales, temeroso de verse
señalado como defensor de lo que entonces se denominaba
"dictadura", Ospina accede a la alianza bipartidista mediante el
"pacto de marzo". Este acuerdo entre la Dirección Nacional Liberal y la
Dirección Conservadora de orientación ospinista,
firmado el 20 de marzo de 1957, reafirmo el rechazo al
régimen de Rojas, propuso un programa de
acción contra la "dictadura" y reafirmo la necesidad de
reformar la Constitución para asegurar el
cogobierno.
La unión de liberales, laureanistas y ospinistas
aceleró el proceso de
oposición a la "dictadura". Esta alianza se
fortaleció con el apoyo del movimiento
estudiantil y de todo el conjunto de gremios económicos,
que constataban con temor el desarrollo del
populismo. Los
estudiantes se pronunciaban contra el régimen por las
medidas represivas que causaron la muerte de
algunos de ellos. Varios paros y marchas se sucedieron en 1957
hasta que, ante la amenaza de un paro general,
Rojas Pinilla renuncio al poder el 10 de mayo de 1957.
El problema inmediato por resolver era cromo
salvaguardar el honor de las fuerzas armadas y, además,
cómo garantizar un régimen de transición que
devolviera el poder al bipartidismo. La solución llego
mediante la formula de una "Junta Militar", que debía
gobernar por el tiempo que le
restaba a Rojas, convocar a elecciones y preparar la reforma
constitucional que se venia discutiendo desde 1956. La Junta
asumió el poder, compuesta por cinco miembros: los
generales Gabriel Paris, Luis Ordóñez, Rafael Navas
Pardo, el mayor general Deogracias Fonseca y el contraalmirante
Rubén Piedrahita, quienes gobernaron hasta el 7 de agosto
de 1958, fecha en que Alberto Lleras Camargo asumió la
presidencia como primer mandatario del Frente
Nacional.
Durante el año de gobierno de la Junta Militar,
las dirigencias de ambos partidos terminaron de dar forma al gran
pacto bipartidista. Primero, en otra población
española, Sitges, el 20 de julio de 1957, Lleras Camargo y
Laureano Gómez firman en otra declaración conjunta
los acuerdos que establecerían el Frente Nacional, con
estas propuestas: reforma constitucional para establecer la
paridad en los ministerios y
en las corporaciones públicas por un período de
doce años, reforma de la carrera administrativa y
convocatoria a un plebiscito como mecanismo de legitimación de dichas reformas.
Segundo, y con base en el Pacto de Sitges, la Junta
Militar emite el Decreto 247 de octubre 4 de 1957, por el cual se
convoca a un plebiscito para el primero de diciembre con el fin
de someter a consulta la reforma constitucional. Tercero, en
noviembre 22 de 1957 se firma el "Pacto de San Carlos", acuerdo
definitivo entre los partidos respecto a la coalición, la
fecha de las próximas elecciones, los mecanismos de
selección del candidato conjunto de los
partidos, el apoyo al plebiscito y a la distribución del gobierno entre ellos.
Finalmente, el primero de Diciembre de 1957 fue aprobada la
reforma constitucional mediante plebiscito, con la
participación de una amplia franja de
colombianos.
4.
LOS FUNDAMENTOS DEL NUEVO RÉGIMEN: EL PLEBISCITO DE
1957
Los colombianos participaron masivamente en el
plebiscito. La votación de diciembre fue la más
grande que ha tenido el país en toda su historia: más de
cuatro millones de ciudadanos dieron un sí a la reforma,
mientras que sólo 200.000 respondieron negativamente a la
consulta. La legitimidad del nuevo régimen era
indiscutible. De esta manera, el país entró en una
etapa histórica.
Mediante el plebiscito los colombianos aprobaron que la
Constitución sería de 1886, con las siguientes
reformas: derechos políticos
plenos para la mujer; paridad
partidista en todas las corporaciones públicas;
determinación de la mayoría, para todos los efectos
legales, por las dos terceras partes de los votantes; libre
nombramiento y remoción por el presidente de los ministros
del despacho, preservando la paridad; derecho al voto para todos
los miembros de las corporaciones públicas, con la
obligación de no participar en las actividades de los
partidos y en las controversias públicas.
También se establecía: la filiación
política no es criterio para nombrar a una persona en un
cargo público de la carrera administrativa, así
como para su destitución o promoción; el gobierno nacional debe
destinar al menos 10% del presupuesto
nacional para el fomento de la educación
pública; la Corte Suprema de Justicia se
integra por el numero de magistrados que determine la ley y sus
cargos se distribuyen entre los partidos, según la
proporción en que estén representados en el
Congreso. Además se preveía que las reformas
constitucionales sólo se tramitaran por el Congreso y se
fijaban las siguientes elecciones para el primer semestre de
1958, de manera que el nuevo presidente se posesionara el 7 de
agosto de dicho año.
5. LA
LÓGICA DEL SISTEMA
El gran pacto bipartidista tuvo como origen la alianza
contra el régimen de Rojas y los pactos entre liberales y
conservadores con el fin de establecer, primero, la paridad
partidista como medida constitucional transitoria y, segundo, la
alternación en la presidencia durante un periodo
transitorio. Este periodo se fijó inicialmente por 12
años, pero luego se extendió a 16 con el fin de
garantizar dos gobiernos liberales y dos conservadores. El
acuerdo debía mantenerse de 1958 a 1974 y así
sucedió.
El sistema
frentenacionalista tuvo como lógica
de su desarrollo dar fin alas persecuciones burocráticas y
a las crisis que por divergencias ideológicas pudieran
surgir. En otras palabras, el acuerdo erigió a los dos
partidos en fuerza suprapartidista, con dominio absoluto
de las instituciones
de gobierno mediante el control electoral en su favor.
Sin embargo, un doble problema se presentó apenas
nacido el Frente Nacional. De una parte, por ser fijada la
mayoría en las dos terceras partes de la votación,
el trámite de las leyes en el
congreso se tornó dificultoso y propició que las
relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se hicieran
frágiles y terreno para agrias disputas. De otra parte, no
todos los sectores políticos apoyaron al Frente Nacional,
lo cual dio paso al surgimiento de movimientos opositores con
representación en el Congreso, lo que hacía
aún más difícil conseguir la mayoría
en las votaciones.
Con el curso de los años esta institución
política tendió a empeorarse. A esto se sumó
la difícil situación económica y social por
la que atravesaba el país. La
solución llegó mediante el fortalecimiento
del "presidencialismo". La batalla planteada entre el Ejecutivo y
el Legislativo la ganó el primero mediante el recurso a la
fórmula del "Estado de Sitio" (Artículo 121 de la
Constitución). De esta manera, la lógica del
sistema frentenacionalista, que pretendía asegurar el
cogobierno, terminó por solidificar el presidencialismo y
reducir el Congreso al simple papel de ratificador de las medidas
presidenciales.
6. LAS ADMINISTRACIONES
FRENTENACIONALISTAS
Alberto Lleras Camargo
(1958-1962) asumió la presidencia como candidato de
la coalición frentenacionalista. Los acuerdos determinaban
que el primer gobernante había de ser un conservador, pero
con las disputas entre laureanistas y ospinistas impidieron
llegar a un acuerdo y de esta manera surgió la candidatura
de Lleras como única fórmula de
solución.
El gobierno de Lleras, que empezó levantando el
estado de sitio, se caracterizó por una hábil
política antisindical y la defensa de los intereses de la
burguesía, en contra de las masas campesinas, lo que
propició la aparición de grupos guerrilleros y
provocó un nuevo estado de sitio. Lleras comenzó su
administración en una difícil
situación económica y social del país. El
déficit fiscal
ocasionado por los gastos del
régimen de Rojas era enorme, al tiempo que la
situación de orden público era intolerable. Lleras
planteó una política de abierto dialogo con los
guerrilleros y de represión al bandolerismo, pero la
oposición lo llevó a desconocer esta diferencia y a
imponer medidas recias de pacificación. La Alianza para el
Progreso, doctrina formulada por el presidente norteamericano
John F. Kennedy, condicionó la ayuda económica a la
lucha anticomunista, fórmula acogida por el gobierno.
Así se pudo implantar medidas desarrollistas para afrontar
la crisis económica. El presidente incentivó las
vías de comunicación, la construcción de centrales eléctricas
y de vivienda popular e impulsó la reforma
agraria al sancionar la ley que creaba el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).
Guillermo León Valencia
(1962-1966), conservador, fue el segundo mandatario de la
coalición frentenacionalista. En la conformación de
su gobierno introdujo la práctica de la
"milimétria": repartición burocrática
estricta y exacta entre los dos partidos. Valencia
continuó con la pacificación de los campos, la que
se llevó a término mediante acciones
militares y "cívico-militares", o de desarrollo de obras en
beneficio de las comunidades bajo control guerrillero. A la
postre se abrió el camino para el nacimiento de las
guerrillas procastristas y marxistas.
Entre otras medidas, el gobierno creó la Junta
Monetaria, máxima autoridad en
esta materia,
introdujo el impuesto a las
ventas,
fortaleció el sistema
educativo, incentivó la explotación petrolera e
incrementó la red vial. Desde el gobierno,
hizo frente a la violencia de las guerrillas y reprimió la
acción de la izquierda y de los movimientos estudiantiles.
Bajo su mandato se tomaron importantes medidas económicas,
educativas y de infraestructura que contribuyeron a modernizar el
país.
Sin embargo, el incremento de la deuda externa fue
el costo de todas
estas actividades, aumentada por la creciente burocracia.
El gobierno de Carlos Lleras Restrepo
(1966-1970) significó el triunfo definitivo del
presidencialismo y la introducción de la tecnocracia como
criterio administrativo para los asuntos económicos y
sociales. Lleras Restrepo propuso y sacó adelante una
reforma constitucional en 1968. Lleras, en disputa abierta con el
Fondo Monetario
Internacional, se negó a introducir los cambios
sugeridos por esta institución y alivió la
difícil situación económica mediante la
supresión progresiva, la introducción de la
retención en la fuente y el fomento a las exportaciones
(PROEXPO).
En otras materias, Lleras creó el Instituto de
Bienestar Familiar, el Instituto de Recursos
Naturales no Renovables, el Instituto Colombiano del Deporte, el Instituto para el
Fomento de la Educación
Superior (ICFES), EL Instituto Colombiano de Cultura y el
Instituto Colombiano de Ciencias;
contrató cuantiosos empréstitos para financiar la
expansión de la red eléctrica y otras urgentes
obras de desarrollo; participó en la creación del
Pacto Andino y
restableció las relaciones diplomáticas con la
Unión Soviética.
Misael Pastrana Borrero (1970-1974) fue el
último mandatario de los cuatro gobiernos de
coalición. Siguiendo el principio de gobernar de acuerdo
con un programa de desarrollo, Pastrana formuló el
"Plan de las
Cuatro Estrategias".
Fortaleció el ahorro urbano
mediante un aumento de los ingresos,
canalizando las actividades hacia la construcción. La
creación del sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo
Constante), según el modelo
brasileño, fue el principal resultado de estas medidas.
Otras obras de gobierno fueron la reforma al concordato, la
modernización del sistema
tributario, fomento de la agroindustria y la fijación
de la mayoría de edad a los 18 años.
7.1 La reforma de 1968
Carlos Lleras Restrepo emprendió desde 1967 la
difícil tarea de reformar la Constitución. Su
propósito era comenzar el desmonte del Frente Nacional y
dar solución a las divergencias que habían surgido
entre el Ejecutivo y el Legislativo en los años
anteriores. La negociación de la reforma fue conflictiva
hasta el punto de una amenaza de renuncia por parte del
presidente. Sin embargo, éste salió adelante y el
régimen presidencialista se consolidó como
fundamento de nuestro sistema político
contemporáneo.
La reforma de 1968 promulgó la abolición
del principio de las dos terceras partes de la votación
como criterio de mayoría, salvo para la reforma
constitucional y para modificar la legislación electoral;
prolongó la paridad hasta 1978, para luego desmontarla,
pero conservado garantías que asegurasen, primero, la
participación "adecuada y equitativa" del partido que
siguiera en votos al del presidente electo y, segundo, la
continuidad de "espíritu de gobierno
compartido".
Además, suprimió la parida en la rama
legislativa y eliminó el requisito de filiación
liberal o conservadora para ingresar en las corporaciones
públicas; impuso el sistema de cuociente electoral,
reglamentó los auxilios parlamentarios y, finalmente,
reformó el régimen departamental. Otro cambio
importante fue la aprobación del Artículo 122 de la
Constitución, por el cual se autorizó al Ejecutivo
a gobernar por decreto en caso de emergencia
económica.
7.2 Las administraciones
postfrentenacionalistas
Bajo los lineamientos de la reforma constitucional de
1968 y la introducción de la planeación
en la
administración, al finalizar Misael Pastrana
Borrero su gobierno se dio comienzo, primero, a un
régimen de transición que permitiera el desmonte
gradual de los mecanismos creados por la coalición de 1958
y, segundo, al periodo postfrentenacionalista propiamente
dicho.
Alfonso López Michelsen
(1974-1978), anteriormente jefe del MRL (Movimiento
Revolucionario Liberal), que se opuso reciamente al Frente
Nacional, llegó a la presidencia como candidato del
Partido Liberal. Durante sus años de gobierno se
inició el desmonte de los mecanismos paritarios
"milimétricos" y llegó a su fin el régimen
de coaliciones bipartidistas. Una gran bonanza en las
exportaciones cafeteras se presentó en esos años,
lo cual produjo una situación paradójica: de una
parte, se dispuso de abundante dinero para
financiar las obras de gobierno y, de otra parte, el exceso de
recursos
disparó la inflación y mermó las condiciones
de vida de amplios sectores de la población.
Durante la administración de López se triplico
el ahorro público, se benefició tributariamente a
los sectores menos favorecidos, se entregaros viviendas a 246.000
familias, las exportaciones tuvieron un notable incremento, el
salario
mínimo aumentó el 200%, se inauguraron 30
hospitales, se invirtieron mas de 15.000 millones de pesos en
salud
pública y 58.000 millones en educación, y la
inversión pública en su conjunto
aumento 61%.
La otra cara de la moneda fue el tímido apoyo a
la reforma agraria, los efectos inflacionarios que provocaros
huelgas y paros, como el nacional de 1977que fue duramente
reprimido, los problemas políticos que impidieron la
reforma a nivel constitucional del régimen departamental y
municipal, el fortalecimiento del movimiento guerrillero y, el
nuevo asunto que presagiaba duras épocas, el nacimiento
del narcotráfico.
El liberalismo continúo en el poder luego de
finalizar López su período presidencial.
Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) asumió
el Ejecutivo en medio de una ola de escepticismo general y
emprendió su tarea de gobierno con un clima
político y social en progresiva
descomposición.
Algunas de las principales obras de gobierno fueron las
reformas en el Instituto de Seguros Sociales,
la creación del departamento de Caquetá, la
interconexión eléctrica con la Costa
Atlántica, el inicio de la explotación de
níquel en Cerro Matoso (Monte
Líbano-Córdoba) y de carbón en el
Cerrejón (La Guajira), la introducción de la
televisión en color, la reforma
de la educación superior y la instalación de la
Comisión Nacional de Valores.
Estas medidas de fomento se vieron enturbiadas por la
situación de orden público. El movimiento
guerrillero había llegado a su punto más alto. Para
hacerle frente Turbay promulgó el "Estatuto de Seguridad",
controvertido mecanismo que hacia depender la estabilidad del
régimen de la fuerza de las armas y
determinaba la represión de cualquier manifestación
en contra de del Estado, por otra parte promulgó una
"amnistía", que reconocía otros mecanismos de
pacificación. Ninguna de las dos medidas dio los
resultados esperados. Turbay tuvo que enfrentar acciones
guerrilleras como el robo masivo de armas del Cantón Norte
de Bogotá y la toma de la embajada de la república
Dominicana por parte del M-19.
Asimismo, el poder y la libertad que
había alcanzado el sistema
financiero desde la época de López Michelsen
produjeron serios problemas para los ahorradores. El
escándalo del "Grupo
Colombia" fue el primer campanazo de una serie que
obligaría a la intervención del sistema financiero
por parte del Estado. Finalmente, el narcotráfico y la
profunda descomposición social a todo nivel alcanzaron
grados más que preocupantes en estos años. Al
finalizar Turbay Ayala su período, el Estado estaba sumido
en una profunda crisis de credibilidad.
La necesidad de restablecer la legitimidad y fortalecer
la administración
pública fue canalizada por Belisario
Betancur (1982-1986), quien gano la presidencia con un
amplio margen electoral sustentado en un liderazgo
suprapartidista. Una vez en el poder, Betancur emprendió
la intervención del sistema financiero y la
nacionalización de los bancos. El
problema guerrillero fue enfrentado inicialmente mediante la
firma de pactos de paz en abril y agosto de 1984. Sin embargo,
las ambigüedades y la oposición de los sectores
dirigentes y militares a los pactos provocaron su fracaso, lo
cual generó una fuerte reacción del movimiento
guerrillero. La toma del Palacio de Justicia fue su momento
culminante. La política
social y económica del presidente se vio restada por
estos hechos, además de la agudización del problema
del narcotráfico. El asesinato del ministro de justicia,
Rodrigo Lara Bonilla, marcó el inicio del enfrentamiento
directo entre el Estado y los grupos de
narcotraficantes.
Virgilio Barco (1986-1990)
reemplazó a Betancur e impuso definitivamente un gobierno
de partido, el liberal. Con esta medida, no totalmente radical,
desapareció por completo el principio frentenacionalista
del cogobierno y de la participación del partido que en
votación siguiera al del presidente electo. Sus
años de gobierno estuvieron marcados por la
cuestión económica, radicada primordialmente en la
deuda externa, la inflación, un alto desempleo, la
crisis de los sectores comerciales e industriales y el profundo
deterioro de las condiciones de vida de los sectores medios y
bajos. Además, la radicalización de la lucha contra
el narcotráfico, la presencia de grupos paramilitares en
el campo y de sicarios en las ciudades, sin contar el crecimiento
de la delincuencia
común, convirtieron el orden público en el mayor
problema social del cuatrienio.
La campaña electoral de 1989-1990, que dio la
presidencia a César Gaviria para el
período 1990-1994, fue una de las más violentas de
toda la historia colombiana. Todos estos hechos han llevado a la
incuestionable necesidad de introducir cambios radicales en el
sistema político y jurídico del
país.
El presidencialismo extremo, que alejó a la
población del poder, debe dar paso a la
redemocratización. Durante los primeros meses de la
administración Gaviria se dio acogida a la propuesta
estudiantil de reformar la Constitución mediante el
recurso a una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, el
gobierno recurrió al dialogo como fórmula de
acercamiento con los grupos guerrilleros. En cuanto al
narcotráfico, el gobierno de Gaviria buscó una
solución al problema mediante políticas de corte
nacionalista que no colocaran en peligro la integridad del
Estado.
Uno de sus resultados ha sido la entrega del
narcotraficante Pablo Escobar y otros del cartel de
Medellín.
Ernesto Samper (1994-1998) durante su
mandato, Colombia atravesó una de sus peores crisis
institucionales de las últimas décadas.
Creció el poder de las guerrillas y los paramilitares, con
la consiguiente muerte de víctimas inocentes y el
desplazamiento de familias campesinas de sus tierras, que
superó el millón de personas. El gobierno
estadounidense de Bill Clinton no quiso incluir a Colombia, ni en
1996 ni en 1997, entre los países con
‘certificado’ de lucha contra el tráfico de
drogas, por
considerar que no había hecho lo suficiente contra el
mismo. En febrero de 1998, Clinton decidió levantar las
sanciones que habían sido impuestas al país por tal
motivo, aunque siguió considerando al Estado excluido de
la lista de aquéllos que poseían el mencionado
‘certificado’.
Andrés Pastrana (1998-2002) como
candidato de la coalición Gran Alianza para el Cambio (que
incluía a su propio partido), venció en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 1998
frente a Horacio Serpa, perteneciente al Partido Liberal y
ministro del Interior con el gobierno saliente del presidente
Samper. Los resultados finales mostraron un apoyo a Pastrana del
50,4% de los votantes frente al 46,4% obtenido por Serpa.
Ponía así fin a doce años de gobierno y a
tres presidencias consecutivas del Partido Liberal (las de
Virgilio Barco, César Gaviria y Samper).
Juró su cargo el 7 de agosto siguiente,
aseguró que la mejora de la economía sería
una de sus prioridades e invocó a los grupos guerrilleros
para poner fin a un conflicto que
duraba ya más de 30 años. El 2 de mayo de 1999
llegó a un acuerdo con el máximo comandante de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel
Marulanda (Tirofijo), para que cuatro días más
tarde dieran comienzo las negociaciones de paz entre el Estado y
la más numerosa y antigua guerrilla del
país.
Para fomentar el desarrollo
económico y social de las zonas afectadas por el
cultivo de coca e intentar poner fin a la producción y tráfico de droga,
Pastrana diseñó e impulsó a lo largo de 2000
el denominado Plan Colombia. Durante el mes de julio de ese
año fue presentado por su gobierno, y también
resultó respaldado en Madrid
(España)
por el denominado Grupo de Apoyo al mismo. Este último
estaba integrado por 26 países y 7 entidades
supranacionales que se encargarían de su promoción
y financiación. En este aspecto debían jugar un
papel fundamental Estados Unidos
(cuya contribución se destinaría a usos militares,
principalmente la fumigación de cultivos ilícitos y
la destrucción de laboratorios clandestinos) y la Unión
Europea (que condicionó su ayuda económica a
que ésta revirtiera en programas
sociales).
La puesta en marcha del Plan Colombia fue una de las
causas aducidas por las FARC para romper el diálogo
con el gobierno de Pastrana en noviembre de 2000, en tanto que el
grupo guerrillero afirmaba que concedía a Estados Unidos
la posibilidad de intervenir militarmente en el país.
Pastrana y Tirofijo se reunieron en San Vicente del Caguán
(Caquetá) en febrero de 2001 y acordaron desbloquear y
retomar las conversaciones y negociaciones de paz. La tregua se
prolongó hasta febrero de 2002, cuando se reanudaron las
hostilidades.
Álvaro Uribe (2002- ) Uribe mantuvo
serias discrepancias con Serpa (el cual respaldaba la
política de negociación con la guerrilla mantenida
por el presidente Andrés Pastrana) y, convertido en
disidente, decidió presentarse como independiente a
aquellos comicios del 26 de mayo de 2002. Después de haber
sido objeto de un frustrado atentado contra su vida en la
campaña para las mismas, las urnas le convirtieron en
presidente electo sin necesidad de tener que recurrir a una
segunda vuelta (recibió el 53% de los sufragios emitidos,
superando con claridad a Serpa, que obtuvo el 31,7%).
El sorprendente triunfo de Uribe, que tomó
posesión del cargo el siguiente 7 de agosto, fue
interpretado por los analistas como una consecuencia de la
ruptura del proceso de paz durante los últimos meses de
gobierno de Pastrana, y del subsiguiente repunte de la violencia,
así como de la reacción del pueblo colombiano ante
la incapacidad de los partidos tradicionales para alcanzar la paz
y promover el crecimiento
económico. En este contexto, su programa
político de autoridad y firmeza democráticas ante
la guerrilla (tachado de derechista por sus rivales)
encontró un gran respaldo en la ciudadanía.
Desde la creación del frente nacional, en 1957,
el orden político colombiano se ha caracterizado por el
crecimiento permanente de las instituciones del gobierno, sin que
ello signifique necesariamente la satisfacción plena de
las necesidades de toda la nación.
Este crecimiento está particularmente representado e
burocracia y en la hiperpresencia del Estado central, ahogando
muchas de las capacidades de la población y reduciendo al
mínimo la participación de los ciudadanos en las
gestiones de gobierno.
Apatía en la participación,
restricción de los canales de participación, crisis
de credibilidad en las instituciones debido a sus excesos
burocráticos y a la corrupción
en muchas de ellas, inseguridad
ciudadana ante la incapacidad del Estado para controlar la
delincuencia en todas sus formas, y condiciones de vida en
progresivo deterioro, han convertido nuestro orden
político en un frágil pacto social, pronto a
romperse.
La capacidad de dominio de los sectores dirigentes ha
disminuido, pues el afán de rápido lucro y el renacimiento
de las pugnas de intereses los han alejado de la tarea principal
de "dar forma a la sociedad y reproducirla".
La búsqueda de un nuevo pacto social, que
rejuvenezca las instituciones y dé salida a los problemas
centrales de participación ciudadana y mejora en las
condiciones de vida, es la tarea de un futuro próximo.
Este nuevo pacto deberá ser el resultado de una
participación renovadora de todos los sectores del
país.
El régimen de partidos es propio de todo sistema
político republicano. Estas agrupaciones son necesarias,
pues canalizan ordenadamente los diferentes proyectos,
conceptos programáticos, desacuerdos y diferencias
ideológicas que existen en el seno de la sociedad.
Pasarán a nuestro futuro. En cambio, no es tan previsible
la continuidad de sólo dos partidos. Los últimos
años se han caracterizado por el surgimiento de otras
colectividades partidistas, todas pequeñas y sin mayor
fuerza pero que, en conjunto, anuncian la necesidad de ampliar
los medios, de desmontar las hegemonías y asegurar una
mayor participación ciudadana.
Nuestro sistema político demostrará su
madurez tanto en la continuidad del sistema electoral como en la
capacidad para aceptar y adecuarse a una realidad
pluripartidista. Es tan cierto, que hoy en nuestra republica
contamos con un presidente de un tercer partido político,
y que cada día toma mas fuerza en la sociedad
colombiana.
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LIBRO CIVILIZACIÓN 9
ENCICLOPEDIAS DE CONSULTA
DORA ORTEGON