Plan Colombia

2. Plan para la paz, la prosperidad,
   y el fortalecimiento del Estado
3. Las diez estrategias del plan
   Colombia
4. Proceso de
   paz
5. Reencauzando la
   economía
6. La estrategia
   antinarcóticos
7. La reforma del sistema judicial
   y la protección de los derechos
   humanos
8. Democratización y
   desarrollo social

Que es verdaderamente EL PLAN COLOMBIA y cual
es su objetivo.

El Plan Colombia es un plan de ayuda militar al gobierno
colombiano, cuyo propósito fundamental y declarado es el
contribuir al desarrollo de
Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico.

Asi pues para esto Estados Unidos
ofrecerá medio billón de dólares de ayuda
militar a Colombia para la lucha antisubversiva. Esto
llevará al agudizamiento de la guerra interna
en Colombia, causara el incremento de las violaciones a los
derechos
humanos , puesto que el equipo militar proveído por
Estados Unidos ha sido utilizado en masacres de civiles y el
desplazamiento forzado de miles de
personas.

Aunque el plan incluye componente de ayuda social y
reforma institucional, estos demuestran una falta de
entendimiento de las causas reales de los problemas
colombianos, que los harán totalmente
inefectivos.

Los organismos de derechos humanos colombianos
e internacionales han rechazo contundentemente al Plan
Colombia.

En la información adjunta vas a poder conocer
mediante la lectura de
los detalles del plan, al igual que análisis y declaraciones sobre cual
será el efecto del plan en la población colombiana.

El programa Familias
en Acción
de la Consejería Presidencial para el Plan Colombia
adelantará hoy 19 de febrero en la ciudad de Villavicencio
una reunión informativa con el Gobernador del
departamento, Edilberto Castro Rincón, y los 20 alcaldes
municipales donde entra el programa Presidencial.

El Plan Colombia, un pasaporte para la guerra

Después de cincuenta años de guerra civil,
Andrés Pastrana, elegido Presidente de la República
el 20 de junio de 1998, reanudó el diálogo
con la oposición armada tras acordar con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) una zona
desmilitarizada. Permitía así la reanudación
de las negociaciones dejadas en un punto muerto desde
hacía mucho tiempo. Sin
embargo, el 21 de septiembre de 1999 en Washington, al cabo de
una entrevista con
el presidente William Clinton y sin que el Congreso colombiano
fuese consultado, Pastrana reemplazó el Plan de Desarrollo
por un "Plan por la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del
Estado", o mas
conocido como el Plan Colombia y precisando que se trata de un
programa que costará 7 500 millones de dólares, de
los cuales 3 500 millones provendrán de la ayuda exterior,
esto quiere decir que 1 600 millones de dólares propuestos
a donación por Washington.

Hay que reconocer que el objetivo es
ambicioso. El plan sólo presenta un defecto, pero
demasiado grande para omitirlo o pasarlo por alto.

Mientras que todos los ojos están dirigidos hacia
las negociaciones de paz, las cuales sabemos que serán muy
largas y difíciles, su objetivo único es
fortalecer, equipar y entrenar al ejército colombiano,
que, bajo la presión de
Washington, sólo declara la guerra a las drogas,
negando la naturaleza
social y política del conflicto es
decir que esta fuera del verdadero enfoque que debe
tener.

El pretexto para ocultar los verdaderos objetivos de
la futura intervención norteamericana, conservar el
control de esa
región vital, rica en recursos
estratégicos el preciado ,tan querido y necesario petróleo en forma particular, fue
fácilmente encontrado: para el Pentágono, la
principal amenaza que pesa sobre el hemisferio ya no es Cuba, sino la
posibilidad de que surja un "narco-Estado colombiano".

Que en si es lo que les tiene en crisis a los
Estados Unidos de Norteamérica, pues ahí si se
sienten en una encrucijada por que Colombia ya se les esta
saliendo de control y eso no es conveniente para una potencia
mundial.

PLAN COLOMBIA

Primera Parte

INTRODUCCION

Colombia se encuentra en el umbral del siglo XXI,
orgullosa pero amenazada, frente al reto histórico de
establecer y consolidar una sociedad
dentro de la cual el Estado
pueda ejercer su verdadera autoridad y
cumplir con sus obligaciones
fundamentales, de acuerdo con la Constitución Política:

"Servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación;
defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo"

Hoy, todos estos objetivos están en juego. Nuestra
mayor responsabilidad como gobierno es construir un
país mejor y más seguro para las
generaciones de hoy y mañana y asegurar que el Estado sea
una fuerza
más eficaz para la tranquilidad, la prosperidad y el
progreso nacionales. Debemos construir un Estado de justicia
social que proteja a todos los ciudadanos y mantenga vigentes sus
derechos a la vida, la dignidad y la
propiedad, la
libertad de
creencia, opinión y de prensa.

Para que este propósito fundamental se vuelva
realidad para Colombia, debemos superar las dificultades y
situaciones cambiantes del ámbito nacional e
internacional. Debemos enfrentar los retos de una economía
internacionalizada y otros heredados de nuestra historia y evolución. Nuestros retos determinantes se
han originado en la proliferación del narcotráfico
y en el impacto económico, político y social del
proceso de
globalización.

No cabe duda que Colombia padece de los problemas de un
Estado que aún no ha sabido consolidar su poder, una falta
de confianza en la capacidad de sus fuerzas armadas,
policía y sistema judicial,
de garantizar la permanencia del orden y la seguridad; una
crisis de credibilidad en los distintos niveles y en las varias
instancias de gobierno; y corrupción
en la conducta de los
sectores público y privado. Todo esto ha sido fomentado y
agravado por los desestabilizadores efectos del
narcotráfico, el cual, con sus vastos recursos
económicos ha venido generando una violencia
indiscriminada, y al mismo tiempo ha socavado nuestros valores hasta
un punto comparable solamente con la era de la prohibición
en los Estados Unidos.

De esta forma, y a pesar de haber logrado 40 años
de crecimiento continuo, la economía colombiana no ha
podido canalizar los beneficios de su prosperidad hacia el pueblo
en general, ni ha logrado disminuir sus niveles de pobreza en forma
significativa. La violencia y la corrupción, alimentados por el
narcotráfico, han generado desconfianza entre los
inversionistas extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores
obstáculos en nuestro camino hacia la
modernización. La inversión
extranjera es un elemento esencial en la generación de
empleo y en el
logro de una posición estable y próspera para
Colombia en un mundo ahora globalizado.

En resumen, las aspiraciones del pueblo colombiano, y
las labores de su gobierno, han sido frustradas por el
narcotráfico, y esto ha dificultado los esfuerzos del
gobierno en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Un
círculo vicioso y perverso de violencia y
corrupción ha agotado los recursos indispensables para la
construcción y éxito
de un Estado moderno.

Entendemos que el logro de nuestros objetivos
dependerá de un proceso social y de gobierno que
probablemente durará muchos años, años en
los cuales será de vital importancia obtener un consenso
duradero dentro de la sociedad donde la gente entienda y exija
sus derechos, al tiempo que esté dispuesta a cumplir con
sus deberes.

Frente a todo esto, mi gobierno tiene el compromiso
inexorable de fortalecer al Estado, recuperar la confianza de
nuestros ciudadanos y restaurar las normas
básicas de una sociedad pacífica. El logro de la
paz no es cuestión de una simple voluntad de hacerla; la
paz se debe construir; y sólo nos llegará mediante
la estabilización del Estado y una mayor capacidad de
garantizar a cada uno de los ciudadanos, en todo el país,
que tendrán seguridad y la libertad para ejercer sus
derechos y libertades.

Las negociaciones con los grupos
insurgentes, ya iniciadas por mi gobierno, constituyen el
núcleo de nuestra estrategia, ya
que es crítico resolver un conflicto que ya lleva 40
años como fuente de obstáculos para la
creación del Estado moderno y progresista en que Colombia
debe convertirse con urgencia. La búsqueda de la paz y la
defensa de las instituciones
democráticas exigirán esfuerzos continuos, fe y
persistencia para combatir con éxito las presiones y dudas
inherentes en un proceso tan lleno de dificultades.

La lucha contra el narcotráfico es otro de los
temas importantes del Plan Colombia. Nuestra estrategia busca
adelantar una alianza entre los países productores y los
países consumidores de narcóticos, basada en los
principios de reciprocidad e igualdad. El
tráfico en drogas
ilícitas constituye una amenaza transnacional compleja,
una fuerza destructora en todas nuestras sociedades,
que conlleva consecuencias inimaginables para los consumidores
del veneno, y efectos arrolladores a partir de la violencia y
corrupción que generan sus inmensas ganancias. La
solución no se logrará con recriminaciones mutuas
entre países productores y consumidores. Nuestros
esfuerzos nunca serán suficientes a menos que formen parte
de una alianza de alcance realmente internacional para combatir
el narcotráfico.

Colombia ha demostrado su indeclinable compromiso y ha
sufrido grandes sacrificios en la búsqueda de una
solución definitiva al fenómeno del
narcotráfico, al conflicto armado, a las violaciones de
derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente
ocasionada por los cultivos
ilícitos.

Sin embargo, debemos reconocer que ahora, veinte
años después de la llegada de los cultivos de
marihuana a
Colombia, junto con un aumento en la producción de coca y amapola, el
narcotráfico sigue creciendo en importancia como fuerza
desestabilizadora; es una causa de distorsiones en nuestra
economía, de una reversa en los avances logrados en la
redistribución de tierras, una fuente de corrupción
en la sociedad, un multiplicador de la violencia, y un factor
negativo en el clima de inversión y lo que es más grave de
todo sirve como fuente de los crecientes recursos de los grupos
armados.

Colombia ha asumido el liderazgo en
la lucha mundial contra las drogas, en sus enfrentamientos con
los carteles, y a costa de las vidas de muchos de sus mejores
ciudadanos. Hoy, cuando el narcotráfico tiene una estructura
más dispersa, más internacional y más oculta
y que por ello es más difícil de combatir el mundo
sigue ensayando nuevas estrategias.
Actualmente se destinan mayores recursos a la educación y a la
prevención que en épocas anteriores. Los resultados
se pueden ver en los niveles más altos de decomiso y
expropiación de fondos y propiedades producto del
narcotráfico. Recientemente, Colombia ha montado operaciones para
destruir los laboratorios y redes de distribución. Estamos mejorando y
fortaleciendo la seguridad y el control de nuestros ríos y
espacio aéreo con el fin de garantizar mayores decomisos,
y estamos estudiando nuevos métodos de
erradicación de los cultivos ilícitos. Los factores
directamente relacionados con el narcotráfico, tales como
el lavado de activos, el
contrabando de
precursores químicos y el tráfico de armas, son
componentes de un problema polifacético que exige una
reacción en todas partes del mundo donde hay
producción, transporte o
consumo de
drogas ilícitas.

En el camino hacia el éxito, también
necesitamos reformas en el corazón de
nuestras instituciones, especialmente en las fuerzas armadas, con
el fin de apoyar la ley y recuperar
la confianza y la seguridad para todos los colombianos en todos
los rincones del país. Para consolidar y mantener el
estado de
derecho, es indispensable tener unas fuerzas armadas y de
policía fuertes, responsables y ágiles en su
respuesta, con un compromiso contundente por la paz y el respeto a los
derechos humanos. Trabajaremos incansablemente hacia el
éxito, convencidos que nuestra obligación
primordial como gobierno es garantizar que nuestros ciudadanos
puedan ejercer sus derechos y libertades fundamentales sin
miedo.

Pero al mismo tiempo la estrategia para la paz y el
progreso depende de la reforma y modernización de otras
instituciones, para que el proceso político pueda
funcionar como un instrumento eficaz de progreso económico
y de justicia social. En este sentido, debemos disminuir las
causas y factores que generan violencia, mediante la apertura de
nuevos caminos hacia la participación social y la
creación de una conciencia
colectiva que responsabilice al gobierno por los resultados.
Nuestra estrategia en esta área incluye una iniciativa
específica para garantizar que dentro de cinco años
habrá acceso universal a la educación y un
sistema de salud
adecuado, con especial atención para los sectores más
vulnerables y abandonados.

Adicionalmente, trataremos de fortalecer la
administración local a fin de hacerla más
sensible y de más ágil respuesta a las necesidades
del ciudadano. Asimismo, fomentaremos una participación
activa del pueblo en general en la lucha contra la
corrupción, el secuestro, la
violencia y el desplazamiento de las personas y comunidades de
zonas de conflicto.

Por último, Colombia necesita ayuda para
fortalecer su economía y para generar empleo. El
país necesita un mejor y más justo acceso a los
mercados
internacionales donde nuestros productos son
competitivos. La colaboración de los Estados Unidos, de la
Comunidad Europea y del resto de la comunidad internacional es
indispensable para el desarrollo económico del
país. Ese mismo desarrollo servirá como una fuerza
para combatir el narcotráfico, ya que promete alternativas
de empleo lícito para las personas que de otra manera
recurrirían al crimen
organizado o a los grupos insurgentes que se alimentan del
narcotráfico. Estamos convencidos que el primer paso hacia
una globalización en el sentido real de la palabra es la
creación de una solidaridad
global. Por ello Colombia busca el apoyo de sus socios en esta
empresa. No
podemos tener éxito sin programas de
desarrollo alternativo en las áreas rurales y de un mejor
acceso a otros países para nuestras exportaciones
lícitas. Esta es la única manera de contrarrestar
el tráfico de drogas.

Hay razones para ser optimistas sobre el futuro de
Colombia, especialmente si recibimos una respuesta positiva de la
comunidad internacional en nuestros esfuerzos para crear una
prosperidad general acompañada de justicia social. Esto
permitirá que los colombianos avancemos hacia una paz
duradera.

El filósofo español
Miguel de Unamuno dijo que "La fe no es creer en lo invisible,
sino crearlo". Hoy una Colombia en paz, progresista y libre de
drogas es un ideal invisible; pero estamos comprometidos en
hacerlo una realidad en el futuro. Con un compromiso pleno, toda
nuestra determinación y recursos, y con la solidaridad y
apoyo de nuestros aliados internacionales en la lucha
común contra el flagelo del narcotráfico, podremos
forjar y forjaremos una nueva realidad, una Colombia moderna,
democrática y pacífica, que entrará al nuevo
milenio en plena prosperidad, no en el vilo de la subsistencia, y
sobre todo con orgullo y dignidad como miembro de la comunidad
mundial.

PLAN
COLOMBIA:

PLAN PARA LA PAZ, LA PROSPERIDAD Y
EL

FORTALECIMIENTO DEL ESTADO

En el umbral del Siglo XXI, Colombia enfrenta el reto de
la consolidación de las responsabilidades centrales del
Estado. Debe recuperar la confianza entre sus ciudadanos, y
dentro de este proceso, las normas básicas de convivencia
social.

Es compromiso del gobierno recuperar las
responsabilidades centrales del Estado: la promoción de la democracia, el
monopolio de
la aplicación de la justicia, la integridad territorial,
la generación de condiciones para empleo, el respeto por
los derechos humanos y dignidad humana, y la conservación
del orden público.

Las debilidades de un Estado que todavía se
encuentra involucrado en un proceso de consolidación han
sido agravadas por las fuerzas desestabilizadoras del
narcotráfico. Las reformas progresistas de principios de
los noventa abrieron las puertas a una época de mejores
oportunidades para los colombianos, pero fueron distorsionadas y
compenetradas por influencias corruptoras en círculos
tanto económicos como políticos; fomentando la
violencia y la corrupción. Recientemente, la
relación financiera entre los varios grupos armados y los
narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto armado, y
ha limitado la capacidad del Estado para cumplir con sus
responsabilidades más importantes.

La recuperación de esta capacidad por parte del
Estado exige un proceso de reconstrucción de la sociedad y
de la comunidad. En este sentido, la paz no es una
cuestión simplemente de voluntad política. Por el
contrario, se tiene que construir la paz gradualmente, y para
ello debe haber avances en la institucionalización y en el
fortalecimiento del Estado con el fin de garantizar la seguridad
y el respeto por los derechos y libertades de todos los
ciudadanos, en todas partes del territorio nacional.

Un punto central en la estrategia consiste en las
negociaciones con la guerrilla, que busca poner fin a conflictos que
han tenido cambios profundos con el paso del tiempo. Si esta
estrategia es exitosa, ello facilitará el proceso de la
construcción de la sociedad, además, un acuerdo de
paz negociado con la guerrilla sobre la base de la integridad
territorial, la democracia y los derechos humanos
fortalecería el estado de derecho y la lucha contra el
narcotráfico.

Al mismo tiempo, la paz también requiere de
actividades económicas fuertes y viables para que el
ciudadano pueda mejorar sus condiciones sociales y
económicas, creando así condiciones apropiadas para
una conciliación duradera. El gobierno ha propuesto una
estrategia económica, complementada con una estrategia de
desarrollo alternativo para lograr esta meta y para ofrecer
incentivos
para reducir los cultivos ilícitos. Su meta es promover
nuevas actividades económicas y actividades alternativas
en la agricultura
con atención especial a la recuperación del medio
ambiente y a
la protección de los ecosistemas
frágiles que han sido amenazados por los cultivos
ilícitos. La estrategia se forma con base en esquemas de
participación que involucran el sector privado, el Estado
y los beneficiarios mediante acciones
orientadas hacia la demanda que se
encuentra ligada a los mercados nacionales e
internacionales.

Un propósito central de la estrategia
también es la formación de una visión
colectiva entre el país consumidor, el
país productor y los demás países
involucrados en la cadena de las drogas ilícitas,
aplicando los principios básicos de reciprocidad e
igualdad. Esta alianza debe facilitar una respuesta concertada a
las amenazas del narcotráfico, una de las actividades
más rentables del mundo. El narcotráfico no
sólo ha aumentado la corrupción dentro de la
sociedad y disminuido la confianza en las actividades comerciales
lícitas, sino que también ha alimentado el
conflicto. Representa una fuente internacionalizada de
financiación para los diferentes grupos armados, y ha
ayudado a aumentar su influencia económica y su control
territorial. En Colombia y en otros países, con la
elaboración e implantación de una estrategia
integral para combatir los elementos principales responsables por
los cultivos ilícitos, la lucha contra el
narcotráfico ha logrado resultados positivos que
beneficiarán tanto a Colombia como al resto del
mundo.

Colombia ha venido trabajando hacia estos objetivos y ha
logrado éxitos notables en la lucha contra los carteles de
la droga y el
narcoterrorismo. Sin embargo, hoy Colombia enfrenta la peor
crisis económica de su historia. Desgraciadamente, la
capacidad del gobierno de resolver el problema está
especialmente limitada en un momento cuando la violencia,
intensificada por el narcotráfico, se encuentra en
auge.

Las Diez
Estrategias del Plan Colombia

2. Una estrategia económica que genere empleo,
   que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y
   que ofrezca una fuerza económica viable para
   contrarrestar el narcotráfico. La expansión del
   comercio
   internacional, acompañada por un mejor acceso a los
   mercados extranjeros y de acuerdos de libre comercio
   que atraigan inversión extranjera e interna son factores
   claves en la modernización de nuestra base
   económica y para la generación de empleo. Dicha
   estrategia es esencial en un momento en que Colombia enfrenta
   su peor crisis económica en 70 años, con un
   desempleo
   hasta del 20%, lo cual a su vez limita severamente la capacidad
   del gobierno para luchar contra el narcotráfico y la
   violencia que éste genera.
3. Una estrategia fiscal y
   financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajuste
   con el fin de fomentar la actividad económica, y de
   recuperar el prestigio tradicional de Colombia en los mercados
   financieros internacionales.
4. Una estrategia de paz que se apunte a unos acuerdos
   de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad
   territorial, la democracia y los derechos humanos, que
   además deban fortalecer el estado de derecho y la lucha
   contra el narcotráfico.
5. Una estrategia para la defensa nacional para
   reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la
   Policía, para que estos recuperen el estado de derecho,
   y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en
   contra del delito
   organizado y los grupos armados y para proteger y promover los
   derechos humanos y el Derecho
   Internacional Humanitario.
6. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el
   fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una
   justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo
   que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares
   y la Policía para garantizar que éstas cumplan
   con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la
   dignidad de todos.
7. Una estrategia antinarcóticos, en asocio con
   los demás países involucrados en algunos o todos
   los eslabones de la cadena: la producción,
   distribución, comercialización, consumo, lavado de
   activos, de precursores y de otros insumos, y el trafico de
   armas, para combatir todos los componentes del ciclo de las
   drogas ilícitas, y para impedir el flujo de los
   productos de dicho tráfico que alimenta la violencia
   hacia la guerrilla y otras organizaciones
   armadas.
8. Una estrategia de desarrollo alternativo, que fomente
   esquemas agropecuarios y otras actividades económicas
   rentables para los campesinos y sus familias. El desarrollo
   alternativo también contempla actividades de
   protección ambiental que sean económicamente
   factibles, con el fin de conservar las áreas
   selváticas y poner fin a la expansión peligrosa
   de los cultivos ilícitos sobre la Cuenca
   Amazónica y sobre los vastos parques naturales que son a
   la vez áreas de una biodiversidad inmensa y de importancia ambiental
   vital para la comunidad internacional. Dentro de este marco, la
   estrategia incluye proyectos
   productivos sostenibles, integrales y
   participativos, en combinación con la infraestructura
   necesaria y dedica atención especial a las regiones que
   combinan altos niveles de conflicto con bajos niveles de
   presencia del Estado, un capital
   social frágil y degradación grave del medio
   ambiente, como son el Magdalena Medio, el Macizo Colombiano y
   el suroccidente de Colombia.
9. Una estrategia de participación social que
   apunte a una concientización colectiva. Esta estrategia
   busca desarrollar una mayor responsabilidad dentro del gobierno
   local, el compromiso de la comunidad en los esfuerzos
   anticorrupción y una presión constante sobre la
   guerrilla y sobre los demás grupos armados, con el fin
   de eliminar los secuestros, la violencia y el desplazamiento
   interno de individuos y comunidades. Esta estrategia
   también incluye la colaboración con empresarios
   locales y grupos laborales, con el fin de promover modelos
   innovadores y productivos para así enfrentar una
   economía más globalizada, fortalecer de este modo
   nuestras comunidades agropecuarias y reducir los riesgos de
   violencia rural. Adicionalmente, esta estrategia busca
   fortalecer las instituciones formales y no formales que
   fomenten cambios en los patrones culturales a través de
   los cuales se desarrolla la violencia, y que se fortalezcan.
   Además incluye la promoción de mecanismos y
   programas pedagógicos para aumentar la tolerancia,
   los valores
   esenciales de la convivencia y la participación en
   asuntos públicos.
10. Una estrategia de desarrollo
    humano que garantice servicios de
    salud y de educación adecuados para todos los grupos
    vulnerables de nuestra sociedad durante los próximos
    años, especialmente incluidos no solamente los
    desplazados o afectados por la violencia, sino también
    los sectores sumergidos en condiciones de pobreza
    absoluta.
11. Una estrategia de orientación internacional
    que confirme los principios de corresponsabilidad,
    acción integrada y tratamiento equilibrado para el
    problema de la droga. Se deben tomar acciones
    simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de
    este flagelo. Asimismo, el costo de
    dicha acción y de sus soluciones
    debe recaer sobre los países involucrados habida cuenta
    de su capacidad económica individual. El papel de la
    comunidad internacional también es vital para el
    éxito del proceso de paz, de acuerdo con los
    términos del derecho internacional y con el
    consentimiento del gobierno colombiano.

I. EL PROCESO
DE PAZ

Colombia ha sufrido un conflicto armado durante
más de 35 años. El gobierno actual ha iniciado un
proceso de negociación que busca lograr un acuerdo de
paz negociado con la guerrilla sobre la base de integridad
territorial, la democracia y los derechos humanos. Si esta
estrategia tiene éxito, se fortalecería muy
rápidamente el estado de derecho, y la lucha contra el
narcotráfico en todo el país.

El proceso de paz obviamente es una de las prioridades
principales del gobierno. El presidente Pastrana ha asumido un
liderazgo personal del
papel del gobierno junto con la colaboración del Alto
Comisionado para la Paz, quien es nominado directamente por el
Presidente. El Comisionado, cuyo cargo es de rango ministerial,
trabaja junto con los líderes de la sociedad y del sector
privado, quienes dedican pari passu sus esfuerzos hacia la
solución del conflicto.

El área desmilitarizada (o "zona de
distensión") fue creada por Ley para garantizar la
seguridad necesaria con miras a avanzar en las negociaciones con
la guerrilla. Esta ley permite que el Presidente cree y suspenda
un área de distensión como expresión de la
soberanía del Estado. La Ley solamente
restringe la presencia del Ejército y la Policía
dentro de dicha área y suspende órdenes de captura,
sin embargo, no restringe la actividad de los funcionarios
elegidos a nivel local o regional.

El proceso de paz es además parte de una alianza
estratégica en contra del narcotráfico, la
corrupción, y la violación de los derechos humanos.
Para que este proceso se vuelva factible y duradero, se necesita
un apoyo complementario en las áreas de seguridad y
defensa, una alianza entre la producción, el consumo, la
distribución y la comercialización de drogas, el
lavado de activos y el tráfico de armas; y un plan de
desarrollo que genere empleo y llegue a los más
necesitados.

El
Conflicto Armado y la Sociedad Civil

En el conflicto hay tres protagonistas. Al lado de la
guerrilla existen las Farc y el Eln, cuyas raíces son los
movimientos agrarios y la guerra
fría respectivamente. Del otro lado, existen los
grupos de autodefensa al margen de la ley, quienes buscan una
solución armada al conflicto guerrillero, y un
reconocimiento político mayor para su organización. Finalmente, y en medio del
fuego cruzado se encuentra la gran mayoría de los
colombianos, quienes en muchas ocasiones sufren en manos de los
actores armados.

El movimiento
guerrillero tiene sus raíces en los antagonismos
tradicionales del campo y de la política en la sociedad
colombiana, alimentados en parte por la retórica
ideológica de la confrontación
capitalista-comunista. Con el transcurso de los años, la
lucha para ampliar su presencia territorial y su
adquisición de influencia política y militar ha
sido financiada por la extorsión y el secuestro, y
más recientemente mediante "impuestos" cobrados por los
intermediarios del narcotráfico.

En los últimos 30 años, Colombia ha
cambiado de una economía principalmente rural a una
economía urbana, y más del 70% de la
población vive actualmente en áreas urbanas. De
acuerdo con las encuestas
efectuadas, ante la terminación de la guerra fría,
el apoyo antes más ampliamente disponible para la
guerrilla ha disminuido a un cuatro% de la población. La
guerrilla reconoce que bajo estas circunstancias no podrá
ganar el poder mediante una lucha armada. A pesar del rechazo
general de sus ideas y métodos, la guerrilla sigue
buscando ventajas por medios
militares.

Como consecuencia, se ha iniciado el proceso de paz para
permitir que la sociedad en general tenga un papel central.
Existe un consenso social entre los representantes de la
sociedad, los intereses económicos y hasta entre los
grupos armados en el sentido de que la paz es una meta inmediata.
Como resultado, la participación de la sociedad en general
se considera como necesaria para la aplicación de
presiones sobre los grupos armados con el fin de lograr una
solución política al conflicto armado y el respeto
por el derecho
humanitario internacionalmente reconocido. El aporte
dinámico de la sociedad colombiana también es
esencial para el desarrollo de ideas y propuestas con el fin de
adelantar el proceso y garantizar la continuidad del consenso en
el sentido de que se requiere un acuerdo negociado, con la
participación de la comunidad internacional.

La
Situación Actual

El proceso de paz ha hecho avances reales en varios
frentes. En lo que respecta a las Farc, se creó una zona
de distensión para albergar las negociaciones y esto ha
sido una ayuda para que ambas partes formulen una agenda, proceso
que culminó en mayo de 1999. Ya que las condiciones han
sido satisfactorias, se puede dar comienzo a la fase de las
negociaciones.

En cuanto al Eln, el gobierno ha autorizado a un
grupo de
notables ciudadanos para que ayuden a negociar la
liberación de rehenes y ha aceptado iniciar conversaciones
activas como preparación para una convención
nacional, inmediatamente después de su
liberación.

El gobierno sigue luchando en contra de los grupos de
autodefensa al margen de la ley, pero este hecho no significa que
no esté dispuesto a buscar alternativas y maneras
pacíficas para desmantelar su infraestructura y sus
operaciones.

Durante el proceso de paz, el Ejército Nacional y
la Policía necesariamente seguirán aumentando sus
capacidades con miras a mantener una presencia efectiva en todo
el territorio nacional y asegurar un arreglo
pacífico.

Fundamentalmente, el logro de la paz recae sobre tres
pilares: primero, en los avances de los acuerdos ya logrados
entre el gobierno y las principales organizaciones guerrilleras
(FARC y ELN) para que se despejen como agentes legítimos
en diálogos serios para la paz. Segundo, para lograr
acuerdos parciales de acuerdo con la agenda de 12 puntos acordada
entre el gobierno y las Farc, que asegure un acuerdo de paz
permanente antes del fin del gobierno actual. Y tercero, y
más importante que todo, los acuerdos deben convertirse en
una realidad.

El Papel de la
Comunidad Internacional

El papel de la comunidad internacional es esencial para
el éxito del proceso de paz. Más
específicamente, Colombia necesita apoyo en dos
áreas: la diplomático y la financiera. La comunidad
internacional podrá actuar como intermediaria, como
observador, o en una etapa posterior, como verificador del
cumplimiento de los acuerdos a que se haya llegado.
Adicionalmente, es muy importante que la comunidad internacional
rechace con todas sus fuerzas cualquier y toda acción
terrorista y violación del Derecho Internacional
Humanitario y que ejerza presión a fin de seguir
adelantando el proceso.

En el campo de las relaciones bilaterales, la
colaboración militar y de policía es vital. La
acción colectiva por parte de los países vecinos no
es solamente menos efectiva que la acción bilateral, sino
que puede servir como impedimento al proceso de
negociación. En esta área sería de mayor
beneficio la coordinación de operaciones militares y de
policía, y el mejoramiento de seguridad fronteriza y el
apoyo de equipos y de tecnología.

Con referencia a la acción diplomática por
parte de los países vecinos, el gobierno de Colombia en
esta etapa delicada de negociación, prefiere el
diálogo bilateral y consultas confidenciales con los
países interesados en el proceso. En cualquier
manifestación de la participación internacional en
el proceso de paz, es necesario respetar las normas de derecho
internacional y que sea aceptable al gobierno colombiano. Debe
existir una observancia estricta a los principios de la no
intervención y la no interferencia con los asuntos
internos del Estado, y esto sólo puede ocurrir
después de consultas con el gobierno de Colombia y con el
apoyo del mismo.

El gobierno de Colombia ha establecido un Fondo de
Inversión para la Paz como canal para asistencia
financiera directa a nivel internacional para el proceso de paz.
Este fondo se empleará para apoyar los proyectos de
desarrollo
económico y social hacia las áreas más
afectadas por el conflicto armado. Para este propósito, se
ha constituido un grupo de consulta de expertos con el apoyo del
BID, cuya función
será la de asesorar y vigilar el uso de los fondos en
varios países. Estos recursos se emplearán para
complementar los fondos ya asignados por el gobierno de
Colombia.

Un proceso de paz exitoso también tendrá
un impacto positivo sobre la lucha contra la droga, ya que el
gobierno podrá ampliar su implantación de la ley y
de los programas de desarrollo alternativo hacia las áreas
más involucradas en la producción de
narcóticos. La actividad guerrillera y el
narcotráfico son los problemas que, aun entrelazados de
cierta manera, tienen orígenes y objetivos diferentes. La
guerrilla opera bajo un esquema revolucionario de tipo
político militar que exige una solución negociada,
lo cual en ningún caso sería aplicable a los
narcotraficantes.

II.
REENCAUZANDO LA ECONOMIA

2.1.-Visión General

El gobierno de Colombia ha tenido que enfrentar la
herencia de
una economía en franco deterioro. El desempleo ha llegado
a un pico histórico de casi el 20% y el producto interno
bruto ha pasado por su tercer trimestre consecutivo de
crecimiento negativo. Algunos choques externos (precios bajos
del café y
de otros productos básicos y daños mayores por
terremotos)
han agravado las debilidades económicas del país
(un déficit fiscal creciente desde los tempranos
años 1990 y problemas en el sector bancario). El
conflicto, y la situación de inseguridad
pública sirven para aumentar la erosión de
la confianza en la economía. A medida que las
oportunidades de empleo sigan desapareciendo debido a la
recesión económica, más y más
colombianos estarán buscando su forma de vida en un
comercio
desestabilizante en narcóticos y en otras actividades
ilegales.

El elemento central de la estrategia del gobierno es la
estabilización de la economía, y un regreso al
equilibrio
fiscal. Estas medidas establecerán una base para un
crecimiento sostenido en el comercio del sector privado y en la
inversión. Esta confianza renovada, junto con un sistema
bancario saneado, finanzas
centrales estables, mejoras en el orden público, y el
aumento de exportaciones colombianas junto con medidas para
mejorar el clima para la inversión crean un ambiente en el
cual el crecimiento del sector privado genera empleo.

Dada la necesidad de una consolidación fiscal,
Colombia necesita asistencia financiera para ayudar a cubrir su
presupuesto de
seguridad y antinarcóticos, lo mismo que las necesidades
apremiantes de inversión social. Al tiempo que los
narcotraficantes y los grupos rebeldes siguen
financiándose a través de los productos del
narcotráfico, el Estado se ha visto obligado a hacer
recortes en áreas críticas debido a la carga del
endeudamiento y el servicio del
mismo. (En los últimos cinco años la deuda total de
Colombia casi se ha doblado, subiendo de 19.1% del PIB en 1995
hasta el 34% del PIB en 1999). Como parte de los recortes
presupuestales, se han presentado reducciones dramáticas
en las asignaciones a las Fuerzas Armadas, la Policía y el
sistema judicial (20%). Será necesario obtener apoyo
externo a fin de que el gobierno pueda consolidar sus reformas
económicas y al mismo tiempo aumentar el flujo de recursos
para financiar el esfuerzo militar y satisfacer las necesidades
sociales. De este modo el gobierno podrá establecer una
base sólida para el crecimiento
económico liderado por el sector privado y al mismo
tiempo garantizar que la situación económica actual
no genere empleo adicional en actividades criminales.

2.2.-Medidas de
Estabilización

El gobierno está trabajando para estabilizar el
ambiente macroeconómico, con énfasis especial en la
eliminación de desequilibrios en las cuentas fiscales
y los problemas del sector bancario.

Durante el último año, se han hecho
recortes en el gasto
público, la base para el IVA se
amplió, se estableció un impuesto especial
sobre las operaciones
financieras y se implementaron controles sobre la
evasión de impuestos. El año entrante, la mayor
parte de los salarios de los
empleados públicos serán congelados y se
efectuarán mayores recortes en la burocracia y en
el gasto diferente al de la inversión.

Un nuevo conjunto de reformas estructurales, entre ellas
la racionalización de las finanzas
públicas regionales, reformas a la seguridad
social y la creación de un fondo de pensiones
regional, ha sido presentado al Congreso de la República.
Con esto se busca reducir el déficit fiscal estructural y
estabilizar el nivel de endeudamiento.

Las empresas y la
banca estatal
serán privatizadas con el fin de aumentar su productividad y,
aportar a la financiación del ajuste fiscal. ISA e Isagen,
dos electrificadoras de orden nacional y catorce distribuidores
de energía regionales de menor tamaño ya
están para la venta, al igual
que Carbocol. Tres bancos estatales
se privatizarán el año entrante.

Este ajuste fiscal ha sido difícil por dos
razones: la destrucción causada por el terremoto en el eje
cafetero en enero requiere de una inversión de casi el 1%
del PIB, y la estrategia financiera diseñada para impedir
una crisis bancaria exigirá casi el doble de esa
suma.

El gobierno está coordinando sus actividades
estrechamente con las instituciones financieras internacionales.
En este momento está negociando con el Fondo Monetario
Internacional en relación con un programa de ayuda
para tres años con el fin de apoyar el plan del gobierno
para las reformas fiscales y estructurales. La ayuda del Banco Mundial
y del BID está prestando apoyo a los esfuerzos del
gobierno para reformar el sector financiero y las finanzas
públicas.

Adicionalmente, el gobierno ha preparado una red de apoyo social para
aliviar el impacto negativo que el ajuste fiscal tenga sobre los
sectores más vulnerables de la población. Con el
desempleo al nivel del 20% existe un grupo vulnerable que incluye
las familias desplazadas desde las áreas de conflicto en
todo el país. Los instrumentos de política imitan
las políticas
implementadas con éxito en países similares: obras
públicas específicas, subsidios para las
necesidades básicas (especialmente para los niños y
madres solteras) y crédito
enfocado. El gobierno está trabajando con los organismos
financieros para garantizar que el programa de
estabilización fiscal no perjudique los sectores
más vulnerables de la sociedad.

El gobierno necesita financiamiento
externo adicional con el fin de implementar su estrategia. Es
necesario proveer apoyo para reducir al mínimo el impacto
negativo de la consolidación fiscal sobre el desempleo y
otros problemas
sociales en el corto plazo, ya que estos, en último
caso fomentan la proliferación de actividades
criminales.

2.3.-La Promoción de Comercio e
Inversión

Con una bonanza económica a principios de los
años 90, Colombia pudo reducir su desempleo hasta el
ocho%, lo cual a su vez disminuyó en mayor grado la
influencia de los grupos del crimen organizado en las grandes
ciudades. La recesión ha afectado estas áreas
urbanas en forma grave, con un desempleo en Bogotá del 20%
y en Cali de casi el 23%. Esta situación se ha deteriorado
ya que gran parte del producto del narcotráfico se lava a
través de las importaciones de
contrabando hacia Colombia, hecho que alimenta la violencia,
disminuye los ingresos fiscales
y ocasiona daños mayores en el empleo de las industrias que
compiten con el contrabando. De este modo, el desempleo tiene un
impacto grave como causa de desestabilización en las
ciudades y debe ser combatido mediante la reactivación de
la producción industrial.

En los últimos diez años, Colombia ha
abierto su economía, tradicionalmente cerrada, con una
rápida expansión tanto de exportaciones como de
importaciones. Sin embargo, el sector agropecuario ha sufrido
graves impactos ya que la producción de algunos cereales
tales como el trigo, el maíz, la
cebada, y otros productos básicos tales como soya,
algodón
y sorgo han resultado poco competitivos en los mercados
internacionales. Como resultado de ello, se han perdido 700.000
hectáreas de producción agrícola frente al
aumento de importaciones durante los años 90, y esto a su
vez ha sido un golpe dramático al empleo en las
áreas rurales que a la vez son la escena principal del
conflicto armado. La modernización esperada de la
agricultura en Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que
los cultivos permanentes en los cuales Colombia es competitiva
como país tropical, requieren de inversiones y
créditos sustanciales puesto que son de
rendimiento tardío.

A falta de un espacio para una expansión fiscal,
se requiere la inversión privada tanto interna como
extranjera para la recuperación y la generación del
empleo en negocios
lícitos. Sin embargo, esta nueva inversión se
encuentra amenazada por el deterioro en la confianza de los
inversionistas. En especial, la inversión extranjera es
necesaria no solamente para ayudar a satisfacer la necesidad
continua de la economía para nueva financiación,
sino además indispensable para la modernización del
eje industrial del país, lo cual proporcionaría a
su vez un alivio más rápido al problema del
desempleo.

Colombia ha desarrollado un plan
estratégico de diez años para aumentar su
comercio
exterior. Esto es vital para el desarrollo económico y
para contrarrestar las tentaciones del narcotráfico ya que
ello ayudaría en las iniciativas del sector privado y
aumentaría la inversión tanto extranjera como
interna en los sectores no tradicionales.

El plan involucra el desarrollo de inteligencia
comercial sobre la demanda mundial y la promoción de
integración regional e interregional bajo
lineamientos estratégicos. Al mismo tiempo, involucra el
diseño
de políticas que reúnan a los sectores
industriales, agrícolas y de servicios bajo una
política de comercio, construyan una infraestructura
diseñada para mejorar la productividad y apoyen la
innovación tecnológica orientada
hacia exportaciones en forma adecuada y la formación de
capital
humano. En este esfuerzo, el gobierno atenderá
especialmente a la promoción de las empresas
pequeñas y medianas para la creación de empleo en
el sector privado.

El plan implica también la implantación de
medidas para atraer la inversión extranjera y promover la
expansión del comercio. Estas medidas incluyen el
cumplimiento de obligaciones actuales bajo la Ronda de Uruguay,
especialmente en relación con la administración aduanera, la
protección de propiedad
intelectual y la inversión. Adicionalmente, Colombia
tomará medidas para promover un ambiente favorable para el
comercio electrónico con el fin de crear nuevas
oportunidades de negocios y mejorar la competitividad
de los negocios actuales.

Segunda Parte

Colombia reconoce que la transparencia y el debido
proceso en la contratación estatal es un elemento esencial
para el logro de una mayor eficiencia en el
uso de los recursos públicos. Por este motivo está
comprometida con el esfuerzo de perfeccionar un convenio sobre
transparencia en la contratación estatal con la OMC.

Igualmente mira hacia sus mayores socios comerciales con
el fin de ampliar el acceso a sus mercados para los productos en
los cuales goza de una ventaja competitiva. El apoyo continuado
de los Estados Unidos y la Unión Europea para el acceso
preferencial a los mercados es vital para el desarrollo
económico de Colombia y para poner fin a situaciones de
violencia, ya que promueve iniciativas del sector privado y ayuda
a ampliar la inversión en sectores no tradicionales; de
este modo crea empleo que de otra forma sería absorbido
por el narcotráfico, por los grupos alzados en armas, o
por los grupos de autodefensa al margen de la ley. En especial la
oportuna ampliación de la duración del ATPA
sería de gran importancia, para disminuir las
incertidumbres que rodean tanto el comercio como la
inversión. Del mismo modo, el alcance del ATPA debe ser
ampliado para hacerlo comparable con las condiciones concedidas a
otros países en la subregión, especialmente a los
productos cubiertos por la Iniciativa para el Caribe
(CBI).

En igual sentido se requiere del apoyo de la Unión
Europea a través del Sistema General de Preferencias
(SGP), cuya extensión para que cubra el período
2002-2004 es vital, lo mismo que en el caso del SGP Andino. El
impacto socioeconómico de este último como lo ha
evaluado la propia Comisión Europea ha sido muy efectivo
en la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha
contra el narcotráfico, así como para la
promoción del comercio, la inversión y la
generación de empleo.

Colombia debe trabajar en conjunto con la comunidad
internacional para negociar acuerdos bilaterales de comercio
(BIT) como mecanismo para proteger las inversiones extranjeras.
Con la Comunidad Europea ya se han firmado tratados
bilaterales de inversión con dos miembros España y
Gran Bretaña y se han comenzando negociaciones con
Francia,
Alemania,
Italia y los
Países Bajos. Con Estados Unidos hay que avanzar
además lo más pronto que sea posible hacia acuerdos
de "cielos abiertos" con el fin de facilitar los servicios de
transporte aéreo de carga y pasajeros. Con tal fin,
Colombia trabajará sobre el cumplimiento de normas
internacionales de seguridad aérea. Además,
Colombia estudiará las posibilidades de utilizar
más recursos del Banco Mundial y
del BID tales como IFC y MIGA, y buscará una
utilización más efectiva de programas
norteamericanos existentes tales como financiación OPIC,
EXIM y TDA, con el fin de promover actividades de
inversión.

Colombia debe crear el espacio para soluciones
alternativas a los cultivos ilícitos, al igual que
asegurar que los cultivos alternativos respondan a los retos de
un sector agrícola moderno. Esto generaría empleo
en el sector rural, lo cual sería vital para el
éxito de la estrategia general para la paz y el
desarrollo. Colombia necesita asistencia técnica y
financiera en las áreas de salud y requisitos
fitosanitarios, con el fin de reducir los costos de
producción, fomentar un mayor desarrollo de las
agroindustrias, y para adelantar avances en investigación y desarrollo
biotecnológico. En este sentido, Colombia asegurará
que su régimen para los productos biotecnológicos
sea transparente y eficiente.

III. LA
ESTRATEGIA ANTINARCOTICOS

El gobierno ha establecido la lucha contra la
producción y tráfico de drogas como una de sus
mayores prioridades. El narcotráfico constituye una
amenaza para la seguridad interna no sólo de Colombia sino
de otras naciones consumidoras y productoras.

Las enormes utilidades del narcotráfico y su gran
poder desestabilizador hacen que el narcotráfico se haya
convertido en un factor central en la generación de
violencia en todo el país. Por este motivo, el gobierno
deberá enfocarse en el problema y está comprometido
a combatirlo en las áreas del tráfico,
producción, consumo y cualquier otro elemento que apoye
dicha actividad y por ende amenace las instituciones
democráticas e integridad de la Nación.

El fortalecimiento de la Policía Nacional y de
las Fuerzas Armadas mediante un proceso de modernización,
reestructuración y profesionalización es un paso esencial para
que una y otras adquieran la capacidad de restablecer el estado
de derecho y restaurar la seguridad de los colombianos en todo el
país, y al tiempo impedir las incursiones de grupos
irregulares y de grupos delictivos, especialmente los grupos
asociados con el narcotráfico.

El Gobierno Nacional se ha comprometido en implantar una
estrategia antinarcóticos a largo plazo, con los
lineamientos que se dan a continuación:

3.1.-Estrategia Basada en Valores
Humanos

Las Fuerzas Armadas y la Policía, en sus
esfuerzos contra el tráfico de drogas, observarán
un código
de conducta que asegure la preservación de las libertades
democráticas y la defensa de la vida, honra y bienes de los
ciudadanos. Esta estrategia dará prioridad a la
promoción del respeto y la protección de los
derechos humanos para todos los colombianos.

El fenómeno del conflicto interno se ha imputado
a la inestabilidad inducida por cuatro vectores cuyas
actividades agresivas fomentan una violencia física,
psicológica, social y política: las organizaciones
del narcotráfico, los grupos subversivos, los grupos de
autodefensa al margen de la ley y la delincuencia
común.

Aunque los movimientos guerrilleros tienen sus
raíces en las áreas rurales de Colombia, y por lo
menos, en parte, en una confrontación ideológica,
su lucha por ampliar su control territorial ha sido financiado
por las prácticas crecientes de extorsión y otras
actividades ilegales. Por lo menos el 30% de sus ingresos de hoy,
provienen de "impuestos" cobrados sobre la hoja y pasta de coca
recaudados por los intermediarios en las áreas de
cultivo.

El narcotráfico constituye un elemento
desestabilizador para toda sociedad democrática, generando
inmensas sumas de dinero para
los grupos armados al margen de la ley. El narcotráfico
tiene efectos multiplicadores de gran peligro incluido el
producto del cultivo, procesamiento y tráfico, todos los
cuales han facilitado un aumento notable en el número de
grupos armados, y su capacidad bélica.

La guerrilla y los grupos de autodefensa al margen de la
ley amenazan al Estado con intentos de controlar el territorio
soberano mediante la interrupción del orden público
en asaltos, secuestros, retenes viales y ataques terroristas. Los
traficantes dependen de cultivos de coca y amapola en
áreas remotas fuera del control del gobierno, tanto el
tráfico como el procesamiento se realizan en el sur del
país donde existe una presencia fuerte de la guerrilla.
Mientras esta fuente independiente de drogas y de ingresos
permanece fuera del control de las Fuerzas Armadas y la
Policía, la guerrilla, los grupos de autodefensa al margen
de la ley y los narcotraficantes se fortalecerán y
representarán una amenaza mayor al Estado.

3.2.-Objetivos Estratégicos

La meta de los próximos seis años es la de
reducir en un 50% el cultivo como procesamiento y
distribución de la droga.

• Objetivo No.1:

Fortalecer la lucha contra el narcotráfico y
desmantelar las organizaciones de traficantes mediante
esfuerzos integrales dirigidos por las Fuerzas
Armadas:

(1) combatir el cultivo ilícito mediante la
acción continua y sistemática del
Ejército y de la Policía, especialmente en la
región del Putumayo y en el sur del país y
fortalecer la capacidad de la Policía en la
erradicación de dichos cultivos. El gobierno no
tolerará ningún vínculo entre los
miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía
Nacional con ningún grupo armado o fuerza al margen de
la ley;

(2) establecer control militar sobre el sur del
país con propósitos de erradicación.
Destruir las instalaciones de procesamiento, y mejorar la
intersección de drogas y de precursores en los medios
terrestres, aéreos, marítimos y
fluviales;

(3) restablecer el control gubernamental sobre las
áreas clave de producción de drogas.

• Objetivo No. 2:

Fortalecer el sistema judicial y combatir la
corrupción:

(1) fortalecer las instituciones de la
Fiscalía, las cortes, las defensorías y
especialmente las unidades de derechos humanos;

(2) reforzar y capacitar los cuerpos técnicos
de investigación;

(3) apoyar los grupos anticorrupción
responsables por la investigación de funcionarios
públicos;

(4) reformar el sistema carcelario;

(5) aplicar las leyes sobre
la extradición;

(6) obtener una propuesta para procesos
verbales en casos penales, y entre tanto, elaborar el
reglamento para los procedimientos penales actuales llevados a
cabo en audiencia pública.

• Objetivo No.3:

Neutralizar el sistema
financiero de los narcotraficantes y decomisar sus recursos
para el Estado:

1. fortalecer los esfuerzos
   anticontrabando;
2. realizar un programa agresivo de decomiso de
   activos;
3. congelar y decomisar cuentas bancarias y activos en
   Colombia y en el exterior.

• Objetivo No.4:

Neutralizar y combatir a los agentes de la violencia
aliados con los narcotraficantes:

(1) aumentar la seguridad contra el secuestro, la
extorsión y el terrorismo;

(2) impedir la adquisición de armas por los
grupos que se benefician del narcotráfico, mediante
esfuerzos coordinados a nivel internacional.

• Objetivo No. 5:

Integrar las iniciativas nacionales a los esfuerzos
regionales e internacionales: (1) compartir información
e inteligencia con otras agencias de seguridad en el
país; (2) aportar y coordinar con las operaciones y
esfuerzos regionales e internacionales.

• Objetivo No. 6:

Fortalecer y ampliar los planes de desarrollo
alternativo en las áreas afectadas por el
narcotráfico:

(1) ofrecer oportunidades de empleo alternativo y
servicios sociales a la población de las áreas
de cultivo;

(2) promover campañas masivas de
información sobre los peligros de las drogas
ilícitas.

3.3.-ELEMENTOS BASICOS DE LA
ESTRATEGIA

ANTINARCOTICOS

Aunque la lucha contra el narcotráfico es una
actividad principalmente de la Policía Nacional, los
vínculos estrechos de los traficantes con los grupos
armados al margen de la ley han obligado a las Fuerzas Armadas a
enfocarse en un aporte firme y decisivo a una lucha integral y
coherente contra esta amenaza.

3.3.1.-Acciones Complementarias de la
Estrategia

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han
diseñado un conjunto de acciones para apoyar sus
respectivos roles y responsabilidades.

• Derechos Humanos y
  Operaciones.

Todas las unidades de las Fuerzas Armadas deben
asegurar la protección de la democracia y de los
derechos humanos como responsabilidad prioritaria en la
ejecución de operaciones antinarcóticos, lo mismo
que en la lucha contra los grupos insurgentes y los grupos de
autodefensa. Las Fuerzas Armadas aumentarán su capacitación en derechos humanos antes,
durante y después de cada fase. La protección de
la población civil exige esfuerzos adicionales en la
lucha contra los grupos de autodefensa al margen de la ley en
las áreas de cultivo y procesamiento.

• Operaciones
  Aéreas.

Consolidar el control sobre el espacio aéreo
nacional por todos los medios disponibles. Restringir el uso
del espacio aéreo (inteligencia de todas las agencias,
acciones de la Fuerza Aérea). Aumentar la
autonomía de vuelo para las operaciones de la Fuerza
Aérea en misiones de interceptación. Proporcionar
apoyo adicional para interceptación con misiones
más frecuentes y aumentando su cobertura
geográfica. Mejorar el programa de interceptación
aérea, con énfasis en el oriente del
país.

• Operaciones Fluviales y
  Marítimas.

Mejorar y aumentar el apoyo operacional para la Armada
Nacional y la Infantería de Marina. Mejorar los
esfuerzos en el control de las importaciones de precursores
químicos. Interceptar los precursores químicos en
acciones aéreas, terrestres, marítimas y
fluviales (Ejército, Infantería de Marina, Fuerza
Aérea, Policía Nacional). Mejorar controles para
interceptar el movimiento de drogas en tierra por
parte de la Policía Antinarcóticos en los puertos
y aeropuertos.

• Aumento de Apoyo Operacional de las Fuerzas
  Armadas para la Policía
  Antinarcóticos.

Mayor uso de operaciones conjuntas con la
Policía Antinarcóticos. Fortalecer los esfuerzos
conjuntos
entre Colombia y Estados Unidos. Mejorar la protección
de nuestras propias fuerzas. Integrar las fuerzas para la
obtención y análisis de inteligencia. Aumentar el
número de tropas empleadas en operaciones. Aumentar la
movilidad en las selvas, con énfasis en operaciones
aéreas y fluviales. Mejorar la capacidad de las unidades
para realizar operaciones conjuntas nocturnas.

• Operaciones contra Laboratorios y Centros de
  Acopio.

Destruir la infraestructura de producción
(Inteligencia, Ejército, Infantería de Marina,
Fuerza Aérea, Policía Nacional). Combatir los
grupos de protección armada de los traficantes
(Ejército, Infantería de Marina, Fuerza
Aérea). Aumentar la capacidad de la Policía
Antinarcóticos y las Fuerzas Armadas para detectar
laboratorios. Aumentar los medios de destrucción de la
infraestructura. Disminuir la capacidad de traficar en materias
primas y drogas (Inteligencia, Policía Nacional, Armada,
Ejército, Fuerza Aérea).

• Erradicación de
  Cultivos.

Fortalecer y aumentar el uso de operaciones conjuntas
de seguridad durante tareas de fumigación y
erradicación. Apoyar las nuevas estrategias del Programa
de las Naciones Unidas
para la Fiscalización Internacional de Drogas en las
pruebas y
desarrollo de agentes de control biológico
ambientalmente seguros y
confiables, con el fin de encontrar nuevas
tecnologías de erradicación.

Resumen

El propósito de esta estrategia es fortalecer la
lucha contra el narcotráfico mediante la
coordinación de todos los elementos de las Fuerzas Armadas
y de la Policía en contra de los traficantes. Nuestra meta
es eliminar la producción de drogas a gran escala, de acabar
con la violencia y delincuencia a gran escala de los grupos
armados, promover el respeto por los derechos humanos y romper
los nexos entre los grupos armados y el apoyo que reciben de la
industria del
narcotráfico.

IV. LA
REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Colombia se ha comprometido a construir un sistema de
justicia que sea equitativo y eficaz. Las reformas
garantizarán que el sistema sea transparente como
accesible e independiente. Estas reformas eficaces constituyen un
elemento clave en el restablecimiento de la confianza del
público en el Estado. Los problemas de Colombia involucran
el sistema de justicia penal en su totalidad. Igualmente, afectan
una serie de dependencias del gobierno en las tres ramas de su
actividad. La rama ejecutiva trabaja estrechamente con la
legislativa y la rama judicial para asegurar una efectiva
coordinación e implantación de estas
estrategias.

4.1.-Consolidación del Estado de
Derecho

Colombia investigará, procesará y
condenará a los narcotraficantes y otros delincuentes.
Estos delincuentes deben ser detenidos en cárceles de alta
seguridad, con el fin de impedir que continúen con sus
actividades de delincuencia desde los patios. De acuerdo con la
ley colombiana los criminales internacionales aquellos que han
violado las leyes de otros países deben ser extraditados
para ser juzgados en las jurisdicciones donde se hayan recopilado
las pruebas de sus actividades. El gobierno garantizará
que estos esfuerzos adicionales para combatir el
narcotráfico y los grupos armados no se hagan a costa de
la protección de la democracia, de los derechos humanos y
del estado de derecho.

Para esta prioridad, Colombia fortalecerá sus
iniciativas con el fin de hacer cumplir las leyes nacionales y
multilaterales incluidas a) investigaciones y
capacitación multilaterales, y b) protección
efectiva de testigos y funcionarios judiciales;
extraditará a los delincuentes internacionales de acuerdo
con las leyes nacionales e internacionales; mejorará el
sistema carcelario con el fin de que cumpla con normas
internacionales de seguridad, incluidas facilidades adecuadas y
personal capacitado y profesional; y extenderá iniciativas
multilaterales para fiscalizar y decomisar los embarques de
precursores.

Con el fin de restablecer la seguridad y el bienestar
del público se debe disminuir la incidencia del secuestro
y crimen común en las calles, en ambos casos
inaceptablemente altos, pero en muchos casos producidos por el
narcotráfico.

Las estrategias para esta prioridad incluyen el
desarrollo de programas antiviolencia en todo el país con
la participación de las Fuerzas Armadas y de la
Policía, el sistema de justicia y los líderes
comunitarios, con énfasis en los delitos
relacionados con el narcotráfico; y el diseño,
capacitación y dotación de una unidad
antisecuestros para investigar y procesar a los
secuestradores.

4.2.-Responsabilidad del Sistema
Judicial

Colombia se ha comprometido a respetar el estado de
derecho y seguirá fortaleciendo todos los aspectos de su
sistema judicial. Esto incluye el apoyo para la transición
continua a un sistema acusatorio (incluidos procesos verbales e
investigaciones eficaces) y a una mayor agilidad de proceso en
todo el sistema judicial, con el fin de asegurar que habrá
acceso universal a la justicia sin importar la ubicación
geográfica o nivel de ingresos. El gobierno
liderará los esfuerzos para hacer que el sistema judicial
sea más justo y eficaz, más transparente y
más accesible.

Con este fin, el gobierno buscará disminuir la
impunidad
mediante mejoras en el sistema de fiscalías,
investigaciones más efectivas y procesos más
ágiles. Proporcionará una coordinación
efectiva para la rama judicial, incluida la
comunicación abierta y orientación efectiva de
políticas entre las diferentes ramas y dependencias del
Estado responsables para la reforma judicial y su administración; aumentará la
capacitación de funcionarios judiciales, incluidos los
jueces, defensores y fiscales con el fin de garantizar que sus
decisiones sean transparentes para el público, y que el
resultado sea justo en todos los casos, incluidos los casos
militares en jurisdicciones civiles; implementará un plan
de estudios nuclear para el cuerpo técnico de
investigación en una academia única para su
capacitación; y garantizará el acceso del
público a la justicia y a una justa defensa en todo el
país.

4.3.-La Promoción, Respeto y
Protección de los Derechos Humanos

El gobierno, bajo la coordinación de la oficina del
Vicepresidente de la República, se ha comprometido
totalmente a la protección y materialización de los
derechos fundamentales, de acuerdo con las obligaciones de
Colombia bajo los tratados y pactos internacionales.

El gobierno está cumpliendo con sus obligaciones
internacionales mediante la divulgación de un
entendimiento más profundo de los derechos humanos a
través de los medios, y por medio de la aplicación
de un modelo
pedagógico para ser aplicado en las Fuerzas Armadas, con
apoyo político y material para el trabajo de
las unidades de derechos humanos y capacitación para
periodistas en derechos humanos y en el Derecho Internacional
Humanitario. Al mismo tiempo, el gobierno está trabajando
en colaboración con el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos en Colombia.

El gobierno ha iniciado una estrategia contra la
impunidad. En el último año se han creado una serie
de comités interinstitucionales cuyo propósito es
el de insistir en la investigación y condena de los casos
más graves de violaciones de derechos humanos. Antes del
fin de 1999 el gobierno habrá conformado una
Comisión Permanente de Derechos Humanos y de Derecho
Internacional Humanitario. El gobierno ha enviado proyectos de
ley al Congreso de la República en materia de
desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad (laesa
humanitas) y la ratificación de la Corte Penal
Internacional.

Existe también una estrategia de
protección para las personas que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, con el apoyo del Programa para Testigos y
Personas Amenazadas, y de una orden presidencial en el sentido de
que los funcionarios públicos deben proteger a los que
trabajan sobre los derechos humanos y apoyar su trabajo y el
de las ONG.

4.4.-Eliminar la
Corrupción

El producto del narcotráfico ha corrompido los
funcionarios de todas las ramas del Estado y al sector privado, y
se ha visto el deterioro de la confianza del público en
las instituciones civiles. Colombia continuará con sus
esfuerzos con miras a combatir la corrupción y garantizar
que los culpables sean sometidos a las sanciones administrativas
o penales del caso.

Estos objetivos se lograrán con la
consolidación de iniciativas existentes, incluido el
Programa Presidencial contra la Corrupción y la Unidad
Anticorrupción de la Fiscalía; y mediante la
divulgación efectiva de información financiera e
investigación rigurosa de la honestidad de las
personas antes y durante su vinculación laboral con el
Estado.

El gobierno trabajará a través del
Programa Presidencial y la Contraloría General de la
República para mejorar la transparencia de la
contratación estatal y de las transferencias hacia las
entidades territoriales.

4.5.-Privar a los Delincuentes del Producto de
sus Actividades

La prevención del lavado de activos y el decomiso
del producto del narcotráfico (cuyo volumen se estima
en más de un billón de dólares anuales)
podrá financiar el esfuerzo para hacer cumplir la ley y
otras iniciativas sociales (incluidos la reforma agraria, el
desarrollo alternativo y el fortalecimiento de las
instituciones), elementos críticos para una paz
duradera.

Entre las estrategias para esta prioridad se incluyen:
la implantación efectiva de la legislación
existente con respecto a la confiscación de bienes y la
implantación de modificaciones para garantizar la
expedición de órdenes de decomiso de los bienes del
narcotráfico; el refuerzo de leyes e instituciones
existentes para combatir el lavado de activos, incluidas la
Unidad Especial de la Fiscalía y la Unidad de
Análisis e Información Financiera; la
coordinación de las autoridades nacionales e
internacionales para garantizar el intercambio efectivo de
información y colaboración entre fiscalías;
la destrucción de los nexos financieros entre
narcotraficantes, guerrilla y autodefensas, por medio de
programas de aplicación efectiva de la ley y de
cooperación multilateral; la coordinación de
fiscales, investigadores y agentes aduaneros y sus
homólogos en el exterior en un esfuerzo para desmantelar
el

mercado negro de divisas;
finiquitar el desarrollo de los mecanismos para distribuir bienes
confiscados en acciones de interdicción multilaterales, de
acuerdo al Derecho Internacional.

El Gobierno Nacional actuará en la forma
más rápida posible para lograr la
expropiación formal de los bienes decomisados a
narcotraficantes sindicados, especialmente en lo relativo a sus
propiedades. Estas propiedades se utilizarán
principalmente para asentar pequeños agricultores y
trabajadores provenientes de las áreas de
plantación de hoja de coca, al igual que para familias
desplazadas por la violencia rural.

4.6.-Combatir el Contrabando y Fortalecer la
Interdicción de Narcóticos

Un elemento crucial en la eliminación del
narcotráfico es el bloqueo de las rutas de transporte de
drogas, precursores químicos y contrabando (lo cual muchas
veces representa la repatriación de dinero de las drogas).
Esto requiere de un esfuerzo conjunto en todos los puertos de
entrada a Colombia y a lo largo de todas sus
fronteras.

Entre las estrategias para combatir esta prioridad se
incluyen:

• la coordinación de la aplicación
  efectiva en los mares, incluidos los esfuerzos conjuntos entre
  la Armada Nacional, la Fiscalía y sus homólogos
  extranjeros para incautar narcóticos y químicos y
  juzgar efectivamente a los infractores;
• el fortalecimiento y expansión de programas de
  seguridad portuaria existentes, que incluya todos los puertos
  de entrada;
• el mejoramiento de intercambio de información
  con las contrapartes extranjeras en cuanto a sospechosos,
  rutas, y patrones de métodos de transporte; el entrenamiento
  de una Policía Aduanera que cuente con todo el equipo
  necesario que garantice un control efectivo en los puertos y
  aeropuertos;
• el fortalecimiento de cooperación
  internacional en la lucha contra el contrabando;
• colaboración estrecha con otros gobiernos, a
  fin de que el sector privado se comprometa a adoptar medidas de
  prevención y control del contrabando, implementando una
  política de conocer al cliente y
  obteniendo un mejor conocimiento
  acerca de las actividades de sus clientes.

4.7.-Reducción de la
Demanda

Colombia es frecuentemente percibida como un país
productor de drogas ilícitas, pero la realidad es que el
consumo, aunque actualmente a niveles bajos, aumenta
rápidamente. Las campañas de prevención
frente al consumo de drogas ilícitas están
dirigidas principalmente a los jóvenes y diseñadas
para desestimular el consumo de drogas y controlar el abuso de
consumo de alcohol,
tabaco y
medicamentos que generen adicción. Las redes de
tratamiento y rehabilitación también serán
ampliadas para cubrir a un gran número de personas que hoy
en día no tienen acceso a ellas.

V.
DEMOCRATIZACION Y DESARROLLO
SOCIAL

El objetivo principal de esta estrategia es reducir las
causas y las manifestaciones de violencia, progresiva y
sistemáticamente, fortaleciendo la participación
civil y la conciencia colectiva. Esta estrategia busca asegurar
una mayor confianza en el gobierno local, participación
comunitaria en actividades contra la corrupción y ejercer
mayor presión sobre los grupos guerrilleros y otros grupos
armados para acabar con el secuestro, la violencia y los
desplazados. La estrategia también cobija la
participación comunitaria que genere las condiciones
sociales, económicas y culturales para la
erradicación de cultivos ilícitos en las
comunidades indígenas y campesinas.

5.1.-Asistencia para las Víctimas de la
Violencia

Una de las metas de la estrategia de paz es el
suministro de asistencia humanitaria adecuada para las
víctimas del conflicto armado, acorde con los principios
del Derecho Internacional Humanitario y la legislación
interna e incluye seguros y compensación,
rehabilitación física y psicológica,
mecanismos para cuantificar y determinar las víctimas, y
programas especiales para los más afectados (niños,
mujeres cabeza de familia, la
tercera edad y los grupos étnicos). El Gobierno Nacional
definirá un marco normativo, estableciendo niveles
mínimos de calidad y
responsabilidad institucional con base en indicadores y
procesos de vigilancia.

Con base en la Convención sobre los Derechos de
los Niños de las Naciones Unidas, la asistencia
humanitaria se concentrará principalmente en las
necesidades físicas y psicológicas de los
niños promoviendo su desarrollo y manteniéndolos
alejados de los grupos armados. Adicionalmente, incluye
rehabilitación, tratamiento psicosocial y entrenamiento y
educación
especial para los minusválidos, de acuerdo con sus
necesidades individuales y colectivas. Finalmente, la estrategia
comprende actividades para identificar y eliminar minas
antipersonales y para reducir el riesgo de
asentamiento en zonas de alto riesgo y de conflicto, a
través de la integración
económica y social.

5.2.-Asistencia a los Desplazados
Internos

Las actividades en este campo buscan devolver los
desplazados a sus hogares y garantizarles su estabilidad a
través de programas de inversión social y
productiva en las zonas de conflicto. La estrategia del gobierno
Nacional para la asistencia a los desplazados estará
estrechamente coordinada con el proceso de paz y el esfuerzo para
incrementar la capacidad del gobierno local. Primordialmente, la
asistencia a los desplazados será función de los
Gobiernos municipales y de las ONG colombianas bajo el liderazgo
de la Red de
Solidaridad Social. El Gobierno Nacional también
invitará a las organizaciones internacionales a participar
a nivel municipal, para movilizar recursos adicionales y
establecer mecanismos de verificación de la
situación local.

De acuerdo con lo establecido en los Principios Rectores
para la Asistencia a Desplazados Internos, las actividades del
Gobierno Nacional buscan neutralizar las causas del
desplazamiento, mejorando la seguridad en las áreas de
mayor riesgo.

En las áreas de conflicto, el Gobierno Nacional
estructurará un sistema de alerta temprana para detectar
amenazas inminentes de violencia, permitiendo de este modo que se
pueda actuar a tiempo. Si no es posible prevenir el
desplazamiento, el Gobierno Nacional proveerá lo necesario
para satisfacer las necesidades locales.

Se tomarán medidas para garantizar la
protección de los derechos de todos los desplazados y se
establecerán mecanismos para ofrecer asistencia
humanitaria de emergencia, como agua, nutrición, salud y
protección. Se dará especial atención a las
necesidades de personas de distintas edades, con servicios
especiales para los niños, las mujeres y las
minorías étnicas. Donde sea posible, el Gobierno
Nacional apoyará y promoverá las Comunidades de
Paz, a las cuales los desplazados pueden acudir y recibir
servicios sociales y protección física.

5.3.-Estrategia para el Desarrollo
Alternativo

Esta estrategia busca introducir alternativas
integrales, participativas, rentables y económicamente
sostenibles en áreas rurales, particularmente en aquellas
zonas afectadas por la combinación de conflicto intensivo,
presencia deficiente del Estado, capital social bajo, pobreza,
cultivos ilícitos y problemas
ambientales relacionados con ellos. Habrá especial
prioridad que garantice el mantenimiento
de proyectos productivos a largo plazo, principalmente para
cultivos permanentes, sin dejar de lado los cultivos
transitorios. La participación comunitaria
garantizará el aprovechamiento de las capacidades locales
y la demanda de los mercados nacionales e internacionales. La
sostenibilidad se garantizará a través de alianzas
estratégicas, con la participación de
pequeños productores, inversionistas privados, los
gobiernos locales y el nacional y asociaciones de productores. Un
punto importante de la estrategia es el fomento de
inversión privada en actividades orientadas a la demanda,
con microempresas
y mecanismos para la preventa de las cosechas. Estos proyectos
serán apoyados por mecanismos financieros e
inversión en infraestructura física, como
carreteras, redes de transporte fluvial, proyectos de minería y
electrificación, vivienda, sistemas de
acueducto y saneamiento básico, e infraestructura
adicional para dar apoyo a iniciativas productivas.

La estrategia busca mejorar las condiciones sociales y
el ingreso de los campesinos directamente, y constituye el marco
de la política para el abandono de los cultivos
ilícitos. La anterior política está dirigida
principalmente a pequeños agricultores (menos de tres
hectáreas de producción) y a los trabajadores en
las plantaciones. La actividad se determina por la proximidad de
producción legítima a mercados potenciales, el
origen de las personas productoras de los cultivos
ilícitos y el potencial agrícola de la tierra en
que se encuentran los cultivos ilícitos.

En las áreas de cultivo de amapola, al igual que
en aproximadamente una tercera parte de las áreas de
cultivo de coca, normalmente es viable sustituir la
producción ilícita de pequeños agricultores
por uno o más cultivos lícitos. En estas zonas se
intentará que los productores abandonen la
producción de cultivos ilícitos
suministrándoles asistencia para establecer cultivos
legales y rentables, ofreciendo servicios de educación y
salud, infraestructura municipal mejorada, y seguridad personal.
El gobierno municipal, el sector privado y las ONG colombianas
trabajarán con el Gobierno Nacional para establecer
cultivos sostenibles y fortalecer los nexos entre los productores
y los mercados urbanos locales.

Se estima que un 60% de las áreas de cultivo de
coca se encuentran alejadas de sus mercados potenciales y son
poco aptas para cualquier tipo de producción
agrícola sostenible. El Gobierno Nacional estudia tres
posibles maneras de ofrecer oportunidades legítimas de
ingreso a pequeños agricultores y trabajadores de esas
zonas. Primero, los agricultores y aquellos en condiciones
similares tendrán la oportunidad de salir de las
áreas de producción de coca y asentarse en tierras
decomisadas del narcotráfico o en tierras suministradas
por el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma
Agraria); segundo, se ofrecerán oportunidades
laborales en pequeñas empresas de áreas urbanas de
origen, para migraciones de productores de coca, para reducir el
incentivo económico de la migración;
tercero, el Gobierno Nacional trabajará con los grupos
indígenas y los gobiernos locales para impulsar
actividades económicas y ambientalmente rentables para
conservar áreas de forestación, en un esfuerzo para
frenar el avance de la frontera
agrícola hacia ecosistemas frágiles. El trabajo en
la conservación y la protección del medio ambiente
también genera empleo para los antiguos cultivadores de
coca.

El costo estimado de la estrategia de Desarrollo
Alternativo para 1999-2002 es de US$570,8 millones; US$342,5
millones se utilizarán para proyectos de producción
y transferencia de tecnología, US$100 millones para
infraestructura en áreas rurales, US$86 millones para la
conservación y restauración de áreas
ambientalmente frágiles, y US$42,3 millones para apoyar el
desarrollo de las comunidades indígenas.

5.4.-Desarrollo
Sostenible en Áreas Ambientalmente
Frágiles

El conflicto armado afecta el hábitat
natural de la misma forma que lo hace la expansión de la
frontera agrícola (legal e ilegal, la cual ha destruido
cerca de un millón de hectáreas de bosque desde
1974). Estas zonas incluyen una alta proporción de
áreas de conservación y parques naturales, y existe
amplia evidencia para demostrar que este proceso de
expansión amenaza seriamente el resto de la Cuenca
Amazónica.

Para combatir el problema, se han tomado ciertas
acciones, entre ellas, la restauración de algunas
áreas como parques naturales, al igual que la
recuperación de los bosques1, con lo cual se busca hacer
un aporte a los objetivos mundiales de preservación de la
Cuenca Amazónica (como se observa en la Convención
sobre Cambios Climáticos). Adicionalmente, el Gobierno
Nacional facilitará la transición de la
producción agrícola insostenible hacia cultivos
más adecuados para las condiciones locales y regionales.
Finalmente, entre las actividades previstas se busca apoyar la
reforestación a pequeña escala y la
consolidación de mercados verdes para generar
posibilidades comerciales locales.

5.5.-El Papel de las Comunidades Locales y los
Municipios

Los ciudadanos buscan seguridad, orden, empleo,
servicios básicos y un mejor futuro para sus hijos. Los
programas nacionales como aquellos para el desarrollo
alternativo, protección ambiental, desplazados y
asistencia para zonas de conflicto buscan la realización
de esas expectativas de los ciudadanos, reduciendo de este modo
los incentivos para las migraciones o para cultivos
ilícitos. Las comunidades locales y los concejos
municipales juegan un papel fundamental para garantizar que estos
programas nacionales lleguen a su destino.

El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
locales en la ejecución y desarrollo de planes nacionales
de inversión, el trabajo con las ONG y empresas en la
resolución de problemas, y el desempeño de todos los órganos es
esencial para la estrategia de inversión social y
desarrollo alternativo en Colombia.

El Gobierno Nacional trabajará por medio de la
Red de Solidaridad Social, los ministerios y
las ONG para apoyar a los gobiernos municipales en el manejo de
recursos y habilidades técnicas,
en el manejo de desplazados, desarrollo alternativo y lucha
contra la pobreza. Cerca
de 150 comunidades que habitan en zonas donde el conflicto y los
cultivos ilícitos han interrumpido el suministro de
servicios básicos, donde se ha sufrido una
degradación ambiental y en las cuales existe un alto nivel
de pobreza, serán seleccionadas en un periodo de dos
años con el fin de que participen en programas de
fortalecimiento institucional. Líderes comunitarios
serán entrenados en técnicas de gobierno. Los
gobiernos locales serán entrenados para promover la
participación comunitaria en los procesos de toma de
decisiones y en la solución de problemas sociales y
económicos. La capacitación de líderes
locales permitirá establecer prioridades acerca de las
necesidades locales y las iniciativas para implementar y
diseñar los servicios básicos requeridos, con el
fin de que los recursos disponibles se utilicen de la manera
más efectiva y eficiente posible.

Con el fin de maximizar la eficiencia, los gobiernos
regionales y locales trabajarán con el Gobierno Nacional,
empresas locales y ONG. La administración municipal
buscará invertir el recaudo local, los recursos
provenientes del presupuesto nacional y las donaciones para
apoyar organizaciones locales en la satisfacción de las
necesidades locales de alta prioridad.

Con el fin de fortalecer el desarrollo institucional,
esta estrategia también promoverá una mayor
confianza, legitimidad y fe en las instituciones públicas.
Se fomentarán mecanismos formales e informales que
inculquen la tolerancia, la justicia, la seguridad y los cambios
en los patrones culturales que incitan a reacciones violentas, al
conflicto. Todo ello se complementará con un apoyo activo
para fomentar redes locales de paz.

Conclusiones.

1. El plan Colombia es una manifestación de
   incomfomidad de la sociedad ante la forma de gobierno a la que
   están sujetas por ser parte de ese
   país.
2. Esta rebelión que se da a raíz de este
   problema esta desatando una lucha campal entre el pueblo y el
   gobierno.
3. El plan Colombia en si ha llegado a constituirse en
   un problema que no solo afecta al entorno en el cual se
   desenvuelve sino a sus alrededores también.
4. Este movimiento que se da para contrarrestar a los
   subversivos si no se lo plantea y maneja bien puede causar no
   solo un daño
   sino una catástrofe a el entorno en el que se esta
   desarrollando .
5. En este proceso debemos tomar en cuenta muchos
   aspectos como es lo social, político, cultural,
   económico, entre otros que van a influir de manera
   radical en el enfoque que va a darse en el plan
   Colombia.

Bibliografía.

http://www.plancolombia.gov.co/

http://www.plancolombia.gov.co/programas/jovenes/index.asp

http://www.rebelion.org/plancolombia/davos310101.htm

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/

http://www.mindefensa.gov.co/plan_colombia/plan_colombia.html

https://www.monde-diplomatique.fr/cuaderno/plancolombia/narco

Alexandra Urbano Borja

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

5To Ciencias
Sociales