XII. Proceso de
privatizaciones en la década menemista
Crisis de Estado
La década de 1970 es en el ámbito
internacional el momento de la ruptura con la forma de desarrollo social
y económico que supone al Estado como
factor principal de ese crecimiento. La crisis del
Estado
acompañada con la del petróleo
produce un decrecimiento económico y un aumento del
desempleo y la
inflación. Esto da pié a que las teorías
económicas clásicas que se habían visto
ocultadas por el éxito
del Welfare State resurjan en toda su gloria al salvataje
(así como lo hacen las religiones que ocultas por
un Estado represor, despiertan con toda la furia de los
extremismos).
Así, la década del 80 (la década
perdida) ya ve hacer efectiva en esta política
económica llamada neoliberal (Reagan en los Estados Unidos,
Tacher en Inglaterra) de
coordinación de la economía a
través del mercado. La
crisis en
Latinoamérica – y particularmente en
la Argentina –
encuentra hacia finales de la década una síntesis
de la crisis manifestada en procesos
hiperinflacionarios. Un gasto que desborda al ingreso; un
proteccionismo que distorsiona la competitividad
de las nuevas industrias; un
gasto social que subvenciona a los sectores medios en
desmedro de los más pobres; una burocratización
ineficaz que inhibe cualquier esfuerzo innovador, es la crisis
final del último intento de ser de un Estado que bajo esa
perspectiva juega en contra del desarrollo
económico y se interpone al avance de la lógica
de mercado.
En respuesta a la ortodoxia neoclásica que
tampoco brinda respuestas satisfactorias durante la década
del 80, surgen distintos enfoques que buscan determinar las
causas de la crisis y plantear una solución para las
mismas. Con mirada hacia Latinoamérica, tenemos referencia de dos
enfoques: el "consenso de Washington" y el de Crisis fiscal.
Consenso de Washington
Este puede ser tratado como el enfoque que más se
aferra a la cultura
liberal. Apunta a conciliar la lógica
del orden económico de acuerdo a las
especificidádes de cada economía
Latinoamericana. Encuentra entre las causas de la crisis un
excesivo crecimiento del Estado, traducido en proteccionismo,
exceso de regulación y empresas
estatales ineficientes y numerosas; así como un "populismo
económico", definido por la incapacidad de controlar el
déficit público y de mantener bajo control las
demandas salariales en el sector privado y
público.
Su propuesta como solución a la crisis supone dos
aspectos. En primer lugar establecer la estabilidad
macroeconómica. Esta se logra a través del a)
control de la
inflación: la producción se ve entorpecida si el sistema de
precios se
encuentra fuera de control; b) control del déficit
fiscal: es una
de las causas del punto a. El Estado
gasta más de lo que gana, es "benefactor"; c) equilibrio de
la balanza de pagos:
consiste en la reducción de la inflación y del
gasto
público; y d) estabilidad del tipo de
cambio: variable clave para una economía que se
disponga a apuntar al sector externo y a generar
confianza.
Como aspecto de la reforma estructural piensa en a)
privatizaciones: apunta a la lógica fiscal del ahorro
estatal; b) desregulaciones: tasa de
interés desregulada, libre al mercado, a la "ley de oferta y
demanda"; y c) apertura de la economía: a ella se
asocia la libre competencia que
apareja el aumento de la competitividad
y su consecuente mejora de calidad y
precios.
Pueden señalarse como principales críticas
a este enfoque su ahistoricidad, ya. que evitan establecer
contacto con el desarrollo de
los hechos.. Por otro lado en ningún momento hace
mención a la deuda de los Estados, tanto interna como
externa.
Crisis fiscal
El enfoque de la crisis fiscal enfrenta el problema
dando mayor presencia al Estado del que le da la opción
anterior. Si bien ve también una crisis en el Estado a
partir de un crecimiento exagerado y distorsionado de
éste, aboga por la reconstrucción de éste a
partir de que al tiempo que reduce
su tamaño se reconstruye como un Estado fuerte.
La principal problemática de los Estados
Latinoamericanos en crisis es que se vieron impedidos de su
capacidad de ahorro, por lo
tanto de inversión social, de infraestructura, de
subsidios para el desarrollo
industrial. Los cinco puntos que definen la problemática
estructural son a) el déficit público; b) un ahorro
reducido o bien negativo; c) una deuda
pública interna y externa, acarreada de la crisis que
comienza en el 70 de los Estados que sostuvieron la
situación a través del crédito
mientras poseyeron la confianza de los acreedores, muy grande; d)
falta de crédito
e incapaz de seguir generando deuda
pública interna y e) la falta de credibilidad de los
gobiernos. Se podría resumir la causa de la crisis en el
grave endeudamiento adquirido por los Estados a los efectos de
financiar una estrategia "hacia
adentro" en lugar de orientarla a las exportaciones.
La solución de esta postura apunta
sustancialmente a la reducción de la deuda pública
a través de un ajuste fiscal (sobre todo hacia aquellos
que pueden pagar) y una reducción de gastos a los
efectos de recuperar el ahorro del Estado. Esta
recuperación se supone con una cierta prolongación
en el tiempo, sin
"soluciones
mágicas". Por otro lado no adjudica el papel cuasi
totalizante del mercado propuesto por la economía liberal,
sino una economía de coordinación mixta entre Estado y mercado
con una creciente orientación que vaya del mercado interno
al externo. Es decir un Estado pequeño pero fuerte, con
capacidad de arbitrar el avance ciego del mercado.
Crisis y reforma en el gobierno de
Menem
Cuando Menem asume el
poder anuncia
– y más tarde hace efectivas – una serie de
reformas que marcan un vuelco absoluto respecto de la política anunciada en
el discurso
previo a la ascensión. Podemos pensar que dichas reformas
responden en gran medida al enfoque y propuesta del "consenso de
Washington" pero en cierta forma alterada. La reforma
habría sido aplicada casi con un mínimo de
ortodoxia, presentando algunas alteraciones – que en el
plano de lo teórico – que no se ajustan
estrictamente a dicha propuesta, lo que daría como
resultado una forma alterada de la misma. Dichas alteraciones
cabría tipificarlas más allá del ajuste
necesario – supuestamente – a las condiciones y
contexto de cada país; podríamos pensar que
responderían a una adecuación de características particulares para los
actores de decisión económica que participaron en
la reforma, donde desde este plano (el económico), dichos
actores se verían beneficiados.
Las condiciones que presenta el Estado en el momento que
Menem asume no
cubren al menos parte del mínimo de características que debería cubrir
el más mínimo de los Estados neoliberales:
garantizar la propiedad y el
orden interno y la estabilidad de la moneda. La
hiperinflación del 89 provocó el colapso de las
finanzas
públicas, provocando no solo huidas hacia el
dólar que potenciaron la situación, sino
también "hacia los supermercados".
Podemos presentar los principales puntos de la propuesta
del "consenso de Washington" resumiéndolas en dos grupos de
medidas: la primera apunta a promover la estabilización de
la economía a través del ajuste fiscal y la
adopción de políticas
liberales de mercado, y la segunda a reducir el
Estado.
En términos generales los cambios efectuados por
el gobierno de Menem
con la prioridad de reducir el déficit fiscal y contener
la inflación antes que aumentar la competitividad y
productividad
de la industria a
largo plazo, con lo que se puede pensar que las políticas
aplicadas se vieron conducidas por un
"apresuramiento".
Entre las primeras acciones se
encuentra la de perfilar la ley de Emergencia
Económica, produciendo el primer gran corte con la
metodología de asistencia estatal al
suspender los regímenes de promoción industrial, regional y de
exportaciones,
así como autorizar el licenciamiento y el fin de esquemas
salariales de privilegio en la administración
pública. Esta política de
eliminación de subsidios viene aparejada en la
política propuesta por el modelo
norteamericano por un aumento de la inversión pública en los
ámbitos de salud, educación e
infraestructura.
En este aspecto obtenemos una primera alteración
del modelo de
Washington con respecto a la aplicación del mismo por el
cambio del
gobierno de Menem. Este aspecto se adecua a la reducción
de los subsidios pero no a aquel aumento de la inversión
pública que se supone lo acompaña. Si bien aumenta
la Inversión en términos generales a partir del
año 91 (16,3 % del P.B.I.) llegando al 22 % del P.B.I. en
el año 96, la inversión pública sigue el
sentido inverso, pasando del 2,3 % del P.B.I. en el año 90
al 0,9 % del mismo en el 93.
Reforma tributaria
Siguiendo el mismo orden de cosas, es menester hacer
referencia a la política
fiscal como uno de los ejes donde gira la reforma estructural
del Estado en el primer período menemista. En este sentido
el enfoque del "consenso de Washington" propone la
aplicación de una fuerte disciplina
(tendiente a eliminar el déficit público) y por
otro lado una reforma tributaria tendiente a ampliar la base de
la misma. La reforma llevada a cabo en este sentido supone tres
aspectos. El primero consiste en la concentración de la
estructura
impositiva en pocos impuestos,
básicamente I.V.A. y ganancias, expandiendo la base del
imponible, aumentando las alícuotas y ampliando los
mecanismos de agentes de retención (este último
manifiesto en campañas publicitarias). Resulta interesante
apreciar como esta reforma tiñe al aspecto impositivo de
una particular "equidad". Primeramente el I.V.A. lo pagan
todos. Para el impuesto a las
ganancias, al reducir el imponible, aquel que no tenga cargas de
familia ni
demás declaraciones puede llegar a pagar el impuesto a partir
de los $ 1.500 de ingreso.
El segundo cambio
estaría vinculado al aspecto anteriormente descripto
(suspención de subsidios) y se aplica al eliminar parcial
o totalmente las exenciones impositivas especiales de promoción industrial y regional. El tercer
aspecto del cambio se adecua a la aplicación de una mayor
rigurosidad sancionando una nueva ley penal tributaria que
aumentaba los riesgos de
evasión, intentando invertir una cultura del
pago tributario corroída.
Liberalización comercial
Un segundo eje de reformas es el de la
liberalización comercial o así también
llamada apertura económica. Esta se instrumenta por medio
de la baja y anulación de aranceles y
cupos en la importación. Se pueden señalar como
objetivos de
la apertura la caída de precios, fomentar las importaciones con
lo que aumenta el consumo
interno. También permitiría el ingreso de capital
industrial nuevo, lo que daría una mejora en la
competitividad a largo plazo. Sobre este último aspecto es
importante señalar que la mayoría de las
pequeñas y medianas empresas quedan
fuera de esta renovación al no tener acceso a créditos en el exterior más baratos
de los que ofrecía la Argentina. Solo
alrededor de las 400 empresas más grandes del país
lograron ponerse a tono a este respecto. Se puede señalar
entre otras consecuencias que a corto plazo esto trae un
desequilibrio en la balanza
comercial así como una distorsión en los
precios relativos dada la protección tanto natural como
preferencial de algunos productos
(industria
automotriz). Relacionado con esto se podría pensar en un
aporte realizado por el profesor Diego Raus. Sostiene que la
paridad del peso con el dólar 1=1 no es real sino forzada
tanto por la ley como por los fondos que la respaldan dado que
desde establecida ésta ha habido igual inflación,
con lo que la paridad real no es la nominal, sino de alrededor de
1,4=1. Esto distorsiona el precio real de
los productos
exportables, lo cual no solo apareja desequilibrio en la balanza de pagos,
sino que se traduce en una reducción de costos, o sea, en
aumento de desempleo.
Uno de los principales problemas con
los que se enfrentó esta política de apertura fue,
respondiendo a la constante del resto de las reformas en función de
reducir el déficit fiscal y contener la inflación,
el no haber sido aplicado con un carácter
gradual. El peligro de no efectuar las reformas en forma
gradual en nuestro país trae como consecuencia un elevado
cierre de empresas, sumando un factor más a las causas del
aumento del desempleo en ese periodo.
Privatizaciones
Pasando al eje de las privatizaciones, la manera
vertiginosa ("al cabo de un año, hacia octubre de 1990,
casi todas las empresas públicas seleccionadas
habían sido transferidas al sector privado") con que se
realizaron, demuestra el mismo carácter
apresurado en su aplicación. Su instrumentación se llevó a cabo
mediante un llamado a licitación y venta de acciones
mediante la sanción de la ley y los respectivos decretos
presidenciales que las posibilitaron. También se
instrumentó un plan de
capitalización de la deuda, que permitía aceptar
hasta un cierto porcentaje del valor de la
venta a los
desvalorizados títulos de deuda al precio que
habían sido emitidos, es decir, se igualaba el valor nominal
al real revalorizándolos a su valor inicial. Esto
permitiría cancelar en parte la deuda, pero las
privatizaciones en general tuvieron como objeto disminuir el
déficit de la apretada situación financiera del
sector
público.
Una característica fundamental de las
privatizaciones, que encuentra conexión con lo que
será luego una de las críticas, es el consenso que
estas tenían. La defectuosa, y deficitaria en algunos
casos, situación de las empresas legitimó el
explícito objetivo del
gobierno de mejorar el servicio. Esto
aparejó a que la rapidez con que se llevaron a cabo las
mismas no permitiera el necesario saneamiento de ellas a los
efectos de mejorar su precio.
La venta permitió acumular recursos del
tesoro que serían fundamentales para hacer efectivo el
plan de
convertibilidad, pero se hacen manifiestas consecuencias que en
gran medida se traducen a una desprotección de los
consumidores. Tal vez sea la crítica más trillada,
pero presenta una contradicción que debe ser marcada; se
trata de las condiciones en que fueron presentadas las ofertas de
los eventuales compradores. Las privatizaciones fueron realizadas
bajo un carácter monopólico que daría
grandes beneficios a los compradores al sacarse de encima el
"estorbo" de la competencia,
permitiendo en la instancia más manifiesta disponer del
aumento de las tarifas.
A la luz de la
teoría
que sustenta la perspectiva del "consenso de Washington" la
instrumentación de privatizaciones llevada
a cabo por Menem se presentaría como contradictoria. Si
bien "las empresas públicas deberían ser
privatizadas", la forma en que fueron realizadas estas se
presentarían más bien como objeto de crítica
al fundamento teórico del consenso. Las privatizaciones
consistieron en trasladar el por ellos mismos criticado monopolio
estatal a un monopolio
privado. El beneficio que supone la aplicación de una
política de libre mercado se ve trunco desde su
raíz. Su razón de ser, la libre competencia a los
efectos de mejorar la calidad del
servicio
mediante la competencia, no es puesta sobre el tapete de juego bajo las
reglas que le dan su característica esencial;
característica que le aporta el único beneficio que
tiene. Sin ella simplemente no es. Por lo tanto podemos pensar
que aquí se hace manifiesta otra alteración de las
reformas aplicadas en referencia a la propuesta norteamericana.
Principalmente por los aspectos de la aplicación del
método de
capitalización de la deuda como por el traslado de un
mercado monopólico estatal a uno privado, podemos comenzar
a pensar que la aplicación de la reforma del estado se
presenta con una alteración sustancial respecto de la
propuesta ortodoxa. Dichas alteraciones pueden ser pensadas en un
principio como instrumentación de una política que
otorgaría beneficios en el plano económico no solo
a empresas internacionales, sino también a grandes
capitales nacionales que participaron de la privatización y que veían afectados
sus intereses por la política de desregulación
efectuada por el gobierno.
Con la aplicación de la convertibilidad – a
la cual las reformas anteriores fueron en alguna medida
funcionales – se logra frenar la inflación,
reaparece el crédito y se reactiva el consumo. La
estabilidad atrae por otro lado a capitales
financieros.
XIII.
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRIVATIZACIONES EN
ARGENTINA
Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsin como
Menem han manifestado una voluntad política de efectuar
privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes
específicos al respecto plasmados en normas legales, a
diferencia de países como México o
Chile. En la
década de los 80’ las privatizaciones efectuadas
afectaron tan solo a cuatro empresas publicas procedentes de
antiguas empresas privadas en crisis, mientras que el numero
total de empresas publicas superaba las 300, si bien la
mayoría de ellas de pequeña entidad.
El objetivo
preferente perseguido por el gobierno, a juzgar por las
actuaciones realizadas a lo largo de los últimos
años, no parece haber sido tanto recaudatorio como de
intento de mejora de la gestión
de determinadas empresas de servicios
públicos, mezclados, eso si, con el de la reducción
de la deuda
externa.
Las operaciones
más importantes en este sentido las ha llevado a cabo el
gobierno de Menem, que se inicio en las privatizaciones vendiendo
el 60 % del capital de la
compañía telefónica, ENTEL, que ha pasado a
estar controlada por dos sociedades,
una (Telefónica de Argentina) liderada por la
Telefónica española, y otra (Telecom Argentina)
liderada por France Telecom. Y la italiana STET. La
operación se realizo ligada a una reducción de la
deuda externa
argentina.
Igualmente a finales de 1990 la compañía
española Iberia adquirió íntegramente
Aerolíneas Argentinas y una parte importante del pago
consistió en que Iberia se hiciese cargo de 20.000
millones de dólares nominales (un importe una cinco veces
inferior en precio efectivo) de deuda publica
argentina.
A esto ha seguido la venta en 1992 de la
compañía eléctrica estatal Edenor a un
consorcio liderado por la francesa EDF y la española
Endesa (curiosamente ambas publicas), por un importe de 428
millones de dólares, de los cuales el 70 % en forma de
absorber también deuda publica
exterior, y la venta de la otra compañía
eléctrica Edesur a un grupo
argentino. Las otras privatizaciones importantes en el bienio
1991-92 han sido: una empresa de
astilleros (adquirida por la francesa Brisard), una cadena de
televisión, varias empresas
petroquímicas, diversos pozos de petróleo y
la compañía estatal de distribución de aguas, Obras Sanitarias de
la Nación.
Los planes privatizadores del gobierno son, no obstante,
más amplios aun. Se han privatizado a partir de 1993,entre
otras, a las siguientes empresas públicas: Gas del Estado,
que ostenta al monopolio de suministro para el area de la capital
y a cuya compra opta la francesa Gas de France;
tres gaseoductos; concesiones petrolíferas; líneas
de metro; ferrocarriles de cercanías; la empresa
siderurgia Somisa y hasta el propio servicio de correos,
Encotel.
Como puede verse, junto a la política del
gobierno de Menem de llegar a la privatización de las empresas publicas
más clásicas (ferrocarril, metro, correos),
destacan dos aspectos en el caso de Argentina: por una parte que
las grandes operaciones de
privatización se han efectuado vendiendo las empresas a
compañías extranjeras publicas (las
españolas Telefónica, Iberia y Endesa y las
francesas EDF y pago acodado ha consistido en que la compradora
extranjera asuma el pago de títulos de la deuda externa
argentina. Una suma pues de dos objetivos: el
de racionalizacion/potenciacion de las empresas, al dar entrada a
grupos
industriales extranjeros del mismo sector, que asumen la gestión
de las empresas privatizadas; y el objetivo recaudatorio de
reducir la deuda publica externa.
XIV.
CONSECUENCIAS DE LAS PRIVATIZACIONES
Bajo la presidencia de Carlos Menem se vendieron
empresas del estado a empresas privadas extranjeras a bajo
costo, haciendo
que fluya mucho dinero pero a
largo plazo esto produjo desempleo (ya que al venderlas sin poner
una restricción les daba libre control de la empresa).
La privatización abarcó empresas
productivas y de servicios,
activos
públicos como las reservas petroleras, actividades de
regulación y hasta de control social como la
emisión de documentos de
identidad.
Una de las particularidades de este proceso fue el
rápido ritmo con que se llevo a cabo.
Existía un gran interés
por parte de los acreedores externos para los cuales las empresas
públicas eran la mejor opción para hacer efectivo
una parte del capital adeudado a través de la
capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de
inversión ocupando mercados hasta
ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente
multiplicar sus ganancias.
Cabe destacar que todo el proceso de
privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de
los organismos financieros internacionales (FMI, BID,
Banco
Mundial).
Se esgrimieron cuatro tipos de argumentos en favor de
las privatizaciones.
El primero tenía que ver con la necesidad de
reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones
servirían para bajar ese déficit en la medida que
las empresas serían entregadas como parte del pago de la
deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda,
daría señales favorables de cambio de rumbo a los
agentes económicos y a los gobiernos de los países
desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores
externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel
local.
El segundo argumento, ligado íntimamente al
anterior, giraba en torno de la
necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida
durante el período que precedió a las
privatizaciones fue la herramienta fundamental del gobierno para
actuar de manera acelerada en este proceso. El gobierno
identificaba a las empresas públicas como una de las
causas fundamentales de la crisis y por eso, cuanto mas
rápido se privatizara, se reduciría el
déficit público y volvería la
estabilidad.
En tercer lugar se argumentaba que el Estado no
tenía capacidad para financiar las inversiones
necesarias en tecnología para
encarar las obras de modernización, con lo que el aporte
del capital privado aseguraría el mejoramiento del
sistema.
Por ultimo se afirmaba que el estado era incapaz para
administrar con eficiencia,
fomentaba la burocracia y la
corrupción
y en consecuencia no podía brindar buenos
servicios.
Dos leyes aprobadas
en el Congreso, fueron las que abrieron camino e hicieron posible
el rápido programa de
privatizaciones. La primera, de Reforma del Estado, autoriza al
Poder
Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas,
suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos
de control, dividir las empresas y privatizarlas. Así se
concentró el poder de
decisión en el Poder
Ejecutivo y se suprimieron los Organos de Control. La segunda
ley, llamada de Emergencia Económica, derogó las
normas que
diferenciaban al capital extranjero del nacional. El camino que
llevo a la entrega del patrimonio
nacional quedo allanado.
Para reducir el precio de las empresas públicas y
facilitar su venta las mismas fueron desmanteladas. Los nuevos
marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos
impuestos a
los oferentes fueron de tales que sólo quedaban espacio
para que se presentaran los grandes grupos económicos
nacionales y extranjeros.
Se consideraron prioritarios tres sectores:
Energía, Comunicaciones
y Transportes.
Podemos analizar las consecuencias según cuatro
grandes áreas:
Sobre la propiedad:
Esta es la consecuencia mas evidente del proceso de
privatización que tiene que ver con el pasaje de la
propiedad del estado de sectores estratégicos de la
economía a manos privadas. Este pasaje produjo grandes
cambios estructurales en la propiedad, concentrando y
consolidando la presencia de los grandes grupos
económicos. Asimismo acentuó la tendencia a la
asociación entre esos grandes grupos económicos
locales con los grandes capitales extranjeras.
La reconversión de la
empresa:
Tiene implicancias directas sobre los
trabajadores.
Se perdieron los derechos que tenían
como trabajadores públicos como la estabilidad en el
cargo.
Se produjo una fuerte reducción de los planteles
por la vía de los llamados retiros "voluntarios" para los
cuales las empresas destinaron enormes sumas de dinero. Esto
da cuenta de la importancia estratégica que las empresas
le otorgaron a la reducción de personal. Esto
fue acompañado por un proceso de sustitución del
personal con
mas antigüedad en la empresa cuya
experiencia sindical y política no era deseada.
Cuando el retiro voluntario no era aceptado por los
trabajadores convocados se iniciaba una campaña
persecutoria o discriminatoria contra ellos, se los trasladaba a
zonas alejadas de sus hogares o a otros sectores de trabajo con
tareas desconocidas o disgustantes (para usar un termino
utilizado por algunas empresas), o bien colocados en estado
disponibilidad sin tarea asignada, con lo que se inducía
un gran desgaste psicológico destinado a hacerlos aceptar
el retiro "voluntario".
De esta manera se conseguían renuncias evitando
los despidos y el costo
político que ellos implicaban. El porcentaje promedio de
reducción de puestos de trabajo en las principales
empresas privatizadas hasta 1997 alcanza el 57%. (Ver cuadro 1 al
final del documento).
En tercer lugar, el aumento del horario de trabajo y de
los ritmos habituales por medio de introducción de nuevas
tecnologías o simplemente imponiendo otras pautas de
producción.
En cuarto lugar, se aplican nuevos y diversos contratos
flexibles, por tiempo determinado, pasantías, con salarios
flexibles que incluyen pagos por productividad,
entre otros.
Por otra parte se da un fuerte proceso de
tercerización de ciertos sectores de la producción
que antes estaban integrados a la empresa, lo cual se constituye
en una fuente de fragmentación y precarización del
colectivo de trabajo.
Por último, las empresas privatizadas se apuraron
la firma de nuevos convenios colectivos que destruyeron viejas
conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación y
control del trabajo como la polivalencia.
Estas son algunas de las cuestiones que hacen a la
reconversión de las empresas que afectan directamente las
condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los
trabajadores.
La desnacionalización.
La extranjerización de las áreas
privatizadas es muy fuerte y evidente. Las telecomunicaciones quedaron en manos de capitales
públicos españoles, franceses e italianos ; la
distribución de gas de la Capital en manos
británicas ; la generación y
distribución de electricidad,
capitales provenientes a su vez de la privatización de la
seguridad
social chilena ; la red cloacal y de agua,
franceses. El escritor Eduardo Galano ironizó este proceso
de desnacionalización al definir las privatizaciones como
"la transacción mediante la cual el estado argentino pasa
a ser propiedad del estado español".
Por un lado, las empresas públicas en nuestros
países se extranjerizan, y por otro las empresas
públicas de los países centrales se amplían
y expanden. Según la Corporación Financiera
Internacional, las 2/3 partes de las privatizaciones a nivel
mundial se realizaron en América
Latina.(Ver Cuadro 2 al final del documento)
La desregulación:
En este punto lo central fue introducir el concepto de
competencia en el sector. Para eso se busco eliminar la
prestación monopólica del servicio creándose
un mercado mayorista y otros minorista para la compra-venta del
fluido. La desregulación habilita la competencia entre las
empresas y lleva a una búsqueda espectacular de
reducción de costos. La
desesperación por reducir costos sumada a la falta de
control efectivo amenaza la calidad y seguridad en la
prestación del servicio eléctrico, como
lamentablemente hemos podido comprobar en nuestro país. La
estrategia de las
empresas consistió en obtener ganancias rápidamente
sin reinversión.
XV. COMPARACION DE
INGRESOS Y
EGRESOS
Las privatizaciones en el período
1990-1999
Ingresos totales por privatizaciones
nacionales y provinciales
(en millones de
dólares)
Privatizaciones por modalidad de
pago
(en millones de
dólares)
La Privatización del Sector Eléctrico
(SEGBA)
Las características generales del proceso de
privatización en el sector eléctrico no escapan de
las descriptas a nivel global, pero interesa señalar
algunas particularidades.
Hasta 1992, el sector eléctrico estaba conformado
por cuatro empresas nacionales y dos binacionales destinadas al
aprovechamiento de los recursos
hidroeléctricos. Las empresas nacionales garantizaban el
84% de la generación y eran propietarias del 100% del
transporte.
En cuanto a la distribución, esta estaba a cargo
de dos empresas nacionales que abastecían el 55% del
consumo eléctrico nacional, veintiún empresas
provinciales que abastecían el 34% y cuyo límite
era el territorio provincial, y cerca de 600 cooperativas
privadas que prestaban el 11% restante del servicio en
áreas municipales.
Al inicio de la reforma del sistema eléctrico,
las empresas se enfrentaban graves dificultades económicas
y financieras por causa del endeudamiento al que habían
sido empujadas por el desvío de fondos propios para cubrir
gastos del
presupuesto
nacional y por el atraso en las tarifas. Esto derivó en
una fuerte reducción de la capacidad de inversión y
de mantenimiento
y consecuentemente en el deterioro del desempeño técnico.
Esta situación influyó sobre el precio de
venta. Como el interés
del gobierno era asegurarse la presencia de inversores privados,
se dejo en libertad a los
oferentes para la fijación de precios. En el caso de las
centrales térmicas, se tuvo en cuenta para la
cotización la vida útil restante, por lo que fueron
cotizadas entre un 10 y un 30% del valor de reposición. En
muchos casos el valor base de la licitación no llegaba a
cubrir el valor de los edificios y terrenos de la
empresa.
En el caso particular de la empresa SEGBA, el gobierno
absorbió la suma de 1.480 millones de dólares de
deuda, transfirió 330 millones a las empresas
adjudicatarias y cobró 1.294 millones por la
privatización, con lo que no llegó a cubrir con ese
precio ni siquiera el valor de las deudas.
A fin de asegurar rentabilidad y
la competencia, la reforma del sistema se encaró en dos
sentidos,
- separando completamente los distintos procesos
de la industria: Generación (producción de
energía), Transporte
(vinculación de la producción con el consumo),
y Distribución (abastecimiento a los
usuarios), - se procedió a la atomización de
empresas definiendo unidades de negocio
mínimas.
Así se vendieron las centrales térmicas ,
las hidroeléctricas, y las líneas de alta
tensión se vendieron como unidades independientes ;
las líneas de menor tensión fueron agrupadas y
vendidas en unidades regionales ; y las dos empresas de
distribución, pasaron, una a control provincial, y la otra
(SEGBA- que abarcaba el área metropolitana de Buenos Aires), se
dividió en tres unidades comerciales privadas (EDESUR,
EDENOR y EDELAP).
Las tres empresas distribuidoras y las cuatro centrales
térmicas del área metropolitana de Buenos Aires,
quedaron en manos de capitales extranjeros en su mayor
parte.
Por otra parte, si se analiza la composición de
los grupos que ganaron las licitaciones, resulta evidente que la
desintegración a la que apuntó la reforma, se vio
deformada con la reintegración provocada por la
coincidencia de los propietarios en mas de uno de los procesos de
la industria eléctrica. Por ejemplo, las empresas que
reúnen el 90% de las acciones privadas de la Central
Térmica Costanera, reúnen a la vez el 92% del
acciones de EDESUR, a pesar de la expresa prohibición de
los Decretos Reglamentarios. Esto mismo se extiende al sector de
transporte de alta tensión.
Esto se logró gracias a que ninguno de los grupos
domina en forma total los consorcios de los que forman parte.
Esto manifiesta la estrategia integral de estos grupos
económicos tendiente a no quedar fuera de ninguno de los
negocios
altamente ventajosos. De este modo participan de todas las fases
del proceso de la industria : generación
térmica e hidroeléctrica, transporte y
distribución. A ello se suma que varios socios participan
activamente del negocio de la industria del gas y del
petróleo. Esto significa que la electricidad
distribuida en Buenos Aires, por ejemplo, fue generada con
algún derivado de petróleo o con gas y luego
transportado por las empresas de las cuales participan los mismos
grupos económicos. Lo que en apariencia no es un
monopolio, el predominio de los mismo grupos en todos los
sectores, evidencia que sí lo es dado el grado de integración real que
consiguieron.
Efecto de las Privatizaciones Sobre los
Usuarios:
Hay tres aspectos centrales para analizar dentro de las
consecuencias de las privatizaciones sobre los
usuarios:
1) Acceso al servicio
2) Tarifas
3) Calidad
Cada una de ellas, tiene íntima relación
con el modo en que se realizó la reforma y los objetivos
centrales a los que se apuntaba con el proceso de
privatización. Hemos descripto en la parte anterior que
dichos objetivos estaban centrados en privilegiar la
participación de capitales extranjeros y grandes grupos
económicos, así como también dar un marco de
garantía a los inversores de las utilidades que
generaría su participación en el sector.
Hemos visto además que la intención de
promover la competencia dividiendo el proceso de la industria y
creando unidades de negocio mínimas, quedó truncada
en los hechos desde el momento en que la mayoría de los
grupos intervinientes participan de todo el proceso.
Por otra parte, al desaparecer el sistema integrado y
considerarse a la electricidad, como un producto mas
del mercado sin diferenciarla con otros bienes, se
descarta tanto la necesidad de satisfacción de la demanda
continua como las ventajas de la producción conjunta,
negando con esto el carácter estratégico de la
electricidad en las sociedades
modernas en que la mayor parte de las actividades de la vida
cotidiana necesitan de la energía
eléctrica para llevarse a cabo.
De este modo se altera el concepto de
servicio público existente hasta la privatización,
considerando sólo la distribución y el transporte
como servicio público, quedando excluida de este concepto
la generación que se considera de interés general.
Esto significa que si al generador le resulta
antieconómica su empresa puede cerrarla sin que el Estado
tenga la obligación de intervenir aunque las consecuencias
para los usuarios pueda llegar a ser la falta de
suministro.
Asimismo cabe destacar que no se exigieron inversiones
forzosas a los grupos adquirentes, solo se les exigía la
prestación de un servicio de calidad.
Por otra parte, del análisis del marco regulatorio del sector,
surge claramente que los únicos actores reconocidos dentro
del mercado eléctrico son los transportadores,
generadores, distribuidores y grandes usuarios, con lo cual los
pequeños usuarios industriales, familiares o comerciales
quedan excluidos.
Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que la
privatización tuvo efectos negativos para los usuario en
los tres aspectos señalados.
Respecto al acceso al sistema, la primera medida que
tomaron las empresas fue el corte del suministro en forma
indiscriminada a las villas de emergencia y barrios pobres que
estaban "enganchados" a la red., para reducir las
pérdidas en las redes de
distribución. El acceso al sistema queda restringido a la
posibilidad de pagarlo. El precio de la energía en el
mercado mayorista gira alrededor de los 0,03 centavos de
dólar el Kw., mientras que los pequeños
consumidores abonan entre 0,10 y 0.15 centavos.
En relación a las tarifas se produjo un aumento
en el precio del bajo consumo y una baja en el precio del alto
consumo. Los consumidores residenciales pagan tarifas mas altas
que los grandes usuarios ya que estos últimos tienen
acceso directo a comprar en el mercado mayorista.
Por último, respecto de la calidad del servicio,
no se registraron mejoras en la atención al
cliente y el apagón en la Ciudad de Buenos Aires nos
muestra que no
se presta un servicio de calidad.
El Efecto de las Privatizaciones Sobre los
Trabajadores del Sector Eléctrico:
Reducción de Personal: Se produjo una
fuerte reducción de personal. En las empresas de
distribución la reducción alcanzó al 30% del
personal, en las centrales térmicas superó el 45% y
en el área del transporte fue cercana al 25%.
En algunas centrales hidroeléctricas, como la del
Chocón, el impacto fue aún mayor, porque a la
pérdida del empleo hay que
agregarle que los trabajadores debieron entregar las viviendas
que ocupaban.
La reducción del personal se basó en el
sistema de Retiros Voluntarios a los cuales muchas veces se
inducía a los trabajadores a tomarlo con acciones
persecutorias o discriminatorias.
Tercerización: El proceso de
tercerización de varios sectores de la producción
permitió a las empresas reducir los costos laborales y
debilitar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores
contratados en estas empresas son generalmente trabajadores
precarios, con condiciones de trabajo mucho mas desfavorables y
salarios
menores.
Programas de Propiedad Participada: Otro aspecto
que fue importante en el sector fue el tema de la
aplicación de los Programas de
Propiedad Participada. El gobierno reservó el 10 % de
todas las unidades de negocio privatizadas para ser adquiridas
por los trabajadores de las empresas. En el caso de las Centrales
Térmicas e Hidroeléctricas reservó el 2%.
Dichos programas
intentaron por un lado contener las resistencias
de los trabajadores y sus organizaciones a
las privatizaciones y por otra parte formaba parte de una
estrategia de cooptación de los trabajadores, (ahora
"adquirentes"), para obtener de ellos mayor colaboración
en los procesos productivos con el propósito de asegurarse
el aumento de la productividad.
La Federación sindical-patronal: la
federación que nuclea a los sindicatos de
la electricidad licitó y ganó tres centrales
térmicas (Litoral, Noroeste y Patagónica) y el
transporte del Noreste y Noroeste. En algunos casos para la
adjudicación capitalizó las deudas sindicales que
las unidades de negocio mantenían con ella.
Convenios Colectivos de Trabajo por Empresa: Los
nuevos convenios de empresa avanzan en condiciones flexibles de
trabajo. La jornada de trabajo quedó establecida en 41,5
horas semanales en turnos rotativos aplicando la Flexibilidad
horaria. Se acepto la polivalencia y se destruyo el sistema de
categorías fijándose 6 categorías que
absorben las doce que establecía el Convenio anterior de
las dos distribuidoras.
Se fija el salario
básico entre 500 dólares y 780 dólares y se
establecen adicionales por productividad que se medirán de
acuerdo al rendimiento de la empresa, del sector y del
trabajador. Además se bonifica el trabajo
nocturno con un 15 %, con lo cual se avanza en la Flexibilidad
salarial, tendiéndose a la disminución del costo
salarial por el no pago de horas extras.
Se establece un período de prueba para los
trabajadores nuevos de hasta 6 meses sin aportes jubilatorios y
sin derecho a indemnización en caso de despido, avanzando
de este modo en la Flexibilidad Contractual. Dentro de esto
mismo, se habilita a la empresa a contratar hasta un 20% del
plantel total, con contratos de tres
meses renovables hasta dos años. Este tipo de contratos se
está extendiendo dentro de la actividad al resto de las
empresas.
El Apagón de Febrero de 1999 de EDESUR:
Crónica de un Apagón Anunciado.
Resulta importante incluir algunos antecedentes respecto
de la calidad del servicio brindado por la empresa antes del
apagón.
Según datos oficiales
mas del 50% de los reclamos realizados por usuarios ante el ENRE
están dirigidos a EDESUR, de los cuales la mayor parte se
realizaban por falta de suministro.
En 1993 el Gobierno de la Ciudad publicó una
lista de sanciones a las empresas de servicios públicos
por roturas en la vía pública, excavaciones
realizadas sin permiso, obstrucción de vereda y falta de
señalización adecuada de las obras. El primer
puesto lo ocupaba la empresa EDESUR. En junio del mismo
año varias escuelas del Gran Buenos Aires, debieron
suspender las clases como consecuencia del corte de suministro
que Edesur había ordenado por falta de pago.
Posteriormente se constató que la deuda era mucho menor al
importe reclamado ya que la mayor parte de las facturas
reclamadas estaban abonadas. Edesur culpó al sistema de
pagos burocrático de los organismos oficiales.
En diciembre de 1994 un ingeniero que regresaba de su
trabajo, cayó en un pozo abierto por una contratista de
Edesur sobre una avenida de importante tránsito de la
ciudad. Muerte por
electrocución. Edesur no cumplió con las normas
elementales de seguridad.
Apenas iniciado el año 1995, dos obreros de
una empresa
contratista de Edesur que estaban trabajando en la
reparación de un cable de la red en pleno centro
financiero de la ciudad de Buenos Aires, sufrieron una descarga
de 13.000 kw lo que les provocó graves quemaduras. Edesur
destacó que se trató de un error humano.
En 1996 vecinos del barrio de Ezeiza, se opusieron a la
instalación de una torre de alta tensión de Edesur
que se situaba a 10 metros de una escuela primaria,
solicitando el alejamiento de la misma. En medio de las
negociaciones, la empresa cortaba el suministro de luz a los vecinos
entre las 18,30 y las 23,00 horas.
En mayo de 1998, una joven de 22 años
murió inmediatamente al atender el teléfono de su casa y recibir una descarga
eléctrica de 13.200 voltios. Tanto Edesur como
Telefónica negaron cualquier tipo de vinculación
con el accidente alegando que "por las líneas
telefónicas no circula corriente".
En la madrugada del 15 de febrero se produce un incendio
en la Subestación Transformadora Azopardo a raíz de
un cortocircuito en un empalme de cables de alta tensión
que deja sin luz a 250.000 familias en los días mas
calurosos del año. El corte se prolongó por 11
días.
Los informes
respecto de las causas, que se fueron dando a conocer con mucha
demora, indican trabajos de empalme de la red existente con la
nueva dentro del túnel de cables por la posibilidad de
fallas que puedan afectar las instalaciones preexistentes. Esto
regía como norma en la empresa estatal Segba. Edesur
respondió que habían desestimado ese riesgo. Se
comprobó con datos brindados
por expertos en el tema que el hecho de haberlo realizado fuera
del túnel hubiera ocasionado un incremento de 1.000.000 de
U$S en el costo de ejecución.
En segundo lugar no se realizaron las pruebas de los
cables a empalmar con el nivel de tensión especificados en
las reglamentaciones obligatorias. Si se hubieran realizado las
pruebas de
tensión adecuadas se hubieran detectado las fallas a
tiempo. En tercer lugar, no existían los elementos de
prevención de incendios en
el túnel. Si el túnel hubiera sido llenado con
arena se evitaba que el incendio iniciado en un empalme, se
expanda hacia la línea de alimentación
alternativa. Asimismo no había extinguidores fijos ni
móviles, no había o no funcionaron los sistemas de
detección de fuego o humo.
Sumado a ello, no había personal que supervisara
el buen funcionamiento de la instalación recientemente
energizada.
Por otro lado, no mantuvo la subestación anterior
hasta asegurarse de que la nueva planta funcione.
Por último, y ya en medio del corte,
demoró la solución porque se insistió en
realizar la reconexión en el lugar del
siniestro.
El apagón fue consecuencia de dos cuestiones
centrales:
La primera tiene que ver con una estrategia de la
empresa tendiente a la reducción de costos y al aumento
acelerado de sus ganancias en detrimento de la calidad del
servicio y la seguridad de trabajadores y
usuarios :
- Intenso proceso de tercerización.
- Reducción de personal y el desmantelamiento de
los planteles profesionales estables y experimentados con que
contaba el servicio al momento de la
privatización. - Falta de inversión en sistemas de
seguridad. - Ahorro de costos en el diseño y planificación de las obras.
La segunda cuestión tiene que ver con el poder y
el desempeño de los entes estatales de control
que no cumplieron con su función.
El caso de ENTEL
La privatización de ENTEL fue definida por un
decreto presidencial que dispuso una separación de la
empresa tanto funcional como geográfica. Funcionalmente
fue dividida en servicios básicos, internacionales y
competitivos. El servicio básico se dividía a su
vez en dos zonas – norte y sur – en la que cada una
de las empresas adjudicatarias gozaría de monopolio por
siete años con opción a extenderlo tres años
más. A su vez se crearon dos empresas denominadas
"Sociedad
Prestadora de Servicio Internacional" y "Sociedad
Prestadora de Servicios en Competencia". Estas últimas se
adjudicarían conjuntamente y por partes iguales a los
consorcios que ganaran la licitación del servicio
básico.
La privatización se realizó en dos pasos.
En noviembre de 1990 se vendió el 60% de las acciones de
cada una de las empresas de telefonía básica. Cada consorcio que
participaba en la licitación debía tener uno o
más operadores de telecomunicaciones que tuvieran al menos 10% del
capital del consorcio. Asimismo se impusieron restricciones en
cuanto al nivel de activos que cada
consorcio debía disponer y en cuanto a ciertos servicios
técnicos que deberían garantizar (por ejemplo
garantizar que el tiempo de conexiones fuera como máximo
de 15 días). Poco antes de la licitación se
introdujo un contrato de
management entre el operador y los accionistas sobre temas de
transferencia de tecnología, de
planeamiento,
de contratación de personal calificado y de
formulación de presupuestos
anuales de operaciones.
Se utilizó un sistema de "doble sobre", por el
cual primero se evaluó la capacidad técnica y
financiera y luego se permitió realizar ofertas a los
grupos precalificados. Una vez que los consorcios calificaban
tenían dos meses para preparar sus ofertas. Se fijó
un precio base en efectivo de U$S 100 millones para la zona norte
y U$S 114 millones para la zona sur. Se estableció que el
grupo ganador
de la licitación sería aquel que ofreciera el mayor
número de títulos de deuda externa
argentina.
Siete grupos se presentaron a la licitación y
calificaron, pero una semana antes de la presentación de
los segundos sobres se introdujeron cambios de último
momento en las condiciones legales (por ejemplo el nivel de
activos requeridos) y como consecuencia tan sólo fueron
tres las ofertas recibidas en la fase de cotización de
precios: la de Telefónica de España,
Bell Atlantic y STET/France Telecom. El grupo encabezado por
Telefónica de España
resultó ganador en ambas zonas. Como los pliegos no
permitían que el mismo consorcio obtuviera las dos
compañías, Telefónica decidió
quedarse con la del sur. La zona norte fue entonces entregada al
segundo mejor postor, el grupo de Bell South. Sin embargo, este
consorcio no pudo juntar los títulos de deuda que
había prometido y aunque le extendieron el plazo se
retiró, quedando entonces el tercer grupo como
adjudicatario.
La recaudación total fue la parte en efectivo
acordada en la licitación más títulos de
deuda externa argentina por un valor nominal de U$S 5150
millones, correspondiéndole U$S 2372 millones a
STET/Telecom y U$S 2778 millones a Telefónica de
España. Dichos títulos cotizaban a un 14% de su
paridad. De esta manera se constituyeron las nuevas empresas
prestadoras de servicios de telecomunicaciones: Telefónica
de Argentina S.A. (Operador: Telefónica de España)
y Telecom Argentina S.A.(Operadores: STET y France
Telecom).
El Banco mundial
prestó asistencia técnica y financiera para la
privatización de ENTEL, ya que dicha venta era una de las
condiciones que el organismo exigía al gobierno argentino
para otorgarle el "Préstamo para la Reforma de Empresas
Públicas".
La privatización fue completada con la venta de
30% de cada una de las compañías mediante oferta
pública de las acciones que mantenía el gobierno.
La venta de las acciones de Telefónica de Argentina se
realizó en diciembre de 1991 y generó ingresos para el
estado por U$S 838 millones. El año siguiente en Marzo se
realizó la venta de las acciones de Telecom
obteniéndose ingresos por U$S 1.227 millones. El restante
10% de cada una de las compañías fue adquirido por
los empleados a través del Programa de
Propiedad Participada.
Listado de empresas privatizadas y/o
liquidadas
- Administración General de Puertos – AGP
Privatizada - Aeropuertos Concesionados
- Agua
y Energía Eléctrica S.E. Privatizada
/ Sector
Eléctrico - Area Material Córdoba Aviones
Privatizada - Argentina Televisora Color S.E. LS
82 tv Canal 7 (A.T.C.) Disuelta - Astillero Ministro Manual Domecq
García – DOMECQ Disuelto - Astilleros y Fábricas Navales – AFNE S.A.
Provincializado - Banco Hipotecario Nacional Privatizado
- Banco Nacional de Desarrollo – BANADE
Disuelto - Caja Nacional de Ahorro y Seguro
Privatizada - Canal 11, Dicon Difusión S.A. LS 84 tv
Privatizado - Canal 13, Río de la Plata S.A. LS 85 tv
Privatizado - Carboquímica Argentina Sociedad
Anónima Mixta Privatizada - Carolina S.A. Minera Disuelto
- Compañía Azucarera las Palmas
S.A.I.C.A.P.U. Disuelta - Conarsud S.A. Asesoría y Consultoría Disuelta
- Consultara S.A. – Consultara de la Armada
Disuelta - Corporación Argentina de Productores (CAP) –
Disuelta - Empresa Desarrollos Especiales S.A. – EDESA
Disuelta - Empresa Líneas Marítimas Argentinas –
ELMA Privatizada - Empresa Nacional de Correos y Telégrafos –
ENCOTEL Disuelta - Empresa Nacional de Correos y Telégrafos –
ENCOTESA Privatizada - Empresa
Nacional de Telecomunicaciones – ENTEL
Privatizada - Empresa Nuclear Argentina de Centrales
Eléctricas S.A. – ENACE Disuelta - Establecimientos Altos Hornos Zapla
Privatizados - Fábrica Militar de Acido Sulfúrico
Privatizada - Fábrica Militar de Tolueno Sintético
Privatizada - Fábrica Militar de Vainas y Conductores
Eléctricos – ECA Privatizada - Fábrica Militar General San Martín
Privatizada - Fábrica Militar Pilar Privatizada
- Fábrica Militar San Francisco
Privatizada - Ferrocarril Belgrano S.A. Concesionado
- Ferrocarriles Argentinos S.A.
Concesionado - Ferrocarriles Metropolitanos S.A.
Concesionado - Fondo Nacional de la Marina Mercante
Disuelto - Forja Argentina S.A. Disuelto
- Gas del Estado
S.E. Privatizado - Hidroeléctrica
Norpatagónica S.A. – HIDRONOR Privatizado
/ Sector
Eléctrico - Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A. Minera
– HIPASAM Privatizado - Hipódromo Argentino Concesionado
- Induclor Sociedad
Anónima Mixta Privatizada - Indupa S.A. Privatizada
- Instituto Nacional de Reaseguros S.E. – INDER
Disuelto - Interbaires S.A. Privatizado
- Intercargo S.A. Privatizado
- Junta Nacional de Carnes Disuelta
- Junta Nacional de Granos Privatizada
- LR3 – Radio Belgrano
Concesionada - LR5 – Radio
Excélsior Concesionada - LV3 – Radio Córdoba Concesionada
- Llao-Llao Holding Privatizado
- Monómetros Vinílicos –
Privatizado - Obras
Sanitarias de la Nación – OSN
Concesionada - Petropol – Privatizada
- Petroquímica Bahía Blanca S.A –
Privatizada - Petroquímica General Mosconi S.A.I. y C.
Privatizada - Petroquímica Río Tercero –
Privatizada - Polisur Sociedad Mixta Privatizado
- Redes de Acceso a grandes ciudades –
Concesionadas - Servicios
Eléctricos del Gran Buenos Aires – SEGBA
Privatizada / Sector
Eléctrico - Sociedad Mixta Siderurgia Argentina – SOMISA
Privatizada - Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N. –
TANDANOR Privatizados - Tanque Argentino Mediano S.E. – TAMSE
Disuelto - Tecnología Aeroespacial S.A. – TEA
Disuelta - Yacimientos Carboníferos Fiscales – Y.C.F.
Concesionados - Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S.E. – Y.P.F.
Privatizados
La aplicación de un programa de
privatización de empresas públicas implica una
decisión estratégica por parte de un gobierno de
retirarse de la actividad económica directa. Uno de los
países precursores en adoptar este tipo de programas fue
el Reino Unido. A fines de la década del 70, el partido
conservador británico puso en marcha un extenso programa
de privatizaciones con la idea de reducir la intervención
del gobierno en la actividad económica y ampliar la
participación del sector privado. En América
Latina, el primer país en desarrollar un programa de
privatizaciones de gran alcance fue Chile, cuando
a partir de 1974 el gobierno militar transfirió a manos
privadas la mayoría de las empresas que habían sido
nacionalizadas por el gobierno anterior, devolviéndolas a
sus antiguos dueños. Unos años después, el
programa también alcanzó a las más grandes
empresas públicas de infraestructura y
transporte.
Más tarde, a partir de mediados de la
década siguiente y particularmente a comienzos de los
90´s, estos programas comenzaron a llevarse a cabo en un
número importante de países en desarrollo, en
especial en América
Latina. En estos países, además de perseguir
objetivos de largo plazo, las privatizaciones fueron una manera
de aliviar los abultados déficits presupuestarios de los
gobiernos, en un momento en el que el acceso al crédito
era muy restringido. México fue
uno de los primeros de la región en emprender un amplio y
extenso programa de privatizaciones. Luego de ventas de
empresas públicas menores llevadas a cabo a mediados de
los ochenta, se privatizaron a fines de la década las dos
aerolíneas nacionales y las empresas de telecomunicaciones
y, a principios de los
noventa, bancos nacionales
y empresas mineras y de manufacturas de hierro y
acero.
El amplio proceso de privatizaciones encarado por el
gobierno argentino a comienzos de la década del noventa se
enmarcó en este contexto. En ese momento, se inició
en el país un importante proceso de reformas que
apuntó a la reestructuración de la economía
y a la redefinición del rol del estado en la misma. La
privatización de las principales empresas estatales
(avalada por la Ley de Reforma del Estado de 1989)
constituyó uno de los lineamientos principales de la nueva
política
económica, cuyo primer objetivo residía en la
estabilización de precios, paso primordial para lograr la
confianza y credibilidad de los inversores y la subsecuente
entrada de capitales necesarios para el crecimiento de la
economía.
Las privatizaciones aliviaron la situación
financiera del gobierno en varios sentidos. El ingreso de
efectivo sirvió como financiamiento
en un momento en el que el acceso al mismo era escaso tanto
interna como externamente, y la aceptación de papeles
deuda pública como forma de pago permitió mejorar
la situación de las cuentas externas
y de ese modo, acercarse a un acuerdo con sus acreedores, que
desde la década anterior presionaban por la
realización de este tipo de operatoria. Por último,
se mejoró la situación fiscal ya que el estado se
desprendió de empresas que generaban déficit y las
nuevas empresas privatizadas generarían futuros recursos
tributarios con el pago de impuestos.
La forma en que se realizaron los pagos de las
privatizaciones respondió a distintos motivos prioritarios
a lo largo del proceso. Los primeros desprendimientos realizados
por el Estado Nacional tuvieron como objetivo central reducir la
deuda externa y facilitar la regularización de los pagos
externos, requisito necesario para generar confianza en la
comunidad de
negocios y
crear las condiciones para lograr el acceso a los mercados de
capitales y la estabilidad macroeconómica. Para cerrar el
paquete financiero – que concluyó con la negociación del Plan Brady en 1992- el
estado necesitaba reducir el stock de deuda a refinanciar a un
monto compatible con los fondos disponibles para destinar a la
compra de las garantías del nuevo plan de
refinanciación.
Durante los años 1990-1991 fueron vendidos
algunos de los activos más preciados del Estado, a
diferencia de otros países que comenzaron sus procesos
privatizadores con la venta de activos menores. En el año
1990 el valor nominal de los títulos entregados en pago
ascendió a U$S 6.343 millones lo que representó un
47% del total para todo el período. A partir de 1992, ya
lanzado el plan de convertibilidad, con la mejora en el
ordenamiento de las cuentas
públicas y con la economía en franca
recuperación, las privatizaciones comenzaron a privilegiar
la recaudación en efectivo.
Todo este proceso estuvo caracterizado por una amplia
participación del capital extranjero llevando a un
rápido crecimiento de los flujos en concepto de inversión
extranjera directa y de inversión de
cartera.
Luego de haber investigado y realizado el presente
trabajo pudimos apreciar el sistema de privatizaciones en el
mundo y en Argentina. Observamos que el origen del este proceso
de privatizaciones fue en Inglaterra, en la
década del 80, durante el Gobierno de Margaret Thatcher,
producto de su
política neoliberal que era la tendencia del mundo en ese
momento para fomentar una economía de mercado, y acabar
con los monopolios estatales en su mayoría ineficientes y
deficitarios.
Esta tendencia se fue propagando en el mundo con el
propósito de reducir la deuda pública, tanto
externa como interna, (característica de muchos
países de América
Latina) y lograr un equilibrio
presupuestario, ya que en muchos países el déficit
presupuestario era persistente. En Argentina ésta fue una
de las principales causas, ya que uno de los mayores problemas de
nuestro país fueron los ya nombrados persistentes
desequilibrios fiscales y la gran crisis de deuda en la que se
hallaba el país a partir de la década del 80. Este
proceso debería haberse llevado a cabo durante el gobierno
de Alfonsín a fin de que la estabilidad económica
se consolidara, pero por razones políticas de
mayorías y minorías gubernamentales, que superaron
las razones económicas, no se concretó este
proceso. Como consecuencia el proceso inflacionario se
multiplicara y golpeara cada vez más la economía
del país.
Finalmente con el gobierno de Menem, que había
sido el principal opositor de las privatizaciones, se fue
consolidando el proceso de privatizaciones pero no mostraron los
resultados esperados, porque no se adecuo la situación
para llevarlas a cabo . Si bien estos resultado mostraron
indicios favorables en el corto plazo, a largo plazo demostraron
sus resultados negativos conduciendo a la ruptura de las bases
económicas y de desarrollo de nuestro
país.
Tanto los gobiernos de los presidentes Alfonsín
como Menem han manifestado una voluntad política de
efectuar privatizaciones, pero sin que hayan existido unos planes
específicos al respecto plasmados en normas legales, a
diferencia de países como México y
Chile.
Para llevar a cabo el proceso de privatizaciones se
debería haber preparado el escenario adecuado, es decir
establecer un marco regulatorio en donde las empresas privadas
tuvieran limitado el ejercicio de su poder para no controlar
nuestra economía y no propiciar la fuga de dinero
proveniente de sus ingresos a los distintos países de
origen.
Este marco regulatorio, además, nunca
debería haber dejado de lado los intereses de los usuarios
y de los trabajadores de esas empresa, los que se vieron
perjudicados al no ser protegidos por el Estado.
- Bocco Arnaldo, "Las privatizaciones y sus
consecuencias" en revista
argentina Administración y empresas nro. 556,
año 1997 (mayo-junio) - Verges Joaquin, "Las Privatizaciones de empresas",
Editorial Eada Gestión - Tesoro José Luis, "La privatizaciones del
mundo y en la Argentina", en revista
argentina Administración y empresas nro. 235,
año 1989 (octubre-noviembre)
Pagina de internet:
monografías
Miriam Quintans
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