Comisión de la verdad y reconciliación (página 2)

CAPITULO III

ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN
LATINOAMÉRICA.

Con el fin de tener un mayor y objetivo
conocimiento
sobre las Comisión de la Verdad, presentaré en este
capítulo un análisis del contexto en que creó
estos organismos y las recomendaciones que estos indicaron al
finalizar su labor de investigación.

Dentro de la conformación de comisiones de la
verdad las cuales queda claro , surgen por el clamor de todas las
víctimas y /o familiares del proceso de
violencia
política y
ante una necesidad de verdad ejerciendo su derecho a ser
informado (saber lo que pasó), así como el derecho
a tener tutela jurisdiccional buscando la sanción de los
responsables y la reparación por los vejámenes que
causaron y la necesidad de que le Estado cree o
modifique las condiciones que generaron todo el proceso de
dolor y muerte que
conlleva el proceso de violencia
política.

Existen dos clasificaciones debido a la forma de su
creación las cuales son las comisiones oficiales, las
cuales son creadas por mandato del gubernamental y otras que
surgen gracias al incentivo de organizaciones
privadas (no gubernamentales).

SUBCAPITULO I

Comisiones Oficiales.

1 Argentina

Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas. CONADEP.

En una entrevista
reciente, Falcoff, especialista residente del Instituto
Norteamericano de la Empresa
(American Enterprise Institute), en Washington, observó
que en general los resultados de las comisiones de la verdad de
Chile y
Argentina
tuvieron efectos muy diferentes. La comisión de la verdad
de Argentina, dijo Falcoff, se propuso investigar los asesinatos
en gran escala y las
"desapariciones", luego de la "humillación" de la derrota
de los militares en la guerra contra
Gran Bretaña por el control de las
islas Malvinas
en 1982. Es posible que esta derrota, indicó Falcoff,
"hubiera hecho más por el progreso de la causa de los
Derechos
Humanos en ese país que cualquier otro suceso
individual".

Después de la guerra, dijo
Falcoff, se produjo una "orgía de recriminación"
por los miles de personas que habían sido secuestradas,
torturadas y asesinadas, sin explicación alguna, por las
fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias entre 1970 y
1983.

"Esto puede parecer muy cínico", observó
Falcoff, "pero creo que es exacto decir que hubo una especie de
ira desplazada hacia los militares por haber perdido la
guerra".

La situación de los Derechos Humanos en
Argentina, dijo, "ha mejorado porque hay un gobierno civil
elegido, una prensa bastante
libre y el ambiente
político del país ha cambiado significativamente"
desde la guerra de las Malvinas.

En sus escritos sobre Argentina, Falcoff ha observado
que tratar de evaluar la situación de los Derechos Humanos
en Argentina desde 1970 es entrar en un "campo de minas
polémico". Las violaciones ocurrieron, dijo Falcoff en un
artículo de 1988, "con la concurrencia o la
aprobación de miembros del clero, del poder judicial,
de la prensa, del
sector empresarial y de círculos intelectuales y
laborales".

El gobierno
estadounidense, en su informe al
Congreso de principios de
1977 sobre la situación de los Derechos Humanos en
Argentina, concluyó que se había dado muerte a unos
2.000 argentinos sólo entre 1973 y 1976. En contraste,
dijo Falcoff, la comisión de la verdad del país,
llamada Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas y
nombrada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983,
halló sólo 600 casos de esas muertes antes del
golpe de
estado de 1976, cuando las fuerzas armadas tomaron el
poder y dieron
comienzo a una represión generalizada.

Tampoco hubo consenso alguno, después de la
caída del gobierno militar en 1983, sobre el número
de víctimas; los cálculos diferían
ampliamente, dijo Falcoff. La Asamblea Permanente Argentina de
Derechos Humanos, que según Falcoff era una organización conocida por sus estrechos
vínculos con el Partido Comunista, citaba la cifra de
6.500 casos entre 1976 y 1979. Agrega que una comisión
especial del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que
visitó Argentina en 1979, calculó el número
en 10.000, en tanto que Amnistía Internacional lo puso
entre 15.000 y 20.000.

Falcoff agregó que no tiene "razón alguna
para dudar" de la cifra del informe oficial
de la Comisión Nacional Argentina que afirma que hubo
9.000 casos de 1976 a 1983. Pero uno de sus problemas con
el informe, titulado "Nunca más", publicado en 1985, es,
dijo, lo que dejó por fuera. Este informe "dice
esencialmente que todo lo malo que sucedió en Argentina
tuvo su origen en el golpe de estado
de 1976, `lo que no es cierto'".

Falcoff criticó también los
capítulos finales del informe. Esa sección, dijo,
culpa a Estados Unidos de
todo lo malo que sucedió en Argentina, pero no menciona
"nada en absoluto de la función
que tuvo el gobierno argentino en las desapariciones" antes del
golpe de estado de
1976. Sugirió que se había dejado fuera, a
propósito, información incriminatoria con el fin de no
ofender al Partido Peronista en Argentina, una fuerza
poderosa en el país en la época en que se
preparó el informe.

Tras su fracaso en la política
económica, y la derrota en la guerra de Las Malvinas,
además del gran repudio internacional por sus graves
violaciones a los Derechos Humanos, a fines de 1983 los militares
argentinos se vieron forzados a devolver el poder a los
civiles.

En Argentina, los Derechos Humanos de miles de personas
fueron violados en forma orgánica y estatal por la
represión de las Fuerzas Armadas, que usaron una "tecnología del
infierno" según se pudo comprobar por las miles de
denuncias y testimonios de las víctimas. Los organismos de
Derechos Humanos establecen en cerca de 30,000 personas el
número de desaparecidos y asesinados en la guerra
sucia.

Tal como lo dijo en su oportunidad el presidente
Raúl Alfonsín, después de esta etapa de
tanta violencia, "No puede haber un manto de olvido. Ninguna
sociedad puede
iniciar una etapa sobre una claudicación ética
semejante". Por eso, uno de los primeros actos constitucionales
del presidente Alfonsín, fue crear la Comisión de
la Verdad, llamada Comisión Nacional para la Investigación sobre la Desaparición
de Personas, CONADEP a la que le encargó investigar las
violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1976 y 1983,
el período de las dictaduras militares.

Entonces, poco a poco, la población Argentina fue conociendo de una
manera más global los horribles sucesos que en su debido
momento se negó a aceptar que realmente estuvieran
aconteciendo en el país. "Tenemos la certidumbre de que la
dictadura militar
produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más
salvaje", aseguró después la CONADEP en su Informe
"Nunca Más".

Al inicio de su gobierno, las nuevas autoridades civiles
procesaron a los nueve Comandantes Generales de las FF. AA., del
llamado "Proceso de Reconstrucción Nacional": generales
Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los
Brigadieres Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y
los almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, y Jorge
Isaac Anaya. Se consideró que en su condición de
jefes supremos conocieron e impulsaron los planes de exterminio
de los presuntos "subversivos".

Alfonsín ordenó procesar judicialmente a
nueve ex comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea, "por haber sembrado el dolor, el terror y la muerte",
pero, como informó Horacio Verbitsky, "confió la
tarea al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas". Ante esto, el
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquives sostuvo que
"el gobierno actuó con excesiva cautela, para no irritar a
los militares".

El ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado,
acusado de ordenar el secuestro de dos
soldados conscriptos, cuando era director del Colegio Militar.
También se encarceló al almirante Chamorro, por su
actuación como jefe del campo de concentración de
la Escuela de
Mecánica de la Armada, ESMA; el general
Ramón
Camps, por haberse jactado de su participación en miles de
casos de desapariciones políticas
y al ex comandante del primer cuerpo del Ejército, general
Guillermo Suárez Masón.

Para terminar el debate sobre
los miles de desaparecidos, las Fuerzas Armadas, en su Acta
Institucional, manifestaron que "únicamente el juicio
histórico podrá determinar con exactitud a quien
corresponde la responsabilidad de métodos
injustos o muertes inocentes", y que todas las acciones
realizadas en la guerra constituyeron "actos de servicio".
Además, públicamente proclamaron su deseo de que
los enemigos desaparecidos y muertos "reciban el perdón de
Dios".

La CONADEP. Decreto Ley de
creación: D. L. 187/83 del 15 de diciembre de 1983.
Período de investigación: 9 meses

. Miembros de la CONADEP:

Ernesto Sábato. (Escritor)

Jaime F. de Nevares. (Obispo de
Neuquén)

Marshall T. Meyer. (Rabino Judío)

Ricardo Colombres.

René Favarolo.

Hilario Fernández Long.

Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista)

Gregorio Klimovsky.

Eduardo Rabossi.

Magdalena Ruiz de Guiñazu.

Santiago Marcelino López. (Diputado)

Hugo Diógenes Piucill. (Diputado)

Horacio Hugo Huarte. (Diputado)

Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar
conflictos en
el Congreso, donde la tendencia mayoritaria era asignar las
investigaciones sobre los desaparecidos a una
comisión interna. Era tanto el temor a los militares que
el Senado no cumplió con designar sus tres representantes
para la CONADEP, como sí lo hicieron los
diputados.

La CONADEP, desde el inicio de su trabajo
enfrentó muchas dificultades, que pudo superarlas, gracias
al apoyo decidido de las entidades nacionales e internacionales
de Derechos Humanos. Los primeros colaboradores rentados de la
CONADEP, que cumplían su jornada trabajando aún en
días feriados y fines de semana, muy pronto abandonaron su
labor, abrumados y quebrantados por los horrores que día a
día fueron conociendo por el testimonio directo de las
víctimas de la represión.

Gracias al empeño de Ernesto
Sábato y la presión de
los organismos de Derechos Humanos, algunos miembros de la
Comisión tuvieron la posibilidad de viajar al extranjero y
recibir denuncias de los exiliados argentinos en Estados Unidos,
Francia,
Suiza, España,
México,
entre otros países. La CONADEP logró el apoyo de la
Cancillería, que habilitó "oficinas de denuncias"
de desapariciones durante la dictadura
militar, en la mayoría de las sedes diplomáticas
argentinas dispersas por el mundo. Las repercusiones del trabajo
de la Comisión en los periódicos y la
televisión europeos animó a muchos exiliados a
cooperar con las investigaciones.

Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones, sus
miembros fueron insultados y amenazados por los agentes de la
represión, que los acusaron de "activar los odios y
resentimientos, impedir el olvido, y no propiciar la
reconciliación nacional".

La CONADEP, luego de nueve meses de trabajo en los que
reunió más de 50,000 páginas de testimonios
y denuncias; en noviembre de 1984 publicó su Informe, con
el Título: "Nunca Más. Informe de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas". Allí dio cuenta de la desaparición de
8,960 personas, según denuncias debidamente documentadas y
comprobadas. La CONADEP dejó abierta la posibilidad de que
el balance final de las víctimas aumentara, pues muchos
otros casos quedaron en la etapa de investigación y
verificación de los datos, por lo que
la cifra de 8,960 desaparecidos no puede considerarse definitiva.
El 80 % de las víctimas de los militares argentinos
tenían entre 21 y 35 anos de edad.

El Informe señala que en Argentina
existían 340 centros clandestinos de detención,
dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad.
Allí los detenidos eran alojados en condiciones
infrahumanas, y sometidos a toda clase de humillaciones.
También indica que "De algunos de los métodos de
tortura empleados en esa guerra interna no se conocían
antecedentes en otras partes del mundo". En esos años de
la dictadura
militar, las técnicas
de tortura Argentina se exportaron a otros países del
continente.

La CONADEP descubrió que entre los altos
oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales, se
estableció un "Pacto de Sangre", que
implicaba la participación de todos en las violaciones a
los Derechos Humanos. A causa de esto, cuando algún
miembro de esas fuerzas trataba de desobedecer un mandato
criminal, pronto lo convertían en una víctima
más. La Comisión comprobó que "Todo signo de
discrepancia dentro de las FF. AA. y de Seguridad con los
métodos utilizados para la detención y
eliminación de personas fue sancionado de modo brutal.
Brindar alguna información a los familiares de
detenidos-desaparecidos sobre su localización, estado
físico o destino era equivalente a la muerte.
Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias
filas sobre los operativos realizados, sancionándose con
el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse
con el prisionero".

El Informe "Nunca Mas" indica que miles de personas
fueron exterminadas, habiéndose destruido previamente sus
cuerpos para evitar su posterior identificación. "No se
cometieron excesos, si se entiende por ello actos particularmente
aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común
y eran actos normales y corrientes efectuados a diario por las
fuerzas represivas"

También la CONADEP difundió una lista de
1351 represores, entre ellos diversos médicos, jueces,
periodistas, obispos y sacerdotes católicos que actuaron
como Capellanes de los militares y que colaboraron con ellos en
la guerra sucia. En la lista de represores aparecen, entre otros,
el Obispo Pío Laghi, Nuncio Apostólico del Estado
Vaticano en Argentina, el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza,
el Monseñor Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von
Wernich, el capellán Pelanda López, y el
Monseñor Adolfo Tórtolo, Vicario de las Fuerzas
Armadas.

Pese a las investigaciones de la Comisión, y las
denuncias de los grupos de
Derechos Humanos en Argentina, el Congreso ascendió a
cientos de militares involucrados en secuestros, torturas y
desapariciones forzadas, y que aparecían en la lista de la
CONADEP como violadores de los Derechos Humanos. Incluso Asaz, el
asesino de dos monjas francesas, fue ascendido. "Sabe cuantos
Astiz hubo en la Armada? Trescientos Astiz", dijo el
contralmirante (r) Horacio Mayorga, ex jefe de la base naval de
Trelew, en una entrevista en
1985. "Los oficiales de la ESMA eran personas austeras que
mataban por la Patria", agregó. Igualmente fueron
ascendidos el ex director de la ESMA, capitán de
Navío José María Arriola; el ex director de
la Escuela de
Submarinos de Mar de Plata, capitán de Navío
Roberto Pertussio; los tenientes coroneles Óscar Bianchi y
Athos Rhenes, que intervinieron en diversas masacres a civiles
indefensos, y el coronel Julio César Durand, quien
dirigió la intervención Argentina en el Golpe de
Estado de 1980 en Bolivia.

El ex capitán de la Armada (r) Francisco
Scilingo, en declaraciones al periodista Horacio Verbitsky, en
marzo de 1995, confirmó que cerca de 2,000 presos
políticos de la dictadura
fueron asesinados por oficiales de la Marina, que los arrojaron
vivos al mar, después de haber sido drogados. Algunos
altos representantes de la Iglesia
católica conocían sobre estos hechos, pero en vez
de tratar de impedirlos, apoyaron estos horribles
crímenes. Scilingo afirmó que los sacerdotes
católicos se encargaban de tranquilizar el
espíritu" de los oficiales que participaban en tales
crímenes, regresaban de cada Vuelo" con un fuerte
remordimiento de conciencia. "El
capellán de la ESMA… me hablaba que (el vuelo) era una
muerte cristiana, porque (los presos) no sufrían, porque
no era traumática, y que había que eliminarlos; que
la guerra era la guerra, que incluso en la Biblia está
prevista la eliminación del yugo del trigal. Me dio cierto
apoyo", declaró Scilingo.

También se llegó a saber que una isla que
pertenecía a la Iglesia
Católica fue prestada a la ESMA, para que los oficiales de
la marina lo usaran como Campo de Concentración.
Allí se trasladaba a los presos políticos, cada vez
que las comisiones de las Naciones Unidas,
la OEA,
Amnistía Internacional o de otros organismos visitaban la
ESMA para investigar las graves denuncias de tortura.

La CONADEP tomó la iniciativa de presentar varias
recomendaciones a los distintos poderes del Estado, "con la
finalidad de prevenir, reparar y finalmente evitar la
repetición de Conculcaciones de los Derechos Humanos".
Entre sus propuestas incluyó: la continuación de
las investigaciones por la vía judicial, la entrega de
asistencia económica, becas de estudio y trabajo a los
familiares de las personas desaparecidas; y la aprobación
de normas legales
que declaren como crimen de tesa humanidad la desaparición
forzada de personas. Igualmente, la CONADEP recomendó la
enseñanza obligatoria de los Derechos
Humanos en los centros educativos del Estado, tanto civiles como
militares y policiales, el apoyo a los organismos de Derechos
Humanos, y la derogatoria de toda la legislación represiva
existente en el país. Muchas de estas recomendaciones
están aún pendientes de llevarse a la
práctica. Y la dolorosa verdad sigue aflorando, como un
trauma colectivo que exige una terapia integral.

2 Chile

Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación

Falcoff dijo que la comisión de la verdad de ese
país para las violaciones de los Derechos Humanos,
cometidas entre 1973 y 1990, fue, en su mayor parte "justa,
exacta y correcta".

La Comisión Nacional de la Verdad y la
Reconciliación de Chile
publicó un informe que describe los abusos cometidos por
el gobierno militar encabezado por el general Augusto Pinochet.
Las circunstancias eran diferentes de las que existían en
Argentina, explicó.

Para comenzar, dijo, el ejército de Chile no
había sido humillado en una guerra como lo había
sido el de Argentina.

En lugar de declarar culpables, la comisión hizo
un "trabajo bastante bueno" de informar objetivamente sobre los
hechos. Los militares aceptaron un acuerdo de concesiones mutuas
sobre la comisión de la verdad que permitió un
máximo de franqueza en cuanto al número de muertes
ocurridas durante los 17 años del régimen de
Pinochet, y, además, que se incluyera información
sobre "quién murió y en qué
circunstancias".

Al mismo tiempo,
continuó Falcoff, en el informe no se dice si las muertes
fueron o no justificadas. Ese juicio, observó, se
dejó a la "discreción individual" del punto de
vista político de cada persona. Tras la
derrota moral y
política de Pinochet, el pueblo de Chile eligió
como Presidente a un miembro moderado de la oposición,
quien había anunciado su compromiso ineludible con la
defensa de los Derechos Humanos.

Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio
Aylwin, mediante el Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de
1990, creó la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, con el objetivo de
Contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las
más graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en
los últimos anos, con el fin de colaborar a la
reconciliación de todos los chilenos".

Los Miembros que conformaron esta Comisión
fueron:

Raúl Rettig Guissen (Presidente)

Jaime Castillo Velasco

José Luis Cea Egaña

Mónica Jiménez de la Jara

Laura Novoa Vásquez

José Zalaquett Daher

Ricardo Martín Díaz

Gonzalo Vial Correa

Los dos últimos habían sido funcionarios
del gobierno del dictador Pinochet.

La tareas que se le encomendó a la
Comisión de Verdad fueron:

• "Establecer un cuadro, lo más completo
  posible, sobre los graves hechos de violación a los
  Derechos Humanos, sus antecedentes y
  circunstancias.
• Reunir información que permita
  individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o
  paradero.
• Recomendar las medidas de reparación y
  reivindicación que estimara de justicia,
  y
• Recomendar las medidas legales y administrativas
  que a su juicio deberían adoptarse para impedir o
  prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los
  Derechos Humanos".

Se determinó que se investiguen a los hechos con
resultado de muerte o desaparición ocurridos entre el 11
de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 bien sea dentro
del país o en el extranjero". Toda la investigación
debió hacerse en un plazo de nueve meses, del 9 de mayo de
1990 al 9 de febrero de 1991.

Más de 60 personas de los diversos organismos
nacionales e internacionales de Derechos Humanos colaboraron y
trabajaron a tiempo completo
para el procesamiento de las informaciones obtenidas por la
Comisión. Entre ellos, cabe destacar el valioso trabajo
que cumplieron Jaime Castillo Velasco y José Zalaquet
Daher. Domingo Namuncurá, un líder
del SERPAJ, fue designado Asesor Presidencial en Derechos
Humanos.

La Comisión recibió a más de 3,400
familiares de desaparecidos y asesinados que presentaron
múltiples casos, de los cuales 644 quedaron fuera de su
competencia.
También consultó archivos de
más de 100 organizaciones de
Derechos Humanos, académicas, políticas
y religiosas.

Los miembros de la Comisión, además de
investigar dentro del país, tuvieron la oportunidad de
viajar al extranjero, con el propósito de entrevistar a
víctimas de la represión así como a
familiares directos de los detenidos-desaparecidos y otros tipos
de víctimas de la dictadura pinochetista.

Las sedes de las gobernaciones e intendencias
provinciales dentro del país, así como las
Embajadas y Consulados chilenos en el exterior sirvieron para la
recepción de denuncias de desapariciones. Muchos
estudiantes de las facultades de derecho colaboraron muy
eficazmente para asesorar a los familiares de las víctimas
en la presentación de sus denuncias. Después hubo
necesidad de contratar asistentes sociales, pues los familiares
de las víctimas, al hacer memoria de los
sucesos ocurridos, caían en profundas crisis
emocionales.

A sus demandas de informacion sobre las víctimas
de la dictadura chilena respondieron favorablemente los
hospitales, y el Registro civil,
pero la gendarmería y las Fuerzas Armadas, aunque
respondieron a un 70 % de las cartas enviadas
por la Comisión, casi siempre manifestaban que los
documentos
sobre los detenidos-desaparecidos "ya habían sido
incinerados o destruidos, en cumplimiento de disposiciones
jurídicas".

Sólo una mínima parte de los 160 miembros
de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que la
Comisión quiso interrogar, prestó su
colaboración, aunque aportaron pocas informaciones. La
mayoría de los oficiales y agentes, según las
respuestas de los ministros respectivos, ya habían sido
dados de bajas o no aparecían como miembros de esas
fuerzas.

Las normas nacionales
e internacionales de los Derechos Humanos, así como las
leyes de
guerra o del derecho
internacional humanitario formaron parte del marco
jurídico con el cual trabajó la Comisión al
analizar los distintos hechos de violencia.

El Resultado final de las investigaciones de la
Comisión fue un Informe de tres partes:

• Primera parte: Relación de los hechos de
  violaciones de los Derechos Humanos, hasta la página
  1094
• Segunda parte: Recomendaciones para reparar el
  daño: Págs. 1,096 hasta 1,168.
• Tercera parte: "Víctimas", Volumen de
  635 páginas, con una reseña biográfica
  de las 2,279 personas respecto de las cuales la
  Comisión se formó una Convicción de que
  murieron o desaparecieron como víctimas de la
  violación a sus Derechos Humanos, entre ellos 132
  miembros de las fuerzas del orden.

También se investigó, aunque no muy
profundamente, la actuación de los partidos
políticos legalmente reconocidos en los hechos de
violencia, especialmente en el Golpe de Estado, así como
el rol que cumplieron, entre otros, las Iglesias cristianas,
los medios de
comunicación, los partidos
políticos, los profesionales y sus organismos
gremiales.

La Comisión analizó el rol de los
familiares de las víctimas, de las organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos, y la reacción de la
comunidad
internacional a través de la ONU, la OEA, el ACNUR;
la Comisión internacional de Juristas, la Cruz Roja y
Amnistía Internacional, que a lo largo de la dictadura
emitieron numerosos informes
denunciando las graves violaciones a los Derechos Humanos en el
régimen de Pinochet.

Con todas sus investigaciones, la Comisión de la
Verdad comprobó el poder omnímodo del que gozaba la
DINA y estableció que "Se trataba de un organismo cuyo
funcionamiento en la práctica fue un secreto y por encima
de la ley, su organización interna, composición,
recursos,
personal y
actuaciones escapaban no sólo del conocimiento
público sino también del control efectivo
de la legalidad. Más aún, la DINA fue efectivamente
protegida de todo control, no sedo del que pudieran haber
ejercido el Poder Judicial,
altos oficiales de las FF. AA., e incluso de la Junta de
Gobierno; en efecto, aunque formalmente la DINA dependía
de la Junta de Gobierno, en la práctica respondió
solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno, más
tarde Presidencia de la República". Agrega el Informe de
la Comisión de la Verdad, que: "Este organismo, en el
hecho secreto, y así libre de controles e injerencias,
tenía la amplia misión de
reunir y evaluar la información que después se
emplearía para tomar importantes decisiones de
Gobierno."

Después de minuciosas investigaciones sobre los
desaparecidos y asesinados por las fuerzas del orden la
Comisión recomendó la reparación
pública de la dignidad de las víctimas, y diversas
medidas de bienestar social, pensión única de
reparación, atención especializada en salud, educación, vivienda,
condonación de ciertas deudas y exención de la
obligatoriedad del Servicio
Militar a los hijos de las víctimas. La Comisión
presentó también recomendaciones en los aspectos
jurídicos y administrativos, como la "declaración
de muerte de personas detenidas-desaparecidas", la
adecuación del ordenamiento jurídico nacional al
derecho
internacional de los Derechos Humanos, y la
ratificación de tratados
internacionales sobre Derechos Humanos. Igualmente propuso
diversas medidas para reformar el poder judicial y las Fuerzas
Armadas, tal como la continuación de las investigaciones
sobre el destino de los desaparecidos.

La Comisión de Verdad y Reconciliación
recomendó la penalización del ocultamiento de
información respecto a las inhumaciones ilegales, ya que
muchos familiares de las víctimas continuaron reclamando
los restos de sus seres queridos.

En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley
19.123 creó la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, para ejecutar las
recomendaciones de la Comisión de Verdad y
Reconciliación, especialmente en la reparación
material de los daños causados por la dictadura
pinochetista, calificada por la Comisión como Zuna
tragedia desgarradora".

En los años posteriores al trabajo de la
Comisión de Verdad y Reconciliación, los grupos de
Derechos Humanos y los familiares de los desaparecidos lograron
hallar a algunas de las víctimas de la dictadura
enterradas en cementerios clandestinos. También se
obtuvieron más pruebas de las
actividades criminales de los agentes de la DINA, y su Jefe,
Manuel Contreras recibe una condena de siete años de
"prisión efectiva", por su implicación en el
asesinato del Dr. Orlando Letelier. Contreras, con apoyo del
Ejército se atrinchera en un Hospital militar y trata de
burlarse del fallo judicial. Finalmente Contreras demuestra que
aún en regímenes democráticos, los militares
conservan amplias porciones de autonomía y poder, al que
por ningún medio quieren renunciar.

3 El Salvador

La naturaleza
polémica del asunto en El Salvador, donde la
comisión de la verdad, auspiciada por las Naciones Unidas,
culpó a oficiales del ejército del grueso de las
violaciones de los Derechos Humanos.

El informe de la ONU, "De la
locura a la esperanza", contó con información
documentada sobre aproximadamente 15.000 casos de violaciones de
los Derechos Humanos cometidas entre 1980 y 1991, período
que cubre la guerra civil en ese país, durante el cual se
calcula que perdieron la vida 75.000 personas.

Comisión de la Verdad.

Miembros que conformaron esta comisión
fueron:

Belisario Betancur. (Ex Presidente de Colombia)

Reinaldo Figueredo Planchart. (Congresista
venezolano)

Thomas Buergenthal. Estadounidense. Juez. (Ex
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos)

Esta Comisión, apoyada por un numeroso grupo de
asesores y colaboradores, nacionales y extranjeros,
trabajó durante seis meses para investigar y dos meses
adicionales para elaborar y presentar su informe, que fue
titulado "De la Locura a La Esperanza" La guerra de 12
años en El Salvador".

La división de Derechos Humanos de la ONUSAL le
facilitó apoyo técnico y logístico para
procurar proteger la identidad de
los testigos e informantes, muchos de los cuales, solo accedieron
a testificar cuando se les aseguró una reserva absoluta.
Diversos gobiernos extranjeros y organismos internacionales
colaboraron con la Comisión, suministrando documentos
confidenciales emitidos por sus delegaciones diplomáticas,
y proveyendo declaraciones oficiales de agentes policiales y
militares.

A. El Mandato

La Comisión de la Verdad de El Salvador
surgió como resultado de los Acuerdos de Paz de El
Salvador negociados en más de tres años
(1989-1992) entre el gobierno de El Salvador y el movimiento
guerrillero Frente Farabúndo Martí para la
Liberación Nacional, FMLN, que estuvieron enfrentados
durante todo ese período. Las negociaciones se llevaron
a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas, y la
colaboración de Colombia,
México, España y
Venezuela y
culminaron en el Acuerdo de Paz firmado en Chapultepec,
México, el 16 de enero de 1992.

La decisión de crear la Comisión de la
Verdad fue adoptada en los Acuerdos de México, que
definen las funciones y
facultades de la Comisión, y se firmaron en Ciudad de
México el 27 de abril de 1991. La autoridad de
la Comisión se amplió con el artículo 5
del Acuerdo de Paz de Chapultepec, titulado "Superación
de la Impunidad." Estas disposiciones constituyen el "Mandato"
de la Comisión, definida de la siguiente
manera:

"La Comisión tendrá a su cargo la
investigación de graves hechos de violencia ocurridos
desde 1980, cuya huella sobre la sociedad
reclama con mayor urgencia el
conocimiento público de la verdad." Para esto, se
indicó que la Comisión tomará en cuenta
las siguientes consideraciones:

a. La singular trascendencia que pueda atribuirse a
los hechos a ser investigados, sus características y repercusión,
así como la conmoción social que originaron;
y

b. La necesidad de crear confianza en los cambios
positivos que el proceso de paz impulsa y de estimular el
tránsito hacia la reconciliación
nacional."

En cuanto a la impunidad, las funciones
específicas que se le asignaron a la Comisión se
definen en el Acuerdo de Chapultepec de la siguiente manera:
Ése reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo
señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza
Armada, especialmente en casos donde esté comprometido
el respeto a
los Derechos Humanos. A tal fin, las Partes remiten la
consideración y resolución de este punto a la
Comisión de la Verdad."

Además de las facultades que los Acuerdos de
Paz le confirieron respecto a la impunidad y la
investigación de graves hechos de violencia, a la
Comisión también le encargaron elaborar
recomendaciones "de orden legal, político o
administrativo, que podrán incluir medidas destinadas a
prevenir la repetición de tales hechos (de violencia),
así como iniciativas orientadas hacia la
reconciliación nacional".

De esta forma se dotó a la Comisión con
dos facultades específicas: la de realizar
investigaciones y la de presentar recomendaciones, en cuya
ejecución se comprometieron ambas Partes.

El Mandato le encarga a la Comisión investigar
"graves hechos de violencia… cuya huella sobre la sociedad
reclama con mayor urgencia el
conocimiento público de la verdad". Aquí la
Comisión tomó en cuenta la singular importancia
de cada acto violento, las repercusiones que tuvieron y los
desordenes sociales que ocasionaron. El Mandato no
enumeró ni identificó ningún caso
específico para que fuera investigado por la
Comisión; tampoco distinguió entre actos de
violencia en gran escala y
aquellos que involucraban solamente a unas cuantas personas. Al
investigar estos hechos, la Comisión tomó en
cuenta factores adicionales relacionados con el cumplimiento de
su Mandato.

El primero es que lo que se había de investigar
eran hechos graves o flagrantes cometidos por ambos lados del
conflicto
salvadoreño y no solamente por una de las
partes.

Segundo, el Acuerdo de Chapultepec instó a la
Comisión, a poner atención especial en el tema de la
Impunidad de los hechos de violencia cometidos por oficiales de
la Fuerza Armada, que nunca fueron investigados ni
castigados.

Entonces, al optar por investigar un caso en lugar de
otro, se tuvo presente consideraciones respecto del carácter
representativo del caso, la disponibilidad de pruebas, los
recursos
investigativos disponibles, el tiempo requerido para llevar a
cabo una investigación exhaustiva, y el tema de la
impunidad tal como lo define el Mandato.

B. El Derecho Aplicable

Al definir las normas jurídicas aplicables a su
labor, la Comisión estableció que durante el
conflicto
salvadoreño, ambas partes tenían la
obligación de acatar una serie de normas del derecho
internacional, entre ellas las estipuladas en el derecho
internacional de los Derechos Humanos y en el derecho
internacional humanitario, o bien en ambos. Por otro lado, a lo
largo del período de guerra interna, el Estado de
El Salvador estaba en la obligación de adecuar su
derecho interno a sus obligaciones
conforme al derecho internacional.

En el Acuerdo de San José sobre Derechos
Humanos, las Partes reconocieron que por "Derechos Humanos" se
entiende "los reconocidos por el ordenamiento jurídico
salvadoreño, incluidos los tratados en
los que El Salvador es parte, así como por las
declaraciones y principios
sobre Derechos Humanos y sobre derechos humanitarios aprobados
por las Naciones Unidas y por la
Organización de Estados Americanos."

La Comisión de la Verdad reconoció que
el derecho internacional de los Derechos Humanos sólo es
aplicable a los gobiernos, mientras que en determinados
conflictos
armados, el derecho internacional humanitario es vinculante
para ambos lados. Es decir, tanto para los insurgentes como
para las fuerzas del gobierno. Sin embargo, hay que reconocer
que cuando se da el caso de insurgentes que ejercen poderes
gubernamentales en territorios bajo su control, también
se les puede exigir que cumplan con ciertas obligaciones
en materia de
Derechos Humanos, vinculantes para el Estado
según el derecho internacional; por ende,
resultarían responsables en caso de un incumplimiento.
El FMLN sostuvo oficialmente que tenía algunos
territorios bajo su control y efectivamente ejerció ese
control.

C. Las Investigaciones

Las Comisión de la Verdad investigó
primeramente la violencia ejercida por agentes del Estado
contra los opositores políticos. Allí
ubicó el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y las
dos acompañantes en el Centro Pastoral de la Universidad
Centroamericana (1989). Enseguida analizó diversas
ejecuciones extrajudiciales, como el asesinato de los
dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, las
religiosas norteamericanas, los periodistas holandeses,
así como los ataques a organismos de DDHH (FENASTAS y
COMADRES), las desapariciones forzadas, las masacres de
campesinos por la Fuerzas Armadas (Casos Mozote, Río
Sumpul y El Calabozo). Después investigó los
asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre
ellos el de Monseñor Óscar Arnulfo
Romero.

En segundo lugar, la Comisión de la Verdad
investigó la violencia del FMLN contra opositores como
el asesinato de alcaldes, y jueces, las ejecuciones
extrajudiciales de campesinos colaboradores del gobierno, el
asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes, entre
otros.

La Comisión aseguró que "Ninguna de las
tres ramas del poder público: judicial, legislativo
ejecutivo, fue capaz de controlar el desbordante dominio militar
en la sociedad".

Finalmente, la Comisión de la verdad presento
una serie de Recomendaciones que incluyen: Reformar la
legislación penal y el Poder Judicial, depuraciones en
las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales y dentro de la administración pública;
inhabilitaciones políticas a las personas involucradas
en violaciones de los Derechos Humanos y del derecho
humanitario, por un lapso no menor de diez años.
También recomendó investigar y terminar con los
grupos ilegales (Escuadrones de la muerte).

Igualmente la Comisión recomendó que el
gobierno salvadoreño otorgue una reparación
material y moral para
las víctimas de la violencia y sus familiares directos.
Se recomendó la entrega de tierras, equipamiento
agropecuario, becas de estudio, etc. Los acuerdos de Paz
fijaron un calendario de actividades, muchas de las cuales,
como la entrega de tierras a los combatientes de ambos lados, y
la Compensación económica, solo se han cumplido
en mínima parte. En la práctica el Estado
salvadoreño descuidó mucho el cumplimiento de los
acuerdos. Por eso, pese al empeño del FMLN, así
como a los esfuerzos de la ONU y los países amigos, la
pacificación en El Salvador es todavía un proceso
muy lento.

SUBCAPITULO II

COMISIONES NO OFICIALES

A continuación presentamos el desarrollo de
algunas comisiones de la verdad que surgieron por iniciativa no
gubernamental, sin mandato legal específico.

1. Bolivia:

Comité impulsor del Juicio contra
García Meza.

Después de 18 años de dictaduras
militares, que usurparon el poder a gobiernos civiles
legítimamente elegidos, en octubre de 1982 Bolivia
recuperó su institucionalizad democrática,
eligiendo como Presidente al Dr. Hernán Siles Suazo. Las
víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, entre
asesinados, torturados, desaparecidos, entre 1965 y 1982 eran
numerosas. De acuerdo al Comité Impulsor del Juicio contra
García Meza, El Golpe militar liderado por el General Hugo
Banzer Suárez, en agosto de 1971, inició uno de los
gobiernos de facto más sangrientos en la historia del país.
Este Comité impulsor agrega que fueron denunciadas
más de 14,000 detenciones ilegales de personas, muchas de
las cuales fueron sometidas a crueles torturas; más de
6,000 exiliados, masacres; desaparición forzada de mas de
70 personas.

Igualmente el Comité Impulsor sostiene que
durante la dictadura de 16 días del coronel Alberto
Natusch Busch, agentes del gobierno de facto asesinaron a 76
personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron a 140 personas y
provocaron heridas graves a otras 204 personas. Durante la
presentación de pruebas en el Juicio de Responsabilidades,
la activista de Derechos Humanos, Loyola Guzmán,
señaló que el régimen de García Meza
es responsable de la desaparición de 22 personas y del
asesinato de otras 52, entre ellas la del diputado Marcelo
Quiroga Santa Cruz. La ASOFAMD denunció en mayo de 1990,
que en Bolivia habían desaparecido 156 personas. De ellas,
76 corresponden al periodo del general Banzer, 34 al periodo del
general Alfredo Ovando, 28 al de García Meza, 14 al de
Alberto Natusch y 4 en el periodo de René
Barrientos.

Al restablecerse la institucionalizad democrática
en el país, se discutió sobre qué hacer con
los crímenes de las dictaduras, pero no hubo consenso
sobre los casos que deberían de ser investigados. Como el
Poder Judicial, y el liderazgo de
los partidos políticos, en su mayoría, era el mismo
que actuó durante las dictaduras militares, no hubo la
suficiente voluntad para sancionar a todos los responsables de
las violaciones a los Derechos Humanos.

Muy tímidamente el Presidente Hernán Siles
Suazo firmó el 28 de octubre de 1982, el Decreto Supremo
N. 241, creando la Comisión Nacional de Desaparecidos.
Esta Comisión investigó, hasta abril de 1983, el
asesinato de 14 prisioneros políticos, en 1972, por el
gobierno de Banzer, y la desaparición de 22 personas en el
periodo de García Meza.

En los primeros meses de transición
democrática, solo se logró consenso en la necesidad
de investigar los delitos cometidos
por el régimen de fasto del general Luis García
Meza, que practicó masacres de opositores
políticos, desapariciones forzadas, torturas, y
expulsiones ilegales del país.

La Central Obrera Boliviana, las Iglesias
Católica y Metodista, la Universidad San
Simón de la Paz, los gremios de periodistas, los grupos de
Derechos Humanos, los familiares de las víctimas de la
dictadura, con el apoyo de algunos políticos iniciaron un
Juicio de Responsabilidades contra el general Luis García
Meza, y 55 de sus principales colaboradores, primero en febrero
de 1984, en el Congreso Nacional y en abril de 1986 ante la Corte
Suprema de Justicia. Una
decisión del Congreso, del 25 de febrero de 1986,
excluyó las investigaciones de hechos ocurridos antes del
Golpe de García Meza, protegiendo de esa manera,
especialmente, al dictador Hugo Banzer.

La confluencia de diversos organismos representativos de
la sociedad, y de larga tradición de lucha como la COB, la
Universidad, la Iglesia, junto con los grupos de Derechos
Humanos, en la denuncia y el enjuiciamiento del régimen de
García Meza, aseguró un importante respaldo
institucional y popular al proceso de investigar la verdad y
castigar a los culpables de las violaciones a los Derechos
Humanos y atropellos al Estado de
Derecho. Un selecto grupo de
abogados y estudiantes de derecho, periodistas, así como
familiares de las víctimas de la dictadura, trabajaron en
el Comité impulsor del Juicio, durante cinco años,
para recopilar y procesar más de 30,000 páginas
acumuladas sobre los hechos de la dictadura y elaborar los
alegatos y las acusaciones.

Cuando el Congreso de la República decidió
acusar al ex dictador ante la Corte Suprema, y el poder judicial
expidió una orden de detención, el 13 de enero de
1989, García Meza se declaró en rebelión y
se escondió, para burlarse de la justicia. Un mes
después el Poder Judicial ordenó la
confiscación de las propiedades del ex dictador, la
pérdida de sus derechos ciudadanos, y reafirmó la
orden de búsqueda y captura. Después se
conocería que García Meza se había
escondido, inicialmente, en una de las haciendas de otro ex
dictador, general Hugo Banzer Suárez.

García Meza desde la clandestinidad lanzó
diversas amenazas contra los grupos de Derechos Humanos y
chantajeó a dirigentes del gobierno, a fin de que le
brindaran protección a cambio de
guardar silencio. La Corte Suprema de Justicia también
recibió numerosas presiones a fin de retardar el proceso y
diluirla en discusiones palaciegas. Asó García Meza
vivió, durante cinco años, con la protección
oficial, hasta que fue capturado en Brasil. Por eso,
con toda razón, el Comité Impulsor indicó
que "En esa búsqueda sin cansancio de la verdad
jurídica… hemos encontrado aún más feroz
el rostro de los tiranos, de los masacradores, de los que
torturaron y dispararon, de los que detrás de los
ejecutores planearon y ordenaron los crímenes, y de los
que se enriquecieron a costa del patrimonio
público".

El Comité impulsor del Juicio de
Responsabilidades, a pesar de las amenazas, siguió su
trabajo con mucha energía, elaborando los recursos
acusatorios y difundiendo masivamente en los periódicos,
la radio y la
televisión
informes
respecto al juicio. Incluso preparó siete
micro-documentales para la
televisión, con los títulos de "Genocidio de la
calle Harrington de La Paz", (donde ocho dirigentes del MIR
fueron asesinados), "Contra la Impunidad", "Prófugo de la
Justicia", "La letra muerta de la Ley", etc.

El testimonio de la ex Presidenta de la
República, Lydia Gueiler Tejada, en el Juicio, así
como de varios ex ministros de Estado que formaron parte de su
gobierno, y que fueron torturados por agentes de la dictadura,
aportó abundantes evidencias sobre la responsabilidad penal de los militares
golpistas.

El ex coronel Luis Arce Gómez, ex ministro del
Interior de García Meza, responsable directo de la
organización de grupos terroristas paramilitares al
servicio de la dictadura, fue capturado por agentes bolivianos de
la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, y agentes
estadounidenses de la Drug Enforcement Agency, DEA, el 10 de
diciembre de 1989; tres años después de haber sido
declarado "rebelde y contumaz" y haberse fugado de la justicia.
Inmediatamente, sin autorización del Poder Judicial de
Bolivia fue trasladado hacia Miami, en un avión de la DEA,
organización que lo entregó a la Corte Federal de
Miami.

En el curso de las investigaciones se fue revelando que
por orden de los dictadores fueron asesinados el diputado Marcelo
Quiroga Santa Cruz, los ocho dirigentes del MOR, el sacerdote
Luis Espinal, y muchos otros más; y se demostró que
el gobierno de tacto clausuró y destruyó
instalaciones y equipos de emisoras de radio y
periódicos; allanó Iglesias, colegios y
universidades, despilfarró el dinero del
Estado, y dictó muchas leyes
anticonstitucionales.

También se descubrió cómo se
organizaron los escuadrones de la muerte que operaron en diversas
ciudades de Bolivia cometiendo atentados terroristas y
crímenes con total impunidad. El Comité impulsor
comprobó que el criminal nazi Klaus Barbie contaba, en el
período de García Meza, con un grado de oficial
superior y mando dentro del Servicio de Inteligencia
del Ejército de Bolivia. El General Luis Arce
Gómez, con autorización del Alto Mando,
otorgó el grado de Teniente Coronel honorífico a
Klaus Altmann (Barbie), el 12 de febrero de 1980, cinco meses
antes del golpe de Estado. Entre los asesores extranjeros
también se comprobó la participación del
Mayor de las FF. AA. de Argentina, Julio César Durand,
así como de los neofascistas italianos Stefano Delle
Chiaie y Pierluigi Pagliai.

El Comité impulsor comprobó que altos
miembros del mismo ejército boliviano entrenaban y
dirigían a grupos paramilitares que cometían
diversos atentados terroristas por todo el país, y que
asesinaron a opositores políticos, lanzaron bombas contra
manifestaciones pacíficas, atacaron sedes de organismos
políticos, religiosos y culturales, y atentaron contra un
avión en el que viajaban líderes del movimiento
político UDP. Se confirmó que todos estos atentados
se hicieron con el propósito de justificar El Golpe de
Estado, en vista de una supuesta incapacidad del Gobierno para
controlar el terrorismo.

Además se comprobó que el Servicio de
Inteligencia
del ejército, a cargo del coronel Luis Arce Gómez,
había elaborado una lista negras en las que figuraban como
personas a ser eliminadas, el padre Luis Espinal Camps, el
diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el ex Presidente
Walter Guevara Arce, el líder
sindical Juan Lechín Oquendo, y el ex ministro Eduardo
Pérez Iribarne. Igualmente se descubrió que
prominentes dirigentes de la empresa privada
participaron en la preparación del Golpe de Estado, que
incluso financiaron, para luego beneficiarse con diversos
contratos con
el Estado.

Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la
Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad, a
petición de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y
otras ONGs bolivianas determinó realizar en Bolivia una
Sesión, durante los días 17 al 19 de julio de 1990,
para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas
por los últimos regímenes militares, el gobierno se
negó a autorizar dicha Sesión, con el pretexto de
que no hay que perturbar la paz. Incluso los congresistas
oficialistas emitieron una Resolución, calificando como
"delito" la
sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, y se
amenazó con deportar a los jueces instructores, si se
atrevían a entrar a Bolivia, ya que, argumentaron, de
acuerdo a la legislación vigente, sólo la Corte
Suprema de Justicia tiene la facultad para juzgar a dignatarios y
ex dignatarios del Estado que hayan cometido delitos en el
ejercicio de sus funciones.

Las autoridades bolivianas se negaron a conceder visas
de entrada a las personas que actuarían como jueces
instructores del Tribunal, entre ellos el Premio Nobel de la Paz,
Adolfo Pérez Esquivel de Argentina, la abogada chilena
Fabiola Letelier y el sacerdote colombiano Javier Giraldo. En
vista de esta negativa, la Sesión se llevó a cabo
en Bogotá, en abril de 1991, y condenó moralmente a
los ex dictadores general Hugo Banzer Suárez, coronel
Alberto Natusch Busch y general Luis García Meza,
inhabilitándolos moralmente para participar nuevamente en
instancias de gobierno de su país o de cualquier
país del mundo, según comunicación del Secretariado del Tribunal
Permanente de los Pueblos.

Luego de más de seis años de juicio, en
1992 el Poder Judicial de Bolivia logró condenar al
general Luis García Meza, y a Luis Arce Gómez, a 30
años de prisión. Actualmente García Meza se
encuentra en la prisión de Chonchocoro, en La Paz, luego
de haber sido extraditado del Brasil. Otros
cincuenta implicados también recibieron su
condena.

Los abogados que representaron a la parte civil afectada
por la dictadura de García Meza, manifestaron ante el
Tribunal Supremo: "Estuvimos motivados por la búsqueda de
la verdad desde el primer momento; y cuando en ese primer momento
la principal defensa apareció siendo la mentira, nos
volvimos incansables en esa búsqueda de la verdad…
había que probar que se delinquió
bárbaramente contra el país, desde el aparato mismo
del Estado… a la notoria verdad histórica había
que adjuntar la verdad jurídica".

Aunque el Comité Impulsor del Juicio de
Responsabilidades fue una Comisión de la Verdad no creada
por mandato legal, sino por imperativo ético de las
fuerzas progresistas de la sociedad boliviana, su trabajo fue muy
eficaz, logrando comprometer a la mayor parte de los organismos
del país en la búsqueda de la verdad sobre esta
etapa crítica de su historia. Sus integrantes trabajaron
con la convicción de que "Ni el odio ni el menor atisbo de
venganza han presidido nuestros actos en esta presencia
acusatoria ininterrumpida de seis años y seis meses. Hemos
creído que el daño que la dictadura le hizo al
país fue inmenso, pero estamos convencidos, sobre todo,
que la impunidad de esa dictadura sería un daño
mucho mayor".

2 Brasil:

Proyecto Brasil Nunca Más.

Encargados:

Cardenal Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de Sao
Paulo

Rev. Jaime Wright, Pastor Presbiteriano.

Las investigaciones para conocer las violaciones a los
Derechos Humanos de las últimas dictaduras (1964-1979)
fueron dirigidas por miembros de la Arquidiócesis de Sao
Paulo, de la Iglesia Católica. Alrededor de treinta
personas vinculadas a la Arquidiócesis trabajaron por
más de cinco años en el más absoluto secreto
para obtener los documentos, analizarlos, comprobar la
información, y procesarla de acuerdo a criterios fijados
previamente.

La Investigación comenzó en agosto de 1979
y concluyó en marzo de 1985. En ese período se
logró sistematizar informaciones contenidas en 707
expedientes de procesos
llevados ante el Tribunal Militar Supremo. Por esto, una característica del Informe es que se basa,
fundamentalmente, en documentos oficiales de los procesos
judiciales llevados a cabo por los Tribunales militares contra
activistas y opositores políticos.

El resultado del trabajo se difundió en
volúmenes de mas de 5000 páginas, (Proyecto A) con
el título Brasil Nunca Mais, que fue considerado como "Una
radiografía inédita de la represión
política y una anatomía de la
resistencia". Una
síntesis del Informe se publicó en
forma de libro en
Petrópolis, en el verano de 1985. Allí se
reunió información sobre las violaciones a los
Derechos Humanos ocurridas durante los regímenes militares
desde 1964 hasta 1979.

El libro Brasil
Nunca Más, además de describir las formas crueles,
degradantes, de los castigos y las torturas, presenta datos
históricos sobre el origen de los regímenes
militares, el desarrollo de
los aparatos represivos, y la perversión del derecho penal,
que favoreció el atropello de los Derechos
Humanos.

Entre los colaboradores del Proyecto Brasil
Nunca Más, el régimen militar eligió como
víctima-símbolo, a Paulo Stuart Wright, hermano
menor del pastor presbiteriano Jaime Wright, con cuyo secuestro y
asesinato se quiso amedrentar a los activistas de Derechos
Humanos asociados a la Arquidiócesis, para que abandonen
sus denuncias y su acompañamiento a los familiares de las
víctimas de la represión oficial. Si no se ha
respetado al hermano de uno de los líderes de la lucha por
los Derechos Humanos, menos se respetaría a los otros
miembros de la comisión de la Arquidiócesis. Esa
era la lógica
para atemorizar y destruir a los grupos de solidaridad y de
defensa de los Derechos Humanos.

El Informe Brasil Nunca Mais incluye testimonios acerca
de la labor de agentes de la CIA de los Estados Unidos, como el
oficial estadounidense Dan Mitrione, quien enseño los
llamados "Métodos científicos para arrancar
confesiones y obtener la verdad". De acuerdo a numerosas y
documentadas denuncias, Dan Mitrione entrenó a cientos de
agentes militares y policiales brasileños, utilizando en
sus experimentos
inicialmente niños y
mendigos recogidos de las calles de Bello Horizonte.

Igualmente Brasil Nunca Más describe las diversas
técnicas de tortura empleadas por los
militares y policías, el uso de insectos y animales como
cobras y ratas, la aplicación de productos
químicos sobre el cuerpo de los prisioneros, según
fue corroborado por diversas víctimas. El Informe
también presenta testimonios sobre torturas practicadas en
menores de edad, así como en mujeres y gestantes, que
sufrían violaciones sexuales.

Brasil Nunca Más indica que en el periodo de 1964
a 1979 se registran 125 casos de ciudadanos desaparecidos por
motivos políticos algunos de los cuales posteriormente a
su detención por la policía fueron encontrados en
cementerios, enterrados con nombres falsos. La lista completa de
desaparecidos aparece en la página 291 al 293 de BNM. En
la versión editada en forma de libro en 1985, no figuran
las listas de militares y policías involucrados en las
violaciones a los Derechos Humanos, que se incluyeron en la
publicación global. Una lista de 444 agentes militares y
policiales torturadores, que por razones estratégicas no
fue incluida en las ediciones de Brasil Nunca Más, fue
publicada por la Arquidiócesis de Sao Paulo en el Diario
Folha de Sao Paulo y en el Jornal do Brasil, el 22 de noviembre
de 1985.

En el Informe "Brasil Nunca Más" quedó
expuesta la verdadera característica del Estado
brasileño, en base a sentencias dictaminando torturas,
castigos corporales, escarmientos en plazas públicas,
secuestros, desapariciones, normas de tratamiento carcelario
inhumanas, todo eso estaba registrado en los expedientes
judiciales. Así, los mismos documentos oficiales
proveían un testimonio irrefutable.

Después de publicarse los volúmenes del
Informe Brasil Nunca Mais, las fuerzas armadas publicaron un
furioso documento de respuesta, con el título Brasil
Sempre, justificando su acción, llevada a cabo,
según ellos, "para salvar a la patria del monstruo del
comunismo y del
caos interno". A diferencia de los informes en Argentina y Chile
y El Salvador, en Brasil el Informe Nunca Más no presenta
explícitamente recomendaciones ni formula peticiones
directas para reformas en la policía y el Ejército.
La brutal radiografía que se presenta de la violencia
policial y militar habla por sí sola, de la necesidad de
transformaciones en las estructuras
del Estado. Brasil Nunca Más transmite la demanda de
respeto a
la memoria de
los muertos: La ausencia de sepultura, que impide que los muertos
sean 'venerados por sus familiares, lo cual, constituía
una maldición bíblica aterradora. Por eso, se
demanda la
localización y entrega de los cuerpos de los desaparecidos
a sus familiares, y la reivindicación de las
víctimas: "Hasta cuando habrá, en Brasil, mujeres
que no saben si son viudas, hijos que no saben si son
huérfanos, criaturas humanas que esperan vanamente en
puertas implacablemente trancadas, de un Brasil que
juzgábamos ingenuamente, exento de tantas
crueldades".

En 1984, la Assembleia legislativa del Estado do
Río Grande do Sul, publicó un Informe del
Comité Brasileño por la Amnistía, en el cual
indicó que "Pasados mas de quince años de dictadura
militar, el número de muertos y desaparecidos suman
más de trescientos, y ese número tiende a aumentar
porque el aparato represivo continúa intacto y activo". En
1995, el gobierno brasileño aprobó el DL 869/95 con
el propósito de otorgar una reparación
económica a los familiares de 136 personas desaparecidas
durante las dictaduras militares. La Ley encarga otorgar una
reparación económica de hasta $ 150,000USA a cada
familia de las
personas asesinadas o desaparecidas que reconoce el
gobierno.

Pero los familiares de los desaparecidos, y de las otras
víctimas siguen demandando el esclarecimiento de la verdad
de lo que paso con sus seres queridos y el castigo a los
responsables. Juntamente con el Movimiento Tortura Nunca Mais,
los familiares de las víctimas publicaron a fines de 1995
el libro "Dossie Dos Mortos e Desaparecidos Políticos a
partir de 1964". Los fantasmas del pasado tortuoso en el Brasil
siguen esperando su liberación.

3. Paraguay:

CIPAE. Paraguay Nunca
Más.

El 4 de mayo de 1954, tras un corto periodo de gobierno
constitucional, las Fuerzas Armadas de Paraguay dan un golpe de
Estado y derrocan al presidente Federico Chávez, de la
Asociación Nacional Republicana. Dos militares asumen el
poder, primero, por unos pocos días, el general
Tomás Romero Pereira, y poco después, para quedarse
por 35 años en el poder, el general Alfredo
Stroessner.

El largo periodo de gobierno del general Alfredo
Stroessner marcó a la sociedad paraguaya con el signo del
terror. "El miedo que genera nuestro sistema
político es tan cierto y evidente que no se necesitan
estudios muy sutiles ni gran aparato científico para
demostrarlo", afirmaba en 1974 el sacerdote Ramón
Juste. Agregaba que "el mero intento de decir o escribir
públicamente algo que pueda ser interpretado como critica
al sistema es ya un
síntoma de gran audacia y aún a veces de temeridad
suicida".

Stroessner se jactaba públicamente que
había convertido a su país en la nación
más anticomunista de todo el mundo. Con esa visión
trataba de eliminar a los opositores políticos, mediante
la tortura, el secuestro, la desaparición y el asesinato
impune. El mismo se esforzó por convertir a Paraguay en un
santuario para los activistas anticomunistas de diversas partes
del mundo. Allí centralizo sus archivos el
sistema de terrorismo de
estado de los países del cono sur de América, bajo el nombre de
"Operación Cóndor".

En Paraguay, las violaciones a los Derechos Humanos
afectaron también a cientos de extranjeros que escapaban
de persecuciones en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. En
recompensa, la dictadura Argentina, durante su guerra sucia,
desapareció a 54 ciudadanos paraguayos que se encontraban
en la capital
federal, Buenos Aires,
donde querían protegerse de la represión en su
país.

Ya en septiembre de 1976, la Liga Internacional por los
Derechos Humanos difundió una lista de 203 prisioneros
políticos en las cárceles de Paraguay, algunos de
los cuales llevaban más de 18 años encarcelados. La
lista incluía casos de presos que murieron en las
prisiones.

En junio de 1990, el Tribunal Permanente de los Pueblos,
TPP, aseguró que Paraguay, desde 1954 hasta el 3 de
febrero de 1989 fue gobernado por una feroz dictadura que
violó sistemática y gravemente los Derechos Humanos
fundamentales, así como los derechos económicos,
sociales y culturales del pueblo paraguayo." Cuando los
organismos no gubernamentales empezaron a difundir informes sobre
la represión de la dictadura, durante la Sesión del
Tribunal Permanente de los Pueblos, se confirmó que el
"stronismo", una forma moderna del despotismo, contó con
un poder absoluto en el país, y estableció una
"mafia" en el poder, a favor de un restringido grupo
oligárquico. Esta "mafia", conformada por funcionarios
públicos, ha obrado bajo la dictadura
considerándose por encima de las leyes, como si las leyes
fuesen válidas solo para los ciudadanos comunes y no para
las personas investidas de funciones públicas.

Desde su creación en 1976, el Comité de
Iglesias paras Ayudas de Emergencia, CIPAE, con el apoyo de
varios organismos internacionales desarrollo un
sistemático proceso de registro y
documentación de los hechos de violencia en
el país. Como varias sedes religiosas habían
sufrido allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad, el
CIPAE, desde su origen, tomó la precaución de
proteger la mayor parte de los archivos en casas de seguridad,
sacar copias dobles, y aún microfilmar la documentación. Aquí vale un
reconocimiento profundo al reverendo Charles Harper, del Consejo
Mundial de Iglesias en Ginebra, quien dio su apoyo total a la
labor desarrollada por el CIPAE.

El CIPAE en 1984 encargó a sus colaboradores,
sistematizar la información sobre la violencia y sus
efectos en Paraguay. Había mucho temor de que las fuerzas
represivas intentaran silenciar completamente a los organismos de
Derechos Humanos. Por eso, hubo muchas dificultades para acceder
a las fuentes
documentales básicas, ya que el miedo paralizaba a los
familiares de las víctimas.

El resultado de las investigaciones fue publicado a
partir de mayo de 1990 en una serie de cuatro tomos bajo el
título general de "Paraguay: Nunca Más", donde se
registran numerosos hechos de violación de los Derechos
Humanos durante la dictadura de Stroessner. En el Tomo I de
Paraguay Nunca Más, se indica que, 360 mil personas, de un
total de tres millones de habitantes, pasaron por las
cárceles de Stroessner. Igualmente estima en 1
millón y medio el número de paraguayos obligados a
salir al exilio.

En "Paraguay Nunca Más" se documenta
minuciosamente el respaldo que le dio el gobierno de los EE.UU.
al gobierno golpista al que reconoció formalmente nueve
días después de la deposición del gobierno
constitucional. En agradecimiento, el gobierno del general
Alfredo Stroessner, se ofrecerá permanentemente al
gobierno de EE.UU. como un aliado, dentro de la "Guerra
Fría", para combatir al comunismo.
Igualmente se documenta las diversas formas de Violación
de la Constitución Política del Estado,
con la declaratoria permanente del "Estado de Sitio", la
suspensión de las garantías personales, el acoso a
los disidentes políticos, la censura a los medios de
comunicación, y la creación de una
legislación antisubversiva que facultaba las detenciones
arbitrarias y la tortura.

Otro trabajo de documentación de las violaciones
a los Derechos Humanos en el gobierno de Stroessner fue producido
por la Iglesia Católica de Misiones, con el título
Koága Roneeta (Ahora hablaremos), Testimonio Campesino de
la represión en Misiones, 1976-1978.

En este libro se expone la brutalidad policial y militar
contra cientos de activistas de las Ligas Agrarias Cristianas y
de la Juventud
Agraria Cristiana, entre otras organizaciones de base, ya que el
régimen de Stroessner consideraba que la Iglesia estaba
infiltrada de comunistas. Igualmente se explica cómo los
torturadores actuaron en Paraguay con mucha fiereza y sadismo, y
que incluso había especialistas en cada tipo de tortura.
Además de describir muchos casos de torturas y asesinatos
de dirigentes campesinos, el libro intenta identificar a cientos
de personas que colaboraron con la represión, como jueces,
alcaldes, intendentes, entre otros. Como en los otros
países del continente, muchos de estos personajes que
cooperaron con los torturadores, y represores, más tarde,
al conquistarse la democracia,
seguirían usufructuando el poder.

Pese a las promesas oficiales de democratizar el Estado,
se constata que las estructuras
administrativas, policiales y jurídicas han permanecido
inalterables. Todavía se mantiene la herencia
stronista de: Los enormes poderes del Presidente, la falta de
independencia
del Poder Judicial, la presencia masiva de personal de la
dictadura en los altos niveles del Estado, la inercia en los
organismos de fiscalización, la negación de
justicia a las familias de las víctimas. Por eso, de los
cientos de casos denunciados, solo 16 merecieron atención
del Poder Judicial, que abrió procesos investigatorios,
que han continuado con mucha lentitud.

Stroessner fue derrocado por un Golpe de Estado el 2 de
febrero de 1989, y a partir de esa fecha, aumentaron las
denuncias de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante su largo período de gobierno. El 24 de Setiembre
de 1989 las FF. AA. en pleno, hicieron público su
Pronunciamiento Institucional, en el cual afirmaron, que "Las
Fuerzas Armadas siempre han desempeñado un papel
protagónico en la historia nacional, y que, se identifican
plenamente con la proclama de su Comandante en Jefe, de
"restaurar la dignidad de la nación,
y contribuir con su esfuerzo a la instauración de la
democracia en
nuestro país".

Las FF. AA. agregaron que "El bien de un Paraguay
moderno y democrático, es imposible de alcanzar con el
esfuerzo de unos pocos". Enseguida, proclamaron que, "celosa de
la estabilidad política del país y del bienestar de
todos sus habitantes, observan con preocupación que en
algunos sectores de la sociedad se interprete equivocadamente el
concepto de
democracia, que permite el libre ejercicio de los derechos, pero
dentro del marco de la Ley y el respeto a las autoridades.
Concluyeron su Pronunciamiento aclarando que "Sólo
cumpliendo las normas de convivencia social, avaladas por el
respeto a los Derechos Humanos, se podrá llegar a la
Consecución de los fines e ideales de una verdadera
democracia."

A fines de 1993 se descubrió en Paraguay, de
manera casual, los archivos del sistema represivo de los
gobiernos del cono sur de América, que fueron calificados como "Los
archivos del Terror". Allí se encontró abundante
documentación que explica cientos y hasta miles de casos
de exiliados y detenidos políticos argentinos, uruguayos,
bolivianos, paraguayos, chilenos, brasileños y paraguayos,
muchos de los cuales desaparecieron a manos de los servicios de
seguridad de esos países.

En Paraguay los organismos de Derechos Humanos siguen
demandando una rigurosa investigación sobre las
violaciones a los Derechos Humanos de los últimos
años.

CAPITULO IV

COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN

Para muchos peruanos es difícil olvidar todo el
horror y destrucción que se vivió dentro del
periodo de 1980 al 2000, espacio de tiempo en el que la sociedad
tuvo que convivir con el miedo, pero lamentablemente las nuevas
generaciones poco o nada conocen de lo que aconteció en el
país en esos años. Por ello trazaré una
línea histórica de aquellos acontecimientos que
conmocionaron al país y al mundo, a través de los
periodos gubernamentales de: el Arquitecto Fenando Belaunde Terry
(1980-1985), Dr. Alan García Perez (1985-1990) y Ing.
Alberto Fujimori Fujimori (1990 – 2000),

SUBCAPÍTULO I:

VIOLENCIA
POLÍTICA EN EL PERÚ

1 Proceso de Violencia Política en el
Perú

El proceso de guerra y muerte empezó justamente
cuando en 1980 el Arquitecto Fernando Belaunde Terry se
instaló en el gobierno. Volvíamos a la democracia
luego de 12 años de dictadura y teníamos otra vez
un congreso electo con representantes de todos los departamentos.
Poco después elegimos alcaldes en todos los distritos y
provincias de nuestro país.

Fue en ese momento que Sendero Luminoso inició
sus acciones en
Ayacucho declarándole la guerra al Estado Peruano. En
Respuesta, nuestras autoridades políticas no encontraron
mejor camino que negar el problema. Mas tarde, cuando la escalada
terrorista era evidente, decidieron delegar su solución a
las Fuerzas Armadas, primero en Ayacucho en 1982 y luego poco a
poco en la mayor parte del país, por medio de la
creación de los Comandos
Políticos Militares.

Para Los militares la solución del problema
estuvo siempre al lado de la fuerza: emplearon desde la
política de " tierra
Arrasada" del General Noel, hasta el establecimiento de alianzas
con la población comunera a través de los
Comités de Autodefensa.

Años después (1984) apareció el
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que contribuyó a
ampliar los territorios y la complejidad de la Violencia. En
1985, el gobierno de Alan García no hizo otra cosa que
imitar la política de Gobierno anterior y de esta manera
la violencia se convirtió en un hecho cotidiano. Mientras
tanto Sendero Luminoso – en nombre de la justicia como
proclamaban sustentando sus hechos – no discriminaba y
asesinaba campesinos, autoridades, ingenieros, funcionarios
públicos o sacerdotes. En este periodo, también
surgen los primeros grupos de paramilitares como el Comando
Rodrigo Franco.

Hacía inicios de los noventa el país
parecía desbordado por la violencia política y es
recién entonces cuando la población de Lima toma
conciencia del
problema. Una serie de atentados urbanos como el de Tarata, lo
hicieron notar. Es cuando el presidente Fujimori mediante una
alianza con las fuerzas Armadas, crea una serie de mecanismos
como los Tribunales sin rostro y la ley de Arrepentimiento, los
que enviaron a cientos de inocentes y culpables, justos a las
mismas cárceles. La caída del Abimael Guzmán
en 1992, marcó el inicio del fin de una forma de
violencia. Sin embargo, tras ese aparente final feliz el
país terminó siendo gobernado por el Servicios de
Inteligencia Nacional, que aplicó las mismas
técnicas de control a la subversión a aquél
que se opusiera al gobierno. Para ello, utilizó toda la
maquinaria del poder, desde los paramilitares del Grupo Colina
hasta los principales medios de
comunicación masiva. Todo instrumento de
control era válido.

El saldo del conflicto ha sido doloroso. El fuego
cruzado de las fuerzas políticas y armadas dejo cerda de
25 mil muertos, casi 10 mil desaparecidos y un poco menos de 700
mil personas desplazadas de sus comunidades. El costo material de
esta catástrofe se eleva a casi 25 millones de
dólares. Una cantidad que asciende a toda la deuda externa del
país.

Dentro de la experiencia peruana han existido dos
antecedentes de la Comisión de La Verdad y
Reconciliación.

En el Perú se han dado diferentes hechos de
violencia política los cuales han marcado su historia,
para lo cual solo señalaremos algunos, de los que han sido
conocidos a nivel nacional, y que han señalado diferentes
etapas dentro de estos 20 años, para lo cual trazaremos
una línea histórica de estos.

1.1 Periodo de Gobierno del Arq. Fernando Belaunde
Terry. ( 1980 – 1985 )

Año 1980 .- El proceso de guerra y muerte
se inició en este año cuando Fernando Belaunde
Terry se instaló en el gobierno, acto por el cual
volvíamos a la democracia luego de 12 años de
dictadura y teníamos otra vez un congreso electo con
representantes de todos los departamentos. Poco después se
dieron las elecciones para la elección del alcaldes en
todos los distritos y provincias del país.

Fue en ese momento que Sendero Luminoso SL;
denominación que sus miembros no aceptan. El cual estaba
organizado en células y
una de sus principales formas de operar es el reclutamiento
bajo amenaza de muerte. Iniciando sus acciones en el Departamento
de Ayacucho, provincia de Cangallo, distrito de Chuschi,
incendiando padrones electorales, siendo los actores de este
hecho capturados por los propios campesinos y entregados a un
contingente de soldados, siendo este acto el que marca el
inició la violencia política, por la cual surgen
diferentes acciones como asesinatos, atentados, los cual se
utiliza como un medio para alcanzar el poder.

Teniendo como modus operandi: entrar en las aldeas
rodear a la población y pedir ayuda con alojamiento y
alimentos
matando a grupos de personas para mostrar su
poderío

Acompañando a este hecho del 18 de mayo, en el
mismo departamento, en la provincia de Huamanga un grupo de
senderistas dinamitó la antena de Corpac, atentado que
también se dio en un centro educativo de Cerro de
Pasco.

El 22 de octubre en Ayacucho, un comando de S. L.
Tomó las instalaciones de radio " La Voz "
de Huamanga y difundió un mensaje a la población
incitando a que se plieguen a la lucha armada. y el 27 del mismo
mes la policía detiene una Bomba Humana quien
poseía 7 cartuchos de dinamita viajando con dirección no especificada.
Desplegándose el 17 de diciembre, en la ciudad de Huancayo
un gigantesco operativo policial. Y en ayacucho se produce la
captura de Edith Lagos lideresa de S.L.

Año 1981 .- Se produce en mayo la dación
del Decreto Ley 046, la cual señala la tipificación
del delito de
terrorismo, por otro lado se realiza la creación de una
división dentro de la Policía Nacional del
Perú PNP. con el fin de que investigue todos estos hechos
terroristas, identifique a sus miembros y capture a estos. El 05
de enero en ayacucho empiezan a circular volantes en los cuales
se dan mensajes como "mueran los Sinchis" "viva invasión
de los campesinos pobres".Y el 10 un destacamento de sinchis
intervienen en Vizchongo y otro poblado no especificado,
señalados como cuarteles guerrilleros;
produciéndose la captura de 12 terroristas en un
enfrentamiento armado que duró 12 horas.

En febrero se produce la captura de 200 terroristas en
ayacucho y en Junio se detienen al intelectual N.Matayoshi y a H.
Carlier produciéndose el 11 la búsqueda a Carlos
Taipe ( dirgente de la CCP) quien trabajaba con las dos personas
antes detenidas

Año 1982 .- El grupo alzado en armas Sendero
Luminoso, en un comunicado realizado por Abimael Guzmán,
afirma que la lucha por el poder se inicia en 1980, mediante un
documento denominado "Iniciamos la Guerra de Guerrillas", la cual
se dio en la zona alto andina, además se dio por parte del
Estado la declaración de Estado de Emergencia al
Departamento de Ayacucho, dando como consecuencia la
dación de poder a las fuerzas armadas FFAA

Año 1983 .- Sucedió un lamentable hecho el
26 de Enero de 1983, un atroz asesinato de ocho periodistas y su
guía, nombrándose una comisión para
investigar quienes habían sido los agentes que perpetraron
estos hechos, la cual arrojó como resultado la
sindicación a campesinos a quienes se les
proceso.

Año 1984 .- Se da el atentado a Lucanamarca, el
cual es importantes por que se encuentran pruebas de la
intervención del comité central de Sendero
Luminoso; por otro lado se da la aparición del MRTA,
iniciando sus acciones con dos asesinatos a dirigentes
sindicales, acto con el cual se señala su inicio en el
proceso de violencia dentro del país.

1.2 Periodo de Gobierno del Dr. Alan García
Pérez. ( 1985 – 1990 )

Año 1985 .- Se dio la matanza de Accomarca, acto
en el cual se ejecutó extrajudicialmente a toda una
familia, la
cual estaba compuesta por miembros del el Grupo Sendero Luminoso,
donde intervinieron las Fuerzas Armadas, acto en el cual
salió a la luz la estrategia que
venía llevando a cabo esta, y donde inclusive se dio la
declaración del General Telmo Hurtado, quien
señalaba que era necesario acabar con el mal desde la
raíz, justificando así la muerte de los hijos de
miembros terroristas en esta acción. Para que a pesar de
que este general haya sido juzgado y separado de las Fuerzas
Armadas, continuara ejerciendo su carrera militar y llegando a
tener asensos dentro de esta.

Es necesario precisar que las acciones de Accomarca se
dieron con anterioridad a que el Señor Alan García
Pérez entrara a ejercer el cargo de presidente y que el
juicio si se dio en su periodo de gobierno le juzgamiento a este
general.

Año 1986 .- Se produce el acontecimiento del
frontón (18 de junio) fecha en que se marca la ruptura
total de la función
del estado de respetar y proteger la vida de sus ciudadanos, ya
que se dio muerte a personas que estaban dentro de este
establecimiento penitenciario y inclusive no habían sido
juzgas, donde se dio la muerte del ideólogo de Sendero
Luminoso Díaz Martines, quien fue junto con Abimael
Guzmán los que dieron el fundamento Maoísta a esta
agrupación, entre otros se el dio muerte al denominado
Mosca Loca.

Año 1987 .- El Estado derogó la ley 24651,
dándose la ley de delitos de terrorismo, derogando la
apología como delito, y en la cual se da beneficios como
el de arrepentimiento y cooperación con la justicia; al
igual que la ley 24700. También Sendero Luminoso, realiza
un quiebre en sus acciones, puesto que sus matanzas y atentados
dejan de ser selectivos, atacando también a comuneros
inocentes sin dar le una distinción alguna.

Año 1988 .- Se da un hecho desgarrador en Cayara,
donde un senador aprista "melgar" investigó el hecho,
señalando este que las Fuerzas Armadas no podían
ser culpables, negando y dejando de lado indicios existentes con
los que se demostraba la participación de las Fuerzas
Armadas. Este caso llegó hasta la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, siendo lamentable que no se
haya dado la protección necesaria a los testigos quienes
en algunos casos fueron asesinados y víctimas de
atentados. Por otro lado ya se dan ataques subversivos en lima,
los cuales se dieron en forma selectiva como la
victimación al General de la Marina Caterata, y dirigentes
sindicales, con lo cual se estaba llegando al equilibrio
estratégico.

Se da la ley 24953.

Año 1989 .- Se dan una serie de hechos que marcan
historia cono la muerte a Enrique López Albujar o la fuga
del penal, donde de increíble manera un grupo de
terroristas escapan por medio de un túnel, donde tan solo
se responsabilizo a los vigilantes de este centro penitenciario
pero no se deslindó ninguna responsabilidad a las
autoridades políticas.

Se da la ley 25031

1.3 Periodo de Gobierno del Ing. Alberto Fujimori
Fujimori ( 1990 – 2000 )

Año 1990 .- En este año se produjo el
contacto de las fuerzas campesinas "rondas" con el ejercito,
situación que produjo que los grupos alzados en armas, empezaron
a desplazarse por las zonas del Sur Andino, debido a que en la
zona centro dio un continuo rechazo por los campesinos, en este
año también se produjo el caso de Chumbivilcas,
donde las Fuerzas Armadas utilizando pasamontañas
matarían y violarían personas. Para este año
las organizaciones de Derechos Humanos enviaron a personas
camufladas con la finalidad de realizar averiguaciones de la
situación que se estaba viviendo en el País es el
caso del Pepe Ramírez enviado de APRODEH, quien presento
un artículo sobre la situación que ocurría ,
hecho por el cual fue detenido e incriminado como terrorista,
cuando estaba sacando unas copias de las investigaciones que
estaba realizando.

Año 1991.- Hubo un acontecimiento que fue
conocido por toda la nación e inclusive dio la vuelta al
mundo, este hecho fue la matanza de Barrios Altos, la cual se
produjo ya que según las investigaciones que realizaron
grupos militares, se estaba realizando una actividad en la cual
miembros de Sendero Luminoso iban a articular planes de ataque.
Después se supo que si se produjo ésta, pero que
era en otro sector de Barrios Altos. En este año Sendero
Luminoso entró en la fase que se denomina según los
estudiosos de equilibrio y
en donde estaban pensando formar lo que ellos denominaban el
cinturón de hierro, para
lo cual desde su óptica
estaban pensando contar con el grupo de personas de provincia que
estaban alrededor de Lima, situación que no se dio por que
la mayoría de personas que estaban dentro de este
área eran personas desplazadas, que habían dejado
sus poblados escapando de la violencia
política.

Año 1992 .- Ocurre el asesinado de la Sra.
Marielena Moyano, acto que motivó el repudio de toda la
población, llegando a romperse por completo ese
"cinturón de Hierro", como
Sendero Luminoso lo denominaba. El 5 de Abril se da el autogolpe,
creándose los procesos con jueces sin rostro se da al
delito de terrorismo la pena de cadena perpetua, a lo que sendero
vuelve a buscar blancos que hagan más visible su actuar. A
la par también se da la muerte de universitarios y un
profesor de la Universidad de La Cantuta, pensando que estos
habían sido los autores del ataque que se produjo en la
Ciudad de Lima en Tarata Miraflores.

Se da el Decreto Ley N° 25475, el 6 de mayo
sancionando con penas de 20 años de pena privativa de
libertad a
presidio perpetuo diversas conductas cubiertas con el
término

Asumiendo el Estado la defensa de la sociedad utilizando
vías militares y legales. Las primeras se tradujeron en
operaciones
que produjeron muchas víctimas no combatientes entre 1992
a 1994

Año 1993 .- Se promulga la pena de muerte
para los casos de terrorismo catalogando a estos como actos de
traición a la patria, fue en este lapso de tiempo que
aprovechando la situación de incertidumbre y desconcierto
de la Población peruana se empieza a cometer sin reparo
diferentes actos los cuales eran graves violaciones a los
Derechos Humanos y iniciando un proceso de corrupción
a gran escala.

Año 1994 .- Se produce la captura de Lori
Berenson, pero dentro de este proceso se realiza la
aprensión de personas inocentes, sin existir ninguna
sanción para sancionar a las Fuerzas Armadas por estos
hechos.

Año 1995 .- Se otorgan las leyes de
Amnistía como un estímulo, a todos los agentes de
fuerzas armadas y policiales por haber "ganado" la guerra, y
donde algunos jueces como la Jueza Salvatierra declara
inconstitucional esta ley, lo cual motivó que se diera una
resolución por parte del congreso, señalando que
esta ley era irrevisable, generando una polaridad en la
población ya que algunos estaban contra la impunidad, pero
por toro lado existía un apoyo por otra parte de
esta.

Se crea la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial.

Año 1996 .- Se produce un hecho que situó
la atención a nivel nacional el cual fue la toma de la
embajada del Japón
por el movimiento revolucionario Tupac Amaru.

Año 1997 .- Se produce el rescate de los rehenes
de la embajada, hecho que dejaba una secuela de muerte, en donde
inclusive se habría producido ejecuciones extrajudiciales,
con lo cual se puso en riesgo a
poblaciones urbanas y el respeto de los Derechos Humanos de los
miembros de este grupo.

También se da la captura y sentencia de Loayza
Tamayo, quien estaba involucrada como parte de S.L. y
habría sido sindicada como actora de atentados terroristas
la cual fue nuevamente juzgada por traición a la patria y
donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio
una resolución en la cual se señalaba la
liberación de esta y que se le otorgue una
indemnización, y señalando por primera vez a la
violación sexual como una modalidad de tortura.

Año 1998 .- Se da la Ley de Terrorismo agravado
limitando beneficios penitenciarios a los sentenciados por este
tipo lo cual se hacía extensivo a los ciudadanos civiles
agrupados en pandillas, bandas

Año 1999.- Se produce el caso de Castillo
Petruzzi y de Los Chilenos acusados de terrorismo, en donde se
pedía que se les realice un nuevo proceso debido a las
irregularidades del proceso que se dieron donde fueron
sentenciados, situación que sirvió de excusa para
que en el gobierno de Alberto Fujimori se pida el retiro de la
competencia de la
Corte Interamericana aduciendo que esta tan solo promovía
la libertad de
estos terroristas, buscando así evitar las resoluciones
que este ente emitiría por los casos peruanos que estaban
siendo evaluados y llevados. También en este año se
produjo la captura de el Camarada "Feliciano"

Año 2000.- Se da el levantamiento del estado de
emergencia.

2. SECUELAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN EL
PERÚ.

Duramente casi dos décadas el Perú
sufrió una etapa de grave violencia interna que
afectó seriamente su viabilidad y gobernabilidad
democrática. En 1980, al a par que retornábamos a
un régimen constitucional, se iniciaba una
situación de violencia irracional generada por el
surgimiento del terrorismo, practicado por Sendero Luminoso y el
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru – MRTA, así
como por la respuesta gubernamental que enfrentó esta
situación.

Se desconocen cifras oficiales sobre las consecuencia de
este doloroso proceso de violencia. Sin embargo se calcula que
aproximadamente 30,000 peruanos murieron como consecuencia del
terrorismo desatado por Sendero Luminoso y el MRTA, así
como por la acción estatal que la enfrentó. El
desarrollo de la violencia política forzó a unas
600 mil familias a abandonar sus lugares de origen y desplazarse
en condiciones sumamente precarias. Las pérdidas
económicas para el país se calculan en un monto
similar al de la deuda
externa.

Los grupos terroristas mostraron un gran desprecio por
la vida humana, siendo responsables de miles de asesinatos
selectivos de autoridades locales, políticas, miembros de
fuerzas del orden, profesionales, dirigentes comunales, entre
otros. Se calcula que entre 1987 y 1998 fueron víctimas
por el terrorismo 999 miembros de la Policía Nacional del
Perú, por lo menos 838 miembros de las Fuerzas Armadas, y
no menos de 979 autoridades locales y servidores
públicos. Asimismo, atentaron gravemente, contra los
derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas
emplearon tratos humillantes, amenazas y actos de terror contra
la población, así como la utilización de
coches bomba contra la población civil. Queda por tanto
pendiente que se establezca sus responsabilidades ante el
país.

De otra parte, la respuesta de los agentes el Estado
también generó graves e injustificables violaciones
a los Derechos Humanos de miles de peruanos que merecen una
explicación y sanción. Según un informe
reciente de la Defensoría del Pueblo más de 4, 000
peruanos fueron víctimas de desaparición forzada
sin que hasta la fechase conozca su paradero, se garantice el
derecho a la sepultura que asiste a los familiares y se ofrezca
la reparación a sus deudos

Asimismo, un número indeterminado de personas
fueron ejecutadas extrajudicialmente y torturadas; y miles de
personas fueron detenidas y convenidas arbitrariamente. Si bien
estas prácticas no son utilizadas más o han
disminuido sustancialmente, no es posible admitir que el pasado
reciente pretenda ser ocultado a los ojos de la ciudadanía
como si se tratara de un asunto de segunda importancia, ni puede
tolerarse que la sociedad del nuevo milenio se construya sobre la
base del más injustificado de los olvidos.

3 ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD EN
EL PERÚ.

Desde el ano 1980, tras 12 años de gobiernos
militares, el Perú experimenta una situación de
guerra interna, en la que el movimiento subversivo "Sendero
Luminoso" (Partido Comunista del Perú) se enfrenta al
Estado peruano. El movimiento insurgente transitó de su
práctica subversiva inicial al terrorismo, causando miles
de víctimas, no sólo de miembros de las fuerzas del
orden, sino principalmente, de campesinos, dirigentes gremiales y
populares; autoridades comunales profesionales; y
población en general. Igualmente las Fuerzas del Estado
han cometido graves y numerosos actos de detenciones masivas,
torturas, desapariciones forzadas y genocidio contra la
población peruana. Esta guerra interna ha producido cerca
de 30,000 muertos y más de 5,000 desaparecidos.

En diversos momentos, el Estado a través del
Congreso de la República o el Poder
Ejecutivo, creó Comisiones investigadoras de la
Verdad, para deslindar responsabilidades frente a denuncias de
graves violaciones a los Derechos Humanos. Generalmente los
gobiernos de turno, después de mucha pugna, cedían
a las exigencias de la oposición política y de
algunos gobiernos extranjeros preocupados por los Derechos
Humanos en el Perú.

La mayoría de las comisiones que se crearon,
nacieron con propósitos claramente justificatorios de la
política "contra subversiva" oficial. Así
ocurrió con la llamada "Comisión Uchuraccay", una
de las primeras encargadas de investigar casos de violaciones de
los Derechos Humanos en el Perú.

Muy pocas veces las investigaciones encargadas en el
Perú han tenido un efecto pacificador y restaurador de la
justicia. La impunidad para los violadores de los Derechos
Humanos es casi norma oficial. Cuando alguna vez se trató
de llegar al fondo de los hechos y sacar a luz a los
responsables de actos contra los Derechos Humanos, pronto se
levantaron las FF.AA. y policiales para mostrar que se consideran
entes sagrados e intocables; y así se impidió el
castigo a los culpables.

Por falta de una clara comprensión del
fenómeno de la violencia, así como de apoyo del
Poder Judicial y de recursos materiales,
las diversas comisiones investigadoras de la verdad en el
Perú, no han podido, por ello en la mayoría de los
casos, llevar a buen término el resultado de sus
investigaciones, ni proteger a los informantes y testigos. Muchas
personas, luego de presentar sus testimonios y denuncias, fueron
desaparecidas o asesinadas por las fuerzas del Estado, o
por"grupos desconocidos". Así ocurrió con los
testigos de los casos "Uchuraccay", "Soccos", "Cayara", "Umaru y
Bellavista", "Accomarca", "Operación Aries-Huallaga",
entre otros. Más tarde, las Fuerzas Armadas
encargarían esa labor, de eliminar a los testigos o
sobrevivientes de masacres a los grupos llamados de "defensa
civil", a los que entregó algunas armas.

3.1 Comisión Investigadora de la
muerte de los periodistas en Uchuraccay: (Enero 1983)

• Mario Vargas Llosa. (Escritor)
• Mario Castro Arenas. (Periodista)
• Abraham Guzmán Figueroa. (Jurista)

El origen de esta Comisión Investigadora fue el
escándalo nacional e internacional ocasionado por el atroz
asesinato de ocho periodistas y un guía campesino, el 26
de enero de 1983, en la localidad andina de Uchuraccay, Ayacucho,
que debido al crecimiento de la violencia se hallaba en Estado de
Emergencia, bajo un total control militar.

Un sector importante del periodismo
peruano acusó a los militares y a los "Sinchis"
(Policía antisubversiva) de haber fomentado la masacre de
los periodistas, quienes procuraban investigar la veracidad de
los partes de guerra oficiales, que daban cuenta del asesinato de
presuntos miembros de Sendero Luminoso por parte de los propios
campesinos.

Los periodistas y los abogados de Ayacucho sospechaban
de la puesta en marcha, por las Fuerzas Armadas, de una estrategia de
guerra sucia, con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos
de campesinos de la región en la que actuaba Sendero
Luminoso. El desarrollo de la violencia en los meses posteriores,
confirmaría la veracidad de estas preocupaciones. Los
periodistas se organizaron para viajar a Uchuraccay a fin de
investigar por sus propios medios el
nuevo curso que estaría tomando la lucha contrainsurgente.
Fue así, en la búsqueda de la verdad, como les
alcanzó la muerte.

Al conocerse la noticia trágica de la
desaparición de los ocho periodistas y su guía, la
sociedad peruana se sintió muy conmovida. El Decano del
Colegio de Periodistas del Perú, Dr. Mario Castro Arenas
afirmó que "Ni en la segunda guerra
mundial, ni en los arrozales fangosos de Vietnam
habían muerto tantos periodistas juntos como en
Uchuraccay". Meses después de la tragedia, el Decano del
Colegio de Periodistas lanzaría sus lamentos:

"Qué bochorno, qué vergüenza, que
espanto. Los teletipos repiquetearon por el mundo entero,
describiendo la tragedia. Los diplomáticos peruanos
acreditados en el exterior y los que vivían
escondiéndose de la policía de inmigraciones de
Nueva York y de la DISIP de Caracas emergieron de su
semiclandestinidad para negar que en el Perú existiesen
pueblos situados culturalmente en la edad de piedra donde se
podría asesinar por error a ocho periodistas con piedras y
con palos como las hordas de la era de las cavernas".

Aunque los dirigentes del gobierno anunciaron su
interés
de que se esclarezca la verdad sobre la masacre de los
periodistas, en el fondo, lo que buscaban era obtener un respaldo
"académico" a la versión oficial sobre la tragedia,
previamente difundida por el Presidente de la República, y
que se basaba en los informes del Comando Político Militar
de Ayacucho.

El Presidente de la República, Fernando
Belaúnde Terry, mediante Resolución Suprema del 27
de enero de 1983, Creo una "Comisión Investigadora de los
sucesos de Uchuraccay", con el fin de "contribuir al
esclarecimiento de una verdad que reclaman urgentemente la
conciencia nacional y la opinión
pública del resto del mundo". Se estableció que
la Comisión no tendría competencia judicial o
policial.

La Comisión trabajó con el apoyo de los
antropólogos Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis
Millones. También asesoraron a la Comisión el
jurista Fernando de Trazegnies, el psicoanalista Max
Hernández, los lingüistas Rodolfo Cerrón
Palomino y Clodoaído Soto, así como el historiador
Ricardo Valderrama.

La investigación desarrolló su trabajo
desde el 28 de enero hasta el 28 de febrero de 1983, con entrevistas a
autoridades militares, policiales y políticas de la zona
Convulsionada y la revisión de documentación
reservada de las FF. AA., tanto en Ayacucho como en
Lima.

Aunque estaba claro que la verdad podría
conocerse investigando en el mismo lugar de los crímenes,
la Comisión se hizo presente en Uchuraccay solo por cuatro
horas, durante un Cabildo Abierto convocado por el Comando
Político Militar de Ayacucho. De acuerdo a los militares,
en Uchuraccay existía un ambiente de
alta tensión, y agresividad contra los foráneos,
que ponía en peligro la vida de los integrantes de la
Comisión, por lo cual no era recomendable permanecer
más de cuatro horas en la zona de la tragedia.
Además del reducido tiempo para investigar en el lugar de
los crímenes, los miembros de la Comisión
tenían la barrera del idioma, ya que la mayoría de
la población de Uchuraccay, a la que se acusó de
haber cometido el asesinato de los periodistas, sólo
hablaba quechua y muy pocos dominaban el castellano.

La Comisión tuvo facultades para interrogar a
altos jefes militares y policiales que operaban en la zona de
Ayacucho, pero las entrevistas se
realizaron en un clima de terror
paralizante, investigando solo aquellos aspectos acordados con
los militares, revisando documentos poco esclarecedores, evitando
asuntos controversiales que Comprometían a las fuerzas del
orden en violaciones a los Derechos Humanos.

El Informe y su documentación sustentatoria fue
entregado a las autoridades el 4 de marzo de 1983. Inmediatamente
se desplegaron esfuerzos para darle difusión
internacional, ya que de acuerdo a la Comisión
Investigadora, no existía responsabilidad del Estado en la
masacre de Uchuraccay. Pero dentro del país el Informe
produjo un sabor amargo, una decepción por la forma
escandalosa como se quiso limpiar la imagen del
gobierno y de las fuerzas armadas que actuaban en
Ayacucho.

La Comisión estructuró su informe en
cuatro partes descriptivas y analíticas, exponiendo su
versión de los hechos, las causas de la masacre, los
informes de los asesores, asé como testimonios de
testigos. En el Informe se sostiene que "La Comisión ha
llegado a la convicción absoluta de que los comuneros que
se encontraban en ese momento (el 26 de enero de 1983) en
Uchuraccay confundieron a los nueve forasteros (los periodistas y
el guía) que se aproximaban, con un destacamento de
"senderistas" que venia, sin duda, a escarmentarlos por el
linchamiento de varios de los suyos perpetrado en esa misma
comunidad en
los días anteriores. Esta operación de represalias
era temida y esperada en las comunidades iquichanas que
habían matado senderistas y mantenía a los
comuneros en un estado de ánimo sobresaltado, medroso y
furibundo…"

También se afirma que "La Comisión tiene
la "convicción relativa" de que los periodistas
debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara
un diálogo
previo, y por una multitud a la que el miedo y el cólera,
mezclados, enardecían y dotaban de una ferocidad
infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales." Sin
embargo, la Comisión aclara que "no puede descartar, que
este intento de diálogo se
produjera (considerando el hecho de que tres de los periodistas
hablaban quechua) y fuese inútil debido al exceso de
suspicacia, pánico y furor de los comuneros…"

La Comisión investigadora reitera que una llegado
a la "convicción absoluta" de que el asesinato de
los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay,
posiblemente con la colaboración de comuneros de otras
comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza,
participaran en ellas fuerzas del orden". Más rotundamente
Vargas Llosa y sus colaboradores afirman que "La Comisión
ha llegado a la convicción absoluta de que los
periodistas fueron asesinados porque los comuneros los creyeron
terroristas y sin sospechar su verdadera
condición".

En Cambio,
según el Tribunal de Ayacucho, "los campesinos de
Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas, por
presión
de las Fuerzas Armadas. Los comandantes militares y policiales
actuaron como instigadores del crimen". El Tribunal ayacuchano
identificó a veintisiete comuneros como autores de la
masacre, y al general Clemente Noel y Moral (Jefe del Comando
Político Militar de Ayacucho) junto con cinco oficiales de
la policía y uno de la Marina, como autores
intelectuales.

La Comisión Investigadora se encargó de
construirle una explicación academicista a las versiones
que el gobierno había difundido previamente, indicando que
los campesinos asesinaron a los periodistas. Para ello, la
Comisión buscó justificaciones étnicas,
históricas y culturales, apoyándose en la
permanente sed de venganza de los aborígenes andinos
contra los blancos opresores. La Comisión sostuvo que los
campesinos confundieron las cámaras fotográficas
con armas de guerra y pensaban que los periodistas eran
terroristas que venían a atacarlos. Así,
según la Comisión, los periodistas, fueron
víctimas de una desafortunada
equivocación".

Un mes después de la presentación del
Informe, las fuerzas militares "descubrieron" casualmente las
cámaras fotográficas y varios rollos de
película de los periodistas victimados, con imágenes
que al ser reveladas pusieron en duda muchas de las "convicciones
absolutas" de la Comisión. Así se reveló el
deficiente trabajo de investigación de la Comisión
presidida por Vargas Llosa.

A pesar de que en todo momento las autoridades militares
y policiales obstaculizaron al Poder Judicial, para impedir que
se esclarezca la verdad del asesinato y aunque existían
evidencias de participación "indirecta" de altos jefes
militares y policiales en esta masacre, solo tres
indígenas de la zona, Dionisio Morales, Simeón
Aucatoma y Mariano Cassani, fueron acusados. Otros implicados y
testigos, como el Teniente Gobernador, desaparecieron o fueron
asesinados en los días de las investigaciones.

Aunque la investigación descartó que los
periodistas se hubieran presentado en Uchuraccay como
senderistas, supuestamente portando una bandera roja, tal como lo
había sostenido el Jefe del Comando Político
Militar, ninguna autoridad
regional o nacional tuvo la honestidad de
reconocer que se había mentido al país, ni mucho
menos se esforzaron para reivindicar la memoria de
las víctimas. Cuando posteriormente, en 1985, el Tribunal
de Ayacucho le preguntó a Vargas Llosa porqué la
Comisión Investigadora presentó el Informe con su
insólita versión, el escritor sólo
respondió que aceptó colaborar con el gobierno
apara "salvar a la democracia" y que dirigió la
elaboración del Informe guiándose por las
declaraciones de los militares.

La actuación de la Comisión investigadora
creó problemas al
poder judicial, que denunció el avasallamiento de su
soberanía por parte del Poder
Ejecutivo. Esta confusión demoró el inicio de
un proceso legal por la muerte de los periodistas. Y cuando el
Tribunal de Ayacucho trató de averiguar la verdad de la
masacre, muy pronto el Poder Ejecutivo, así como el
Legislativo, le pusieron numerosas trabas, llegando, incluso, a
volver a fojas cero el proceso judicial tras dos años de
investigaciones. Así, por segunda vez, la verdad de
Uchuraccay fue maniatada.

Frente al desamparo en que se dejó a las familias
de los periodistas victimados en Uchuraccay, diez años
después del asesinato, el 26 de enero de 1993, los gremios
de los periodistas realizaron una multitudinaria marcha de
protesta, demandando al Estado una pensión de gracia para
los familiares de estos periodistas victimados en 1983. Hasta la
fecha tal demanda no ha sido atendida.

3.2 Comisión investigadora de las masacres en
los Penales. (Agosto de 1986)

Congresistas:

Rolando Ames Cobián. (Presidente)

Jorge del Prado.

Javier Bedoya de Vivanco.

Óscar Felipe Ventura.

Agustín Haya de la Torre.

Áureo Zegarra. (Sector de la minoría
parlamentaria).

Romualdo Biaggi Rodríguez.

Judith de la Mata.

César Delgado Barreto.

Miguel Ángel Mufarech.

Humberto Arenas.

Nicanor Asmat Vega.

José Barba Caballero. (Sector de la
mayoría)

La masacre de mas de 250 prisioneros políticos en
dos cárceles peruanas, los días 18 y 19 de junio de
1986, por parte de efectivos de la Guardia Republicana y de la
Marina de Guerra del Perú, originó la
creación de una Comisión Investigadora a nivel
parlamentario. La mayoría de los reclusos acusados de
subversión fueron fusilados después de que se
habían rendido. El penal de El Frontón, en El
Callao, fue bombardeado pese a que los presos amotinados no
representaban gran peligro. No hubo ningún interés en
rescatar a los heridos o sobrevivientes. La presión
internacional para que se esclarezca la verdad de la masacre fue
muy grande, ya que ésta se produjo cuando se celebraba en
Lima el Congreso Mundial de la 11 Internacional
Socialista.

El Instituto de Defensa Legal, IDL, realizo un análisis jurídico de la
acción del Estado para restablecer el orden y la autoridad
en los penales, y llegó a la conclusión de que "la
respuesta oficial adoptada, estuvo caracterizada por el empleo de una
violencia a todas luces exagerada y desproporcionada, producto, sin
duda del clima de
violencia exacerbada, inhumana e inmoral que hoy envuelve al
Perú". Agrega el IDL, que "El saldo desolador de
destrucción y muerte (murieron cerca de 300 internos)…
basta para dejar constancia de lo irracional, desproporcionado,
inhumano y antijurídico que caracterizó al
tratamiento oficial dado a los motines en los
penales."

La Comisión, nombrada por el Congreso en el mes
de agosto, tardó mas de un año para instalarse, y
desde el principio se dividió en dos bloques
irreconciliables, debido a que los parlamentarios del oficialismo
no querían realizar una investigación seria e
independiente que identifique a los responsables de la masacre.
Más bien, trabajaron para impedir el esclarecimiento de
los hechos.

La Comisión tuvo facultad para citar en calidad de
testigos a agentes policiales y miembros de la marina de guerra,
ministros de Estado, jueces, fiscales, y familiares de las
víctimas. La Comisión también acudió
al peritaje técnico del Colegio de Ingenieros, a fin de
verificar o desmentir la versión gubernamental de que los
pabellones de los prisioneros de El Frontón fueron
derribados "casualmente", lo cual impidió el rescate de
los heridos o sobrevivientes. El peritaje técnico
descartó la versión del gobierno.

Originalmente las más altas autoridades del
país prometieron cooperar para que se esclareciera la
responsabilidad de los autores de la masacre de los penales, y
para que nunca más se repitieran esos graves hechos. El
Presidente de la República, Alan García,
prometió efectuar una minuciosa investigación de la
matanza, y llegó a proclamar: "O se van ellos, (los
culpables del genocidio) o me voy yo". Al final, ninguno de los
altos oficiales involucrados en la masacre se fue.

Conforme las investigaciones demostraban que días
antes de la masacre miembros del gobierno habían amenazado
de muerte a los reclusos, como lo hizo el Ministro de Marina, y
habían ordenado la actuación de las Fuerzas Armadas
para debelar el motín, sin estimar las consecuencias; las
principales autoridades del gobierno se obsesionaron en impedir
el real conocimiento de la verdad. Las acusaciones de
responsabilidad penal incluyeron al Presidente de la
República, Alan García Pérez, así
como al Viceministro del Interior, Agustín Mantilla, y los
ministros de Guerra y de Marina, Julio Pacheco Concha, entre
otros miembros del gobierno, que aseguraron que el amotinamiento
de los reclusos puso en peligro la seguridad de la
República". Las investigaciones de la Comisión
demostraron que el motón de los reclusos ni siquiera
alteró el transporte
público o privado en el Perú, y que con un poco de
esfuerzo habría tenido una solución no
violenta.

Debido a que no hubo consenso en cuanto al tratamiento
de la información obtenida y la responsabilidad ante el
país de presentar la verdad, la Comisión
Investigadora se dividió, y al final se presentaron dos
informes. Uno suscrito por los parlamentarios del partido del
Gobierno y sus aliados (que fue aprobado), y otro suscrito por el
presidente de la Comisión y parlamentarios de la
oposición, en Minoría.

El informe del sector de la Minoría señala
que "Está demostrada la imprevisión de las
autoridades gubernamentales", ya que las autoridades del
Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario,
INPE, no cumplieron con las especificaciones respecto a la
clasificación de internos o a las medidas de seguridad
indicadas en el Código
de Ejecución Penal". De aquí se establece la
responsabilidad penal y administrativa del Ministro de Justicia,
Luis González Posada, y del jefe del INPE, Manuel
Aquézolo.

También en el informe se sostiene que:
"Está demostrado que los comunicados oficiales
públicos proporcionaron información falsa que
magnificaba los hechos de los motines," y que "está
demostrado que el gobierno, al incumplir con su obligación
de proteger la vida humana, dio órdenes que trajeron como
consecuencia un injustificable número de muertes".
Aquí se precisa que "La opción tomada de "debelar
los motines a través de la fuerza militar, en el plazo
más breve y perentorio", significaba poner en grave e
innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos.
Igualmente se indica que "La fuerza militar utilizada fue
desproporcionada en relación al peligro realmente
existente y las formas de ataque implementadas tampoco revelaron
precaución alguna por reducir los costos humanos
del develamiento."

Además, el informe en minoría
señala que "Está demostrado que algunos miembros de
las Fuerzas del orden realizaron graves actos contra la vida de
los internos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales. Ante
esto, se recomienda promover acciones penales contra el coronel
de la Guardia republicana Rolando Cabezas, el general del
Ejército Jorge Rabanal Portilla, el general de la
Policía Máximo Martínez Lira, así
como contra el Almirante Víctor Nicolini y el Vice
Almirante Victor Ramírez Isola.

El informe en Minoría reitera que "Está
demostrado que el gobierno aprobó y aplicó un
Decreto Supremo inconstitucional", por lo cual, la
responsabilidad penal recae también en el Presidente de la
República y en el Consejo de Ministros.

La Comisión liderada por el senador Rolando Ames,
presentó recomendaciones de carácter
jurídico penal así como de medidas políticas
y administrativas, entre las cuales se destacan:

• La transformación y democratización
  integral del Estado.
• Nueva concepción de la Defensa Nacional. Esta
  debe basarse en la soberanía nacional, revisión de
  las nuevas leyes del Sistema de Defensa Nacional, nueva
  formación institucional, una estrategia de paz
  alternativa, recuperación de la iniciativa
  política y conquista de una amplia base social, a fin de
  mantener una superioridad moral.
• Respeto a las Normas internacionales y nacionales de
  protección de los Derechos Humanos.
• Reformas Indispensables. Aquí se propone,
  entre otras cosas, mejorar la infraestructura y servicios en
  los penales, ejecutar reformas en la política
  penitenciaria para "hacer de los centros de detención
  lugares donde sea posible la rehabilitación de los
  internos, y dar oportunidades al interno de recuperar su
  identidad
  humana y social".

En cuanto a la
Administración de Justicia, se reconoce la necesidad
de un Poder Judicial eficaz en el ejercicio de sus facultades de
control a las acciones del Poder Ejecutivo. "Cuando se presentan
situaciones de emergencia, como las estudiadas, estando de por
medio la vida de las personas, rehenes e internos, los jueces
deben ejercer sus facultades legales de protección de los
derechos de las personas". Como otras buenas recomendaciones,
esta también quedaría en letra muerta. En los
años posteriores los motines en los penales siguieron
resolviéndose Conga violencia, con resultados
trágicos.

Ésta Comisión también
presentó recomendaciones en cuanto al rol de las fuerzas
policiales, y sobre el rol del Ministerio Público y el
Defensor del Pueblo, a fin de establecerlos como órganos
interdependientes con los otros poderes del Estado. El Informe
aprobado por el Congreso, el de la Mayoría oficialista, no
acepta responsabilidad penal del Presidente de la
República ni de otros miembros del Poder
Ejecutivo.

Poco después de la presentación del
Informe de la Minoría, pese a que tanto el homicidio como el
genocidio son delitos comunes, la Corte Suprema de Justicia del
Perú, emitió una Resolución trasladando al
fuero militar el proceso seguido contra los responsables de la
masacre en los penales. Luego, tras una parodia de juicio a los
autores de la matanza, se exculpó a los principales
responsables civiles y militares. Las investigaciones de la
Comisión, las evidencias de responsabilidad penal de altos
oficiales del Ejercito, la Marina, la Policía, y de
miembros del gobierno, no fueron tomadas en cuenta por el Poder
Judicial.

Incluso en las Naciones Unidas, ante las acusaciones
presentadas contra el Estado peruano en la Comisión de
Derechos Humanos, el representante del gobierno, senador Javier
Valle Riestra, sostuvo que no existe responsabilidad del gobierno
en los crímenes de los penales, porque "fueron perpetrados
por agentes estatales con mentalidad autoritaria que cubrieron de
ludibrio a nuestra democracia". Trató de ocultar la
matanza de los prisioneros con poemas
metafísicos y citas en latín.

Posteriormente, tras siete años de
investigaciones y negociaciones
jurídicas-diplomáticas, en 1994, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, dictó una sentencia
relacionada a la masacre en el penal de El Frontón,
ordenando al gobierno peruano indemnizar a los familiares de tres
de las víctimas.

SUBCAPITULO II

ANÁLISIS DE LA LEY DE FORMACIÓN DE
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN

1. FUNDAMENTO DE LAS COMISIONES DE LA VERDAD.

Las consecuencias de esta realidad no han sido
suficientemente atendidas por el Estado ni por la sociedad
peruana. De allí que resulte necesario, para conocer lo
que realmente sucedió para determinar las
responsabilidades individuales e institucionales, y para
comprender las causas y factores que posibilitaron que se llegar
a tal situación, establecer una comisión de la
verdad. Sólo así se conocerán los errores
cometidos y pedagógicamente, se comprenderán el
contexto y las decisiones entonces tomadas para que no se repitan
y el Estado y la sociedad peruana puedan dar pasos firmes para la
consolidación de la paz e iniciar consciente y
voluntariamente la re-institucionalización
democrática del país y de la reconciliación
nacional.

La creación de una Comisión de la Verdad,
se fundamenta en la necesidad de no olvidar ni ocultar el pasado
reciente que nos tocó vivir; de dejar para las
generaciones futuras una memoria
histórica y colectiva que permita conocer lo sucedido y
reconstruir sobre bases sólidas las institucionalidad
democrática y la plena vigencia de los Derechos Humanos
del país.

La consolidación del proceso de
pacificación requiere de la conformación de una
Comisión de la Verdad, integrada por personas de innegable
trayectoria moral, que se haga cargo del estudio de los hechos
vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos en el
Perú, tanto por acciones imputables a grupos terroristas,
como los derivados de la acción estatal. Dicha
Comisión debe dejar constancia de los hechos de violencia
ocurridos en el país durante las dos última
décadas y las responsabilidades correspondientes,
así como identificar las causas de la violencia subversiva
y las necesarias acciones que deben tomarse para impedir que
ésta vuelva a afectar a la sociedad peruana.

Iniciar este proceso de reconstrucción
histórica contribuirá al fortalecimiento del
Estado de Derecho
y sentará las bases para un proceso de
reconciliación nacional que atienda las aspiraciones de
verdad, justicia y reparación de los familiares de las
víctimas, en la cual se pueda construir un país
diferente.

En el escenario internacional, otras sociedades en
América
Latina han recurrido a instrumentos semejantes como ya
mencionamos, en Chile, Argentina, Guatemala,
etc, y en otras latitudes, experiencias como la de
Sudáfrica, son también aleccionadoras.

Asimismo, el Perú está obligado por
múltiples instrumentos de Derecho Internacional que buscan
proteger los derechos que esta comisión intenta
salvaguardar. Así por ejemplo, el Perú ha
ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
políticos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Igualmente la convención contra la tortura y
otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
También ha ratificado la Convención Interamericana
para prevenir y sancionar la Tortura. Por lo tanto, la
Comisión de la Verdad contribuirá a los fines
buscados por estos tratados.

El grupo de trabajo creado por Resolución N°
304-200-JUS, luego de catorce sesiones de labor, y en consulta
con amplios sectores del Estado y la Sociedad Civil
peruana, presenta este proyecto que plasma la explotación
de criterios para establecer una Comisión de la Verdad, su
mandato, objetivos y
organización, así como otras medidas comprendidas
en le informe y recomendaciones que aquí se
señalen.

La consulta nacional efectuada se ha dirigido a catorce
sectores distintos a nivel nacional comprendiendo tanto a la
población que fue directamente afectada por el conflicto
interno, como a los ámbitos más representativos de
la vida nacional, en el Estado y la Sociedad. Es importante
enfatizar que los resultados de la consulta confirmaron las
apreciaciones que sobre el tema compartieron las integrantes del
Grupo de Trabajo.

Para la elaboración del Proyecto de Decreto
Supremo, el grupo de Trabajo ha contado además con la
asesoría de expertos nacionales y extranjeros. Ha revisado
la literatura
existente, las normas de creación de otras comisiones de
la Verdad en la región y distintos lugares del mundo y
documentos de opinión y análisis sobre la materia.

2. OBJETIVOS DE
LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN

Un primer objetivo es el esclarecimiento de las
violaciones a los Derechos Humanos. Ello porque resulta de suma
importancia saber que sucedió. En un sentido, la prensa y
la opinión
pública ha conocido más ampliamente los actos
cometidos por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero ha habido menos
oportunidad, por el control hacia los medios de
información y las restricciones que de hecho existieron en
las zonas de mayor incidencia del conflicto interno, de conocer
las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas
del orden.

En esta medida, las actuaciones de la Comisión de
la Verdad llevarán a determinar las responsabilidades a
que hubiere lugar, en los planos personales e incluso
institucionales, que pudieran existir.

Tratándose la Comisión de la Verdad de un
mecanismo no jurisdiccional, su indagación y eventual
juicio de valor,
serán éticos y no sustituyen a la actuación
de los tribunales de justicia. En tanto que la verdad material es
una sola, su aporte será una contribución a la
justicia.

El estudio de los hechos lleva consigo el
análisis del contexto en el que se produjeron y más
allá de una motivación
académica, el propósito de la labor de la
Comisión será instrumental con el fin de aclarar
las políticas aplicadas, los métodos de
actuación y los patrones de conducta en que
incurrieron los actores de la violencia
política.

Otro objetivo que viene aparejando con la labor descrita
consiste en formular las propuestas de reparación integral
y de dignificación a las víctimas. Este objetivo
atiende a uno de los aspectos que se encuentran pendientes de
asunción por el Estado. Es el caso de algunos sectores de
desplazados y de los inocentes indultados, si bien queda mucho
por hacer en el terreno de la reparación integral a las
víctimas.

En el caso de otras víctimas de graves
violaciones a los Derechos Humanos, no existe medida alguna en su
favor, por lo que es un vacío que la Comisión de la
Verdad podría remediar.

En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos
aquí comentados, se propone la conformación de un
mecanismo de seguimiento o supervisión de las recomendaciones que
formule la Comisión de la Verdad.

3. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN.-

El grupo de trabajo optó por determinar el tipo
de hechos en los cuales actuará la Comisión de la
Verdad, circunscribiéndolos a los que se cometieron
básicamente entre mayo de 1980 y diciembre del 2000, por
parte del Estado o los Grupos subversivos en el proceso de la
violencia política. La propia comisión
contará con la discrecionalidad de abordar otras graves
violaciones a los Derechos Humanos, siempre y cuando hayan sido
cometidos en el periodo indicado.

Los hechos bajo el mandato de la Comisión
serán la desaparición forzada de personas, las
torturas, asesinatos y otros crímenes y graves violaciones
contra los derechos de las personas, cuando se trate de actos
atribuibles al Estado o sus agentes. Los secuestros, asesinatos,
violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas,
nativas y otras graves violaciones a los derechos de las personas
cometidas por los grupos terroristas, paramilitares y algunos
agentes de las FF. AA., y FF. PP., serán también
comprendidas en la labor de la Comisión.

En este aspecto, la comisión precisará los
niveles de participación de las personas involucradas y
dispondrá de amplitud para concluir con un juicio de
valor
diferenciado de lo que podrían establecer como suficiente
los tribunales de justicia.

3.1 SEGURIDADES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y
EL DEBER DE COOPERACIÓN.-

El nombramiento de los miembros de la Comisión de
la Verdad por parte del Presidente de la República,
así como la naturaleza
excepcional de su mandato y lo delicado de su misión,
compromete al poder ejecutivo a otorgar las garantías de
seguridad y protección personales a los comisionados y el
respaldo necesarios a la Comisión para el cumplimiento de
sus objetivos.

Asimismo, el respaldo del Estado y el compromiso con la
verdad de parte de todas las entidades y funcionarios
públicos deber traducirse en el apoyo y cooperación
constantes con la Comisión a efectos de hacer efectiva las
labores que esta desarrolle.

Dado que el incumplimiento del deber de
cooperación afecta seriamente el compromiso con la verdad
y el logro de los objetivos para los cuales fue creada la
Comisión, ésta deberá poner en conocimiento
tal incumplimiento al titular del sector y organismo
correspondiente para las acciones a que hubiere lugar.

3.2 LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE LA
VERDAD.-

Para alcanzar los objetivos de la Comisión de la
Verdad es necesario dotarla de amplias atribuciones. Entre las
principales características de tales atribuciones podemos
citar aquellas dirigidas a facilitar el trabajo de
recopilación de información y testimonios de
cualquier persona o
autoridad, así como de practicar las diligencias que
consideren necesarias con el apoyo de personal
especializado.

Asimismo otro grupo de atribuciones están
dirigidas a dotar a la Comisión de mecanismos que le
permitan asegurar el carácter reservado de sus actuaciones
cuando así lo estime conveniente, ello le permitirá
el acopio de información y testimonios en un clima de
confidencialidad que muchas veces por lo complejo del tema es
necesario otorgarlo. Del mismo modo es necesario facultar a la
Comisión para adoptar las medidas adecuadas que aseguren
la protección de quienes le proporcionen
información relevante o colaboren en su
trabajo.

3.3 PLAZO DE TRABAJO

El plazo otorgado a la Comisión ha tomado en
cuenta la complejidad del problema, el periodo de la
investigación que recae bajo su mandato, las posibilidades
de acceso a información, las particularidades
geográficas y culturales; así como los aspectos
técnicos y logísticos. Por ello se ha establecido
un plazo de 18 meses prorrogables a 5 meses, más contados
a partir de su efectivo funcionamiento.

4. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN

La designación de los miembros de la
Comisión se establece por una decisión
presidencial. El hecho de encontrarnos en un periodo de
transición democrática, el amplio respaldo
ciudadano a este régimen y la legitimidad moral de un
gobierno que no se encuentra en contienda electoral brindan
elementos que fortalecen una opción de este
tipo.

Asimismo, la experiencia de países de América
Latina que conformaron comisiones de la verdad mediante
decisiones del Poder Ejecutivo, confirman que esta forma de
creación no trae consigo limitaciones para su
actuación toda vez que el respaldo de este tipo de
comisiones recae en la solvencia moral de sus miembros, en el
compromiso ético de la clase política y la
exigencia de gran parte de la ciudadanía.

Otro elemento a considerar es le relativo a que los
miembros de la Comisión serán representantes de la
sociedad
civil, por el rol protagónico de ésta en el
proceso reciente del país, por no partidarizar la
cuestión y por su experiencia cada vez más notoria
en distintos procesos de democratización del Estado y la
propia sociedad.

4.1. CRITERIOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA COMISIÓN

El criterio fundamental es el de la legitimidad moral de
los comisionados. Tanto el respaldo ético al gobierno en
el cual se originará la Comisión, como la
correspondiente autoridad moral de los que sean nombrados, es
clave para todo lo que la comisión pueda realizar. En esa
línea, la propuesta indica que los comisionados deben
contar con una trayectoria ética y
democrática, única titularidad para asumir el
cargo.

Tratándose de una determinación de
trascendencia nacional, su designación se debería
hacer con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros mediante
resolución suprema.

5. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO
DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN

La conformación de la Comisión de la
Verdad supondrá procesar una de las experiencias
más complejas y difíciles de la vida republicana en
los últimos 20 años. Por ello es necesario que el
Estado se comprometa a aportar lo mejor de sus recursos para le
logro de los objetivos de la Comisión y su buen
funcionamiento. Será la propia comisión que
elaborará el presupuesto que
demandará su funcionamiento.

Se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas
transferirá los recursos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la Comisión de la Verdad, este sector
deberá proveer los recursos por medio de una transferencia
presupuestal adecuada, proyectando para ello el correspondiente
Decreto de urgencia. Por otro lado, el Poder Ejecutivo
propondrá una partida presupuestal específica,
dentro del rubro que resulte más pertinente, dentro del
proyecto de ley referido al Presupuesto
General de la Nación del próximo ejercicio fiscal.

Por otra parte, los resultados de su trabajo
deberán ser apreciados en la medida que contribuyan al
esclarecimiento de la verdad, la realización de la
justicia y la reparación integral de las
víctimas.

Los recursos que el Estado pudiera emplear para asumir
el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, siempre
serán inferiores a los beneficios sociales,
políticos y también económicos que pueden
lograrse con la instalación de la Comisión de la
Verdad.

La experiencia de varios países en América
Latina y la realidad de la
globalización e internacionalización de la
problemática de los Derechos Humanos así lo
demuestran

CAPITULO V

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
REALIZADA

SUBCAPITULO II

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
REALIZADA

1. CUESTIÓN PREVIA: LOS DEBERES ESENCIALES DEL
ESTADO

Nuestra Constitución Política de 1993, en el
Título I, Capitulo I Derechos Fundamentales de la persona,
artículo 1 señala: "la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado. En concordancia con el Titulo II del
Estado y la Nación, Capítulo I Del Estado, La
Nación y el Territorio, artículo 44, que prescribe
en su primer párrafo: "son deberes primordiales del
Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la
plena vigencia de los Derecho Humanos; proteger a la
nación de las amenazas contra su seguridad; y promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el
desarrollo integral y equilibrado de la
Nación".

Situación que la mayoría de la
población representada en el número de encuestados
tienen claro cuales, conociendo cuales son las funciones
intrínsecas que nuestros gobernantes de tuno tienen que
realizar, las cuales están aparadas en nuestra Carta
Magna.

Sin embargo cuando este grupo de personas refiere si el
Estado está cumpliendo a cabalidad estos "Deberes
Esenciales"; nos indica que el éste no biene cumpliendo a
plenitud estas funciones

Según el trabajo de
investigación realizado por Desco, indica que entre 1980 y
2000 en el Perú hubieron 26 540 víctimas del
proceso de violencia política de los cuales: 1 233 eran
miembros de las FF.AA., 1 589 miembros de las FF.PP., 11 935
ciudadanos y 11 783 presuntos miembros de grupos alzados en
armas. Situación que se refleja en la encuesta realizada,
la cual muestra que del
100% entrevistados, el 79% han sido victimas de la
vulneración de sus derechos inherentes, destacando a
demás que dentro de este porcentaje de victimas (79%), se
han producido 224 violaciones de sus derechos humanos entre las
cuales destacan: asesinato o ejecución extrajudicial,
desaparición, tortura o malos tratos, detención
arbitraria o secuestro, violencia sexual, procesos judiciales o
problemas judiciales, despojo o destrucción de bienes,
utilización forzada de personas, entre otras violaciones
de los derechos que recoge la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y que el Estado Peruano ampara.

Ante el incumplimiento por parte del Estado del fin
supremo y sus "deberes esenciales" el gobierno transitorio del
Dr. Valentín Paniagua Curazao, consiente de esta
ineficiencia durante el proceso de violencia política, el
cual perdura hasta la actualidad (para el cumplimiento de este
"Deber Esencial"), por Decreto Supremo N° 065-2001- PCM,
publicada el 4 de junio del 2001, crea la Comisión de la
Verdad y Reconciliación. La cual busca impulsar entre los
peruanos la reconciliación nacional; la cual se basa, en
el ejercicio de los derechos a: la información (saber que
pasó), a la tutela jurídica (sanción a los
responsables de las violaciones de Derechos Humanos), a la
convivencia pacifica (creando mecanismos estatales de
protección y respeto a los derechos inherentes de la
persona). Voluntad política aprobada por el 88% de los
encuestados. Siendo según los resultados de una encuesta
realizada en noviembre del 2001 por la encuestadora APOYO, el
organismo de mayor credibilidad a nivel nacional.

2. SUSTENTO PARA QUE SE CREE LA COMISIÓN DE LA
VERDAD Y RECONCILIACIÓN Y SUS FUNCIONES Y SU
PROYECCIÓN AL FUTUTO.

Dentro de los considerandos que se dieron para que se
cree la Comisión de la Verdad en el D. S, 065-2001-PCM,
indica: "que un Estado y sociedad democráticos deben
enfrentar el pasado con firmeza y sin ánimo de venganza,
esclareciendo todos los hechos reñidos con las libertades
y postulados democráticos". Añade también
que "es el medio idóneo para esclarecer los hechos de
violencia terrorista y las graves violaciones a los derechos
humanos que ocurrieron durante este periodo como para que
éstos no se repitan, creando las condiciones necesarias
para la reconciliación social fundada en la
justicia".

Para que Comisión de la Verdad, logre estos
propósitos y tomando en consideración experiencias
de otros países y la propia realidad peruana,
encomendó que al final de su trabajo desarrolle: una
análisis de las condiciones políticas, sociales y
culturales, así como los comportamientos que, desde la
sociedad y las instituciones del Estado, que estimularon que se
genere en el país el proceso de violencia política.
También contribuir con el esclarecimiento por los
órganos, jurisdiccionales respectivos, sobre las
violaciones de Derecho Humanos por los agentes de la violencia
política, procurando determinar el paradero y la
situación de las víctimas. Establecer propuestas de
reparación y dignificación de las víctimas y
familiares. Además de recomendar reformas institucionales
bajo el marco por el cual se asegure que los hechos ocurridos en
el país no se repitan jamás.

3. REVALIDACIÓN DE NUESTRAS
HIPÓTESIS

Conforme a los resultados de nuestro trabajo de campo
las hipótesis formuladas se afirman

HIPÓTESIS
GENERAL:

El informe que emane de la comisión de la verdad
y reconciliación no es un elemento suficiente para que no
se repita el proceso de violencia política en nuestro
país. Siendo necesario para que esto suceda que el Estado
Peruano cumpla con estas recomendaciones en su totalidad y solo
de esta manera se cumpliría con el objetivo la referida
comisión y el estado estaría reconciliándose
con la ciudadanía, buscando el cumplimiento de sus
funciones en totalidad, por que el contexto en el que se
desarrolló la violencia política no ha variado (las
políticas institucionales que se aplicaban en el referido
periodo -1980 2000- no han variado en esencia).

A. PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA

Es afirmada por que la población
deslegitimaría los mecanismos de protección
estatal, creando mecanismos de auto defensa para que se
respeten sus derechos. Claro ejemplo se da en la actualidad con
la contratación de servicios de vigilancia.

B. SEGUNDA HIPÓTESIS

No tiene sentido el gasto operacional que viene
realizando la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, si la recomendaciones que pueda generar
ésta en su informe no se cumplan

CONCLUSIONES

1. La ineficacia del Poder Judicial para aplicar las
leyes e imponer la justicia ante las violaciones a los derechos
humanos exige la existencia de Comisiones de la
Verdad.

2. Las Comisiones de la Verdad en América Latina
muestran diferentes procesos de organización, desarrollo,
y aportación democrática, siendo difícil
establecer un modelo base de
comisión de la verdad , por lo mencionado anteriormente,
por su clasificación y el contexto en el que se desarrolla
por lo cual también es difícil establecer
atribuciones.

3. Los esfuerzos de las Comisiones de la Verdad
contribuyen relativamente a la pacificación nacional, al
revelar la historia oculta de la violencia, y abrir la
posibilidad de sancionar a los responsables de las violaciones a
los derechos humanos.

4. Cuando la investigación de las Comisiones de
la Verdad no conduce a sancionar a los violadores de los derechos
humanos, se convierte en un mecanismo de impunidad, un recurso
oficial para superar el pasado sin curar las heridas.

5. Para que una Comisión de la Verdad tenga
éxito,
además de la participación de los organismos de
derechos humanos, se requiere un amplio movimiento de apoyo
popular, en el cual las organizaciones políticas,
religiosas, académicas, sindicales, campesinas y otras
unan sus esfuerzos. La búsqueda de la verdad tiene
más posibilidades restauradoras en la sociedad cuando
forma parte de un esfuerzo abierto de pacificación
nacional que compromete a la mayoría de la
población.

6. Las Comisiones de la verdad tienen mas probabilidades
de llegar al conocimiento pleno de la verdad cuando actúan
en el período inmediatamente posterior a la
finalización de la crisis de
violencia.

7. Las investigaciones encargadas en medio del proceso
de violencia tienden a ser parciales e incompletas, por el
peligro que conlleva identificar y señalar
públicamente a los culpables de violaciones a los derechos
humanos.

8. Las comisiones independientes tienen más
probabilidades de llegar al conocimiento de la verdad que
aquellas integradas por personas que forman parte de gobiernos
acusados de cometer las violaciones a los derechos
humanos.

9. Las investigaciones globales de los sucesos de toda
la etapa de violencia y las medidas de reparación tienen
un impacto restaurador de la paz social mayor que las
investigaciones y las soluciones
parciales.

10. Afirmar la hipótesis general, que
señala la necesidad de que se cumplan las recomendaciones
emitidas en el informe de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, como el mecanismo para que la violencia
política en el país no se repita.

11. Afirmar la primera hipótesis
específica, que señala que de no cumplirse las
recomendaciones que expida la Comisión de la Verdad y
Reconciliación en su informe final se producirá la
deslegitimación del Estado peruano por la población
la cual al verse desprotegida articulará mecanismos de
autodefensa, para hacer vigente el respeto a sus
derechos.

12. Afirmar la segunda hipótesis
específica, que señala el Estado peruano cumple con
las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, existe la probabilidad de
que el proceso de violencia política ocurra nuevamente en
el país, y de nada habrá servido crear
comisión en mención.

SUGERENCIAS

Ante el resultado que nos nuestra la
investigación realizada damos la siguiente propuesta
legislativa:

CONSIDERANDO:

Que la justicia y la verdad son condiciones
indispensables para asegurar la reconciliación nacional,
dentro del declarado propósito de construir una
nación libre de violaciones a los derechos
humanos;

Que en el desarrollo del proceso de violencia que
sacudió el país desde 1980 se produjeron graves
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario, que no han recibido plena y debida atención y
que han causado daño a miles de peruanos, incluido el
asesinato, la tortura, la desaparición forzada, el
desplazamiento interno y el uso de métodos
terroristas;

Que es política de este gobierno enfrentar el
pasado con firmeza pero sin venganza, así como mirar al
futuro con una sólida convicción democrática
y de reconciliación.

En esta perspectiva, establecer la verdad y buscar
salidas justas y dignas son condiciones indispensables para la
reconciliación nacional y la construcción de la paz y la justicia en la
nación;

Que estos objetivos deben cumplirse en el marco de las
obligaciones que el Estado peruano tiene de conformidad con los
Tratados
Internacionales de los que es parte, así como de la
Constitución y leyes vigentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º Que resulta necesario para poder
llegar finalizar con los objetivos de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación destinar un porcentaje del PBI a
partir del presupuesto nacional del 2004, destinado a cumplir las
recomendaciones que presente la referida Comisión. El
presupuesto que se destine para tal fin será otorgado por
un periodo de 10 años el cual se podrá
ampliar.

Articulo 2° Establézcase un Grupo de Trabajo
interinstitucional que el año 2014, evalúe el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la
Comisión de la Verdad y Reconciliación

Artículo 3º: El Grupo de Trabajo tiene un
plazo de 180 días calendario contados a partir de la fecha
de su instalación para presentar un Informe.

Regístrese, comuníquese y
publíquese.

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

BASOMBRIO IGLESIAS, CARLOS.

1997 ¿Están las fuerzas armadas en
América Latina subordinadas a la democracia? Lima:
IDL.

HABERMAS, PRISCILA.

2000 Verdades Nunca Reveladas. New York.

ROSPIGLIOSI FERNANDO.

2000 Montesinos y las fuerzas armadas IEP.
Lima.

DE LA JARA BASOMBRÍO, ERNESTO.

2001 Memoria y Batallas en Nombre de los Inocentes.
Lima: IDL .

GONZALES CUEVA, EDUARDO.

2000 El reto de la verdad y la justicia. Lima:
MINJUS.

SERVICIOS EDUCATIVOS PROMOCIÓN Y APOYO RURAL

1992 Cifras y Cronología de la violencia
política en la Región Central del Perú (1980
-1991).

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

2001 Memoria para los ausentes. Lima.

CARDENAL ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO

1990 Liberación y Reconciliación.
Lima.

A mi madre.

AGRADECIMIENTO

Quiero mostrar mi mas profundo agradecimiento a las
entidades y personas que prestaron un momento de su valioso
tiempo para colaborar en el desarrollo de la presente
investigación

• Coordinadora Nacional de Derechos
  Humanos.
• Aprodeh.
• Pastoral y Dignidad Humana del Arzobispado de
  Huancayo.
• Instituto Bartolomé de las
  Casas.
• Amnistía Internacional Sección
  Peruana .
• Fe y Esperanza .
• Sr. Abogado Javier Ciurlizaa Contreras Secretario
  ejecutivo de la Comisión de la Verdad y
  Reconciliación.
• Sra. Sociologa Sofía Macher Botanero.
  Miembro de la Comsión de la Verdad y
  Reconciliación.
• R.P. Angel Acuña.
• Dr. Carla Chipoco Promotora de la Defensoría
  del Pueblo Lima.
• Sra. Abogada Rocío Gala asesora legal de
  COMISED

jorge morales morales