Seguridad Ciudadana y Neoliberalismo (página 3)

En medio de este panorama sociocultural, es posible
definir a Bolivia como una sociedad heterogénea, con una
multiplicidad de culturas y grupos lingüísticos, con
rasgos somáticos distintivos. Sus habitantes se hallan
diseminados en una extensión territorial que peca de ser
enorme para la capacidad transformativa de sus recursos
naturales. Con una clase dominante mezquina y carente de
visión patriótica, Bolivia se debate en su
dependencia como Estado y la pobreza de la mayoría de sus
habitantes. Tal la realidad en la cual se desarrolla el presente
estudio.

3.2 La crisis
económica

El hecho de enmarcarse en un contexto capitalista, con
las fuerzas productivas poco desarrolladas y una
tecnología de punta consumida (no producida), Bolivia
sufre los efectos del capitalismo mundial. En este sentido, los
períodos difíciles en el ámbito
internacional repercuten negativamente en el país,
afectando de modo particular a las clases más
desprotegidas. Esto no quiere decir, sin embargo, que la crisis
económica afecte exclusivamente a estos sectores
mayoritarios.

En la ciudad de El Alto, que se caracteriza por un
crecimiento desordenado y una incipiente vocación
industrial, la crisis económica golpea con un efecto
multiplicador, ocasionando, como las fichas de
dominó, el resquebrajamiento de instituciones
anteriormente sólidas, como la familia, lo
cual incide en una degradación del sentido de solidaridad
y reciprocidad, y el respeto a la autoridad y
las leyes. A diario podemos informarnos por los medios de
comunicación masiva sobre los múltiples hechos
de violencia y sangre, cuya
curva va en peligroso ascenso (véase el capítulo vi
de este documento). Eduardo Galeano (Ob. Cit.: 462) afirma al
respecto:

"Ya se sabe quiénes son los condenados a pagar
las crisis de reajuste del sistema. Los precios que la
mayoría de los productos que América Latina vende
bajan implacablemente en relación a los precios de los
productos que compra a los países que monopolizan la
tecnología, el comercio, la inversión y el crédito. Para compensar la diferencia, y
hacer frente a las obligaciones
ante el capital
extranjero, es preciso cubrir en cantidad lo que se pierde en
precio
[cursiva del autor]. Dentro de este marco, las dictaduras del
Cono Sur han cortado por la mitad los salarios obreros y han
convertido cada centro de producción en un campo de
trabajos forzados".

La crisis y la corrupción, dos elementos que
devienen del modo de producción capitalista y su
concepción ideológica, el liberalismo y
neoliberalismo, tienen por efecto último la
depauperación de la calidad de
vida de los sectores mayoritarios, las perspectivas casi
nulas y una tasa delincuencial en permanente
crecimiento.

3.3 El neoliberalismo
y las consecuencias sociales, económicas y
políticas

El régimen político y económico en
el cual se desenvuelve actualmente nuestro país tiene
consecuencias de diverso orden. En el capítulo anterior
(véanse subtítulos 1.2 y 1.3) se sintetizó
las características de esta doctrina. En el presente
apartado se sintetizará con una visión
crítica los resultados de la aplicación del
neoliberalismo en nuestro país.

Una de las condiciones fundamentales para la existencia
del Estado (ya sea moderno o atrasado) es su capacidad de poner
en marcha mecanismos de integración. Félix Patzi Paco (2000:
115) comenta que cada cierto tiempo, el Estado renueva tales
mecanismos, ejerciendo permanentemente una acción
formadora de disposiciones duraderas, a través de todas
las coerciones y de las disciplinas corporales y mentales que
impone uniformemente al conjunto de los agentes. Es necesario
entender bajo dicha lógica
las reformas estatales implementadas a partir de 1994 (durante el
régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada).

Si bien el Estado de 1952 desarrolló diferentes
mecanismos de homogeneización e integración,
éstos no fueron suficientes para incorporar por completo
las culturas originarias. Patzi complementa, en su obra citada,
que "el etnocidio frontal, más que integrar, fue creando
FOCOS DE RESISTENCIA Y DE REBELDÍA [texto
resaltado por el autor]. Por ello, esta forma de llevar adelante
el proyecto de
integración entró en una notoria crisis […] Una
vez fracasado el Estado del 52, los liberales fueron
preocupándose más y más por las estrategias o
formas de transplantar las instituciones liberales a las naciones
y culturas tradicionalmente excluidas". Para ello, según
Patzi, el Estado no abandona su carácter integracionista y
asimilacionista, dejando sin embargo de emplear métodos
abiertos y frontales de etnocidio cultural y opta por otros
más sutiles, encubiertos y enmascarados, por medio de la
promulgación de reformas atrayentes para las
nacionalidades, creando condiciones para la participación
de los individuos en el proceso de destrucción de su
nación.

Estas medidas de distribución de recursos (Ley de
Participación Popular), integración de la comunidad
en el proceso educativo (Reforma Educativa) y el denominado
Bonosol (producto de la "Capitalización" de las empresas
estatales estratégicas) son la expresión legal de
una estrategia
política cuya finalidad es la liberalización de las
fuerzas productivas, de modo tal que se concluya el proceso de
inserción en un orden mundial capitalista, creando las
condiciones necesarias para presentar una clase laboral
sometida.

Lo cierto es que podemos observar un deterioro cada vez
mayor de las condiciones de vida de un sector ampliamente
mayoritario de la población boliviana. El poder
adquisitivo de los salarios está por los suelos. Los
denominados "tarifazos" son una constante que altera la vida
cotidiana de la población empobrecida. La tasa de
delincuencia se ve incrementada por los factores de riesgo
referidos en el capítulo anterior. La familia, como
núcleo básico de la sociedad, se halla en su punto
más bajo, ya que los hijos no respetan la autoridad de los
padres y son frecuentes las denuncias de incesto, acto del cual
son las principales víctimas los niños
de corta edad. El hacinamiento da lugar a un alto riesgo de
contactos de este tipo. Paralelamente, el narcotráfico,
que deformaba sustancialmente la vida del país,
dejó de subvencionar la economía nacional, producto
de las presiones unilaterales del gobierno estadounidense. Los
sectores políticamente organizados (sindicatos,
asociaciones y otras organizaciones
que pugnan por reivindicaciones) se hallan en un proceso de
marginación social como resultado de una política
estatal dirigida a conservar los márgenes de tolerancia para
presentar un escenario atractivo a las inversiones del
exterior.

3.4 Sinopsis
histórica y análisis social de la ciudad de El
Alto

El libro La ciudad prometida (SANDOVAL, Godofredo y
SOSTRES, María Fernanda 1989), que contiene los resultados
de una investigación analítico – descriptiva,
nos permite una aproximación reflexiva a las
características de esta ciudad. En el presente
subtítulo se presenta una síntesis
de los datos
proporcionados por dichos investigadores.

El Alto fue elevada a rango de ciudad el 20 de
septiembre de 1988. Sin embargo, la fecha histórica para
esta joven ciudad es el 6 de marzo, ya que en 1985 se crea la
Cuarta Sección de la provincia Murillo, con su capital El
Alto. Exactamente tres años después, el Congreso
aprueba en sesión ordinaria el Proyecto de elevar dicha
población a rango de ciudad.

El Alto se convirtió en ciudad impulsada
fundamentalmente por su crecimiento demográfico y
expansión territorial. Sin embargo, esta urbe no cuenta
con los servicios básicos necesarios, ni con el
equipamiento suficiente para otorgar una aceptable calidad de
vida a sus pobladores. Por ello, resulta paradójico que
esta ciudad ocupe, numéricamente, la cuarta
posición, ubicándose entre las principales ciudades
del país, mientras su imagen es solo la de un populoso y
extendido barrio marginal de la ciudad de La Paz.

El crecimiento de la ciudad de La Paz, así como
el desplazamiento intraurbano de la población, está
asociado a la migración de personas provenientes de otras
provincias del departamento, en especial de las regiones del
altiplano, así como de otros departamentos del
país. En 1985, los migrantes de El Alto constituían
cerca del 63% del total de la población de esa ciudad, lo
cual representaba una población migrante proporcionalmente
mayor que la del conjunto urbano de La Paz.

La masiva presencia de población de origen
campesino en El Alto, fueran éstos migrantes antiguos o
recientes, influye fuertemente en sus formas de inserción
en el medio urbano, en la conformación sociocultural de
sus habitantes y en la configuración de la naciente
ciudad. Al igual que en otras ciudades andinas, la sociedad
campesina de donde proviene la mayoría de los migrantes,
influye en el funcionamiento y expansión de El Alto a
través del desarrollo de relaciones sociales e
interfamiliares, de redes de parentesco y
compadrazgo, de sus formas de producción y de sus modos de
apropiación del espacio. Los migrantes ex campesinos
prolongan el mundo rural hasta la ciudad alteña, y
ésta, a su vez, pesa en su entorno.

La inserción ocupacional de los migrantes que
radican en El Alto, casi siempre estuvo condicionada por el
estrecho mercado de trabajo y por la precariedad de la industria
urbana, situación que por lo general fue enfrentada por
medio de la conformación de una economía informal a
partir de sus propias lógicas y reglas de juego, de sus
formas de producción y relaciones interfamiliares
practicadas cotidianamente en sus comunidades. Ejemplos de dicha
economía son las ferias que semanalmente se llevan a cabo
en diferentes zonas de El Alto (de las cuales la más
importante es la de la zona 16 de Julio) y la preferencia de los
migrantes por actividades ocupacionales independientes, donde
destacan la pequeña artesanía y el comercio,
así como el sector de servicios tales como mantenimiento
y reparación de automóviles, carpintería,
metalmecánica, etc.).

Para los migrantes de origen campesino, mantener lazos
estrechos con su lugar de origen es un modo más de
asegurar su tránsito e inserción en la urbe (Gill
Ob. Cit.: 34). De ahí que, sea cual fuere su tiempo de
residencia en la ciudad, los migrantes rurales mantienen sus
lazos de parentesco, intereses económicos –tierras,
animales, viviendas-, y un fuerte apego a su
comunidad.

En El Alto, al igual que en La Paz – ciudad,
existe una heterogénea gama de ocupaciones, donde
está inserta la Población Económicamente
Activa (pea) de la nueva ciudad. Allí destacan sectores de
trabajadores insertos en las escasas actividades industriales
grandes y medianas, cuyo número alcanzaría a 5.000
permanentes y más de 1.000 eventuales. También se
debe tomar en cuenta los funcionarios públicos, de los
cuales un importante número desarrolla sus actividades
laborales en la hoyada paceña. Por otro lado, se encuentra
una amplia gama de trabajadores del llamado sector informal:
Trabajadores por Cuenta Propia (tcp), ayudantes, empleados y
aprendices (véase 2.3.2 – b del presente estudio),
que llegarían cerca de los 18.000 individuos, junto a
otros 10.000 comerciantes ambulantes, que rotan diariamente por
mercados y
ferias. Conviene aclarar que en el presente estudio se
dejará a un lado el análisis cuantitativo de los
sectores asalariado y no asalariado, tomando en cuenta el riesgo
de desviar el tema principal de investigación.

De todos modos, se puede resaltar en una y otra
población laboral la fuerte presencia femenina. Los
mencionados autores señalan (Pág. 43) que "en el
marco de las relaciones interfamiliares o de compadrazgo,
numerosas jóvenes prestan atención a las familias que las acogen,
recibiendo a cambio apoyo en alimentación,
vivienda y, a veces, ‘capacitación informal’ en alguna rama
de actividad. Para comprender estas situaciones de
ocupación, donde también existen varones, no hay
que perder de vista que El Alto es el mayor receptor de mano de
obra migrante, no calificada, de origen campesino".

En general, los trabajadores incorporados como obreros o
empleados en El Alto, desempeñan sus actividades en
condiciones de sobreexplotación, no solo por los bajos
salarios que perciben y la carencia de beneficios sociales, sino
también por la intensidad de horas de trabajo, que en no
pocos casos excede las 48 horas semanales. En El Alto, junto al
lento desarrollo de ocupaciones asalariadas estables y al
predominio de ocupaciones no relacionadas directamente con el
aparato productivo, se destaca el pequeño pero importante
grupo que se declara como patrones o socios. Estos constituyen
los "nuevos ricos" de esta ciudad. Distribuidos en distintas
actividades y desarrollando una alta habilidad de
acumulación económica y organizativa de sus
unidades de producción o comercialización, crecen en poder
económico y político, en las distintas zonas de
esta urbe. A partir de sus empresas, comercios o negocios,
estos individuos estructuran una amplia red de
intermediación monopólica que involucra a
componentes del sector informal. Cabe destacar que inclusive los
trabajadores que se encuentran como obreros y empleados,
según aumentan en edad, buscan independizarse, lo cual se
puede apreciar con mayor nitidez en sectores de la pea de origen
campesino. Ellos logran organizar un tipo de economía en
la ciudad a partir de su experiencia anterior, de sus propias
lógicas y reglas de juego, frente a la estrechez,
inseguridad y precariedad del empleo urbano.

La situación de crisis ha empujado a importantes
sectores de la pea y la Población Económicamente
Inactiva (pei), es decir, amas de casa, estudiantes y rentistas,
a subemplearse en actividades marginales y temporales de la
creciente economía informal; otros se incorporaron en los
"interesados" programas de
empleo temporal promovidos en su momento por el Fondo Social de
Emergencia y luego por el Fondo de Inversión Social,
así como todas aquellas entidades estatales y
Organizaciones No Gubernamentales (ong) que
intentaron aliviar la situación dramática de la
población alteña. Las mujeres, particularmente las
amas de casa, se adscribieron a los programas de asistencia
alimentaria denominados Alimentos Por Trabajo (apt) con
financiamiento de diverso origen. Sin embargo, a medida que la
recesión económica se profundiza, aumenta el
número de trabajadores que se encuentran sin fuentes de
ocupación y crece la incorporación de los miembros
de la familia, inclusive los niños, en las actividades de
supervivencia.

En este contexto general, la población
alteña se va desarrollando en medio de sus propias
contradicciones. Los sectores que más sufren los efectos
de la crisis generalizada y las necesidades insatisfechas son
aquellos cuya vulnerabilidad es más patente: la infancia,
tercera edad y la población femenina en general, sobre
todo tomando en cuenta la composición particular de la
sociedad. En los siguientes capítulos intentaremos
profundizar en estos aspectos, de modo tal que se pueda
manifestar la situación general del conglomerado
social.

 CAPÍTULO
IV

EL ESTADO: PRINCIPAL GENERADOR DE LA INSEGURIDAD
CIUDADANA

Como se había señalado en los anteriores
capítulos, la actual situación del país es
de crisis económica y moral generalizada. Los diversos
factores analizados permiten detectar otros elementos que impiden
el progreso del país. El objetivo del
presente capítulo es determinar el grado de
insatisfacción de las necesidades básicas de la
población boliviana y de la alteña en particular,
así como la violación de los Derechos Humanos
(dd.hh.) y el accionar de los mecanismos de justicia.

4.1 La
insatisfacción de las necesidades básicas de la
población

Uno de los aspectos fundamentales en lo concerniente al
desarrollo de toda sociedad es la satisfacción de sus
necesidades. Antes de analizar la satisfacción de las
necesidades, efectuaremos una breve conceptualización de
lo que se puede entender por necesidad. Para ello, nos basaremos
en los puntos de vista de Agnes Heller (1986: 43) quien considera
que "la necesidad del hombre y el
objeto de la necesidad están en correlación: la
necesidad se refiere en todo momento a algún objeto
material o a una actividad concreta. Los objetos ‘hacen
existir’ las necesidades y a la inversa las necesidades a
los objetos. La necesidad y su objeto son ‘momentos’,
‘lados’ de un mismo conjunto. Si en vez de analizar
un modelo estático analizamos la dinámica de un cuerpo social, entonces la
primacía corresponde al momento de la producción:
es la producción la que crea nuevas necesidades. En
efecto, también la producción que crea nuevas
necesidades se encuentra en correlación con las ya
presentes". Con base en estas observaciones, podemos afirmar que
el hombre crea
los objetos de su necesidad, pero también los medios para
satisfacerla. La génesis del hombre es en el fondo la
génesis de las necesidades. Existe una serie de
necesidades básicas las cuales todo ser humano
debería ser capaz de satisfacer. Sin embargo, en el
país gran parte de la población carece de los
más elementales medios que le permitan acceder a una vida
socialmente productiva y digna.

Susana Donoso (1990: 91) agrupa las necesidades
básicas en dos tipos primarios: sociales y de los hogares.
Las necesidades básicas sociales son: a) servicios
sanitarios básicos (agua potable y sistemas de saneamiento
básico); b) servicios sociales básicos
(educación y salud); c) servicios de infraestructura
básica (energía, caminos, comunicaciones
y transporte
inter e intraurbano). Las necesidades básicas de los
hogares son: alimentación, vivienda y
vestimenta.

Toda sociedad evoluciona sobre sus necesidades, y los
medios de que disponga para su satisfacción
determinarán el grado de desarrollo alcanzado. Ante este
hecho, debemos notar adicionalmente que al margen de las
necesidades básicas existen otras derivadas, muchas de
ellas artificiales, como resultado de la penetración
cultural del consumismo o consumidorismo. Nos referimos al deseo
de poseer artículos suntuosos, aparatos
electrónicos de sonido, y otros
sin cuya existencia la vida se desarrollaría de todos
modos. Para la presente investigación, sin embargo,
analizaremos solo la satisfacción de las necesidades
básicas, tomando en cuenta las características de
la población de estudio.

SANDOVAL y SOSTRES (Ob. Cit.: 47-56) efectúan un
diagnóstico de las necesidades de vivienda,
servicios colectivos, salud y educación. Afirman que esta
urbe se desarrolló en el abandono, la pobreza y la
postergación de otras tantas zonas populares, acumulando
en silencio los males de la marginalidad urbana. "En su
expansión, señalan los autores, acogió a
miles de viviendas precarias y algunas urbanizaciones o planes de
vivienda. En estas últimas destacaban como lunares sus
calles empedradas y viviendas con infraestructura y servicios.
Sin embargo, estas zonas privilegiadas tampoco viven en la
comodidad. Es en comparación con el resto de las villas,
que estos barrios aparecen como residenciales o
‘lujosos’."

Acerca de la vivienda, caracterizan a ésta de la
siguiente manera: cerca de un 50% de la población posee
vivienda propia, pero este dato no contempla la calidad ni las
condiciones de estas viviendas. De todos modos, no se debe
ignorar la inmensa cantidad de pobladores que no cuentan con
dicho beneficio, ya que muchos habitan precarios cuartos como
inquilinos o alojados. Por otra parte, conviene destacar que el
crecimiento de El Alto se apoya básicamente en la
autoconstrucción y el autofinanciamiento de la vivienda,
sistema que permite el nacimiento de la mayor parte de las villas
existentes en la ciudad. Otro aspecto que no se debe descuidar es
que los lotes de terreno son adquiridos de tramitadores y
loteadores, quienes con el tiempo consolidaron su poder frente a
la creciente demanda de este bien, a raíz de la llegada de
importantes contingentes humanos migrantes, sobre todo en la
década de los setenta. Los autores puntualizan su criterio
respecto a este poder (Pág. 48) apuntando: "Si ayer fueron
los terratenientes los propietarios de la tierra, hoy son los
loteadores los que tienen el control del suelo
urbano".

Los autores además informan que el acceso
generalizado de vivienda propia se da a través del sistema
de autofinanciamiento y autoconstrucción, lo cual implica
que muchas viviendas sean precarias: construidas en estrechas
superficies, de 30 a 50 m2, con paredes de adobe,
techos de calamina, piso de tierra, carentes de equipamiento y
servicio. Estas casas no son más que piezas sueltas
–por lo general de entre una y tres habitaciones- que
cumplen múltiples funciones.

Una encuesta
llevada a cabo por Surpo (1988, citada por los autores),
además de mostrar diferencias significativas en la calidad
de las viviendas, constata que las condiciones de las casas
construidas por las familias nucleares, tienden a ser más
precarias que las viviendas de las familias extensivas en
términos de superficie construida, número de
cuartos y el material empleado en la construcción. Estas
características están muy relacionadas con el
tamaño del hogar y el nivel de ingreso de la
familia.

Otra forma de acceso a la casa propia en El Alto es a
través de los programas estatales y privados de vivienda.
Estos programas de vivienda, tanto estatales como privados,
contribuyeron a sustanciales modificaciones en la morfología
y la expansión urbana de El Alto. Con las urbanizaciones
se estructura un mundo distinto de aquellas villas de
carácter tradicional, que nacen del esfuerzo personal de
sus habitantes. Las primeras, llamadas comúnmente
"viviendas" están dotadas de casi todos los servicios,
incluyendo áreas verdes y escuelas, y presentan una
fisonomía muy distinta a la de las villas
pobres.

La población que accede a las urbanizaciones
procede, normalmente, de la clase media, con usos, costumbres y
valores relativamente diferentes a los de la población
popular, que se instala alrededor de estos "condominios",
aprovechando la infraestructura existente. Estas distinciones de
asentamientos y composición social son causa de conflictos
socioculturales entre vecinos y de divisiones en sus
organizaciones sociales.

En este marco de hábitat, las múltiples
viviendas de adobe y techo de calamina, distribuidas en villas y
barrios, como si formasen un extenso tramado de laberintos, hacen
de la populosa ciudad de El Alto un extenso pueblo del altiplano,
que se confunde con los colores y rigores
de la tierra que la produce y se pierde en su horizonte no
limitado.

En lo concerniente a servicios colectivos, es posible
afirmar que El Alto es la ciudad más abandonada del
país. Al parecer, esta ciudad tuvo que crecer para la
llamar la atención de las autoridades y dirigentes sobre
las profundas deficiencias que existen en sus barrios y villas.
La precariedad de la vivienda, de hecho, no solo se mide por su
tamaño y la calidad de los materiales empleados en su
construcción, sino también por la infraestructura y
el equipamiento social dentro y cerca de las viviendas. Los datos
de la mayoría de los estudios realizados en esta ciudad en
cuanto a servicios individuales y colectivos, muestran la
precariedad de la vida en gran parte de estos
pobladores.

La dotación de los servicios colectivos en El
Alto sigue la lógica del proceso de urbanización
diferenciado y marginalizador, sin ignorar que dentro de la
morfología urbana de El Alto también existen
diferencias de zona a zona. Analizando en términos
globales las características del equipamiento y la
infraestructura básica del ambiente residencial de El
Alto, y precisando que su desarrollo fue desigual, diversas
investigaciones coinciden en señalar que
para el aprovisionamiento de agua, la mayoría de las
viviendas dependen de piletas públicas. El resto de los
vecinos se ve obligado a comprar ese elemento de los denominados
cisternas aguateros, o bien para acudir a los pozos naturales,
vertientes o riachuelos de la zona.

La información se vuelve preocupante cuando se
trata de analizar la información referida a la
dotación de alcantarillado sanitario. La cobertura
alcanzaría a cerca del 40% de las viviendas, dejando un
porcentaje elevado por atender. La eliminación de aguas
contaminadas en los patios de las casas y en las calles producen
permanentemente riesgos a la
salud de los pobladores y crean condiciones para la
información de focos de infección. Estos riesgos de
infección se agudizan porque el servicio de
recolección de basura
domiciliaria alcanza a un bajo porcentaje de la población.
La mayoría de los alteños echa su basura "a campo
abierto", en las esquinas de sus barrios o en los
barrancos.

Uno de los pocos servicios colectivos algo más
extendido entre los pobladores de El Alto es la electricidad.
Cerca del 85% del área ocupada estaría dotada de
este servicio. Pero, a pesar de esta constatación,
significativos porcentajes de viviendas de las zonas Norte y Sur
no poseen este servicio, sobre todo aquellas que se asientan en
barrios de reciente formación.

La precaria realidad de El Alto también se
observa en la escasez del transporte público. El
existente, abastece con serias limitaciones a la
población. Sin embargo, es bueno hacer notar los avances
en este rubro, ya que el número de unidades se
incrementó sensiblemente en los últimos
años. Empero, este incremento es cuantitativo antes que
cualitativo. De todos modos, las zonas más desfavorecidas
continúan siendo aquellas cuya ubicación resulta
más alejada. Este, como otros factores, retrasan el
desarrollo integral de los pobladores de esta ciudad. La
insuficiente distribución de líneas de transporte
público implica un derroche agigantado de tiempo, a lo
cual se debe sumar el hecho de la concepción muy distinta
que tienen los pobladores de esta ciudad lo que es el tiempo,
dada sobre todo la condición de muchos de ellos como
migrantes de primera generación.

En lo referente a la salud, observamos que el
número de centros hospitalarios y personal médico
difícilmente abastece a la población alteña
en constante crecimiento. El siguiente cuadro, tomado sobre la
base de un estudio efectuado en dos zonas de El Alto, puede
graficar esta situación.

Cuadro n.º 1

Infraestructura de salud instalada en
El Alto Norte y Sur

(*) Sin información.

Fuente: Sandoval y Sostres (Ob. Cit.:
69)

Un médico por cada 10.000 habitantes y un
hospital con treinta camas: estos datos sintetizan la
situación de los servicios de salud de esta ciudad. Al
presente, el déficit que expresa la información del
cuadro n.º 1 en materia de
medios para atender a la población de El Alto, no
sufrió cambios sustantivos. Pese a las acciones de
organismos no gubernamentales, la Iglesia, el Ministerio de
Salud
Pública y la Unidad Sanitaria por atender las demandas
de la población, los centros y programas de salud son
limitados.

Otro dato dramático es la participación en
los sistemas de seguro. Sandoval
y Sostres (Ob. Cit.: 54) informan: "La vida de los alteños
se presenta aún más crítica si se toma en
cuenta que el 75% del total de los jefes de hogar de ambos sexos
no participan de ningún seguro social,
realidad que determina la inseguridad e incertidumbre de miles de
vecinos, en caso de enfermedad y vejez". Tema
de especial preocupación es la salud de los niños.
Existe desnutrición de diversos grados (desde leve
hasta crónica), además de complicaciones
gastrointestinales y respiratorias. Esta situación guarda
estrecha relación con las precarias condiciones de vida de
la mayor parte de los barrios populares de El Alto.

En cuanto a la educación, se puede afirmar que la
profunda crisis económica que atraviesa el país y
las medidas de la Nueva Política Económica, han
afectado directamente a sectores sociales de bajos ingresos en su
posibilidad de acceder a este elemental servicio. Para miles de
pobladores, la disminución del ingreso familiar exige una
disminución en los gastos de
educación, en función de satisfacer las necesidades
vitales. La "deserción
escolar" incrementada en los últimos años en
sectores de la población popular alteña está
ligada a la necesidad que tiene la familia del aporte
económico de todos sus miembros, hecho que conduce a
cientos de niños y jóvenes a cambiar la escuela o
el colegio por cualquier ocupación en el llamado sector
informal. Según datos proporcionados por el mencionado
estudio, con base en una encuesta de la entidad Surpo, en El
Alto, de 180.276 que declaran no asistir al colegio, un 35% lo
hacen por razones de trabajo y un 7% debido a que no existe un
colegio en el barrio o zona donde residen. Sin embargo, en
comparación con las altas tasas de analfabetismo, existe
un cierto optimismo para esperar el futuro en el rubro educativo,
ya que existe en los padres de familia cada vez mayor conciencia
de la necesidad que tienen los hijos de recibir educación
formal.

Si bien en El Alto es la educación fiscal la que
mayormente acoge a la población en edad escolar, los
frecuentes recortes del Estado al presupuesto a este servicio
inciden, por un lado, en la falta de infraestructura y en el
escaso número de profesores para atender a la creciente
población estudiantil, y por otro, en la creación
indiscriminada de colegios particulares que, en muchos casos, no
cumplen con los requerimientos pedagógicos mínimos
de funcionamiento. Si bien los esfuerzos de diversas entidades,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, muestra
resultados positivos, es aún temprano para asegurar que la
educación en esta ciudad va por buen camino. El siguiente
cuadro efectúa una breve mención de la cantidad de
unidades educativas y el personal que las compone.

Cuadro n.º 2

Personal y número de establecimientos educativos
en El Alto, 1988*

Fuente: Sandoval y Sostres (Ob. Cit.:
70)

4.2 La
violación de los Derechos Humanos

Uno de los aspectos más negativos de la sociedad
boliviana en la coyuntura actual sea la violación en los
derechos humanos. Es preciso recordar que los Derechos Humanos
(DD.HH.) es mucho más que una defensa del derecho a la
vida, la nacionalidad y un nombre. Comporta una atribución
total de reconocimiento de la persona por parte del Estado,
así como las garantías necesarias para
desarrollarse y progresar sin restricciones de ningún
tipo.

Antes de analizar brevemente la violación de los
derechos humanos en Bolivia, identificaremos los principios e
intentaremos una clasificación de los DD.HH. Recordemos
que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se
produjo el 10 de Diciembre de 1948. En primera instancia, los
DD.HH. están basados en los siguientes principios:
universalidad, indivisibilidad e interdependencia entre
sí..

El principio de universalidad permite implementar una
misma normatividad para todos los países, en el entendido
de que cualquier mujer y
varón son la misma persona en cualquier parte del mundo:
todos somos iguales, no importando las condiciones particulares,
étnico culturales o económicas de los diferentes
países o sociedades.

El principio de la indivisibilidad plantea que las
generaciones de DD.HH. tienen igual importancia, que la vigencia
de un derecho no puede afectar la vigencia de otro, lo cual
permite tener una concepción global de los
DD.HH..

El principio de la interdependencia es el que establece
una relación íntima, intrínseca de retroalimentación entre la democracia,
DD.HH. y desarrollo.

Los DD.HH. se clasifican artificialmente y para fines
explicativos siguiendo el proceso evolutivo que tuvieron, pero en
su conjunto representan una sola unidad. Las normas sobre DD.HH.
aparecieron como generaciones destinadas a tratar temas
específicos, por lo que se clasifican en de Primera,
Segunda y Tercera generación.

Primera Generación: Derechos Humanos civiles y
políticos. Los DD.HH. civiles y políticos son
los más conflictivos. Están referidos a la libertad
de las personas y al ejercicio de autoridad. Se refieren a la
libertad de la persona a la vida, la seguridad, la integridad y
los derechos de participación individual en la
formación de los poderes del Estado (participación
pública).

Segunda Generación: Derechos Humanos
económicos, sociales y culturales. Estos DD.HH.
están relacionados más con la dignidad humana de
tener derecho a la vida, derivando su derecho en el acceso al
empleo, al salario justo, a
la educación.

Tercera Generación: Derechos Humanos de
solidaridad y de los pueblos. Da impulso a los DD.HH.
colectivos de los pueblos. Determina el derecho al desarrollo
armónico, el derecho a la autodeterminación
nacional, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente
sano, que en definitiva es la seguridad para lograr las
condiciones de convivencia pacífica. El conjunto de
derechos se resumeg en:

Derechos civiles

Derecho a la vida

Derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

Derecho a no ser tenido en estado de esclavitud o
servidumbre.

Derecho a la libertad y la seguridad de la persona,
incluido el derecho a juicio justo.

Derecho a la intimidad e inviolabilidad en el hogar y la
correspondencia.

Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y
religión.

Derechos políticos

Derecho a la libertad de opinión y
expresión libre del pensamiento

Derecho a la libertad de reunión y de
asociación

Derecho a participar en la conducción de los
asuntos públicos

Derecho a elegir y ser elegido

Derecho a demandar o a pedir atención a la
autoridad pública

Derechos económicos, sociales y culturales o de
igualdad

Derecho al trabajo

Derecho a condiciones laborales justas y
favorables

Derecho a un salario justo

Derecho sindicales

Derecho a la seguridad social

Derecho a la protección económica en
condiciones de desvalidez

Derecho a la alimentación, el vestuario y
albergue adecuados

Derecho a la protección y asistencia de la
familia, madres e hijos

Derecho a un nivel de vida adecuados

Derecho a un nivel de salud física y mental
progresivamente mejor

Derecho a la educación, a la instrucción,
a la ciencia y
la cultura

Derechos de los pueblos o de la solidaridad

Derecho a la paz

Derecho al desarrollo

Derecho a la comunicación

Derecho al medio ambiente sano y ecológicamente
equilibrado

Derecho a beneficiarse del patrimonio
común de la humanidad

Varios de estos derechos fundamentales son violados
más frecuentemente de lo que se supondría debido a
la implantación de la política económica del
neoliberalismo. A continuación, efectuamos un breve
recuento de los derechos violados por el sistema actual de
producción y distribución de las
ganancias.

En primer lugar, recordamos lo que señala el
artículo 22 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos: "Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la
cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de
su personalidad".
Esto implica una garantía integral del Estado para que sus
ciudadanos se desarrollen en una armonía deseable, sin el
temor a ser reprimido, asaltado, violado o asesinado. En este
sentido, observamos que el Estado boliviano no proporciona las
suficientes garantías para que los ciudadanos puedan
mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, vemos
cómo la indigencia, la extrema pobreza y la pobreza
moderada ocasionan la mortalidad por enfermedades curables, cuyo
origen es precisamente la falta de atención en cualesquier
el sistema de seguridad social y salud pública.

El siguiente artículo (23), en su inciso 1 es
más específico al respecto, pues señala:
"Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo". El Estado, en la implementación de la
política neoliberal, atenta sustancialmente contra este
derecho elemental, ya que promueve la competencia entre
trabajadores manteniendo los salarios congelados, lo cual impide
un acceso a fuentes de trabajo por parte de todos los individuos
económicamente activos.

No se desea, en realidad, que el Estado vuelva a su
antiguo papel de proveedor de fuentes de empleo, que en la
práctica demostró ser inadecuada, por cuanto
proveía el crecimiento burocrático desmedido y el
parasitismo estatal. Sí se juzga inconveniente, en cambio,
que el Estado desampare al sector productivo. Un caso ilustrativo
al respecto es la libre e irrestricta importación de ropa usada que es expendida
en diferentes puntos de las ciudades del país y que en la
Feria "16 de Julio" de la ciudad de El Alto adquiere dimensiones
desproporcionadas. Este fenómeno, propio de las
décadas 80 y 90, cercena la capacidad productiva de la
industria textil y de la vestimenta.

También vemos cómo se vulnera los derechos
humanos cada vez que un miembro de la sociedad pone en entredicho
los postulados del sistema (del cual el gobierno de turno es un
elemento integral). El artículo 19 de los (DD.HH.) dice
concretamente: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el de
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión". Recordamos, por ejemplo, las investigaciones
de Ronal Méndez Alpire, abogado y periodista
cruceño, sobre las quiebras de los bancos, en cuyos
hechos estuvo involucrado el entonces Superintendente de Bancos y
Entidades Financieras Luis del Río, prominente miembro de
un partido político, y cómo se tomó
represalias contra el mencionado periodista habiéndolo
encarcelado dos veces, omitiendo además lo dispuesto por
la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925, por las revelaciones
contenidas en libros tales
como Puzzle financiero. Como ejemplo adicional, podemos
citar el caso de la revista
Informe R, cuyo número que contenía
revelaciones sobre el Plan Cóndor quiso ser secuestrado
por funcionarios del Ministerio de Gobierno, en un flagrante
atentado a la libertad de
expresión.

La represión, el terrorismo de
Estado, la marginación, la dependencia, son todos
elementos cuya suma inevitable es una sociedad en caos creciente
y una alta tasa de criminalidad.

4.3 El accionar de
los mecanismos de justicia

El Poder Judicial en Bolivia, en uso de las atribuciones
conferidas por la CPE (Arts. 59, 116 a 131) es la encargada de
velar el cumplimiento de las leyes bolivianas por parte de
autoridades y ciudadanos. Sin embargo, esta noble y delicada
función tropieza con la existencia de malos funcionarios
que desprestigian a la entidad y sus instancias. Probablemente el
Defensor del Pueblo y el Consejo de la Judicatura y el Tribunal
Constitucional, órganos de reciente creación, hayan
contribuido a devolver la imagen de credibilidad al Poder
Judicial. Sin embargo, aún queda mucho por
hacer.

La retardación de justicia continúa siendo
el talón de Aquiles de la justicia boliviana. Por otra
parte, actos de corrupción de jueces, como los denunciados
y confirmados en diversas oportunidades, también ponen en
entredicho la transparencia de los actos judiciales. La prebenda,
la coima, el prevaricato y otras acciones contrarias a la
honestidad
judicial, merman sensiblemente la credibilidad ciudadana en los
mecanismos de justicia.

En lo referente a la aplicación de las leyes, es
innegable el favoritismo que existe hacia los sectores
privilegiados. El caso denominado "hijitos de papá" o
"viernes negro", en el cual se vieron involucrados los
estudiantes del colegio Calvert, de gran renombre en la sociedad
paceña, aún no arroja a culpables identificados. La
acción judicial que se siguió en este caso es
rescatable, pero los resultados tangibles hacen pensar que
será un caso más que se eche al olvido, pese a las
serias acusaciones por la comisión de diversos delitos
perpetrados por los miembros "de las mejores familias del
país".

Puede considerarse a la lucha contra la
corrupción uno de los mejores modos para luchar contra la
pobreza. En este sentido, cabe destacar la labor realizada por
jueces probos como el Dr. Alberto Costa o el Fiscal adscrito a la
Alcaldía Municipal de La Paz, Dr. Moreira, quienes lideran
una lucha frontal contra la corrupción encarnada en
corruptos probados tales como Germán Monroy Chazarreta (ex
alcalde municipal) Dante Escobar (ex presidente del FOCSSAP)
entre otros.

CAPÍTULO
V

CONFLICTOS SOCIALES

Los conflictos sociales pueden ser identificados como la
expresión popular del descontento con el modelo
socioeconómico y político vigente. Los anteriores
capítulos proporcionan una visión general de la
situación económica, política y social del
país en general y de El Alto en particular. El
propósito del presente capítulo es efectuar una
valoración de los conflictos sociales, sus causas finales
y sus probables consecuencias.

Comenzaremos desarrollando la definición
efectuada en el anterior párrafo
de los denominados conflictos sociales. Durante todo el
período de la Colonia, la marginación de los
grandes sectores nativos tuvo la resistencia pasiva en unos casos
y en otros activa de los indios moradores de la tierra (KLEIN,
Herbert Ob. Cit.). El hito más importante de la historia
nacional contemporánea, y por lo tanto el referente
ineludible de todo trabajo de investigación
histórica y social, es la revolución del 9 de abril
de 1952, hecho que dio paso a las profundas transformaciones que
se vivió en los años posteriores. Dicho hito fue
acaso la expresión más importante de los resultados
de un conflicto
social que se va labrando a lo largo de los años y los
siglos.

Observamos, por otra parte, que los conflictos sociales
de hoy derivan de la insatisfacción laboral, la angustia
ante los abusos de particulares (violaciones, atracos,
asesinatos, etc.) y otros factores diferentes de los de
antaño. Sin embargo, la esencia continúa siendo la
misma: insatisfacción de las necesidades humanas (v.
4.1 Insatisfacción de las necesidades
básicas). Las consecuencias son imprevisibles, pero se
puede augurar la agudización de las tensiones y la
posibilidad de un movimiento subversivo popular, imposible de
controlar en los hechos. Como es bien sabido, son los movimientos
populares los que dan, en última instancia, el curso que
seguirá la sociedad después de un salto de esta
naturaleza
(como la ya referida Revolución de abril de 1952). No es
algo así lo que se desea, obviamente, por los ríos
de sangre que ello implica, sino simplemente hacer notar lo que
podría suceder en un futuro no muy lejano en caso de no
cambiar la situación actual.

5.1 Las
reivindicaciones sociales

Las reivindicaciones de la sociedad pasa por el conjunto
necesario de sus intereses y aspiraciones. Así, las clases
sociales dominantes pedirán seguridad y resguardo en sus
barrios exclusivos, mientras que las clases sociales marginales
clamarán por seguridad existencial que se traduce el
derecho al pan, el techo, la salud y la educación. Sin
embargo, cabe insistir en el hecho de que la seguridad ciudadana,
ya analizada en el Capítulo ii, no se refiere solo a la
proporción de resguardo físico y bienestar material
(v. 2.2.1 e incisos correspondientes).

Derechos sociales tales como la educación, la
salud, infraestructura y equipamiento vecinal, y sobre todo la
generación de fuentes de trabajo y las condiciones de
estabilidad, se ven vulnerados por la situación
socioeconómica que atraviesa el país en su
conjunto. Ante esto, las marchas de protesta, las manifestaciones
públicas y el rechazo generalizado ante la indiferencia de
las autoridades, no hacen sino poner en claro las serias
dificultades que atraviesan los sectores populares, las
mayorías marginadas del desarrollo del
país.

5.2 La desobediencia
civil y los grupos de presión

Los recursos a que apela la población para
manifestar su descontento con la situación imperante se
traduce también en la desobediencia civil, forma de
protesta no armada que caracteriza a los movimientos populares.
Ésta, sin embargo, puede ser alentada por sectores
liderizados ideológicamente por el radicalismo de
izquierda, lo cual constituye un riesgo para la estabilidad de la
democracia, la cual, por sí sola, se debate en medio de
sus propias contradicciones. La situación actual no es
sino un serio llamado de atención a las autoridades cuya
mentalidad es netamente plutócrata y se inclinan solamente
por intereses sectarios y particulares antes que por resolver los
problemas de la colectividad.

Alipio Valencia Vega (1983: 107) hace referencia a una
forma particular de organización que hace frente a las
equivocaciones y desaciertos de los gobernantes: los grupos de
presión. Estos, según el autor,
surgen como resultado de las condiciones especiales creadas por
el régimen capitalista, producto del proceso demo-liberal.
Se caracterizan por no poseer finalidades expresamente
políticas, pero que se organizan y se vinculan en torno a
determinados intereses comunes, cuya defensa realizan mediante su
influencia sobre los órganos estatales y los partidos
políticos, tratando de orientar la acción de
éstos en un determinado sentido.

Los métodos por los cuales los grupos de
presión ejercen su influencia pueden ser de diversa
índole, pero de una manera general cabe señalar los
siguientes modos: influencia en las elecciones mediante el apoyo
indirecto a un partido para el cumplimiento de una determinada
plataforma electoral; contacto directo con los legisladores,
funcionarios y miembros de los poderes públicos y
finalmente por medio de la propaganda
para arrastrar a la opinión
pública tras de sus proposiciones, Los sindicatos
obreros constituyen típicos grupos de presión,
aunque seriamente mermados en su capacidad de convocatoria dadas
las condiciones actuales (v. 3.2 de este documento).

CAPÍTULO
VI

LA INSEGURIDAD CIUDADANA COMO FACTOR DIRECTO DE
LA INCONDUCTA CIUDADANA

Como habíamos señalado en el
Capítulo II, la inseguridad ciudadana puede ser
señalada como "la suma de los factores que impiden a una
sociedad desarrollarse en armonía y tranquilidad". En este
sentido, puede entenderse la inseguridad ciudadana como el factor
directo de la inconducta de los ciudadanos, es decir, la causa
primera y fundamental, tomando en cuenta que la ciudadanía
en general se halla abandonada y sin perspectivas de superar su
situación crítica de pobreza y extrema
pobreza.

6.1 Delitos generados
por la inseguridad ciudadana

El presente subtítulo contiene una lista de los
delitos cometidos en la ciudad de El Alto, y que son el resultado
inmediato de la inseguridad ciudadana existente en el
país. En primer lugar, se presenta los cuadros
estadísticos generales de casos presentados ante la
Policía Técnica Judicial (PTJ) de El Alto. Luego,
se efectuará un análisis del incremento percibido
en los últimos años, para, posteriormente, efectuar
un recuento de la tipificación y la sanción
dispuesta para los diferentes delitos.

Cuadro 1

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto
por División

Gestión 1995

Fuente: Policía Técnica
Judicial. Div. de Planeamiento y
Operaciones
Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Sandoval y Sostres (Ob. Cit.) informan que en esta
ciudad, al momento de efectuar su estudio (1989), la tasa de
criminalidad era insignificante. Sin embargo, como se puede
apreciar en el cuadro 1, la tasa se hace
significativa.

Cuadro 2

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto
por División

Gestión 1996

Fuente: Policía Técnica
Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones
Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

El siguiente cuadro presenta una diferencia comparativa
entre ambas gestiones.

Cuadro 3

Diferencia comparativa entre las gestiones de 1995 y
1996

Fuente: Policía Técnica
Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones
Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Como podrá observarse, el incremento total de
casos en la gestión
1996 es de 471 (10.57 %) sobre la gestión de 1995. Si bien
existe un decrecimiento en algunas divisiones (por ejemplo
Delitos Contra las Personas y Menores y Familia) en otras existe
un sensible incremento (Corrupción Pública, con un
24% y Crimen organizado, con el 60%). Estos índices nos
dan una pauta del crecimiento paulatino en unos casos e
incontrolable en otros que tienen por consecuencia a largo plazo
la inestabilidad del sistema democrático en su
conjunto.

Cuadro 4

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto
por División

Gestión 1997

Fuente: Policía Técnica
Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones
Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Como podrá observarse, existe un incremento
general de 107 casos registrados en todas las divisiones
correspondientes. Este dato muestra que existe un incremento
paulatino pero importante en las actividades delictivas,
existiendo un mayor incremento de casos en la División
Delitos contra las Personas (153 casos, que representan un
9.8%).

Cuadro 5

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto
por División

Gestión 1998

Fuente: Policía Técnica
Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones
Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

El cuadro 5 muestra un sensible incremento general de
1.233 casos con respecto a la gestión 1995, lo cual hace
un 21.7%. Por su parte, el cuadro 5 presenta los datos del
número de caso atendidos por División durante la
gestión 1999.

Cuadro 6

Casos presentados en la PTJ de la ciudad de El Alto
por División

Gestión 1999

Fuente: Policía Técnica
Judicial. Div. de Planeamiento y Operaciones
Estadísticas.

Elaboración: Propia. Agosto – 2000.

Este cuadro nos muestra un ligero incremento con
respecto a la gestión anterior (10 casos que representan
el 0.17%). Por último, se presenta un cuadro comparativo
por División y gestión en el número de casos
atendidos, con el análisis del incremento
detallado.

Cuadro 7

Comparación entre las gestiones de 1995 a 1999
por División

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