El Capítulo III contiene una breve
descripción de las características de la sociedad
boliviana, la crisis
económica y las consecuencias sociales, económicas
y políticas de la implementación de la
política
neoliberal en nuestro país.
El capítulo IV expone los criterios fundamentales
para considerar al Estado como principal generador de la
inseguridad ciudadana.
El Capítulo V contiene una aproximación a
las manifestaciones sociales como respuesta a la
insatisfacción de sus necesidades
básicas.
El Capítulo VI expone en forma detallada los
delitos generados
por la inseguridad ciudadana, y que se consideran el efecto
necesario y permanente de la implementación de la
política neoliberal.
Finalmente, el capítulo VII contiene las
conclusiones del estudio y las recomendaciones
correspondientes.
Se espera que el presente estudio tenga una utilidad
teórica y metodológica a los interesados en el
tema.
1.1 Planteamiento
del problema
Se vive una serie de profundas contradicciones y
paradojas, en contramano con una profunda crisis, de la cual la
dimensión económica constituye la faceta de la
mayor fuerza y con
una decisiva influencia en las conductas sociales e individuales,
y donde sale a la vista una notable contradicción entre
los objetivos que persigue la política neoliberal
entroncada a la globalización con las finalidades
propuestas planteadas en la denominada Seguridad
Ciudadana.
Es en este sentido que nos proponemos analizar la
"Seguridad Ciudadana", entendida como las condiciones
básicas que requieren las personas para ejercer sus
libertades individuales y colectivas, sus derechos ciudadanos,
así también el respeto a las
leyes, y a las
normas en
vigencia, para lograr de esta manera la paz, la convivencia y la
justicia,
aplicada con eficiencia a la
dignidad humana, llegando de esta manera al bienestar
común.
La Seguridad Ciudadana debe ser entendida como una idea
superior a la de proporcionar resguardo físico o
simplemente seguridad material en favor del ciudadano, por medio
de la acción del Estado para proporcionar a los estantes y
habitantes niveles económicos satisfactorios, confianza en
la justicia, libertad,
instituciones
con bases solidaridad y
democracia, de
tal manera que los ciudadanos vivan en una sociedad que les
otorgue garantías de seguridad y bienestar social,
familiar y comunitario. Sin embargo, la Seguridad Ciudadana
entendida así, tiene en sí misma factores de
inseguridad que nacen del mismo Estado, en este caso concreto la
Política
Económica imperante en el Estado
Boliviano: el neoliberalismo. Las características de
ésta constituyen el primer obstáculo para los
principios y
fines de la Seguridad Ciudadana, la elevación constante
del costo de vida,
la pobreza, el
desempleo, la
migración campo ciudad, los conflictos
sociales, la delincuencia
juvenil, la falta de recursos destinados a la educación, la
salud, etc., son
muestras de esta situación.
Las preguntas e interrogantes que más nos acercan
a la investigación son las siguientes:
¿Cuáles son los verdaderos alcances de la
Seguridad Ciudadana?
¿La Seguridad Ciudadana implica simplemente
proporcionar resguardo físico? O, por el contrario,
¿implicará la Seguridad Ciudadana una
conceptualización mucho más amplia que se
manifiesta como la capacidad del Estado de proporcionar a los
estantes y habitantes de un territorio niveles económicos,
políticos y sociales satisfactorios basados en las
libertades democráticas y los derechos
ciudadanos?
Concebida así la Seguridad Ciudadana,
¿podrá implementarse en función de sus
Principios y Fines dentro de un marco de una Política
Económica Neoliberal como la nuestra?
¿No será que la inseguridad ciudadana nace
precisamente del propio Estado al implementar este tipo de
políticas?
¿De qué manera la Política
Neoliberal se constituye en el principal factor atentatorio a la
Seguridad Ciudadana?
¿De qué manera la Política
Neoliberal se constituye en un factor determinante atentatorio a
la Seguridad Ciudadana generando conductas sociales e
individuales contrarias al Orden Jurídico
establecido?
¿De qué manera las reformas imperantes en
el campo del derecho realizadas por el Estado Boliviano
podrán ser efectivas y acordes con la Seguridad Ciudadana,
mientras exista una Política Neoliberal?
¿No será necesaria la búsqueda de
una mayor Justicia Social y Bienestar Común de parte del
Estado como una forma de garantizar la implementación de
la Seguridad Ciudadana?
1.3
Delimitación del tema de la tesis
Se considera una Delimitación Temática,
una Temporal y otra Espacial
El tratamiento del tema objeto de la
investigación, Seguridad Ciudadana y Neoliberalismo, se
dará dentro de una óptica
Jurídico Social, debido a la necesidad de confrontar los
principios y fines de la seguridad ciudadana con la realidad
Nacional, la particular con la Política Económica
el Neoliberalismo.
El parámetro temporal establecido para la
presente investigación adquiere gran trascendencia en la
actualidad, sin embargo se ha visto conveniente realizar una
investigación retrospectiva del problema desde el
año 1985, año en que se implementa en Bolivia la
política Neoliberal mediante el Decreto Supremo
21060.
Es un hecho indiscutible que este fenómeno de
investigación tiene una repercusión nacional toda
vez que la Política Económica tiene trascendencia
nacional sin embargo con el propósito de recabar información para efectos de
diagnósticos se ha visto por conveniente circunscribir la
investigación en la ciudad de La Paz y El Alto de La Paz
aunque los resultados y la propuesta de la misma podrá
aplicarse sin considerar estos límites.
1.4
Fundamentación e importancia del tema de la
tesis
Seguridad Ciudadana y Neoliberalismo, dos criterios muy
manejados en la actualidad, pero también a la vez se
constituyen en criterios contradictorios en cuanto se refieren a
sus principios y sus fines aplicados a una realidad concreta, en
este caso la realidad boliviana. En este sentido, que
Neoliberalismo y Seguridad Ciudadana, están expresando la
complejidad de la problemática social boliviana no
sólo en el campo económico o aspectos
políticos, sino en forma decisiva en aspectos sociales,
familiares y valorativos, etc. Existen varias perspectivas que se
puede optar para abordar este tema desde el punto de vista
ético, político, social, económico,
histórico, jurídico; sin embargo, la perspectiva de
análisis del presente problema en el trabajo que
realiza nos tiene una óptica totalizadora que nos permite
comparar y de esta manera demostrar las grandes contradicciones
existentes, tanto teóricas como prácticas en su
aplicación.
El Estado boliviano, se constituye precisamente en el
primer factor de Inseguridad Ciudadana al implementar
políticas divorciadas de justicia social y el bien
común. Este es el propósito que reúne el
presente trabajo que fundamentalmente se constituye en una
reflexión sobre nuestra realidad hacia sectores
mayoritarios del país.
1.5 Objetivos del
tema de la tesis
Fundamentar que mientras exista una Política
Neoliberal, los factores facilitadores para la
no-implementación de la Seguridad Ciudadana en Bolivia,
nacerán del propio Estado.
Establecer los verdaderos alcances de la "seguridad
ciudadana".
Demostrar su verdadera importancia que tiene la
Seguridad Ciudadana como factor de garantía sociales,
jurídicas, políticas y económicas que tienen
las personas, individual y colectivamente.
Determinar que la política Neoliberal es el
principal factor atentatorio proveniente del Estado que no
permite conseguir los verdaderos alcances de Seguridad
Ciudadana.
Caracterizar tipos de conductas estatales en diferentes
campos Seguridad Estatal Jurídica Política
atentatorios a los principios y fines de la Seguridad
Jurídica.
Demostrar que la falta de una Política
Económica con mayor Justicia Social, y en busca del Bien
Común, permite la negación de una verdadera
aplicación Seguridad Ciudadana y por el contrario
será determinante para motivar conductas atentatorias al
ordenamiento jurídico vigente.
Mostrar indicadores
sociales de opinión
pública responsables que permita una referencia base
para dar solución al problema de investigación
motivo del tema de la tesis
El año 1985 se introdujo en Bolivia la Nueva
Política Económica, conocida como "Neoliberalismo",
política que cambia esencialmente la función del
Estado, que deja de ser un Estado productor con
participación directa en la economía y pasa a ser
un Estado controlador de la economía, dejando en manos de
particulares la inversión y la producción.
Junto a las transformaciones económicas
existieron también una serie de cambios sociales y
políticos, cuyo costo social recargó
fundamentalmente en los sectores marginados del país,
quienes se debaten en el hambre y la miseria. En ese contexto
histórico que actualmente se maneja el término de
"Seguridad Ciudadana" entendida como la capacidad del Estado de
proporcionar a estantes y habitantes niveles económicos
satisfactorios, confianza en la justicia, libertad, etc., de
manera que los ciudadanos vivan en un ambiente de
seguridad y libertad, y no de una subsistencia precaria como
sucede en nuestra sociedad, no pudiendo hablarse de "Seguridad
Ciudadana" donde la pobreza y sus
graves consecuencias son características propias de las
mayorías nacionales.
Para el análisis del tema elidido considero que
una primera aproximación esta relacionado con un enfoque
jurídico – social, entroncada cada a la escuela del
positivismo
sociológico, puesto que de esta manera podemos ver al
Derecho como un Hecho Social y poder
acercarnos a analizar, cuestionar, reflexionar el objeto de
estudio.
Así, partiendo de la caracterización de
Bolivia como país capitalista, atrasado y dependiente
inmerso en una política neoliberal, la misma que genera
pobreza, marginalidad
social económica, jurídica política, etc.,
de los sectores mayoritarios para contraponer a los principios y
finalidades de la teoría
de la Seguridad Ciudadana extendida este como las condiciones
básicas que requieren las personas para ejercer su
libertades individuales y colectivas como sus derechos
ciudadanos.
Tomamos para el presente trabajo de investigación
los siguientes conceptos básicos que serán
utilizados a lo largo de todo el desarrollo de la Tesis.
Son innumerables las definiciones que se han dado a lo
largo de la historia de lo que es el
Derecho, sin embargo nosotros manejamos la más accesible,
justa y descriptiva:
El Derecho es una ciencia social
que estudia las normas jurídicas y las instituciones
jurídicos sociales que norman y reglamentan las actitudes y
conductas individuales y colectivas de una sociedad
orientándolas hacia un principio de justicia.
El Derecho
constitucional es una ciencia social que estudia las normas
fundamentales que rigen el estado y las organizaciones
jurídico – sociales que le son
inherentes.
Estudia las normas fundamentales que organiza el Estado;
establece los poderes del Estado, sus atribuciones, sus
instituciones, derecho y libertades, relaciones entre gobernantes
y gobernados. Es una ciencia social que estudia la norma
constitucional y las instituciones, normas y principios de las
relaciones sociales.
Son condiciones básicas reconocidas y aceptadas
universalmente que permiten a las personas desarrollarse
íntegramente en un ambiente adecuado y con plena
libertad.
Toda persona,
independientemente de raza, color, sexo, religión, idioma,
opinión, política, nacionalidad, posición
económica o cualquier otra condición tiene un
conjunto de principios que son comunes para todos, estos
principios son las Derechos
Humanos.
Muchos podríamos confundir el concepto de la
Seguridad Ciudadana con la idea de proporcionar resguardo
físico o simplemente seguridad material en favor de un
ciudadano. No estamos alejados de la verdad si consideramos esta
aparente acepción.
Debe entenderse por seguridad ciudadana, la capacidad de
Estado de proporcionar a estantes y habitantes de un territorio,
niveles económicos satisfactorios, confianza en la
justicia, instituciones con sólidas bases
democráticas, libertad de conciencia y
religión, de tal manera que los ciudadanos vivan en su
sociedad y un sistema que les
otorgue, garantías y seguridad. Y no de una subsistencia
precaria como sucede en mayor parte de los países no
industrializados, sino de una gama de oportunidades como las
mencionadas; muchas de ellas son substanciales con una existencia
digna, de plena confianza en justicia, en la libertad de derecho
a la vida, a la salud y a un desarrollo humano
edificante.
La esencia del neoliberalismo, según el
especialista Pablo Ramos Sánchez, se traduce en asegurar
la más absoluta libertad para que las fuerzas del mercado
establezcan las relaciones fundamentales de la economía y
la sociedad. Toda intervención del estado debe ser
suprimida o contrarrestada. El mejor estado es el que reduce su
actividad las funciones
generales de administración, justicia, defensa,
policía y relaciones exteriores. El modelo
neoliberal se estructura a
partir de ciertas piezas claves. Entre ellas destacan la libertad
de precios y
salarios,
libertad cambiaria, apertura total al exterior, libre
contratación y traslado de las actividades
económicas rentables a la empresa
privada.
Siendo las definiciones de Democracia diversas y hasta
contradictorias daremos la que más se ajusta a la materia de
investigación.
Democracia es aquel régimen político que
institucionaliza la participación de todo el pueblo, en
la
organización y ejercicio del poder político
mediante la intercomunicación entre gobernantes y
gobernados y el respeto de los Derechos y Libertades
fundamentales dentro de una justa estructura socio
económica.
El presente concepto de democracia es una
descripción ideal de todos lo que quisiéramos, que
sea la democracia, empero lamentablemente en la práctica
política, por lo menos en nuestro país esta
situación no existe
1. Constitución Política del Estado
Art.: 5 al 35
2. Derechos Humanos
– Primera Generación
– Segunda Generación
– Tercera Generación
3. Código Penal Boliviano Títulos del
iv al xii
4. Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de
1985
5. Seguridad Ciudadana
6. Plan Operativo
Contra la Pobreza
7. Ley 1599 contra
la Violencia en
la Familia o
Doméstica
1.7.1 Planteamiento
de la hipótesis
"La carencia de una Política Estatal Basada en
Principios de Justicia Social y el Bien Común, constituye
el primer factor atentatorio a la Seguridad Ciudadana
constituyéndose de esta manera en un aspecto determinante
de conductas individuales y sociales atentatorias al
Derecho"
– Política Estatal basada en principios de
Justicia Social y Bien Común
– Seguridad Ciudadana.
Variables Independientes.- La carencia de una
Política Estatal Basada en Principios de Justicia Social y
del Bien Común.
Variable Dependiente.- Primer factor atentatorio de la
Seguridad Ciudadana.
Conductas individuales y sociales atentatorias al
Derecho.
NEXO LÓGICO:
Constituye
Constituyéndose
1.8. Métodos y
técnicas empleadas en la tesis
Utilizaremos el método dialéctico por
tener un carácter
universal que permite realizar un estudio de las contradicciones
que generan pugna en la esencia misma de las cosas, en sus
relaciones, en los procesos de desarrollo; es por esta
razón que el mismo nos permitirá comprender las
causas y las consecuencias que generan el desencuentro entre la
"Seguridad Ciudadana" y el "Neoliberalismo".
Este método nos permitirá la
desagregación del objeto de investigación para dar
con la estructura básica de los elementos, relaciones y
propiedades que lo sustentan así como de sus
condicionantes.
Que nos permite la conjunción o
articulación de cada uno de los elementos analizados en el
proceso de desagregación con el propósito de tener
un planteamiento totalizador del problema.
Se utilizará este método para poder
interpretar las diferentes disposiciones normativas relacionadas
con la investigación.
Para comprender cuál es el interés
jurídicamente protegido en las diferentes disposiciones
legales relacionadas con la investigación.
Que nos permitirá un análisis normativo
ubicando a éstas en un determinado tiempo y
espacio.
Se utilizará las técnicas de la entrevista,
encuestas, la
técnica bibliográfica, fichas de
análisis y crítica.
NEOLIBERALISMO E INSEGURIDAD
CIUDADANA
El neoliberalismo
tiene como antecedente histórico a escala mundial al
Liberalismo,
que fue una corriente dominante en el pensamiento
inglés
y francés del siglo xviii. Inicialmente se
manifestó contra toda forma de dominación del
Estado sobre
los individuos. Es este el tipo más antiguo de
liberalismo, que designaba más el respeto a la
libre empresa que el
progreso universal y que no estaba asociado necesariamente con el
pensamiento democrático. Para la escuela liberal
clásica, la conciliación entre los intereses
individuales y el interés
general es automática. El Estado y
los grupos privados
no deben entorpecer con su intervención este libre
juego
benéfico de la concurrencia entre los individuos. El
liberalismo moderno es sobre todo político, tanto en sus
motivaciones como en su expresión en la acción
partidista. Este liberalismo intenta, por una parte, poner al
individuo al abrigo de los poderes públicos, y por otra
preservar las libertades políticas
y la libertad de
pensamiento.
Alcanzó su momento de mayor esplendor durante la
Revolución
Francesa (1789). Como señalan Avdakov, Poliansky y. o.
(1965: 278-283) la Revolución
Francesa tuvo por fruto inmediato el derrumbamiento del
régimen feudal francés, lo cual tuvo repercusiones
históricas en toda Europa. Sin
embargo, este proceso no fue
llano para su desarrollo.
Los autores citados informan que algunas reivindicaciones del
liberalismo económico representaron un papel positivo
en el desarrollo de la revolución. Por ejemplo, en 1791,
sendos decretos de la Asamblea constituyente abolieron la
reglamentación gubernamental del trabajo en la industria y
declararon suprimidos los gremios. En abril del mismo año
se proclamó la libertad de comercio.
Salta a la vista la índole progresiva de tales medidas.
Pero la propia burguesía fue inconsecuente en la
realización de estos principios. En
particular, las tarifas aduaneras decretadas en marzo de 1791
resultaron ser, en buena parte, proteccionistas. Respecto a los
obreros, la burguesía no deseaba aplicar los principios
del liberalismo económico, por considerarlos peligrosos
para los intereses de su clase. Por ello, una
reglamentación posterior manada de la Asamblea
constituyente prohibió las asociaciones obreras y las
huelgas.
El liberalismo se desarrolló en medio de sus
propias contradicciones. Donde fue implementado chocó con
la resistencia y la
rebeldía de algunos sectores. En Bolivia no
puede hablarse de la existencia de un liberalismo en sentido
estricto, aunque sí se puede hacer referencia a los
efectos directos e indirectos sobre la economía nacional,
así como la participación política de los
propugnadores del liberalismo en Bolivia. Herbert S. Klein
(1999:169-180) comenta sobre el particular lo
siguiente:
"Para un economista, Bolivia era un ejemplo
clásico de economía abierta. Como el núcleo
principal de su poder interno
de compra procedía del sector minero de vanguardia,
era muy vulnerable a los altibajos en los precios de sus
exportaciones
fundamentales. Además, hasta la segunda mitad del siglo
xx, incluso en el sector minero, se trató de una
economía dominada por un solo mineral. Hasta 1900 este
mineral fue la plata y a partir de entonces y hasta fechas muy
recientes, el estaño. La fluctuación, por tanto, en
los precios mundiales repercutía directa e inmediatamente
en la economía local. Las élites regionales
podían desaparecer de la noche a la mañana como
efecto de los cambios bruscos en los precios internacionales, lo
que daba lugar al desbarajuste de los mismos cimientos de la
élite gobernante […] A pesar del crecimiento del nuevo
sector exportador, de la expansión de la nueva
élite blanca y de los cholos y de la caída masiva
en la propiedad
india de
la tierra en
el campo, Bolivia seguía presentando un aspecto
sorprendentemente tradicional en sus rasgos sociales. Por
consiguiente, los liberales no se sintieron apremiados a
preocuparse por los graves problemas
clasistas y étnicos que agrietaban su sociedad
multinacional. No sólo esto, los liberales demostraron
incluso mayor agresividad contra las comunidades que sus
antecesores conservadores, llegando a desarmar y destruir a los
indios que les habían prestado su colaboración e la
revuelta de 1899; también se justificaron ante las mismas
élites mineras prosiguiendo el poderoso apoyo
gubernamental al sector minero […] Una vez en el poder, los
liberales adoptaron prácticamente las posiciones de los
conservadores, hasta entonces denostados. Abandonaron por
completo la ideología federalista; crearon un
régimen centralista en La Paz. Obsesionados por la idea
fija de terminar la red ferroviaria y de
modernizar las ciudades, no tuvieron reparo en desprenderse en
partes considerables del territorio nacional y de posiciones
internacionales, política que dejó a Bolivia
totalmente privada de su acceso al mar y con unas deudas
cuantiosas […] El primer régimen liberal estuvo
encabezado por el general José Manuel Pando, el gran
líder
del partido en sus años de oposición. Los hombres
que le siguieron fueron mucho más pragmáticos y
exclusivamente interesados en el poder. El más prominente
de estos nuevos hombres fue Ismael Montes, el segundo presidente
del período liberal. Durante su gobierno pudo
ampliarse considerablemente la burocracia
estatal, medio que también aprovechó para comprar a
toda posible oposición. Además, la nueva era
liberal también compensó efectivamente a la
élite nacional con un programa masivo
de obras públicas."
Así, vemos cómo en los hechos el
liberalismo en Bolivia fue aplicado de manera incompleta, con el
añadido de que no modificó sustancialmente la
política
económica imperante hasta entonces y la propia
política interior no había sido sustituida,
habiéndose agudizado, por el contrario, la
explotación y marginación de las masas indias del
país.
Una nueva versión del liberalismo, el
Neoliberalismo, que es el tema principal de la presente investigación, surge en Bolivia motivada
por factores externos antes que internos. Se plasma en forma de
política estatal por medio de la promulgación del
D.S. 21060 de 29 de agosto de 1985. Álvaro García
L. (1999: 21) comenta al respecto lo siguiente: "Si bien es
cierto que una referencia ineludible para ubicar
históricamente los cambios [en el país] es el D.S.
21060, en los hechos esto solo toma en cuenta aspectos
jurídicos de una intencionalidad gubernamental mucho
más vasta; se trata entonces de la representación
epidérmica de unos hechos sociales más vigorosos
que es necesario rastrear a fin de eludir la tentación de
invisibilizar unos furores sociales desencadenados o coaccionados
a lo largo de estas décadas y que son el fondo profundo y
verdadero de los sordos cataclismos sociales que han dado lugar a
esta nueva fisonomía económica y política
del país".
Al momento de su implementación, el país
vivía un desorden producto de
diversos factores que ocasionaron la renuncia del entonces
presidente de la República, Dr. Hernán Siles Zuazo.
Entre dichos factores conviene resaltar la economía en
ruinas que de los sucesivos regímenes militares
subversivos había heredado la UDP. Siles, en los hechos,
demostró ser un administrador
incompetente y pobre negociador político. A los pocos
meses de su elección ya se había enajenado el apoyo
del MIR y de sus demás aliados principales demostrando su
incapacidad para controlar una economía en grave
bancarrota. La combinación de estos factores
destruyó la credibilidad en su régimen.
Ante este panorama crítico, el Congreso de la
Nación,
previa renuncia muy bien disimulada de Siles, convocó a
elecciones generales en 1985, de las cuales salió como
ganador relativo el Gral. (r) Hugo Banzer S. (29%), quien no
obstante su triunfo no contaba con el apoyo suficiente en el
Congreso. Así, fruto de una maniobra política, el
Dr. Víctor Paz E. fue elegido en esa segunda instancia
como presidente de Bolivia. Echando por la borda posiciones
tradicionales, aceptando reformas radicales, sin contemplaciones
y rápido en sus reacciones políticas, no
tardó en conducir la vida nacional de una manera que
recordaba su primer período presidencial. Sin duda su acto
más impresionante fue su llamado Nuevo Plan
Económico (NPE). Haciendo suyas muchas de las propuestas
de la ADN e incluso
firmando un pacto oficioso con ella, Paz Estensoro impuso un
programa económico, a la vez tradicional en su estructura y
extraordinario en su contexto.
Así pues, y para sorpresa general, Paz Estensoro
adoptaría los principios del liberalismo económico
y rechazaría la ideología del nacionalismo
económico y del capitalismo de
Estado en cuya implantación en la Bolivia
contemporánea había jugado un papel fundamental.
Las razones para este rechazo eran de doble tipo: por un lado,
los efectos que por segunda vez la hiperinflación dejaba
sentir en la historia moderna boliviana,
crisis que
prácticamente aniquilaba el funcionamiento de la
economía nacional; por otro, el derrumbe total del costoso
sistema de la
minería
estatal, basado en una industria del estaño que agonizaba
rápidamente. Estos dos hechos inesquivables significaban
que se debía adoptar una solución radical. Con el
asesoramiento de expertos extranjeros y entidades
internacionales, en cosa de pocos meses Paz Estensoro
llevó a cabo un clásico shock económico
tradicional de manual de
política económica conservadora. Se cambió
la denominación de la moneda de "peso boliviano" ($bs) a
Boliviano (Bs); se implantó un tipo de cambio
flotante, uniforme y libre; se eliminaron todos los controles de
precios y de salarios,
subieron considerablemente los precios del sector
público, se redujo drásticamente el gasto
público, disminuyeron los salarios reales de los
empleados públicos y se suspendió temporalmente el
pago de la deuda externa de
Bolivia. En el sentido histórico de la aplicación
del modelo
neoliberal, estos son los momentos y los hechos más
significativos. Las características esenciales del modelo
serán desarrolladas en el siguiente
subtítulo.
Los resultados de la implementación de esta
política gubernamental son verificables hoy, a quince
años de promulgado el mencionado decreto. El presente
estudio examinará tales resultados en sus manifestaciones
externas e internas, analizando la incidencia de la tasa de
criminalidad que va en aumento, más en ciudades pobres
como El Alto, donde se pueden observar a simple vista, pero
requieren de un enfoque crítico.
2.1.2 Principales
características
El Neoliberalismo en Bolivia responde, como se
señalaba en el anterior subtítulo, a una corriente
"modernizadora" que proviene del exterior. En realidad, Bolivia
se correspondió siempre con las características
socioeconómicas y políticas imperantes en el globo,
tomando en cuenta su condición de sociedad dependiente y
atrasada. En este subtítulo se analizará brevemente
las principales características, algunas de ellas
señaladas en el anterior subtítulo, del
Neoliberalismo.
Esta es una de las premisas del sistema
ideológico liberal. La frase "Dejar hacer y dejar pasar"
puede resumir este cuadro. Las barreras que se oponen a esta
libertad tienen que ver sobre todo con el perjuicio a la sociedad
que puede manar de un acto individual. La tesis
fundamental es la posibilidad que tiene el individuo de
desarrollar sus aptitudes. Sin embargo, esta aseveración,
bella en el verso, se halla limitada por la inexistente libertad
económica, lo cual significa que la propiedad sobre los
medios de
producción determina que solo ciertos
sectores privilegiados tengan acceso a la realización de
sus potencialidades.
b) La igualdad entre
individuos
Este postulado no siempre es aplicable. Supuestamente
todos somos iguales ante la ley. Sin embargo,
vemos cómo la aplicación de las leyes tiende a
favorecer a ciertos individuos pertenecientes a las clases
privilegiadas. La corrupción
en la
administración de justicia, en
este sentido, es un mal que atenta el propio principio de
igualdad ante la ley. Un aspecto sin duda relevante es el hecho
de que aunque existe la posibilidad de igualdad ante la ley, esta
igualdad no se reproduce en el ámbito económico. La
propiedad privada de los medios de producción determina
que existan capitalistas y trabajadores asalariados, clases
sociales muy bien definidas y diferenciadas, con lo cual no
se haría efectiva la igualdad económica.
c) Regulación
de los precios por la oferta y la
demanda
Esto implica que el Estado no interviene más en
la fijación de precios. Sin embargo, se reserva el derecho
de evitar comportamientos económicos que promuevan el
retorno a la especulación y la desaparición
artificiosa de productos de
primera necesidad o consumo
básico.
d) Cambio de la
denominación de la moneda
El peso boliviano, moneda oficial hasta 1985,
había sido seriamente castigada por la
hiperinflación (período caracterizado por el
ocultamiento, el agio y la especulación de productos de
consumo básico, habiendo sido frecuentes los denominados
"paquetes económicos" o "paquetazos" que presentaban las
listas de precios que en los hechos no era respetado por el
capitalismo comercial). Se apeló a la emisión de
cheques de
gerencia por
determinados valores en
ausencia de papel moneda. El valor de tales
cheques y los billetes anteriores a éstos llegó a
extremos de pasar los mil pesos bolivianos hasta los diez
millones de pesos bolivianos. Irónicamente, se
llegó a afirmar que vivíamos en un país de
"mendigos millonarios". A partir del año 1985, la
denominación de la nueva moneda, el boliviano,
estableció que un millón de pesos bolivianos
equivaldrían al nuevo "un boliviano", y sus
múltiplos y submúltiplos equivaldrían en sus
correspondientes escalas.
El tipo de cambio del dólar estadounidense, una
vez eliminada la "desdolarización" del período
anterior, fue dejada a la libertad de las fuerzas del mercado. Desde
entonces, el tipo de cambio sufrió favoreció
siempre al dólar, en una paulatina nueva devaluación de la moneda
boliviana.
La parte patronal es libre de efectuar el tipo de
contrato que
más convenga a sus intereses. Los beneficios sociales son
hechos a un lado a favor de la ganancia capitalista. El D.S.
21060, en su Art. 56 establece:
"Se establece transitoriamente el Beneficio de
Relocalización, para la defensa y racionalización
del empleo, que
regirá tanto para el sector público como para el
privado".
g) Reducción
del gasto público
Las inversiones
sociales dejan de ser primordiales. Solo la educación
(fundamentalmente la primaria) y en segundo grado la salud continúan
siendo atendidas por los fondos públicos.
h) Limitación
del papel del Estado
El estado ya no es más proveedor de fuentes de
trabajo. Deja de existir el Estado capitalista. Su función
principal es garantizar las garantías
individuales; ya no es intervensionista.
2.1.3 El
neoliberalismo como doctrina y praxis
Esta doctrina fue implementada tanto en Francia como
en Inglaterra,
aunque no íntegramente, como observa Guillermo Bedregal
(1994: 147). En el resto del mundo la situación fue
similar, aunque cabe destacar que la difusión de la
doctrina favoreció siempre a la burguesía de las
naciones y creó, paralelamente, la dependencia de unos
estados con respecto a otros. Eduardo Galeano, en su ensayo Las
venas abiertas de América
Latina plantea la definición de la división de
clases en el ámbito internacional denominando
Metrópoli a las sociedades
industriales y Periferia a las sociedades proveedoras de materia prima
y consumidoras de productos acabados, como el caso de Bolivia. En
este ensayo, el autor uruguayo demuestra que el liberalismo,
donde fue aplicado, tendió siempre a favorecer a una
determinada clase dominante, y en el caso particular de América
Latina a un sector parasitario de latifundistas y
burócratas en desmedro de los marginales y cuya
contribución final fue el desarrollo de las industrias de las
sociedades dominantes.
Para explicar la doctrina y praxis del neoliberalismo,
es necesario retomar el análisis del liberalismo instaurado en el
país en décadas pasadas. Antes, sin embargo, es
necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones que
señalan que en el país nunca hubo una
aplicación efectiva del liberalismo (Bedregal, 1994), por
lo cual hablar de neoliberalismo sería
antihistórico. Sin embargo, al observar que la
denominación se hizo frecuente en diversos círculos
de discusión, continuaremos haciendo uso del
término "Neoliberalismo" y todas las voces derivadas de
ésta, como "neoliberal". Durante el régimen liberal
que se instauró en el país, como señala
Herbert Klein (Ob. Cit.: 177), la política se tradujo en
"la defensa del libre comercio,
tributación mínima de la minería y de las
élites terrateniente y adinerada, subvención
gubernamental de la construcción de ferrocarriles. Incluso
dentro de su propiedad ideológica política, los
liberales no se mostraron más liberales que sus
predecesores. Al igual que los conservadores antes de ellos, este
nuevo cenáculo de dirigentes políticos
también se negó a ceder el sillón
presidencial a sus opositores; a pesar del tremendo crecimiento
de la economía nacional, el gobierno seguía
constituyendo una fuente importante de empleo y el presidente era
el principal garante de ese empleo".
En la actualidad, vemos que el neoliberalismo obedece,
aunque no del todo, a los postulados señalados en el
subtítulo anterior (v. 1.2.1 a 1.2.8) que vienen a
conformar la doctrina de libertad del individuo, fundada en el
Racionalismo y
la Reforma europeos.
El sentido histórico del liberalismo se debe a la
liberación de las fuerzas productivas. El neoliberalismo,
por su parte, solo vino a confirmar la doctrina. Por los medios
que emplea el liberalismo en la procura de alcanzar el bienestar,
es fácil advertir el carácter
clasista del mismo. Bedregal (Ob. Cit.: 157-158) sostiene, en
defensa del liberalismo (y por ende del neoliberalismo) que "el
factor global del desarrollo industrial en las sociedades
avanzadas provoca elementos de dependencia y dominación
que trascienden radicalmente la visión individualista y
personal de la
axiología liberal".
En lo referente a la praxis, vemos cómo la
implementación de esta política gubernamental
socava los cimientos en que vivían, incluso durante la
etapa anterior a 1952, las naciones originarias: la comunidad, con
sus sistemas
tradicionales de reciprocidad y solidaridad. Se
gesta una progresiva ruptura de los vínculos
socioeconómicos que se sustentaban en la
explotación de la tierra por
medio de la neomercantilización de ésta (Ley INRA).
Los sindicatos
fueron erradicados de las pequeñas y medianas empresas, tal
como veremos en el subtítulo 2 de este capítulo. La
fragmentación de la gran empresa posibilitó este
proceso de reconversión laboral y
domesticación del obrero.
2.2 Seguridad
Ciudadana
Sería fácil confundir el concepto de
Seguridad Ciudadana con la idea de proporcionar resguardo
físico o solo seguridad material a favor de un ciudadano.
Aunque éstos son elementos básicos del concepto
global de Seguridad Ciudadana, es necesario enmarcarlos en su
justa dimensión: solo dos elementos más de la
Seguridad Ciudadana entendida como una visión integral de
bienestar físico, material y anímico del
ciudadano.
Con la finalidad de tener una visión
esclarecedora de lo que es y cómo se debe entender la
Seguridad Ciudadana, retomamos el punto de vista de Edgar
Montaño (1997: 28) quien afirma: "Debe entenderse por
seguridad ciudadana, la capacidad del Estado de proporcionar a
estantes y habitantes de un territorio, niveles económicos
satisfactorios, confianza en la justicia, instituciones
con sólidas bases democráticas, libertad de
conciencia y
religión,
de tal manera que los ciudadanos vivan en una sociedad y un
sistema que les otorgue garantías y seguridad. Y no de una
subsistencia precaria como sucede en la mayor parte de los
países no industrializados, sino de una gama de
oportunidades como las mencionadas; muchas de ellas son
consubstanciales con una inexistencia digna, de plena confianza
en la justicia, en libertad de derecho a la vida, a la salud y a
un desarrollo
humano edificante".
Como vemos, se puede diferenciar al menos los siguientes
elementos de discusión para la comprensión de la
Seguridad Ciudadana: resguardo físico, seguridad material,
proporción de seguridad económica, confianza en la
justicia, instituciones democráticas y libertad de
religión. A continuación, desarrollamos estos
puntos, procurando definirlos de la manera más
precisa.
Es la protección que ofrecen las fuerzas del
orden a la ciudadanía. Sin embargo, observamos que para un
adecuado resguardo físico no basta con las rondas
policiales de patrullaje. Como es de público conocimiento,
existen zonas que no cuentan con iluminación pública, lo cual hace
que los habitantes se desenvuelvan con cierta inseguridad,
especialmente en altas horas de la noche. Esto nos demuestra que
para un buen resguardo físico es necesaria la
participación de todas las instituciones (Gobierno
central, Gobierno Municipal, Policía Nacional, etc.) El
Código
Penal, en su libro iii,
títulos v, viii y xi establece sanciones para quienes
atentan contra la seguridad física de las
personas.
Puede entenderse seguridad material como las
garantías institucionales para la preservación de
los bienes
materiales que
posea un individuo o una colectividad. El Código Penal, en
su libro ii, Título xii establece las sanciones para
quienes cometen delitos contra la
propiedad privada.
La seguridad económica es el resguardo que ofrece
el Estado boliviano para la correcta explotación de los
Recursos
Naturales y el buen desarrollo de los Recursos
Humanos. La Constitución Política del Estado
(art. 133) de manera concreta esta afirmación en estos
términos: "El régimen económico
propenderá al fortalecimiento de la independencia
nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el
aprovechamiento de los recursos
naturales y humanos en resguardo del Estado y en procura del
bienestar del pueblo boliviano".
Esta confianza puede ser entendida como la fe del
ciudadano en el Poder Judicial,
es decir, en la justicia administrada por los jueces: una
justicia justa con una administración transparente y
creíble. Sin embargo, las acciones y
denuncias de la existencia de jueces designados por favoritismo o
prebendalismo merman sensiblemente esta confianza en la
justicia.
En un Estado de Derecho
se proporciona diferentes instituciones como ser el Defensor del
Pueblo, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos,
etc. Estas instituciones son garantías para el ciudadano,
los cuales deben ser no solo respetados y promovidos, sino
también ejercidos. La misión de
estas instituciones, que en ocasiones se ve entorpecida por una
serie de factores, es justamente velar por que los derechos de los individuos
sean ejercidos sin interferencia de los entes
estatales.
Es la posibilidad de ejercer el derecho a la
disconformidad con el orden establecido mediante los actos
reconocidos por ley. Cabe recordar que esta libertad tiene sus
límites. El exceso en que eventualmente se
incurre puede ser considerado delito, y por lo
tanto sancionado por las disposiciones legales en vigencia. El
Código Penal, en sus artículos 109, 121, 123,
124-129, establece las sanciones específicas contra este
tipo de delitos.
El ejercicio irrestricto de la voluntad en cada persona de
pertenecer a cualesquier religión. Si bien el Estado
reconoce (Art. 3 CPE) la religión católica como
oficial, también garantiza el ejercicio público de
cualquier otro culto. Esto, sin embargo, también debe ser
regulado, ya que es frecuente ver embaucadores que aprovechan la
ingenuidad de la población iletrada para engañarlos y
exaccionar dinero con el
argumento de "la salvación de almas".
2.2.2 Principios de
la Seguridad Ciudadana
Los principios que sustentan la Seguridad Ciudadana
son:
Responsabilidad. Es el primer principio de la
seguridad ciudadana como la Obligación de responder por
las consecuencias de las propias acciones, o de los otros. La
responsabilidad de la Seguridad Ciudadana es tarea
de todos, como un conjunto de responsabilidades compartidas que
logren disminuir la inseguridad en todos los aspectos de la vida
cotidiana. El ciudadano común tiene una concepción
simple sobre la seguridad y se define en la certeza de no ser
robado, atracado, que sus bienes se mantengan inalterables, y que
se pueda gozar de libertad sin ser engañado. Así de
sencilla es la concepción del ciudadano, que ha delegado
toda la responsabilidad en la Policía y no reconoce su
responsabilidad en la prevención de la
inseguridad.
Interacción. Las tareas conjuntas en
seguridad, emprendidas por la comunidad y la Policía
Nacional, forman parte de una cultura de
seguridad que todo el pueblo debe tener y practicar como acciones
compartidas para una mejor convivencia ciudadana.
Participación comunitaria. La
Policía Nacional es parte integral de la comunidad y le
corresponde asegurar la tranquilidad y convivencia
pacífica, pero es una tarea conjunta con la misma
comunidad. Si los factores de riesgo son
minimizados la tarea de la Policía será mucho
más efectiva y de mayor calidad.
Convivencia. La Seguridad Ciudadana promueve el
buen ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano, la
práctica respetuosa de los derechos ajenos. Colabora con
las iniciativas de la comunidad, es solidario con el bien
común, conservador del medio
ambiente. Para este propósito la seguridad ciudadana
es la conciencia de la importancia de vivir con solidaridad como
miembro de la comunidad, capaz de actuar por el interés
común para mejorar que las impuestas
legalmente.
Podemos concluir, entonces, que Seguridad Ciudadana es
aquel ambiente de
convivencia social, alcanzado sobre la base de la
interacción policía – comunidad, donde las
personas en cumplimiento de sus deberes y ejercicio de sus
derechos fundamentales, pueden realizar sus actividades
lícitas en un clima de paz,
tranquilidad, respeto y confianza, dignidad y libertad
inviolables.
2.3.1
Conceptualización de la Inseguridad
Ciudadana
Si bien la Seguridad Ciudadana puede ser comprendida
como se indicaba en el punto 2.1 (2.1.1 a 2.1.6) la Inseguridad
Ciudadana puede ser entendida como la suma de los factores que
impiden a una sociedad desarrollarse en armonía y
tranquilidad. Entre dichos factores pueden citarse los
políticos, económicos y sociales. Sin embargo, esta
clasificación corresponde solo a fines de organización de este documento, ya que los
elementos que corresponden a cada categoría se entrelazan
y motivan la aparición de otros factores en una distinta
categoría, como por ejemplo la pobreza
(factor económico) deriva en el acceso diferenciado a la
educación
superior (factor social).
2.3.2 Factores que
generan Inseguridad Ciudadana
a.1 Falta de
coordinación interinstitucional
La coordinación interinstitucional puede ser
identificada como el mecanismo necesario para la toma de acciones
efectivas. La falta de dicha coordinación trae como
consecuencia la ineficacia de las acciones. Por esta
razón, el gobierno, a través de sus reparticiones
correspondientes, debe asegurar una adecuada coordinación
interinstitucional, con el fin de efectivizar las acciones
pertinentes para asegurar la Seguridad Ciudadana.
Son aquellos movimientos focalizados o masivos cuyo fin
es desestabilizar el orden instituido. Sus métodos
varían y también su perspectiva ideológica y
política. Sin embargo, el elemento común a todos
estos movimientos es el descontento con la situación en
que se desarrolla determinada sociedad, en este caso la
boliviana.
Eventualmente resultado del factor mencionado en el
inciso anterior, las actividades terroristas pueden ser definidas
como el conjunto de acciones destinadas a sembrar el temor en la
ciudadanía, y puede ser producto de la acción de
grupos antigubernamentales o bien del propio gobierno, que
eventualmente utiliza este tipo de acciones encubiertas con la
final de desestabilizar o descabezar ciertos movimientos
populares reivindicativos.
a.4 Lucha
política de intereses
En el decenio anterior existía una pugna casi
constante entre gobierno y dirigencia sindical en torno a temas
conflictivos como el alza de los productos de consumo
básico o el acceso a determinados beneficios sociales. En
la actualidad, sin embargo, esta lucha se ve circunscrita al tema
salarial, y los actores de ahora (principalmente el magisterio)
reemplazaron a los de ayer (mineros). Otros sectores (como los
gremiales y campesinos) también hicieron su
aparición en el escenario político con
reivindicaciones propias de su sector (pago de impuestos o
erradicación de cocales). Estos actores involucran una
lucha política de intereses y su acción,
generalmente en las calles de las principales ciudades del
país, inciden en el riesgo físico de
transeúntes ajenos al problema y la inestabilidad
emocional que se puede provocar en éstos.
a.5 Movimiento
político sindical
Este factor, íntimamente ligado con el anterior,
se traduce en la filiación ideológica de sectores
sindicales, los cuales, al responder a un interés
político partidista, tienden a desestabilizar la
tranquilidad que eventualmente puede alcanzar la
sociedad.
La sociedad boliviana, vistas sus características
y analizando sus elementos, aún no se halla madura para
desenvolverse en un régimen democrático, tomando en
cuenta que tanto gobernantes como gobernados hacen un uso no
idóneo de sus atribuciones y facultades, incurriendo a
menudo los primeros en actos de corrupción y los segundos
en desacato a las normas legales en
vigencia.
Estos factores son todos aquellos relacionados con las
actividades de producción, circulación y consumo de
productos, así como la distribución del excedente generado por
este proceso. Se puede mencionar, entre otros, los siguientes
factores:
b.1 Elevación
del costo de
vida
Diferentes artículos de consumo básico
(alimentos y
vestimenta) así como servicios
básicos (agua, luz, telefonía) y complementarios inciden en un
progresivo deterioro del poder adquisitivo para la mayoría
de la población. En el caso de los productos
agrícolas, sin embargo, existe la paradoja de que la
elevación de precios no siempre beneficia al productor,
sino principalmente a los intermediarios que ofrecen el producto
al consumidor final.
Las condiciones de una sociedad de consumo pero poco
desarrollada, así como la dependencia de tecnología resultante
de este hecho, provoca que se agudice la marginación
social de sectores mayoritarios de la población
boliviana.
La insatisfacción de las necesidades
básicas de la población tiene por consecuencia la
pobreza de
sectores cada vez mayores. Los cinturones de marginalidad de
las grandes ciudades se extienden producto de la creciente
migración campo – ciudad. Este
fenómeno puede apreciarse con mayor claridad en la ciudad
de El Alto, la más joven y pobre del
país.
Además, compete tomar en cuenta los puntos de
vista del Dr. Ramiro Otero Lugones en torno al hecho de que la
pobreza puede inducir a creer en la subversión, ya que,
como señala el entrevistado, "en Bolivia existe una crisis
política que puede derivar en una crisis revolucionaria,
abriendo el camino para una acción insurreccional,
subversiva, guerrillerista". Sin embargo, los actores de tal
probable proceso no serían los identificados en anteriores
actos subversivos (tales como el CNPZ, el EGTK u otros) ya que,
como lo declaran sus propios miembros actualmente detenidos,
"pese a que en Bolivia están dadas las condiciones para un
movimiento armado, ya no existen hombres y mujeres con
ideología propia para hacer una revolución". La
posible aparición de nuevos frentes guerrilleros y
subversivos debe ser tomada en cuenta a partir de los indicadores de
pobreza existentes en el país, y muy particularmente en El
Alto, ciudad caracterizada por la pobreza galopante de sus
habitantes, rebajados en la actualidad a la categoría de
ciudadanos de segunda.
b.3 Desempleo y
subempleo
Como consecuencia a largo plazo de la aplicación
del D.S. 21060 se dio el incremento del desempleo y subempleo,
modalidad esta última que reviste diferentes formas de
presentación. Tal como lo señala Álvaro
García (Ob. Cit.: 115-137) existen variadas formas de
explotación que permiten al sector patronal contar con un
número importante de empleados y obreros, pero evitando la
amenaza del sindicato, la
carga de los beneficios legales exigidos por ley y el
debilitamiento organizacional de los trabajadores.
Los factores antes citados son la causa y efecto de la
crisis económica. Ésta se presenta por medio de los
indicadores clásicos de la pobreza: niveles
críticos de subsistencia para sectores mayoritarios
(mendicidad), acceso diferenciado y restringido a los servicios
básicos, educación y salud
(los cuales serán expuestos en el siguiente
subtítulo), etc.
Son aquellos que tienen una permanencia mayor en el
tiempo, es
decir, que sus consecuencias no son inmediatas, pero que provocan
un menor grado de desarrollo conjunto. Entre estos se
destacan:
El abandono por parte del gobierno, el propio descuido
de los campesinos y las condiciones climáticas adversas en
el área rural ocasionan el incremento en el flujo
migratorio campo – ciudad. Las condiciones hostiles que el
migrante halla en la urbe, la falta de oportunidades y el acceso
diferenciado a los servicios públicos, constituyen un
factor de riesgo potencial para la tranquilidad y seguridad
ciudadana. La ciudad de El Alto, por sus características
culturales heterogéneas y la pobreza extrema que debe
soportar la mayoría de sus habitantes, constituye un
potencial polvorín de reacción. Este aspecto
será analizado en mayor detalle en capítulos
posteriores.
La llegada y permanencia de súbditos extranjeros
en el país sin contar con la debida documentación constituye un factor de
riesgo, por cuanto no se cuenta con un control sobre
éstos. Eventualmente se sabe de bandas de atracadores
compuestas por ciudadanos foráneos y que cuentan con
sistemas diferentes de organización y manejo de
tecnología de punta, elementos ante los cuales la
Policía Nacional no se halla capacitada para
enfrentar.
c.3 Conflictos
sociales
Surgen como una manifestación de los problemas
sin resolver. En nuestro medio están frecuentemente
relacionados con el alza de tarifas, el descuido de las
autoridades locales o nacionales, el recorte presupuestario a los
sectores de salud y educación, el abuso de los organismos
estatales de orden y seguridad, etc.
En este punto, conviene aclarar que no todos los grupos
constituyen un factor de inseguridad ciudadana, ya que algunos se
dedican solo a actividades deportivas, musicales,
artísticas o de otro tipo que no representen una amenaza
para la tranquilidad. Sin embargo, existen otros grupos que se
forman alrededor de un líder belicoso, que disputan el
dominio de
territorios urbanos con otros grupos y en tal afán
incurren en actos de violencia, o
bien ejercen atracos planificados aprovechando la oscuridad y la
falta de vigilancia policial en diferentes zonas de la ciudad de
El Alto. Este aspecto se ve seriamente impulsado por el libre e
irrestricto consumo de bebidas alcohólicas y
estupefacientes, de los cuales derivan otros actos tipificados
como delitos. La Policía Técnica Judicial (PTJ)
informa la existencia de más de 200 pandillas juveniles en
esta ciudad (El Diario, 10 de agosto de 2000).
c.5 Acceso
diferencial a la educación
En el país existe un elevado índice de
analfabetismo
y personas con educación incompleta frente a una escasa
cantidad de profesionales. Ello se debe a las profundas
diferencias entre sectores de la población que acceden a
la educación formal. Uno de los aspectos más
importantes, que paulatinamente se va modificando, es el acceso
negado a la población femenina. Afortunadamente, este
hecho que era bastante frecuente, sobre todo en el área
rural, va cambiando. Por otra parte, la expulsión del
sistema educativo de los estudiantes, principalmente por razones
económicas, incide en el hecho de que la situación
tienda a reproducirse, es decir, que los analfabetos o poco
letrados de hoy puedan engendrar hijos que repitan la
situación y vivencias de sus padres, como ya sucede en la
actualidad. Es bien sabido que el
conocimiento es una posibilidad para mejorar el nivel de vida
de los individuos, pero, por los diversos factores que se cita en
este capítulo, la educación continúa siendo
un privilegio de pocos y anhelo de muchos.
La precariedad en que muchos hogares de la ciudad de El
Alto deben desarrollar sus actividades, incide en un desarrollo
humano con profundas desigualdades. Casas con paredes de adobe,
techo de lata (ni siquiera de calamina), chiqueros urbanos y
otros detalles, inciden en una pobre imagen y por lo
tanto la baja autoestima de
los pobladores de las diferentes zonas. Esto, paulatinamente,
genera actos de tensión entre los marginados y los
privilegiados.
c.7 Delincuencia y
crimen organizado
Como efecto de todos los factores antes citados, la
delincuencia se presenta en escala ascendente. En ocasiones,
incluso, rebasa las posibilidades y la disponibilidad de medios
de la institución del orden. Los delitos concretos
generados por los factores de riesgo serán expuestos y
analizados en el Capítulo vi (subtítulo 6.1),
así como el grado de organización con que cuentan
algunos de estos grupos irregulares.
Todos los factores pueden ser determinantes de la
inseguridad cuando son causa de la inconducta ciudadana
destacándose los factores facilitadores y aceleradores de
la delincuencia e inseguridad, mismos que serán expuestos
en el subtítulo 6.2 – Causas facilitadoras y
factores aceleradores.
El narcotráfico se presenta como un
fenómeno tanto social como económico.
Particularmente desarrollado por la expulsión de los
obreros mineros al ejército de reserva industrial a
mediados de los 80, y fomentado por los consumidores del
América del Norte y Europa, el narcotráfico
penetró en todo tipo de instituciones y entidades.
Miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los
tres poderes del Estado, junto a mulas y los canales de
distribución urbanos, tejen todos una intrincada red
de conexiones y protección a esta actividad delictiva y
altamente riesgosa para la salud y la integridad física y
moral de los
seres humanos.
c.9 Violencia
intrafamiliar o doméstica
Consideramos éste otro factor de importancia, ya
que la consecuencia previsible de la violencia
familiar (por diversos motivos, prevaleciendo el
económico) es la desintegración familiar. De
ésta deriva, casi inevitablemente, la delincuencia
juvenil e infantil.
BREVE ANÁLISIS CRÍTICO DE LA
SOCIEDAD BOLIVIANA
El propósito del presente capítulo es
describir brevemente las características de Bolivia en la
actualidad, lo cual es el resultado de un proceso
histórico peculiar. Para ello, se acudió a la
revisión de fuentes documentales, acompañando dicha
revisión de comentarios críticos en torno a los
diversos aspectos que se discuten.
3.1 La sociedad
boliviana: principales características
No es sencillo hablar de "sociedad boliviana" sin entrar
en una presunción epistemológica. No se lo puede
hacer enfocando a ésta como una totalidad
monolítica. Existen, a simple vista, diferencias
fundamentales entre el estilo de vida urbana y el rural, entre
los hábitos culturales de occidente y del trópico,
así como diferencias étnicas, en cuanto a la
cosmovisión, y todo lo que impide un análisis
único. De hecho, por ejemplo, la región tropical
del país apenas es "descubierta" por la Bolivia oficial
durante el siglo que agoniza (KLEIN, Herbert: 1999) producto de
la vertebración caminera impulsada sobre todo durante el
septenato banzerista, el cual impulsó el desarrollo de la
ciudad de Santa Cruz, que en un período relativamente
breve alcanzó una importancia significativa en la
economía boliviana.
A lo largo de la historia republicana el territorio de
Bolivia tuvo un desarrollo desproporcionado. La baja densidad
poblacional contribuyó a este hecho, lo mismo que las
políticas gubernamentales, así como otros factores
que analizaremos en el presente y posteriores capítulos.
El sector rural, que recibió un impulso discreto
después de la promulgación de la Ley de Reforma
Agraria (1953) no sufrió modificaciones sustanciales,
habiéndose producido una involución
histórica en el régimen de propiedad de la tierra
(del feudalismo a la
comunidad) no habiendo sido posible la transición a la
economía capitalista de explotación agrícola
(KLEIN, Ob. Cit.: 260). La industrialización en nuestro
medio continúa siendo escasa, aunque esto no implica
aceptar la equívoca creencia de que somos "un país
de comerciantes".
Otro elemento que no debe descuidarse en la presente
investigación es lo concerniente a la raza. La
composición heterogénea en lo que hace a lo
étnico y cultural de Bolivia define lo complejo de un
análisis que, de modo concreto, no
se podría llevar a buen término en unas cuantas
páginas. De todos modos, se intentará retomar los
elementos principales de este aspecto, con lo cual se
tratará de explicar su importancia. Desde la conquista y
la posterior colonización del territorio andino (Klein,
Ob. Cit.; Wachtel, 1971; Galeano, 1989; Arguedas, 1979) los
indios o nativos que habitaban estas tierras sufrieron una
desestructuración de sus sistemas políticos,
económicos y sociales, lo cual se vio agudizado con el uso
que la colonia hizo de las instituciones nativas como el mitanaje
y el yanaconazgo, mismas que sufrieron una distorsión con
el transcurso de los años y los siglos que duró
este período histórico. Los nativos fueron un
elemento vital en la explotación agrícola y la
minería de la plata en el occidente del Alto Perú,
lo mismo que en los domicilios urbanos, donde las mujeres nativas
eran obligadas a prestar servicio
doméstico a cambio solo de migajas y un rincón
junto a los animales donde
dormir (GILL, Lesley: 1995).
La República no representó, en los hechos,
la liberación de las cadenas que llevaban los nativos. El
pongo continuó siendo explotado por el hacendado blanco.
Los nativos del oriente boliviano, que solo pudieron
desarrollarse con la guía de los jesuitas, sufrieron la
persecución y varias matanzas, sin llegar a ser explotados
en la intensidad de sus pares occidentales. Tan solo algunas
etnias, como los chiriguanos o chiquitanos, subsisten hasta hoy,
con sus sistemas de organización que lentamente son
modificados por misiones de la iglesia
protestante, fundamentalmente. Este aspecto podría ser
objeto de algún otro estudio detallado sobre el
particular.
La Reforma Agraria, en los hechos, significó un
salto sin duda importante, pero los sucesos posteriores quebraron
el principio fundamental de desarrollo a partir de la
explotación de la tierra, con lo cual los trabajadores del
agro vieron estancado su desarrollo. Esto significó, con
el transcurso del tiempo, el éxodo del campo a las
ciudades (principalmente las del denominado "eje troncal", siendo
el principal foco receptor la ciudad de Santa Cruz). Este
fenómeno se vio incrementado a partir del año 1985,
aunque el nuevo ingrediente lo constituyen los mal llamados
"relocalizados" de la COMIBOL.
En la ciudad (GILL, Ob. Cit.) los migrantes se enfrentan
con una realidad distinta a la por ellos conocidos hasta
entonces, lo cual no impide, sin embargo, que constituya una suma
de atractivos que los impulsen a desarraigarse, al extremo de
negar abiertamente su origen rural y su pertenencia a un grupo
étnico determinado. Es en el contexto urbano,
fundamentalmente, donde se desarrolla la corrupción, que
en ocasiones deriva en una corrupción institucionalizada.
Las consecuencias de estas actividades ilegales derivan en
nefastas consecuencias para la democracia en
el país. Las diferentes denuncias, con hechos comprobados
en muchos casos (Dante Escóbar-FOCSSAP, Germán
Monroy-ex alcalde, Gabriela Candia-ex alcaldesa, José Luis
Lazcano – ex director del FDC, entre otros) dan una pauta
de la corrupción extrema en que se halla envuelta la clase
política.
Según estimaciones del BID, los estados de
América Latina y el Caribe gastan entre el 10% y el 15% de
su Producto Interno
Bruto (pib) en
compras de bienes
y servicios, lo cual hace una cifra de aproximadamente 250
millones de dólares estadounidenses anuales. Pero no
siempre las compras estatales son un beneficio para la comunidad,
y en muchos casos constituyen un negocio privado para
funcionarios corruptos que rara vez son fiscalizados de manera
conveniente.
Las formas de corrupción individual e
institucionalizada varían entre contratos con
sobreprecios, provisión de servicios públicos con
mala calidad, estipulaciones poco transparentes en pliegos de
licitación, sobornos e ineficiencia, entre otras. Aunque
dicho reporte no efectúa una clasificación por
país, el informe
señala que el BID estima que solo si se eliminaran las
ineficiencias en las compras estatales, que serían la
causa de los sobreprecios de hasta el 20%, América Latina
tendría un ahorro de 50
millones de dólares en su presupuesto.
Precisamente en países como Bolivia, donde una de
las prioridades económicas es bajar el gasto
público, este tipo de ahorro tendría un triple y
benéfico aspecto. Por un lado, significaría
controlar mejor las compras, de manera que la calidad de bienes y
servicios que se incorporen estén de acuerdo con lo que
demanda la
sociedad. Por otro, evitaría recortes con fuerte impacto
social, como los que se aplican sobre los salarios de los
trabajadores estatales. Finalmente, está el beneficio del
ahorro en sí mismo, con cuyos recursos se puede mejorar
otras prestaciones
públicas.
Considerando el nulo costo político que
tendrían correcciones de este tipo, no se comprende bien
por qué no se aplican. Pero la clave, como siempre,
está en el rédito personal que tienen muchos
funcionarios con este sistema, la costumbre de pagar favores
desde el poder y hasta el financiamiento
poco claro de los partidos
políticos en algunos países como el nuestro. El
informe que se comenta aquí observa el hecho de que la
corrupción no es perceptible cuando el país crece y
todo va bien, como no se la veía cuando estaba presente en
el tendido de los ferrocarriles en los Estados Unidos,
durante el siglo pasado, cuando hubo sobornos y presiones sobre
los propietarios de tierras.
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