Inglaterra, llamando la atención que ni en Bélgica, ni en
algunos países de América
Latina se le llegó a dar esa característica delictuosa.
Inglaterra, también convirtió en delito la
suspensión brusca del trabajo, cuando el parlamento
dictó las leyes de 1780 y
1799, según las cuales toda unión encaminada a
obtener una mejora en las condiciones de trabajo
constituía una conspiración cuya finalidad era
restringir la libertad de la
industria.
Así, todos los miembros de la unión
incurrían en delito penal. La presión de
los trabajadores organizados y las crecientes contradicciones
entre el capital y el trabajo obligaron al Estado liberal a
intervenir dentro del marco de las relaciones de trabajo,
reconociendo a la huelga como un derecho.
Así que como más que un mero hecho social
precedente y ajeno al derecho, como simple fenómeno en
bruto, la huelga emerge en rigor como un acontecimiento
fáctico, con repercusión legal, del cual se derivan
efectos relevantes que inciden sobre la vida de las relaciones
jurídicas que envuelve. En este sentido, se presenta no
como una figura jurídica, sino sólo como un modo de
gestar condiciones para crear o proteger precisamente derechos.
Sus fines que pueden ser tan diversos y en su caso, tan
complejos, como peculiares sean la situación y los
propósitos que persigan los trabajadores. Lo contrario, o
siquiera la intención de limitar dichos fines fuera de la
voluntad e intereses que persigan los huelguistas, equivale a
transgredir el alcance y real sentido de la autonomía
colectiva de los trabajadores. Y no es válido invocar que
la razón y el Estado de derecho
son la justificación y límite necesario de todas
las pretensiones, porque en verdad se desprende que hay valores y
principios que
son un coto obligado al proceder ordenado del hombre, de
acuerdo con la justicia y el
bienestar general.
Todo hombre tiene el derecho, y en la especie, los
trabajadores, de que se respete su integridad, su existencia y su
dignidad personal y
familiar, con motivo y ocasión de su trabajo. Por lo
mismo, cuenta el trabajador con la potestad de decidir, en
conjunto con sus compañeros, la forma e intensidad de sus
movilizaciones de lucha y resistencia
sindical para enfrentar el abuso del patrón o inclusive
del Estado, cuando desconozcan o violenten su interés
profesional. De esta suerte, es manifiesto que los fines de la
huelga dependen de lo peculiar y cambiante que resulten las
causas que precipiten los conflictos
colectivos y que incidan en una huelga.
Así, después de la sorpresa y contundencia
de las movilizaciones proletarias, la huelga fue contemplada y
regulada jurídicamente, merced a la gran
preocupación de los principales capitales, como un acto
criminal contrario al liberalismo y
a los derechos fundamentales del hombre, particularmente, por lo
que hace a las libertades de comercio,
industria y trabajo.
Dentro de este desarrollo, es
menester precisar que al correr de algunas décadas la
huelga cobró prestigio como figura jurídica,
entendiéndose como una especie de derecho
natural a la abstención del trabajo. Así,
dentro del liberalismo económico clásico y a la
luz del
derecho privado, esta situación fue contemplada como un
claro incumplimiento de la obligación de trabajar,
agravado con el hecho de su determinación colectiva y
solidaria. Mas la proliferación y trascendencia de las
movilizaciones sindicales comprendidas dentro de la acción
directa, dieron pauta a que la huelga fuera por fin aceptada como
un instrumento válido para concertar las condiciones de
trabajo e incluso para alcanzar importantes
reivindicaciones.
Pero por curiosa paradoja, si el 21 de marzo de 1864 con
la ley Waldeck Rousseau se
derogaron en Francia los delitos de
coalición y de huelga, mediante la ley Ollier del 25 de
mayo siguiente se tipificó el delito contra la libertad de
trabajo, que impedía a la coalición huelguista
presionar a los obreros con objeto de que respaldaran la eficacia de la
paralización de las labores.
Tolerados los derechos colectivos del trabajo, en cuanto
expresión de libertad y equivalente al derecho negativo de
no laborar, la huelga ya no fue perseguida penalmente, restando
sometida de esta suerte, al marco civil y de manera
específica al derecho negocial común.
Así se le contempló como una figura
equivalente a la libertad irrestricta de trabajo, disfrutando de
la protección legal contra las amenazas o conductas que
pudieran violentarla.
Entendida como libertad inherente al ser humano, la
huelga llevaría a excluir del ordenamiento jurídico
vigente, medidas destinadas a su limitación,
admitiéndose que dicha libertad es la cualidad de aquello
que no se encuentra sujeto a ninguna especie de
consentimiento.
La huelga no resta así, dependiente de ninguna
ley, y se justifica por sí misma, como resultante natural
de la libertad individual de trabajo. Como pronto se
comprobaría en la praxis, evolucionó esta tesis a la
concepción de este instrumento como derecho de la
personalidad o derecho absoluto e intocable, inherente a la
persona
humana.
En México la huelga ha tenido en su
evolución tres etapas fundamentales: Primero fue prohibida
considerándose como un delito, Después fue
permitida o tolerada bajo el principio de la libertad de trabajo,
pero sin ninguna protección para los huelguistas, de
manera que si ya no era un delito quedaban los trabajadores
expuestos a que rescindieran sus contratos y sin
responsabilidad patronal.
Finalmente a partir de la Constitución Política Mexicana de
1917 se consagro la Huelga como un derecho no solo permitido,
sino legalmente protegido al otorgarles garantías a los
trabajadores para una verdadera efectividad en el proceso legal
de la Huelga.
Después de su tolerancia y como
un nuevo instrumento de la democracia
sindical, la huelga cobró prestigio y terminó
legalizándose en los grandes sistemas
occidentales como un derecho de suprema jerarquía formal
que daba respuesta a los reclamos de una vida social digna para
los obreros, perfectamente congruente con las perspectivas del
Estado y la sociedad
contemporáneos. La huelga se tornó entonces, en una
expresión legítima de la acción solidaria de
la lucha del trabajo organizado, configurándose en suma,
como un derecho conflictual colectivo de los
trabajadores.
En esta virtud, con el reconocimiento de los grupos
intermedios entre el individuo y el Estado, amén de la
importancia cobrada por los grupos humanos económicamente
desvalidos, que desembocó en su potestad de desarrollar y
hacer acopio de los derechos colectivos en materia de
trabajo, lo que constituye una auténtica forma de
violencia, es la explotación y las estrategias de
los monopolios o el Estado para desalentar y reprimir los
derechos de los trabajadores a una vida suficiente y digna. Es
criminal el pretender sustituirla por un estilo deteriorado de
existencia, en apariencia congruente con la idea de igualdad y
justicia, que en realidad sólo atiende a la
protección y desarrollo del interés material de
algunos grupos, personas o sectores de poder
determinados.
Atenta a esta realidad, en la sociedad moderna la huelga
se tornó entonces en el conflicto
colectivo de trabajo que, promovido por los trabajadores
coaligados, representa la figura de mayor relieve dentro
de la vida sindical. Por lo mismo, a la luz del derecho
comparado, esta figura se afianza como la expresión
sindical más señalada de la lucha organizada de los
trabajadores para realizar su autodefensa y completa
reivindicación.
Así, la huelga no puede entenderse ni como una
expresión tolerada de fuerza, ni tampoco como un derecho
absoluto al cual no pueda imponerse ninguna limitación que
lo refrene. En este sentido se sostiene que su ejercicio debe
acomodarse a determinadas condicionantes, tanto de forma como de
fondo, en la medida en que la huelga incida sobre realidades y
situaciones que afectan no sólo al destinatario directo e
inmediato de la misma, es decir, el empresario, sino a terceros
que resultan también afectados por las consecuencias y
efectos de aquélla.
Sin embargo, es factible sostener, los fines
diversificados de la huelga pueden reducirse a dos
vertientes:
- La defensa de los intereses profesionales de los
trabajadores, y - La promoción permanente y progresiva de sus
reivindicaciones.
Los fines torales de la huelga, se dividen en dos
sentidos:
- Inmediato o de carácter
económico, que regularmente se traduce en la lucha por
salarios
suficientes y condiciones remuneradoras del trabajo, que
propicien, en el corto plazo, una vida decorosa. - La finalidad política, realizable a largo
plazo, y que pretende lograr, la transformación
estructural de un régimen económico de
explotación, por otro más acabado, que trasluzca
el bienestar y aspiración legítima de los
trabajadores a un Estado de derecho y a la justicia
social.
La dimensión y carácter de las
reivindicaciones perseguidas corresponde, en forma exclusiva, a
los propios sujetos activos en el
ámbito de esta figura, los trabajadores coaligados y
específicamente huelguistas.
Mas en el derecho mexicano, en clara
contradicción con la libertad sindical y el
espíritu social del derecho del
trabajo, se arrebata a los trabajadores el derecho a decidir
los fines de sus huelgas, para que el legislador venga a ser
quien determine el objeto de las mismas.
De lo anterior podríamos determinar los
siguientes aspectos.1. Toda huelga implica necesariamente una
suspensión de labores.2. Dicha suspensión tiene que
ser legal, y esto se logra cumpliendo los requisitos que marca la
legislación correspondiente.
3. Un buen ejemplo al respecto es la población de China donde
para ellos la huelga es un lujo para los países ricos que
de ninguna forma pueden darse los países pobres,
independientemente de su legalidad, o no, es cuestión de
ideología.
4. La suspensión debe ser temporal, ya que de lo
contrario se acabaría con la iniciativa
privada.
5. Finalmente, tiene que ser llevada por una
coalición de trabajadores en defensa de sus intereses
siempre que estos sean comunes, desde luego dicha
coalición también deberá ser
mayoritaria
LA HUELGA EN
México
En la etapa histórica en que se consuma la
Independencia de
México, cuando nos convertimos en un país
libre, después de una larga dominación
Española en la que quedamos en la pobreza, misma
que se reflejaba notoriamente en las clases más
débiles, situación de la que se aprovechó la
burguesía, por lo que a su favor sometía a largas
jornadas a los trabajadores mismas que oscilaban entre doce y
dieciséis horas diarias, agravándose la
situación al pagarles sueldos raquíticos que lejos
de permitirles alcanzar una vida digna, ni siquiera les
permitían sobrevivir, tampoco había alguna
garantía para la clase obrera, por lo que no
parecía haber solución alguna al
problema.
Antes de 1917 no estaba expresamente mencionada en el
derecho mexicano la huelga, el Código Penal del Distrito y
Territorios Federales de 1871 castigaba con arresto de ocho a
tres meses y multa de 25 a 500 pesos a quienes pretendieran
modificar los salarios o impidieran el libre ejercicio de la
industria o el trabajo.
Una disposición muy semejante fue incorporada a
los códigos penales de los Estados.
La primera huelga había sido declarada en 1865
por la Sociedad Mutualista del Ramo de Hilados y Tejidos del Valle
de México, como protesta por la reducción de los
salarios, los despidos injustificados, las excesivas jornadas de
trabajo, los malos tratos y los descuentos a cargo de la tienda
de raya.
En general, todas las huelgas que ocurrieron durante el
porfiriato, se
debieron también a estos motivos y adicionalmente al trato
discriminatorio que las empresas
extranjeras otorgaban a los mexicanos.
A partir de 1870 la población obrera
empezó a aumentar como consecuencia del fomento industrial
que había en nuestro país durante el
Porfiriato.
Los patrones no permitían a sus obreros la
formación de agrupaciones, se oponían a reconocer
el derecho de huelga, así mismo se oponían a
otorgar aumentos del salario y reducir la jornada de
trabajo.
Hacia 1875 se empezaron a escuchar los primeros gritos
de protesta de los trabajadores mexicanos, exigiendo mejores
condiciones de vida y trabajo. También empezaron a surgir
las primeras asociaciones mutualistas de obreros.
El régimen porfiriano actuó decididamente
en apoyo de los patrones, reprimiendo con la fuerza del
ejército los actos de protesta y desesperación de
los trabajadores. Algunos de estos casos fueron el ocurrido en
Cananea y el de Río Blanco. Esta situación de
opresión era sólo en parte producto del
gobierno
personalista establecido por Díaz, realmente sus
orígenes están en la aplicación de los
principios liberales en materia económica vigentes en ese
momento, puesto que el liberalismo aconsejaba la
no-intervención del estado en asuntos de orden
económico y social. Esto se refleja al analizar la
Constitución de 1857 en la que se excluía al Estado
de tales asuntos, dejando a la libre relación de la
oferta y la
demanda la
fijación de salarios y condiciones de trabajo.
Los años en que se produjeron el mayor
número de huelgas fueron 1181, 1884, 1889, 1890, 1891,
1895 y de 1905 a 1907; las ramas industriales principalmente
afectadas fueron la textil, ferroviaria, la cigarrera, la del pan
y la minera; las entidades donde se producían más
huelgas eran el Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Nuevo
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco,
Querétaro y Sonora.
Hacia fines de 1905 circulaba ya entre las regiones
mineras de Sonora el
periódico Regeneración, editado por la Junta
Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuyo principal
propósito político consistía en derrocar al
gobierno de Porfirio Díaz. Siguiendo las indicaciones de
Junta, expuestas en el manifiesto del 25 de Septiembre de 1905,
el 16 de enero de 1906 un grupo de 15
mineros de Cananea constituyó la sociedad secreta
Unión Liberal Humanidad, bajo la presidencia de Manuel M.
Diéguez, ayudante de rayador de la mina Oversight de la
Cananea Consolidated Copper Co. Cuatro meses después eran
25 los miembros del grupo, todos dispuestos a luchar contra la
dictadura.
La noche del 31 de mayo de 1906 la
compañía informó a los trabajadores de la
mina Oversight que la extracción del metal quedaba sujeta
a contrato, con
lo cual, los mayordomos podrían escoger a su personal
despidiendo a buena parte de los obreros y aumentando el trabajo
a quienes continuaran en servicio. Esta
medida precipitó la violenta reacción de los
trabajadores: en la madrugada del 1 de Junio de 1906, los 400
mineros que terminaban en jornada se amotinaron a la salida. La
huelga había estallado,
Se presentó en el sitio el presidente municipal
Filiberto Barros, y ante la imposibilidad de aprehenderlos a
todos, solicitó que los obreros nombraran representantes
para tratar con la compañía, esta reunión
fue citada a las 10 de la mañana en la comisaría de
El Ronquillo.
No sólo solicitaban mejoras a las condiciones
económicas sino un mejor trato y un deseo de posibilidades
de ascenso. Los obreros manifestaban su inconformidad respecto de
los privilegios que gozaban los extranjeros, pues mientras que
éstos disfrutaban de un salario mínimo de 7 pesos
diarios, los trabajadores mexicanos recibían sólo 3
pesos por una jornada de 10 y 12 horas. En éstas y otras
parecidas razones se establecieron en el pliego de peticiones
mediante el cual mandaron notificar al coronel William C. Greene,
presidente de la Cananea Consolidated Cooper Co., que el pueblo
obrero se había declarado en huelga.
A continuación se transcribe el pliego de
peticiones propuestas por los huelguistas:Queda el pueblo obrero
declarado en huelga.
El pueblo obrero se obliga a trabajar bajo las
condiciones
siguientes:
a) El mínimo del sueldo del obrero serán
$5 pesos diarios con 8 horas de trabajo.
b) En todos los trabajos de la Cananea Consolidated
Cooper Co, se ocupará el 75% de mexicanos y el 25% de
extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los
segundos.
c) Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan
nobles sentimientos para evitar toda clase de
irritación.
d) Todo mexicano en los trabajos de esta negociación tendrá derecho a
ascenso según lo permitan sus aptitudes.
Greene habría de contestar ese mismo día,
negando la satisfacción de esas peticiones.
La huelga se había extendido a las otras minas, a
la planta concentradora y a la fundición; cerca de 1500
trabajadores se aprestaban a celebrar una gran
manifestación. La columna se puso en marcha llevando
banderas nacionales; a su paso por Buenavista se les unieron 500
personas, otras 200 en la concentradora, y mil más en la
fundición.
A distancia, a bordo de sus automóviles, Greene y
30 norteamericanos armados seguían los movimientos de la
multitud obrera. Al llegar a la maderería en donde la
mayor parte de los trabajadores eran norteamericanos, fueron
recibidos con una descarga de fusilería que mató a
dos huelguistas e hirió a otros más. Ante aquella
cobarde agresión los obreros repelieron el feroz ataque
con piedras y mataron a los hermanos George y William Metcalf,
Conrad Kubler y a otro norteamericano llamado Bert
Rusler.
La mecha estaba prendida. Los demás
norteamericanos se reunieron violentamente y viendo que los
huelguistas estaban inermes, los persiguieron por las calles de
la población, obligándolos a buscar refugio en la
sierra cercana. Sin embargo, los obreros en su precipitada fuga
tuvieron tiempo para incendiar cinco depósitos de madera, un
depósito de semillas, otro de forrajes y el edificio de la
maderería. Enormes lenguas de fuego se levantaban hasta el
cielo y pudieron verse perfectamente desde la vecina
población de Douglas, Arizona, en donde creyeron que se
trataba de una catástrofe de otra
índole.
El día 2 de junio el cónsul de Estados Unidos en
Cananea pidió ayuda a su país, e inmediatamente
rangers de Arizona armados persiguieron a los huelguistas. El
Gobernador Rafael Izábal, el General Luis E. Torres, Jefe
de la Primera Zona Militar de Sonora y Greene difícilmente
lograron establecer el orden.
Por la tarde, los obreros organizaron una segunda
manifestación y se dirigieron al hotel donde se encontraba
el gobernador, para manifestarle sus quejas, pero en la avenida
que conduce a la Mesa, fueron agredidos por los rangers,
generalizándose nuevamente el combate. A las diez de la
noche las fuerzas extranjeras fueron reembarcadas en el mismo
tren en que habían llegado.
El día 3 la población se encontraba bajo
la ley marcial; el saldo trágico había sido de 23
muertos y 22 heridos de ambas partes, y fueron aprehendidos mas
de 50 individuos a quienes se acusó de ser los agitadores
del movimiento y
entre los que se encontraban Calderón, Diéguez,
Francisco M. Ibarra, entre otros, los que fueron enviados
inmediatamente a las mazmorras de San Juan de
Ulúa.
En los días subsecuentes, el gobernador
Izábal fue consignado al gran jurado de la Cámara
de Diputados acusado de traición a la patria. El 22 de
junio de 1906, llegó a México el Gobernador de
Sonora, Izábal, a responder de su actitud sobre
la huelga de Cananea. Se creyó que iba a ser procesado y
que se haría justicia en tan sonado asunto, pero
después de dos meses regreso a Sonora a seguir
gobernando.
El general Luis E. Torres, jefe de la zona militar,
declaró a los huelguistas que no les sería
aumentado un solo centavo; y el coronel Greene manifestó
que estaba dispuesto a subir los salarios, pero que el presidente
Díaz se lo había prohibido.
El día 4 se solucionó el movimiento y se
reanudaron los trabajos, faltando muchos huelguistas que
habían huido temiendo las represalias.En México los
sucesos de Cananea eran el platillo del día y se
desaprobaba que el Gobierno hubiera permitido la entrada al
país de mercenarios norteamericanos para intervenir en un
conflicto netamente nacional.
El día 6 de junio de 1908 los dirigentes de la
huelga fueron condenados a 15 años de prisión y a
trabajos forzados. En 1911, recobraron su libertad cuando ya era
presidente Francisco I. Madero
Los periódicos de oposición
editorializaban furiosamente y reprochaban al Gobierno que
tolerara la inmigración de norteamericanos, que solo
venían a quitar el trabajo a nuestros obreros y a
llenarlos de oprobio, y sugerían por primera vez, que
hicieran una reglamentación del trabajo en la
República Mexicana. También se dijo en aquella
ocasión que los sucesos de Cananea constituían el
primer chispazo de la Revolución.
LA
HUELGA TEXTIL Y RIO BLANCO.
A principios de Diciembre de 1906 los empresarios de la
industria textil del área Puebla-Tlaxcala implantaron un
nuevo reglamento de trabajo que establecía la jornada de
14 horas.
Descontentos con esto, para el día 6 se
habían suspendido ya sus labores 6800 trabajadores de 34
fábricas. Tres mil de ellos se reunieron en el Teatro Guerrero
de la ciudad de Puebla y formularon una contraposición del
reglamento.
La respuesta de los patrones, que al igual que los
obreros actuaban ya en ámbito nacional, consistió
en cerrar las fábricas, 93 en total, con el pretexto de
estar en balance y tener productos
almacenados en exceso. Por esta causa quedaron sin empleo 57 mil
hilanderos.
A mediados del mes los huelguistas decidieron someterse
al arbitraje de
Porfirio Díaz, con quien se reunieron al empezar el
año de 1907. El 4 de enero se produjo el laudo
presidencial. El 7 de enero se abrirían todas las
fábricas de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro,
Tlaxcala y el Distrito Federal.
Los términos de esta resolución fueron
generalmente aceptados, salvo por una fracción de los
obreros de la fábrica Río Blanco, en las
inmediaciones de Orizaba. En Junio de 1906, habiéndose
reunido un grupo de trabajadores en la vivienda del tejedor
Andrés Mota, Manuel Avila propuso constituir el Gran
Círculo de Obreros Libres, afiliado en secreto a la Junta
Organizadora del Partido Liberal Mexicano.
Sus objetivos
consistían en oponerse a los abusos del capitalismo,
en luchar contra la dictadura y en ayudar a quienes eran
perseguidos o encarcelados.
La resolución presidencial que ponía
término a la huelga les fue transmitida a 2 mil obreros,
reunidos en el Teatro Gorostiza de Orizaba, el 6 de mayo de 1907,
por José Morales, presidente del Gran Círculo,
quien se mostró conforme con el laudo. Rafael Moreno y
Manuel Juárez, en cambio, dirigentes de la sucursal de
Santa Rosa, encabezaron a los descontentos.
El día 7 los trabajadores volvían a sus
labores, mientras los desafectos apedreaban el edificio. A las 9
de la mañana llegaron fuerzas del 13° Batallón,
dispararon contra la multitud, mataron a 17 obreros e hirieron a
80. Los huelguistas marcharon entonces a Santa Rosa y Nogales,
donde saquearon establecimientos comerciales. En la tarde,
regresaron a Río Blanco, se apoderaron de armas en las
casas de empeño y llegaron a dominar en combate con los
federales algunas estaciones ferroviarias entre Orizaba y
Maltrata. Esta ciudad estaba protegida por 800 infantes, 60
rurales y 150 policías, y se habían movilizado
contra los obreros los batallones 12, 13, 17 y 24.
Al terminar ese día, había 200 detenidos
en la fábrica de Río Blanco, a muchos de los cuales
se les fusiló ahí mismo. Veinticuatro horas
después eran ya 140 los trabajadores muertos.
El día 9 hubo un encuentro en Santa Rosa, con
saldo de otras cinco víctimas, y más tarde se
ordenaron otras 10 ejecuciones. El día 11 se ordenó
fusilar a 10 rurales y a su teniente, acusados de complicidad con
los saqueadores, y de un total de 7083 operarios, 5512 se
presentaron a reanudar su trabajo.
Las fábricas de Río Blanco, Nogales, Santa
Rosa, El Yute y Cerritos quedaron custodiados por el Ejercito, y
centenares de obreros fueron desterrados a Valle Nacional y a
Quintana Roo.
La ideología de los sindicatos
osciló entre el socialismo y el
marxismo
más furibundo. Irónicamente, Carranza
reprimió varios movimientos de huelga. Hubo después
algunos altibajos motivados primordialmente por los vaivenes
políticos. Esos mismos tumbos impidieron un desarrollo
acelerado de la industria. México siguió siendo un
país agrícola y minero.
A fines de julio de 1916 los organismos agrupados en la
Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal
exigieron a los patrones que los salarios les fueran pagados en
oro y no en papel
infalsificable, y convinieron, en secreto, declarar huelga
general, que iba también dirigida contra el gobierno, al
que consideraban aliado de la empresa.
El movimiento estalló a las 3 de la mañana
del día 31, cuando los electricistas suspendieron los
servicios de
luz y fuerza a la ciudad.
El presidente Venustiano Carranza mandó llamar a
palacio a los 11 miembros del comité de huelga, los
reprendió severamente y los envió detenidos a la
penitenciaria.
También se ordenó la ocupación
militar del domicilio del Sindicato
Mexicano de Electricistas, la casa del Obrero Mundial, la
Unión de empleados de Restoranes, y las oficinas de
Acción Mundial.
El 1° de Agosto decretó el presidente
Carranza la ampliación de la Ley del 25 de Enero de 1862,
castigando con la pena de muerte
a los que incitaran a la suspensión del trabajo en las
fábricas o empresas destinadas a prestar servicios
públicos, a los que con ese motivo destruyeran o
deterioraran efectos de propiedad de esas empresas, provocaran
alborotos, hicieran fuerza a las personas o impidieran a otras
que ejecutasen sus labores habituales.
El 2 de Agosto se levantó la huelga; el 13 se
reunió el Consejo de Guerra para
juzgar a los dirigentes, declarándose la inculpabilidad de
todos ellos por el delito de rebelión y turnándose
el asunto a las autoridades del fuero común.
Después un segundo consejo volvió a exonerar a los
acusados, menos a Ernesto Velasco, a quien se condenó a la
pena de muerte. Esto
suscitó protestas obreras en todo el
país.
El 28 de Septiembre, Carranza decretó que el pago
de los jornales se hiciera en oro nacional.
El 5 de febrero de 1917 se promulgó la nueva
constitución, y pese al adelanto notable que
significó su promulgación, la cual incluyó
él articulo 123 y el establecimiento de garantías
para los trabajadores entre las que podemos mencionar: Jornada
máxima de trabajo de ocho horas, Edad mínima para
trabajar de 16 años con jornada especial y establecimiento
de descansos, Pago de salarios además de establecer
obligaciones patronales, vacaciones, formación de
sindicatos y el derecho a huelga; pero no fue sino hasta 1931
cuando se proclamó la Ley Federal del Trabajo,
reglamentaria del artículo citado y en su numeral 259
estableció que la huelga es la suspensión legal y
temporal del trabajo, como resultado de una coalición de
trabajadores.
El 1° de Mayo siguiente, cuando Carranza
rendía su protesta como presidente constitucional, 20 mil
trabajadores pedían la vida y la libertad de Velasco, y el
18 de Febrero de 1918 se le concedió finalmente el
indulto.
Al término del gobierno del presidente Carranza,
en 1920, se registraron 173 huelgas en toda el país; en
19221, coincidiendo con el principio del general Obregón,
310, que disminuyeron a 136 en 1924, primer año de
la
administración del presidente Calles; 51 en 1925, 23
en 1926, 16 en 1927 y 7 en 1928. Mientras estuvieron en el poder,
sucesivamente, el licenciado Portes Gil, el ingeniero Ortiz Rubio
y el General Rodríguez, ocurrieron 14 huelgas en 1929, 15
en 1930, 11 en 1931, 56 en 1932 y 13 en 1933.
El 1° de Febrero de 1936 los obreros de la Vidriera
Monterrey paralizaron sus labores reclamando el reconocimiento de
su sindicato, pero, en respuesta la Junta Patronal
promovió paros en las fábricas y una
manifestación de protesta, atribuyó a los
comunistas el propósito de subvertir el orden y
emplazó al gobierno que definiera su posición
política.
El día 8 el presidente de México, se
trasladó a Monterrey y expuso la necesidad de que los
problemas
inherentes a las relaciones obrero-patronales se resolvieran por
el gobierno en cooperación con los factores que
intervienen en el proceso productivo; la conveniencia de crear
una central única de trabajadores, para poner fin a las
pugnas intergremiales; la negación de toda facultad a las
empresas para intervenir en la
organización de los obreros; que las agitaciones
sociales provienen de necesidad no satisfechas de los proletarios
y del incumplimiento de la ley, y no de la existencia de grupos
comunistas.
Después de estas declaraciones, la Vidriera
Monterrey satisfizo las demandas obreras, y el día 24 se
constituyó la Confederación de Trabajadores de
México, la CTM, la central sindical más fuerte que
haya existido en el país.
El 18 de mayo del mismo año, la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la
huelga que debía estallar una hora después contra
la empresa Ferrocarriles Nacionales de México.
La CTM protestó contra esa resolución y el
18 de Junio de 1936 se llevó a cabo un paro de una hora en
todo el país. Esta fue la primera huelga general por
solidaridad que
registra la historia de México.
Al siguiente año, el 13 de junio, el presidente
Cárdenas nacionalizó los bienes e
intereses privados de la empresa.
El 16 de Julio del año siguiente, el Sindicato
Mexicano de Electricistas declaró huelga contra The
Mexican Light and Power Co. y al cabo de 10 días los
trabajadores obtuvieron la satisfacción de sus
demandas.
Entre el 18 y el 31 de agosto los campesinos que
prestaban sus servicios en los ranchos y haciendas de la Laguna
suspendieron todas las labores en demanda de aumento de salarios
y de un contrato colectivo de trabajo. El gobierno decidió
aplicar el Código Agrario y procedió a repartir
tierra entre
los cultivadores que fueron agrupados en ejidos.
En Noviembre debió realizarse la huelga del
Sindicato de Trabajadores Petroleros, pues las empresas se
negaban a la celebración de un contrato colectivo
único, pero a instancias del presidente de la
república se aplazó el movimiento por un
término de 120 días en busca de una solución
conciliatoria que al final no se obtuvo.
Así el 28 de mayo de 1937 se colocaron banderas
rojinegras en todas las instalaciones petroleras del país,
y el 10 de junio las compañías otorgaron un aumento
global de 13 millones de pesos anuales y aceptaron la jornada de
40 horas.
Aunque insatisfechos los trabajadores, levantaron la
huelga, pero pidieron que las autoridades investigaran la
situación económica de las empresas. Así, se
puso de relieve la salud financiera de las
compañías y se dictaminó que debían
de aumentarse 26 millones de pesos cada año a las
prestaciones obreras.
En consecuencia la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje condenó a las empresas a implantar las nuevas
condiciones de trabajo; los afectados solicitaron un amparo que les
fue negado por la Suprema Corte de Justicia el 1° de Marzo de
1938, y finalmente se declararon en franca
rebeldía.
En estas circunstancias, el presidente Cárdenas
expidió, el 18 de marzo de ese mismo año, el
decreto de expropiación de todos los bienes muebles e
inmuebles de las 16 compañías petroleras
establecidas en el país.
En conclusión, en el desarrollo de México,
1938 marca una nueva etapa. Los sindicatos petroleros reclaman
salarios más altos. Las compañías petroleras
se niegan a darlos. Interviene la Suprema Corte de Justicia.
Después de un estudio exhaustivo de las finanzas de
esas empresas decreta que si están en posibilidad de
conceder los aumentos solicitados y las condena a hacerlo. Las
compañías se niegan a acatar el fallo de la Suprema
Corte. Entonces el presidente Cárdenas decreta la
expropiación. Con este motivo surgen una serie de
trastornos. Los capitales norteamericano, ingles y
holandés huyen de México y se origina así un
cierto receso económico; sin embargo, la iniciación
de la Segunda Guerra
Mundial favorece al país, pues las potencias mundiales
se dedican a fabricar armamentos y otros países deben de
encargarse de manufacturar otros artículos. En esta
época la industria textil mexicana alcanza un auge
inigualado.
El presidente Avila Camacho inició su periodo
presidencial en 1940, en el momento en que 4300 trabajadores del
pueblo de Nueva Rosita Coahuila, miembros de la Sección 14
del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana
(SITMMSRM) hacían una huelga contra las
compañías Carbonífera de Sabinas y Mexican
Zinc.
Exigían 2 millones de pesos de aumento a sus
salarios y varias prestaciones. Transcurridos 100 días, el
conflicto amenazaba repercutir en los centros metalúrgicos
del país, pues la mayor parte del coque, que ya empezaba a
escasear procedía de Mexican Zinc.
El secretario del trabajo y los ejecutivos del sindicato
y la empresa llegaron a una solución el 14 de febrero, a
los 126 días de iniciado el movimiento. Acordaron un
aumento de 1 millón de pesos cada dos años a los
mineros, el pago del 50 % de los salarios caídos y algunas
prestaciones.
El domingo 12 de enero de 1941 estalló la huelga
de la Alianza de Obreros y Empleados contra la
Compañía de Tranvías de México. Los
trabajadores solicitaban el cumplimiento del nuevo contrato
colectivo, y la empresa se remitía al anterior de
1937.
El día 17 la Junta declaró existe la
huelga y dispuso equilibrar los salarios que pertenecían
estacionarios desde hacía 20 años. El movimiento
terminó el 20 de enero: los tranviarios consiguieron el
nuevo contrato, un aumento de salarios y otras
prestaciones.
El 21 de agosto de 1941 el Sindicato Nacional de
Telefonistas paralizó las sucursales de la
Compañía Telefónica y Telegráfica en
las ciudades de México, Saltillo, Monterrey, entre otras,
demandando mejores condiciones económicas, la
reposición del delegado sindical separado por la empresa y
el despido de un trabajador de confianza hostil a los obreros. La
huelga se declaró existente el 23, durando 9 días
la huelga, se pacto además, la reposición del
trabajador y se concedió a los telefonistas un aumento del
15% en sus salarios.
El 23 de Septiembre de 1941 los trabajadores de la
Industria de Materiales de
Guerra se concentraron frente a la casa del presidente Avila
Camacho para protestar en contra del director de esa empresa del
Estado, el General Luis Bobadilla. Mientras se negociaba la entrevista,
los obreros se aglomeraron a las puertas de la casa,
creándose un desorden; el Ejercito intervino, arrojando un
saldo de 20 heridos y nuevo muertos.
A principios de 1944, una coalición de sindicatos
textiles, pertenecientes a la CTM, la COCM, la CROM y la
Federación de la Lana, declararon la huelga, por demandas
económicas contra 280 empresas establecidas en varios
sitios de la república.
Sin embargo, en atención a un llamado que les
hizo el presidente Avila Camacho, los obreros volvieron a sus
trabajos, aunque manteniendo sus demandas y el
emplazamiento.
El 12 de enero el Ejecutivo reformó la Ley de
Compensaciones de Emergencia del Salario Insuficiente en
beneficio de los trabajadores textiles y la coalición se
dio por satisfecha, retirando la amenaza de huelga.
El 7 de enero de 1944 la mayoría de las secciones
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la
República Mexicana, paralizó durante 5 horas el
transporte
ferroviario. Al día siguiente la Secretaría del
Trabajo declaró ilegales los paros.
En ese año ocurrieron 107 huelgas por demanda de
mayores salarios contra empresas mineras y
metalúrgicas.
El 7 de abril de 1945 se dio a conocer el proyecto del
Pacto Obrero-Industrial entre la CTM y la Cámara Nacional
de la Industria de Transformación, suscrito el 27 de
Septiembre siguiente, según el cual se formuló un
programa
económico conjunto para solucionar los graves problemas
que había creado la guerra y las agudas cuestiones que
empezaba a plantear el afianzamiento de la paz. Esto convenio
contribuyó a la disminución del numero de huelgas
en los años posteriores.
El 27 de diciembre de 1945, el gobierno devolvió
a la Compañía de Tranvías de México,
los bienes que le había incautado para conjurar los
efectos de la huelga que estalló el 3 de octubre
anterior.
En el decreto respectivo se dijo que la política
oficial era de respecto a la propiedad privada y que sólo
la necesidad de que los servicios públicos se prestasen en
forma continua había obligado a esa medida.
Dos días después la Alianza de Tranviarios
se declaró en huelga hasta conseguir tres objetivos
fundamentales:
- Eliminar a la Compañía de
Tranvías de México, - Formar una empresa de
servicio público descentralizada, y - Obtener para ésta, de parte del gobierno, 10
millones de pesos para mejorar los equipos y extender las
vías.
El 3 de enero de 1946, por decreto presidencial, se
requisaron los bienes de la empresa y se creó el organismo
de Servicio de Transporte Eléctrico del Distrito Federal,
que municipalizaba el transporte tranviario, que entonces
movía el 40% del volumen de
pasajeros en la ciudad de México.
A partir del 1° de Septiembre de 1946, varias
secciones petroleras realizaron paros de una hora diaria para
obligar a la empresa a que computara una hora más de
trabajo en los salarios.
Los paros continuaron hasta el día 5,
conjurándose al fin la situación con la firma de un
nuevo convenio que establecía la revisión del
contrato y el aumento de un peso diario en los
salarios.
La administración del presidente Manuel Avila
Camacho, se caracterizó por un elevado índice de
huelgas, tan es así que en 1944 ocurrieron 887, el mayor
número en la historia de México. Este
fenómeno se explica por la situación de
desequilibrio económico y desempleo que
sufrían las clases laborales a consecuencia de la Segunda Guerra
Mundial.
De Diciembre de 1946 a Noviembre de 1952 estallaron 647
huelgas, con un promedio de 108 por año.
De 1945 a 1950 la Junta Federal de Conciliación
declaró inexistentes el 30.5%de los conflictos de esta
índole.
A los 19 días de haber tomado posesión el
Presidente Miguel Alemán, el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana (STPRM) realizó
un paro de 24 horas en todos los campos, plantas,
refinerías de la zona sur.
Trataba de presionar la solución de las
nivelaciones y reclasificaciones pendientes. Considerando este
acto como ilegal, las tropas federales ocuparon las instalaciones
y 50 dirigentes del STPRM fueron despedidos y consignados a la
Procuraduría General de la República.
El 9 de junio de 1948 los obreros de Altos Hornos de
México, en Monclova Coahuila, iniciaron una serie de 13
paros de una hora cada uno, a consecuencia de lo cual se
rescindieron los contratos de 2600 trabajadores de la empresa
miembros del SITMMSRM. El día 26 se firmó una nueva
contratación colectiva, habiendo perdido los mineros 47
días de salarios.
El 28 de Febrero de 1950 el Sindicato Nacional de
Telefonistas declaró la huelga contra la
Compañía Telefónica y Telegráfica
Mexicana, con lo cual buena parte del país quedó
incomunicada. Al adquirir Teléfonos de México las
propiedades de la Mexicana, el 16 de marzo se firmó un
nuevo contrato con los trabajadores, que así obtuvieron un
aumento del 10% en sus salarios. El 3 de julio, estalló
nuevamente la huelga, pero se solucionó en 24 horas; y el
11 de Noviembre por tercera vez, en todo el país, dando
ocasión al gobierno para incautar los bienes de la
empresa.
Las huelgas y los paros de escasa duración fueron
habituales en 1950. El 25 de Septiembre de ese mismo año
se inició en Palaú, Nueva Rosita y Cloete, Coahuila
una de las más grandes huelgas mineras en la historia de
México: 1300 trabajadores abandonaron la mina de la
Compañía Carbonífera de Palaú,
demandando la revisión del contrato colectivo, aumento de
salarios, medico y medicinas para sus familiares y cuatro
días de vacaciones al año.
Cuando la sección 28 celebraba pláticas
con la Compañía, la Secretaría del Trabajo,
ordenó a la Junta de Sabinas suspender el trámite
hasta que la negociación se emprendiera por el
Comité Ejecutivo del SITMMSRM. Los miembros emplazaron
entonces a huelga por coalición ante la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, y ésta declaró
inexistente el movimiento de 48 horas antes de que
estallara.
El 27 de Septiembre los miembros de la Sección 14
y de la Fracción Uno, correspondientes a Nueva Rosita y
Cloete, emplazaron a la Mexican Zinc Co, por violaciones al
contrato y en solidaridad con los obreros de Palaú. Aunque
la Junta no les reconoció personalidad
legal, acordaron iniciar la huelga el 16 de octubre.
El ejército se presentó en Nueva Rosita y
ocupó los locales del sindicato; 4500 trabajadores
abandonaron sus centros de trabajo y realizaron un mitin frente a
la empresa norteamericana; y ésta por orden de la
Secretaría del Trabajo, congeló los fondos
sindicales y clausuró la clínica y la cooperativa de
consumo y dos
sucursales que eran patrimonio de
la Sección 14.
Se organizó en la ciudad de México el
Comité Nacional de Defensa de Solidaridad con las Huelgas
Mineras. También brindaron su apoyo moral y
material a la huelga organismos sindicales de Estados Unidos y de
Europa. Se celebraron mítines en varias partes del
país, el más importante de ellos el 25 de Octubre
en la capital; además se formó la Alianza Femenil
Socialista.
Los principales periódicos se pronunciaron en
contra del movimiento, por lo cual los huelguistas decidieron dar
a conocer por ellos mismas la situación en que se
hallaban, tanto a la opinión
pública como al presidente Alemán.
A mas de tres meses de iniciado el conflicto, decenas de
niños
habían muerto por falta de atención médica,
los huelguistas estaban endeudados y los comestibles comenzaban a
escasear.
El 20 de enero de 1951 cerca de 5 mil habitantes de
Nueva Rosita emprendieron la marcha hacia la ciudad de
México.
Y el día 12 de Marzo el presidente Miguel
Alemán anunció que el conflicto estaba liquidado,
pues la comisión gubernamental había confirmado el
dictamen del 2 de Octubre de 1950, negando personalidad
jurídica a los huelguistas, y cuatro días
después el juez primero de distrito les negó el
amparo.
La huelga se había perdido. La comisión
gubernamental dispuso que las empresas de Nueva Rosita y Cloete
repusieran a mil trabajadores en sus derechos de antigüedad
y que las vacantes fueran cubiertas de preferencia con quienes
habían participado en la caravana. Se ofrecieron tierras y
crédito
a quienes desearan dedicarse a la agricultura y
empleo en obras públicas a los obreros
especializados.
El 1° de Abril de 1952 se declararon en huelga 6 mil
telefonistas, paralizando 500 centrales y 300 mil aparatos. El
sindicato de Telefonistas exigía la revisión del
contrato colectivo. El gobierno sólo requisó la
empresa y los trabajadores no aceptaron el 10% de aumento
propuesto por la Secretaría del Trabajo. Una huelga por
solidaridad de la clase obrera, logró normalizar el
servicio en la capital y en algunos estados. El día 8 la
Secretaría del Trabajo informó que
calificaría la huelga hasta realizar el recuento de los
trabajadores, y el día 10, ante la diferición de
ese trámite, los telefonistas decidieron volver al trabajo
con sólo 10% de aumento en sus percepciones y sin cobrar
los salarios caídos ni los gastos del
movimiento.
Durante el periodo de 1952 a 1958 estallaron 1847
huelgas: 757 en 1953 a 1957, con un promedio anual de 149, y 740
en 1958, y en este último año, no ocurrieron
conflictos de trascendencia nacional.
En 1954, a consecuencia de la devaluación del peso, el presidente Ruiz
Cortinez advirtió la necesidad de un aumento general de
los salarios para nivelarlos con el alza del costo de la vida,
de instalar tiendas oficiales y de construir casas para los
obreros.
Las centrales y sindicatos de trabajadores emplazaron a
una huelga general para el 12 de julio, luego pospuesta al 22 en
virtud del enorme número de demandas y de la imposibilidad
para tramitarlas con rapidez. Sin embargo, alrededor de 50 mil
arreglos correspondientes a millón y medio de obreros
fueron celebrados entre las partes, con aumentos salariales entre
un 6 y un 30%.
El 4 de febrero los telegrafistas, que desde Septiembre
de 1957 habían solicitado aumento de salarios a la
Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas (SCOP) sin recibir respuesta, empezaron a
reducir su ritmo de trabajo.
El gobierno como respuesta, despidió a 27
dirigentes que consideró responsables de los hechos. Siete
mil empleados de las 723 oficinas pararon y reclamaron entonces
la reinstalación de sus compañeros. En este
movimiento no participó el sindicato, que sería una
característica de las demás huelgas de ese
periodo.
El día 10 los paristas presentaron su pliego de
peticiones: aparte de la reposición de los removidos, 50%
de aumento salarial, desconocimiento de los líderes del
sindicato de la SCOP, cese de tres funcionarios hostiles y
seguridades de no sufrir represalias.
El día 11, los 320 operarios de Radio
México, se unieron a la huelga de facto. El día 12,
mientras la Secretaría ofreció un aumento global de
21 millones, el cual fue rechazado porque no comprendía a
los operadores de las categorías C y D. El día 14,
Radio Chapultepec se sumó a la huelga y suspendió
el servicio a los bancos y a las
compañías de aviación. El día 19 era
ya 850 mil el número de mensajes y giros sin
despachar.
A los 13 días de la huelga, el Licenciado Benito
Coquet, secretario del presidente, advirtió a los
trabajadores que el Ejecutivo Federal no trataría con
ellos bajo presión, que regresaran a sus labores y
tuvieran confianza.
El 22 de febrero se reanudó el servicio, y el
primer mensaje enviado fue al presidente pidiéndole la
satisfacción de sus demandas. El 7 de marzo los
telegrafistas se separaron del sindicato de la SCOP, y el 12 la
Dirección de Telecomunicaciones aceptó las renuncias de
los funcionarios impugnados.
El 12 de Abril la policía disolvió en el
Zócalo un mitin organizado por el Movimiento
Revolucionario del Magisterio (MRM), que reclamaban desde
hacía 20 meses un aumento del 40% de los
salarios.
El día 15 siguiente se iniciaron los paros de
protesta, y el 21 el MRM efectuó una manifestación
hasta el Zócalo, exigiendo la satisfacción a sus
peticiones.
Los alumnos de la Escuela Nacional
de Maestros y los empleados del Instituto Federal de Capacitación hicieron paros de solidaridad.
El 30, el MRM realizó otra manifestación y sus
miembros se apoderaron de los patios de la SEP. El 15 de mayo el
presidente Ruiz Cortinez ofreció mejorar las percepciones
de los maestros, y éstos, en pláticas con el
licenciado Coquet, aceptaron el 1° de Junio un aumento de
$150 mensuales, extensivo a todos los profesores al servicio de
la Federación. El 5 de junio terminó la huelga u
los cientos de maestros que habían ocupado durante 36
días el edificio de la SEP lo desalojaron.
El 2 de mayo de 1958, se reunió la Gran
Comisión Pro Aumento de Salarios, reconocida legalmente
por el secretario general del Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). La
comisión dispuso que se solicitara un aumento de $350
mensuales. El 12 de mayo los secretarios de las secciones locales
decidieron pedir $200 pesos, y el día 21, a instancias de
la empresa, el sindicato aceptó una prorroga de dos
semanas para iniciar la discusión de las demandas
económicas. Los ferrocarrileros protestaron en la ciudad
de México el 24de mayo, y las secciones 13, 25, 26 y 28
lanzaron el Plan del Sureste,
exhortando a los trabajadores del riel a rechazar los $200 y la
prórroga, exigir los $350, deponer los comités
ejecutivos locales y emplazar al comité ejecutivo general
a reconocer a los nuevos dirigentes. De otro modo, habría
paros de dos, cuatro y seis horas y así progresivamente
hasta llegar a suspender totalmente el servicio.
El 26 de junio se realizó el primer paro y se
organizó el Comité Ejecutivo Pro Aumento de
Salarios, formado por Demetrio Vallejo y otros cuatro
trabajadores. Ese día 40 secciones del sindicato ya
habían sustituido a sus dirigentes. El 27 se
efectúo el segundo paro y otras secciones depusieron a sus
comités ejecutivos; y el 28, simultáneamente el
tercero, se hizo una manifestación en la capital, en apoyo
de las demandas de los ferrocarrileros.
La petición de aumento se redujo a $250, con la
condición que fuera retroactiva al 1° de enero. La
paralización total del sistema ocurrió el 1° de
julio. Ese día, el presidente Ruiz Cortinez propuso a los
miembros de la Gran Comisión un aumento de $215 pesos y
éstos la aceptaron.
El día 12 de julio se inició la VI
Convención Extraordinaria del STFRM y el día 14 fue
electo Vallejo como secretario general.
El día 26 los trenistas volvieron a parar para
que la Secretaría del Trabajo reconociera al nuevo
Comité Ejecutivo. La Secretaría de
Gobernación trató sin éxito
de resolver el conflicto y el día 31 se realizó un
nuevo paro, al tiempo que la Secretaría del Trabajo
declaraba ilegales las elecciones de la VI
Convención.
Vallejo convocó entonces a una nueva serie de
paros escalonados, que empezaron el 4 de agosto. El secretario
del Trabajo, licenciado Salomón González Blanco,
resolvió el 5 de agosto que debían realizarse
lecciones directas de los comités ejecutivos, locales y
generales, entre el 7 y 22 de agosto. Demetrio Vallejo
ganó las elecciones y tomo posesión el día
27 en la Arena México.
En su último informe al
Congreso de la Unión, el presidente Ruiz Cortinez
advirtió que no se permitiría ninguna
agitación futura. El vallejismo había estimulado
demandas obreras. Los emplazamientos aumentaron considerablemente
a partir del mes de Septiembre. La Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación informó que el ritmo
de la actividad fabril había bajado un 25% en el curso de
1958. La inestabilidad de las relaciones obrero patronales se
acentuaba en las empresas del servicio público, donde
además de las demandas económicas se
debatían conflictos intergremiales. En esos meses, las
secciones 34 y 35 de petroleros desconocieron a sus dirigentes y
el MRM y el SNTE se disputaban la primacía en la
Sección 9 (Distrito Federal).
EL PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ
MATEOS.
Tomó posesión de su cargo el 1° de
Diciembre de 1958 en un clima de
agitación obrera. Una coalición de telefonistas
suspendió sus labores por cuestiones económicas e
intergremiales y los ferrocarrileros plantearon una
revisión a su contrato colectivo solicitando un aumento
del 66.66% sobre los $215 ya obtenidos, atención
médica y medicinas para sus familiares, un 10% sobre las
prestaciones, como fondo de ahorro, y la
construcción de casas que debían
serles rentadas a razón de $10 diarios. La empresa
declaró que no estaba en posibilidades de satisfacer sus
demandas. Se rompieron las pláticas y 74 mil trabajadores
de los ferrocarriles Nacionales, se declararon en huelga, por vez
primera desde 1936. El movimiento, sin embargo, fue declarado
inexistente y días más tarde se negó el
amparo al sindicato. El STFRM había emplazado por
revisión de contrato colectivo a las empresas
Ferrocarriles del Pacífico y a la Compañía
Terminal de Veracruz, de suerte que el 25 de marzo se
suspendieron también los servicios en estos
sistemas.
Cuando estalló el conflicto, las demandas
sindicales se habían reducido a un aumento de salarios del
16.66% y a la reparación de las violaciones al contrato.
Declarada inexistente la huelga, las empresas despidieron a
muchos trabajadores y tras el fracaso de algunas pláticas
de última hora, el 28 de marzo por la noche fueron
aprehendidas no menos de 15 mil personas que se hallaban reunidas
en los locales sindicales en varias ciudades de la
República. Esta operación militar, es la más
importan de esa índole que se haya realizado en la
historia del país. Los cuarteles se llenaron de
presos.
En los momentos de más grave tensión, el
secretario de organización del STFRM, Gilberto Rojo
Gómez, publicó un manifiesto llamando a los
ferrocarrileros al trabajo, anunciando que el gobierno
pondría en libertad a los detenidos y desalojaría
los edificios de las secciones si se levantaba la huelga. Muchos
obreros se presentaron a sus labores, los servicios fueron
reanudados y el 3 de abril se dio por concluido el conflicto. Sin
embargo, el propio Rojo Gómez fue encarcelado y los
líderes principales continuaron detenidos y se
despidió a miles de trabajadores.
Los pilotos de las principales compañías
de aeronavegación se declararon en huelga el 24 de junio
de 1959, demandando el reconocimiento de la Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la firma de un contrato
colectivo.
Las empresas amenazaron rescindir los contratos
individuales de trabajo en caso de que los 400 trabajadores no
regresaran a sus labores, pero el gobierno, a efecto de que no se
interrumpiera el servicio, incautó los bienes de las
compañías hasta que ambas partes llegaran a un
arreglo.
El 26 de Octubre de 1960 estalló la huelga de la
Asociación Sindical de Sobrecargos Aéreos (ASSA) y
el 2 de Noviembre la del Sindicato de Trabajadores de Tierra
(STT), ambas contra la Compañía Mexicana de
Aviación (CMA) por la revisión de los contratos
colectivos. Ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio y
volvieron días más tarde a sus labores.
Los 45 mil miembros del Sindicato Nacional de
Trabajadores Azucareros paralizaron 84 ingenios de la
República el 16 de Noviembre de 1960, exigiendo un 40% de
aumento, casas habitación y otros beneficios. La
Unión Nacional de Productores de Caña, que agrupaba
a 85 mil campesinos, decidió sumarse al movimiento. Este
cesó después de siete día, cuando la UNPASA
aceptó elevar los salarios.
Los obreros textiles también recurrieron a la
huelga del 10 al 23 de Marzo para obtener la revisión de
su contrato, vigente desde 1927, en 320 fábricas de la
rama del algodón; e igual hicieron los telefonistas el
día 23 de marzo, mediante la suspensión de labores
que solo duró nueve horas, pues el gobierno requisó
los bienes de las compañías.
A principios de Abril de 1961, los telegrafistas, al
margen de su sindicato, decidieron ajustarse estrictamente a los
reglamentos de trabajo, los cuales prescribían un ritmo
muy lento, de suerte que pronto se fue formando un rezago de
miles de giros y mensajes. El día 25 se les pidió
que cada uno firmara un documento expresando el número de
telegramas que debían de transmitir, pues en caso
contrario serían despedidos. Esto provocó la
huelga, pero dos semanas después 88 trabajadores
habían sido cesados. Los demás reanudaron sus
labores por el temor a un despido masivo, sin conseguir
ningún beneficio.
Igual le ocurrió a la ASPA cuando paralizó
el 60% del trafico aéreo del 1° de Abril al 16 de
mayo, ocasión durante la cual la CMA separó del
trabajo a 34 pilotos. En Noviembre siguiente, sin embargo, la
ASPA logró un aumento del 10% y el STT otro de $8 diarios,
ambos mediante el recurso de la huelga.
En periodo presidencial de Adolfo López Mateos
ocurrieron 2358 huelgas.
La incorporación a la lucha de clases de los
profesionistas, que se había iniciado en 1959, fue mucho
más ostensible durante el gobierno del presidente Gustavo
Díaz Ordaz que abarcó de 1964 a 1970.
A fines de noviembre de 1964, los médicos
residentes del hospital 20 de Noviembre
demandaron el pago de sus aguinaldos y cuando la solicitud fue
rechazada, decidieron hacer paros parciales.
El subdirector del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
rechazó la presión y ordenó el ceso de 206
paristas. En el curso de 22 días ocurrieron suspensiones
ocasionales, hasta que el presidente se entrevistó con los
médicos el 10 de Diciembre y les prometió
atención a sus demandas.
A raíz de aquel despido nació la
Asociación Mexicana de Médicos Residentes e
Internos (AMMRI), que creó en torno suyo una
corriente de solidaridad, naciendo así la Alianza de
Médicos Mexicanos (AMM), que logró unificar a casi
todos los profesionistas de esa rama en el país y cuyos
dirigentes les aseguró Díaz Ordaz, mejoraría
la situación de los médicos hasta el limite de las
posibilidades del gobierno.
El 13 de Enerno la AMMRI reanudó los paros en
todos los hospitales y centros del ISSSTE, del IMSS y de la
Secretaría de Salud.
El procurador general de la República,
advirtió que la suspensión de las labores sin
cumplir con los requisitos que establecen las leyes del trabajo y
las que regulan las relaciones entre el Estado y sus servidores,
originaba la cancelación de los contratos de trabajo y
autoriza a la sustitución del trabajador.
En marzo siguiente, mientras los establecimientos
hospitalarios del gobierno anunciaron estar dispuestos a negociar
los contratos colectivos con la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), la AMMRI
proclamó su independencia
de esa central y se atribuyó en exclusiva la
representación de los médicos en materia del
trabajo.
El 20 de abril las instrucciones presidenciales
todavía no se cumplían, así que 4500
miembros de la AMMRI suspendieron sus labores por tiempo
indefinido. El 1° de mayo las grandes centrales obreras
desfilaron llevando pancartas contra la huelga médica y la
AMMRI.
El gobierno señaló a los médicos el
17 de mayo para que volvieran al trabajo. Al vencerse ese plazo,
se levantaron actas por abandono del empleo en contra de los
huelguistas.
El Sindicato de Profesores de la Universidad
Autónoma de México (SPUNAM) declaró la
huelga el 15 de junio de 1968, solicitaban aumento en los
salarios de los profesores ordinarios. Las autoridades
universitarias reconocieron la justicia de la petición del
SPUNAM y concedieron el 15% de aumento en los salarios. La huelga
terminó el día 22 de junio.
El día 26 de junio de 1968 la Coalición
Obrera Textil declaró la huelga contra 450
fábricas, exigiendo la revisión integral del
contrato obligatorio de la industria textil del algodón.
El Congreso del Trabajo, en nombre de 3 millones de asalariados,
expresó su solidaridad con los huelguistas y cuando los
patrones ofrecieron un aumento del 1%, el día 11 de julio,
se pronunció por la nacionalización de la
industria. El bloque patronal se rompió el día 16
de Noviembre, las empresas de Ayotla Textil, Río Homdo,
Textiles Morelos, Santa Clara y Textiles Driva ofrecieron un12%
de aumento salarial y otros beneficios que fueron aceptados por
los obreros. Dos días después la huelga
terminó en las otras 455 fábricas, cuyos
trabajadores obtuvieron un aumento del 12%, el pago del 1% para
fondo de ahorro y algunas prestaciones nuevas.
PERIODO DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA
El 11 de Agosto de 1972 estalló en Cuernavaca,
Morelos la huelga de los trabajadores de la confección
contra la empresa Grupo Industrial Interamericano. Demandaban la
satisfacción de 23 puntos, que en su conjunto
propendían a reacomodar a los obreros en virtud de los
nuevos índices de productividad. La
empresa aceptó todas las peticiones, pero se negó a
pagar los salarios caídos. Las pláticas volvieron a
romperse y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
declaró inexistente la huelga el día 21, ante lo
cual 3 mil trabajadores de varias fábricas hicieron un
mitin en la plaza de Armas de Cuernavaca y el sindicato
anunció su resolución de continuar el paro de
labores.
El día 30 de Agosto el gobierno del estado
anunció que la empresa estaba dispuesta a pagar los
salarios caídos a condición de que los miembros
ejecutivo sindical fueron depuestos y separados de su trabajo, lo
cual fue rechazado.
El gobernador citó a los huelguistas el
día 31 de Agosto, pero se ausentó del Estado y
éstos decidieron permanecer en los patios del Palacio de
Gobierno hasta que se resolviera el conflicto.
El 15 de Septiembre levantaron la huelga, todos los
puntos, salvo el de los salarios caídos, fueron resueltos,
pero mantuvieron su comité y la asesoría legal del
Centro de Formación Social del Estado de Morelos
(Cefocem).
Ochocientas obreras de la empresa Medalla de Oro, de
Monterrey, Nuevo León, suspendieron sus labores el 8 de
noviembre, exigiendo el reconocimiento de su sindicato organizado
al margen de la CTM, garantías en el trabajo e
indemnización en caso de despido. Para lograr la
solución de esos problemas, decidieron efectuar una marcha
hacia la ciudad de México, donde esperaban entrevistarse
con el presidente. Al llegar a la capital, la columna fue
dispersada por la policía y detenidas 25 personas; fueron
enviadas de regreso a Monterrey, y el día 15 de Diciembre
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
reconoció al nuevo Sindicato
Del 25 de octubre de 1972 al 15 de enero de 1973 los
trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México paralizaron las labores en la casa de estudios. El
movimiento provocó la renuncia del rector Pablo
González Casanova el día 7 de diciembre de
1972.
En 1973 se registraron 92 movimientos de huelga, entre
ellos los de las industrias hulera
y textil, en las que hubo 36 y 14 estallamientos
respectivamente.
En ese mismo año, la empresa Diesel Nacional
estuvo paralizada de las 7 a las 18 horas del 20 de agosto, al
radicarse un emplazamiento del Sindicato Nacional Independiente
de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos,
derivado de violaciones a su contrato colectivo de
trabajo.
En 1974 ocurrieron 406 huelgas, las más
importantes en la industria textil, donde hubo 306 suspensiones
de labores.
En 1976 se presentaron 138 movimientos de esta
índole, de modo que el número de ellos en el
régimen de Echeverría fue de 873.
PERIODO
DEL PRESIDENTE LÓPEZ PORTILLO.
EN 1977 estallaron 399 huelgas. El día 22 de
marzo se declara en huelga Altos Hornos de México, por
revisión del contrato colectivo, y se levantó el
día 28 de marzo.
El 1° de Noviembre, el personal de tierra de
Mexicana de Aviación suspendió legalmente sus
actividades por unas horas, a causa de una revisión de
contrato.
En 1978 se registraron 512 estallamientos de huelga,
cuatro de ellos de la industria de la radio y
la
televisión, derivados del incumplimiento del
contrato-ley vigente.
El 22 de junio, la empresa Sosa Texcoco tabuló en
un 2.6% y aumentó en 13% el salario después de 9
días de huelga. Del 5 al 20 de octubre, la sección
19 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Papelera mantuvo
una huelga contra la Compañía Kimberly Clark, a
cuyo término esta convino en aumentar en 15% los salarios
y diversas prestaciones a los trabajadores.
En Noviembre, otra vez la CMA sufrió una huelga
de tres días. En 1979 estallaron 155 huelgas, del 7 de
Febrero al 5 de marzo, en Diesel Nacional, por revisión
salarial; en 12 de marzo, durante 21 horas, en Teléfonos
de México; del 1° al 25 de Noviembre, en la CMA, por
revisión del contrato.
En 1980, hubo 93 movimientos huelguísticos, del 6
al 25 de febrero, en la Industria Embotelladora de México,
por incumplimiento del contrato de
trabajo; del 8 de febrero al 24 de mayo, en la planta de
montaje de General Motors por revisión salaria, con el 23%
de aumento; el 25 de Abril, Teléfonos de México
concedió el 20% de incremento salarial.
Entre los 108 movimientos de huelga ocurridos en 1981,
destacaron el del 1° al 14 de Abril, el del personal
administrativo sindicalizado de la Universidad Autónoma de
Chapingo, el cual logró obtener el 29% de aumento
salarial; del 19 al 14 de Julio el de Celanese, a cuyo
término se obtuvo el 30% de aumento salarial, más
prestaciones.
En 1982 estallaron 222 huelgas, de las cuales las
más importantes fueron, la del 24 de enero al 4 de
febrero, la de Cobre de
México, que se levantó al aceptar la empresa un
incremento salaria del 36.5% más prestaciones; las del 1
al 6 de febrero, en 197 empresas del ramo textil de seda y fibras
artificiales por revisión del contrato-ley; la del 14 al
22 de febrero, en Indetel, en donde se consiguió un
aumento de 33% al salario; y la del 22 de octubre al 5 de
noviembre, en Teléfonos del Noreste, por revisión
del contrato.
El número de huelgas registradas durante el
sexenio de López Portillo fue de 1489.
PERIODO DEL PRESIDENTE DE LA
MADRID.
De enero a diciembre de 1983 ocurrieron 230 huelgas, 56
por revisión de salario, 54 por revisiones generales de
contrato, 65 por violaciones a los contratos colectivos de
trabajo, 24 por firmas de contrato y 31 por otras
causas.
La huelga que se inicio el 24 de mayo en Refrescos
Pascual significó la muerte de
un trabajador a manos de empleados de la empresa; al final los
obreros se adjudicaron los activos y posteriormente la Secretaria
del Trabajo autorizó la constitución de
aquéllos en una sociedad cooperativa.
El 5 de Noviembre, la Asociación Sindical de
Sobrecargos declaró una huelga en contra de la CMA; sin
embargo, los servicios no se interrumpieron porque el gobierno
federal requisó la empresa.
En 1984 estallaron 221 huelgas, 24 por aumento de
salarios, 60 por revisiones contractuales, 5 por revisiones de
contrato-ley, 58 por violaciones a los contratos colectivos, 51
por firma de contrato y 23 por aumento de emergencia.
El conflicto de Teléfonos de México, del 7
de Septiembre al 29 de octubre, no tuvo efectos entre el
público por haberse aplicado la requisa a la
empresa.
En 1985 hubo 125 declaraciones de huelga, 25 por
revisión salarial, 27 por revisión integral, 50 por
violaciones, 16 por firma de contrato y 7 por otros
motivos.
Del 5 de agosto al 6 de Septiembre suspendieron sus
labores 7337 obreros de la Siderúrgica Lázaro
Cárdenas-Las Truchas, quienes al fin obtuvieron un
incremento en sus salarios del 33%.
En 1986 ocurrieron 312 estallamientos, 82 por
revisión salarial, 56 por revisión de contrato, 61
por violaciones, 39 por firma de contrato y 74 por otras
causas.
Los trabajadores sindicalizados de Diesel Nacional
paralizaron la empresa el 7 de febrero de 1978; pero el siguiente
día 13 la empresa otorgó a los trabajadores un
incremento salarial del 38%.
PERIODO DEL PRESIDENTE CARLOS SALINAS DE
GORTARI.
Entre las acciones
más significativas en el ámbito laboral durante
1989 se encuentran las siguientes: 10 de enero son detenidos los
principales dirigentes petroleros acusados de almacenamiento de
armas prohibidas, corrupción
y resistencia de autoridad,
entre otros cargos.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari mostró
con esta acción su interés por remover a los viejos
caciques sindicales que no estaban de acuerdo con su
gobierno.
En febrero los trabajadores de la empresa DINA se van a
la huelga frente al inminente cierre de la empresa.
En abril, los maestros de la Sección IX se
movilizaron exigiendo aumento salarial y democratización
del sindicato.
Los maestros de la Sección IX del Distrito
Federal logran elegir democráticamente a su secretario
general; el dirigente del SNTE, Carlos Jongitud, renuncia a su
puesto vitalicio.
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