Dos de las organizaciones que más resaltaron
fueron los Montoneros y el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP).
El ERP se mantuvo en su tradición revolucionaria
muy antigua, hecho que lo diferenciaba de los Montoneros. No se
enfrentaron a tan alto grado de defección, ni de
colaboración de sus combatientes con los militares del
proceso.
Su zona de combate era principalmente Tucumán.
Bajo las órdenes del Gral. Abel Edgardo Vilas, controlaban
a los poblados del Potrero de Tablas y San Rafael. Contaban con
gran arsenal, campamentos, centrales de comunicaciones
y hospitales de campamento.
Los Montoneros estaban dirigidos por Mario Firmenich,
quien tenía una ideología política definida, ni
estaba capacitado para estar al frente de este movimiento.
Los montoneros pretendían transformarse en un
ejército paralelo, pero al militarizarse cada día
más, se alejaron de los peronistas y de la realidad. Se
diferenciaban de los militares, porque su uso de la violencia "no
era indiscriminado".
Su estrategia se
basó en hacer guerrillas urbanas y llegaron a ser uno de
los movimientos terroristas más poderosos del mundo, ya
que tenían su propia artillería, y eran asesorados
por expertos europeos en la fabricación de sus armas.
Las autoridades eclesiásticas jugaron un papel muy
importante dentro del proceso. Las opiniones en la sociedad
respecto a la Iglesia
estaban divididas:
·Algunos creían que el clero estaba
enterado de todo lo que ocurría en los centros
clandestinos de detención
·Otros pensaban que fueron muy
perseguidos
Hasta ellos llegaron entre 1.976 y 1.980 entre 5.500 y
6.000 casos de personas desaparecidas o detenidas. De todos
ellos, algunos terminaron bien, otros fueron llevados por
Pío Laghi a Ezeiza para que dejaran el país, y por
otros no pudo hacer nada. Éste fue el nuncio papal de
Buenos Aires
durante esta época, (llevaba noticias o encargos de un
sujeto a otro, y era el representante diplomático del
Papa, por lo que ejercía ciertas facultades
pontificas).
Según declaraciones, lo que se hacía
cuando llegaba un caso a la nunciatura, era ir de inmediato al
Ministerio del Interior a hablar con el Gral. Harguindeguy.
Allí les respondían diciendo que no se les
debía creer a los ciudadanos, levantando entre el nuncio
papal y él, un muro de cinismo.
Después los derivaban a otras reparticiones con
la Policía, el Ejército, etc. para que hicieran
nuevas averiguaciones.
Pío Laghi, por su insistencia en el tema,
recibió en 1.977, un papel donde un pretendido tribunal de
un grupo
represivo le comunicaba que había decidido por su vida y
que podía ser ejecutado en cualquier momento.
En realidad, hasta 1.979, no se sospechaban de actos tan
graves, sólo se conocían los abusos de la guerra sucia,
pero no de los extremos a los que había
llegado.
Se podía decir que existían dos Iglesias,
la de los oprimidos y la de los opresores.
En 1.976, Monseñor Enrique Angelelli, obispo de
La Rioja, estaba en el frío asfalto de Punta de los Llanos
luego de que su auto fuera interceptado en la ruta que
unía Chamical con la capital de la
provincia hacia donde viajaba para presentar ante las autoridades
militares una carpeta con pruebas sobre
el asesinato de dos sacerdotes de la diócesis. La
versión oficial, que el mismo Episcopado avaló,
hablaba de accidente, pero entre los Riojanos, y gracias al
aporte de testigos claves, se comprobó que Monseñor
Angelelli había sido sacado ileso de su auto y brutalmente
asesinado de varios golpes en la nuca.
Su muerte fue la
dura cuenta que tuvo que pagar por una vida dedicada a los
más humildes, a quienes consagró su vocación
sacerdotal. Su prédica le trajo el rencor de los poderosos
de siempre, uniformados y civiles, a quienes afectó en sus
sagrados intereses, y de quienes recibió una feroz
campaña que no vaciló en acusarlo de "obispo rojo",
enviar firmas para pedir su remoción al Vaticano, expulsar
sacerdotes de Anillaco, donde Amado Menem,
hermanastro del actual presidente, tuvo especial
participación, asesinar religiosos y laicos y finalmente
eliminar al odiado "Pelado".
Monseñor Angelelli fue, junto a Hesayne, De
Nevares, Devoto, Ponce de León y Novak, uno de los obispos
que supo comprometerse con la cruz y el Evangelio dentro de una
jerarquía episcopal cuya actitud de
conveniencia y complicidad con la dictadura militar
avergüenza la conciencia de los
cristianos. Desde la justificación teológica de la
tortura y la eliminación clandestina de prisioneros
indefensos hasta la aceptación lisa y llana de la espada,
como instrumento quirúrgico para impulsar la doctrina de
la seguridad nacional, la conducta de la
jerarquía católica argentina no tiene
perdón.
Durante el ya conocido genocidio, a los militares
embanderados como "defensores de la fé católica",
la Conferencia
Episcopal los justificó, los confortó y los
atendió en amistosas reuniones, mientras las Madres de los
desaparecidos, los fusilados, los torturados, los arrojados al
mar, esperaban infructuosamente durante días y noches ser
recibidas para poder entregar una carta.
Pudieron salvar muchas vidas y no lo hicieron, son
responsables sobre 30.000 vidas humanas, no de haberlas matado
pero sí de no haberlas salvado. Bastaban pocas cosas,
pocos gestos, pero hubo complicidad, temor, identificación
con el régimen.
La sociedad argentina, acostumbrada a hechos como estos
sólo publicados a través de las crónicas de
otros países, tenía miedo, miedo de saber, de tener
algún tipo de información, de estar enterado de
algo.
"El silencio es salud", siniestra
ironía escrita en carteles, para anunciar en un lugar
donde se cometían aberraciones, en busca de quebrar el
silencio heroico de las víctimas.
La sociedad ya no sólo extrañaba el hecho
de poder votar, sino también el de poder decir lo que
pensaban, tener ideales políticos diferentes a los
impuestos. A
cambio de
estas privaciones, tenían constantes amenazas.
De la manera en que se presentaban los hechos, parte de
la sociedad decidió exiliarse, ya sea por razones políticas
o laborales, en el exterior o, en otros casos, en las
provincias.
En el plano educativo, la censura y la mentira
también estaba presente. Los libros eran
"transparentes", frívolos, en ellos no existían la
mezquindad ni el crimen. Así mismo, la música también
estaba reprimida; Los actos de protesta y los cantos populares
estaban titulados en su totalidad como "subversivos".
El 80% de los ciudadanos argentinos que entre 1.976 y
1.983 cursaban la escuela
secundaria, no recuerda sobre su vida social y/o salidas
estudiantiles, tampoco las canciones que escuchaban ni los cantos
populares de protesta.
El 17,4%, que pertenecía a la clase alta,
parecía haber vivido en otro planeta, aislados del
mundo.
El 3,6% prefiere no opinar del tema, por miedo a nuevos
actos represivos.
La gente conocía la verdad de lo que estaba
ocurriendo, pero la violencia había llegado a tal grado
que se sentían intimidados y no se animaban a hablar.
Luego de los 2 primeros años fue evidente que la política
económica no funcionaba y empezó a notarse cada
vez más el problema de los desaparecidos. Fue allí
cuando la sociedad, el pueblo argentino, se volvió en
contra de los militares.
Los secuestros se realizaban generalmente a altas horas
de la noche por una patota (que en "ocasiones especiales" eran
más de 50).
Entraban al domicilio de la persona
señalada (generalmente, antes había un
"apagón"), se apoderaban del señalado, lo tabicaban
(le vendaban los ojos), se los encapuchaba y lo torturaban
delante de sus hijos (que después, eran dejados con
algún vecino, familiar o solos; en otras ocasiones eran
llevados con sus padres a los centros clandestinos, para que
después sean adoptados por algún
represor).
Luego, eran introducidos en vehículos
(generalmente dentro de automóviles correspondientes a la
marca Ford,
modelo
Falcón, de color verde),
parte de ellos conseguidos en los operativos de secuestro, como
botín de guerra.
De allí partían hacia alguno de los
centros clandestinos. Y pasaban a ser miles de hombres, mujeres y
niños
de distintas edades y ocupaciones, integrando una
categoría dentro de la población de carácter
"tétrico" llamado "los desaparecidos".
Los represores secuestraban a los que consideraban
"subversivos":
a) Los que ayudaban en las villas-miseria
b) Los que tenían como objetivo una
mejora en los salarios
c) Los miembros de alguno de los centros
estudiantiles
D) Los periodistas que demostraban su desacuerdo con los
represores, y hacia la represión; y eran capaces de
demostrar su oposición a los hechos en un artículo
periodístico, etc.
e) Los psicólogos y los sociólogos, por
pertenecer a profesiones "sospechosas"
f) Las monjas y/o sacerdotes que llevaban sus
enseñanzas a las villas-miserias
g) Los amigos de cualquiera de todas estas personas, los
amigos de éstos amigos, etc.
Todas en su mayoría inocentes de cometer actos
terroristas, o siquiera de compartir con alguien, o pertenecer a
grupos que combatían esta guerrilla.
Massera integró las brigadas operativas de
secuestros, presenció torturas e interrogatorios, en apoyo
a la formación del "grupo de tareas". En la
inauguración del mismo, ordenó: "-responder al
enemigo con la máxima violencia, sin trepidar en los
medios".De
esta manera se convierte en "cero", su nombre de guerra. Junto
con el poder de Massera, creció el poder de algunos
oficiales navales hasta llegar a la jurisdicción del
Estado, como en el caso del contraalmirante Chamorro y el
capitán Acosta Ambone, jefe de inteligencia
del G.T. 3.3. éste último decía ser "el
dueño de la vida y la muerte" o "como Dios".
Uno de los centros del poder político en la
Armada fue el campo de concentración de la ESMA (Escuela
de Mecánica de la Armada), que empezó a
funcionar en marzo de 1.976, y aunque tuvo cambios
políticos y distintas formas de represión, se
clausuró en noviembre de 1.983, unos días antes de
asumir el gobierno constitucional.
Por allí pasaron casi 5.000 detenidos
-desaparecidos, y junto con el "Campo de mayo", fue uno de los
mayores centros clandestinos de tortura.
Antes del golpe militar de 1.976 ya existían los
centros ilegales de detención: "la escuelita de familia" y la
Jefatura General de Policía en Tucumán, entre
otros
La base del poderío de la ESMA no fue sólo
político sino también material: -obtuvieron grandes
sumas de dinero
mediante el "botín de guerra". Hasta se montó una
inmobiliaria en Belgrano, a raíz de los inmuebles ocupados
y adquiridos por torturas y falsificación de documentos.
El campo de concentración funcionó en el
Casino de Oficiales de la ESMA, un edificio de 3 pisos, con un
altillo grande y un sótano. En el 3er piso y en el altillo
se alojaba a los detenidos- desaparecidos, en habitaciones sin
ventanas llamadas "capuchas".
En la planta baja estaba el Salón Dorado o "el
dorado", donde de instaló la sección de
inteligencia del G.T 3.3 (el acceso a ese sector era restringido
como la sección de "los jorges", oficinas de algunos
oficiales del grupo). En el sótano estaban la enfermería, un laboratorio
fotográfico y varias salas de torturas.
Los interrogadores torturaban salvajemente a los
secuestrados atados a elásticos metálicos. Con la
picana eléctrica, los golpes brutales, el ""submarino
seco", el "submarino mojado", y los simulacros de fusilamiento,
buscaban no sólo obtener información sino destruir
a los detenidos -desaparecidos física y
psíquicamente.
El oficial Alfredo Astiz ha tenido un papel importante
en esta última dictadura. Secuestró a ancianos y
adolescentes,
mujeres embarazadas, a las monjas francesas Domon y Duquet; se
infiltró en el grupo de Madres de Plaza de Mayo y
familiares que se reunían en la Iglesia Santa Cruz y se
ganó el desprestigio ante la opinión
pública internacional. Hasta 1.983 siguió
trabajando en tareas de inteligencia.
A mediados de 1.979 llegó a Buenos Aires la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Ante las pruebas acumuladas sobre la ESMA, se
prefirió neutralizar la visita del CIDH a la escuela.
Algunos prisioneros fueron trasladados a una quinta en el norte
de Buenos Aires, otros a una isla en el Tigre donde permanecieron
un mes aproximadamente. Casi 60 prisioneros políticos
estuvieron en una isla cercana al río Paraná,
llamada "El Descanso".
Entre 1.980 y 1.983 se trasladaron a la ESMA prisioneros
de otros campos de concentración, que tenían
determinados oficios o profesiones, para montar un servicio de
impresiones y falsificación de documentos.
El G.T. 3.3 tenía 3 tareas
específicas:
a) Inteligencia: donde se planeaban las operaciones, se
concentraban los efectivos antes de salir y se analizaba la
información obtenida por medio de torturas y la
represión.
b) Operaciones: realizaba lo que planeaba
"inteligencia"
C) Logística: Mantenía el campo de
concentración y administraba las finanzas
propias y del "botín de guerra".
En resumen, la tortura funcionó como un elemento
relevante en la metodología empleada. Los centros
clandestinos de detención fueron concebidos para poder
practicarla impunemente.
Los desaparecidos son, en consecuencia, una herida
abierta que requiere una respuesta urgente.
Durante el Golpe de Estado perpetuado por las Fuerzas
Armadas se llevó a cabo una política de terror y
avasallamiento de los derechos sociales e
individuales del pueblo de la República Argentina. El
saldo de este accionar fue la desaparición de miles de
personas.
Esta metodología aberrante también se
ensañó con los hijos de los prisioneros, algunos de
corta edad, otros nacidos en los centros clandestinos durante el
cautiverio de sus padres.
Luego de 13 años de ejercicio de la democracia, se
espera obtener Verdad y Justicia. Poco se ha
conseguido.
En un fallo dictado el 9 de diciembre de 1.985, la
Cámara Federal analizó este tema, y al respecto
afirmó:
"La posibilidad de que el personal a quien se mandaba a
domicilios particulares a cometer delitos de la
apuntada gravedad se apoderara sistemáticamente de
bienes en su
propio beneficio fue necesariamente prevista y asentida por
quienes dispusieron tal modo de proceder. La enorme
proporción de casos e que ellos, tuvo lugar, y el hecho de
que se les otorgara igual tratamiento en cuanto a la impunidad de
sus autores confirma esta inferencia.
No es posible, en cambio, hacer extensivo este
razonamiento a otros delitos como la sustracción de
menores cuya comisión se ha demostrado sólo en
forma ocasional únicamente se han verificado las
sustracciones de los menores Felipe, Martín y María
Eugenia Gatica".
Por aplicación de este criterio, el Tribunal
absolvió del delito de
sustracción de menores a los Comandantes a quienes se les
había imputado este delito.
Esta injusta decisión impulsó a diversos
grupos de la sociedad civil,
especialmente a las Abuelas de Plaza de Mayo, a realizar una
búsqueda de menores desaparecidos. Como resultado se
conocieron centenares de casos de menores secuestrados con sus
padres o nacidos en centros clandestinos de
detención.
Recientemente, en un juicio administrativo promovido
contra el Estado
Nacional para que informe sobre la
suerte de los desaparecidos, fue encontrada en un organismo
militar la prueba de la existencia de un documento titulado:
"Instrucciones sobre procedimiento a
seguir con menores de edad hijos de dirigentes políticos o
gremiales cuando sus progenitores se encuentran detenidos o
desaparecidos" (proveniente del Ministerio del Interior en abril
de 1977).
Con esta prueba, cayó el fundamento conceptual
del fallo de la Cámara en materia de
sustracción de menores, pues la sola existencia de tales
"instrucciones" demuestra que este accionar existió y fue
previsto por los autores del plan criminal,
tal como el fallo lo admitió sólo para el simple
robo de cosas.
Los que se apropiaron de estos menores desaparecidos,
usaron dos caminos supuestamente legales para borrarles la
identidad y su
historia familiar:
a ) o fueron adoptados como hijos propios
b ) o fueron adoptados con adopción
plena, la que en nuestro país borra el vínculo con
la familia de sangre y el menor
pasa a integrar la familia adoptiva.
Esto obliga a actuar en dos planos jurídicos,
luchando contra la impunidad: una causa penal para demostrar que
ese menor anotado como propio o adoptado es el hijo de un
desaparecido y luego, la causa civil para anular la
adopción plena. Esto hace que las causas sean diferidas en
el tiempo, que los apropiadores renueven sus trabas para evitar
que se encuentren a esos niños, y que continúen
gozando de la impunidad que han tenido y tienen a 21 años
del golpe militar.
Se debe destacar, además, que estos "individuos"
cuentan con la complicidad de muchos funcionarios que vienen
desde el proceso militar y siguen integrando el poder judicial
como si nada hubiera pasado.
Se juzgó a los militares pero no a sus
cómplices, a los jueces que denegaban el hábeas
corpus sabiendo su origen; a los médicos que
controlaban las torturas y atendían los partos en campos
clandestinos de detención y regalaban el bebé o se
quedaban con él; a los psicólogos que violaban el
secreto profesional y sacaban información a los detenidos
que se quebraban; a los curas que utilizaban la confesión
para sacar información o que admitían la tortura
"una o dos horas nada más", pero se oponían a la
violación como forma de tortura porque era
inmoral.
El plano judicial de este tema es el más
difícil de sobrellevar, ya que la prescripción de
las causas aparece como un obstáculo importante. Esto se
ve claramente en el fallo que presentó la Corte Suprema de
Justicia de la Nación,
en Diciembre de 1.995:
"En consecuencia, atento a lo establecido por el art.62,
inc.2do del Código
Penal y la fecha de comisión de los hechos, se advierte
que han transcurrido el máximo de duración de las
penas previstas por los articulos. 139, inc.2do y 146 del
Código Penal, por cuya razón la prescripción
de la acción se ha operado y así debe declararse,
por cuanto aquel instituto jurídico en materia penal opera
de pleno derecho por el mero transcurso del plazo
pertinente."
El voto en disidencia dice: "En primer lugar, cabe
señalar que en autos no se ha
operado la prescripción de la acción penal. En
efecto, dado que una de las conductas típicas previstas en
el art. 146 del Código Penal reprime a quien "retuviere" a
un menor de 10 años, resulta evidente- dado el
carácter permanente del delito- que dicha conducta
habría continuado produciéndose mucho
después del acto inicial de sustracción ocurrido
con posterioridad al 22 de junio de 1.976 y antes del 23 de marzo
de 1.977, lo que lleva a concluir, en principio, que en el caso
no se habría operado el citado plazo de
prescripción."
Las Abuelas de Plaza de Mayo han elevado este caso a la
CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos),
sosteniendo que: "la gravedad de la decisión de la Corte
radica en que el fallo no es sino el punto final para la
búsqueda de nuestros nietos y la impunidad para los
apropiadores de ellos, temas que habían sido expresamente
excluídos de las llamadas leyes de Punto
Final y Obediencia Debida."
Según testimonios, se logró conocer
cómo eran tratadas las mujeres embarazadas que eran
secuestradas: cuando llegaban a la ESMA, eran tiradas en
colchonetas en el suelo,
encapuchadas y boca abajo. No se salvaron de las torturas pese a
su estado.
Al principio, cuando faltaban pocos días para el
alumbramiento, eran llevadas a una pieza con ventanas
herméticamente cerradas; recién ahí le
sacaban los grilletes, que eran vueltos a poner cuando iban al
baño.
Eran atendidas por un médico del Hospital Naval,
un enfermero de la ESMA, y ayudadas por otras prisioneras. Una
vez nacida la criatura la madre era "invitada" a escribir una
carta a sus familiares, a los que supuestamente les
llevarían el niño. Inmediatamente la secuestrada
era "trasladada", mientras el bebé quedaba en la
habitación atendido por otras embarazadas. Luego se lo
llevaban.
Desde que la embarazada llegaba ya se sabía
cuál sería el destino de su hijo y el suyo: a ella
le esperaba el TRASLADO, y a su pequeño la seguridad de
que nunca conocería su verdadera historia, y menos a su
verdadera familia.
En el mes de julio de este año, el ex marino
Scilingo reveló el "modus operandus" del horror, ante la
Cámara Federal de Buenos Aires. "Alegando razones
humanitarias" la Armada habría dispuesto que las
embarazadas detenidas deberían dar a luz, pero para
evitar que los mismos niños se contaminasen con ideas
extremistas, éstos se darían en adopción a
familias "normales": marinos o allegados a ellos que, a
través de haber tomado contacto con el Grupo de Tareas
3.3.2, habrían expresado el deseo de adoptar un
niño.
El procedimiento que se llevaba a cabo era el siguiente:
el entonces director de la ESMA, contralmirante Rubén
Chamorro, el jefe del G.T. 3.3.2, capitán de navío
Jorge Vildoza, y el jefe de Inteligencia, capitán de
fragata Jorge Acosta, resolvían a quién
correspondía el futuro del bebé, todo con el visto
bueno de quien ejercía la conducción directa del
Grupo, el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Eduardo
Massera.
Jorge Luis Magnasco, que hasta hace pocos meses
trabajaba como obstetra en el Sanatorio Mitre de donde ya fue
despedido, y sus asistentes Aldo Clemente Chiappe, Alberto Arias
Duval, Carlos Octavio Capdevilla y Raúl Sanchez Ruiz,
fueron responsables de la acta de nacimiento que se realizaba ya
con el nombre de la madre adoptiva.
Scilingo acusó a Massera, Chamorro, Vildoza,
Acosta y Magnasco como "presuntos autores" del delito principal,
y a Carlos Menem y el jefe de la Armada, Carlos Marrón,
como supuestos "encubridores".
LAS MADRES Y ABUE
LAS DE PLAZA DE MAYO
En abril de 1.977 un grupo de madres, que se conocieron
durante los trámites para buscar a sus hijos
desaparecidos, decidió juntarse un día por semana
en Plaza de Mayo. Así nacieron las "Madres de Plaza de
Mayo", un símbolo de la resistencia
popular argentina a la dictadura militar.
Los militares no las atendieron nunca, y desde entonces
hace 20 años que siguen reclamando por sus
hijos.
Estas madres también sufrieron la
represión. No sólo cayó su fundadora,
Azucena Villaflor de Vicenzi, sino 14 personas más en un
mismo operativo, entre las cuales estaban las monjas francesas
Leonie Reneé Duquet y Alice Domon. Este acto fue
protagonizado por Astiz (el "ángel de la muerte"), junto
con una prisionera colaboradora que fingió ser su
hermana.
De esta manera logró infiltrarse en este grupo, y
se ganó la confianza de las madres cuando simuló,
un jueves en Plaza de Mayo, enfrentar a la policía.
Decía tener un hermano secuestrado y llamarse "Gustavo
Niño". Así fue seleccionando sus víctimas,
secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre de 1.977. Algunos ex-
prisioneros de la ESMA cuentan que la monja Domon, mientras era
brutalmente torturada, se preocupaba por la suerte de "Gustavo".
Horas después comprobó que "Gustavo" era
Astíz y ese aparente joven luchador, un
asesino.
El siguiente párrafo, es un fragmento de la Solicitada
de Padres y Esposas de Desaparecidos:
"La verdad que pedimos es saber si nuestros
desaparecidos están vivos o muertos y dónde
están. ¿Cuándo se publicarán las
listas completas de los detenidos?, ¿Cuáles han
sido víctimas del EXCESO DE Represión al que se
refirió el Sr. Presidente?.
No soportamos ya la más cruel de las torturas
para una madre: la incertidumbre sobre el destino de su hijo/a.
Pedimos para ellos un proceso legal y que sea así probada
su culpabilidad o inocencia y, en consecuencia, juzgados o
libres.
Hemos agotado todos los medios para llegar a la verdad;
por eso, hoy públicamente, requerimos la ayuda de los
Hombres de Bien que realmente AMEN LA VERDAD Y LA PAZ, Y DE TODOS
AQUELLOS QUE AUTةNTICAMENTECREEN EN DIOS Y EN EL JUICIO
FINAL DEL QUE NADIE PODRء EVADIRSE.
Sólo pedimos la verdad al excelentísimo
Sr. Presidente, a la Corporación de las Abuelas de Plaza
de Mayo, a la Corte Suprema de Justicia, a los altos mandos de
las Fuerzas Armadas, y a las Autoridades
Eclesiásticas."
Luego de la Guerra de
Malvinas, producida dentro de ésta última
dictadura militar, la sociedad comenzó a dejar de callar,
y así, unidos contra los represores, y de la mano de
Raúl Alfonsín, quien dirigía al sector
opositor, organizaron una protesta por la falta de
información sobre las Malvinas.
Lograron instalar el tema en la opinión pública, y
a los represores ya no les resultó tan sencillo poder
organizarse. Habían perdido credibilidad y la gente
intentaba revelarse.
La propuesta de Alfonsín se basaba en:
"Constituir UN GOBIERNO CIVIL DE Transición, QUE
ENCABEZARA EL EX PRESIDENTE ILLIA"
Pero dentro del gobierno de facto, las propuestas eran
otras:
"SEGUIR INCULCANDO LA IDEA DE TEMOR"
Galtieri (a quién el ejército
quería hechar), decide hablar en Plaza de Mayo. Acude
allí gran cantidad de gente, y días después
se da por finalizado el Proceso de Reorganización
Nacional.
En 1.983 asume como presidente Raúl
Alfonsín, iniciando la DEMOCRACIA en nuestro
país.
Fuera de que su gobierno perjudicó
muchísimo al país en una forma económica,
con la inflación, él fue quien fundó la
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas).
Tiempo después se realizó el Juicio de las
Juntas. Participaron muchísimas personas en los
testimonios de aquel juicio. Se encontraron muchos culpables;
pero al asumir en su primer gobierno, Carlos Saúl Menem,
los indultó con las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida.
Para algunos, esta decisión fue inteligente
porque ayudó a terminar con las rebeliones militares,
dando vuelta de hoja en la historia de las relaciones
cívico– militares.
Lo que esos "algunos" no ven, es que este hecho es
difícil de defender desde el punto de vista moral.
Múltiples declaraciones han hecho que comenzara a
reflotar el tema de la represión militar y de los
desaparecidos.
El ex marino de la ESMA, a quien el arrepentimiento,
(¿arrepentimiento?) Hizo que se decidiera a declarar, dijo
haber visto lanzar desde aviones navales de 1.977 a un joven, dos
adolescentes mujeres, y una mujer de 65
años aproximadamente, vivos al mar. No los puede
identificar por nombre y apellido, ni tampoco a otros ciudadanos
(30) que fueron arrojados al mar por él mismo.
Participó en los vuelos de la Armada entre los
años 1.976 y 1.977 para arrojar (en sólo dos
vuelos) a 1.500 y/o 2.000 presos ilegales.
Dice que Mendía (comandante de las operaciones
Navales, contralmirante), los reunió, luego del golpe del
’76, para darles instrucciones tales como: actuar de civil,
y eliminar subversivos, antes de explicar que algunos prisioneros
se tirarían vivos al mar.
Juan Paulik, jefe de las Fuerzas Armadas, brigadier
general, declaró que durante la lucha "antisubversiva" se
cometieron barbaridades de uno y otro sector.
El ex ministro de la dictadura, A. Harguindeguy,
denunció que se utilizó el asesinato como Practica
HABITUAL para poder obtener información ante los
detenidos.
Balza aceptó como errónea las alteraciones
de orden institucional en 1.976, y admitió que las Fuerzas
Armadas no supieron combatir el terrorismo
desde la ley.
Pernías y Rolón denunciaron que se
utilizó la tortura durante el régimen militar, y a
partir de ese momento comenzaron las declaraciones de los
"arrepentidos".
El capitán Alfredo Astíz, fue el
responsable de los secuestros de las monjas Domon y Duquet, y la
ciudadana sueco- argentina Hagelin.
El ex policía Julio Simón, conocido en la
represión como "turco Julián" o "turco Julio",
admitió que la orden era matar a todos los prisioneros.
Pero, pese a todo, reivindicó el actuado en la
última dictadura. Fue el ejecutor de torturas y
asesinatos, pero sin embargo, no se arrepiente de nada. HOY EN
día, SE LO PUEDE VER EN LOS PROGRAMAS
Periodísticos DE LA T.V., CONTANDO SUS "Anécdotas"
DE TORTURA, COMO SI LAS PERSONAS QUE Mató FUERAN
FICTICIAS, BURLANDO EL DOLOR DE CIENTOS DE FAMILIARES DE
DESAPARECIDOS.
Según la opinión de varios represores, los
únicos arrepentidos deberían ser los integrantes de
las organizaciones terroristas.
Debería pensarse que es positivo que Balza y
otros más hayan declarado estas atrocidades cometidas
debido a su arrepentimiento; pero hoy en día, se sabe que
la razón por la que declararon es porque se vieron
obligados y presionados a hacerlo. Podían haberlo
denunciado, si es que tan arrepentidos estaban, en el año
1.983, cuando el tema ya era denunciado por organizaciones como
Amnesty International.
"Delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien
imparte órdenes inmorales, delinque quien cumple
órdenes inmorales, delinque quien, para cumplir un fin que
cree justo, emplea medios injustos, inmorales."
IX, A) LOS EFECTOS SOCIALES DE LA
IMPUNIDAD
Los derechos individuales se ven claramente afectados
por la actividad estatal, que consagra durante la etapa
constitucional la impunidad para los responsables de los
distintos delitos contra las personas desaparecidas durante la
etapa terrorista del Estado.
La situación de que aquellos que cometen
violaciones a los derechos humanos no sean sometidos a la
Justicia, vulnera el principio de "igualdad ante
la ley" y se convierte en una lamentable afirmación: la de
que "las personas no son iguales ante la ley".
La falta de una sanción genera la
convicción en los cuadros represivos de que pueden
reeditar el exterminio de las personas como medio para resolver
un conflicto
entre el Estado y la sociedad civil o entre un civil y un agente
de las Fuerzas del Estado.
Se invierten los valores
que sostienen la relación Estado- sociedad civil, cuando
el Estado de Derecho
tiende a sancionar los delitos contra la propiedad y a
amnistiar y/o indultar los delitos contra la vida. La
preservación del ser humano pierde un espacio
irrecuperable frente a la preservación de los bienes
materiales.
IX, B) LA Desaparición FORZADA
Este método de
represión gubernamental viola una amplia gama de Derechos
Humanos imponiendo un sufrimiento físico y psíquico
de carácter permanente que trasciende las esferas de la
vida del desaparecido y la de sus familiares. Como método
gubernamental tiende a la supresión física de toda
persona considerada efectivo o potencialmente opositora
(político- ideológica).
Ella comporta la violación de una serie de
derechos humanos internacionalmente reconocidos:
a) El derecho a la libertad y a
la seguridad personal (art.3 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, art. 9 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, art.1 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art.7
de la Convención Americana de los Derechos Humanos, art.5
de la Convención Europea.)
b) a no ser arbitrariamente detenido o preso (art.9 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art.9
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
art.25 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, art.5 de la Convención Americana de
los Derechos Humanos, art.5 de la Convención
Europea)
c) derecho a un juicio imparcial en materia penal
(art.10 y 11 Declaración Universal de Derechos Humanos y
art. 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, art.7 Convención Americana de los
Derechos Humanos, art.5 Convención Europea)
D) a no ser sometidos a torturas ni penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, a no ser privado
arbitrariamente de la vida (art.3 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, art.6 del Pacto Internacional de
Derechos civiles y Políticos, art.1 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, art.4 Convención Americana de los Derechos
Humanos, art.2 Convención Europea.)
e) En el caso que la desaparición afecte a
mujeres embarazadas y niños lactantes se configura otra
violación particular (art.25, 2 Declaración
Universal de Derechos Humanos, 24,1 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículos 10, 2 y 3
Pacto iInternacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, art.7 Declaración de los Derechos del
Niño y la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, Parte I, 7 y 17 de la Carta Social
Europea.)
IX, C) LA Apropiación DE
niños
Este terrible delito proviene de otro igualmente
terrible, la desaparición de la madre mientras
mantenía en su vientre al niño o la
apropiación del niño durante el secuestro o
desaparición de sus padres.
Este "crimen", constituyó un método de
privación de los derechos derivados de los lazos de
sangre. De igual manera que la desaparición es un delito
tendente a la supresión del desaparecido, la
apropiación de niños constituyó un
método de supresión de la familia y la identidad de
la persona, configurando una violación a los
artículos 24,2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, art.18 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos.
Luego de esta investigación, llegue a una
conclusión que, creo, es a la que todo ciudadano argentino
con sentido ético llegaría.
Creo que el objetivo inicial de aquel Golpe de Estado
nunca se cumplió, o, lo que es peor, nunca existió;
que los medios utilizados para combatir a los que ellos llamaban
SUBVERSIVOS eran peores que el mismo supuesto delito cometido por
éstos; que lo que el actual Presidente del Estado, CARLOS
Saúl MENEM, hizo al aplicar las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida, fue dar rienda libre a los represores para
realizar cualquier atrocidad, ya que tarde o temprano,
serán indultados por un presidente que perteneció a
uno de los movimientos "paramilitares"(entre comillas, porque es
evidente que los Montoneros terminaron colaborando con sus
supuestos enemigos); y, lo que es peor, que nunca se sabrá
realmente lo sucedido en aquellos campos de concentración,
ni quiénes llegaron a estar detenidos allí, ya que
en este país, hay complicidad de poderes para que esto
suceda.
De todas formas, a pesar de lo negativo de esta
conclusión, lo importante es que aunque haya mil y una
dictaduras, mil y un asesinatos, los argentinos no olvidan; esto
se demuestra en la continuidad e insistencia del grupo Abuelas y
Madres de Plaza de Mayo, grupo que cumplió 20 años
de lucha, y como ellas dicen, sin dar "ni un paso
atrás".
ALFREDO ARGIBAY, BUENOS AIRES,
ARGENTINA
1_ E.C. Ortega, "historia social de la argentina", ed:
sopena
2_Edgardo Gimenez, "historia política de la
república", editorial: Aique
3_Torcuato Di Tella, "historia social de la argentina"
editorial: Troquel
Alfredo Argibay
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