10. Proceso de
Reorganización Nacional
La Junta Militar
El descontrol económico, la violencia
política y
la evidencia de la desintegración del gobierno abrieron
paso para que los militares regresen al gobierno.
El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar – integrada por los tres
comandantes de las tres armas, Jorge R.
Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Marina) y Orlando R.
Agosti (Aeronáutica) – destituyó al gobierno de
María E. Martínez y asumió el gobierno
iniciando lo que llamaron Proceso de
Reorganización Nacional. Esta nueva intervención
militar fue diferente de las anteriores, el gobierno fue ejercido
directamente por las Fuerzas Armadas. El gobierno militar se
propuso transformar de raíz la sociedad argentina. Lo que
para la Junta Militar estaba en juego era la
existencia misma de una Nación.
Para resolver esta crisis
había que "reorganizar" la sociedad, en un
"proceso" que no tenía "plazos" sino "objetivos". Se
lanzó a una campaña contra los militantes
políticos y sociales, haciendo uso de un terror mucho peor
que aquel que decían estar combatiendo. Entre 1976 y 1983
– bajo el gobierno militar- miles de personas, fueron arrestadas
y desaparecieron sin dejar rastros.
Esta "reorganización" tuvo características definidas: represión
política y
social, desarticulación de las bases de la economía industrial y
ejercicio autoritario del poder.
El poder
político fue reemplazado por el poder militar: la
presidente fue detenida; se declararon nulos los gobiernos
provinciales y municipales, cesó el Poder
Legislativo, se removió a los miembros de la Corte
Suprema de Justicia y se
suspendieron las actividades políticas
y gremiales en todo el país.
El proceso apoyó su accionar institucional en torno a tres
instrumentos legales: 1) el Acta para el Proceso de
Reorganización Nacional; 2) el Estatuto para el Proceso de
Reorganización Nacional y 3) el Reglamento para el
funcionamiento de la Junta Militar.
A través de los dos primeros, se firmó el carácter
revolucionario el movimiento
militar en tanto que por el tercero se reservaba la Junta Militar
plenos poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Constitución Nacional quedó
subordinada a los ya nombrados instrumentos legales.
En la proclama que dio inicio al Proceso, la Junta Militar
alegó que estaban "agotadas todas las instancias del
mecanismo constitucional" y superada " la posibilidad de
rectificaciones dentro del marco de las instituciones". Denunció la existencia de
un "vacío de poder" y la necesidad de derrotar a la
subversión.
La Junta Militar designó como presidente al Teniente
General Jorge R. Videla el 2 de abril de 1976. El 1º de
agosto de 1978 Videla dejó de integrar la Junta de
Comandantes en Jefe y sólo ejerció la presidencia
de la Nación.
El gobierno tenía ante sí la actividad de la
guerrilla a la que muy pronto se le opondría una actividad
simétrica de grupos militares
y paramilitares que no siempre respondían al control
presidencial. La llamada "cultura de la
violencia" se
había establecido en el país gestándose una
especie de guerra civil
larvada que dejó hondas y dolorosas huellas.
El gobierno militar estuvo atravesado por profundas divisiones
internas.
Entre 1976 y 1981 la gran mayoría de los altos cargos de
la administración
pública estuvo a cargo de oficiales de las Fuerzas
Armadas. Esto perjudicó el funcionamiento del Estado, porque
cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior
jerárquico en el escalafón de la
administración pública y su superior militar.
Esto contribuyo a dividir al Estado en
múltiples unidades que poseían una autonomía
de hecho, con los efectos de corrupción
Cumplido el término fijado para el período
presidencial del General Videla el 29 de marzo de 1981
asumió la presidencia el Teniente General Roberto E.
Viola. Por enfermedad el presidente (diciembre de 1981)
asumió interinamente la presidencia Tomás
Liendo.
Viola distendió la economía nacional y
reemplazó al ministro de economía. La Junta lo
reemplazó, a Viola, transitoriamente por Carlos Alberto
Lacoste.
Viola dividió el Ministerio de Economía en cinco
carteras con la intención de despersonalizar la política
económica, incorporo una mayoría de civiles al
gabinete, produjo un acercamiento con los sectores propietarios
– nombró dirigentes representativos del sector rural
y del industrial en los ministerios de Agricultura e
Industria
– e inició un diálogo
con sindicalistas y políticos.
Este intento de encontrar nuevas bases de apoyo para el
régimen militar fracasó.
En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria –
convocada por la UCR y compuesta por los partidos Justicialista,
Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de
Integración y Desarrollo -,
con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado
"tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones
democráticas y a ofrecer al país, conyunturalmente,
una propuesta de solución ante la emergencia
nacional".
Finalmente el mandato de Viola no alcanzó a cumplir un
año y el 12 de diciembre fue relevado de la función
presidencial y reemplazado por el Teniente General Leopoldo
Galtieri, quien lo había sucedido a la Jefatura del
Ejército.
Galtieri intentó restablecer la imagen de
gobierno y retomar la orientación liberal de la política
económica, que quedó en manos del nuevo
Ministro de Economía Roberto Alemann. Endureció la
relación con los partidos
políticos y con el sindicalismo,
que endureció su oposición. Una masiva
concentración promovida por la CGT, el 30 de marzo de
1982, fue duramente reprimida. La magnitud y el carácter
de la movilización mostraron que la oposición
social y política había crecido.
Una de sus consecuencias principales fue la descomposición
inmediata de gobierno militar. Galtieri renunció, la
Marina y la Fuerza
Aérea se retiraron de la Junta Militar y el Comandante en
Jefe del Ejército designó a un nuevo presidente, el
Gral. Reynaldo Bignone.
La represión durante la dictadura
militar
La represión ilegal – que tuvo su punto culminante entre
1976 y 1978- fue uno de los caracteres básicos del
gobierno militar. La
población vivió en un clima de miedo y
censura como consecuencia de la represión.
La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada a
cabo por un gobierno de facto sino porque incluso se violó
la legalidad establecida por ese gobierno. El ordenamiento
institucional y jurídico del gobierno del Proceso se
caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo
puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar
no cumplió con las leyes que el
mismo había dictado.
La represión cuidadosamente planeada, organizada y
dirigida por los altos niveles de decisión política
y militar, fue clandestina. Sus destinatarios fueron los
guerrilleros, sectores sociales y políticos sin
vinculación directa con las organizaciones
guerrilleras.
Las formas de represión incluyeron el secuestro y la
detención en centros clandestinos; la tortura y la
ejecución. La Junta Militar impuso la pena de muerte
pero la aplicó fuera de la ley. A causa de
ella surgió la figura jurídica de la
desaparición forzada de personas – alrededor de 30000 -.
Entre los centros de detención se hace "famoso" el
conocido como "LA ESCUELITA", que funcionó bajo la
jurisdicción del Comando del Vto. Cuerpo de
Ejército.-
Numerosos testimonios recogidos dan cuenta que a dicho lugar eran
conducidos encapuchadas, maniatadas y amordazadas las personas
que a diario se secuestraban en la ciudad y zona. También
operando como centro de interrogación, torturas y
alojamiento de detenidos -desaparecidos.-
El centro "La Escuelita", considerado de enorme importancia por
el número de detenidos y la trascendencia personal de
alguno de ellos (legisladores, funcionarios, etc.) habría
funcionado en terrenos de la parte posterior del Comando, en un
lugar donde anteriormente funcionó un tambo y
próximo al ClCOFE (Centro Fijo de Comunicaciones
e Informaciones del Ejército) y al cual se accedía
desde el llamado "Camino de la Carrindanga" (ruta a la localidad
de Cabildo). –
Testimonios recogidos indican que a dicho centro, compuesto de
diversas construcciones, también se recluyó a
detenidos trasladados de otros lugares del país, mujeres
embarazadas que habrían dado a luz durante el
cautiverio y un gran número de personas que luego
aparecieron muertas en presuntos enfrentamientos con fuerzas
regulares.
La crueldad de los represores a cargo del centro fue uno de los
aspectos que lo caracterizó, ya que detenidos –
desaparecidos que luego fueron puestos en libertad, dan
testimonio de las más aberrantes e inhumanas torturas
físicas y psicológicas.
El modus operandi de las fuerzas represivos se caracterizó
por el secuestro
nocturno, en automóviles, generalmente no oficiales, donde
eran introducidos encapuchados y maniatados los individuos
secuestrados. Se los trasladaba en el piso del rodado,
constantemente golpeados para que se desorientaran del lugar
donde eran llevados. Se movían en grupos
fuertemente armados, en varios vehículos, aunque
generalmente era solo uno el que se detenía frente al
domicilio a requisar, contando con el apoyo a distancia de los
restantes.
Los allanamientos, en su mayoría violentos,
consistían – en algunos casos- en secuestro de familias
enteras, y en otros de las personas "buscadas" en la
situación que se encontraban, también llevado
cualquier otro "sospechoso" que en ese momento habitara la
vivienda.-
Otra de las características que rodeaban los operativos
era el robo y el desmantelamiento de las viviendas de los
detenidos. Esta actitud es la
que se llego a catalogar, en el decir popular, como que
constituía el "botín de guerra" de los
que "arriesgaban su vida" en los operativos.-
Al mismo tiempo que se
venían realizando estas acciones,
también se efectuaban los operativos considerados
'legales" en los que intervenía personal del
Ejército, Marina o Policía, con abundante
despliegue bélico y la participación de
vehículos militares. En varios de estos procedimientos,
realizados aún a pleno día y ante numerosos
testigos presenciales, fueron detenidas personas que hoy figuran
como desaparecidas.-
Todos estos grupos mencionados – grupos del
Ejército, Marina o Policía – actuaron con la
más absoluta impunidad, careciendo la población de confianza en la justicia que
veía dificultada su accionar.
Según el actual presidente, Carlos Menem, los
registros de
las atrocidades fueron destruidos por los militares tras la
guerra de
Malvinas en 1982. Los desaparecidos no han sido oídos
hasta hoy.
Plano económico
La política económica fue conducida y ejecutada
durante cinco años por José A. Martínez de
Hoz.
Ministro de Economía (entre 1976 y 1981), tras formular un
grave diagnóstico de la situación
económica nacional, instauró una discutida estrategia
económica. Concentró en sus manos un enorme poder,
que le permitió tomar decisiones que transformaron
profundamente el funcionamiento de la economía y de la
sociedad argentina.
El programa
económico, presentado al país el 2 de abril de1976
por Martínez de Hoz, era de inspiración liberal y
postulaba la posibilidad de pasar a una economía de
producción, por medio de la libre competencia y la
limitación del papel del
Estado en los asuntos económicos.
El programa
implementado no dio los resultados esperados, al contrario, se
incrementó abultadamente la deuda externa y
afectó dramáticamente el aparato productivo.
Inicialmente el gobierno militar tomó una serie de medidas
de estabilización – apoyado por el Fondo Monetario
Internacional y la banca privada
extranjera – para controlar la inflación, reducir el
déficit fiscal y
equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se
redujo el déficit del sector
público – congelando los salarios –
y se consiguió el financiamiento
externo. Se violaron los derechos de los
trabajadores: se suspendió el derecho de huelga y se
redujo la participación de los asalariados en el PBI
(producto bruto
interno).
Después de controlada la crisis abierta
con el Rodrigazo, el equipo económico llevó a
delante dos medidas principales: la apertura de la
economía y la liberalización de los mercados
financieros.
La apertura de la economía era la apertura del mercado interno.
El instrumento de esta política fue la reducción de
los aranceles de
importación. Luego la sobrevaluación
del peso se sumó a esta medida lo que comprometió
la actividad productiva.
La liberalización del mercado
financiero se llevó a cabo con la liberación de la
taza de interés y
la autorización para el funcionamiento de nuevos bancos e
instituciones financieras. Sin embargo el Estado
garantizaba los depósitos a plazo fijo tomados por
entidades financieras privadas.
En 1978 el gobierno militar estableció una pauta cambiaria
que determinaba una devaluación mensual del peso. El objetivo era
controlar la inflación pero no se alcanzó. Se
fomentó una fuerte especulación con una gran masa
de dinero, basada
en la existencia de alta tazas de interés y
las garantías del Estado sobre el precio de
recompra de los dólares.
La euforia financiera contrastaba con le comportamiento
del endeudado sector productivo. El sector industrial
sufrió una transformación que incluyó una
caída en su producción, una disminución de la
mano de obra y el cierre de varias plantas.
El esquema económico estalló en 1980 con la
quiebra de
importantes entidades financieras. El Estado
terminó haciéndose cargo de los pasivos de los
bancos
quebrados.
En 1981 el descalabro económico llegó al extremo.
Se dispuso una devaluación del peso del 400% y la
inflación llegaba al 100% anual. Esto tornó
imposible que las empresas privadas
pagasen sus deudas en dólares. El Estado
nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el
endeudamiento público.
A pesar de su carácter liberal la política
económica de Martínez de Hoz incluyó una
influencia considerable del estado en la economía.
Durante este período creció la inversión pública. Muchas obras
públicas fueron realizadas por contratistas privados y
algunas empresas del
Estado privatizaron parte de sus actividades. En este caso se
incluyó la subcontratación de tareas de
búsqueda y explotación petrolera; y de tareas de
reparación de materiales y
mantenimiento
de vías en los ferrocarriles, la provisión de
equipos telefónicos y el mantenimiento
del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires.
Otras áreas de crecimiento del gasto
público fueron la estatización de empresas
privadas y en el considerable gasto militar.
Política exterior
En el ámbito de la política exterior, el
régimen militar mantuvo una tensa relación con el
gobierno estadounidense de James Carter, que formuló
severos reclamos sobre la vigencia de los derechos humanos
a raíz de la represión antisubversiva.
También se agudizaron los conflictos con
Chile, por el
diferendo limítrofe austral del canal del Beagle, y con
Gran bretaña, por la cuestión de las Malvinas.
En el caso de chile, al
alcanzarse un clima
prebélico, ambas naciones suscribieron el tratado de
Montevideo a principios de
1979, solicitando la mediación de santa sede para superar
el conflicto.
Las relaciones entre la Argentina y EE.UU durante la dictadura
atravesaron dos etapas diferenciadas. En la primera, el gobierno
estadounidense estaba en manos de James Carter, que hizo de la
defensa de los derechos humanos
una de sus prioridades en América
Latina, esto lo llevó a un conflicto
permanente con el gobierno argentino que violaba descaradamente
los derechos
humanos.
Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos
las relaciones con nuestro país cambiaron. Reagan, que
buscaba aliados para su política exterior, encontró
en Galtieri un hombre
dispuesto a alinear a la Argentina con la política
exterior norteamericana y a intervenir en forma militar en
América
Central.
Estados Unidos
levantó las sanciones que la administración de Carter había
impuesto a
Argentina. Galtieri, entusiasmado con los norteamericanos e
ignorante de la poca importancia de los aliados de EE.UU, supuso
que este apoyo se traduciría en una neutralidad
benévola en el conflicto que iniciaría con Gran
Bretaña.
El 2 de abril de 1982 el gobierno ocupó por la fuerza las
islas
Malvinas. Se originó en una decisión tomada en
secreto por unas pocas personas sin tener en cuenta sus posibles
consecuencias políticas
y militares. Contó con un amplio apoyo popular. El
gobierno pensó que la recuperación de las Malvinas iba a
resolver sus problemas
políticos, en un momento de gran descontento de la
sociedad.
El gobierno había subestimado la respuesta de Gran
Bretaña y creyó que los Estados Unidos
apoyarían su acción.
La reacción británica fue dura. El gobierno
británico envió una poderosa flota y fuerzas
militares para recuperar las islas. Los Estados Unidos,
después del fracaso de la mediación del General
Haig – que procuró que el gobierno argentino
aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y
retirara las tropas de las islas – apoyaron decididamente a
su principal aliado (Gran Bretaña).
El gobierno militar decidió controlar estrictamente la
difusión de noticias acerca de la evolución del conflicto, y creó un
clima triunfalista.
La Argentina recibió la adhesión de los
países de América
Latina y del Movimiento de Países No Alineados. Un
intento desesperado del gobierno argentino por cambiar sus
alianzas conseguir el apoyo de la URSS tampoco prosperó.
El poderío y la
organización británicos superaron al
improvisado dispositivo militar argentino. El 14 de junio de
1982, el mando militar argentino en Malvinas capituló ante
los jefes británicos. La derrota militar fue a la vez
inevitable e inesperada y dejó profundas consecuencias en
la política del país.
Aunque la gran mayoría de la opinión
pública había apoyado la acción iniciada
en abril, la derrota militar desencadenó una ola de aguda
oposición y precipitó una crisis dentro de las
Fuerzas Armadas.
Presionado por los mandos castrenses Galtieri debió
renunciar a la comandancia del Ejército y a la Presidencia
de la Nación. En las primeras funciones fue
reemplazado por el General Cristino Nicolaides quien
designó para sucederlo en la primera magistratura al
General Reynaldo Bignone, que asumió el primero de julio.
Ni bien inicio su mandato se reunió con representantes de
todos los partidos para acordar una salida política y
– poco después – convocó a las elecciones
para el 30 de octubre de 1983.
11. Presidencia de
Raúl Alfonsín
La fórmula radical Raúl
Alfonsín-Víctor Martínez obtuvo un 52 % de
los sufragios, y la del peronismo,
integrada por Ítalo Líder y
Deolindo Bittel, un 40%. En la elección de gobernadores no
obstante, el justicialismo triunfó en 12 Prov. (los
radicales en 7 y partidos locales en las tres
restantes)consagrando 24 senadores nacionales.
Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 y se
fijó 3 prioridades: el juzgamiento de las 3 primeras
juntas militares de proceso por violaciones a los derechos
humanos en la lucha antisubversiva; la renegociación de la
deuda externa
y la solución del diferendo del Beagle. Para resolver el
último tema convocó a una consulta popular en
noviembre de 1984, que se pronunció mayoritariamente a
favor de la propuesta vaticana y el acuerdo con Chile, que
culminó el centenario conflicto.
Este retorno a la democracia no
significó la restauración del régimen
político democrático con las mismas
características que tenia antes de 1976. Los casi ocho
años de dictadura habían producido importantes
modificaciones en la sociedad y en el Estado, que se reflejaron
en el plano de la política.
La reconstrucción de la democracia
política argentina tuvo como base un sistema
político bipartidista. Desde 1955 hasta 1976, en los
períodos de gobierno democráticos, ya fuera por la
proscripción del peronismo o por
la mayoría absoluta obtenida por esa fuerza
política en los comicios, lo común había
sido que un solo partido impusiera su mayoría
parlamentaria y gobernara sin tener la necesidad de negociar con
los legisladores de la oposición.
Otro cambio
importante fue el caudal electoral que obtuvo la UCR. Un conjunto
de factores contribuyeron a dar al radicalismo esta nueva fuerza
electoral: las dificultades del peronismo para presentar una
propuesta coherente y el temor popular de volver a los
años de enfrentamientos violentos entre peronistas y
radicales; el liderazgo de
Alfonsín como jefe de un partido que practicaba la
democracia interna, a diferencia del verticalista movimiento
peronista; la imagen de
previsibilidad que el radicalismo proyectaba sobre su futura
gestión
de gobierno, aún cuando no presentó una propuesta
programática sólida.
La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987
inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a
acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos
sectores que componían el partido. Las propuestas de
reformar la Constitución y de trasladar la Capital
Federal a la ciudad rionegrina de Viedma – dos ambiciosos
proyectos que
revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la
República – no lo lograron atraer al electoral que, cada
vez más, ubicaba los problemas
económicos en el centro de sus preocupaciones.
Apuntalado por su canciller Dante Caputo, el presidente
también dinamisó la política exterior
Argentina viajando a Venezuela,
Colombia,
España,
Ecuador,
Perú, Bolivia,
EE.UU., Panamá,
Francia,
Alemania,
Italia, el
vaticano, Argelia y la India.
El alfonsinismo
La consolidación del liderazgo de
Alfonsín en el interior de la UCR y su proyección
hacía sectores sociales que antes no votaban al
radicalismo en el marco de la profunda crisis que atravesaba el
derrotado justicialismo llevó a muchos dirigentes
radicales a pesar que el alfonsinismo podía ser la base
para la formación de un tercer movimiento
histórico. Pensaban que la adhesión a la persona del
Presidente estaba alcanzando una dimensión que superaba
los marcos del partido y que el liderazgo de Alfonsín
podía aglutinar a la mayoría de los sectores que se
identificaban con los valores
democráticos. El tercer movimiento histórico era
concebido con una continuidad y, a la vez, una superación
del radicalismo yrigoyenista y del peronismo, al que los
dirigentes radicales consideraban próximo a
disgregarse.
La Junta Coordinadora Nacional
Una de las fuerzas partidarias que se alinearon decididamente
detrás del liderazgo de Alfonsín fue la Junta
Coordinadora Nacional (JCN). Se trataba de una agrupación
de jóvenes radicales organizada en 1968 por un
pequeño núcleo de militares universitarios de la
provincia de Santa Fe. La Coordinadora se integró luego al
Movimiento de Renovación y Cambio y
apoyó a Alfonsín en la lucha interna contra el
balbinismo.
Los integrantes de la JCN tuvieron un papel
protagónico durante la campaña electoral de 1983,
durante la cual movilizaron a la mayoría de los sectores
juveniles partidarios y participaron activamente en la organización de los actos
multitudinales.
El estilo político de la Coordinadora renovó la
antigua tradición de UCR en la que predominaban las
reuniones de afiliados en los comités y en las practicas
clientelisticas de los punteros de barrio. La JCN aportó
al radicalismo el hábito infrecuente de los actos masivos
y el fervor participativos de los militantes. Su gran crecimiento
se produjo durante el periodo electoral de 1983, cuando
realizaron una intensa campaña nacional de
afiliación bajo la consigna "Afíliese al
radicalismo para que Alfonsín gane". Esta estrategia les
permitió crecer y superar las estructuras de
los punteros barriales quienes en muchos casos observaron con
recelo la actuación de la coordinadora y señalaban
a sus militantes como recién llegados.
Una vez instalado el gobierno radical, los integrantes de la JCN
ocuparon cargos legislativos y tuvieron una importante presencia
en las estructuras
del Estado. Sus principales dirigentes Enrique Nosiglia, Marcelo
Stubrin, Luis Cáceres, Federico Storani, Ricardo
Laferriéri, Jesús Rodríguez, Leopoldo Moreau
se diferenciaron como una tendencia particular dentro del
oficialismo y apoyaron con entusiasmo la formación del
tercer movimiento histórico. Una de sus bases de
sustentación fue la agrupación universitaria Franja
Morada, que desde 1983 ganó las elecciones estudiantiles
de la mayoría de las universidades nacionales.
A partir de 1985, se fue acentuando la lucha interna en la UCR
por la integración de las listas de cargos
electorales para renovar el Parlamento. Los jóvenes de la
Coordinadora se fueron diferenciando del Movimiento de
Renovación y Cambio histórico y entraron de lleno
en la práctica de las negociaciones con otros sectores
internos para ocupar espacios en la conducción del partido
y en el gobierno. Enrique Nosiglia se desempeñó
como un operador político estableciendo acuerdos en los
que predominó el pragmatismo
por encima de las afinidades ideológicas. Dentro y fuera
de la UCR, se oyeron críticas a las trenzas o las roscas,
como se denominaba en la jerga política a los acuerdos que
se establecían con fines puramente electoralistas.
Poco a poco, los más importantes referentes de la JCN se
fueron diferenciando de sus estrategias de
alianzas y posturas políticas y el nucleamiento se fue
disgregando. Nosiglia en la Capital
Federal, Storani en la provincia de Buenos Aires y
Changui Cáceres en Santa Fe fueron los principales
referentes de cada sector. La JCN fue perdiendo la
cohesión de los primeros tiempos y comenzó a
desaparecer. No obstante, uno de los saldos de su
actuación fue promover un recambio generacional en la
dirigencia radical y dinamizar la actividad partidaria.
La derrota en las elecciones para renovar el Parlamento en 1987
inició el declive del alfonsinismo y contribuyó a
acentuar las diferencias y los realineamientos de los distintos
sectores que componían el partido. Las propuestas de
reformar la Constitución y de trasladar la Capital Federal
a la ciudad rionegrina de Viedma- dos ambiciosos proyectos que
revelaban la pretensión del alfonsinismo de refundar la
república- no lo lograron atraer al electoral que, cada
vez más, ubicaba los problemas económicos en el
centro de sus preocupaciones.
Crisis económica
El mayor problema que debió enfrentar el gobierno fue la
escalada inflacionaria, que alcanzó el 30% de incremento
mensual, para lo cual convocó a la concertación a
obreros y empresarios. Los primeros cambios en gabinete afectaron
a los ministros de trabajo, Antonio Muccisi y de economía
Bernardo Grinspun.
El año concluyó con una inflación del 688%,
que obligó a Alfonsín a destruir al ministro de
economía, Grispum, nombrando a Sourouille, para
sustituirlo.
Creación de la CONADEP
En 1983, con el retorno de la democracia, Alfonsín
anunció el sometimiento a juicio de los integrantes de las
Juntas Militares por los delitos de
privación ilegitima de la libertad,
torturas y muerte de
detenidos, creándose una Comisión Nacional, la
CONADEP, para investigar la "lucha antisuversiva" y el destino de
los desaparecidos. Además de los objetivos
específicos de esta delegación, que fueran la
recepción de denuncias y acumulación de pruebas, se
propuso efectuar un análisis del marco general en que se
desenvolvió la regresión en la zona, aspectos
sociales, políticos, económicos y culturales que
reproduzcan en alguna medida el entorno en el cual se
desarrollaron los hechos las particularidades con las cuales
operó la represión.-
Su informe revela el
secuestro sistemático de hombres mujeres y niños,
la existencia de alrededor de 340 centros de detención
bien organizados, y el uso metódico de tortura y
asesinato.
Además de la CONADEP surgieron otros organismos que
reúnen a las familias de los desaparecidos y perseguidos
políticos de la última dictadura
militar, que surgen de la necesidad de sus miembros de pelear
contra la impunidad que, con el apoyo de su aparato
jurídico, el gobierno argentino a dado a los responsables
del genocidio perpetrado en nuestro país en la
década de los `70. Entre estos organismos se destacan
H.I.J.O.S., M.A.D.R.E.S., Abuelas de Plaza de Mayo.
El juicio de los militares implicados en las represiones se
venía serenando; a fines del año 1986, el gobierno
había planteado una ley de Punto
Final, y en 1987 formuló el concepto de
"Obediencia Debida", que supuso poner fin a la exigencia de
responsabilidades mas allá de los principales mandos
castrenses.
Repercusión de la crisis económica en la
sociedad
En 1987 la CGT convocó de inmediato un paro general en
apoyo del orden constituido, y todas las fuerzas políticas
se movilizaron en defensa de la legalidad. Los insurrectos "caras
pintadas" se rindieron sin combatir. De todas maneras, la
maquinaria militar no comprometida en el lanzamiento, incluso la
aeronáutica, se mostró renuente a sofocar la
rebelión. Los jefes de la sublevación quedaron
detenidos.
La CGT venía desafiando al gobierno con un paro general
cada tres meses. En enero rebrotó el conflicto militar no
resuelto en el año anterior. Rico volvió a
cuestionar la conducción del ejército. Los tanques
se movilizaron en su contra por disposición del general
Dante Caridi, comandante del arma, y Rico se rindió.
Pese al l triunfo de Cafiero en las elecciones provinciales del
año anterior, en las confrontaciones internas del
justicialismo realizadas en julio, Carlos Saúl Menem
resultó elegido candidato presidencial para 1989.
El 9 de septiembre culminaron los paros para los cegetistas con
manifestaciones en la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno
apedreada, varios heridos y gran número de detenidos.
Durante la ausencia de Alfonsín – que se encontraba
en EE.UU haciendo negociaciones con el presidente Bush – se
produjo un nuevo levantamiento militar en Buenos Aires.
Poco antes tres jefes militares habían sido condenados a
penas que iban de cuatro y medio a doce años de
prisión por su responsabilidad en la guerra de
Malvinas.
Al comienzo de 1989, año en que la democracia
parecía hundirse a causa de la ingobernabilidad del
país. Un denominado "Movimiento Todo por la Patria",
capitaneado por Enrique Gorriaran Merlo, fundador del ERP
asaltó a sangre y fuego el
Regimiento de la Tablada. Alfonsín dispuso la
creación de un Consejo de Seguridad,
integrado por militares y civiles, en un esfuerzo por alcanzar la
estabilidad política.
12. La lucha política
por los derechos humanos y la subordinación del poder
militar
Los actores en conflicto
A los dos días del triunfo electoral que, en 1.983,
consagró presidente a Alfonsín, fue disuelta la
Junta Militar y se inició la retirada del gobierno de la
dictadura
militar. En los 40 días que transcurrieron entre las
elecciones del 30 de octubre y la asunción del jefe
radical, se inició una compleja lucha política
cuyos ejes fueron la cuestión de la violación de
los derechos humanos durante el gobierno militar y la
subordinación de las Fuerzas Armadas al nuevo orden
constitucional. Los principales actores de esta lucha
política fueron los militares, los dirigentes de la UCR y
los organismos de derechos humanos.
Los militares que se vieron obligados a entregar el gobierno
cuatro meses antes de lo previsto, no pudieron imponer
condiciones al nuevo gobierno democrático sobre estos dos
temas, que afectaban directamente a las Fuerzas Armadas. La UCR,
por el contrario, contaba en ese momento con un gran poder
político y una importante capacidad de maniobras gracias
al gran respaldo obtenido en las urnas. Los organismos de
derechos humanos, por su parte, con el apoyo del Partido
Intransigente y de la Democracia Cristiana, se movilizaron y
realizaron numerosas declaraciones públicas exigiendo que,
una vez restablecida la democracia se formara una comisión
bicameral con amplios poderes para investigar los crímenes
cometidos por los represores desde 1.976.
La estrategia de autojuzgamiento militar
La campaña electoral de Alfonsín se basó en
el restablecimiento del Estado de derecho
y en el juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos
cometidas por la dictadura militar.
La estrategia de Alfonsín para resolver la cuestión
de las violaciones de los derechos humanos estuvo orientada a
lograr que los militares se autojuzgaran. El presidente esperaba
que las propias Fuerzas Armadas sancionaran a quienes violaran
los derechos humanos y, al mismo tiempo, que los
militares depuraran sus instituciones y se reinsertaran en la
vida democrática.
Con esta meta, el gobierno ordenó el arresto de los
comandantes de las tres primeras juntas militares y la
persecución de los principales líderes
guerrilleros.
Cumpliendo con lo dicho, en la campaña electoral, el 29 de
diciembre de 1.983, el radicalismo impulsó en el Congreso
la derogación de la ley de autoamnistía con la que
los militares habían pretendido exculparse y evitar
cualquier investigación penal ulterior. La
derogación fue votada casi por unanimidad.
Para posibilitar el autojuzgamiento, el gobierno envió al
Parlamento una ley de Reforma del Código
Militar, que otorgaba a la justicia militar la facultad de juzgar
a los responsables de la represión ilegal. La ley
establecía que si el tribunal militar se demoraba
más de seis meses en los trámites, la justicia
civil se haría cargo de proceder las causas.
El juicio a las juntas militares.
Las audiencias públicas del juicio a los comandantes de la
dictadura se desarrollaron entre abril y diciembre de 1.985,
cuando finalmente el tribunal llegó a una sentencia
condenatoria. Sin embargo, lejos de clausurar el tema de la
violaciones de los derechos humanos, la condena aplicaba a los ex
comandantes reavivó la polémica.
La ley del punto final y la rebelión militar de
Semana Santa.
El gobierno de Alfonsín se había comprometido con
el nuevo jefe del Estado Mayor, el general Ríos
Ereñú, en que los miembros de las juntas militares
condenados serían perdonados. Con la intención de
restringir los alcances del fallo de la Cámara Federal y
evitar que prosperaran nuevos enjuiciamientos. Este intento por
reducir el número de condenados no prosperó ante la
amenaza de renuncia de todos los integrantes de la Cámara
Federal.
El 31 de diciembre de 1.986, el Congreso aprobó una
iniciativa del gobierno, conocida como ley de punto final, que
fijaba una fecha tope para iniciar causas por la represión
ilegal. Este hecho marcó el inicio del retroceso de la
lucha política por los derechos humanos. No obstante, y a
contramano de lo que se proponía el gobierno, la fecha
límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de
Estado incentivó a que en muchos juzgados de todo el
país se incrementaran las denuncias y se aceleraran las
presentaciones de pruebas.
El Plan Primavera y
la hiperinflación
La crisis económica se agravó durante 1.988. En
agosto, el equipo económico puso en marcha el Plan Primavera.
Las medidas incluídas en el plan avanzaban en la apertura
de la economía, favoreciendo las importaciones, y
procuraban disminuir el déficil fiscal.
El plan contó con el apoyo de los grupos más
concentrados y vinculados al mercado internacional de la UIA.
Los efectos del Plan no fueron los esperados. Los grandes grupos
empresarios se lanzaron a la especulación financiera
aprovechando las altas tasas de
interés para los depósitos y comprobando, con
los excedentes obtenidos, importantes cantidades de divisas al
precio
oficial.
El 15 de mayo de 1.989, el candidato peronista Carlos Menem que
había prometido declarar una moratoria en el pago de la
deuda externa y reactivar la economía mediante un salario, obtuvo
el 47% de los votos frente al 32 % del candidato radical
Angeloz.
El impacto social y político de la
hiperinflación
Un proceso de hiperinflación produce la destrucción
de la moneda local y su reemplazo por otra moneda que pueda
cumplir las funciones de
unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.
La agudización de la crisis y de la recesión
productiva arrojó a millones de argentinos al hambre y a
la desesperación. A fines de mayo de 1989, en Rosario,
Córdoba, Tucumán y en algunas localidades del Gran
Buenos Aires, gran cantidad de trabajadores y desocupados se
lanzaron sobre los supermercados para apoderarse de alimentos. Como
respuesta a la crisis social, los legisladores radicales y
peronistas votaron el estado de sitio y el gobierno ordenó
la represión, que arrojó 14 muertos, 80 heridos y
centenares de detenidos. Ante la ingobernalidad de la
situación, Alfonsín dejó la presidencia
anticipadamente y el 9 de julio de 1.989 el presidente electo
Carlos S. Menem asumió el gobierno del
país.
La renovación Peronista
Durante 1984, fue creciendo el descontento de las bases del
movimiento peronista. Las autoridades del Partido Justicialista y
la mayoría de los sindicalistas no parecían
dispuestos a la autocrítica. Fue surgiendo así un
sector de disidentes dispuestos a dar batalla interna.
En diciembre de 1984, se reunió el Congreso del Partido
Justicialista en el teatro
Odeón. En este fue elegida una conducción de
orientación claramente ortodoxa: Isabel de Perón como
presidenta y el gobernador santafesino Vernet como vicepresidente
acompañado por Miguel de Iglesias.
Los renovadores fueron convocados a otro Congreso Nacional en
Río Hondo, (Santiago del Estero) en febrero de 1985. Los
resultados más importantes de este congreso fueron el
reclamo de la elección directa por distrito para elegir
autoridades partidarias y para nominar candidatos a cargos
electivos que adquirieron los dirigentes del interior del
país. También participaron del movimiento renovador
gobernadores peronistas como el riojano Carlos Saúl Menem.
Este había desarrollado una actividad política
independiente.
Se hicieron las elecciones internas en el distrito de la Capital
Federal en 1985.
Antonio Cafiero lideró la ofensiva contra el ortodoxo
Erminio Iglesias en la provincia de Buenos Aires, el distrito
electoral más importante del país. Iglesias
anudó la convocatoria a elecciones internas y Cafiero,
decidió romper la tradición de permanecer dentro
del partido y formó una alianza con la Democrácia
Cristiana y otros partidos menores.
El avance de los renovadores continuó durante 1983 y se
consolidó al año siguiente, cuando Cafiero fue
elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires
(derrotó a Juan Manuel Casella) y, en el mes de diciembre
de 1987, asumió la presidencia del PJ. Esto
significó para el peronismo la posibilidad de transformar
y dinamizar su organización partidaria que no acostumbraba
resolver sus diferencias internas por la vía del
sufragio.
13. La politica
económica del primer gobierno de Carlos S.
Menem.
De Bunge y Born a Cavallo.
En julio de 1.989 la inflación fue del 196 %, lo que
significó que desde el inicio del Plan Primavera, en
agosto de 1.988, hasta ese momento el incremento había
sido del 3610 % para los precios
minoristas y 5061% para los mayoristas.
En agosto y septiembre de 1989, la aprobación de las
leyes de
reforma del estado y de emergencia económica y la
división de la CGT significaban la creación de
condiciones favorables para la conflictivas reformas programadas
para el mediano y el largo plazo. Por estas razones obtuvo el
apoyo de los sectores empresarios más poderosos. En
diciembre de 1.989 se desató un nuevo proceso de
hiperinflación. Entre abril de 1.989 y marzo de 1.990, los
precios al
consumidor se
incrementaron en un 20.594 %.
En diciembre de 1.989, Rapanelli fue reemplazado por Antonio
Erman González como ministro de Economía y el
gobierno anunció un conjunto de medidas que fueron
presentadas por el presidente Menem como una apuesta "al todo o
nada".
La estrategia del gobierno se centró en frenar el aumento
del dolar para controlar la inflación. Pero a
través de otras medidas redujo el nivel de australes
circulantes.
A partir de abril de 1.990 la hiperinflación se contuvo y
los niveles de inflación se mantuvieron en un promedio de
entre un 15% y un 10% mensual. Durante estos meses, el gobierno
aceleró el ajuste avanzando en la reforma del Estado y la
privatización de empresas estatales. En
noviembre, concretó la privatización de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTel).
El desempleo:
¿resultado inesperado o efecto previsto?
Al mismo tiempo que se manifestaba una evolución favorable en algunos indicadores
macroeconómicos, a partir de diciembre de 1.994
comenzó a registrarse un marcado aumento en la tasa de
desempleados llegó a más de 18%. Esto significa que
había casi cuatro millones de personas con problemas de
trabajo.
La causa más importante del desempleo era la
crisis financiera de México
producida en enero de 1.995; se rompió la cadena de pagos,
numerosas empresas quedaron sin financiamiento
y tuvieron que reducir el personal. Cavallo también
atribuyó el aumento del desempleo a la mayor cantidad de
gente que buscaba trabajo y a los inmigrantes de países
vecinos que llegaban a nuestro país a buscar trabajo en
condiciones más ventajosas que las vigentes en sus
países de origen.
Frente a estas respuestas, dirigentes de la oposición y
numerosos investigadores coincidieron en señalar que el
aumento del desempleo era un efecto previsto en la
reorganización del capitalismo
iniciada en 1.976.
Los sindicatos
frente al gobierno de Alfonsín.
La estrategia del gobierno radical consistió en debilitar
al sindicalismo
peronista y establecer nuevos patrones de organización
sindical, procurando con ello obtener algún apoyo del
gremialismo.
El sindicalismo existente en 1.983 no era el mismo que en los
años setenta. Y como consecuencia de las transformaciones
ocurridas durante la dictadura militar, el peso de los obreros
industriales había disminuido y el movimiento obrero se
encontraba políticamente dividido.
Durante el mes de enero de 1.984, la CGT Azopardo y la CGT
Brasil se
unificaron en una sola central.
La política sindical del gobierno de Menem
A poco de iniciado el gobierno de Menem, la política
económica y las propuestas de reforma laboral
provocaron un nuevo debilitamiento del sindicalismo.
Desde el primer año, el gobierno de Menem puso en
práctica la limitación del derecho de huelga y
declaró ilegales las huelgas que afectaban a los servicios
públicos. Aprobó el despido de trabajadores y
aceleró las privatizaciones de las empresas estatales en
conflicto. Al mismo tiempo, benefició a los gremios que no
cuestionaban la política oficial otorgando ventajas
consistentes por ejemplo, en el nombramiento de representantes
sindicales en los organismos estatales responsables de la
administración de las obras sociales.
Los estallidos provinciales
A principio de 1.994 y hacia mediados de 1.995 se sucedieron una
serie de estallidos sociales en algunas provincias del interior
del país y localidades del Gran Buenos Aires. Primero en
Santiago del Estero y luego en Córdoba, San Juan y General
Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires, la población
manifestó su descontento por el atraso en el pago de los
sueldos de los empleados estatales y de las jubilaciones y
pensiones.
En julio de 1.995, la mayoría de las provincias no
tenía los fondos necesarios para efectivizar el pago de
sueldos, aguinaldos y jubilaciones y pensiones. La crisis del
sector estatal en un gran número de provincias estaba
relacionada con la función de
colchón que el empleo
público viene cumpliendo para amortiguar la crisis de las
economías regionales.
El Pacto de Olivos y la reforma constitucional
En 1993, en el marco de una fuerte crisis económica y
social, Menem y los dirigentes menemista reflotaron la propuesta
de modificar la Constitución Nacional con el objetivo de
permitir la reelección del Presidente, a quien se
presentaba como reaseguro de la continuidad de la política
económica. En un primer momento, el radicalismo
optó por concentrar su oposición a la reforma por
la cláusula de la reelección. Luego de su derrota
en las elecciones legislativas de 1993, las escasas expectativas
de éxito
en las elecciones presidenciales de 1995 impulsaron a los
dirigentes radicales a cambiar su estrategia.
El pacto de Olivos fue un acuerdo entre el PJ y la UCR que
destrabó el tratamiento de la ley que declaraba la
necesidad de la reforma constitucional en el Parlamento. Su
realización fue producto de la
evaluación que ambos partidos hicieron de
la situación en que se encontraban. Frente al riesgo de quedar
totalmente al márgen, el pacto permitió a
Alfonsín colocar al radicalismo en situación de
imponer algunas condiciones en la futura reforma y resguardar un
lugar institucional para la oposición radical.
Además de estos beneficios particulares, Alfonsín
sabía que el gobierno estaba dispuesto a ir a un
enfrentamiento frontal para conseguir la aprobación de la
reforma y suponía que sus posibilidades de ganar en esa
situación eran escasas. El pacto aparecía como una
solución que brindaba también beneficios
colectivos: evitaba la experiencia de aprobar una vez más
una Constitución cuya legitimidad iba a estar cuestionada
por una parte significativa de la sociedad. El principal
beneficio que obtuvo el gobierno con el pacto no fue la factibilidad de
la reforma sino su legitimidad. Con el Pacto peronista radical,
la reforma dejó de ser la reforma de Menem para pasar a
ser la reforma de los partidos mayoritarios.
El Pacto de Olivos- que se firmó el 14 de Noviembre de
1.993- y la posterior sanción de la ley 24.309- que
declaró la necesidad de la reforma- crearon un evento
inédito de la historia constitucional
nacional: la posibilidad de una reforma constitucional producto
no sólo de la neutralización de la capacidad de
veto del adversario sino también fruto del consenso
productivo interpartidario.
Entre el 25 de Mayo y el 22 de Agosto de 1.994, en las ciudades
de Santa Fe y Paraná sesionó la Asamblea
Constituyente. El PJ tuvo 146 representantes, la UCR 75, 32 el
Frente Grande y 20 el MODÍN. Las restantes 42 bancas se
distribuyeron entre diversos partidos. Ninguna fuerza
contó con quórum propio ni con una mayoría
absoluta. Las modificaciones introducidas significaron cambios en
las normas que rigen
las relaciones entre los poderes del Estado, entre la
Nación y las provincias y en relación con los
derechos individuales. La nueva Constitución Nacional fue
jurada solemnemente el 22 de Agosto de 1.994.
Las terceras fuerzas
Desde 1.983 quedó perfilado un sistema
político bipartidista que se reafirmó con el
triunfo de Menem en 1.989 y su reelección en 1.995.
Ningún partido ni alianza política estuvo en
condiciones de disputarle el electorado a la UCR y al PJ en el
nivel nacional.
En muchas de las elecciones entre 1.983 y 1.995, la
población fue menor que la que se registró en
1.983, cuando los dos grandes partidos captaron el 91,9 % de los
votos. En 1.989 la suma de votos de radicales y justicialistas
llegó al 72,9%. Esta disminución no se debió
al surgimiento de un partido político que, como tercera
fuerza, pudiera alterar el bipartidismo.
El Movimiento Popular Neuquino, el Partido Bloquista en San Juan,
el Pacto Liberal- Autonomista en Corrientes, el Movimiento
Popular Jujeño, el Partido Demócrata de Mendoza, el
Movimiento por la Dignidad y la Independencia
( MODÍN ) en la provincia de Buenos Aires, conformaron
localmente, sistemas
multipartidistas.
Desde 1983, dos fuerzas políticas intentaron posicionarse
como terceras fuerzas en el nivel Nacional: el Partido
Intrasingente (PI), y la Unión de Centro
Democrático (UCD).
La propuesta del PJ atrajo inicialmente a votantes de
orientación de centro izquierda, que comenzaron a
denominarse progresistas. Hacia 1987, el PJ se fue diluyendo.
La UCR, un partido de centro derecha que planteaba propuestas de
tono conservador y neoliberal en el plano económico,
creció electoralmente hasta alcanzar su techo en 1.989.
Pero cuando Menem abandonó los postulados
históricos del peronismo, los principales dirigentes
ucedeístas se pasaron a las filas del menenismo.
El MODIN, que surgió en el distrito bonaerense como
expresión política de un sector de los militares
carapintadas, intentó ampliar su influencia en la escala nacional
apelando a un discurso
nacionalista y populista.
Eduardo Duhalde originó un importante caída en las
elecciones de 1.995 y su avanse se detuvo.
Desde 1.991, sectores del peronismo liderados por el diputado
Carlos Álvarez se alejaron de la estructura del
PJ, controlada por el menenismo, y junto con socialistas, ex
comunistas, afiliados del PI, demócratas-cristianos e
independientes formaron el Frente Grande. Este se fue
consolidando como la primera fuerza electoral, Graciela
Fernández Meijide ganó la elección como
senadora del distrito.
El Frente Grande estableció una alianza con la
agrupación País Solidario.
La campaña del Frepaso- Frente del país- estuvo
basada en un discurso
ético que criticaba la corrupción
del gobierno menemista. La fórmula presidencial integrada
por Bordón y Álvarez obtuvo alrededor de 5 millones
de votos en el nivel nacional desplazando del segundo lugar al
candidato radical, Horacio Massacessi. Pero los problemas que
esta alianza enfrenta para definir su perfil ideológico,
se evidenciaron con el alejamiento de Bordón, no permiten
aún precisar cuál es su grado de
consolidación en el sistema político.
Gracias a esta monografía
hemos podido profundizar, ampliar e interiorizar nuestros casi
escasos conocimientos acerca del tema que tratamos.
Concluimos en que los golpes militares se produjeron por crisis
económicas, políticas y sociales propias de los
distintos momentos históricos y que se caracterizan por
quebrar el orden constitucional, eliminar el Parlamento y
suprimen los derechos y las garantías constitucionales. De
los dieciséis presidentes que se sucedieron entre 1955 y
1983, 7 eran civiles y 9, militares.
Los militares llegan al poder para restaurar la estabilidad
política, económica o social pero terminan
instaurándose como gobiernos de facto, haciendo imperar el
autoritarismo que no respeta los derechos de nadie.
Sin embargo, caen ante la férrea resistencia del
pueblo, que busca vivir en un gobierno constitucional y
democrático donde se respeten sus derechos.
* Historia 5. Juan A.
Bustinza. Editorial AZ. Bs. As. 1.995 6ta Edición.
* Historia
Argentina. Lucas J. Luchel (otros). Editorial Santillana. Bs.
As. Febrero de 1.995.
* Historia: La Argentina del Siglo XX. María E. Alonso
(otros). Editorial Aique. Bs. As. Agosto de 1.997.
* Educación
Cívica 2. Alicia B. Casullo (otros). Editorial Santillana.
Bs. As. Noviembre de 1.996.
Autor:
SebaMaty
Rosario, Argentina
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |