Preguntas y respuestas
1. ¿Qué es el gasto público y cómo se ha rige en Venezuela?
El gasto público se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto publico para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.
El gasto público lo rigen principios que dependen de los objetivos que se quieran alcanzar. Gastar lo menos posible; Obtener el máximo beneficio posible con los recursos posibles; los gastos deben ser adecuados a la capacidad económica; Incentivar pero no inmiscuirse en la economía privada;Se origina como respuesta a las necesidades públicas.
Necesidades absolutas, propias e ineludibles del estado, las realiza directamente: Defensa; Seguridad y Paz Social; Administración de justicia
Necesidades relativas. Pueden ser satisfechas por particulares. El estado delega pero supervisa: Salud; Educación; Energía eléctrica; Control de calidad.
Se clasifica:
Gastos Ordinarios (atiende el normal desenvolvimiento del país).
Gastos Extraordinarios (hace frente a situaciones imprevistas del estado)
Gastos esenciales: Primordiales para cubrir las necesidades del estado.
Gasto Compensatorio: Redunda en beneficio de la nación.
Gastos personales. Para cubrir prestaciones sociales o de servicio.
Se ejecuta: A través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintas maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.
Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.
Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.
Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura. Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.
Gasto social es un subconjunto del gasto público que agrupa los recursos que el Estado destina directamente para atender el desarrollo y el bienestar de su población. Hay diferentes criterios sobre las partidas presupuestarias que deben incluirse en el cómputo del gasto social, pero hay acuerdo respecto a sectores básicos tales como la educación, la salud y la vivienda. En este trabajo se utilizan los datos suministrados por la Oficina Central de Presupuesto (OCPRE) donde se especifican los siguientes sectores sociales: educación, salud, seguridad social, cultura y comunicación social, ciencia y tecnología, vivienda y servicios y desarrollo social.
Estrategia del gasto en los sectores sociales: La distribución sectorial del gasto con relación al PIB permite analizar cómo el gasto se reparte entre los distintos sectores sociales y establecer la priorización en su distribución. La participación del sector educación fluctuó entre un mínimo 2,12 % en 1996 y un máximo 3,74% en 1992, Esta asignación es bastante baja si se considera que expertos de la UNESCO establecen que el gasto en educación debe ser por lo menos el 6% del PIB. La participación del sector salud, disminuyó en 1.993 aunque se aprecia una pequeña recuperación en el año. El sector vivienda y sus servicios mantuvo su participación, advirtiéndose disminuciones durante el lapso 1993-1995 e incrementos en 1997 y 1998. Los sectores de seguridad social y desarrollo social mejoraron su prioridad en los dos últimos años.
El análisis de la distribución del gasto social sectorial no permite evaluar el impacto en el progreso y desarrollo de un país o región, es necesario especificar dentro de estos sectores inversiones sociales eficientes en el progreso social. Para analizar el Desarrollo Humano es importante considerar las agrupaciones del gasto que tengan un importante impacto diferenciado en los niveles de desarrollo de la población (gasto social destinado a la inversión). En la búsqueda de esta eficiencia se define la prioridad del gasto social como los gastos en educación básica, atención primaria en salud e infraestructura social básica (de acuerdo a lo establecido internacionalmente por el Programa para las Naciones Unidad para el Desarrollo PNUD).
La razón de prioridad social refleja el porcentaje de gasto social destinado a acciones de prioridad humana. Si bien la información disponible en estos momentos no permite el análisis de esta razón para Venezuela, existe bibliografía donde se resalta la inadecuada distribución del gasto en educación, al favorecer programas altamente regresivos como la educación universitaria descuidando la inversión en el sector básico, y la concentración del gasto del sector salud en programas de atención médica curativa de menor impacto colectivo, en desmedro de los recursos para atender las prioridades de la estrategia de atención primaria en salud (García, 1988) (De Venanzi, 1996). Sin embargo, según el nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado en un momento dado por un país, será necesario definir indicadores diferentes de gasto en capital humano con una concepción más amplia. Si se toma en cuenta esta acotación, la razón de prioridad social, en un sentido amplio, se puede calcular con los gastos totales en educación y en salud (CEPAL, 1994, p. 37).
De acuerdo con lo antes expresado, la razón macroeconómica del gasto en capital humano (educación y salud) para Venezuela, durante el período considerado, fluctuó entre 2,89% en 1996 y 5,62% en 1992 y la razón de prioridad social se mantuvo en niveles bastante elevados, moviéndose entre el 39,9% en 1996 y el 59,3% en 1994 (ver Gráfico No. 5.3). En 1998, esta razón registró un porcentaje de 52,1%. Sobre la base del concepto de "desarrollo humano", el PNUD recomienda, en general, alcanzar el valor del 50% para la razón de prioridad social y del 5% para la razón macroeconómica en capital humano (ibídem, p. 36).
El elevado gasto público, en vez de contribuir a mejorar la situación de los más pobres, ha favorecido como siempre a determinados grupos de interés y amenaza ahora con alterar (como ya lo ha hecho en Argentina) los propios equilibrios económicos básicos. Las ilusiones de que puede servir para mejorar la calidad de vida y reducir las distancias sociales se han mostrado, una vez más, como un peligroso mito que deberíamos desenmascarar y combatir.
Nivel y estructura del gasto público en Venezuela
Los gastos planeados del Gobierno Central se reducirían tanto en términos reales (-2%) como en proporción al PIB (-1,5%); como estos ajustes son menores que los esperados en los ingresos ordinarios se supone que tanto el déficit como los requerimientos financieros del gobierno se incrementaran.
De nuevo debe advertirse que un análisis más riguroso exige incluir las denominadas "erogaciones sin afectación presupuestaria" que se estima podrían ascender a casi 2 billones de bolívares. Considerando este concepto ampliado del gasto, el nivel del mismo podría alcanzar a casi 25% del PIB .
Si se examina con más detalle dónde el Ejecutivo Nacional esta proponiendo como políticas fiscales, ajustes fundamentales como instrumentos de estabilización, se nota con claridad que estos ajustes se concentran en las transferencias corrientes y de capital a las regiones. Estas transferencias pasan a representar, en la propuesta del nuevo presupuesto, el 12,2% del PIB y 54,1% del total de gastos, en contraste con el presupuesto actual donde alcanzan el 15,1% del PIB y 62,5% de los gastos (sin incluir "erogaciones sin afectación presupuestaria") Cabe destacar, adicionalmente, que los gastos corrientes aumentan su participación relativa en la estructura del gasto en detrimento de los gastos de capital. La inversión directa del Gobierno Central sigue siendo de relativa poca importancia con respecto a los gastos totales (4,2 %), aunque debe acotarse que en términos reales, de cumplirse los supuestos inflacionarios gubernamentales, se incrementaría en 29 %.
Muy probablemente el Ministerio de Finanzas tendrá que corregir, aumentando el situado que se le aporta a las gobernaciones y alcaldías, así mismo el aumento salarial está muy por debajo de las expectativas del sector laboral. Téngase en cuenta que aquí tampoco se están incluyendo gastos adicionales que podrían financiarse con la transferencia de utilidades cambiarias desde el Banco Central de Venezuela ( BCV).
En síntesis, muy probablemente, los niveles de gasto del gobierno central durante el 2001 terminarán siendo muy similares a los de este año y bastante superiores a los que se alcanzaron en el anterior quinquenio.
El déficit fiscal y las necesidades de financiamiento
Tanto el déficit primario como el fiscal en el 2001 serían mayores en casi 1% del PIB a los que se calculan para el 2000. Si consideramos los gastos "sin afectación presupuestaria", el déficit fiscal podría elevarse hasta 7,5% del PIB. Este incremento del resultado deficitario es consecuencia, como ya se explicó, del insuficiente ajuste en el nivel de gasto ante la caída esperada en los ingresos ordinarios.
Como el Gobierno prevé pagos por amortización de deuda pública interna y externa que ascienden a los 3,5 billones de bolívares, sus requerimientos financieros estarían en el orden de 11,6% del PIB, superando en casi 3 puntos las ya históricamente elevadas necesidades del 2000. Con el objeto de cubrir las necesidades de financiamiento previstas, el Gobierno se plantea recurrir al endeudamiento público por un monto equivalente a unos 11.400 millones de dólares, además de utilizar recursos acumulados en el FIEM por un monto de unos 2.300 millones de dólares.
Aunque no se han establecido metas precisas con relación a cuanto obtener en el mercado interno y cuanto en el externo, se presume que la mayor presión se ejercerá en el mercado financiero nacional. Esta hipótesis se basa en la aún reducida accesibilidad que tiene el país al crédito externo a costos razonables.
Venezuela sigue siendo castigada con una elevada prima por riesgo, si se tiene en cuenta el boom que están experimentando sus ingresos ante la favorable coyuntura petrolera y la mayor estabilidad política que se ha alcanzado una vez que finalizó la fase crítica del ciclo político electoral. Es importante señalar que el stock de deuda interna ha crecido en forma vertiginosa, esperándose que se multiplique su nivel por seis en apenas tres años. Esta situación está planteando serios retos a la gestión fiscal futura por la incidencia que tendrá el servicio (un gasto rígido), sobre el nivel de egresos. Sí consideramos que el Gobierno puede disponer discrecionalmente de recursos adicionales procedentes del FIEM e, incluso, hacer que el Banco Central le transfiera utilidades cambiarias acumuladas por el instituto emisor como reservas de capital, el nivel de endeudamiento podría ser finalmente bastante menor al previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto.
El gasto fiscal de Venezuela alcanzó en enero de 2002 a 1,24 billones de bolívares (US$1=VEB 902,25), cerca de un 9% menos que en el mismo periodo del año anterior, informó el jueves el banco central a través de su sitio web.
El gasto fue apoyado por 1,05 billones de bolívares en ingresos ordinarios, lo que incluyó 172.120 millones de bolívares en regalías del monopolio estatal Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA. Los impuestos a la renta contribuyeron con 288.320 millones de bolívares, el impuesto al valor agregó 431.340 millones de bolívares y los aranceles aduaneros aportaron 105.680 millones. Con los ingresos por concepto de petróleo cayendo, Venezuela continuó recortando el gasto público, lo que ayudó a que la economía creciera un 2,7% en el 2001, menos que el 3,2% del 2000. El precio promedio del petróleo venezolano fue inferior a US$16 por barril en enero 2002, frente a los US$20,18 por barril del 2001 y el promedio de alrededor de US$25,91 por barril del 2000, cuando la producción además fue mayor. El petróleo equivale a cerca de la mitad de los ingresos fiscales y a cerca del 30% del PIB del país de aproximadamente US$110.000 millones.
2. ¿A qué acuerdos se han llegado para la Reducción de la deuda?
En octubre de 1996, el Banco Mundial y el FMI llegaron a un acuerdo sobre un plan de reducción de la deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados, que debería permitir al país deudor devolver sus préstamos sin comprometer su crecimiento económico y sin aumentar los atrasos hipotecando de nuevo su futuro. La iniciativa tenía por objeto reducir la deuda multilateral, bilateral y comercial a lo largo de un periodo de seis años hasta un nivel sostenible que el país pueda afrontar. Como condición para aliviar la deuda, el país debe aplicar las políticas de ajuste estructural aprobadas por el Banco Mundial y el FMI. Conforme a esta iniciativa, una vez que el país elegido ha aplicado una reforma económica durante tres años, los acreedores del Club de París (principales Estados acreedores que estudian los problemas de pagos de los países deudores de manera conjunta y no bilateral) reducen en un 67% la parte de la deuda que reúne las condiciones exigidas. Es el llamado punto de decisión. Se supone que todos los demás acreedores, aquellos bilaterales que no son miembros del Club de París y los bancos comerciales, concederán rebajas similares. Si estas medidas no se traducen en una deuda sostenible, el país pasa a la segunda fase de tres años durante la cual puede obtener el apoyo de las instituciones financieras internacionales para llevar a cabo una reforma económica y reducir la pobreza. Al término de los seis años y siempre que el país pueda presentar un historial aceptable aplicando las reformas económicas exigidas, será objeto de una reducción de hasta el 80% de la parte de la deuda que cumpla los requisitos establecidos por el Club de París. Nos encontramos ante el punto de conclusión. Este segundo periodo puede abreviarse para aquellos países que demuestren una actuación rigurosa en sus programas de ajuste. Deficiencias de la iniciativa PPAE Pocos países elegidos. Sólo 41 países han sido clasificados como países pobres altamente endeudados por el Banco Mundial, pero sólo unos pocos se beneficiarán de esta iniciativa (Chad, Liberia, Benin o Myanmar, entre otros, se quedan fuera). Escaso alivio de la deuda. Los acreedores bilaterales y multilaterales no están cancelando la deuda sino que están aportando dinero para reducirla. Como consecuencia, quieren disminuir al máximo su coste: algunos de los miembros del G-8 y otros países de renta media y alta no han comprometido todavía suficientes recursos para el alivio de la deuda bilateral. Concepto restringido de sostenibilidad de la deuda. La iniciativa PPAE plantea como sostenibles niveles muy elevados de deuda exterior, mientras que este mismo baremo es mucho más flexible cuando se aplica a los países ricos. No se ha tenido en
cuenta que las naciones más pobres afrontan el pago de sus deudas a costa del bienestar de su propia población. Una espera demasiado larga. Plantear como plazo mínimo entre tres y seis años de reformas económicas es demasiado tiempo para un país empobrecido que cada día que pasa se endeuda más. Relación con las políticas de ajuste estructural. La iniciativa PPAE exige la aplicación de las políticas de ajuste estructural en los países que necesitan un alivio de su deuda. Estas reformas pueden ser positivas en algunos aspectos, mientras que en otros suponen perpetuar situaciones de pobreza y hambre. Arbitrariedad en las normas para el alivio de la deuda por parte del Club de París. Este foro fija una fecha límite, a partir de la cual, la deuda contraída no es renegociable, conforme al momento en el que el país deudor en cuestión le solicita por primera vez ayuda (generalmente, en la década de los ochenta). Esta fecha de corte limita en gran medida las posibilidades de reducción de la deuda.
3. ¿En qué consiste el presupuesto nacional?
Primeramente un presupuesto es la Previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo, por lo general un año. El presupuesto es un documento que permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit o, por el contrario, ahorrar, encuyo caso el presupuesto presentará un superávit.
El presupuesto familiar o personal ayuda a los individuos a equilibrar sus ingresos y gastos. El presupuesto de un negocio suele utilizarse como herramienta para la toma de decisiones sobre la gestión y el crecimiento de la actividad de la empresa. El presupuesto más difícil de elaborar es el público del Estado, que es una previsión de ingresos para cubrir los gastos necesarios para llevar a cabo las políticas sociales, económicas y militares de la administración.
El Presupuesto Nacional
Es habitual que, los gobiernos establezcan presupuestos anuales donde se presentan las previsiones de ingresos y gastos. Las principales fuentes de recursos provienen de los impuestos, ya sea el impuesto sobre la renta, impuestos indirectos sobre el consumo (como el impuesto sobre el valor añadido, IVA), el impuesto de sociedades o las contribuciones de empresarios y trabajadores al sistema de la seguridad social. Los principales capítulos de gastos son los siguientes: gastos de la Seguridad Social, provisión de bienes y servicios públicos (como educación y sanidad), y el pago de intereses y amortización de la deuda nacional. Si el gasto público iguala a la totalidad de ingresos se dice que el presupuesto está equilibrado. Si los ingresos derivados de la imposición exceden a los gastos, caso que, de darse, se producirá durante un periodo de expansión económica, el presupuesto tendrá superávit. El déficit presupuestario se produce cuando el gasto público supera a los ingresos. Desde la II Guerra Mundial los gobiernos de los países industrializados han tenido déficit casi todos los años. En las últimas décadas muchos países latinoamericanos han encontrado serias dificultades para confeccionar sus presupuestos debido al alto precio de sus deudas externas.
Desde el punto de vista económico, el presupuesto del Estado es un documento contable que recoge las previsiones de los ingresos y gastos públicos que se realizarán en el siguiente ejercicio. Es por tanto la plasmación de la política fiscal del gobierno y responde a las necesidades expansivas o contractivas que el análisis de la coyuntura económica requiera.
Si los ingresos y los gastos previstos coinciden, el presupuesto estará equilibrado. Lo normal es que los gastos sean superiores a los ingresos, es decir, que haya déficit presupuestario. La situación opuesta, con ingresos superiores a los gastos, es la de superávit. Los presupuestos deficitarios implican por tanto inyectar en los flujos económicos una cantidad superior a la que se detrae mediante impuestos; tienen por tanto un efecto expansivo. Los presupuestos con superávit, por el contrario, al detraer fondos, tienen un efecto restrictivo o contractivo y podrían ser utilizados como medida de política económica si la demanda agregada estuviese tan alta que la producción potencial estuviese siendo superada con la consiguiente aparición de efectos inflacionistas.
Los economistas clásicos consideraban que los presupuestos del Estado debían estar siempre equilibrados, que la existencia de déficits o superávits eran muestra de una administración ineficiente o de un intervencionismo distorsionador de los mercados. La propuesta keynesiana fue que el presupuesto debía estar cíclicamente equilibrado, ser deficitario en las fases económicas recesivas que requiriesen una intervención estimulante, financiando el déficit mediante deuda pública que sería amortizada con los superávit de otros años. Sin embargo, la aplicación de la política keynesiana por los gobiernos occidentales tras la Segunda Guerra Mundial se ha traducido en la realidad en un déficit público sostenido año tras año. Aunque en los años de expansión económica el déficit disminuye en términos de porcentaje sobre el PIB, no deja nunca de ser negativo.
Permitámonos aquí una pequeña disgresión del discurso keynesiano para aludir al momento presente. Como veremos más adelante, las ideas económicas dominantes en la actualidad consideran al déficit público una de las principales causas de desequilibrio e inestabilidad. El enorme déficit presupuestario de los EEUU ha sido considerado como una de las causas básicas del origen de la crisis de comienzos de los 90. El Tratado de Maastrich ha fijó como condición para formar parte de la Unión Económica y Monetaria que el déficit público fuese inferior al 3% y la Deuda pública inferior al 60% del PIB . Todos los países desarrollados están empeñados actualmente en la lucha por controlar este déficit como requisito indispensable para mantener la estabilidad a largo plazo.
Al establecer las previsiones presupuestarias hay que tener en cuenta en cualquier caso que no pueden ser totalmente precisas. La existencia de impuestos proporcionales o progresivos hace que los ingresos públicos varíen según el volumen de renta realmente generado en el país. De igual forma, los gastos públicos pueden variar de forma imprevisible ya que un aumento del desempleo motivado por una recesión incrementaría los gastos en subvenciones. Se llama presupuesto de pleno empleo a la estimación que se hace de los gastos e ingresos públicos que se concretarían si, manteniendo la legislación financiera existente, la situación económica del país fuese de pleno empleo.
La utilización anticíclica de los instrumentos fiscales tiene el inconveniente de los retardos en el reconocimiento de la existencia de un cambio de coyuntura, en la adopción de las medidas políticas, y en el efecto que estas ejercerán. Si un gobierno quiere responder activamente a las recesiones, se dará cuenta de que ésta se está produciendo cuando las estadísticas industriales empiecen a mostrar señales de aumento del desempleo; convocará entonces un comité de expertos que dictamine las medidas a tomar; se elaborará un proyecto de ley que modifique la legislación impositiva existente; se discutirá y aprobará dicho proyecto en los órganos pertinentes; en el siguiente ejercicio presupuestario los gastos aumentarán y los impuestos descenderán con lo que el efecto multiplicador empezará a funcionar… ¡Para entonces es muy posible que el ciclo económico haya cambiado de sentido y las medidas adoptadas resulten contraproducentes!.
La solución al problema de los retardos está en la implantación de estabilizadores fiscales automáticos. Consisten éstos en normativas legales que ejerzan mecánicamente, sin necesidad de modificación, su función anticíclica. Por ejemplo, los impuestos proporcionales y progresivos actúan como estabilizadores automáticos: si en una recesión empiezan a disminuir las rentas, las recaudaciones también disminuirán. La normativa de seguridad social es también un eficaz estabilizador: en las recesiones disminuyen las recaudaciones y aumentan los gastos en subsidios mientras que en las fases altas del ciclo el efecto es el contrario.
Un peligro que habrá que tomar en consideración es el de que los estabilizadores automáticos actúen como freno fiscal. Al concebir la normativa fiscal de forma que estabilice la producción económica en torno a un determinado nivel de renta, se corre el peligro de estar impidiendo el crecimiento económico. Los procesos inflacionistas requieren también el reajuste de las cuotas fiscales para impedir que las rentas que se están "estabilizando" representen cada vez menor capacidad adquisitiva.
Franklin D. Roosevelt inició en 1933 una política presupuestaria deficitaria, el "New Deal" para fomentar el empleo durante la Gran Depresión. Se enfrentó así al liberalismo salvaje que presidía entonces la política económica americana. Retrato por D. Chandor.
Política fiscal Además de lo ya expuesto, el presupuesto también refleja la política fiscal de los gobiernos, con la que éstos pretenden lograr numerosos objetivos, a menudo contradictorios: promover el pleno empleo, luchar contra la inflación y lograr un crecimiento estable. Para lograr estos objetivos el gobierno puede querer estimular la economía nacional incurriendo, voluntariamente, en un déficit presupuestario. Si las presiones inflacionistas aumentan, el gobierno puede optar por reducir el déficit, equilibrar el presupuesto o intentar alcanzar un superávit presupuestario reduciendo su nivel de actividad económica. Para que estas políticas fiscales sean eficientes, es necesario que no contradigan la política monetaria desarrollada por el banco central.
Casos
CASO I:
Seniat:
De conformidad con la Resolución Nro. 32 sobre la organización, atribuciones y funciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria SENIAT, corresponde a este servicio autónomo, sin personalidad jurídica, dependiente del Ministerio de Finanzas, el ejercicio de todas las funciones y potestades atribuidas para la administración de los tributos internos y aduaneros conforme al ordenamiento jurídico, así como otorgar los contratos y ordenar los gastos inherentes a la autonomía funcional financiera del Servicio.
Su misión es recaudar con niveles óptimos los tributos nacionales, a través de un sistema integral de administración tributaria moderno, eficiente, equitativo y confiable, bajo los principios de legalidad y respeto al contribuyente.
Entre sus objetivos estratégicos están:
El incremento de la recaudación tributaria de origen no petrolero.
Modernización del sistema jurídico tributario
Desarrollo de la cultura tributaria y
Mejora de la eficiencia y eficacia institucional.
Bibliografía
GITMAN, Lawrence J. (1997). Administración financiera básica. México: Editorial Harla. Séptima edición. p. 1077.
WESTON, J. Fred y COPELAND, Thomas E. (1995). Finanzas en administración. México: McGraw-Hill. Novena edición. p. 638. Volumen I.
Autor:
Antono Rixiomar
Chandari Noelani
Riego Maria Elena
Enviado por:
Iván José Turmero Astros
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE"
VICE-RECTORADO DE PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CÁTEDRA: INGENIERÍA FINANCIERA
PROFESOR: ING. ANDRÉS ELOY BLANCO