El discurso comunitario: del cambio a la resignación

RESUMEN

En la última década, han sido publicados
en nuestro Estado, innumerables artículos y textos en
relación a la intervención comunitaria. Tanto a
nivel teórico como metodológico existe un consenso
general en torno a los modelos a aplicar, marcos teóricos,
roles del psicólogo y otros trabajadores sociales
así como sobre los pilares básicos por los que deba
caminar el interventor social.

Sin embargo, a nuestro juicio, existe una
auténtica disociación entre teoría y
práctica, entre lo que se dice y lo que se hace, es decir,
entre lo que podemos denominar roles
intencionales y roles operativos del
interventor.

Este artículo trata de analizar la viabilidad del
discurso comunitario en el marco de las administraciones
públicas, del trabajo público. Se intentará
descifrar, quizás a veces desde planteamientos no
exclusivamente psicológicos, algunas de las claves del
estancamiento actual del modelo propugnado en la última
década. Bien entendido que no se trata de invalidar
modelos o teorías sino de reconducir el discurso
comunitario hacia posiciones más coherentes y
comprometidas con su propia razón de ser.

PALABRAS CLAVE

Intervención social. Estado del Bienestar. Cambio
social. Despolitización. Modelo comunitario. Programas
sociales.

The Community discourse: From
Change to Resignation

ABSTRACT

During the last decade numerous articles and textbooks
on social and community intervention have been published in our
country. At a theoretical and methodological level there seems to
be a general consensus on the models to be applied, on the
theoretical standards. on the roles of the social supervision
should rely on.

However, in my opinion, there is a real dissociation
between theory and praxis, between what is said and what is done,
i. e, between what we can designate as intentional and operative
roles of the supervisor.

This article attemps to analyze the viability of the
community discourse with the public administration as referencial
framework Likewise, this article intend to pinpoint, and not only
from a psychological point of view the keys to the stagnation of
the model supported in this last decade. It should be emphasized
that its purpose is not to invalidate theories or models, but to
redirect the community discourse towards more commutted positions
with their own goals.

KEY WORDS

Social Intervention. Social Change. Welfare State.
Depolitization. Social Programs. Community Model.

"Una sociedad que carece de sueños,
está condenada a revolcarse en el
fango".

Aldous Huxley

INTRODUCCION

Recordaremos, allá por los años 80, una
urgente necesidad en la búsqueda de nuestra identidad
profesional, proceso ilusionante, aunque demasiado árido y
en cierto modo frustrante. Urgía una rápida y firme
oposición al modelo clínico imperante.
Prueba de ello, fue la gran cantidad de encuentros profesionales
que tuvieron como tema monográfico el concepto de
intervención, los estilos del interventor, los roles en el
equipo, etc.

Junto a estas circunstancias, desde otros foros,
principalmente del mundo académico, se nos ofrecían
machaconamente sus reflexiones teóricas las cuales
sirvieron de orientación a nuestras, por aquel entonces,
improvisadas y nada sistemáticas intervenciones. De este
modo, hacían su "aparición" conceptos como
cambio social, redes y sistemas sociales,
interdisciplinariedad, multidisciplinariedad,
etc., y hasta algunos más osados se atrevieron a conjugar
la psicología comunitaria con ciertos planteamientos
socio-políticos (Blanco, A 1985, 1987; Barriga, S.
1984; Costa, M. 1987; Montero, M. 1984; Marín, G. 1980;
San Martín, H. 1982; Sánchez Vidal, A.
1985).

Como correspondía a nuestra juventud y a la
frescura de nuestras ideas políticas fuimos asumiendo e
incorporando a nuestro lenguaje dichos postulados básicos.
Teníamos por aquel entonces el listón muy alto,
ejercicio profesional y compromiso político se daban la
mano, desterrando aunque con cierta eventualidad la falacia
del Sistema sobre la neutralidad científica. El valor
de lo utópico, que no de lo imposible, parecía
corresponderse con las ideas de cambio y con la puesta en
práctica de las incipientes políticas sociales en
nuestro Estado. Junto a todo esto, los primeros psicólogos
entraban a formar parte de las ofertas de empleo en las distintas
administraciones públicas, y con mayor o menor fortuna se
ocupaban cargos de cierta responsabilidad y poder de
decisión.

Ante esta panorámica podrían esperarse
grandes logros, y aún reconociendo el esfuerzo legislativo
en materia de política social y ciertas transformaciones
estructurales y organizativas con las que nos identificamos
plenamente, asistimos a una regresión del discurso
comunitario.

El quehacer del interventor comunitario debe dirigirse
por los senderos del cambio social con la comunidad como propio
elemento de transformación y actuando como mediador y/o
catalizador de dichos procesos de cambio.

Por otra parte, aún no existiendo un pleno
consenso en cuanto a los roles intencionales del psicólogo
comunitario y del interventor social, podemos identificar los
siguientes: 1. Analista de problemas y sistemas sociales; 2.
Diseño, planificación, organización y
dinamización de programas interventivos; 3.
Implementación de dichos programas; 4.

Evaluador de problemas y necesidades
(Sánchez-Vidal, 1988, p. 323).

Llegados a este punto, consideramos necesaria la
confrontación de todas estas ideas con lo realmente
operativo, con lo que para bien o no, estamos ejecutando
diariamente. Este es uno de los objetivos de este
artículo. Pensamos que desde esta confrontación
podemos discernir qué elementos, factores y circunstancias
están incidiendo negativamente en el discurso comunitario.
En definitiva, la eterna dicotomía entre teoría y
práctica.

EL CAMBIO DE
MAQUILLAJE

Vamos a intentar una descripción general sobre el
grado de desarrollo de dos sistemas centrales en toda
política social: Servicios sociales y Servicios de
salud.

Especificaremos las principales disfunciones existentes.
Bien entendido que, de manera especial, nuestro abordaje se
centra en un territorio concreto: la provincia de Sevilla. Aunque
no sería aventurado pensar en que, dichos desajustes sean
comunes a otras zonas de nuestra comunidad
autónoma.

a) Servicios Sociales

Ciñéndonos, en un primer momento, a los
servicios sociales comunitarios (S.S.C.C.), son cuatro los
programas o servicios básicos que deben gestionar las
prestaciones correspondientes:

– Programa de trabajo social de Zona, que garantiza la
prestación básica de Información y
Orientación.

– Programa de Familia y Convivencia, para las
prestaciones básicas de Ayuda Domiciliada y
Alojamiento.

– Programa de Inserción Social relacionado con la
garantía de la prestación de
Inserción.

– Programa de Participación Social, para promover
y canalizar adecuadamente la responsabilidad social y las
manifestaciones de solidaridad ante las situaciones de
necesidad.

El primer programa reseñado asume la mayor
amplitud y consiguientemente, es el que ocupa el mayor tiempo
disponible de los equipos. La inexistencia en nuestra provincia y
comunidad autónoma de una red integradora de
información, la escasa sistematización de
documentos para recoger, almacenar, ordenar y analizar la
información hacen de este programa el principal elemento
bloqueador del sistema público. "Su estatismo
sistemático imposibilita la aparición de flujos y
canales de información estables y eficaces. El sistema se
encuentra sin capacidad de respuesta a la inclusión de
nuevos elementos" (Rodríguez Ruiz, 1991, p. 68); y,
precisamente, al ser este programa la puerta de entrada del
ciudadano al sistema, el bloqueo en la gestión de los
centros de servicios sociales parece inevitable.

En mayor medida es asumido por trabajadores sociales que
intentan por todos los medios a su alcance -más bien
escasos la resolución y/o derivación del mayor
número de casos posibles.

Este programa tiene una importancia vital en el ulterior
desarrollo de otras prestaciones.

Es, por tanto, absolutamente imposible el progreso
integral de las diversas actuaciones del equipo sin un
tratamiento sistemático en la recepción,
almacenamiento, canalización y aprovechamiento
informativo, tanto referido a lo que el centro recibe como a lo
que produce. Siendo escasos los intentos de
sistematización informativa por parte de los
órganos responsables de las distintas administraciones
públicas y la supremacía que se hace de los
criterios de valoración política sobre los
técnicos, es admisible pensar que, cualquier
análisis sobre las necesidades y problemas poblacionales
basado en este caótico sistema informativo, carezca de la
suficiente lógica evaluativa como para ser considerado
riguroso y fiable.

Asimismo, puede constatarse, la carencia en nuestra
provincia, de Programas de Inserción y
Participación Social. Los escasos intentos quedan
referenciados a acciones muy aisladas sin un marco contextual
válido para una intervención con base comunitaria.
Algunos de los programas sobre prevención de
drogodependencias pueden ejemplificar nuestras aseveraciones. Se
actúa de forma aislada sin conexión con otros
equipamientos y servicios, tanto propios como ajenos, y con una
metodología y un entendimiento del problema más
cercano a estamentos dirigidos al control/represión que al
bienestar social.

Podría argüirse la inexistencia de estos
programas en base a su no necesidad; nada más lejos de la
realidad si tenemos en cuenta, por ejemplo, los datos
concernientes al Programa de Solidaridad para la
Erradicación de la Marginación en Andalucía
(1991), gestionado por la Junta, y en donde pueden observarse la
existencia de un volumen importante de zonas de
marginación en determinadas provincias andaluzas; Por lo
que en estas circunstancias los programas de inserción
participación social tendrían plena
justificación.

La ausencia de programas de inserción social en
la red de servicios sociales obstaculiza, no sólo, los
tratamientos y ayudas psicosociales básicas a
personas/grupos/familias en situación de vulnerabilidad y
deprivación sino que coartan la perspectiva comunitaria en
cuanto al método y al fin último de los equipos de
intervención. La precariedad en la que se encuentran los
grupos de autoayuda, las dificultades por las que atraviesa el
voluntariado, no institucional, y los impedimentos a la puesta en
práctica de los órganos formales de
participación recogidos en la Ley Andaluza de Servicios
Sociales, son síntomas evidentes de la
desorganización en la que se encuentran este tipo de
prestaciones.

Por último, en la ayuda domiciliaria si bien se
constata un avance importante, corre el peligro de convertirse en
apoyo exclusivamente doméstico olvidándose los
aportes educacionales y psicosociales tan decisivos.

No sería justo, en ningún modo, cargar las
tintas sobre los equipos -de base cuestionando su
profesionalidad. Nada más lejos de nuestra
intención. Son tan numerosas y graves las disfunciones que
pueden observarse en las estructuras y organización del
sistema público de servicios sociales (S.P.S.S.), que
demasiado hacen los equipos en intentar la derivación del
mayor numero de casos a otros servicios confiando en su
resolución.

Estamos de acuerdo en afirmar que "el usuario no es
actor social y no le alcanza el concepto de ciudadano. El
método pasa a ser prestacional, es decir, el servicio
social pasa a ser considerado el espacio de la racionalidad, de
modo que por ser el garante de las prestaciones sociales, reclama
para si el protagonismo de la acción y el reconocimiento
de que es, el que consigue hacer sujetos sociales…" (Renes,
1990, p.38).

A nuestro juicio, el modelo actual del S.P.S.S. contiene
en la práctica las características del modelo
benéfico siendo la pasividad, la nula participación
ciudadana la indefensión comunitaria ante las decisiones
técnicas (véase Memoria del Defensor del Pueblo
Andaluz, 1991), e incluso la falta de equidad en la
distribución de los recursos (véanse Planes
Provinciales de Servicios Sociales) sus notas más
peculiares. Por tanto "no es suficiente declarar el rechazo del
tratamiento como orientación metodológica, para que
estemos en presencia de una metodología ligada a la
transformación social" (Renes, 1990, p. 39).
A nuestro parecer, estamos adjudicando el rótulo de
comunitario y de cambio social a prácticas y
planificaciones absolutamente incapaces de fomentar bienestar y
desarrollo.

Si la situación para el psicólogo y el
interventor social en los S.S.C.C. es extremadamente delicada, en
los especializados se llega al límite de lo
aceptable.

Dada la evidente dificultad de analizar cada
ámbito de actuación específico, nos
proponemos describir las circunstancias que rodean la
intervención en infancia/familia como botón de
muestra que pueda clarificar -sin ello es aún posible la
situación actual de los servicios sociales de infancia en
nuestra comunidad autónoma.

1. Inexistencia de proyectos y programas
específicos en donde insertar las actividades relacionadas
con el diseño, planificación y evaluación de
actividades.

A tres años vista de la creación de la
Consejería de Asuntos Sociales, aún no se tienen
perfiladas las líneas maestras estratégicas de la
política social dirigida a la infancia. Resultando de ello
la cronificación de situaciones de marginalidad y
exclusión difícilmente reversibles.

La ausencia de programas concretos de actuación
-malos tratos, acogimiento familiar, internamiento, etc.- impiden
una clara posición de los profesionales frente al objeto y
fin último de las intervenciones sociales. Y cuando nos
referimos a dicha ausencia, queremos destacar la escasa
fiabilidad, validez y pertinencia de las actuales intervenciones
al carecer de los mínimos criterios
evaluativos.

El concepto de cambio social se convierte así en
una auténtica falacia y todo parecido con el paradigma
comunitario es casual o libresco.

2. Una absoluta dejadez técnica y
política en torno al papel que deben jugar los
equipamientos dirigidos especialmente a la infancia en el
S.P.S.S.

Sirvan como ejemplo los siguientes datos: a) desde el
año 1991, Sevilla sólo cuenta con dos centros
propios de internamiento, de 15/20 plazas cada uno; b) ambos
carecen de un plan de centro; c) la plantilla actual es
absolutamente deficitaria en el nivel de dirección y
educativo; d) la duración de internamiento ronda el
año y medio; e) se carece de planes de intervención
respecto a los menores internados y sus familias; f) por
último, se continúa con la tradicional
descoordinación con otros niveles, tanto del propio
sistema -comunitarios- como ajenos –educación, salud,
etc.-

3. Organigramas férreamente jerarquizados que
obstaculizan no sólo los sistemas de coordinación
horizontal entre los profesionales sino también la
inclusión de elementos participativos en las
actuaciones.

El abuso de la supervisión directa se convierte
en un elemento distorsionador de las relaciones
interdisciplinares tan necesarias en estos ámbitos. Los
sistemas de normalización y formalización del
trabajo llegan a tales extremos, que la toma de decisiones que
necesariamente deban realizar los equipos se desvirtúa
desde el momento en que el espacio de tiempo entre la
decisión y la ejecución puede alcanzar una
duración infinita.

4. Supremacía del enfoque judicial como
garante del bienestar comunal en detrimento de otros enfoques
más comprensivos con la realidad sobre la que se
incide.

En definitiva, y ante este cúmulo de
circunstancias, los psicólogos y otros trabajadores
sociales quedan relegados a la ejecución de funciones y
tareas administrativas de cierta cualificación sin
posibilidad real de acciones que desborden lo estrictamente
burocrático.

Sólo son factibles, por tanto, determinadas
intervenciones -individuales, mierogrupales, etc.- sobre aspectos
aislados, y en donde tiene más valor la opción
personal del técnico que el propio fin al que
tendría que servir la institución
pública.

b) Servicios sanitarios de atención
primaria

Es quizá, el ámbito que más
expectativas ha creado en tomo a la aplicabilidad del discurso
comunitario. Después de unos comienzos -reforma sanitaria,
atención primaria, reforma psiquiátrica, etc. muy
alentadores, asistimos desde 1989 a un evidente
estancamiento.

Aún cuando los psicólogos no formen arte
de los equipos de atención primaria (E.A.P) las
aportaciones tanto de la psicología social como de otras
disciplinas son patentes. En este sentido, la inclusión de
variables psicosociales en el estudio del proceso
salud/enfermedad han dado consistencia al cambio de perspectiva
que, teóricamente, deba llevarse a cabo desde 1978 con la
declaración de Alma-Ata. Algunas de las aportaciones de la
psicología comunitaria se relacionan con los siguientes
aspectos: Investigación epidemiológica de salud de
cada comunidad; prevención, promoción y
educación para la salud. Diseño de programas
Preventivos así como inclusión de
metodologías y técnicas de intervención
comunitaria a nivel grupal e institucional; en la
participación comunitaria, implicando un cambio de actitud
y desempeño del rol de los profesionales sanitarios; en el
trabajo en equipos interdisciplinares así como en las
acciones formativas, recogiendo aportaciones de la
psicología social y grupal (Duro, 1989, p.
281).

Sin embargo, sería ingenuo creer en la
inclusión operativa de estos extremos en la actual
organización sanitaria. Será, por tanto, necesario
considerar las siguientes disfunciones:

– Deficiente distribución territorial de los
equipos de atención primaria.

Este elemento da lugar a sobrecarga asistencial en
bastantes zonas básicas urbanas, mientras que otras,
generalmente rurales, se encuentran desprovistas de la suficiente
demanda. Se obliga, por tanto, a aquellos E.A.P, a volcarse en
mayor medida en la asistencia, abandonando los aspectos
básicos de la intervención comunitaria.

– Ausencia del necesario protagonismo
comunitario.

La marginalidad de las acciones encaminadas a la
prevención y promoción de la salud
-educación para la salud en centros docentes,
planificación familiar en ámbitos juveniles,
enfermedades de transmisión sexual, etc.-, facilita las
tendencias a mecanizar los programas, evitando un replanteamiento
a partir de la toma en consideración de las variables
implicadas en cualquier acción preventiva. Un ejemplo lo
tenemos en los programas de salud escolar, y planificación
familiar. Anualmente pueden modificarse determinados aspectos
relacionados con indicadores de eficacia, eficiencia, etc.,
olvidando los elementos necesarios de vinculación con la
participación activa de los usuarios en dichos programas y
de las organizaciones comunitarias (véanse Memorias de
Gestión del Servicio Andaluz de Salud, 1989, 1990, 1991).
Esta ausencia de actitudes y cauces participativos orienta
ciertos aspectos de las intervenciones hacia terrenos
política y técnicamente especulativos.

El nulo desarrollo de lo legislado por parte del poder
político en el terreno de la participación
comunitaria, es fiel reflejo de la, aún escasa,
sensibilidad social de que hacen gala la mayoría de los
responsables públicos así como uno de los motivos
que creemos, puede acrecentar la pérdida de credibilidad
de las propias instituciones.

Más representativas que nuestras palabras sean,
sin duda, las de Antonio de la Cuesta Díaz, director (ex)
durante 10 años del hospital más grande de
Andalucía, "los usuarios padecen una
insatisfacción, que tiende a la cronicidad, derivada de
que sus necesidades sentidas en cuanto a su salud, salvo que sean
prioritarias o de extrema gravedad, no son atendidas en tiempo".
Y continua diciendo . su participación, como les
corresponde según la Ley General de Sanidad en el sistema
sanitario, puede rayar la utopía". Por último
señala, "como gestor durante 10 años puedo dar fe
que con ingenio, sacrificio y participación es posible
salir de la mediocridad en la sanidad pública. Dí
por sentado que la voluntad política era esa. Craso error
el mío, me equivoqué no existe" (El Correo de
Andalucía, 25/11/92, p. 25).

Por último, si atendemos al grado de desarrollo
de los órganos de participación previstos en la
legislación estatal y autonómica, nos encontramos
con la desagradable sorpresa de la inexistencia en su
funcionamiento del Consejo Andaluz de Salud, Consejos
provinciales, Consejos de Areas hospitalarias, y Consejos de
Zonas Básicas de Salud.

– Dificultades para el trabajo y formación en
equipo. Conflicto de roles y competencias. Todos, a nivel
teórico, hemos hablado maravillas del trabajo en equipo y
de la formación continuada como instrumentos
necesarios para el trabajo comunitario en salud. Sin
embargo, la ausencia de espacios y tiempos adecuados, la
formación previa de los profesionales, y las propias
estructuras organizativas de los centros de salud sean
quizá los factores más importantes a
considerar.

Respecto a las acciones formativas, si bien es cierta la
existencia, en estos centros, de grupos de formación, no
por ello pueden considerarse ni tan siquiera multiprofesionales
dado el carácter elitista y restringido de dichos
grupos.

En definitiva, si tuviéramos que realizar un
somero diagnóstico de los servicios sanitarios tanto de
atención primaria como de salud mental -si bien
éstos tienen una problemática especial-
resaltaríamos los siguientes aspectos:

Saturación asistencial.

Dificultades de coordinación con otros niveles de
atención.

Poca dedicación a actividades capaces de
modificar la demanda como son la formación continuada,
educación para la salud, etc.

Indefinición de roles profesionales
y competencias. Dificultades para trabajar en equipo.

Falta de conciencia de que el principal
agente de salud es la comunidad. Impedimentos políticos y
técnicos a la participación comunitaria.

Disparidad del modelo propugnado con respecto a la
capacidad de atención de los distintos equipos y la
realidad.

Desajustes, aún hoy vigentes, en relación
al principio de equidad, el cual debe presidir cualquier
acción, programa o plan sanitario.

ADAPTABILIDAD Y
CAMBIO SOCIAL

Si fuera posible determinar algún concepto por el
cual se estableciesen diferencias entre el modelo clínico
de intervención psicológica y el modelo
comunitario, este seda, sin lugar a equívoco, el de CAMBIO
SOCIAL.

En este sentido, "no es extraño, pues, que en
algunos momentos se haya concebido a la psicología
comunitaria como una psicología del cambio social, como
una psicología que persigue la modificación de
aquellas estructuras sociales que estén deteriorando el
bienestar (Blanco, 1988, p. 30). Dicha modificación
incluye los niveles de análisis interindividual,
intragrupal, y fundamentalmente el nivel de planteamientos
ideológicos o categorial.

Sin pretender ser exhaustivos en el significado del
concepto de cambio social, consideramos que se refiere "a la
modificación de las estructuras de un sistema social"
(Sánchez-Vidal, 1988, p. 161); que lleva implícito
un proceso de cuestionamiento cultural (Saransón, 1974); y
que hace referencia a "sucesivas diferencias en el tiempo de
alguna relación norma, funcionamiento, estatus o
estructura (Nisbet 1976, p. 13). Respecto a los destinatarios del
cambio, resulta evidente que moviéndonos a un nivel
mesosocial, son las comunidades más desfavorecidas las
principales destinatarias, sin prejuicio de que cualquier
transformación afecte a un amplio espectro de
población (nivel macrosocial).

Desde estos ejes, ¿podemos afirmar que, en su
conjunto, las estrategias que en política social se han
llevado a cabo, sean facilitadoras de verdaderos CAMBIOS
SOCÍALES?, ¿promueven el desarrollo,
la competencia y el bienestar comunal?

Después del boom económico de la primera
mitad de los 80', podría pensarse en una ampliación
de los beneficios sociales, en una mayor redistribución de
la riqueza, una reducción del número de hogares
pobres, etc. Sin embargo, los indicadores socioeconómicos
actuales obligan -desde ideologías liberales- a un
retraimiento de los sistemas de prestaciones sociales, y
consecuentemente, a una agudización de la desigualdad de
carácter progresivo. Se prima, por tanto, desde estos
parámetros ideológicos lo individual y
privado sobre lo colectivo, restringiendo las demandas sociales
de los más desfavorecidos y de lo cual el discurso
comunitario, desgraciadamente, no ha sido ajeno. Muchas son las
víctimas del Estado del Bienestar, y muchos interventores
sociales hemos sido sus beneficiarios.

El discurso comunitario ha renunciado, con demasiada
rapidez, a sus raíces. Hemos conseguido tal grado de
adaptabilidad al statu quo que se ha eliminado algo fundamental:
el elemento reivindicativo.

Desde nuestro punto de vista, en dicha renuncia, los
técnicos hemos tenido buena parte de responsabilidad,
tanto los dedicados al diseño y planificación de
programas sociales como los profesionales de base. El cambio
propugnado desde el movimiento comunitario no tiene ningún
sentido sin una clara posición política, individual
y colectiva, de los profesionales implicados. No es de recibo
hablar de cambio social, de transformación, etc., sin un
previo acuerdo sobre la amplitud, dirección y maniobras
del cambio. En este sentido, habría sido mucho más
coherente indicar, que los interventores sociales deban de
preocuparse de transformaciones exclusivamente individuales y/o
microgrupales, y que por tanto, en los niveles macrosociales no
serían competentes, que introducir a nivel teórico
toda una constelación de ideas pseudoanarquístas
que sólo sirven para ocultar posturas, quizá
"inconscientes", de connivencia con aquellos poderes que
promueven y fomentan la marginación.

Hoy, quizá siempre, el discurso comunitario
carece de independencia, de la suficiente objetividad, para
decidir el cómo, cuándo, y dónde se
interviene. A nuestro juicio, creemos, que desde el momento de su
absoluta y radical subordinación a las reglas que
configuran la actual organización administrativa, el
movimiento comunitario puede darse por muerto. En la actualidad,
no estamos tan alejados de aquel otro modelo -clínico- que
criticábamos y rechazábamos por ineficaz y
obsoleto.

DE NUEVO LA
NEUTRALIDAD: LA DESPOLITIZACION

Otro aspecto de indudable valor, y que supuso una
modificación en la concepción tradicional de la
intervención fue, el de la desaparición de la
neutralidad: politización del actuar.

La obligación del interventor a realizar opciones
ideológicas que fuercen su compromiso
político-social es defendible por coherencia interna con
el modelo propuesto.

Es, y ha sido, una de las referencias básicas
para establecer diferencias con el modelo clínico.
Difícilmente, en el momento actual, pueda creerse en una
politización del discurso comunitario. Muy al contrario,
"al psicólogo social (léase interventor social)
fácilmente se le pretende convertir en un técnico
despersonalizado, desemplificado, en su relación con el
individuo/grupo. Y sin embargo, sabemos que la
intervención necesariamente implica al que la realiza"
(Barriga, 1984, p. 12). Este mismo autor prosigue,
"además, ya que el psicólogo social interviene
cuando existe conflicto (a petición de los clientes) o
para generar conflicto (en acto de militancia política),
en ambas situaciones desaparece la supuesta neutralidad del
interventor social". Estas ideas expresadas en el año
1984, adquieren hoy, absoluta vigencia y actualidad.

Parece como si, la simple implantación de unas
mínimas prestaciones sociales conformara a la mayor parte
de los profesionales implicados en los asuntos sociales.
Efectivamente, dicho -conformismo lo creemos cierto. Y no
sólo se explicita en aspectos de fondo -génesis de
los programas- sino también en los formales
-lenguajes-.

Referente a los primeros, observamos una tendencia, cada
vez mayor, a dotar a las intervenciones sociales de cierta
tecnología que llevada a sus últimos extremos puede
resultar engañosa. Nos referimos, a la actual
obsesión por los diseños, planificaciones y
evaluaciones magistrales. Y no es que estemos, en absoluto, en
desacuerdo con una correcta planificación y
gestión, más bien al contrario. Creemos que son
requisitos fundamentales para el avance de las políticas
sociales. A lo que nos negamos son, a los diseños y
planificaciones pretendidamente asépticas, parcheantes,
carentes de un mínimo sentido participativo
(¿democrático?, y que, en definitiva, apoyan a
políticas estructurales de corte individualista y
desmovilizador.

Los aspectos formales también resultan
significativos. Hemos desterrado de nuestro lenguaje algunos
conceptos que, a nuestro entender, continúan vigentes,
como conciencia y lucha de clases, izquierda y derecha
política, democracia real, etc., sustituyéndolos
por otros menos comprometidos con la ideología imperante
en Europa.

Estos aspectos que señalamos en tomo a lo que,
entendemos por avance de la neutralidad en las intervenciones,
también son aplicables a ciertas actitudes de los propios
colegios profesionales. Sirva como ejemplo, el documento sobre
"funciones del psicólogo en el sistema sanitario" (varios,
1992), elaborado por las dos delegaciones andaluzas del Colegio
Oficial de Psicólogos, que si bien establecen los
criterios adecuados para la inserción del psicólogo
en los equipos y en la globalidad de la organización
sanitaria, carece de referencias explícitas en torno al
papel que deben jugar los profesionales en el desarrollo y
promoción de la participación comunal así
como al rol político que, necesariamente, debe conllevar
el trabajo en el ámbito de la salud.

En definitiva, pensamos que las estrategias llevadas a
cabo, en estos últimos años, por el poder
político con la consiguiente invertebración y
desmovilización de la sociedad civil, y de las cuales los
profesionales no estarnos al margen, han minado los escasos
elementos de choque que tenía el discurso comunitario. Sea
por intereses personales y/o colectivos la verdad es que, dicho
discurso, ha transformado el CAMBIO -como desarrollo
utópico- por la RESIGNACION -como forma de
alienación-, y muchos profesionales hemos perdido buena
parte de algo muy importante para avanzar la ilusión La
respuesta a la pregunta ¿Qué hacer? debe ser el
debate de los años 90.

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811986, de 4 de abril. (B.O.J.A n.º 41, de 10 de
mayo.)

– Ley Andaluza de Servicios Sociales 8/1988. de 4 de
abril. (B.O.J.A, n.º 29, 12 de abril.)

– Decreto 195185 de 28 de agosto, sobre
Ordenación de los Servicios de Atención
Primaría en Andalucía (B.O.JA n.o 89, de 14
de septiembre.)

– Orden de 2 de diciembre de 1985, por la que se aprueba
el reglamento general de Organización y funcionamiento de
los Centros de Atención Primaria (B.O.J.A nº 90 de 19
de septiembre.)

Autor:

Miguel Ángel Rodríguez
Ruiz

Psicólogo. Delegación Provincial de
Trabajo de Sevilla.

Programa de Solidaridad para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en
Andalucía.

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL,1993, VOL 2, Nº
5.