INTRODUCCIÓN
El tema propuesto, trata sobre la forma en que se
administra el flujo de los procesos judiciales, representados por
la cantidad de expedientes que se tramitan en un
Despacho judicial. Con ello se identifica el sistema actual, sus
deficiencias y propuestas de mejora.
Durante los últimos años, a
partir de la Reforma Judicial llevada a cabo en el año de
1995 hasta el año 2000, se introduce el tema de la carga
procesal como uno de los problemas más agudos que afronta
el sistema judicial para el tratamiento global de las causas
sujetas a su exclusiva competencia.
Sabido es que el objeto de las causas judiciales
ó juicios, son casos humanos que en esencia implican
dramas personales que quedan sujetos a la decisión de los
jueces dentro de ordenamientos procesales para la
aplicación del derecho sustantivo de las diferentes
especialidades del Derecho. Conforme las sociedades han venido
evolucionando en el mundo moderno, y como se viene presentando el
crecimiento demográfico en el orbe mundial, mayores son
las posibilidades de conflictos sociales entre sus componentes.
Estos conflictos que tienen su perspectiva de solución en
el ámbito jurisdiccional, han venido incrementando
progresivamente, el volumen de casos que tienen que atender los
jueces en los sistemas judiciales democráticos.
Este incremento desmesurado en los últimos
años, ha traído como consecuencia el desborde de la
capacidad de la organización judicial, y por lo tanto no
solo genera el rechazo de la comunicad por una tratamiento
inadecuado, sino
El objeto del presente ensayo, tiene por finalidad
identificar las causas que originan el crecimiento de la carga
procesal en las distintas áreas judiciales, y cual puede
ser el método aplicativo para tratar adecuadamente dicho
incremento, para de esa manera tratar de controlarlo y poder
facilitar el derecho del acceso a la tutela jurisdiccional
efectiva, que no se cumple por un inadecuado diseño
organizacional en el sistema.
CAPITULO
1
CARGA PROCESAL
1. Concepto.
El objeto del órgano judicial, es brindar
tutela jurisdiccional efectiva; es decir, desarrollar
facultades de coertio y ejecutio que efectúa
el Estado y que delega en el Poder Judicial, para reconocer,
declarar ó ejecutar los derechos que reclaman ó
piden las personas en general como componentes de una sociedad, y
que al generar conflictos sociales, deben ser atendidos en
procesos de exclusiva atención del ente judicial. Si bien
es materia de otro tema el tratamiento de la exclusividad de la
función jurisdiccional en el Poder Judicial, no obstante
es importante tener en cuenta este Principio constitucional, por
cuanto es precisamente dicha exclusividad la que va a establecer
y condicionar la cantidad de procesos judiciales
que va a atender el órgano jurisdiccional para la
solución de conflictos. Es decir, la cantidad de
peticiones que se formulen ante el órgano jurisdiccional
ó los conflictos sociales que conozca por ser de su
exclusiva competencia, transformados en procesos, y a su
vez estos en expedientes, constituye la carga procesal
del órgano jurisdiccional.
El expediente judicial por tanto, es el cuaderno que
contiene cierta cantidad de documentos relacionados con el caso
judicial y que debidamente ordenado, va a servir para el
desarrollo del proceso propiamente dicho. Está constituido
por toda la documentación que guarda relación con
el caso judicial. Si bien en el sistema judicial peruano se viene
implementando tanto en las áreas civil, familia y labora,
y con algunas excepciones en el área penal, la
oralización del proceso, no obstante su
transcripción documentaria forma parte del
expediente, para formar precisamente al proceso
judicial. De otro lado, la concurrencia de pruebas instrumentales
y todos los documentos accesorios que sirvan para dar impulso al
proceso, son guardados en un solo cuaderno que torna en
material, el objeto del trabajo sustancial de los
órganos jurisdiccionales.
Bajo estas definiciones básicas de lo que
constituye el objeto de la función jurisdiccional -en
términos materiales para el objeto del presente trabajo-
podemos establecer válidamente que el trabajo de un Juez,
está representado por la cantidad de expedientes que tiene
que atender en su Despacho judicial, y por tanto, entran a tallar
otros factores para que esa atención sea eficiente en
términos de servicio y de calidad para una adecuada
respuesta judicial y solución al conflicto. Vale decir,
debe existir un tratamiento adecuado, para que esa cantidad de
expedientes pueda ser atendida de manera racional, sin que
desborde la capacidad instalada del despacho –aún
cuando en la realidad eso no ocurra- y sobre todo que se emplee
un plazo razonable para que la solución del conflicto sea
oportuna, es decir se aplique el principio de
eficacia1.
De otro lado, teniendo en cuenta que el proceso se
transforma en material por la formación de los
expedientes, el despacho judicial también va a requerir de
factores ó elementos materiales que satisfagan necesidades
de espacio (infraestructura) y logística, para ordenarlo
adecuadamente y poder establecer niveles de atención de
los procesos2.
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