Alcances de la protección del fuero sindical en el Peru

EXP. N.° 02318-2007-PA/TC

LIMA

CARLOS TELMO

QUIROZ RODAS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2009, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Telmo Quiroz
Rodas contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Lima, de fojas 322, su fecha 23 de noviembre de 2006, que declara
improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Suboficiales de la Policía
Nacional del Perú "Santa Rosa de Lima" Ltda., solicitando que
se deje sin efecto su traslado al puesto de personal auxiliar del Departamento
de Créditos y Cobranzas y que se ordene su permanencia en el puesto de
personal auxiliar del Departamento de Servicios Generales, aduciendo que tal
traslado ha sido efectuado sin su conocimiento y sin tener en cuenta que no
estaba capacitado para ello, con la consecuente amenaza cierta e inminente de
vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo, a la dignidad
humana y a la libertad sindical.

La emplazada, mediante escrito de fecha 22 de julio de 2005, interpone
excepción de prescripción extintiva, aduciendo que la variación
en el puesto de trabajo a la que hace referencia el demandante tuvo lugar en
el año 2000, por lo que la demanda deviene en extemporánea; solicita
también que se declare la improcedencia de la demanda, sosteniendo que
la relación laboral entre las partes ha concluido; y contesta la demanda
contradiciéndola y negándola en todos sus extremos, alegando que
el demandante sí fue capacitado para el puesto que iba a desempeñar
por lo que no existe justificación para el incumplimiento de obligaciones
laborales en que incurrió, el cual tuvo como consecuencia su despido.

El Cuadragésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 13 de
junio de 2006, declaró infundada la excepción de prescripción
y fundada la demanda, considerando que la variación impugnada por el
trabajador efectivamente lesionó su dignidad y carecía de justificación
toda vez que no resultaba de utilidad para los fines de la empresa el colocar
a una persona en un puesto para el cual no estaba debidamente capacitada.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda,
argumentando que resultaba de aplicación al presente caso el precedente
vinculante establecido en la STC N.º 0206-2005-PA, dada la existencia de
hechos controvertidos que haría necesaria una estación probatoria
para su dilucidación.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. La presente demanda de amparo tiene por finalidad que se deje sin
efecto el traslado del recurrente al puesto de personal auxiliar del Departamento
de Créditos y Cobranzas de la Cooperativa emplazada y se ordene su permanencia
en su puesto habitual, personal auxiliar del Departamento de Servicios Generales,
alegándose que tal traslado fue dispuesto sin requerir su consentimiento
y sin tener en cuenta que no estaba capacitado para ocupar tal cargo, con la
consecuente amenaza cierta e inminente de sus derechos constitucionales al trabajo,
a la dignidad humana y a la libertad sindical.

Procedencia del presente caso

2. Este Tribunal, mediante la STC N.º 0206-2005-PA, establecida
como precedente vinculante en aplicación del artículo VII del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y publicada
en el diario El Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha dejado sentado
los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones, relativas
tanto al régimen laboral privado como al público, que, por pertenecer
al contenido esencial del derecho fundamental al trabajo, merecen protección
a través del proceso de amparo.

3. Así, de acuerdo a los fundamentos 17 a 20 del citado precedente,
el criterio general, en cuanto al régimen laboral privado, es que aquellos
casos que se deriven de la competencia por razón de la materia de los
jueces de trabajo, los actos de hostilidad y los que tienen por objeto el cuestionamiento
y la calificación del despido fundado en causa justa, que se refieran
a hechos controvertidos, no serán tramitados en el proceso de amparo,
sino en el proceso laboral ordinario.

4. Sin embargo, tal como se señala en el fundamento 16 del referido
precedente, como excepción a dicho criterio general, las demandas fundadas
en las causales que configuran un despido nulo, entre ellas la afectación
a la libertad sindical, serán procedentes en la vía del amparo,
considerando la protección urgente que amerita ese tipo de casos.

5. En el caso de autos, si bien la pretensión del demandante está
dirigida al cese de un acto de hostilidad, se observa que éste podría
tener repercusiones en la libertad sindical, y siendo esta presunta afectación
uno de los supuestos que habilita el trámite de tal pretensión
por la vía del amparo, corresponde que este Tribunal emita un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto.

6. De otro lado, si bien en la demanda se alegaba la amenaza cierta e
inminente de vulneración de los derechos constitucionales del recurrente
al trabajo, a la dignidad humana, y a la libertad sindical; a la fecha de expedición
de la presente sentencia tal amenaza de vulneración se habría
concretado, puesto que, conforme está acreditado con la carta de despido
de fecha 1 de julio de 2005, obrante a fojas 86, la emplazada ha dado por terminado
el vínculo laboral que sostenía con el recurrente. En consecuencia,
de conformidad con el artículo II del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional, este Tribunal, en aras de resguardar la finalidad de
este proceso constitucional, es decir, la garantía de la vigencia efectiva
de los derechos fundamentales, cuenta con la debida competencia para analizar
si es que se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales
del recurrente y si corresponde, en consecuencia, ordenar la reposición
a la situación anterior a la vulneración de tales derechos constitucionales.

Libertad sindical

7. Tal como ya fuera señalado en la STC N.º 0206-2005-PA,
la libertad sindical es un derecho de especial relevancia en una sociedad democrática
por cuanto siendo, a decir del jurista Enrique Álvarez Conde[1], una
manifestación del derecho de asociación y, gozando, por tanto,
también de la naturaleza de los derechos de participación política,
permite la protección y promoción de los intereses de los trabajadores.

8. Asimismo, ya en la STC N.º 0008-2005-PI, este Tribunal ha dejado
establecido que este derecho tiene una doble dimensión: por un lado,
una dimensión individual o intuito personae, que tiene por objeto
proteger el derecho del trabajador a constituir un sindicato, a afiliarse o
no afiliarse a él y a participar en actividades sindicales, tal como
ha sido establecido en el artículo 1.2 del Convenio N.º 98 de la
OIT; y, por otro, una dimensión plural o colectiva, en virtud de la cual
se protege la autonomía sindical, es decir, el derecho de las organizaciones
de trabajadores de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración
y sus actividades y formular su programa de acción, conforme ha sido
establecido por el artículo 3.1 del Convenio N.º 87 de la OIT.

9. En cuanto a la segunda dimensión, la plural o colectiva, cabe
precisar que la libertad sindical presenta tres niveles de protección:

a) Frente al Estado, comprendiendo la autonomía sindical y la
personalidad jurídica del sindicato, es decir, el derecho de las organizaciones
de trabajadores a elegir libremente a sus representantes y a determinar su organización
y plan de acción, sin injerencias externas.

b) Frente al empleador, comprendiendo especialmente el fuero sindical
y la proscripción de prácticas desleales, esto es, que los dirigentes
sindicales cuentan con una especial protección para garantizar el desempeño
de sus funciones y el cumplimiento del mandato para el que fueron elegidos.

c) Frente a las otras organizaciones sindicales, comprendiendo el derecho
a la diversidad sindical.

Fuero sindical

10. Asimismo, tal como fuera señalado en el fundamento 12 de la
STC N.º 0206-2005-PA, el fuero sindical reviste especial relevancia dado
que sin él no sería posible el ejercicio de una serie de derechos
y libertades, tales como el derecho de reunión sindical, el derecho a
la protección de los representantes sindicales para su actuación
sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores sindicalizados y la
representación de sus afiliados en procedimientos administrativos y judiciales.
Del mismo modo, no sería posible un adecuado ejercicio de la negociación
colectiva y del derecho de huelga.

11. Por otra parte, la institución del fuero sindical, aquella
protección de la que gozan los dirigentes sindicales para el desempeño
de sus funciones, no solamente es consecuencia directa del reconocimiento de
la libertad sindical en el artículo 28º inciso 1 de la Constitución,
sino que ha sido desarrollada por el legislador en los artículos 30º
a 32º del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por
Decreto Supremo N.º 010-2003-TR.

12. Así, el artículo 30º del citado cuerpo legal establece
claramente que el fuero sindical garantiza a determinados trabajadores no ser
despedidos ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin causa
justa debidamente demostrada y sin concurrir la aceptación del trabajador.
El artículo 31º establece una enumeración de los trabajadores
que se encuentran amparados por el fuero sindical, entre los cuales se encuentran,
claro está, los miembros de la junta directiva del sindicato (inciso
b); mientras que el artículo 32º, prescribe la obligación
del empleador, a falta de convenio colectivo que regule estos temas, de conceder
permisos para la asistencia a actos de concurrencia obligatoria, hasta un límite
de 30 días naturales por año calendario.

Análisis de la controversia

13. En el caso de autos obra, a fojas 3, el Oficio N.º 014 SUTCA-2004,
de fecha 27 de septiembre de 2004, por el cual el sindicato comunica a la institución
emplazada la conformación de su junta directiva, siendo parte de ella
el demandante, en calidad de Secretario de Actas y Archivo. Por tanto, el demandante,
a la fecha de la variación del puesto de trabajo y del posterior despido,
ostentaba el cargo de dirigente sindical y, de acuerdo al inciso b) del artículo
31° del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, al ser parte
de la junta directiva del sindicato, estaba dentro del ámbito de protección
del fuero sindical y, en consecuencia, a tenor del artículo 30º
de la norma precitada, no podía ser trasladado a otro puesto de trabajo
dentro de la misma empresa ni mucho menos despedido sin la debida justificación.

14. No obstante la emplazada, mediante Memorándum N.º 169-RR.HH.-2005, dispone el traslado del demandante del Departamento de Servicios Generales, en el cual se había venido desempeñando por espacio de 30 años y en labores no propias de personal calificado, hecho que no ha sido negado por la parte demandada; al Departamento de Créditos y Cobranzas, para realizar labores de carácter administrativo, aduciendo como único motivo las necesidades del servicio, sin dar explicación alguna.

15. En consecuencia se ha producido una lesión del fuero sindical del demandante al haberse dispuesto, a contramano de lo establecido por los artículo 30º y 31º del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, su traslado a otro departamento de la empresa sin haber mediado previamente su consentimiento ni la expresión de la causa que justifique debidamente tal medida.

16. La lesión del fuero sindical del demandante no solamente es consecuencia de la infracción de los requisitos legales para el traslado de dirigentes sindicales, sino del hecho de que dicho traslado constituye en sí mismo una afectación de la libertad sindical del recurrente, pues al imponérsele una carga laboral excesiva y para la cual no estaba calificado, se le impide el adecuado ejercicio de las labores y responsabilidades propias de un dirigente sindical.

17. Por otra parte tal traslado indebido tuvo como objetivo final la vulneración del derecho constitucional del demandante al trabajo puesto que, del análisis de la carta de despido de fecha 22 de junio de 2005, obrante a fojas 86, se desprende que la falta grave justificante del despido consiste en el incumplimiento de las obligaciones laborales, tipificada en el inciso a) del artículo 25º del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, siendo justamente las obligaciones cuyo incumplimiento se imputa al recurrente las que le fueron asignadas como consecuencia del traslado de puesto que afectó su fuero sindical, conforme ya ha sido explicado en el fundamento precedente.

18. Además, para tal imputación no se tuvieron en cuenta criterios básicos de razonabilidad, dado que se encargaron nuevas tareas al demandante, conforme consta en el Memorándum N.º 0669-SGO-2005, de fecha 8 de junio de 2005, y en el Memorándum N.º 0680-SGO-2005, de fecha 8 de junio de 2005, sin siquiera haberle enviado previamente la carta funcional en la cual estaban establecidas sus labores, la cual recién fue enviada mediante Memorándum N.º 0685-SGO-2005, de fecha 10 de junio de 2005. Además, tales labores fueron encomendadas sin un tiempo razonable para su elaboración y sin tener en cuenta que el trabajador recién se había incorporado a su nuevo puesto de trabajo y requería de un plazo razonable para la adaptación a sus nuevas funciones.

19. Finalmente, el hecho, en el presente caso, de que otros integrantes de la junta directiva del sindicato hayan sido despedidos por motivos similares, conforme se desprende de la carta de despido de fecha 31 de mayo de 2005, obrante a fojas 16, por la cual se despide a la trabajadora Carmen Luisa Pérez Gutarra, quien se desempeñaba como Secretaria de Economía del sindicato, a quien también se le imputó el incumplimiento de obligaciones laborales, y de la carta de despido de fecha 10 de enero de 2005, obrante a fojas 7, por la cual se despide a la Secretaria General del sindicato, Pilar Delgado de Sánchez, a quien se le imputó no haber saludado al Presidente de la empresa como causa de despido, motivo a todas luces irrazonable, revela una clara actitud por parte de la emplazada de impedir el ejercicio de la libertad sindical por parte de sus trabajadores.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo.

2. Ordenar la reposición de don Carlos Telmo Quiroz Rodas como miembro del personal auxiliar del Departamento de Servicios Generales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú "Santa Rosa de Lima" Ltda., y exhortar a la emplazada a que no vuelva a disponer el traslado de personal perteneciente al fuero sindical sin la debida justificación.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ETO CRUZ

Autor:

Milton Julio Chingo Gomez

[1] ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. Madrid, 1999, p. 457.