Modelo Teórico de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada (Ven) (página 8)

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 14

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado Desconocido

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 15

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado El Cleiber

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 16

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado Niño Guerrero

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 17

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado Desconocido

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 18

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado Desconocido

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 19

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado Desconocido

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 20

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado Desconocido

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 21

Categorías, Subcategorías y Dimensiones Iniciales del Grupo Estructurado Desconocido

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).

Categorías y Subcategorías Iniciales de la

Información Documental y Legal

Seguidamente, el siguiente tejido revela en forma sistematizada y específica las cuatro (4) categorías iniciales y sus respectivas subcategorías, mediante los siguientes cuadros y figuras ilustrativas, dado el carácter de sistema de notación representativa surgida del análisis de los instrumentos legales y los reportajes periodísticos analizados.

Cuadro 22

Categorías Iniciales

Nota. Cuatro (4) Categorías.

Figura 14. Categorías Iniciales. Elaborada por el investigador (2015).

Cuadro 23

Categoría Inicial Conformación de Organización Temporal y sus Subcategorías

Nota. Ocho (8) Subcategorías.

Figura 15. Categoría Inicial Conformación de Organización Temporal y sus Subcategorías. Elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 24

Categoría Inicial Accionar Ilegal y sus Subcategorías

Nota. Catorce (14) Subcategorías.

Figura 16. Categoría Inicial Accionar Ilegal y sus Subcategorías. Elaborado por el Investigador (2015).

Cuadro 25

Categoría Inicial Beneficio Económico o Material y su Subcategoría

Nota. Una (1) Subcategoría.

Figura 17. Categoría Inicial Beneficio Económico o Material y su Subcategoría. Elaborada por el Investigador (2015).

Cuadro 26

Categoría Inicial Violencia Homicida y sus Subcategorías

Nota. Una (1) Subcategoría.

Figura 18. Categoría Violencia Homicida y sus Subcategorías. Elaborada por el Investigador (2015).

Análisis de la Información de Autores Seleccionados

Ahora bien, acorde con los reportajes periodísticos precitados, se destacan las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación social por parte de actores sociales, como la voz denunciante de la -Presidenta de la Organización No Gubernamental- Fundepro, tras develar el asesinato de más de, "mil 205 funcionarios policiales y militares en los últimos cinco años" (D´ Hoy, 2015b) cifra que a su juicio, "evidencia la falta de respuesta y eficacia en la atención del problema de una inseguridad ciudadana que terminó alcanzando a los efectivos de seguridad" (ibidem).

Al respecto, la óptica de Mármol se enfoca en la forma de estructura delictiva que él denomina Mega Bandas, dada la conformación de una especie de Micro Estados porque, "funcionan como un Estado paralelo" dentro del Estado venezolano. Se les considera así porque tienen los tres componentes fundamentales de cualquier nación: un "territorio" que dominan, una "población" que someten y un "poder" dado por las armas" (Hernández, 2015).

Por su parte Bernal precisa que, "una serie de bandas han hecho un pacto entre ellas, pero de guerra contra el Estado, contra el Gobierno, contra quienes hacen uso del ejercicio de la autoridad" (Davies, 2015) añadiendo que, "progresivamente se ha instalado en el crimen organizado, estructuras mafiosas que han logrado conformar ejércitos particulares y acumular grandes fortunas mediante el delito de la extorsión y secuestro" (ibidem).

Por último, la voz reveladora del -Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Aragua, Coronel- Sulbarán destaca, "a la muerte, el culto a la mafia y la violencia" (Redacción, 2015f) como los antivalores que cimentan la mayor parte de los actos delictivos en la realidad social venezolana.

Ahora bien, de acuerdo con las voces y las miradas críticas precedentes, se estima que las mismas, concretan y validan los reportajes periodísticos analizados según los cambios que experimentan los grupos estructurados, lo cual, llama a una profunda reflexión acerca de las nuevas categorías iniciales surgidas desde una nueva violencia homicida cuya terminología debe ser precisa y pertinente al ordenamiento jurídico vigente.

Por consiguiente, se partió primeramente desde la denominación establecida en la Resolución 55/25 (ob. cit.) acerca del Grupo Delictivo Organizado claramente señalado en el artículo 2. Mientras, que en segundo lugar la Locdoft (ob. cit.) establece la denominación de Grupo Estructurado en el artículo 4, numeral 12.

Por lo tanto, fue razonado y asumido el término Grupo, para precisar las estructuras delictivas existentes en el país; quedando de lado el tratamiento de banda, difundido profusamente en el argot policial y los medios de comunicación social, dado que el mismo no encuentra asidero dentro de la normativa jurídica vigente en la República Bolivariana de Venezuela.

Esto, hace necesario sintetizar toda una serie de hechos sucedidos en la cotidianidad, que constituyen un todo creciente, evolutivo y dinámico, que alude a la existencia en el país de los grupos estructurados de la delincuencia organizada desde una representación general de los hechos cuyos efectos negativos producen distorsiones en la noción teórica de la seguridad, la defensa y el desarrollo integral de la Nación, significándose:

• a) Un indetenible y creciente aumento de la tasa anual de homicidios, que para el año 2014 alcanzó una cifra máxima de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes; denotándose claramente la formación contínua de una creciente violencia homicida, que se ha instaurado en el país.

• b) El asesinato de personas de los ámbitos estratégicos del poder nacional, tras ser despojadas de sus pertenencias en la vía pública, lugar de trabajo o en la relativa seguridad de sus hogares; trascendiendo la desvalorización de la vida por las posesiones de la víctima; dado el erróneo prestigio del delincuente ante la atribución del mayor número de asesinatos.

• c) La nueva modalidad aplicada por los delincuentes consistente en accionar las armas de fuego múltiples veces, descargándolas completamente en las víctimas (contabilizando más de cien disparos en un solo cuerpo), y por si fuera, poco sus restos en determinados casos han sido descuartizadas y/o carbonizados, quedando así demostrada la existencia de una elevada saña, crueldad, culto por la muerte y desprecio por la vida.

• d) Los ataques contra comisiones y sedes policiales mediante el empleo de armas de guerra, donde se registra el uso de ametralladoras, fusiles y pistolas, cuantiosas municiones, granadas de mano e inclusive de lanza-cohetes, que implican enfrentamientos medidos en horas de duración.

• e) La cifra registrada en el año 2014 correspondiente al asesinato de doscientos cincuenta (250) funcionarios policiales y de efectivos militares para despojarlos del arma personal o de reglamento, así como del vehículo automotor preferiblemente del tipo camioneta o motocicletas de alta cilindrada; lo cual representa un claro desafío a la autoridad del Estado, que va en detrimento del sistema de seguridad de la Nación.

• f) La instauración y fortalecimiento del Pranato como nueva categoría de liderazgo en los grupos estructurados, propia de los líderes negativos que mantienen el control en las cárceles, y han extendido sus redes al exterior mediante el despliegue de una amplia red delictiva extendida por el país, que responde a beneficios económicos o materiales.

• g) El desplazamiento de la autoridad del Estado en porciones del territorio nacional para el desarrollo libre e impune de actos delictivos de toda especie particularmente del robo de vehículos y residencias, el secuestro en sus diversas modalidades, la extorsión de comerciantes y empresarios de todos los sectores productivos, el tráfico y comercio ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, armas de guerra, municiones, partes, accesorios y artefactos explosivos.

De esta forma, tales anomias orientaron al investigador hacia los conocimientos de los estudiosos más destacados en la investigación de este fenómeno ocurrente en el país, en virtud de su visión autóctona y sus aportes onto-epistémicos desde los cuales han emergido una serie de términos hasta ahora aceptados en el ámbito académico nacional.

Para ello, fue necesario enlazar los contenidos de los instrumentos jurídicos con los actos de la realidad, bajo la mirada de los actores sociales del Estado; aquí se hace oportuno citar de nuevo las declaraciones del entonces Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica Rangel tras revelar la existencia de, "aproximadamente 280 bandas que representan unos 10 mil miembros" (Rangel, 2014b). Esta declaración permite entrever que estas entidades delictivas se encuentran compuestas por una cantidad aproximada de treinta y cinco (35) a treinta y seis (36) integrantes, que bien pueden alcanzar hasta un centenar de integrantes, parafraseando las estimaciones realizadas por el -Coronel- Ruiz (Fontainés, 2014, p. 24).

En atención a los señalamientos precedentes, despuntan entre los grupos estructurados más representativos al momento de desarrollarse la investigación, el grupo denominado El Picure, cuyo accionar se extiende geográficamente al sur del estado Aragua y al norte del Estado Guárico, alcanzando parte del Distrito Capital y el oeste del Estado Anzoátegui.

Grupo, significado por el investigador ante la violencia homicida matizada por el asesinato de treinta y dos (32) personas donde se contabiliza a seis (6) funcionarios policiales, tres (3) de ellos pertenecían al Cuerpo de Policía del estado Aragua y tres (3) al Cicpc. Respecto a tales asesinatos, Ruiz destaca su perpetración mediante la planificación, "por encargo y extorsiones con el Fusil Automático Liviano (FAL), fusil automático R-15, armas de fuego calibre 9 mm marcas Glock y Beretta y pistolas con peines extra largos entre otras armas de guerra AT4 y el suministro de artefactos explosivos" (Fontainés).

Asimismo, agrega que el elevado poder de fuego de las armas de guerra ha permitido a los grupos delictivos, "la ejecución de sus crímenes, especialmente los homicidios, los hacen efectuándole múltiples disparos por arma de fuego" (ibidem). En este orden, el -Gobernador del Estado Guárico- Rodríguez, refiere la existencia de una "escuadra femenina armada" (Rojas, 2013) mostrándose así la adhesión del elemento criminológico femenino.

Lo mencionado permite destacar en los grupos estructurados la existencia del Código Mortal, ideado para simbolizar la ejecución de los homicidios con la mayor saña y crueldad, lo cual, otorga el respeto entre sus miembros y el temor de las personas. Esto, circunscribe según Mendoza (2004) en la intencionalidad de, "acabar con toda vida humana, mediante el uso del alto potencial tecnológico armamentista" (p. 103) sin discriminación.

Así, lo refleja como un claro ejemplo de la realidad la muerte violenta ejecutada con, "múltiples disparos en los ojos" (Rojas, 2015) por parte de los integrantes del grupo estructurado El Picure contra el -Coronel- Ruíz, quien fuera sorprendido en la relativa seguridad del hogar. Por lo tanto, este homicidio, representa una seria advertencia ante el peligro existente para quienes asuman el estudio de la delincuencia organizada en el país.

Analogía entre los Actos Delictivos que perpetran los

Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada y las

Prácticas del Terrorismo

En un sentido específico respecto a la Violencia Terrorista vertida desde sus actos contra bienes jurídicos tutelados como la vida, la integridad física y la libertad individual el Consejo de Seguridad de la ONU, estableció la Resolución 1566 (2004) donde:

3. Recuerda que los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo.

Tal resolución permite extraer e hilar, dos (2) elementos teóricos-descriptivos: el amedrentamiento y la doblegación que permiten preservar el continuum constructivo e integrador del tejido concerniente a las siguientes categorías emergentes iniciales del terrorismo como amenaza referencial:

Amedrentamiento de la Sociedad (ASD)

Sembrado mediante el terror infligido contra las victimas provenientes de las atrocidades cometidas durante la perpetración de los actos del terrorismo, que persiguen reducir y eliminar la identificación y el apoyo de la sociedad hacia el Estado, por la ineficiencia para prevenir la materialización de este tipo de actos, que lejos de acercar adeptos a razones que jamás justifican el accionar de cualquier grupo terrorista, porque desde siempre encuentran un efecto contrario de repudio y rechazo global tallado sobre actos, que persiguen la;

Doblegación de la Sociedad (DSD)

Producida en la sociedad ante el asedio y desprotección por parte del Estado, por cuanto se estima que cada acto del terrorismo desafía y pone a prueba su capacidad para defender la sociedad; tal situación pone en duda la vigencia de los conceptos y definiciones, que nutren los modelos de seguridad y por ende las políticas de seguridad pública, por cuanto el Estado se ve igualmente doblegado al verse obligado o disuadido para la toma de una medida o decisión.

Al respecto, las resoluciones citadas evidencian la proliferación de la amenaza del terrorismo desde la transmisión de su carácter amenazante cimentado en la praxis de cada uno de sus actos. Para tales efectos, la Resolución 2083 (ob. cit.) aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU posee contenidos que recogen, muestran y amplían la naturaleza definicional, mediante la incorporación de nuevos elementos teóricos surgidos del dinamismo ejercido por los actos de terrorismo que han sido perpetrados en el mundo, por lo tanto:

El terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad y que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, y reiterando su condena inequívoca de personas, grupos, empresas y entidades asociados con ella, por los constantes y múltiples actos criminales de terrorismo que tienen como finalidad causar la muerte de civiles inocentes y otras víctimas, destruir bienes y socavar profundamente la estabilidad.

Ante la nueva disposición en los contenidos de la resolución precitada, el investigador logra reconocer tres (3) elementos teóricos-descriptivos de las formas, amenazas y entidades a ser entretejidas en las categorías emergentes iniciales:

Nuevas Configuraciones Asumidas (NCA)

Estas deben ser objeto de estudio constante e indetenible, mediante el análisis del rediseño propenso a hacer compleja la estructura organizacional de cada grupo terrorista tendente a la apropiación de los nuevos avances tecnológicos en el campo del armamento y las comunicaciones, las cuales traen consigo la formulación de nuevas formas de acción difuminadas con otras amenazas, generando mayor confusión en lo relativo a la capacidad regulatoria, dados los contenidos teórico-jurídicos presentados, asumidos e interpretados en el ordenamiento internacional y nacional.

Amenaza para la Paz y Seguridad (APS)

Devenida de la naturaleza violenta y por tanto violatoria de todo ordenamiento jurídico, que la categoriza como un delito universal sumamente grave, objeto de persecución por todos los países del mundo. En este sentido se comprende, que el terrorismo, constituye una de las amenazas más graves en virtud de la expansión global de sus actos, que vulneran la seguridad desde su raigal como garante de un ambiente de paz libre de peligros y amenazas para todas las personas.

Apoyo de Entidades Adeptas (AEA)

Que desarrollan actividades lícitas e ilícitas, despuntando estas últimas por parte de los grupos delictivos encargados de desarrollar delitos de narcotráfico; extorsiones; secuestros; sicariatos; tráfico de armas, explosivos y municiones para la adquisición de efectos, bienes, instrumentos y ganancias orientadas a financiar actos terroristas.

Ahora bien, ante las categorías emergentes iniciales desembocados, destaca el pensamiento de Martínez (2008) tras aseverar que, "es necesario dar mayor importancia a lo cercano, regional, nacional, iberoamericano, ya que comparte más nuestra cultura e idiosincrasia" (p, 138).

Es así, como a la luz de la realidad social venezolana, es invocada la definición de terrorismo alcanzada por Gómez (2012b) como un acontecimiento que repercute en la libertad, independencia e integración de la Nación venezolana, por lo tanto, y según la autora precitada:

El terrorismo en Venezuela es la amenaza o la realización de uno o varios actos contra los intereses nacionales, la vida, integridad corporal, salud o libertad de las personas; la destrucción o intervención de los servicios públicos; destrucción o apropiación del patrimonio ajeno u otro acto en forma ilegítima e ilegal con el objeto de perturbar el libre goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, por parte de persona o grupo de personas, cuyas acciones sucediéndose sistemáticamente o no, sean capaces de alterar el orden interno y externo amenazando o poniendo en riesgo, la Seguridad de la Nación. (p. 179)

Esta referencia teórica del terrorismo, permite derivar cinco (5) elementos teóricos-descriptivos: la amenaza a los intereses, la destrucción, la asociación y la amenaza a la seguridad de la Nación, donde brotan cinco (5) categorías iniciales, resaltando la primera con cuatro (4) subcategorías:

Amenaza a los Intereses Nacionales (AIN)

Brotados de la CRBV según sus principios fundamentales y demás artículos inherentes, como intereses colectivos a ser resguardados por el Estado junto a las personas en el territorio nacional, contra los grupos de amenazas, donde despunta el terrorismo y la delincuencia organizada, desde un enfoque vinculante. En atención a ello, se erigen los siguientes intereses:

Intereses Irrevocables (AIN-IIR). Elevan a Venezuela para su declaración como República Bolivariana, alcanzando a establecerse como una Nación irrenunciablemente libre e independiente de cualquier forma de dominación extranjera (CRBV, art. 1) en la conciencia colectiva.

Intereses Fundamentales (AIN-IFU). Se cimentan en la doctrina del Padre Libertador Simón Bolívar, apreciado como símbolo popular de unidad nacional, desde el cual manan, "el patrimonio moral y los valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional" (ibidem).

Intereses de Bienestar (AIN-IBI). Estos concurren en los valores superiores a todo ordenamiento jurídico y de actuación por parte del Estado, tales como: "la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos, la ética y el pluralismo político" (art. 2).

Intereses Transitorios (AIN-ITR). Encontrados en los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo (CRBV, art. 236, num. 18) materializado en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (CRBV, art. 187, num. 8) desde sus grandes objetivos históricos donde subyacen el Objetivo Nacional, Estratégicos y Generales:

I. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional.

II. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad" para nuestro pueblo.

III. Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América.

IV. Contribuir al desarrollo de una nueva Geopolítica Internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del Universo y garantizar la Paz planetaria.

V. Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana.

Destrucción o Intervención de Servicios Públicos (DSP). Mediante actos terroristas orientados a violentar su seguridad, para causar la pérdida total o parcial y/o la intrusión de las instalaciones, equipos y materiales (electricidad, telefonía móvil o fija, internet, gas doméstico, aguas blancas/servidas, hospitalarios, educativos, identificación y extranjería, aseo urbano) evitando su suministro y distribución eficiente a todos y cada uno de los usuarios, creando enormes perturbaciones que afectan al desarrollo económico y social.

Destrucción o Apropiación del Patrimonio Ajeno (DPA). Integrado por propiedades materiales muebles o inmuebles, reemplazables o no, tras ser vulnerada su protección por medio de la perpetración de actos terroristas, que los afectan de manera directa o indirecta, perjudicando la calidad de vida de las personas al verse privadas del libre acceso y empleo.

Asociación de Grupos de Personas o Persona (AGP). Orientada a contrariar los deberes y derechos establecidos en la CRBV, mediante la perpetración de actos orientados a menoscabar todo ambiente de paz, armonía y desarrollo, particularmente del orden público, porque comporta la generación de situaciones de peligro, riesgo o amenaza la vida, libertad y seguridad de las personas. Por lo tanto, toda asociación delictiva, es una expresión de perversión y tergiversación del derecho de asociación con fines lícitos, que consagra la CRBV en su artículo 52.

Amenaza a la Seguridad de la Nación (ASN). Ante el quebrantamiento de los Principios de la Seguridad de la Nación, previstos en la CRBV, ante un accionar homicida y destructivo lesionador de todo los contenidos de la Carta Magna y demás leyes; suprimiéndose así el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos de las personas, al trastocarse el desempeño de las actividades que favorecen el desarrollo sustentable y productivo de los ámbitos estratégicos del poder nacional.

Ahora bien, con el claro objeto de alcanzar una mayor comprensión del fenómeno conforme a las categorías iniciales acerca del terrorismo previsto como una amenaza referencial, es necesario y pertinente, retrotraer los contenidos de los reportajes periodísticos analizados anteriormente en el contexto nacional, en virtud de la potencialidad demostrativa y comparativa, que poseen los actos delictivos reseñados en cada artículo.

Conforme a esta particular visión del investigador, y con la finalidad de no ser exhaustivo respecto a los cuantiosos actos terroristas que suceden con una frecuencia diaria en el contexto global, debidamente registrados y entretejidos para formar la respectiva capa anual del tejido del terrorismo, de allí, que ante las categorías iniciales mencionadas se cita como máxima expresión relacionable con los actos delictivos perpetrados en Venezuela y los contenidos que hasta ahora han sido alcanzados; el acto terrorista perpetrado el 7 de enero de 2015 en Paris – Francia, de acuerdo a los contenidos del siguiente reportaje periodístico:

El terror se apoderó ayer de Francia con un bárbaro ataque contra el corazón de los valores de la República y de Occidente en general. Al menos dos de los tres autores del atentado penetraron a tiros a media mañana en la redacción del semanario satírico y progresista Charlie Hebdo y asesinaron a quemarropa a 12 personas, la mayoría miembros de la redacción, incluido su director, Stéphane Charbonnier

Los atacantes, vestidos de negro y enmascarados, penetraron en la sede de la revista, situada en el bulevar Richard Lenoir, en el distrito 11 de la capital francesa, poco después de las 11 de la mañana. Una hora antes, había comenzado en la segunda planta la habitual reunión semanal del equipo directivo, lo que indica que, muy probablemente, los terroristas tenían información de las actividades de la revista. Los atacantes, con fusiles Kaláshnikov, recorrieron las dependencias durante 10 minutos mientras disparaban a redactores y empleados a muy escasa distancia.

En su huida, y de nuevo al grito de "Alahu akbar", los terroristas dispararon y remataron en el suelo a un policía que había acudido al lugar. Su vehículo recibió 15 impactos de bala en el cristal delantero. Un segundo agente, el encargado de proteger al director de Charlie Hebdo, había sido igualmente asesinado poco antes en la segunda planta del edificio.

Al menos dos de los asaltantes huyeron a bordo de un pequeño Citroën de color negro en el que habían llegado y fue abandonado poco después a escasa distancia, tras haber chocado con un vehículo. Durante la fuga, los atacantes olvidaron un carné en el interior del Citroën, que ayudó a la policía posteriormente a trabajar en sus identidades. Los terroristas reanudaron la huida tras el accidente en otro coche que robaron. (Yárnoz, 2015)

Dos días en fuga

El gobierno francés eleva al máximo el nivel de alerta de atentados en Francia y los departamentos colindantes al norte. Empiezan las detenciones y registros.

El viernes, en un suceso en principio ajeno, un individuo asesina a una agente de la policía local en las afueras de París. Casi al mismo tiempo, un empleado de una gasolinera a unos 80 kilómetros al norte de París identifica dos jóvenes que han robado en el establecimiento como los hermanos Kouachi. (Agencia EFE, 2014)

Desenlace violento

Los hermanos Kouachi son localizados tras haberse atrincherado en una imprenta en la localidad de Dammartin-en-Goele, al noreste de París, donde también queda retenido un trabajador.

Por su parte, en París el mismo sospechoso del asesinato de una policía la víspera, identificado como Amedy Coulibali se atrinchera en un supermercado judío, donde se hace fuerte con varios rehenes.

Se empieza a establecer un vínculo entre ambos sucesos. A las 18.00, unidades de operaciones especiales inician casi simultáneamente el asalto a la imprenta y al supermercado. Abaten a los tres supuestos yihadistas. (Vallejo, 2015)

El contenido precedente, evidencia claramente la conmoción del orden social, que genera en toda una Nación y el resto del mundo este tipo de actos, categorizados como actos terroristas, comportando una profunda reflexión su similitud con los actos delictivos que son perpetrados a diario en diversos estados de Venezuela con una violencia homicida que resulta equiparable. Esto, lleva a presuponer que la violencia homicida de la delincuencia organizada constituye una categoría inicial que colinda con la categoría violencia terrorista emergida y muy propia de dicha amenaza.

Sobre este ataque terrorista ocurrido en Francia, se considera de sumo interés el tratamiento brindado por el Estado Francés respecto a la determinación de intervenir ante la amenaza que representa el terrorismo en su territorio, ante el abatimiento nacional y global que produce este tipo de actos poco frecuentes y por tanto causantes de gran expectación en la cotidianeidad de todos sus ciudadanos, ante la desestabilización política, producida por la sociedad en demanda de su protección, por una parte.

Y, por otra ante el claro repudio que produce la violencia terrorista por la réplica en esas latitudes del código mortal ante la saña y crueldad ejercida contra las víctimas civiles inocentes, así como contra los miembros de las fuerzas del orden, que en cumplimiento de su deber ofrendan su vida en aras de la paz y la seguridad de las personas, ante lo cual el Estado Francés no permaneció inerme.

Tal situación es fijada en el contexto nacional, a través de los artículos analizados, cuyos contenidos a juicio del investigador poseen una mayor carga de violencia delictiva, que en determinados casos sobrepasa en comparación con este acto representativo de la violencia terrorista, tras difuminar la violencia que muestra la delincuencia organizada a través de sus actos. Tal reflexión resulta aún más expectante, porque, estos actos son parte de la cotidianidad de todas las personas en Venezuela.

Habida cuenta, el juicio del investigador fija, que las categorías iniciales emergidas hasta el momento confluyen, se entremezclan y diluyen entre ambas amenazas en la realidad social venezolana, al punto de ser parte del día a día, porque sus efectos se muestran en la pasividad, reacción tardía o conformismo que resultan débiles para contrarrestar a la delincuencia organizada con total eficiencia por el Estado, debido a la falta de conocimientos cónsonos con el contexto del momento, para que los actores sociales del Estado reformulen las políticas de seguridad pública, destinadas a mejorar sustancialmente la protección de todas las personas.

Mientras, que el Accionar Ilegal, constituye per se una categoría común para ambas amenazas en virtud de su naturaleza pluriofensiva, claramente evidenciada a través de la analogía que muestran sus actos desde la organización estructural, los recursos de armamento de guerra, municiones, explosivos, comunicaciones, transporte y especialmente el territorio que dominan para doblegar a la sociedad y desestabilizar el Estado.

Por lo tanto, se entrevé que los grupos estructurados han adoptado las prácticas del terrorismo; requiriendo su ratificación desde los significados que asignan los actores sociales entrevistados, con el objeto de canalizar y articular las categorías iniciales con otras categorías que de ellos surjan para comprender de esta manera, una forma de vinculación autóctona.

Cuadro 27

Categorías Iniciales de la Analogía entre los Actos Delictivos que perpetran los Grupos Estructurados y las Prácticas del Terrorismo

Nota. Diez (10) Categorías. Cuatro (4) Subcategorías.

Figura 19. Categorías Iniciales de la Analogía entre los Actos Delictivos perpetrados por los Grupos Estructurados y las Prácticas del Terrorismo. Elaborada por el Investigador (2015).

Para consumar la capa correspondiente a las Categorías Iniciales y sus Subcategorías se muestra la siguiente figura. Sin embargo, es necesario aclarar que la escala de los contenidos que posee cada imagen, posee un carácter referencial, por lo tanto, se sugiere su visualización previa conforme a los contenidos de cada figura precedente, por ello, la idea intencional del investigador con esta imagen es facilitar una visualización totalizante:

Figura 20. Totalización de las Categorías Iniciales. Elaborada por el Investigador (2015).

Interpretación de los Significados Asignados a los

Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada y a la

Analogía entre los Actos Delictivos que perpetran dichos grupos y las

Prácticas del Terrorismo

Desde los hilos reflexivos de las referencias legales, teóricas, reportajes periodísticos y enfoques descriptivos de los actores sociales, el investigador y sus experiencias vivenciales y laborales entreteje la conceptualización de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada como:

Estructuras delictivas sobredimensionadas para la perpetración de actos propensos al robo, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y el sicariato; envueltos en una creciente espiral de violencia homicida, matizada por la saña y crueldad ejercida desproporcionalmente contra sus víctimas, que les confiere la apropiación de armas de guerra, cuyo poder de fuego permite desplazar toda autoridad del Estado para la implantación de un orden delictivo terrorista, comprendido por la imposición del control, la dominación y el sometimiento de la población que habita una determinada porción de territorio, atentando así contra todos los deberes y derechos que consagra la Constitución y demás leyes, de cara a generalizar la inestabilidad en todos los ámbitos estratégicos del poder nacional, tras vulnerarse la capacidad del Estado para brindar protección a las personas.

Respecto a la noción del grupo estructurado, como una estructura de naturaleza delictiva, es citada la Lospinmcf (ob. cit.) en su artículo 58 que fija la Definición y Perfil de la Unidad Especial de Apoyo a la Investigación ante la existencia de, "estructuras criminales sofisticadas o individuos o casos en los cuales, debido al perfil, relaciones y modalidades de actuación, la intervención con medios y recursos usuales resulte insuficiente o inefectiva"; de allí que tal contenido precisa al grupo estructurado desde sus categorías.

Por lo tanto, el ordenamiento jurídico nacional, tipifica una amenaza a la seguridad, que requiere ahondar su definición teórica a fin de comprenderla en su totalidad, no solo por la búsqueda del objetivo primordial de reducirla, sino, para prevenir las disfunciones y carencias sociales que llevan a su conformación y expansión.

Para ello, es esencial extraer de la definición precitada, los elementos teórico-jurídicos específicos de estas estructuras criminales, desde el aprovechamiento del conocimiento existente, a ser nuevamente entretejido para formar un nuevo tejido de conocimientos, permitiendo así mantener una continuidad y correspondencia con los elementos teórico-jurídicos definicionales y demás elementos surgidos de nuevos actos delictivos subyacentes a todo Grupo Estructurado recalcados mediante los elementos teórico-jurídicos que llevan a una definición soportada teóricamente y apropiadamente modelada desde el sentido que brindan las experiencias y vivencias del investigador como Funcionario Policial para concretar:

• a) El Perfil: se encuentra configurado por el conjunto de actos delictivos perpetrados por un grupo estructurado que involucra el uso trágico de la violencia homicida para alcanzar un mayor prestigio respecto a otros grupos estructurados existentes en porciones de territorio adyacentes a los espacios dominados por un determinado grupo.

• b) Las Relaciones: se mantienen por acuerdos o pactos entre los grupos estructurados, para la perpetración de actos delictivos en zonas controladas por líderes negativos, que bien pueden encontrarse privados de libertad en las cárceles, fugitivos o plenamente libres, tras establecer redes operativas con otros grupos estructurados presentes en otros territorios cercanos, una vez unidos en alianzas orientadas para cesar sus luchas internas para fortalecerse, confrontar y expulsar a los cuerpos policiales.

• c) Las Modalidades de Actuación: obedecen al delito a perpetrar (robo, secuestro, extorsión, sicariato) mediante una serie de requerimientos operativos y funcionales que orientan el crecimiento del número de integrantes de cada grupo estructurado, para que cumplan determinadas funciones de manera individual y/o en equipos bajo una planificación previa mediante el uso de armas, municiones, explosivos, comunicaciones, transportes y refugios, de forma semejante a los grupos terroristas.

Estos tres (3) elementos, a juicio del investigador, han fortalecido a los grupos estructurados de la delincuencia organizada, por cuanto superan a vivas luces la capacidad del Estado para prevenirlos y reducirlos, ante su indefinición teórica que lleva a desconocer, y por tanto, a mantener los criterios de actuación dentro del sistema de seguridad de la Nación, como sí se tratara de grupos delictivos clásicos. Esto, orienta la necesaria renovación de los conocimientos existentes, ante la falta de apreciación en la asimetría del poder demostrado y la inacción del Estado para adecuar el sistema de seguridad de la Nación al accionar de una nueva manifestación delictiva.

De esta manera se comprende, que las respuesta legítimas del Estado a razón de la sofisticación de los grupos estructurados es acudir a su FANB para que intervenga ante la innegable asimetría existente entre los medios que poseen estos grupos, respecto a los medios lícitos provistos por el Estado para el desempeño de los cuerpos policiales, cuya capacidad de respuesta se ve reducida al punto de desplazar su autoridad.

Por lo tanto, el elemento disuasivo de la FANB aplicado para anular la sofisticación estos grupos ha sido rebasado, porque evidentemente no ha logrado disminuir hasta la fecha la tasa anual de homicidios, cuyas cifras como efecto contrario incluyen a los miembros del sistema de seguridad de la Nación, ahora convertidos en víctimas fatales de la violencia homicida.

Comprensión de la Analogía entre los Actos Delictivos que perpetran los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada y las

Prácticas del Terrorismo, como una Amenaza que Trasciende la

Seguridad Ciudadana hacia la Seguridad de la Nación

En este tejido analítico, puede contrariamente ser permeado y por tanto contraproducente, tras ser carcomido por estas amenazas al desentender su vinculación y apartarla de la gestión de políticas de seguridad pública, poco acertadas y alejadas de la realidad, debido a la persistente visión sobre la delincuencia organizada como un problema de seguridad relativo a la violación de la ley, cuyo auge no alcanza a afectar el contexto nacional.

Visto desde esta mirada, el Estado puede negligentemente suplantar el tejido universal de la Seguridad por la Inseguridad (formada por raíces latinas y significa riesgo, peligro "in [negación], se [separar], curus [cuidado] más el sufijo –dad [cualidad], Diccionario Etimológico).

De esta manera se comprende, que la inseguridad es significada dentro de la investigación desarrollada como la ausencia en todo sentido de la protección que ha sido confiada por los ciudadanos como un deber impostergable, ineludible e intransferible del Estado, que le obliga a garantizar la vida y la libertad de las personas en las dimensiones individual, societal y nacional que la perciben y padecen.

Esto, traslada hacia la reflexión de la situación de inseguridad vivida en la Nación, bajo la mirada crítica del investigador ante la proliferación de un ambiente fértil y de total impunidad para la comisión de todo tipo de delitos particularmente del tráfico de drogas ilícitas, el secuestro, la extorsión, el sicariato, el robo y hurto de vehículos, así como de viviendas, aunado el contrabando de alimentos desde redes dispersas por el territorio nacional.

En consecuencia, la delincuencia organizada ha captado una porción de la juventud venezolana, que la percibe como modus vivendi alternativo para la subsistencia, al suplir la falta de alcance de las políticas orientadas para preservar la calidad de vida en la familia, "como unidad insustituible en el desarrollo y formación integral del individuo" (LOSN, art. 9) porque la seguridad de la Nación se fundamenta también en la, "satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas… sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo" (CRBV, art. 326).

Lo referido, comporta la desfiguración de una porción creciente de las familias en los sectores más pobres de la sociedad venezolana, que evita la completa refundación de la Nación para el establecimiento de, "una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado" (CRBV, Preámbulo).

He ahí, que las políticas de seguridad pública se deben redireccionar e intervenir para dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado desde la defensa de cada persona hasta su desarrollo pleno, porque cada una constituye el elemento para la conformación de los ámbitos estratégicos del poder nacional orientado a, "la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes" (CRBV, art 3).

Esto, subraya la descomposición sufrida por los órganos del Estado dispuestos para brindar seguridad, administrar justicia y hacer purgar la pena impuesta a los transgresores de la ley. Ello, por una parte comprende la corrupción correspondida o bien mediante el desvió u omisión de toda acción en la esfera de las atribuciones inherentes a cada funcionario, producto de las amenazas de muerte que son proferidas por miembros de los grupos estructurados.

A esto se adiciona, la infiltración de los órganos ante el temor e influencia signada por la nueva figura delictiva conocida como el Pranato, existente en los recintos penitenciarios, que ahora sirven como ejes de planificación y acopio de bienes derivados de todo tipo de delitos perpetrados contra quienes forman los ámbitos estratégicos del poder nacional.

De esta manera se comprende, que este fenómeno delictivo viene marcando una falsa premisa de paz y promoción de la reinserción social para quienes se encuentran en estos recintos, despuntado la extrapolación de la figura delictiva del pranato al exterior, prosiguiendo la réplica de la falsa premisa de paz entre los grupos delictivos radicados en las diferentes barriadas populares diseminadas en cada uno de los estados del país.

Este deterioro de una porción significativa de la sociedad, amenaza con extenderse, porque constituye una tergiversación efectuada por parte de los miembros que integran los grupos delictivos del Plan de Paz y Convivencia Nacional adelantado por el Estado venezolano el 14 de febrero del 2014 como una, "iniciativa gubernamental que tiene como objetivos fundamentales la construcción de la paz ciudadana y la lucha contra la criminalidad, apostando también por el desarme de la población". (Telesur, 2014) entretejida a la Gmatvv, conforme a ello, el entonces Viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Rangel declaró a la opinión pública que dicho plan busca, "educar y apelar a la conciencia de los delincuentes para que abandonen el camino de la violencia" (Machado, 2015).

Dicho plan, ante la mirada crítica del investigador posee una intencionalidad axiológica vertida a inculcar y fortalecer los máximos valores esenciales que propugna la CRBV desde su Preámbulo para la existencia de la Nación venezolana, mediante el impulso humano mancomunado de:

La libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna.

Como efecto de una asimilación contraria de estos máximos valores, los territorios declarados Zonas de Paz por el Estado bajo el criterio de selección de los municipios cuyas barriadas poseen una elevada tasa de homicidios. Sin embargo, se mostró un efecto contrario al ser ampliado el espectro de la incidencia delictiva por parte de los grupos delictivos allí presentes para:

• a) Mantener cautivas y privadas de su libertad a aquellas personas que han sido objeto del delito de secuestro;

• b) Ocultar vehículos automotores objeto del delito de robo o hurto;

• c) Ocultar personas requeridas por los tribunales de justicia;

• d) Extender la práctica de extorsiones masivas a los comerciantes del sector a cambio de seguridad;

• e) Traficar drogas ilícitas;

• f) Traficar armas, municiones y explosivos;

• g) Trata de personas, entre otros delitos tipificados que surjan.

Tal situación circunscribe, contrariamente en el resquebrajamiento progresivo de la capacidad de respuesta y credibilidad por el desplazamiento forzado del ejercicio de la Función Policial ante los consecutivos ataques cometidos en los barrios populares contra las comisiones y sedes policiales.

Como ejemplo de lo real, se citan los ataques contra funcionarios policiales que sucedieron el 5 de junio del 2015, en el Distrito Capital, tras explotar varias granadas que fueron arrojadas en la Avenida Guzmán Blanco (Cota 905) hiriendo a siete (7) funcionarios y destruyendo diez (10) vehículos moto de patrullaje pertenecientes a la Policía Municipal de Caracas.

Asimismo, el 11 de agosto de ese mismo año, en Maracay – estado Aragua, fue atacada y desalojada con granadas de mano y el fuego de fusiles, la sede policial del populoso barrio San Vicente, dejando como saldo un (1) funcionario fallecido y dos (2) heridos.

Sumándose, los ataques perpetrados con granadas de mano y fusiles contra sedes de los cuerpos policiales, así como del Cicpc en ubicadas en el Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Guárico y Miranda durante el transcurso del año 2015; junto a los asesinatos diarios de funcionarios policiales y efectivos militares en los demás Estados del país.

Este fenómeno, obedece a la idea fijada por los grupos estructurados, consistente en la apropiación de la responsabilidad de la seguridad para así impartir justicia bajo sus propios códigos, dentro de una valoración axiológica completamente contraria a los contenidos de la CRBV y demás instrumentos jurídicos nacionales y convenios suscritos por la República.

Evidentemente, este fenómeno va a desplazar la figura y presencia del Estado venezolano, al verse afectado el Orden Interno (LOSN, art. 18) tras fijarse en la ciudadanía, el acostumbrarse y aprender a vivir en un ambiente inseguro, que forja la noción de un Estado débil para prevenir y reducir el delito; así como para impartir justicia y garantizar el disfrute de los valores y principios constitucionales.

Tal situación, va resultando sumamente beneficiosa para la generación de un terreno fértil para el crecimiento contrariamente seguro de los integrantes de las estructuras delictivas, quienes se ven fortalecidos, asegurados e impunes para perpetrar actos que van a degradar, someter y transformar toda una sociedad desamparada y a merced de los mismos.

Por consiguiente, se acrecienta la demanda de seguridad individual y colectiva suplida por el Estado venezolano, ante un cuerpo social afectado por un cáncer delictivo propagado que afecta las células que integran la definición de seguridad ciudadana (LCSC, art. 1) cuya metástasis afecta por igual a la seguridad de la Nación (LOSN, art. 2). Tal reflexión, lleva a plasmar un tejido de los conjuntos humanos de la realidad social del momento.

El Primer Conjunto, se integra por los grupos estructurados que han asumido las prácticas del terrorismo para colocar en grave peligro la vida de cada persona integrante de los ámbitos estratégicos del poder nacional, dada la acción invasiva y violatoria de los derechos humanos y los derechos de la Nación, especialmente de la soberanía del territorio nacional, al ser desplazada forzada e ilegalmente la autoridad del Estado para evitar que sea brindada la protección necesaria que previene la intrusión en los espacios para evitar la comisión de delitos, que hacen peligrar la democracia, configurando un Cuerpo Delictivo Organizado adverso a la seguridad.

El Segundo Conjunto, se integra por todas las Personas Desprotegidas en el territorio nacional, que sobrellevan sus vidas bajo el permanente asedio de la inseguridad, resignando su existencia, ante el primer conjunto.

El Tercer Conjunto, lo forman las Personas Migrantes que abandonan el país para evitar sucumbir ante la inseguridad, que genera un ambiente negado a la paz y el progreso, y toda posibilidad de desarrollo humano.

Y, el Cuarto Conjunto, está formado por las Vidas Humanas Extinguidas de quienes pertenecieron a los ámbitos estratégicos del poder nacional, y se convirtieron en victimas ante el creciente e incesante asedio de una violencia homicida intimidante, que envuelve a todos por igual.

La siguiente figura alusiva al contexto teórico del Tejido de los Conjuntos Humanos viene dada para brindar una visión sensibilizada que lleve a su fácil comprensión a fin de reducir la abstracción de las categorías emergentes iniciales desde la relación representativa y concreta de un todo:

Figura 21. Tejido de los Conjuntos Humanos surgidos de la realidad social del momento. Elaborada por el Investigador (2015).

Conforme al tejido plasmado, ha surtido como efecto que los grupos estructurados han alcanzado un accionar bajo cierto margen de seguridad, que les ha permitido actuar impunemente, luego de trascender aquellos espacios de territorio donde la acción protectora del Estado muestra grandes debilidades o es totalmente nula, primordialmente ante el desplazamiento e inacción del ejercicio de la Función Policial propia y exclusiva del Estado.

De ahí, que esta situación ha sido aprovechada para extender un amplio abanico de oportunidades para la perpetración sin límites de delitos como una especie de germen que carcome, "los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley" (CRBV, Preámbulo), de la sociedad venezolana.

Acorde con esta mirada del investigador sobre los grupos estructurados, es importante señalar que dentro de la cotidianidad social venezolana la difusión del término Bandas Armadas, empleado habitualmente para designar los grupos estructurados cuyas acciones han demostrado sofisticación para la perpetración de actos delictivos, que conmocionan la opinión pública nacional, dado el empleo irracional y desmedido de las -armas de guerra- las cuales les confieren un elevado poder de fuego, supremacía y prestigio.

Como efecto, lo mencionado remonta necesariamente a su concreción en la afectación de los contenidos y significados de la CRBV en su Título VII De la Seguridad de la Nación, Capítulo I De las Disposiciones Generales, cuyo artículo 322 establece a la seguridad de la Nación como competencia y responsabilidad del Estado venezolano fundamentado mediante el Desarrollo Integral, mientras, que la Defensa Integral, es responsabilidad de todas aquellas personas presentes en el territorio nacional.

Esto, comporta repensar la triada Seguridad de la Nación – Defensa Integral – Desarrollo Integral en virtud de la afectación de los derechos fundamentales de todas las personas ante la amenazas que se ciernen sobre las mismas principalmente desde la delincuencia organizada referenciada por el terrorismo entre otras amenazas que bien puedan surgir en el contexto global, regional, nacional y local en virtud de su naturaleza antrópica y consecuente con la extinción de la vida y la destrucción de todo orden social.

Tal situación, se enlaza al Capítulo II de los Principios de la Seguridad de la Nación, desde su artículo 326, que fundamenta la seguridad de la Nación, desde la relación de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, referidos esencialmente a la preservación de la vida como el bien más preciado e invaluable.

Desde este prisma se plantea especialmente la satisfacción continua de las necesidades individuales y colectivas de la sociedad, mediante un desarrollo sustentable evidentemente debilitado por la acción erosiva de los grupos estructurados, que amenazan las bases de un desarrollo productivo pleno, orientado a la integración y fortalecimiento del poder nacional.

Al respecto, la CRBV en su Capítulo III De la Fuerza Armada mediante el artículo 328, la constituye como una entidad organizada por el Estado para garantizar mediante la defensa militar, la cooperación coordinada con los OSC en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional para el sostenimiento de la independencia y soberanía de la Nación; al proporcionar la seguridad contra las amenazas tanto internas como externas que se ciernen incesantemente sobre el espacio geográfico dentro de los limites terrestres, marítimos y aéreos.

Para alcanzar tales fines, existen los componentes Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, quienes actúan como un todo que interviene actualmente en la consecución de acciones operativas de mantenimiento del orden interno, desde la Gmatvv prevista como una política integral de seguridad ciudadana a ser desarrollada en forma conjunta con los OSC.

Ahora bien, dados los resultados alcanzados hasta el presente por las políticas de seguridad pública implementadas por el Estado venezolano para prevenir y reducir las persistentes amenazas a la vida e integridad de las personas, especialmente de las encargadas de materializar los planes, programas, proyectos y procesos en cada ámbito que llevan a alcanzar el Desarrollo Integral (LOSN, art. 4) en la proporción con la cual se logre el pleno disfrute de los derechos y garantías constitucionales.

De esta forma, el alcance de la seguridad de la Nación y su defensa integral (LOSN, art. 6) se encuentra completamente ajustado a lo establecido por la CRBV y el ordenamiento jurídico vigente, además de los tratados, pactos y convenciones internacionales a los cuales se encuentre suscrita la República, que han sido debidamente ratificados y adoptados por medio de la figura de las leyes aprobatorias.

Llamando la atención en el sentido jurídico, la triada Seguridad de la Nación – Defensa Integral – Desarrollo Integral, desde el Sistema de Protección para la Paz, mejor conocido bajo el acrónimo SP3, dicho sistema surge a raíz del reconocimiento por parte del Estado acerca del grave problema de seguridad por el cual atraviesa el país. Problema, ante el cual este novel sistema ha sido prescrito como, "una nueva forma de planificación de la política criminal por parte del Estado venezolano, junto a los demás poderes y organizaciones gubernamentales presentes en los ámbitos político-territoriales nacional, estadal y municipal" (LOSN, art. 59).

A todas luces, se observa la aparición del -elemento evolutivo- en diversos actos delictivos perpetrados por los grupos estructurados de la delincuencia organizada, producto del empleo ilícito de armas de guerra de manera planificada, creciente y selectiva contra las sedes policiales y los vehículos automotores (radio-patrullas y motocicletas) destinadas para labores de patrullaje que ejercen los cuerpos policiales en cada ámbito; que se traducen en la pérdida de vidas de los funcionarios policiales y de terceros, sumándose los heridos de gravedad producidos, junto a las pérdidas y daños materiales que arrojan los actos con armas de guerra.

Como ejemplo de lo real, se citan los ataques ejecutados en la Gran Caracas durante dos (2) semanas consecutivas mediante el uso de granadas de mano contra funcionarios policiales de tres (3) cuerpos policiales:

El primer ataque lo sufrieron cuatro oficiales de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas el 4 de febrero a las 8:00 pm que resultaron heridos cuando estaban en una alcabala de seguridad en el sector La Zamurera de Pitihaya, Charallave.

El martes 10 de febrero, aproximadamente a las 11:00 pm, cinco funcionarios de Polisucre resultaron heridos de la misma forma por delincuentes que les arrojaron una granada cuando frustraban el secuestro de una familia en Los Dos Caminos.

El jueves 12, a las 4:00 pm en el sector San Antonio de Yare, municipio Simón Bolívar del estado Miranda, cuando funcionarios de la policía regional que realizaban labores de patrullaje resultaron heridos por una granada que les arrojaron (Lugo, 2015).

Igualmente, destacan los ataques simultáneos contra sedes del Cicpc en el estado Aragua a las 9:30 pm del jueves 7 de mayo de 2015:

Con granadas y tiros fueron arremetidas de manera simultánea las Subdelegaciones de Villa de Cura, Turmero y Caña de Azúcar, en ésta última no se terminó de concretar por la rápida reacción de los funcionarios, quienes lograron repeler a los antisociales, cuando los observaron en las afueras en actitud sospechosa, los efectivos se activaron y les dieron la voz de alto, pero estos huyeron a toda velocidad disparando contra la comisión. Dejaron abandonada una moto y una granada, que finalmente no detonó.

Por esta razón, se recibió el apoyo de comisiones del Cicpc La Gran Caracas, así como de los estados Vargas, Miranda, Carabobo, la Dirección Contra Terrorismo y la Dirección de Investigación de Delitos en la Función Pública. La GNB y el Sebin también brindaron su respaldo, ya que un contingente de funcionarios reguardaron las distintas sedes del cuerpo detectivesco. (Angulo, 2015)

Tales ejemplos de lo real, develan un problema de gran complejidad, porque, no se trata de los delincuentes que evaden las comisiones policiales para evitar su captura, sino, que buscan enfrentarlas mediante ataques coordinados bajo una planificación y empleo a decir de Mendoza (ob. cit.) de un, "alto potencial tecnológico armamentista" (p. 103) nunca antes visto.

Respecto al marco definicional, la Lacirat (ob. cit.), refiere la Instalación de Infraestructura (art. 1, num. 2) de utilidad pública o privada dirigida a la producción y distribución de bienes y servicios. Tales contenidos son extrapolados a la situación de emergencia eléctrica producida en parte por los continuos y persistentes ataques con bombas incendiarias contra las subestaciones existentes en distintos estados del país.

Como prueba de ello, se cita el ataque ejecutado contra la -Subestación Eléctrica Soco- ubicada en la Victoria estado Aragua, la noche del 4 de junio del 2015, destacando al respecto los juicios de los actores sociales del momento donde destaca el entonces -Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional- Amoroso, quien atribuye el ataque a, "grupos terroristas, el paramilitarismo venezolano que opera de manera diferente en nuestro territorio y se imbuye como un inmigrante más" (Redacción, 2015a).

Tal juicio es considerado porque deja entrever la disonancia conceptual respecto a la entidad autora del hecho, mientras que el -Gobernador del estado Aragua- El Aissami, "califica el ataque como un acto terrorista" (Agencia Venezolana de Noticias, 2015) definido en la Locdoft (ob. cit.).

Desde este plano argumental erigido por los actores sociales del Estado, sobre el ataque contra la instalación para el suministro eléctrico, se sostiene, que esta se enmarca en la definición de un acto terrorista, porque, se persiguió la destrucción intencional del transformador principal mediante un artefacto explosivo, con el claro objetivo de producir una falla en el sistema, que interrumpió el suministro del servicio eléctrico al estado Aragua en 80%, generando caos y zozobra en la población aragüeña durante la noche, para someter y desestabilizar la sociedad mediante el terror, lo cual invita a la revisión de las políticas de seguridad pública, dirigidas a mitigar tales actos, ante su comprensión como actos terroristas.

Asimismo, vale destacar que la Lacirat (ob. cit.) define Artefacto Explosivo u otro Artefacto Mortífero, respecto al primero destaca toda arma que posee una carga explosiva cuyo efecto explosivo y/o térmico-incendiario provoca la muerte, lesiones y daños materiales de forma inmediata (art, 3, lit. a) y el artefacto mortífero (lit. b) constituye un arma, que posee una carga de tipo químico, biológico, y radiológico diseñada para provocar la muerte, lesiones y daños materiales (lit. b) de forma progresiva.

En consonancia, reluce la difusión y evolución de los actos ejecutados por los grupos estructurados con artefactos explosivos, tipo granada de mano. De allí su reflexión crítica, porque, esta arma de guerra es dotación de uso final y exclusivo de la FANB, desde cuyos arsenales han sido sustraídos otros artefactos explosivos portátiles (anti-vehículo y anti-aéreo) así como armas de fuego (ametralladoras, fusiles, pistolas y sus municiones).

Esta situación, permite inferir que los grupos estructurados de la delincuencia organizada actualmente han evolucionado tras cambiar su estructura en la búsqueda de objetivos muy distintos a la perpetración enraizada en los robos mediante el uso de un arma de fuego, fáciles de ocultar como la pistola o el revólver, hacia la posesión de armas de guerra, que aumentan su poder de fuego, que es aprovechado para aventajar y exceder la capacidad de los medios lícitos provisto por el Estado para equipar y dotar a los cuerpos policiales, resultando aún más expectante, que tales armas muestran la desventaja y vulnerabilidad que poseen actualmente los cuerpos policiales para enfrentar proporcionalmente los grupos estructurados.

Ante esta preocupante realidad, surge la necesidad inmediata que apunta a la adopción de medidas dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad, partiendo por una parte, con el marcaje de los artefactos explosivos convencionales almacenados en los arsenales para facilitar su identificación inmediata, que permitiría la detección de los focos ilegales de suministro.

He aquí lo complejo del asunto, porque, inexorablemente repercute ante la falta de pundonor por parte de aquellos efectivos militares, que son captados y sumados a los grupos estructurados para el ultraje de las armas de la República con infames vicios, arrastrando así la imagen y esencia libertaria de la organización militar.

Desde esta perspectiva, se entrevé el debilitamiento de la seguridad de la Nación, prevista como garantía a la supervivencia para quienes integran los ámbitos estratégicos del poder nacional, afectando la defensa integral, porque está conlleva a la conciencia del conocimiento profundo de las amenazas, que actualmente entorpecen el desarrollo integral, al coartarse el libre desempeño de cualquier actividad lucrativa o de sano esparcimiento.

Respecto a este tipo de actos Mayorca (2015) reseña que, "la mayoría de los casos documentados entre 2013 y 2015 ocurrieron en el Distrito Capital y Aragua". Tal situación, llega a ser comparable con otros países donde cada Estado ha reconocido la existencia de grupos terroristas y narcoterroristas en su territorio, reflejando la misma fuente que, "41% de los casos en los que se reportó la utilización efectiva de granadas de mano fue en Venezuela 29,4% en Colombia y 20,5% en México" (ibidem).

En cuanto a Venezuela, esta resalta en Latinoamérica por el uso de granadas de mano por parte de los grupos estructurados; totalizando desde enero de 2013 a junio de 2015 veintinueve (29) fallecidos y veintitrés (23) heridos; cifra que contrasta con Colombia que registró dieciocho (18) fallecidos y cincuenta y ocho (58) heridos (Unodc, 2015).

Ahora bien, las referencias legales aludidas permiten vislumbrar la realidad social venezolana dentro de una gran incongruencia respecto a la realidad teórica prescrita en la Constitución, y demás leyes reflexionadas, que llevan a alcanzar la comprensión de un trance necesario en los contenidos, que establecen el accionar de una delincuencia común, orientada por la simple ejecución de un acto doloso, hacia una delincuencia organizada expectante por los cambios evolutivo que muestra actualmente.

Acerca de estos cambios evolutivos, se observa, su giro en torno a la apropiación de recursos tecnológicos (transporte, armamento comunicaciones y computación) cuya distorsión se aparta del servicio y beneficio de la humanidad, dado lo opuesto de su aprovechamiento en actos delictivos contrarios al desarrollo humano, que perfilan el trance hacia una delincuencia organizada en proceso de constante mutación, ante la adopción de elementos prácticos propios del terrorismo como su sofisticación y accionar delictivo de naturaleza perjudicial a la vida de todo ser humano.

En todo caso, ambos elementos permiten perfilar una nueva estructura vertida en sus grupos, que entremezclan el poderío y la supremacía proclive a generar una mayor ferocidad de su accionar sin los menores escrúpulos contra sus víctimas, constituyéndose en un serio desafío para la seguridad, poniendo a prueba la vigencia y efectividad de las políticas de seguridad pública desplegadas por el Estado.

De hecho, esta reflexión se orienta además hacia la revisión de la aplicación de la ley para detener el avance de los grupos estructurados, al igual, que las políticas públicas dispuestas para implantar y desarrollar la Educación y el Trabajo como procesos fundamentales centrados en cada persona para alcanzar junto al Estado los fines esenciales consolidantes de una sociedad justa, equilibrada y llena de oportunidades para todos.

Todo radica básicamente, bajo la mirada del investigador en una nueva forma de recomprensión del desarrollo humano como fin esencial del Estado, dado que los procesos fundamentales han sido desplazados en parte por el delito, valuado como un modelo que redime la pobreza, el cual se halla en plena asunción en los sectores pobres, como una categoría asimilable por quienes no han sido arropados del todo por la educación, prevista como un proceso que prepara a todo ser humano para desenvolverse en sociedad.

Visto así, el Estado debe fortalecer su condición garantista del trabajo, previsto por la CRBV en el artículo 87 como un derecho y deber materializado ante, "la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho." principalmente en aquellas seres humanos que se encuentran bajo el riesgo y tentación de formar parte de la delincuencia organizada, como una vía fácil de subsistencia entre valores opuestos al bienestar, desarrollo y progreso.

SEGUNDA PARTE

Análisis Cualitativo Interpretativo de Información con la

Selección de Respuestas de las Entrevistas de los

Actores Sociales-Informantes Clave

Conforme al título precedente, se presentan a continuación las matrices de información desprendidas de la selección de aquellas respuestas surgidas de las preguntas planteadas en el guion de entrevista aplicada a cada uno de los actores sociales, que sirvieron como informantes clave en la investigación.

Cuadro 28

Matriz de Información 1. Selección de respuestas de la entrevista aplicada al Actor Social-Informante Clave 1

Continuación

Continuación

Continuación

Nota. Cuadro elaborado por el Investigador (2015).