Modelo Teórico de los Grupos Estructurados de la Delincuencia Organizada (Ven) (página 11)

La concepción de la Hipersaña, es ubicada en el contexto de la meta epidemia de violencia homicida desatada por la acción delictiva con una frecuencia diaria, ante el furor que ocasiona el uso de tecnologías autoritarias significadas por las armas de guerra tipo fusil y los artefactos explosivos tipo granada de mano empleadas por los grupos estructurados con una total alevosía contra toda víctima, asesinada mediante múltiples disparos en el cuerpo o cráneo para ser despojada de sus bienes, aunado el desmembramiento de sus extremidades, las cuales y por si fuera poco, son rociadas con gasolina y quemadas, resultando más dantesco aún que las mismas sean comidas, traspasando así toda dimensión de barbarie.

Mientras, que la concepción de la Hipercrueldad, surge del placer manifestado por la forma de producirle la muerte a la víctima, evidenciada claramente por la violencia homicida explícita que es generada principalmente por los grupos estructurados donde subyacen componentes propios de las prácticas de los grupos terroristas internacionales, que promueven un circuito de formas brutales de violencia armada y homicida, que atentan abiertamente contra vida, la paz, la seguridad y los derechos humanos de todas las personas.

El Código Mortal, es conceptualizado ante la idealización simbólica de los grupos estructurados para la ejecución de los homicidios con exceso de saña y crueldad, que otorga el respeto entre sus miembros y el temor de las personas con la intención de acabar con toda vida humana, mediante el uso del alto potencial tecnológico armamentista, sin ningún tipo de discriminación, y con el mayor desprecio por la vida, como prueba de ello , los asesinatos son registrados por las cámaras de video de los equipos de telefonía móvil para su inmediata publicación en las redes sociales.

La Cultura de Exaltación de la Muerte, es absolutamente opuesta a la exaltación de la vida como valor constitucional supremo, junto al respeto, valoración y afirmación de la misma como un derecho fundamental, desde el antivalor instaurado de la muerte por parte de los grupos estructurados de la delincuencia organizada mediante la muerte atroz de sus víctimas como una forma de iniciación y realización de sus integrantes para adquirir prestigio y temor entre sus miembros, el cual despunta ante el número cuantioso de asesinatos de los miembros del sistema de seguridad de la Nación, dada la promoción de un nuevo sistema de antivalores integrado por la opresión, la injusticia, la discriminación, la intolerancia, el sometimiento, la dominación, la vileza, la deshonestidad, el irrespeto, lo antiético, lo inmoral, la inequidad y el desinterés.

Signándose, además una valoración y culto del porte ilícito de diversas tecnologías armamentistas de guerra, que son apreciadas como un elemento de prestigio y supremacía, quedando distorsionada y diversificada la posesión y uso exclusivo por parte del Estado venezolano mediante la FANB; lo cual se percibe como un ultraje grave a la CRBV.

Por lo tanto, esta posesión y porte ilícito de armas de guerra, ha sido útil para violar la soberanía por parte de los grupos estructurados de la delincuencia organizada, tras ser desplazada la presencia del Estado, la justicia y la ley, mediante los ataques que han sido perpetrados contra los cuerpos policiales y la FANB.

Esto, persigue la instauración de Pseudo-Estados Delictivos en porciones de territorio tanto urbano como rural, donde el terror ha sido aplicado con total impunidad para dominar y someter a las personas, suprimiendo sus deberes y derechos establecidos en la CRBV; generándose rupturas y desfases en iniciativas vertidas desde la Gmatvv, como el Movimiento por la Paz y la Vida, que en septiembre del 2013 fomentó en buena fe las Zonas de Paz, como una iniciativa promotora de ambientes liberados de la violencia homicida, partiendo del encuentro y conciliación entre grupos delictivos rivales; resultando tergiversada esta iniciativa, ante la supremacía y valoración del delito, y la naturaleza ominosa contra todo orden social por parte de los integrantes de los grupos estructurados, que vieron la oportunidad para reorganizarse y ampliar su accionar delictivo.

Más sin embargo, esta iniciativa como política de seguridad pública es en extremo controversial, en vista que el Estado fue cediendo su propio e intransferible deber como garante de la protección de las personas, mediante la exclusividad del monopolio de la fuerza; cedido a los colectivos culturales que hacen vida en los barrios diseminados en los estados del país.

Barrios, que se han tornado en ambientes hostiles, donde la insatisfacción ante la falta de inclusión en los procesos de desarrollo humano, en parte por la deserción del sistema educativo desde la educación primaria, media y diversificada por parte de los niños, niñas y adolescentes, que han perdido el estímulo de una visión que les lleve a alcanzar una vida digna, estudiosa y encaminada hacia un futuro promisor, porque, una vez captados para unirse a los grupos estructurados, se constituye un fenómeno, que debe ser acometido intensamente ante un germen que estimula e impulsa el delito desde edades tempranas, bajo una falsa premisa donde el delito es valorado como una vía expedita para mejorar la calidad de vida.

En consecuencia, el trabajo como proceso fundamental del desarrollo humano, se encuentra sumido en una tendencia de desvalorización, que niega todo esfuerzo para el cometido de una actividad lucrativa valorada por un sustento digno que ceda la adquisición de bienes y servicios, conducentes a brindar bienestar y calidad de vida de cada persona y su núcleo familiar.

Por lo tanto, se concluye en un sentido contrario, que el trabajo ha sido desplazado por la valoración del delito como fuente inmediata y directa para la adquisición fácil de riquezas, en detrimento de todo orden social dispuesto por la ley, tras verse transformada una parte significativa de la sociedad venezolana, ante la sustitución de la educación y el trabajo por el delito.

Donde llama la atención, la estimación y valoración del delito como una nueva forma de subsistencia, que generacionalmente reviste la conformación de una nueva sociedad delictiva, servida del sometimiento por medio del terror aplicado contra la sociedad honrada, educada, trabajadora y esforzada; lo cual va repercutiendo gradualmente en el debilitamiento del Estado venezolano como garante del cumplimiento de los deberes y derechos establecidos en la CRBV.

De allí, surge como respuesta una visión conclusiva y emancipadora a ser compartida mediante esta investigación junto al Estado venezolano, dada su orientación al fortalecimiento que debe ser brindado a la educación y el trabajo como procesos que elevan el desarrollo humano de cada persona, particularmente de la juventud, sin ningún tipo de distinción, y mediante el resguardo de la familia prevista como célula fundamental de la sociedad.

Por cuanto, los grupos estructurados han adquirido un carácter dominante por la multitud de actos delictivos que son perpetrados mediante las prácticas del terrorismo para imprimir un carácter significativo por la presencia del elemento dinámico y evolutivo de la violencia homicida, que traslada al conferimiento de la vinculación entre amenazas, para dar respuesta a la generación de una violencia homicida ampliamente difundida mediante la cultura del terror, surgida del culto a las armas que imprimen estos grupos en la sociedad, del cual deviene un carácter crítico, producido por el aumento del número de homicidios que sitúan a Venezuela como el país con el mayor número de muertes producidas por armas de fuego.

Muertes, que han envuelto sin distinción a las personas que integran los ámbitos estratégicos del poder nacional, especialmente a los policías y militares integrantes del sistema de seguridad de la Nación, encaminado hacia la defensa de la vida de las personas; adquiriendo dicho sistema un matiz degenerativo donde la concepción de la seguridad ciudadana declina ante la conformación de ambientes inseguros para la vida de todos, trascendiendo así a la seguridad de la Nación, porque sus principios son violentados, tras perderse la independencia del Estado para restaurar el orden social del país junto a sus ciudadanos, sumidos en un clima contrario a la paz y armonía y excedido de una carga de desesperanza, que va resquebrajando la democracia ante la pérdida de credibilidad en la capacidad de las instituciones del Estado para proteger la vida de las personas.

Producto de la desigualdad creada en un entorno inseguro, donde las personas poseen sentimientos profundos de desconfianza las unas de las otras, alterándose así las normas de convivencia, y por tanto, va diluyéndose la sana paz, tras buscar protegerse a sí mismas mediante medidas extremas de seguridad personal, que inexorablemente coartan y limitan la libertad para sentirse alejadas de la amenaza que representa la delincuencia organizada.

Porque, la sed de justicia producida por la impunidad de toda acción delictiva, trae como efecto la perdida de la solidaridad entre las personas, que se presienten desprotegidas y propensas a constituirse en las próximas víctimas de la delincuencia, que cada día domina mayores espacios contaminados por el tufo de la inseguridad, que corroe la afirmación de los derechos humanos en toda su esencia, y arrastra al anti desarrollo que socava la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.

Es así, como la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, pierde fundamento ante la pretensión progresiva de los grupos estructurados de instaurarse como pseudo-estados delictivos, vulneradores de la soberanía del territorio nacional al quedar desguarnecidos espacios que son invadidos por tales grupos, que han desplazado los OSC, negándose todo desarrollo al ser desplazada perniciosamente toda acción lucrativa y beneficiosa para una sociedad truncada del disfrute y goce de las garantías constitucionales.

Esto, centra la mirada en la responsabilidad que tiene el Estado venezolano de brindar protección a las personas mediante los OSC, especialmente desde los Cuerpos de Policía, imbuidos en el Nuevo Modelo Policial Venezolano, que no se consolida aún, porque no alcanza a disminuir la tasa anual de homicidios, dada la asimetría existente entre la violencia homicida y la respuesta ofrecida por el Estado mediante el ejercicio de la función policial dirigido al desvanecimiento de la violencia homicida.

Acerca de los objetivos trazados en la investigación, son plasmadas a continuación las siguientes conclusiones:

El objetivo general orientado a generar un modelo teórico de los grupos estructurados de La delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo como amenaza a la seguridad de la Nación; se establece que el mismo fue alcanzado a través de un modelo fundamentado integrado por cinco (5) componentes teóricos; constituyendo dicho modelo en una herramienta teórica útil para otras investigaciones orientadas a la vinculación de las amenazas directas a la seguridad y la paz.

En relación a los objetivos específicos, el primero fue concretado al develarse las características de los grupos estructurados de la delincuencia organizada que perpetran actos análogos con las prácticas del terrorismo; a través de la conformación organizacional temporal y el beneficio económico o material, entretejidos en el primer componente teórico del modelo fundamentado.

Respecto al segundo objetivo específico orientado a la configuración de los actos delictivos que perpetran los grupos estructurados de la delincuencia organizada; estos encuentran asidero en el accionar ilegal y la violencia homicida, que entretejen el segundo componente teórico del modelo.

En cuanto al tercer objetivo específico, dirigido a concebir la analogía entre los actos delictivos que perpetran los grupos estructurados de la delincuencia organizada y las prácticas del terrorismo; encuentra respuesta en el tercer componente teórico donde se entreteje el amedrentamiento y doblegación de la sociedad, junto a las nuevas configuraciones asumidas por los grupos estructurados, constituyéndose en una amenaza claramente definida para la seguridad y la paz.

Esto, viene dado por el apoyo de entidades adeptas, que han fortalecido a los grupos estructurados al punto de constituirse en una amenaza para los intereses de la Nación, así como para los intereses irrevocables, fundamentales, de bienestar, y transitorios que propugna el Plan de la Patria (ob. cit.) a través de los grandes objetivos históricos, nacionales, estratégicos, generales, políticas y programas que este fija para su consecución y desarrollo a través de quienes integran los ámbitos estratégicos del poder nacional.

Todos estos aspectos, encuentran su raigal en la destrucción o intervención de los servicios públicos, especialmente del servicio de energía eléctrica, la detracción o apropiación del patrimonio ajeno, que devienen en la observancia y determinación de la delincuencia organizada como la principal amenaza para la seguridad de la Nación.

El cuarto objetivo específico, dirigido a interpretar los significados que se asignan a los grupos estructurados de la delincuencia organizada y a la analogía entre los actos delictivos que perpetran dichos grupos y las prácticas del terrorismo, encontró respuesta en las voces descriptivas de los actores sociales que integran el sistema de seguridad de la Nación.

Y, el quinto objetivo específico que estuvo encaminado a comprender la analogía entre los actos delictivos que perpetran los grupos estructurados de la delincuencia organizada y las prácticas del terrorismo, como una amenaza que trasciende la seguridad ciudadana hacia la seguridad de la Nación; fue satisfecho a través del contraste entre los actos perpetrados por los grupos estructurados de la delincuencia organizada en los escenarios meso y meta, con los actos terroristas acontecidos en el escenario macro, concluyéndose de esta manera, que en la República Bolivariana de Venezuela, la violencia delictiva supera con creces a la violencia terrorista.

Esfera de las Recomendaciones

El Estado venezolano debe replantear el funcionamiento de los cuerpos policiales, dado que el Capítulo IV De los Órganos de Seguridad Ciudadana, establece en el artículo 332, que estos son erigidos como entes destinados a garantizar el derecho a la seguridad, mediante la operacionalización de un conjunto de acciones y labores preventivas orientadas a la reducción del accionar pernicioso de cualquier amenaza, manteniendo el orden público y restableciéndolo tras ser alterado para lograr la formación de condiciones que cedan el pacífico disfrute de los derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, toda política de seguridad pública debe soportarse en nuevos conocimientos de las amenazas actuales, a fin de prevenir los factores que fortalecen la formación de los grupos existentes para debilitarlos y reducirlos.

Esto, permite acotar la vital importancia que reviste para el Estado, desde su FANB, el fortalecimiento del resguardo y control sobre las armas de guerra existentes en el país a fin de evitar que estas se encuentren en posesión de los integrantes de los grupos estructurados de la delincuencia organizada, que las emplean para atentar contra la vida de las personas y los integrantes de sistema de seguridad de la Nación, porque, solo el Estado debe poseer y usar armas de guerra (CRBV, art. 324) despuntando los ataques perpetrados contra este sistema, mediante granadas de mano.

Para ello, tales desafíos deben afrontarse bajo el irrestricto apego al imperio de la ley, y el respeto de los derechos humanos, muy a pesar de la existencia de una violencia homicida con visos terroristas, poco prescritos en el Código Penal desde nuevas estructuras delictivas que rebasan las capacidades de los cuerpos policiales en el contexto de la seguridad ciudadana, lo cual, evidencia que los grupos estructurados constituyen un fenómeno amenazante que trasciende hacia la seguridad de la Nación.

Este fenómeno, requiere desde la Asamblea Nacional una profunda revisión en los contenidos de los instrumentos jurídicos que prescriben el terrorismo, junto a otros que deben prescribirlo taxativamente. De hecho, desde el año 2003 reposa el Proyecto de Ley contra el Terrorismo aprobado en Consejo de Ministros N° 300, esperando su consideración y aprobación.

Ello implica, que la condición protectora del Estado debe ser repensada para ser asumida como -categoría emancipadora- servida para la defensa de la persona y su núcleo familiar; renovándose su percepción de la protección de la sociedad, solo desde la preventiva y diminutiva de la delincuencia, cuyos miembros deben reinsertarse con seguridad a la sociedad mediante la prosperidad que deben ofrecer los procesos fundamentales del desarrollo humano como fuentes liberadoras de toda forma de maldad y perdición.

Por lo tanto, tales procesos deberán lograr que cada miembro de los grupos estructurados se incorpore al desarrollo integral armónico, alejado de la alternativa de toda asociación ilegal, claramente prevenida y diluida a través de la aplicación de la justicia, la educación y el trabajo, como fuentes que ofrezcan una gama inclusiva de beneficios conforme al acuerdo y convenimiento surgido del concierto de bienestar, paz y progreso para todas las personas sin ningún tipo de distinción, desde la reeducación como vía facilitadora de la reinserción al trabajo para la consolidación de una sociedad cimentada en el imperio de la ley, y la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, esto no descarta para la preservación del orden interno que el Estado deje de ejercer legítimamente la fuerza para resguardar la vida de los funcionarios actuantes, de las víctimas de las acciones de los grupos estructurados negados a todo acuerdo. Privando siempre el principio de vida y respeto de los derechos humanos ante toda circunstancia, muy a pesar de la resistencia violenta contra toda autoridad del Estado.

A través de este prisma, la educación constituye uno de los caminos que debe fortalecerse para evitar que en el futuro estas organizaciones criminales sigan expandiéndose; al respecto vale resaltar que Pitágoras hace más de dos mil años señaló, que si se educa al niño, no se hace menester castigar al adulto. En este sentido, es sumamente necesario e imperativo el perfeccionamiento el Sistema Educativo, dentro de una cultura de paz, a tal punto que los seres humanos que egresen de las aulas de clases posean intereses distintos a los que ahora tienen los individuos que conforman las células criminales que desangran con su violencia homicida a nuestra patria.

Conforme a lo mencionado, se recomienda, que debe generarse un Plan de Desarme Forzado sobre todo en los Centros Penitenciarios del país, porque, no es posible que los delincuentes hagan alarde de las armas que poseen ilícitamente, y las exhiban para intimidar al Estado mediante el poder de fuego, que han hecho suyo inapropiadamente.

La Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada debe fortalecer el control sobre las armas, municiones y explosivos para evitar su sustracción y desvío de las unidades militares, parques, depósitos, almacenes para evitar que las armas de la República sean empleadas por los grupos estructurados con infames vicios.

Las Zonas de Paz deben ser eliminadas, porque, ciertamente es importante la pacificación del país, pero es inconstitucional que porciones del territorio sean cedidas a los grupos estructurados para que brinden seguridad a las personas, y más aún que los policías tengan que doblegarse a pedirle permiso a los delincuentes para ejercer el servicio de policía, que per se constituye un fin del Estado, y la protección de las personas un deber que no puede ser traspasado, menos aún hacia estructuras delictivas.

El Modelo Policial Venezolano debe revisarse a fondo, porque, no ha dado resultados favorables para reducir el delito, como efecto contrario, la violencia homicida ha envuelto a los funcionarios policiales, constituyendo un factor preponderante para la disminución de la cantidad de policías en los cuerpos policiales; la carrera policial ha adquirido un matiz de alto riesgo para la vida de quienes la ejercen, jamás habían sido asesinados tantos policías para desarmarlos, y menos aún atacadas tantas sedes policiales.

La Unefa, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y la Universidad Militar Bolivariana junto a otras universidades del país, deben generar investigaciones dirigidas a la producción de nuevos conocimientos en materia de seguridad, que sean concernientes a la delincuencia organizada, considerada de acuerdo a la presente investigación como la principal amenaza para la paz del país.

El Consejo General de Policía, debe desarrollar políticas más efectivas que equilibren las respuestas que debe proporcionar el Nuevo Modelo Policial Venezolano, respecto a la violencia homicida desatada por los grupos estructurados de la delincuencia organizada.

La República Bolivariana de Venezuela, ha suscrito varios convenios internacionales contra el terrorismo y la Locdoft, deja entrever que la amenaza del terrorismo está presente en el país. En este sentido, la LOSN incorporó recientemente el Sistema de Protección para la Paz contra las amenazas internas y externas que se ciernen sobre el país, por lo tanto, el Estado venezolano debe implementar nuevas formas para la planificación de las políticas de seguridad pública que se encuentren encaminadas especialmente a la contención de la expansión de los grupos estructurados que han asumido las prácticas del terrorismo.

El Estado venezolano, debe reconocer y declarar a los grupos estructurados de la delincuencia organizada como grupos terroristas, claramente prescritos por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) en el artículo 4 numeral 17 donde es prescrita la Organización Terrorista y la figura del Terrorista Individual (num. 22). Lo cual es orientable hacia los actos que son perpetrados por los grupos estructurados porque estos utilizan los medios propios de un Acto Terrorista (art. 4, num. 1, lit. a, b, c, d, e, f, g, h) los cuales constituyen delitos graves (art. 4, num. 10). Destacándose además, que el Código Penal (2005) fija en el artículo 128 a los, "grupos o asociaciones terroristas".

Conforme a lo dispuesto por tales contenidos jurídicos, se debe aplicar todo el peso de la ley, para ello, es necesario insistir en la asunción de las medidas necesarias para reducir la impunidad de su accionar, que ha generado una meta crisis de seguridad para la sociedad venezolana, que ha sido provocada en parte por la falta de conocimiento en los actores sociales del Estado, que les lleve a comprender una amenaza interna, que requiere medidas extraordinarias que la mitiguen para así retornar a un clima de paz que anhelan todos los habitantes del país, junto a aquellas otras personas que han migrado por el temor que sienten de perder sus vidas, o han perdido un familiar, ser amado, amigo o conocido; uniéndose en un todo esperanzador para quienes día a día sobreviven a merced de estos grupos delictivos, y desean sentirse liberados de su presencia amenazante.

El Sistema Judicial debe asumir las orientaciones que brindan los conocimientos emergidos para orientar sus decisiones, y el Sistema Penitenciario debe adecuar los centros de reclusión, conforme el nivel de peligrosidad de los reclusos; esto, conduce a la incorporación de tecnologías restrictivas de las comunicaciones al exterior para evitar que los pranes sigan coordinando actos delictivos con los grupos estructurados.

La Función Policial debe observar para su ejercicio efectivo la incorporación de beneficios socio-económicos, que mejoren la calidad de vida de los funcionarios policiales, a fin de minimizar la tentación que los haga proclives de incurrir en hechos dolosos.

Dentro de este contexto, deben propiciarse encuentros entre los funcionarios policiales de los ámbitos nacional, estadal y municipal, a fin de alcanzar a través de sus vivencias y experiencias personales y profesionales, la construcción teórica de la Seguridad Policial, prevista en principio como una categoría cuyo objeto principal persigue salvaguardar la vida de los funcionarios policiales, antes, durante y después del ejercicio de las labores desarrolladas en los servicios que operacionalizan la función policial.

Asimismo, es recomendable que la concepción de la seguridad policial, sea compartida en su tejido con las experiencias de los funcionarios de investigación penal del Cicpc, inteligencia de Estado del Sebin, Dirección General de Contrainteligencia Militar y los efectivos militares de la FANB, que se desempeñan en labores de vigilancia y patrullaje en apoyo a la Gmatvv, junto a las demás funciones que le son propias a la FANB.

En esta dirección, se recomienda la asunción de los niveles de riesgo para la vida, previstos como una extensión del conocimiento que ofrece el modelo teórico para subsanar la desfiguración del estado, situación o condición de la seguridad en los ambientes que han sido fragilizados. Para ello, se requiere la ampliación de la mirada crítica, analítica y prospectiva, que no solo abarque la tasa anual de homicidios registrados en los municipios priorizados por la Gmatvv (Anexo B), y las mediciones diarias de la incidencia delictiva; dado el discernimiento de los elementos prácticos presentes en los actos delictivos, concordantes con los elementos teóricos de los conceptos fundamentales emergidos en la presente investigación:

Riesgo Alto para la Vida, de los ciudadanos que sobreviven a diario en ambientes cuyo clima es matizado por una violencia delictiva que restringe la libertad de pensamiento y actuación, involucionando así el estilo de vida; ante la desprotección producida por el cese de la función policial que deja de ejercer el Estado ante el bloqueo y desplazamiento forzado a que lleva la atenuación del monopolio de la fuerza servida para anular la subyugación de la ciudadanía por el terror implantado mediante el código mortal existente en la cultura de exaltación de la muerte promovida por los grupos estructurados.

Riesgo Medio para la Vida, de quienes habitan ambientes donde la violencia no alcanza a desplazar la intervención del Estado, quien mantiene su presencia a través del ejercicio pleno y sostenido de la función policial mediante el accionar exclusivo de los órganos de seguridad ciudadana, y el empleo lícito de la fuerza en aras de la prevención, disuasión y represión de especies delictivas, proclives a su control y reducción mediante la misma.

Riesgo Bajo para la Vida, de los ciudadanos que coexisten en un ambiente apacible donde la conciencia y percepción existencial se aparta de eventuales riesgos o amenazas a la seguridad, dada la plena garantía de protección a la integridad física, y de la propiedades tanto privadas, así como públicas; sin embargo, no se escapa por completo la perpetración de algún hecho delictivo donde el Estado brinde respuesta inmediata.

Riesgo Nulo para la Vida, fraguado como producto del trato fraterno y concertado entre los ciudadanos para lograr la integración de ambientes plenos de oportunidades que permitan el emprendimiento de una existencia prospera donde la democracia, el derecho y la justicia, son producto de la promoción de la práctica de valores elementales como la libertad, la paz, la solidaridad, el bien común y la convivencia, para el aseguramiento pleno del derecho a la vida, el trabajo, la cultura, la educación y la justicia social.

Para tales efectos, los niveles de riesgo han sido entretejidos esencialmente a través del clima que presenta el ambiente respecto a la protección de los ciudadanos por medio del ejercicio de la función policial. Esto, orienta el diseño para nuevas formas de planificación de la política criminal emanadas por el Estado; particularmente servidas de primera mano por parte del investigador para la formulación de lineamientos que faciliten el pleno ejercicio de la función policial, mediante la supremacía que en todo momento debe demostrar y mantener el Estado ante la plena aplicación de la fuerza lícita, que igualmente debe observar la preservación de la integridad por parte de los funcionarios policiales, de investigación penal e inteligencia de Estado, quienes a través de ella, enfrentan a los grupos estructurados de la delincuencia organizada.

Por último, se recomienda al Equipo de Alto Desempeño de Postgrado de la Unefa, que estimule el desarrollo de investigaciones científicas orientadas dentro de la línea de investigación Seguridad y Defensa, donde se contiene el área temática Delincuencia Organizada; en virtud de la urgente y apremiante necesidad del sostenimiento y ampliación de los marcos teoréticos existentes, sobre todo de los conceptos fundamentales, los cuales deben someterse a la constante revisión para determinar su vigencia; a fin de actualizar los elementos teóricos y prácticos constitutivos, que permitan proyectar una visión prospectiva que permita la comprensión del accionar dinámico y evolutivo de los grupos estructurados presentes en el país.

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