Tamaño, estructura y eficiencia del gasto público en Bolivia (página 2)

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EL ESTADO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS BÁSICOS
SALUD

El Ministerio de Salud, que es cabeza del sector, es fuertemente dependiente de fuentes temporales o irregulares para el financiamiento de sus programas. Un porcentaje elevado de los recursos para financiar sus principales programas estratégicos viene de la cooperación internacional o de transferencias de las cajas de salud. Programas importantes como el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), la lucha contra el Chagas, malaria o tuberculosis dependen casi completamente de este tipo de fuente, siendo las contribuciones del TGN casi marginales.
Las reformas ejecutadas en el sector y el incremento en el presupuesto destinado al mismo, han producido mejoras significativas en los indicadores de salud. Bolivia ha logrado avances importantes en la cobertura de intervenciones prioritarias de salud, como el parto atendido por personal médico profesional que se elevó de 32 por ciento a 62 por ciento entre 1996 y 2005, atención prenatal, inmunización y tratamiento de enfermedades diarreicas y pulmonía en niños menores de 5 años. Esto se tradujo en una reducción en la tasa de mortalidad materna de 416 por 100 mil en 1989 a 229 por 100 mil en 2003. La tasa de mortalidad infantil también se redujo de 99 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1989 a 54 por cada mil nacidos vivos en 2003.
El sector público en Bolivia destinó aproximadamente el 18,5 por ciento del gasto público total del SPNF y el 3,4 del PIB en el sector salud en 2005. El 80 por ciento del gasto público total en salud corresponde a gasto de personal.

EL ESTADO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS BÁSICOS
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
Han existido dos experiencias de concesión de los servicios de agua en el país, correspondientes a las ciudades de Cochabamba y de La Paz. Ambas experiencias han terminado en última instancia con una reversión de las concesiones a manos del estado. En el caso de la empresa Aguas del Illimani, que tuvo entre 1996 y 2005 la concesión de administrar la provisión de agua en la ciudad de La Paz y El Alto, se ha negociado la terminación de dicho contrato debido a presiones sociales y políticas, al existir una percepción mayoritariamente negativa por parte de la población sobre el desempeño de esta empresa privada en la provisión de agua. Sin embargo, al evaluar objetivamente los resultados del desempeño de la empresa, se observa que durante el periodo de administración de este servicio por parte de Aguas del Illimani, el número de nuevas conexiones realizadas en la ciudad de El Alto, ha sido mayor a todas las conexiones que hasta antes de la concesión se habían realizado en esta ciudad (Banco Mundial, 2005).

EL ESTADO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS BÁSICOS
SEGURIDAD SOCIAL
Bolivia también ha dado importantes pasos para transferir al sector privado la administración de la seguridad social de largo plazo. La reforma de pensiones ejecutada en 1996, sustituyó el antiguo sistema de reparto simple (“pay as yougo”), por un sistema de capitalización individual, administrado privadamente. El sistema de reparto cubría el seguro social de largo plazo, incluyendo la jubilación, el riesgo profesional, discapacidad y muerte, y era un sistema mixto, conformado por un pilar público, administrado por el Fondo de Pensiones Básicas (FOPEBA), y un pilar privado constituido por los fondos complementarios (FONCOMs) organizados sectorialmente por los trabajadores

PROBLEMAS QUE LIMITAN EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
De acuerdo al análisis realizado en las secciones anteriores, se puede observar que el estado en Bolivia desempeña una variedad de funciones a través de diferentes entidades del sector público. Se vio también que Bolivia tiene uno de los niveles más elevados de gasto público en la región. Sin embargo, no existen mecanismos claros que garanticen la eficiencia con que los recursos públicos son gastados. En esta sección se analizan los principales factores que reducen la eficiencia del gasto público en Bolivia.
FASE DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Uno de los principales problemas que incide en una baja calidad del gasto público en Bolivia, está dado por el hecho que el Presupuesto General de la Nación (PGN) no se constituye es una herramienta efectiva de planificación y control. Esto es así debido a que el proceso de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto del sector público tiene lugar dentro de un entorno institucional débil, sujeto básicamente a consideraciones políticas. La elaboración y aprobación del presupuesto está muy influida por presiones políticas y luchas de poder, lo que normalmente resulta en una sobre estimación del mismo.

PROBLEMAS QUE LIMITAN EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
FASE DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
No existe una regla de disciplina fiscal para la ejecución del presupuesto del sector público, que permita mantener los equilibrios fiscales y garantice la sostenibilidad de las finanzas del sector público. El incremento en los ingresos del sector público registrado en los últimos años, debido a los mayores ingresos tributarios por concepto de exportación de gas natural, se ha traducido en un sustancial incremento del gasto público, lo cual incrementa la vulnerabilidad de las finanzas pública a una potencial reversión del ciclo económico. La meta del Balance Estructural aparece como la mejor alternativa de regla fiscal, ya que otorga a la política fiscal un papel anti-cíclico, buscando que la economía tenga un crecimiento estable a través del tiempo y reduciendo el efecto negativo que tienen los ciclos económicos, donde existen periodos de altas tasas de crecimiento, seguidos por caídas en el producto

CONCLUSIONES

Si bien es muy difícil que el sector privado encuentre atractivo participar en alianzas público privadas para la construcción de infraestructura de caminos municipales para ayudar a reducir la pobreza y, además, siendo posible que encuentren cierta oposición desde algunas corrientes de opinión que no simpatizan con la participación del sector privado en la planificación y administración de caminos, el sector privado ha estado interviniendo en la construcción y mantenimiento de las carreteras como parte de sus proyectos productivos ante la falta de atención pública a las rutas que necesita, o lo ha hecho también a manera de proyectos de responsabilidad social con las comunidades de las regiones en las que opera. Estas intervenciones son desordenadas y no existen estudios sobre su impacto y sostenibilidad. Es entonces necesario aprovechar estas iniciativas de manera de ampliar sus efectos beneficiosos más allá de las necesidades inmediatas de las empresas que las ejecutan, e incentivarlas a través de regulaciones que fomenten este tipo de actividades que pueden tener un impacto sobre la reducción de la pobreza.

Es necesario revalorizar la importancia de los gobiernos sub-nacionales en la solución de sus propios problemas. Existe, aunque no deliberadamente, una visión de la inversión en infraestructura caminera como fuera del alcance de los municipios e incluso sin posibilidades de intervención privada. Acá hemos querido mostrar que aun dentro de lo poco que se ha hecho a este nivel del Estado, ha tenido impacto en la reducción de la pobreza y que existen Recursos financieros para hacer aún más al respecto si es que se adoptan algunas decisiones que inclusive no demandarían de grandes cambios en las normas que rigen la materia.
En suma, el desarrollo de una red caminera que vincule a los municipios a la red fundamental puede contribuir a la reducción de la pobreza. Esta mayor vinculación no ha logrado la atracción de la inversión necesaria por problemas de escala de los municipios que no pueden atraer los suficientes recursos técnicos y humanos, y por los problemas de externalidades, más que por la falta de financiamiento. La solución óptima en estos casos parece estar lejos de la solución descentralizada.