En América Latina con el transcurrir de los años se ha observado una problemática social evidente como es el caso de la violencia; los países más afectados por esta situación son Colombia, Brasil, México, Perú, Guatemala, Venezuela entre muchos otros.
En el caso específico de Venezuela, durante la década de los 80, según datos arrojados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la tasa de muertes violentas era de ocho (8) personas por cada cien mil (100.000) habitantes, sin embargo debido a la inexistencia de políticas públicas que permitieran controlar y prever el crecimiento de este problema, en el año 1.999, esta cifra se incrementó en 25 por cada 100 mil habitantes y en la actualidad es de 75 por cada cien mil.
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Es por ello que la institucionalidad es lo que permite resolver los conflictos sin tener que ir a las armas, a los puños y a la violencia, cuando la institucionalidad se pierde, cuando las normas y leyes no se cumplen, las personas comienzan a tomar la justicia por sus propias manos, y la decisión de la gente es defenderse por su propia cuenta, ya que los organismos encargados, no lo hacen o simplemente no dan abasto.
Esta situación conlleva a un miedo, que ha penetrado en la cotidianidad de nuestras vidas y escenarios del acontecer diario, tales como las calles por donde transitamos, el hogar, la escuela, los lugares de trabajo, el espacio público, revelando de manera descarnada nuestra conciencia de vulnerabilidad y dependencia de otro que se revela predador, y frente al cual nos hallamos desamparados.
Por otro lado se observa una dimensión social y también política, expresada en el quiebre del vínculo social, en la incapacidad de reconocer la humanidad del otro, con una letalidad que en Venezuela los saldos de víctimas equivalen a los niveles de un conflicto armado.
La situación es inmensamente preocupante pues las