INTRODUCCION
Es indiscutible que la Ley contra el Crimen Organizado aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo responde a las demandas de amplias mayorías ciudadanas, agobiadas por el avance del delito y el clima de inseguridad existentes en el país. No estamos ante un nuevo Código Penal o de Procedimientos Penales, pero sí ante la más importante de las incontables reformas hechas a nuestra legislación en la materia.
Uno de los principales aportes de la 30077 consiste en fijar procedimientos de investigación y nuevas condenas para 22 delitos considerados como de criminalidad organizada –aquellos cometidos por asociaciones o bandas de tres o más personas–, a cuyos autores se les retira el beneficio de reducción de pena por …ver más…

Lo mismo puede decirse de la introducción de la figura del agente encubierto en la lucha contra sospechosos de integrar o colaborar con una organización criminal, y de la potestad que se otorga al juez para que ejerza su criterio en los casos de aplicación de pena máxima por criminalidad organizada, pena que ha sido fijada en 25 años de cárcel, pero que el juez podrá elevar hasta en una tercera parte de este máximo (lo que da 32 años y cuatro meses) en casos especialmente graves. Y toda condena será revisable, lo que implica una evaluación antes de que el recluso pueda recuperar su libertad.
Analizados algunos de los aspectos positivos de la norma, es inevitable referirse a su financiamiento que, según el legislador, queda a cargo de los recursos propios de la PNP, Fiscalía y PJ, lo que señala dudas sobre su aplicación. Por ejemplo, está claro que el Registro Nacional creado será inútil si las comisarías no pueden acceder con prontitud al mismo para verificar la situación de los detenidos, y ya se sabe que solo una mínima parte de ellas cuentan con interconexión informática. Aquí surge el mismo tipo de problema de manejo de recursos económicos y presupuestales que impide hasta hoy el uso de bloqueadores de teléfonos celulares. Y otro problema urgente que hay que resolver es el del incremento de la población de reclusos en los penales.
Si no se dota al Ministerio de Justicia de estos recursos, el hacinamiento que se vive en los reclusorios del país,