Terrorismo de estado y genocidio, por las Fuerzas Armadas del Perú

Criaderos de chanchos que eran alimentados
con carne humana proveniente de los subversivos sacrificados,
hornos gigantescos para incinerar a los prisioneros asesinados,
experimentos de tortura inhumana, es el recorrido de la accionar
militar en la guerra contrainsurgente que puso en
ejecución el Estado peruano para contener la lucha
subversiva en el Perú. Esta es la forma como el Estado
peruano aplicó durante dos décadas su estrategia
contrainsurgente. Entre 1983 y 1990, funcionaron en Ayacucho
centros de tortura y extermino de prisioneros que manejaron las
Fuerzas Armadas y el Estado peruano. Pocos son los que salieron
vivos del cuartel "Los Cabitos", la Casa Rosada", y de otros
lugares de tortura instalados en Ayacucho. "Guerra sucia" la
llamaron algunos como subterfugio para encubrir la naturaleza
criminal de la accionar militar en la lucha contra la
subversión. El 29 de diciembre de 1982 el gobierno de
Fernando Belaunde, con la complacencia del Congreso de la
República integrado por todos los partidos
políticos, incluida la izquierda legal (Izquierda Unida),
decretó el ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha
contra la guerrilla maoísta que en ese tiempo estaba
ubicada principalmente en la región de Ayacucho. Esta
decisión, que algunos la calificaron de decisiva para el
país y la "democracia", ensangrentó el Perú,
cuyo saldo de dos décadas de militarización fue
cerca de 70 mil muertos a causa de la aplicación de los
planes y estrategias diseñadas por el Estado y sus fuerzas
represivas en la guerra contrainsurgente. Con la complicidad de
medios de comunicación, de periodistas, de parlamentarios,
de partidos políticos, del poder judicial, e incuso de la
Iglesia Católica del Perú, pueblos enteros y miles
de ciudadanos peruanos fueron masacrados y eliminados por las
fuerzas del orden.

El general del ejercito Clemente Noel Moral
fue el primer Jefe Político Militar designado por el
gobierno para que ponga en ejecución los planes
antisubversivos. Noel al frente la de la Segunda División
de Infantería, se instaló en el cuartel "Los
Cabitos" en Ayacucho, desde donde dio órdenes de muerte y
sacrificio de toda persona sospechosa de pertenecer a las filas
de la subversión maoísta. En el cuartel "Los
Cabitos, como parte de la estrategia contrainsurgente, se puso en
funcionamiento un centro de torturas y crímenes de
prisioneros. Se construyó un horno gigantesco donde se
incineraban los restos mortales de los detenidos. Al costado y al
mismo interior de los cuarteles militares se instalaron criaderos
de chanchos, los que eran alimentados con los restos humanos de
los presuntos subversivos asesinados. Recientes investigaciones
de instituciones de derechos humanos del Perú han
constatado que en este horno más de 300 personas fueron
incineradas bajo el propósito de borrar cualquier rastro
de su paso por los centros de tortura. La Fuerza Armada
improvisó también cementerios clandestinos, donde
se sepultaban las victimas de torturas y de aniquilamiento. Anexo
al cuartel "Los Cabitos", funcionó desde 1983 hasta la
mitad de la década del 90, la "Casa Rosada",
también regida por la Fuerza Armada: era un centro de
torturas y crímenes, donde de acuerdo al testimonio de un
agente del ejército que participo en esas orgías de
sangre (2), los militares aniquilaron a por lo menos mil
subversivos.

Tanto en el cuartel "Los Cabitos", como en
la "Casa Rosada", los métodos de tortura aplicados por los
militares estaban dirigidos a hacer sufrir indescriptiblemente al
prisionero. La "colgada", la "tina", la "electricidad", el
"vuelo", la "dieta", y la "compasión", fueron de uso
corriente en las torturas que inflingieron los militares contra
sus victimas.

En el caso de "la colgada", la
victima era amarrada de los brazos hacia atrás para ser
suspendida en al aire. Una vez en el aire recibía golpes
con objetos contundentes. La masacre duraba hasta que el
prisionero perdía el conocimiento. Muchas veces los huesos
de los brazos de la victima se quebraban por el esfuerzo de estar
suspendida en el aire o por los golpes que
recibía.

"La tina": esto significaba que el
prisionero era amarrado de los brazos y se le sumergía en
una especie de tina repleta de agua, que en el mayor de los casos
era mezclada con suciedad o con detergente. Todo era calculado
para que la victima al ser sumergida en "la tina" bebiera
cantidad de agua hasta vomitar. Sólo era sacada a la
superficie cuando sus pulmones estaban a punto de explotar. El
plan de tortura era no matar al prisionero en un día y
menos en una sólo sesión. Cuando más
resistía era mejor para ablandarlo, y quizás
soltaba alguna información que interesaba al
verdugo.

"La electricidad", se aplicaba en
seco o con el cuerpo mojado. La victima, mujer u hombre, era
desnudada y se le amarraba sobre una "mesa de trabajo". Las
descargas eléctricas se aplicaban de preferencia en los
dientes, en los genitales y en el ano. En algunos casos los
cables de electricidad eran introducidos en heridas abiertas que
tenia el prisionero. Este método era sumamente doloroso, y
muchas veces, cuentan los mismos verdugos, los prisioneros se
desvanecían desde el primer shock
eléctrico.

"El vuelo" era un método mas
sofisticado y se necesitaba, aparte de los instrumentos manuales
de tortura, un helicóptero. La victima en este caso, era
torturada en uno de los centros militares, y después de
ello era conducida a "dar una vuelta" en helicóptero. El
prisionero era amarrado de los pies con cables de naylón
muy resistentes y en pleno vuelo era arrojado al vació.
Ahí en el espacio su vida dependía del cable con el
cual estaba sujetado y de la resistencia de los huesos de sus
pies. Si las amarras que sujetaba a la victima no estaban bien
hechas, y los pies se deslizaban fuera del nudo de la cuerda, era
el fin del prisionero. El "vuelo" podía durar el tiempo
que les daba la gana a los torturadores. El helicóptero
militar daba vueltas en redondo encima de altas colinas andinas y
la sentencia de muerte podía darse cuando los militares
cortaban los cables que sujetaban al prisionero.

Testimonio de Esteban Canchari
Cacñahuaray, uno de los pocos prisioneros sobrevivientes
del cuartel Los Cabitos: Ayacucho, 1983. "Al llegar al Cuartel
Los Cabitos (…) permanecí cerca de un mes, en que fui
sometido a diversos abusos: Me ataron las manos hacia
atrás y me colgaban, me golpeaban severamente, me
sumergían en una tina con agua, me aplicaron descargas
eléctricas en el ano, entre otras clases de torturas. Me
maltrataban de dos a tres veces por semana. El tiempo de las
torturas era oscilante entre una hora a varias, hasta perder el
conocimiento. (…) En dos oportunidades fui colgado de un
helicóptero en vuelo, atado con una soga mientras con el
pie era balanceado como un columpio durante aproximadamente tres
minutos… pude percibir que frente a mi celda había otras
personas detenidas, las cuales gritaban y se quejaban de
dolor…". (Comisión de la Verdad y Reconciliación,
agosto de 2003. Declaración testimonial de Esteban
Canchari Cacñahuaray. Testimonio reservado).

"La dieta" era simple, pero tan
mortal y dolorosa como los otros métodos de tortura. En
este caso el prisionero era recluido en un pequeño espacio
oscuro, y aislado completamente del mundo exterior. Durante
días y semanas no recibía ningún tipo de
alimento y solo tenía derecho a un poco de agua, que en
algunos casos expresamente era contaminada con suciedad. Algunos
prisioneros que sobrevivieron a este suplicio cuentan que,
después de algunos días sin comer y sólo
bebiendo agua podrida, perdían cualquier resistencia
física y mismo la voluntad de vivir. La diarrea y el
hambre era el preámbulo de la muerte final.

"La compasión" es un
método de tortura psicológica: Se refiere a
torturar a un familiar del prisionero acusado de subversivo.
Podía ser la esposa, el hijo, la madre o padre de la
víctima quienes eran detenidos y torturados brutalmente
para "ablandar" al subversivo preso. El prisionero estaba
obligado a mirar y escuchar los gritos y lamentos de tortura que
infligían a su ser querido. Este método de tortura,
"la compasión", fue aplicado por primera vez en
Perú por los españoles en el siglo XVIII, cuando
los colonialistas tuvieron que enfrentar uno de las rebeliones
indígenas más grandes del continente americano. El
18 de mayo de 1781, Túpac Amaru, antes de que le corten la
lengua, y que lo amarren a cuatro caballos para que lo
descuarticen, fue obligado por los jueces españoles a
presenciar el suplicio, la tortura y muerte atroz de sus hijos y
de su valerosa esposa Micaela Bastidas. También tuvo que
ser espectador de la muerte de sus principales jefes de su
ejército de liberación.

Un caso más reciente data de julio
de 1983 cuando un comando del ejército peruano
ingresó violentamente en el domicilio de Edgar Noriega
Ascue, ubicado en la ciudad de Huamanga. Casi desnudo lo sacaron
de su casa y lo llevaron al cuartel "Los Cabitos". Los militares
lo acusaron de ser "cabecilla de Sendero Luminoso". Bajo el cargo
de senderista lo torturaron para que "entregue
información". Olga Gutiérrez, su esposa
también fue detenida, y a pesar que estaba embarazada, la
torturaron para que Edgar Noriega, "reconociera su militancia en
el Partido Comunista del Perú (PCP). Olga
Gutiérrez, en su testimonio entregado a la Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR), señala que fue
llevada al cuartel Los Cabitos donde los militares del
Ejército peruano la torturaron por varias horas y que
"luego de aproximadamente cuatro horas soy sacada y conducida
nuevamente al otro cuarto para que me interroguen. Allí
ante mi negativa de aceptar los cargos que me formulaban soy
golpeada increpándome: «ahora vas a escuchar una
voz». En ese momento escucho los gritos de dolor de mi
esposo Édgar Noriega Ascue, que era torturado […] a
él le empiezan a interrogar para que acepte la
acusación de ser terrorista. Al negarse mi esposo en
aceptar dichas acusaciones le dicen con groserías:
«ahora vas a escuchar», y a mí me empiezan a
torturar con golpes de puño en la espalda y en la cabeza y
me rompieron ambos brazos". Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), informe agosto 2003).

Lo métodos de tortura aquí
mencionados, no son suficientes para describir el destino que le
esperaba a una persona sospechosa de pertenecer a la
subversión que por desdicha caía en manos de
militares o policías. Hubieron otras formas de tortura
aplicadas tanto por la Fuerza Armada del Perú, como por
las Fuerzas Policiales. Por ejemplo, el "suero de la
verdad" (en su versión peruana), fue una
invención de los militares. Este método estaba
dirigido a hacer sufrir al extremo a los prisioneros antes de
matarlos. Se trataba de un veneno intravenoso que afectaba el
cerebro y las articulaciones. Una dosis bastaba para que el
prisionero tuviera una muerte lenta, atroz y dolorosa.
Jesús Sosa Saavedra, un ex miembro del ejercito peruano
que participó en los centros de tortura en Ayacucho,
cuenta el caso de una de las victimas. Se llamaba Javier, y era
delgado pero sólido. Tenía 30 años y fue
capturado en 1984 cuando se dirigía de Lima a Ayacucho. Lo
acusaban de ser un enlace entre la dirección del Partido
Comunista del Perú (PCP) y las fuerzas guerrilleras en la
región ayacuchana. En los primeros días de
cautiverio fue torturado, y lo colgaron de los brazos. Casi lo
ahogan en una tina de aguas infectas de suciedad, y le pusieron
cables eléctricos en las partes genitales. No habló
nada, y eso hizo que su estadía en el cuartel "Los
Cabitos" terminara rápido pero con grandes sufrimientos.
El comandante Ejército Peruano Jorge Contreras
decidió probar con este prisionero una inyección
letal que según él podía acabar con la
victima en cinco minutos. ¿Me van a matar, dijo el
prisionero?. No, dijo el comandante Contreras, sólo te
vamos a inyectar esto que es el suero de la verdad, porque
queremos saber si nos has dicho la verdad, -mintió el
militar- (Libro "Muerte en el Pentagonito", 2004. Autor Ricardo
Uceda. La publicación narra, la actuación de las
fuerzas armadas del Perú en la guerra
contrainsurgente).

De acuerdo al relato de Sosa, el "suero de
la verdad" fue inyectado en el brazo derecho de la victima. Las
convulsiones comenzaron con violencia, y cayó por tierra.
Emitía gemidos y se contorsionaba con dolor. Se arrastraba
por el piso en medio de vómitos y alaridos. Había
perdido cualquier control de si mismo, y en ese trance miraba con
desesperación. Daba saltos y sus movimientos eran tan
violentos que entre todos lo sacaron afuera porque la pieza en la
que estaba quedaba chica para sus violentas contorsiones.
Así estuvo por más de 10 minutos y no moría;
por el contrario parecía que el sufrimiento cada vez era
peor. Jesús Sosa, cuenta que "se acercó al
agonizante. Le buscó el rostro y lo que vio fue una mirada
llameante, tan intensa que lo persiguió durante
años. Sus ojos sin parpadear, lo buscaban con
desesperación. Sus orbitas estaban completamente abiertas
mientras seguía sacudiéndose. Sosa, que nunca
había sentido compasión con sus victimas,
sacó su pistola y sin pensarlo, le disparó a la
cabeza. "No hay por qué joderlo tanto", dijo Jesús
Sosa (3).

Ese no fue el único caso de
"inventos" para asesinar prisioneros. Según otro relato de
Sosa, era 1984 y él se encontraba en esos momentos en la
"Casa Rosada". Los militares habían capturado a un joven
con la pinta de pertenecer a la subversión. Era de
estatura baja pero fuerte. La tortura no le hizo ningún
efecto y se cerró en un mutismo que exasperó a sus
verdugos. A unos de los agentes se le ocurrió usar al
prisionero para probar la resistencia de los chalecos antibalas
regalados por el ejército argentino. Había dudas de
la resistencia y calidad de los chalecos. La noche era despejada
y clara. Trajeron al prisionero y le colocaron un chaleco
antibalas color azul. Lo sacaron al exterior de la casa y con una
cuerda lo sujetaron a un árbol. El militar que organizaba
la "fiesta" contó 25 pasos alejándose desde donde
estaba amarrado el joven "subversivo". Con el pie hizo una raya
en el suelo y señalo que desde ahí
dispararían las pistolas. Siguió contando sus
pasos, y cuando llegó a 50 dijo que era la marca para las
metralletas. "La fiesta ha comenzado", gritó, al mismo
tiempo que desenfundaba con rapidez su arma. Eran 8 militares y
querían probar balas de revolver Colt calibre 38 y
pistolas Browning de 9 milímetros. Había
también fusiles de guerra FAL y HK G3. Como recuerda Sosa,
esta ejecución "fue un ejercicio corto. Cuando el primer
tirador disparo una pistola desde los 25 pasos, el cuerpo
impactado dio un brinco, y la cabeza cayó hacia un
costado. Un agente fue hasta el cuerpo vencido del senderista.
"Yo creo que este cojudo ya esta frito", dijo. Examinó el
chaleco y "vio que la bala lo había perforado como si
fuera un bizcocho". Jesús Sosa, que también
participó en esta orgía de sangre, declaró
que los tiradores de pistola siguieron disparando a pesar que el
subversivo sacrificado no daba ninguna seña de vida. Los
soldados con metralletas no quisieron perder la oportunidad de
disparar a un cadáver, y desde los 50 pasos dispararon con
placer. Estas armas de guerra de grueso calibre lanzaron
ráfagas, hicieron que el cuerpo inerte sin vida bailara de
un lado para otro al compás de las balas. La sangre
corría por sus pies como serpenteando el suelo. "Estos
chalecos argentinos son una mierda" dijo Jesús Sosa, en
señal de haber terminado la prueba de los chalecos
argentinos y ejecución del joven subversivo.

Con las prisioneras había otro
trato, pero no mejor al que se daba a los prisioneros varones.
Ellas antes de ejecutarlas eran violadas en grupo por los
soldados. Si alguna prisionera ponía resistencia era
violentamente tratada y asesinada inmediatamente. Era mediados de
1984, dice Sosa, y había un grupo de siete mujeres
jóvenes prisioneras. Ellas iban a ser liquidadas en los
próximos días. Todo había sido planificado
con anticipación, incluso quiénes serian los
ejecutores y el lugar donde serian enterradas. Un grupo de
agentes pidió permiso al mayor Bertarelli, para "tomar" a
las prisioneras, "que de todas maneras serian ejecutadas". Entre
los argumentos que dieron al oficial, señalaron que por
ellas nadie reclamaría y si lo hacían ya no
serviría de nada por que estarían bajo tierra.
Bertarelli aceptó, y todas las prisioneras fueron violadas
hasta la medianoche. Al siguiente día muy de temprano
fueron eliminadas con un tiro en la cabeza cada una. Las
enterraron en dos fosas comunes, una de a tres y otra de
cuatro.

Un testimonio de lo que se hacía en
el cuartel "Los Cabitos" viene de una victima de esos horrores.
Se llama Canchario, y al momento de su suplicio era profesor en
Soccos, donde una patrulla de "Sinchis" (policías)
asesinaron a 69 personas en agosto de 1983. Este testimonio, que
hemos tomado del diario El Comercio (Lima 7 de Marzo de 2006)
explica con exactitud los horrores que padecían los
civiles detenidos que llegaban a este cuartel. "Ya no soy normal,
no puedo dormir, tengo miedo". Él fue torturado
salvajemente en 1983 en el cuartel Los Cabitos: "Yo era profesor
en el distrito de Soccos. Llegaron a mi casa y me sacaron. Me
rebuscaron, decían que yo era comunista cuando yo era de
Acción Popular (4). Querían que firmara una
declaración echándome la culpa de la muerte de unos
policías. Me patearon las costillas, me destrozaron a
golpes, me mandaron a lo que llamaban pollos a la brasa, con
ganchos, me colgaron y amarraron los pies con sogas y me
siguieron castigando hasta que me rompieron la nariz y el brazo
izquierdo. Me metieron después a un cilindro y casi me
ahogan". Como da cuenta la misma victima, mientras que estuvo en
las instalaciones del cuartel Los Cabitos, "vi. cómo
violaban a las mujeres y las metían en sacos y se las
llevaban en helicópteros para arrojarlas en alguna
quebrada". Canchario al final de cuentas, tuvo mejor suerte que
cientos de prisioneros, y fue dejado libre. Un año y medio
después, en 1985, su hijo Prisciliano Canchari, apenas de
18 años fue secuestrado por los militares y llevado al
mismo cuartel donde él fue torturado. Su hijo nunca
salió de ahí, y hasta la actualidad él sigue
buscando sus restos mortales enterrados seguramente en
algún cementerio clandestino de Ayacucho.

Notas: (2). Jesús Sosa Saavedra, sub
oficial del ejercito y ex miembro del Servicio de Inteligencia
Militar. Su carrera de miembro de Inteligencia se inició
durante el gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985). En 1983
hasta 1990 estuvo destacado en la "Casa Rosada" y
participó en cientos secuestros, torturas y asesinatos.
Con el gobierno de Alan García Pérez (1985-1990)
siguió su carrera criminal en el seno del ejército
y grupos paramilitares. En el periodo del régimen de
Alberto Fujimori, Sosa fue integrante del grupo "Colina", y desde
ahí participó en decenas crímenes
clandestinos de estudiantes, trabajadores, profesores, campesinos
y otros. Jesús Sosa fue entrevistado para el libro "Muerte
en el Pentagonito", del periodista Ricardo Uceda publicado en
2004. (3). El testimonio de Jesús Sosa Saavedra ha sido
tomado del libro "Muerte en el Pentagonito, 2004. Autor Ricardo
Uceda. La publicación narra, la actuación de las
fuerzas armadas del Perú en la guerra contrainsurgente.
(4). Accion Popular (AP) es un partido de la gran
burguesía peruana. Su fundador y líder fue Fernando
Belaunde Terry que fue dos veces presidente del Perú. Su
primer gobierno fue 1963-1968, y su segunda administración
transcurrió en el periodo 1980-1985.

El Genocidio de
Putis (Perú)

Ejecución extrajudicial de
más de un centenar de campesinos de Putis: en Diciembre de
1,984, los efectivos militares del Ejército
Peruano,acantonados en la Base Militar de Putis (Ayacucho),
recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron
en el local donde funcionaba el colegio, juntándolos con
otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de
sus viviendas. Les aseguraron, con engaños, que a partir
de ese momento les darían protección y
colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la
calidad de vida de la población. Con ese pretexto los
militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus
armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era
para construir una piscigranja en la que criarían truchas,
mientras a otros, les aseguraron que allí
construirían casas. Mientras los varones cavaban la
supuesta "piscigranja", los militares en una estancia se
dedicaban a violar a las mujeres (y que más tarde
serían asesinadas).

Cuando estuvo lista la supuesta piscina,
los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores
alrededor de la poza, entre los que habían hombres,
mujeres y niños, y sin mayor explicación les
dispararon a matar. Nadie podía escapar, porque los
efectivos militares los tenían cercados
apuntándoles con fusiles de largo alcance. Los militares
asesinaron así, a más de cien pobladores, la
mayoría de ellos, niños, y luego los enterraron en
la fosa que los habían hecho cavar. En dicha fosa
común, se han hallado numerosos cadáveres de
niños de uno y dos años, e inclusive, de fetos,
todos ellos, asesinados por la patrulla del Ejército
Peruano que efectuó este operativo. Los asesinaron porque
tenían sospecha de que estaban vinculados a la
subversión; además, para lucrar con el producto de
la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que,
luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay. Los
militares cubrieron los cadáveres que se encontraban en la
fosa con tierra y piedras. Otra parte de las víctimas
habría sido sepultada al interior de un aula en la
escuela.

A veintiocho años de lo ocurrido,
tanto los ejecutores de este genocidio, como los autores
mediatos, ninguno ha sido castigado, gozan de impunidad y gozan
de la protección del estado peruano.

Cayara, Cceschua
y Erusco

El General José Valdivia
Dueñas, Jefe del Comando Político-Militar de
Ayacucho, dispuso la operación "Persecución". En
esta operación, doscientos efectivos del ejército
Peruano, al mando del Mayor Miguel Nájar
Acosta,irrumpieron, el 14 de Mayo de 1,988, en la localidad
andina de Cayara buscando subvesivos. Violentaron puertas,
robaron e incendiaron viviendas. Dichos efectivos asesinaron a
cinco pobladores que se encontraban en el templo, donde se
celebraban las festividades de la virgen de Fátima. En
Cachuaypampa, ubicada en la quebrada de Cceschua, los militares,
interceptando a los campesinos que se encontraban realizando sus
faenas agrícolas,los reunieron por la fuerza. Luego, los
efectivos militares, armados de hachas, segadoras y machetes,
asesinaron a veinte campesinos varones. Esto, pese a las
súplicas de sus víctimas y el llanto de sus
niños que clamaban por la vida de sus padres.

Posteriormente, y dentro de la misma
operación "Persecución",una patrulla del
ejército asesinó a tres pobladores en la puna de
Erusco. Todos estos crímenes los produjeron los militares
contra civiles desarmados, arrancados del interior de sus
viviendas o de sus chacras, incapaces de defenderse, y sin que
mediara enfrentamiento alguno.

Los efectivos militares, luego de este
operativo, desaparecieron evidencias:

1-Desenterraron los cadáveres de sus
víctimas, y los trasladaron hacia las zonas altas de la
comunidad, en su afán de borrar las huellas del
delito.

2-Eliminaron a la totalidad de los
testigos: del 29 de Junio de 1,988 al 18 de Setiembre de 1,989,
asesinaron uno a uno a los testigos, sacándolos por la
fuerza de sus domicilios o interceptándolos.

Participaron en estos crímenes,
además de los ya mencionados, el Capitán E. P.
Enrique Majluf Vivanco, el Teniente E. P. Alejandro
Avendaño Dávila, el sargento Saúl Gamboa
Reynaldo, entre otros. Ninguno ha sido procesado, y todos gozan
de libertad.

Las
esterilizaciones forzadas

"A mí me esterilizaron a la fuerza y
hasta hoy sufro las consecuencias"
FUENTE:http://www.larepublica.pe/26-04-2011/mi-me-esterilizaron-la-fuerza-y-hasta-hoy-sufro-las-consecuencias-0
Testimonio de Sabina Huilca, una de las víctimas de la
planificación familiar efectuada por el presidente Alberto
Fujimori. El Ministerio Público archivó el caso de
las esterilizaciones forzadas durante el fujimorato.

"Luego de haber dado a luz a mi cuarta
hija, me fui al centro de salud de Izcuchaca (provincia de Anta,
Cusco), donde, luego de recibir la atención del
médico, éste me dijo que ya no tuviera más
hijos y que me hiciera el AQV (Anticoncepción
Quirúrgica Voluntaria). Me negué y me
respondió "Tonta, vas a tener más hijos y no
podrás criarlos. De pronto una enfermera me coloca una
inyección. Yo no sabía que era anestesia. Al
despertar tenía los pies y las manos atados con vendas en
la cama, como animal. Después me di cuenta de que me
estaban cosiendo", relata Sabina Huilca Cóndor, una de las
víctimas de la esterilización forzada ejecutada por
el gobierno de Alberto Fujimori como parte de su estrategia para
reducir la pobreza: ""¡Qué me han hecho!",
grité. "Ya vamos a terminar", me contestó el
médico que me cosía. Ya me habían malogrado
(esterilizado) Yo me puse a llorar. Lo recuerdo como si hubiera
sido ayer. ¿Por qué? Porque a mí me
esterilizaron a la fuerza y hasta hoy día sufro las
consecuencias. Es imposible que lo olvide".

Víctima del plan
fujimorista.

Sabina Huilca, ahora con 41 años,
había cumplido 21 cuando, sin su consentimiento, los
médicos del Ministerio de Salud la esterilizaron de
acuerdo con un plan aprobado y alentado por Fujimori. Desde hace
más de dos décadas las víctimas de la
política de planificación familiar del fujimorato
han intentado infructuosamente que se castigue a los autores
intelectuales y materiales. No obstante que en el 2003 el Estado
peruano se comprometió con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a investigar y
sancionar a los responsables, el 26 de mayo del 2009 el fiscal
Jaime Schwartz Azpur archivó definitivamente el
caso.

Se estima que son 2,022 las mujeres a
quienes el estado peruano afectó de por vida. El estado
peruano se niega a inculpar y procesar a los
responsables.

"En noviembre último hubo una
reunión de trabajo en Washington de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, luego de la cual
difundió un comunicado condenando al Estado peruano por
mantener la impunidad de los casos de esterilización
forzada", explicó Rossy Salazar.

Entre los acusados se cuenta al ex ministro
de Salud Alejandro Aguinaga Retuerto. Aguinaga es médico
personal del ex presidente Fujimori.

"Yo quisiera olvidar pero no puedo. Es
imposible. Me hicieron daño de por vida, a mi y muchas
mujeres más", afirmó Sabina Huilca, de la comunidad
campesina de Huayllaccocha, Cusco.

Cifras:

2,022 son las mujeres víctimas de
las esterilizaciones forzadas entre 1996 y 1998. 300 mil
esterilizaciones se hicieron como parte del programa
fujimorista.

Hace una década Estado del
Perú aceptó su culpa

En 2003, el Estado del Perú y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos firmaron un
acuerdo amistoso en relación con el caso de la campesina
Mamérita Mestanza, muerta en 1998 luego de
aplicársele la esterilización sin su
autorización.

En esa ocasión, el Perú
reconoció los abusos que se cometieron en la
aplicación del programa de planificación familiar y
prometió investigar y castigar a los
responsables

El Estado peruano ha documentado la
realización de 300 mil esterilizaciones. La
Defensoría del Pueblo ha reportado más de dos mil
casos de esterilizaciones forzadas, la mayor parte en el contexto
del "estado de emergencia" para combatir al
terrorismo.

La autoría
de los genocidios en el Perú

Los genocidios perpetrados en el
Perú en los años 80"s y 90"s no fueron accidentales
o actos de unos cuantos elementos descarriados de las Fuerzas
Armadas y Policiales peruanas, como propagandizan los gobiernos
de turno desde Belaunde al gobierno actual de Ollanta Humala.
Estos argumentos son refutados por los mismos autores y
protagonistas. El acusado Presidente García Pérez y
el principal ejecutor del genocidio del Frontón almirante
Luis Giampietri sostienen que los asesinatos en masa de
campesinos desarmados en la sierra peruana y de presos
políticos en los penales fueron "combates" regulares. Con
este argumento el intento de genocidio de García
Pérez y su vice-presidente está establecido.
García declaró en una reunión-desayuno en la
víspera del genocidio del Frontón (Junio de 1,986):
"Qué pasa si nos bajamos a todos? Nada pues". Hizo similar
aseveración durante un Consejo de Ministros la noche
anterior de la masacre. Por lo tanto, los genocidios en el
Perú fueron implementados bajo la dirección
explicita y tacita de las autoridades del Estado para "combatir"
a los enemigos del viejo orden. Cuando Giampietri dice que
derribó las paredes del Frontón para enterrar vivos
a presuntos "terroristas" por orden del Viceministro
Agustín Mantilla, establece la responsabilidad del
gobierno aprista en representación del Estado.

Las pruebas del intento de las autoridades
de exterminar físicamente en forma consistente a
sospechosos de pertenecer o simpatizar con el Partido Comunista
del Perú (PCP) no son circunstanciales sino conclusivas.
Considerando que las cárceles y las comunidades campesinas
eran centros de resistencia popular, la orden expresa del
gobierno aprista era "ANIQUILAR toda resistencia" como testimonia
Giampietri; y la forma más efectiva y superior del
aniquilamiento en masa de enemigos políticos, es el
genocidio. Pero no solo fue el Estado que pedía
abiertamente el aniquilamiento de senderistas sospechosos
(libres, presos e inocentes) por los escuadrones de la muerte del
Estado, sino también la prensa "independiente" y
"democrática" que coordinaba (y sigue coordinando) con el
Estado en las labores de guerra sicológica contra el
pueblo peruano. El periodista César Hildebrand, siempre
pedía:"limpien el VRAE (allí viven cerca a medio
millón de personas!)". Un llamado semejante al de la
Alemania Nazi, como lo prueba la obra Mein Kampf de Hitler y la
prensa de Goebbels, donde promovían la eliminación
física de las personas.

El almirante Luis Giampietri ha seguido
sirviendo a los gobiernos de García Pérez y
Fujimori (el Apro-fujimontesinismo). Al primero como ejecutor
principal del genocidio del Frontón (y posteriormente su
vice-presidente) y al segundo como enlace de Montesinos para los
sobornos de la trasnacional chilena "Luccheti". Fue candidato a
regidor de la Municipalidad de Lima en la lista del fugitivo
Hurtado Miller que recibió un millón de
dólares del Servicio de Inteligencia Nacional.

Luis Giampietri y los altos mandos
castrenses, piden impunidad sólo para los miembros de las
Fuerzas Armadas encausados por crímenes. Ellos declaran:
"hemos sido juzgados, sentenciados y sobreseídos de la
causa." (La Republica, 26-12-2005). Pero lo que ignoran estos
personajes es, que de acuerdo a la ley internacional los
crímenes de guerra no pueden ser sobreseídos (no
tienen estatutos de limitación).

La Comisión de la Verdad y
Reconciliación, cuyos miembros en su mayoría
estuvieron involucrados como ONGs en la guerra contra subversiva
desde los 80"s, casi todos financiadas por el imperialismo, hizo
el papel de juez y parte. Minimizaron el rol genocida del Estado
a solo unos "excesos" de algunos "militares descarriados". Por
otro lado le imputo al grupo rebelde 35,000 muertos para
preservar la "buena imagen" de las FFAA y policiales. Así
trataron de voltear la mesa y presumir que el movimiento
revolucionario era el agresor y el viejo Estado la
víctima. Con este propósito, manipularon los datos,
inflaron las cifras de victimas (ya documentadas con
anterioridad), tergiversaron los argumentos del movimiento
maoista y finalmente torcieron los testimonios de 17,000 personas
que lograron entrevistar. Por ejemplo, cogieron unas
líneas de un documento público del Partido
Comunista del Perú que describe brevemente la
acción guerrillera en Lucanamarca donde causaron decenas
de bajas a las rondas paramilitares (las masas nucleadas y usadas
como parapetos por el ejército).

Pero no reportaron que como represalia a
esta acción subversiva, las Fuerzas Armadas aniquilaron
esa comunidad campesina (la desaparecieron del mapa). La
Comisión de la Verdad y Reconciliación, sin
proponérselo, reconoce que la revolución peruana
fue dirigida por un Partido Comunista, reconoce que esa
revolución fue esencialmente una guerra campesina en el
cual 3 de 4 victimas eran campesinos quechua-hablantes (Prefacio
del Reporte de la CVR). Pero el mismo documento del PCP que la
CVR cita una y otra vez, presenta una estadística clara de
sus acciones guerrilleras comparada a la de las Fuerzas Armadas.
El 99% de los crímenes son atribuidos al
Estado.

El aniquilamiento selectivo efectuado por
la guerrilla maoísta sólo llega al 1% del total
(acciones guerrilleras y el sabotaje económico). Por otro
lado, demuestra que la aniquilación y el arrasamiento de
comunidades campesinas eran parte de la estrategia
contra-subversiva del estado peruano. Junto a ello el cautiverio
de poblaciones indefensas en nucleamientos militares (las
llamadas liberaciones de bases senderistas), el maltrato
sistemático, el asesinato en masa como forma de
exterminación y el odio de clase para infundir temor y
terror, fueron parte de la doctrina contrainsurgente. Pero para
demostrar lo contrario y tapar los genocidios del Estado, la
Comisión de la Verdad y Reconciliación no
tenía otra alternativa que fabricar cifras abultadas de
victimas imaginarias con el fin de achacárselas a los
rebeldes. Para tal propósito contrataron al Dr. Bell, un
experto en interpolaciones estadísticas
seudo-científicas que trabajo para EEUU en Kosovo, Bosnia
e Iraq. La Comisión de la Verdad y Reconciliación
fabricó censos apócrifos para justificar el numero
de víctimas imaginarias atribuidas al Partido comunista
del Perú, que fue denunciado por varios investigadores
sociales.

El genocidio en Perú, no fue
desborde accidental de uno que otro militar desquiciado o con
instintos criminales: fue toda una política de estado,
diseñada en las más elevadas esferas
políticas del estado peruano: la prueba está en lo
siguiente: las matanzas se regían por el mismo
patrón: torturar a los prisioneros, violar a las mujeres,
y desaparecer el cuerpo del delito: para esto, los militares o
desnudaban a los prisioneros antes de la matanza, para dificultar
la identificación, o bien, quemaban los restos en
algún horno crematorio implementado para el efecto, o los
enterraban en fosas comunes cubiertas con cal, para que no
emanaran mal olor, o bien, los sepultaban en tumbas clandestinas
como N.N. Además, agréguese la negativa de los
mandos militares a dar cuenta del paradero de sus
víctimas. Otro rasgo: la eliminación física
que los victimarios efectuaban de cuanto testigo pudiera quedar
con vida, y por último, negar su autoría en estas
matanzas. Este patrón común aplicado por las
"fuerzas del orden" en las matanzas, es el que aplicaron los
militares -y policías- en Uchuraccay, Putis, las fosas
comunes de Pucayacu, Cayara, Pomatambo, Accomarca, Umaru,
Bellavista,Lloqllapampa, Chumbivilcas, Aucayacu, el
Pabellón Británico del Penal de Lurigancho en
1,985,los penales en 1,986,el operativo "Mudanza 1" del penal de
Castro Castro en 1,992, La Cantuta, Barrios Altos…etc. etc. Los
militares pues, obedecían a toda una estrategia de
exterminio diseñada en los más altos mandos
políticos del estado peruano.

Acusar de crímenes de guerra a
movimientos revolucionarios, criminalizar las protestas
populares, es vieja táctica del imperialismo para
desacreditarlas ante la opinión publica mundial. Tal como
lo hacen contra el Partido Comunista del Perú,lo hicieron
en el Congo con el movimiento revolucionario de Kabila, con Hamas
y la Intifada en el Medio Oriente, con los maoístas en
Nepal, el ERI en Irlanda, etc. Hasta se atreven a comparar a los
maoístas peruanos con Pol Pot de Camboya. Esta
comparación grosera es negada inclusive por el
senderólogo Scott Palmer de Harvard: Los crímenes
atribuidos a Pol Pot presuntamente se cometieron cuando estaba en
control del Estado (si lo hubo fue terrorismo de Estado), la
ideología de Pol Pot era nacionalista (persiguió a
sus ciudadanos de origen chino y musulmán) y el Khmer
Rouge no era un Partido Comunista. Nadie puede negar que el
Partido Comunista del Perú fue autor de aniquilamientos
(especialmente como respuesta a los genocidios del Frontón
en 1986 y Castro Castro en Mayo de 1,992), pero esos episodios
fueron muy selectivos y representaron menos del 1% de sus
acciones guerrilleras que sobrepasan el millón
(documentadas y probadas: nada comparable con los genocidios
persistentes y sistemáticos perpetrados por el Estado
peruano durante más de dos décadas. Los episodios
breves y selectivos de asesinatos políticos no pueden ser
considerados genocidios (B. Harff, 2000).

El genocidio del Estado peruano es
comparable al de Guatemala (1978), donde operaron escuadrones de
la muerte de las fuerzas armadas; hubieron múltiples
masacres contra militantes y simpatizantes comunistas, incluyendo
un desplazamiento poblacional forzado. Otro ejemplo es el de Sri
Lanka (1989); etc.

La campaña de la impunidad se
convierte en tema central. El Congreso de García
Pérez impulsó un proyecto de ley que otorgase una
segunda amnistía a varios militares identificados como
autores materiales de genocidios cometidos durante la guerra
contra-subversiva. La primera amnistía a criminales de
guerra (miembros de escuadrones de la muerte) lo otorgo el
Congreso controlado por el Servicio de Inteligencia Nacional
(SIN) de Montesinos en los años noventa pero quedó
anulada por la Corte Internacional. Además de buscar la
amnistía, están buscando el apoyo del gran elector
histórico en el Perú: las Fuerzas Armadas,que
siguen siendo controladas por militares fascistas y genocidas que
prestaron lealtad al gobierno de Alberto Fujimori y
Montesinos.

En conclusión, los genocidios y
asesinatos políticos en masa en el Perú los
ejecutaron y los siguen ejecutando escuadrones de la muerte de
las mismas Fuerzas Armadas, quienes responden a políticas
de Estado. Todos los episodios de genocidio y asesinatos
políticos en masa desde el Estado han sido perpetrados por
las clases sociales en el poder con el propósito de
aniquilar o destruir en su totalidad o en parte a grupos que les
cuestionan y disputan el control del Estado peruano. Finalmente,
como lo anticipó José Carlos Mariategui la
revolución peruana fue y será fundamentalmente una
guerra campesina.

Referencias

BIBLIOGRAFÍA

RICARDO UCEDA, Muerte en el Pentagonito:
los cementerios secretos del Ejército

Peruano, Planeta, Bogotá, 2,004.
ISBN:958-42-1071-8.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN (PERÚ), Ayacucho: informe final,
1,980-2,000, OX,FAM-DFID, Lima, 2,004.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN (PERÚ), Abusaruwanku =
Violación de mujeres:

silencio e impunidad, Comisión de
Derechos Humanos, Lima, 2,003.

CASO CAYARA-COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN.-LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y
ENCUBRIMIENTO EN CAYARA (1,988)

OTRAS FUENTES DE
INFORMACIÓN

en Putis-ayacucho-Youtube

[1]

matanza de Putis-comisión de la
Verdad y Reconciliación[2]

Cayara-Comisión de la Verdad y
Reconciliación[3]

Autor:

Jesús Toledo