- El
recurso a los especialistas - El
Plan de Estabilización de 1959 y el de Desarrollo de
1960 - La
"apertura" política, el ministro Fraga y la Ley de
Prensa de 1965 - El
Concilio Vaticano II y sus efectos políticos en
España - Notas
Una medida importante en el desarrollo institucional
de la España franquista, durante mucho tiempo ignorada por
los historiadores, fue la creación en 1957 de la
Secretaría General Técnica de la Presidencia del
Gobierno, propuesta por Laureano López Rodó al
almirante Luis Carrero Blanco, principal colaborador del dictador
Francisco Franco. Su norma de creación fue el Decreto Ley
de 20 de diciembre de 1956, y su primer titular fue precisamente
López Rodó. Éste había concebido la
SGT como un instrumento para poner en marcha una profunda reforma
administrativa, que hiciera del régimen un Estado de
Derecho no democrático, cosa que aún no
había conseguido tras 17 años de existencia. Desde
entonces, trabajando en un despacho cercano al de Carrero Blanco
y siendo él mismo el consejero con más influencia
ante Franco, López Rodó ejerció durante la
década 1957-1967 una influencia considerable en el
gobierno de España.
El 15 de diciembre de 1960 abrió sus puertas la
Escuela de Administración Pública de
Alcalá de Henares, completando el propósito inicial
de López Rodó con la Secretaría General
Técnica: transformar el régimen militar de Franco
desde su interior, con mucha discreción, lo que
parecía que comenzaba a conseguirse con cierto
éxito. Fueron las transformaciones casi
subterráneas, y su enorme amplitud pasaron en parte
desapercibidas al propio Franco, y sentaron las bases de la
posterior transición democrática de los años
1970. López Rodó, miembro de Opus Dei,
sugirió a Carrero los nombres de 18 nuevos ministros con
los que Franco quería reemplazar a su Consejo de
Ministros, que había dado muestras de rebeldía y de
mala gestión en 1956; curiosamente, sólo uno entre
ellos era correligionario de López Rodó en la Obra.
[1] No intervino, sin embargo, en el nombramiento de dos
importantes personajes de la época, los financieros
Navarro Rubio y Ullastres. La elección de estos
economistas iba a revelarse como una medida muy afortunada, pero
eso no significa que Franco hubiera imaginado de golpe, ni
siquiera comprendido, la política económica que
ambos pensaban poner en práctica. En realidad fue el
éxito inicial de estos dos ministros lo que les
permitió más adelante su mucho más
importante ley de de liberalización de cambios.
Franco estaba obsesionado por el equilibrio de la balanza
comercial, que le parecía el dato más importante de
toda la economía nacional. En sus inicios, Navarro Rubio
adoptó severas medidas de rigor presupuestario, que
permitieron cerrar el ejercicio 1957 con superávit, y
después llevó a cabo una reforma fiscal que
aumentó los recursos del Estado, mientras que Ullastres,
al fijar una tasa de cambio única de 42 pesetas por
dólar (la tasa oficial era de 5 pesetas por dólar)
hacía que España se volviese atractiva para la
inversión extranjera, al mismo tiempo que hacía
disminuir las importaciones.
Franco no renunciaba por aquel entonces a sus tesis
sobre la autarquía financiera y económica nacional,
condicionadas por la realidad de 1939 en España y la
segunda guerra mundial en el mundo: en la primera reunión
de la nueva Comisión de Asuntos Económicos del
Consejo de Ministros, celebrada el 15 de marzo de 1957, presidida
por el propio Franco, el dictador abrió los debates
poniendo sobre la mesa el tema de la balanza comercial, exigiendo
medidas para reducir su déficit y para limitar al
máximo la exportación de divisas. [2] El
rigor y la competencia profesional de Navarro Rubio y Ullastres
supieron aclarar a Franco que no había motivos de
preocupación por aquella parte, pero el dictador, sin
formación en economía ni finanzas públicas,
no podía comprender el alcance de las medidas que a
continuación propusieron los dos ministros, que
pretendían preparar a la economía española
para acceder a los instrumentos financieros y el crédito
del FMI y el BIRD. La acción conjunta de los dos
economistas con el nuevo ministro de asuntos exteriores propuesto
por López Rodó, Castiella, llevó a
España a ingresar de manera efectiva en ambos organismos
económicos internacionales el 20 de mayo de 1958. Navarro
Rubio relató luego ampliamente en sus Memorias la
extrema dificultad con la que logró que Franco aceptase su
política económica de integración en
mecanismos internacionales, sobre todo debido al apego del
dictador a las tesis de la autarquía, defendidas por
antiguos colaboradores suyos, como el antiguo ministro de
economía Juan Antonio Suanzes, por aquel entonces Director
del Instituto Nacional de Industria (INI) y que, en diciembre de
1957 no veía con buenos ojos las reformas que Navarro y
Ullastres pretendían introducir; es más,
pronosticaba que no durarían mucho en el gobierno.
[3]
Cuando Navarro y Ullastres querían abrir la
economía de España a los vientos internacionales,
Franco oponía una fórmula que daba a entender su
preferencia por evitar riesgos y continuar con las
fórmulas conocidas: "Hay poco que rectificar."
Franco temía a los órganos internacionales, de los
que recelaba intenciones malévolas de injerencia
política en sus países miembros, y se
resistía a la liberalización de cambios y al
abandono del intervencionismo estatal en la economía.
Teniendo en cuenta su ilimitado poder personal y su carrera, en
la que la prudencia y el instinto de la oportunidad le
habían dado excelentes resultados, afrontaba con dudas y
temores comprensibles los cambios. Las primas y las subvenciones
estatales habían sido las palancas fundamentales de su
política económica desde 1940 y se revelaban como
medios de presión muy poderosos. Intuía que la
liberalización económica disminuiría el
poder del Estado y su capacidad personal para controlar el
país. En febrero de 1959, cuando el FMI, con el que
Navarro Rubio y Ullastres habían negociado, se
ofreció a preparar con ambos ministros un "plan de
estabilización", Franco se mostró reticente:
"No es el momento." Navarro Rubio tuvo que poner todo su
prestigio personal en juego y hacer valer la amenaza de una
bancarrota humillante del Estado porque la convertibilidad de la
moneda, adoptada por varios países europeos en diciembre
de 1958, había hecho que fuera probable una
devaluación colateral de la peseta, y también
estaba favoreciendo la evasión de capitales. Navarro tuvo
que recordarle a Franco su pasado como soldado nacional en la
guerra civil española, evocarle la amenaza de la vuelta al
racionamiento de 1940 y apelar al patriotismo del viejo y
testarudo general. Al final, la eventualidad de su
dimisión en un momento crítico hizo ceder a Franco:
aceptó el plan de estabilización del FMI y en julio
de 1959 Navarro y Ullastres solicitaron su presentación
oficial ante las Cortes Generales. Mientras tanto, los dos
ministros ya habían logrado poner en práctica
algunas de las medidas del plan, sin el conocimiento de Franco y
bajo su propia responsabilidad. [4]
En julio de 1959 Franco, que había permanecido
reticente durante dos años a la liberalización,
pareció convencerse de que Navarro Rubio tenía
razón en sus tesis; en una conversación privada con
uno de sus más fieles colaboradores, lo sorprendió
al afirmar: "los ministros de Hacienda que he tenido hasta
Navarro no han visto claro el asunto, eran unos técnicos
que no querían ver nada del exterior". Siguiendo una
costumbre bien conocida, el dictador reinterpretaba el pasado
bajo una nueva óptica, lo que daba a entender que
había asumido que había que cambiar. El
rápido éxito del Plan de
Estabilización permitió a Navarro anunciar el
siguiente paso: un Plan de Desarrollo, que
anunció en un pleno de las Cortes el 19 de diciembre de
1960. El siguiente marzo, el ministro Navarro se vio favorecido
por el cese como ministro de Falange del viejo Arrese, que se
había opuesto a su política y se había
enfrentado a él. El mismo Franco, satisfecho por los
buenos resultados iniciales de la nueva política
económica, defendió en 1960 el Plan de
Estabilización con no poco oportunismo frente a las
críticas del antiguo ministro de comercio, Arburúa.
[5] Franco tuvo muchos defectos, tuvo una formación
limitada y referida sobre todo a su carrera militar, y fue un
dictador vengativo que reprimió en exceso a sus antiguos
adversarios políticos de las izquierdas políticas;
sin embargo, también tuvo sus virtudes, y su larga
dictadura dejó tantos detractores como defensores. A
diferencia de otros regímenes democráticos en la
Historia de España, tuvo un sincero deseo de mejorar las
condiciones materiales y económicas del país, y
pese a quien pese, lo consiguió; la República, en
cambio, hundió la economía española,
además de crear inestabilidad política y social sin
beneficios tangibles a cambio.
A finales de 1961 Franco, impresionado por la
aceleración económica del país y convencido
de los buenos resultados de la nueva orientación,
hacía suya la nota que le había pasado López
Rodó: "El panorama económico español, en
el último año, no ha podido ser más
satisfactorio. El índice medio de producción
industrial ha aumentado en este año en más de un
10% respecto del anterior. El coste de la vida ha permanecido
prácticamente inalterado. La cotización de la
peseta en las principales bolsas extranjeras permanece estable.
Nuestro signo monetario […] goza de alta estima en el
exterior." […] [6] Para lanzar el Plan de
Desarrollo de 1960 Franco recluó como ministro de
industria a un brillante ingeniero naval convencido de las
virtudes de la política de liberalización
económica, Gregorio López Bravo. Pronto surgieron
diferencias entre el nuevo ministro y el antiguo director del
INI, Suanzes, y Franco no dudó en tomar partido por el
nuevo, pese a la larga colaboración de Suanzes de
años atrás. En marzo de 1962 afirmaba en privado
que "marchamos hacia el Mercado Común, pero sin prisas
y sin ningún nerviosismo" y que "no hay
más remedio que incorporarnos a Europa", haciendo
referencia a la CEE, creada en 1958. [7] Pese a que se
había opuesto al principio con decisión a la
integración económica de España en los
mecanismos internacionales, al final supo escuchar a los
partidarios del cambio y aceptó sus ideas, aunque
contravenían casi todos los axiomas de su práctica
política, basados en la prudencia, la oportunidad y el
recurso a la experiencia. Por lo tanto, Franco podía ser
un reaccionario, pero no era ciego ni estúpido, y lo
demostró cediendo ante los tecnócratas al
comprender que éstos tenían razón, y
él, no.
En diciembre de 1959, la visita del presidente
norteamericano Dwight D. Eisenhower a España, el
legendario "Ike" que había llevado a la alianza
occidental a la victoria en la segunda guerra mundial,
constituyó para Franco un triunfo personal. El jefe de
Estado de la nación más poderosa del mundo llegaba
a España investido de toda su autoridad personal en viaje
oficial. Hasta entonces Franco sólo había recibido
a jefes de Estado que jugaban un papel modesto en el escenario
internacional. La llegada de Eisenhower, acaecida después
de los Acuerdos Bilaterales con Estados Unidos de 1953,
y a renglón seguido de la entrada de España en la
ONU en 1955, el abrazo de "Ike" a Franco, con
fotógrafos inmortalizando el momento, era un cambio
notable. Se trataba de "la prueba de que Franco había
tenido antes que todos los demás", estribillo que la
prensa española del régimen repitió hasta la
machaconería como preludio a las fiestas navideñas
de 1959. El Generalísimo se había dado el
lujo de recorrer Madrid en coche descubierto junto al presidente
norteamericano, a pesar de los temores expresados por los
servicios de inteligencia y seguridad del FBI, después de
haber precisado al general Camilo Alonso Vega que, como Director
General de Seguridad español, le correspondía a
él tomar las medidas de seguridad necesarias para que la
visita de Eisenhower fuera un éxito. Y realmente lo fue:
no hubo el más mínimo incidente, todo fue como la
seda. [8] Conseguido el auge económico y confirmado
el reconocimiento internacional, nunca el régimen
había parecido tan fuerte. ¿No había llegado
pues el momento de plantearse la conveniencia de ensayar una
"apertura" política, de dar un paso hacia un
sistema de libertades que redujera la distancia con los
países a los que España aspiraba a emular, como los
de la Europa occidental?
A decir verdad, puede uno preguntarse si Franco
consideró alguna vez necesario "liberalizar" las
instituciones y la práctica del régimen. Es verdad,
por ejemplo, que no comprendía que el
"catalanismo" correspondía a unas inquietudes
sociológicamente muy arraigadas. En mayo de 1959 se
quejaba ante uno de sus confidentes más próximos
del "excesivo" catalanismo del Abad de Montserrat, Don
Aureli Escarré. [9] En 1960, con ocasión de
su visita a Cataluña y de un concierto dado en el Palau de
la Música de Barcelona en honor del poeta catalán
Joan Maragall, estalló un pequeño incidente porque
el gobernador civil había vetado la interpretación
del himno catalán Cant de la Senyera ("canto
de la bandera"). Este veto provocó la ruidosa
protesta de algunos jóvenes catalanistas que entonaron el
himno vetado, y la detención de varios de ellos, entre los
que se encontraba un líder estudiantil llamado Jordi
Pujol, que sería luego un personaje de primera fila
política durante mucho tiempo en la democracia. Un mes
más tarde, el mismo día en que sesionaba el consejo
de guerra que juzgaba la algarada de Pujol y su amigo Francesc
Pizón, Franco expresaba su apoyo personal a la
detención y enjuiciamiento de ambos líderes
estudiantiles, porque los servicios de seguridad del Estado
habían registrado el domicilio del primero y habían
hallado en él panfletos de propaganda secesionista y
pruebas de que realizaba tareas de agitación subversiva.
Ahora bien, Jordi Pujol, militante de Acción
Católica, no podía ser acusado de
"marxismo" ni de complacencia con las izquierdas o la
masonería. Pero Franco afirmaba que los seminarios
catalanes eran escuelas inflamadas de secesionismo catalanista.
[10] El consejo de guerra no dudó en imponer siete
años de prisión a Pujol y a Pizón por
"propaganda contra la Jefatura del Estado". Es verdad
que la pena luego fue muy suavizada y reducida, pero el posterior
presidente de la Generalidad Catalana pasó cerca
de dos años y medios en la prisión de Zaragoza, de
la que fue liberado ordinariamente el 24 de noviembre de 1962.
[11]
Una eventual apertura política no afectaba, pues,
a Cataluña. Sin embargo, el 16 de enero de 1960 Franco
había confiado a uno de sus íntimos: "El
régimen desembocará en una monarquía
representativa, en la que todos los españoles
podrán elegir sus representantes en el parlamento y tener
así intervención en el gobierno del Estado, lo
mismo que en los municipios." [12] No se le puede,
pues, negar al dictador una cierta visión de futuro. Pero,
según su costumbre, no precisaba la fecha de dicha
mutación. Por otra parte, le produjo una viva
irritación la reunión organizada en Múnich
por el llamado Movimiento Europeo, entre el 5 y el 8 de
julio de 1962, en el curso de la cual una delegación
española, compuesta por republicanos en el exilio (Rodolfo
Llopis, Joaquín Satrústegui y Félix Pons,
entre otros) y de demócratas cristianos, algunos de ellos
residentes en España (José María Gil Robles,
el escritor José María Gironella y otros menos
conocidos) e incluso antiguos falangistas como Dionisio Ridruejo,
hizo votar una moción destinada a suspender todas las
negociaciones entre la CEE y España hasta que el
régimen adoptara medidas significativas tendentes a la
democratización del Estado. [13] A su regreso a
España, Gil Robles y Ridruejo fueron detenidos y
encarcelados.
Este asunto sólo logró retardar un cambio
notable: ya en enero de 1962, Laureano López Rodó
se había convertido en Comisario del Plan de
Desarrollo, lo que no gustó a Navarro Rubio, muy
celoso de sus prerrogativas, como había demostrado en
agosto de 1959 a propósito de un conflicto de competencias
con Ullastres. Pero lo importante fue, en julio de 1962, el
cambio de gobierno en el que entraron Lora Tamayo en el
Ministerio de Educación, Gregorio López Bravo en el
de Industria, y Manuel Fraga Iribarne, que sustituía a
Gabriel Arias Salgado, en el de Información y Turismo. La
elección de Manuel Fraga es significativa de la capacidad
de Franco para percibir "el aire de los tiempos", aunque
fuera en contra de sus preferencias personales. López
Rodó, muy diferente de Fraga, no ha dejado de elogiar a
este último, "uno de los políticos mejor
dotados intelectualmente", gracias a "su capacidad de
asimilación, su impresionante memoria y su vasta cultura
personal". [14] Fraga dio pruebas, a lo largo de su
dilatada carrera durante y después del franquismo, de que
era capaz de desempeñar un importante papel bajo cualquier
régimen. Una de las cualidades más evidentes de
Franco, y hay que admitir que la supo aprovechar positivamente,
fue la de saber rodearse de hombres cuya estatura intelectual,
cultural y talento personal eran muy superiores a las suyas
propias. No hay que extrañarse por ello. Cuando un
régimen parece indesarraigable, al menos durante muchos
años, los hombres que aspiran a ejercer una parcela
destacada de poder, ya sea por ambición personal, ya sea
porque quieren poner en práctica sus ideas y
planteamientos propios, y con más frecuencia por ambos
motivos a la vez, se unen a dicho régimen. Sin duda,
ése fue el caso de personas como Ullastres, López
Rodó, Fraga Iribarne o López Bravo, que
realizó importantes tareas con éxito tanto como
Ministro de Asuntos Exteriores como Ministro de Industria.
[15]
Manuel Fraga se propuso modificar la imagen del
régimen en el exterior. Decidió, no obstante,
proceder con prudencia, con el objeto de no provocar a los
llamados "ultras" que, a pesar de todo, lo atacaron
furiosamente a partir de marzo de 1963. Los insultos
("vanidad histriónica", "deseo mórbido de
notoriedad") y las afirmaciones según las cuales su
ministerio era un refugio para "traidores, irresponsables y
vendidos" le obligaron a medir muy bien sus pasos. Fraga
inventó el eslógan "25 años de paz"
para acompañar el año 1964 y organizó
grandes manifestaciones a fin de celebrar esa feliz coyuntura,
pero no pudo obtener que la amnistía concedida con dicha
ocasión fuera total: se limitó a reducciones de
penas, dosificadas en función de la importancia de las
condenas. En 1965 el Ministro de Información logró
por fin hacer que se aprobara la Ley de Prensa, en la
que trabajaba desde que llegara al gobierno. En la
legislación de esa época ninguna ley tuvo tanta
influencia sobre la política y la sociedad
españolas del momento. [16] El mismo Franco,
Carrero Blanco y el general Camilo Alonso Vega, entre otros, se
mostraban suspicaces y recelosos hacia el proyecto de ley. Fue
necesario que Fraga, apoyado por varios ministros de corte
"civil", especialmente por López Rodó y
Silva Muñoz, desplegase toda su energía en todo
momento para obtener la aprobación de Franco, sin duda con
reservas, pero decisiva. Se ha citado en varias ocasiones la
frase de Franco que puso fin al debate: "Yo no creo en esa
libertad [de prensa] pero [esta ley]
es un paso al que nos obligan muchas razones importantes. Y
por otra parte, pienso que si aquellos débiles gobiernos
de principios de siglo podían gobernar con libertad de
prensa, nosotros también podremos." [17]
Finalmente, su confianza en la solidez de su régimen
había prevalecido sobre sus reservas personales, y
había considerado que ya no debía dejar a su
sucesor la tarea de suprimir la censura informativa y de
opinión en los medios de comunicación.
Sin embargo, no cesaron en el seno del mismo gobierno
los ataques contra la Ley de Prensa. Alonso Vega,
Ministro de Gobernación (Interior), llegó a decir
en cierto momento: "Me cago en la ley ésa." Fraga
tuvo que amenazar con su dimisión y, cuando ésta
fue rechazada, prever un catálogo de infracciones y de
sanciones relativas a emisoras de radio, distribuidoras
cinematográficas y espectáculos públicos. La
hostilidad de los "duros" del gobierno se explica porque
la conocida como Ley Fraga tenía sin duda la
ventaja para el régimen de que "encauzaba y recuperaba
las tensiones sociales en pos de la libertad, pero a la vez
hacía indudables concesiones" a las reservas
ideológicas y morales del régimen. [18]
Fraga recibió una negativa cuando propuso que las Cortes
pasasen a ser renovadas mediante sufragio universal. Por otra
parte, una medida liberal como la Ley de Prensa (a pesar
de sus limitaciones) fue contrapesada, por decirlo así, en
el mismo consejo de ministros de agosto de 1965 por las sanciones
adoptadas contra varios docentes universitarios
políticamente contestatarios contra el régimen.
Tres de ellos fueron retirados de la carrera académica:
Enrique Tierno Galván, José Luis Aranguren y
Agustín García Calvo; otros dos fueron suspendidos
de empleo y sueldo por dos años: Montero Díaz y
Aguilar Navarro.
A finales de 1965 el problema de la sucesión de
Franco al frente del Estado, que todavía no había
sido abordado en profundidad, creó en el seno del
régimen una impaciencia e incluso una preocupación
crecientes. Uno a uno, los ministros Carrero Blanco, Alonso Vega,
Lora Tamayo, López Rodó y Fraga Iribarne
insistieron ante Franco para que diera una solución
definitiva a la cuestión sucesoria. El consejo de
ministros del 2 de abril de 1965 había servido de
ocasión para una ofensiva preliminar generalizada:
sucesivamente Navarro Rubio, Castiella, Fraga y Solís
hicieron hincapié en que era indispensable acabar con la
incógnita de la sucesión. El 17 de noviembre
siguiente, Fraga decidió acelerar la solución del
problema declarando sin previo aviso al Times
británico que las cosas estaban ya claras: "El
día en que concluya el régimen del general Franco,
Don Juan Carlos de Borbón será proclamado rey de
España." Y añadía que los elementos
hostiles a esta solución no tenían ninguna
posibilidad de imponer sus tesis en el gobierno. La viveza de las
reacciones que suscitaron estas palabras en España puso
más que nunca antes la cuestión a la orden del
día. Era justamente lo que había deseado Fraga al
hablar por sorpresa ante los británicos. La urgencia era
tanto más evidente cuanto que el Concilio Vaticano II, que
acababa de ser clausurado el día 7 de diciembre de 1965,
había llevado al episcopado español a tomar una
nueva posición de consecuente distanciamiento frente a una
serie de puntos básicos de la práctica
política del régimen: era un nuevo foco de
preocupación para Franco y sus colaboradores más
directos.
Tras la guerra civil española de 1936-1939, la
Iglesia católica había constituido uno de los
pilares más sólidos del régimen. En varias
ocasiones había servido como baza decisiva a Franco, como,
por ejemplo, al final de la segunda guerra mundial, cuando el
apoyo de los católicos había permitido distinguir
claramente al régimen del fascismo italiano y del nazismo
alemán. Se sabe que, a cambio, los gobiernos sucesivos del
general Franco habían multiplicado los gestos de
consideración hacia la jerarquía católica,
habían favorecido la enseñanza confesional y
habían prestado su ayuda a numerosas manifestaciones
religiosas. La época franquista había dado lugar,
por otra parte, a un notable desarrollo de las vocaciones
religiosas. [19] Basta con hojear cualquier ejemplar del
semanario católico Hoja del Lunes para comprobar
que aún en 1965 la prensa oficial concedía una
enorme atención a las noticias relacionadas con el papa,
siempre relatadas con gran reverencia. Se sabe que los diarios
españoles de esa época no se publicaban los lunes:
eran sustituidos por la Hoja del Lunes, que daba en
todas las provincias españolas la misma información
general, en la que los resultados deportivos dominicales ocupaban
un gran espacio: más de la mitad de la superficie de
redacción. Las noticias locales completaban el diario. Sin
embargo, cuando era arzobispo de Milán, el cardenal
Montini había pedido en vano (en 1963) el indulto del
preso político Julián Grimau, y cuando tres meses
después fue elegido papa, bajo el nombre de Pablo VI,
varios ministros transmitieron a Franco su preocupación.
Éste la cortó en seco señalando que ya no
existía el cardenal Montini, sino sólo el papa
Pablo VI. [20] Sin embargo, Pablo VI fue un tema constante
de preocupación para los gobiernos de Franco y para el
mismo dictador, que invitaron en vano al papa Montini a visitar
España.
Ahora bien, es seguro que el poder pontifical era uno de
los pocos poderes que le imponían un respeto temeroso a
Franco. El problema consistía en que la encíclica
Pacem in Terris, debida a Juan XXIII, hacía
aparecer la ausencia en España de derechos reconocidos
legítimos por esta encíclica: libertad de
asociación, derecho de huelga, licitud de los partidos
políticos etc. Laureano López Rodó, que
reconoce que el documento tuvo una resonancia considerable en los
medios políticos españoles, consideraba, como
católico respetuoso, que la Pacem in Terris
estaba exigiendo que se completasen en España las llamadas
Leyes Fundamentales. [21] Precisamente la Iglesia
española, en especial el clero joven, conscientemente
contestatario, quería adaptarse a las doctrinas del
Concilio Vaticano II. Desde entonces se multiplicaron los
conflictos entre las autoridades civiles y el clero: en marzo de
1966 fue el episodio del convento de los capuchinos de
Sarriá (Barcelona), cuando algunos estudiantes se
refugiaron en dicho convento para fundar un sindicato
universitario libre y fueron desalojados por la fuerza
pública por orden expresa del caudillo dada en el
consejo de ministros. Después, fue en mayo del mismo
año y también en Barcelona, en la Calle Layetana,
una manifestación de ochenta sacerdotes que proclamaban su
apoyo expreso a los principios políticos o con
implicaciones políticas de la Pacem in Terris.
Ahora bien, el arzobispo de Barcelona aseguraba que dicha
manifestación se debía a la acción
subterránea de los comunistas sobre el clero de su
diócesis. Ese "acercamiento táctico" entre
comunistas y católicos preocupaba mucho a Franco, que
declaraba: "El Concilio [Vaticano II] tuvo
como efecto debilitar a los católicos, no desde el punto
de vista religioso, sino desde el político."
[22] Veía otro efecto de dicho debilitamiento en el
apoyo que el clero local daba al secesionismo vasco. [23]
Su preocupación a este respecto aumentaría cuando
en agosto de 1968, poco después de los dos primeros
asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA, el obispo de
San Sebastián, monseñor Bereciartúa,
publicó una pastoral muy severa refiriéndose al
gobierno. [24]
En junio de 1966, la declaración, muy moderada de
la conferencia episcopal a propósito de las instituciones
del Estado español, apenas contenía nada que
pudiera preocupar al caudillo. Pero el conflicto larvado
entre el Vaticano y el gobierno de Franco en relación con
la renuncia al derecho de presentación de los obispos (que
el papa había reclamado en su carta de abril de
1967, y también el nuncio en Madrid, y al que Franco se
negaba a renunciar) empezaba a ser grave: en poco tiempo hubo
catorce sedes episcopales españolas vacantes. El Vaticano
suplía dicha carencia nombrando obispos "auxiliares", lo
cual podía hacer sin "presentación" del gobierno
español, y esos auxiliares eran casi siempre partidarios
de las doctrinas conciliares. El arzobispo de Santiago de
Compostela, el Dr. Quiroga Palacios, presidente de la conferencia
episcopal española, intentó obtener en vano del
caudillo esta renuncia (carta del 19 de julio de 1968 al
Ministro de Justicia) y, a finales del año 1968, se
declaraba desanimado en relación con el tema. Una
gestión de López Rodó no tuvo mejores
resultados: Franco no quería ceder nada mientras que no se
hubiera renegociado totalmente el vigente Concordato de 1953.
[25] El resultado fue que, a mediados del año 1969,
seguía habiendo tantas diócesis vacantes como a la
llegada a España del nuncio, monseñor Dadaglio, dos
años antes. Las relaciones entre el nuncio y el Ministro
de Asuntos Exteriores eran difíciles: Castiella
pretendía que las seisenas (listas de seis
candidatos enviados al Vaticano por el nuncio, y de la que la
Santa Sede escogía tres nombres, entre los que el gobierno
español escogía finalmente al nuevo obispo) daban
un amplio espacio a los opositores políticos al
régimen franquista.
[1] Laureano López Rodó,
Memorias, tomo I. Barcelona, Plaza y Janés, 1990,
p. 91.
[2] Javier Tusell, Carrero Blanco, la
eminencia gris del régimen de Franco. Madrid, Temas
de hoy, 1993, p. 257.
[3] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis
conversaciones privadas con Franco. Barcelona, Planeta,
1976, p. 222.
[4] Mariano Navarro Rubio, Mis memorias.
Barcelona, Plaza y Janés, 1991, pp. 106-155.
[5] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis
conversaciones privadas con Franco. Barcelona, Planeta,
1976, pp. 267 y 294.
[6] Laureano López Rodó,
Memorias, tomo I. Barcelona, Plaza y Janés, 1990,
p. 299.
[7] Francisco Franco Salgado-Araujo, Op.
cit., pp. 334 s. y 362.
[8] Laureano López Rodó, Op.
cit., t. I, p. 201.
[9] Francisco Franco Salgado-Araujo, Op.
cit., p. 265.
[10] Ibidem, pp. 288-292.
[11] Josep Fauli (dir.), Jordi Pujol: un
polític per a un poble. Barcelona, Eds. 62,
1984.
[12] Francisco Franco Salgado-Araujo, Op.
cit., p. 277.
[13] Laureano López Rodó, Op.
cit., t. I, p. 335; Paul Preston, Franco,
Caudillo de España. Barcelona, Grijalbo, 1994, p.
872.
[14] Laureano López Rodó, Op.
cit., t. I, p. 342.
[15] En la España democrática
postfranquista un determinado número de personas se
unieron al PSOE sin ninguna convicción ideológica,
porque este partido estaba sólidamente instalado en el
poder. En Francia se produjo un fenómeno similar tras la
muerte del general Charles de Gaulle, cuando los que
decían pertenecer a su herencia pudieron creer que la
derecha permanecería en el poder mucho tiempo; y
después, a partir de 1981, cuando el PSF pareció
tener también la posibilidad cierta de gobernar durante
mucho tiempo. En definitiva, se trata del clásico
fenómeno de los que tratan de auparse al "carro de los
vencedores" para labrarse una carrera
política.
[16] Javier Tusell, Carrero Blanco, la
eminencia gris del régimen de Franco. Madrid, Temas
de hoy, 1993, p. 291.
[17] Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de
una vida pública. Barcelona, Planeta, 1990, p.
145.
[18] Sergio Vilar, Historia del
antifranquismo, 1939-1975. Barcelona, Planeta, 1984, p.
379.
[19] Guy Hermet, Los católicos en la
España franquista. Madrid, CIS, 1985;
Bartolomé Bennassar et al., Historia de los
españoles. Barcelona, Crítica,
1989.
[20] Laureano López Rodó,
Memorias, op. cit., t. I, p. 384.
[21] Ibidem, t. I, p. 379.
[22] Ibid., t. I, pp. 17, 20.
[23] Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis
conversaciones… Op. cit., p. 469.
[24] Laureano López Rodó,
Memorias, Op. cit., t. II, p. 326.
[25] Ibidem, t. II, p. 371.
Bibliografía
Bartolomé Bennassar et al., Historia
de los españoles. Barcelona, Crítica,
1989.
Bartolomé Bennassar, Franco.
Madrid, EDAF, 1996 (2ª ed.).
Josep Fauli (dir.), Jordi Pujol: un
polític per a un poble. Barcelona, Eds. 62,
1984.
Manuel Fraga Iribarne, Memoria breve de una
vida pública. Barcelona, Planeta, 1990, p.
145.
Francisco Franco Salgado-Araujo, Mis
conversaciones privadas con Franco. Barcelona, Planeta,
1976.
Guy Hermet, Los católicos en la
España franquista. Madrid, Cent. Invest.
Sociológicas, 1985.
Laureano López Rodó,
Memorias. 4 tomos. Barcelona, Plaza y Janés, 1990
(t. I), 1991 (t. II), 1992 (t. III), 1993 (t. IV).
Mariano Navarro Rubio, Mis memorias.
Barcelona, Plaza y Janés, 1991.
Paul Preston, Franco, Caudillo de
España. Barcelona, Grijalbo, 1994.
Javier Tusell, Carrero Blanco, la eminencia
gris del régimen de Franco. Madrid, Temas de hoy,
1993.
Sergio Vilar, Historia del antifranquismo,
1939-1975. Barcelona, Planeta, 1984.
Autor:
Jorge Benavent