La debacle economica de Puerto Rico: el fin de la 936

Introducción

En los años de 1973 a 1976 la economía de
Puerto Rico estaba en una situación de crisis.
Además de la "crisis energética" que afectaba la
economía mundial en esos años, el caso de Puerto
Rico envolvía otros factores adicionales al
petróleo.[1] Entre estos factores se
destacaban, el alza en los salarios, el alto costo del transporte
marítimo y el alto costo de la energía
eléctrica.[2] Esta serie de factores
plantearon la necesidad de re- examinar las estrategias
económicas desarrolladas en la isla hasta ese momento. La
solución surgida de este análisis fue, el mercadear
a Puerto Rico como territorio propicio para grandes empresas
transnacionales, que necesitaran un lugar desde donde repatriar
hacia Estados Unidos sus ganancias sin tener que pagar los
impuestos federales requeridos. El mecanismo primordial para esta
nueva estrategia económica lo fue la aplicación en
Puerto Rico de la sección 936 del Código de Rentas
Internas de los Estados Unidos. Dicha sección fue aprobada
en 1976 por el Congreso de los Estados Unidos, en
sustitución de la sección 931 que ya existía
en Puerto Rico.[3]

La sección 936 especificaba los estatutos
contributivos federales para las corporaciones estadounidenses
que se establecían en las "posesiones de los Estados
Unidos" y básicamente permitía a las subsidiarias
de estas corporaciones que operaban en Puerto Rico y otras
posesiones, remitir sus ganancias a la corporación matriz
en cualquier momento, sin pagar la contribución federal
sobre el ingreso de corporaciones. Además de esto, el
gobierno del ELA solo les imponía un impuesto de
repatriación de un 10% sobre dichas ganancias, que se
reducía si las compañías invertían
parte de dichas ganancias en bonos del Estado o las depositaba en
instituciones bancarias locales.[4] Se esperaba
que la 936 aumentara la inversión productiva en la isla,
redujera la frecuencia con que se liquidaban las fábricas
cuando terminaba su plazo de exención contributiva y que
aumentaran los ingresos del gobierno del ELA provenientes del
impuesto de repatriación o "tollgate
tax".[5] Sin embargo, las mayores esperanzas del
gobierno eran que "las 936" mantuviesen un nivel de empleo que
ayudara a mitigar la crisis económica y social por la que
atravesaba Puerto Rico desde 1973 y que se prolongó hasta
1983.

Desde su implantación la sección 936
brindó beneficios económicos a diferentes sectores
de la economía puertorriqueña, en especial a los
sectores industriales y financiero. La banca en Puerto Rico se
nutrió de los "fondos 936" lo que conllevó un
crecimiento en los bancos locales y la llegada de numerosos
bancos extranjeros. En el sector industrial, la 936
permitió el establecimiento de empresas
farmacéuticas y electrónicas que obtuvieron
"astronómicas" ganancias en sus operaciones en la
isla.[6]

Durante años la exención contributiva
federal concedida por la sección 936 fue en gran medida el
único instrumento para atraer inversiones a Puerto Rico.
Fue por ello que desde 1976 a 1996 la gestión
política y económica de la isla giró en
torno a retener los beneficios de la sección 936. Sin
embargo, dicha sección enfrentó modificaciones
hechas por el Congreso estadounidense en los años de 1982,
1986 y 1993, que poco a poco fueron limitando sus disposiciones y
restándole beneficios a las corporaciones que se
acogían a ella, hasta que en agosto de 1996 un proyecto de
ley del Congreso de los Estados Unidos, firmado por el Presidente
Bill Clinton derogó por completo la
sección.[7]

La derogación de la sección 936 fue un
proceso que generó intensos debates en los círculos
políticos, en los medios noticiosos y entre la
opinión pública puertorriqueña. Para algunos
esto vaticinaba un desastre económico para la isla,
mientras que para otros, esto era una oportunidad para que Puerto
Rico buscara un desarrollo económico sobre bases
más sólidas. Desde 1996, las opiniones sobre los
efectos del "fin de las 936" han estado matizadas por las
posturas político-partidistas y por los "análisis"
de los expertos en economía. Estas opiniones creaban en
ocasiones panoramas económicos de incertidumbre y
confusión para la ciudadanía.

En este trabajo es de mi interés darle una mirada
a la imagen del final de la 936 difundida en la prensa
puertorriqueña, brindándole atención a la
forma en que economistas y políticos vislumbraban el
futuro económico inmediato de la isla. Para ello analizo
artículos periodísticos relacionados al tema,
así como artículos de economistas sobre los efectos
económicos de la eliminación de la sección
936. Esto para ver en qué medida se difundió una
imagen confusa sobre los efectos del final de la 936.