El Sistema de Control de Constitucionalidad en la Doctrina y la Jurisprudenciadel Tribunal Constitucional Boliviano
- El
Principio de Supremacía Constitucional y Modelos de
Control de Constitucionalidad - Consideraciones
generales sobre la Jurisdicción Constitucional en
Bolivia - La
configuración del Tribunal Constitucional en la
Constitución Boliviana y sus reformas
(1994-2004)
"La Constitución es una norma;
pero una norma cualitativamente distinta de las demás, por
cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de
constituir el orden de convivencia política y de informar todo el
ordenamiento jurídico" (((
"El Tribunal hablará a través de sus fallos y
no hará declaraciones que no sean constitucionales.
Estará atento a las inquietudes políticas y sociales que
tengan relación con su labor, pero no aceptará
presiones interesadas ni críticas subjetivas. Se
colocará por encima de las pasiones, de las rencillas
parroquiales y de los intereses subalternos." (Pablo
Dermizaky) ((((
Nota Preliminar acerca de la
situación actual del Tribunal
Constitucional en Bolivia.
Introducción
Hablar de Justicia Constitucional en
Bolivia, resulta un tema delicado, y mucho más en esta hora
tan aflictiva y lamentable por la que atraviesa el
acéfalo Tribunal Constitucional Boliviano (debido a
que actualmente se encuentra mermado en su composición,
deteriorado en el prestigio institucional que por propio
mérito había construido sacrificadamente durante el
período de sus funciones, y por si fuera poco
inhabilitado por falta de quórum suficiente, para ejercer
legítimamente y a plenitud las atribuciones que la propia
Constitución Política y la ley respectiva le han conferido),
organismo éste que además ha sido desmembrado y atacado
principalmente por el capricho irracional, la torpeza desmedida y
la mala voluntad del gobernante de turno y sus seguidores,
quienes maniobrando todo un complot hacia la desacreditación
y defenestración de ésta institución durante el
año 2007, se han empeñado en imponer su propia voluntad
y decisiones, de manera autoritaria, sin considerar que con dicha
actitud arbitraria y absurda,
tan solamente han conseguido crear una situación de riesgo y crisis de la democracia boliviana, y todo
ello lo han hecho desproporcionadamente, aún a costa de la
seguridad jurídica de la
ciudadanía y la
estabilidad de las instituciones
democráticas que, como éste Tribunal y sus destacados
miembros, han sido víctimas de una especie de una -muy sui
generis- dictadura democrática por parte del
autocalificado gobierno del pueblo, que por cierto
además tiene como un slogan de todas sus actuaciones, la mal
denominada "revolución democrático
cultural" que hasta ahora débilmente nos ha
señalado un sendero de paz por el cual los bolivianos
podamos transitar seguros, y tan solamente ha
puesto en serio riesgo la unidad del país y la vida
democrática nuestra; contexto éste que a primera vista
pareciera presentarse como un tema no muy agradable de abordar, y
en su caso, talvez algunos otros preferirán no mencionar
siquiera dicha situación, por cuanto ahora se ha
constituído en uno más de los muchos motivos
-además de la corrupción y la
retardación de justicia- que nos acongojan y
avergüenzan a todos los bolivianos cuando se hace referencia
a la situación actual del Poder Judicial en Bolivia, del
cual aún forma parte el mencionado Tribunal, ello de manera
ciertamente muy impropia y alejada de la verdadera naturaleza jurídica del
único órgano encargado del control de constitucionalidad en
nuestro país.
Sin embargo, y no obstante lo dicho anteriormente,
consideramos también que es precisamente en momentos
críticos como éste, en que se deben analizar y evaluar
objetivamente, en la medida de las humanas posibilidades, los
aportes significativos de mayor incidencia en la democracia
boliviana que hasta el presente haya brindado el Tribunal
Constitucional a través de sus Resoluciones emitidas en
cumplimiento de sus actividades jurisdiccionales, que
indudablemente siempre conllevaron una sola finalidad, cual es la
de consolidar un Estado Democrático de
Derecho que sea respetuoso de los derechos fundamentales y garantías
constitucionales de sus ciudadanos, y donde todos -gobernantes y
gobernados- guíen sus actividades dentro del marco
constitucional; en esa perspectiva, también se deben revisar
y examinar nuevamente, para subsanarlos de la mejor manera
posible, todos aquellos errores u omisiones en que se pudieron
haber incurrido tanto en el momento de su implementación,
como también durante el desarrollo de sus labores
propiamente jurisdiccionales, que desde su inicio, y en
razón de los enormes vínculos y efectos políticos
de sus resoluciones, durante todo éste tiempo hasta el presente, han
causado tantas y variadas repercusiones, así como
también frecuentemente han sido objeto de polémica en
nuestro país, y en consecuencia, todo ello se ha constituido
en la razón principal del menosprecio y la afrenta
constantes, en contra del Tribunal Constitucional, no solamente
de parte de las autoridades públicas, sino también de
todos aquellos que de acuerdo a la coyuntura del momento, no
estuvieron de acuerdo con sus decisiones y muchas veces
inclusive, en una muestra de su descontento, se
resistieron manifiestamente a dar cumplimiento a dichos
pronunciamientos judiciales.
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