Sistema Dominicano de Seguridad Social Ley 87-01 (República Dominicana)

1. Antecedentes del Sistema
   Dominicano de Seguridad social
3. Principios
   Generales
4. Beneficiarios,
   Prestaciones y Afiliaciones
5. Régimen
   de Financiamiento del SDSS
6. Contabilidad
7. Fondo de
   Solidaridad Social
8. Administradora
   de fondos de pensiones
9. Beneficiarios
   y Prestaciones
10. Infracciones
    y sanciones
11. Seguro
    de Riesgo Laborales

Antecedentes del
Sistema
Dominicano de Seguridad
social

Inicio remoto en 1969

El experto en seguridad
social Arismendi Díaz Santana, hasta hace poco primer
gerente
general del Sistema Dominicano de Seguridad Social,
recogió en un libro
publicado en el 2004 "Cómo se Diseñó y
Concertó la Ley de Seguridad
Social", una documentada fuente para quien quiera conocer del
largo proceso.

Se remonta a los más remotos antecedentes,
específicamente al 1969, cuando el consultor de
la   Organización de Estados Americanos Melvin
Knigth diagnosticó la inseguridad
social de los dominicanos y dominicanas y propuso reformas
estructurales al sistema creado por la ley 1896 de 1947 que
instituía la Caja Dominicana de la Seguridad  
Social convertida tras la desaparición de la
tiranía de Trujillo en el autónomo Instituto
Dominicano de Seguros Sociales
(IDSS).

A lo largo de la década del setenta en el
país se siguió reclamando una real estructura de
seguridad social que superara el legado trujillista ya para
entonces maltrecho por los efectos de la politización y la
corrupción desatada por las nuevas
generaciones políticas.

Asociaciones empresariales y sindicales
coincidían en que había que ampliar la cobertura
del viejo sistema, incentivados por los contactos e influencias
de la
Organización Internacional del Trabajo y la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social, cuyos
gerentes vinieron repetidas veces al país.

La reforma de 1978

Un conato de reforma del viejo sistema quedaría
expresado en la ley 907, auspiciada y promulgada a la carrera por
el presidente Joaquín Balaguer, el 8 de agosto de 1978, es
decir la semana anterior de abandonar el poder.

Esa legislación inscrita en los esfuerzos
políticos de última hora del veterano gobernante,
ampliaba la cobertura de los servicios a la
esposa e hijos de los asegurados pero dejaba intacta la
añeja estructura del IDSS, cuya autonomía siempre
fue subordinada al gobierno de
turno, y mantenía a los empleados estatales excluidos del
sistema.

También desconocía la realidad de que ya
entonces una proporción significativa de los asalariados
del sector privado y muchos de las instituciones
estatales autónomas y descentralizadas estaban afiliados a
empresas
aseguradoras.

Con un IDSS progresivamente debilitado, sin capacidad
financiera, debido al incumplimiento de los aportes tanto del
Estado como de
muchas empresas, y con las entidades empresariales y sindicales
reclamando una más amplia y mejor cobertura aquella
legislación fue letra muerta.

Ya para entonces se extendía el reclamo
empresarial por una legislación que superara las
limitaciones del sistema para poder suprimir la doble
cotización. Las deficiencias del IDSS condujeron a los
trabajadores a reclamar seguros privados, pero por ley
tenían que seguir pagando al ente oficial, en un
círculo vicioso que prevalecería hasta estos
días.

Libros Azul y Amarillo

Con el comienzo de los ochenta y al compás de
seminarios e influencias   internacionales se
incrementaron los esfuerzos por actualizar la seguridad social.
Arismendi Díaz estima que una inflexión tuvo efecto
en ocasión de un seminario
celebrado en Jarabacoa, con participación de todos los
sectores involucrados.

Los planteamientos de aquel evento y estudios previos al
mismo fueron recogidos por el sindicalista Luis Henry Molina en
lo que reconoce como El Libro Azul de la Seguridad Social, que
incluye un nuevo proyecto de ley
para reformular el sistema.

Para entonces, el IDSS, bajo la regencia de la doctora
Ligia Leroux, se había involucrado activamente en la
promoción de las reformas. Ella
convirtió el aporte de Molina en el Libro Azul, cuyo
proyecto de ley fue sometido al Senado tres veces por el
Presidente Salvador Jorge Blanco, en el período 1982-86,
sin que fuera aprobado.

Díaz Santana dice en su libro: "Más que
una reforma profunda, lo que se planteaba era una simple
expansión del viejo sistema para continuar haciendo
más de lo mismo, pero en mayor escala". Se
mantenía al IDSS como único asegurador con la
población cautiva, ignorando otra vez la
creciente privatización de la seguridad social. Para
entonces las igualas médicas privadas tenían el
doble de los afiliados del IDSS, con mayor aceptación
general. No descentralizaba la designación del director
general.

El Diálogo
Tripartita

Una etapa importante del proceso de reforma de la
seguridad social dominicana quedó marcada por el
"Diálogo Tripartita", iniciado con la mediación del
rector de la Universidad
Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino
Núñez Collado, tras el retorno al poder de Balaguer
en 1986.

En la agenda de ese diálogo, y a partir de 1987,
la ampliación del seguro social
a todos los trabajadores y sus dependientes quedó marcada
como punto número 1. No obstante lo que se
conseguiría primero, tras comenzar el siguiente cuatrienio
sería la reforma del Código
de Trabajo.

El consenso logrado para reformular el código
laboral, tras
arduas negociaciones dejaría claramente establecido el
camino para hacer lo mismo con la seguridad social, por lo que se
multiplicaron los esfuerzos. Seguían desfilando
consultores y especialistas internacionales, como los aportados
en 1993 por el Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo,
mientras la Fundación Siglo 21 orquestaba un equipo de
especialistas para abordar modificaciones al sistema de seguridad
social.

Los sacudimientos políticos de la década
de los 90 no dejaron el mejor espacio para que fructificara la
reforma de la seguridad social pero la abonaron, como un elemento
reivindicativo para unos y contencioso para otros.