- Juan Francisco de
León - Arriaga y
Rivero - Don
Felipe Ricardos - Juicios acerca
del movimiento de León - Consecuencias del
Movimiento de León - Fin de la
Compañía - Juicios sobre
la Guipuzcoana
Antecedentes:
La Oposición armada a la Compañía
Guipuzcoana tuvo su primera expresión en el alzamiento del
Zambo Andresote, quien se levantó en armas en 1732, y
contó con el apoyo de los holandeses y con las
simpatías de la provincia, particularmente de los notables
de la ciudad.
En 1734, el obispo Valverde protestó por los
excesos cometidos por los comisionados de la
Compañía en Coro.
En 1736 fueron sometidos a juicio los representantes de
la Compañía por delitos y
resistencia de a
la autoridad.
En 1741 se produjo un motín en San Felipe por el
nombramiento de Ignacio Vasasábal, como teniente y
justicia
mayor, conocido agente de la Compañía. Pero el
movimiento de
mayor envergadura fue el capitaneado por Juan Francisco de
león en 1749.
Juan
Francisco de León:
Juan Francisco de León, de los fundadores de
Panaquire, desempeñaba el cargo de teniente cabo de
guerra y juez
de comiso en dicha población. Fue destituido sin causa
aparente, pero en realidad por manejos de la
Compañía Guipuzcoana, que necesitaba en esos cargos
a sus agentes. El encargado de sustituirlo fue el vizcaíno
Martín de Echeverría.
La población se opuso a ese nombramiento y
León representó ante el Gobierno
pidiéndole el nombramiento de quien no tuviera
vínculos con la Guipuzcoana. Este incidente no
tardó en convertirse en un gran movimiento político
contra la Compañía. A ello no fueron ajenas las
instigaciones de los nobles caraqueños, según
declaraciones de aquel tiempo. Con
los pobladores de Panaquire, Guarenas, Guatire, Caucagua y otros
pueblos del Tuy marcharon sobre Caracas. El 19 de abril de 1749
llegaron a Chacao, y representaron ante el gobernador "en nombre
de la nobleza y la plebe". Las pretensiones de León,
cabecilla del movimiento, las resume así: "El intento
directo es la destrucción total de la
Compañía Guipuzcoana, se entiende no solamente a
privar las mercaderías o factorías de la gente
vizcaína, sino también el que no ejerzan
éstos empleos de los tenientes o ministros de justicia que
actualmente ejercen, no tal solamente con privación, sino
que en toda la provincia no ha de quedar de esta raza persona alguna,
que todas se han reembarcar en el primer viaje o nao que se
hallare en la bahía y en defecto se aprontará, a
costa de dicha gente vizcaína, nao para el
asunto"
El movimiento se transformaba en un movimiento
político de mayor trascendencia. El cabildo designó
una delegación para investigar las razones de la presencia
de León. Lo mismo el Gobernador, quien pedía que
León se situara en la plaza de Candelaria. Esta
marchó hasta la plaza mayor y allí se
asentó.
El movimiento se realizó con toda la formalidad.
El Gobernador Castellano
designó un abogado a León para que tramitase el
asunto. Este pidió Cabildo abierto para discutir la
actuación de la Compañía. El 22 de abril se
reunió el Cabildo y allí suscribieron los
daños que ocasionaba a la provincia dicha
Compañía. En nombre del común, León
pidió la expulsión de los vizcaínos. El
gobernador simuló realizar el pedimento y León se
volvió a Panaquire. No tardó en regresar al saber
que el gobernador se había trasladado a La Guaira y no
había procedido a la expulsión. Se
entrevistó con Castellanos y nuevamente logró la
confirmación de la expulsión de
Compañía. Castellanos, después de haber
logrado documento del Cabildo, donde elogiaba su conducta, se
dirigió al Rey describiendo el movimiento como una
insurrección.
León, con ejército de 8.000 hombres
volvió nuevamente a La Guaira con el objeto de acelerar la
expulsión de los vizcaínos. Castellano tomo medidas
para hacerlo, por lo que León dispersó su
ejército y volvió a Panaquire en agosto del mismo
año.
Arriaga y Rivero:
La Real Audiencia de Santo Domingo envió a un
comisionado, doctor Francisco Galindo Quiñones, con objeto
de aquietar los ánimos. León fue oído en
juicio presentando abundantes informes de
los asuntos de la Compañía. Estaba abierto el
proceso cuando
llegó como designado real, con plenos poderes, don
Julián de Arriaga y Rivero, con mil quinientos infantes y
un piquete de caballería. Arriaga concedió un
indulto general que trajo la paz a la provincia y esperaron que
la Corona decidiera de la suerte de la
Compañía.
En 1750 representó ante Arriaga pidiendo el
cumplimiento de las promesas que le había hecho
Castellanos. El documento es la más fiel expresión
de las finalidades del movimiento.
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