Nacionalización del petróleo en Venezuela (página 2)

La Industria
Petrolera Moderna

Aunque en la zona del Mar Negro, principalmente Rumania,
también se explotaba y refinaba petróleo durante el siglo XIX, fue en
Estados Unidos
donde adquirió mayor dinamismo y poder la
industria petrolera moderna, con el verdadero aprovechamiento de
un recurso que indudablemente ha contribuido a la
conformación del mundo actual.

Ya desde 1850 Samuel Kier, un boticario de Pittsburg,
Pennsylvania, comercializó el aceite negro
por vez primera bajo el nombre de "aceite de roca" o petróleo.
La técnica de perforar pozos y extraer petróleo por
bombeo se inauguró también en Pennsylvania, con
Edwin Drake, propietario del primer pozo que se explotó en
forma industrial en 1859. Esta iniciativa fue seguida por John D.
Rockefeller, quien creó un poderoso imperio petrolero: la
Standard Oil Co, nacida el 2 de enero de 1882 llegó a
controlar unas 40 empresas
dedicadas al transporte y
refinación de petróleo. En 1897, se crea la
Standard Oil of New Jersey, y luego, con el nombre de Exxon,
pasó a ser la compañía petrolera más
importante del mundo. Posteriormente, en 1911, de esta empresa se van a
desprender tres de las que más tarde serían parte
del Cártel conocido como Las 7 hermanas: la Standard Oil
of New Jersey, ya mencionada; la Standard Oil Company of New York
(Socony) y la Standard Oil of California (Socal).

Los inicios de la industria petrolera estuvieron ligados
fundamentalmente a la iluminación doméstica y urbana y la
calefacción. Fue durante el siglo XX, con el desarrollo del
motor de combustión interna, que el
petróleo adquiere verdadera importancia para la
producción industrial misma y el
transporte.

Años más tarde se descubrirían
yacimientos importantes en Rumania, Polonia, Rusia, las
Islas de Sonda y en gran parte de Estados Unidos. Sin embargo, el
tiempo
demostraría que todos los continentes (excepto la Antártica) poseen yacimientos de
petróleo, de mayor o menor importancia.

De la Privatización a la Nacionalización
de la Industria Petrolera en Venezuela

En el contexto de los años 70 del pasado siglo XX
se producen una serie de hechos geopolíticos de gran
trascendencia internacional como por ejemplo, la crisis
energética y el fortalecimiento de la OPEP en la
defensa del negocio petrolero frente al cartel de las
compañías. Ello viene a favorecer una nueva
orientación en la política petrolera
nacional, expresada en la reforma del Impuesto Sobre la
Renta a los fines de aumentar el impuesto sobre
los ingresos netos
petroleros, la fijación estatal de los precios de
exportación del petróleo venezolano,
la Ley de
Reversión Petrolera (1971), la Ley que Reserva al Estado la
Industria del Gas Natural
(1971) y la Ley del Mercado Interno
de los Hidrocarburos
(1973).

Con la promulgación el 30 de julio de 1971 de la
Ley de Bienes Afectos
a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos, el Estado
venezolano se propuso desarrollar las disposiciones
constitucionales y las de la entonces vigente Ley de
Hidrocarburos de 1943 para que se cumpliera eficientemente la
finalidad de que, vencidas las concesiones en 1983, fueran
transferidos al Estado los bienes, instalaciones y equipos
incorporados a todas las fases de la industria, sin
indemnización alguna. Después de promulgada esta
Ley se detectaron infracciones relacionadas con el
desmantelamiento de instalaciones petroleras y en la
reducción del nivel de inversiones en
la industria, porque creían tales compañías
que el capital
invertido en la adquisición de bienes y equipos no
serían indemnizados.

Una vez sancionada la Ley empezó a tomar cuerpo
la argumentación de emprender en lo inmediato la
Nacionalización del petróleo. Es así como el
recién electo presidente Carlos Andrés
Pérez, aprovechando el nacionalismo
en boga, interrumpió el debate sobre
los proyectos de Ley
introducidos en el Congreso Nacional por el Movimiento
Electoral del Pueblo (MEP) y el Partido COPEI, y decide adelantar
con una acción
ejecutiva la reversión petrolera.

De esta manera, el Ejecutivo Nacional, reunido el 22 de
marzo de 1974 en Consejo de Ministros, dictó el Decreto
N° 10 cuyo artículo 1 establecía la
creación de una Comisión Ad Honorem que
tendría por objeto garantizar que el Estado asumiera el
control de la
industria petrolera.

Para la fecha, y antes que Venezuela, ya
habían nacionalizado su petróleo países como
México
(1938), Indonesia (1965), Argelia (1971), Irak y Libia
(1973). Arabia Saudita lo haría en 1979.

El 16 de mayo de 1974 fue instalada la Comisión
Presidencial de Reversión Petrolera que debía
analizar la posibilidad de rescate inmediato de la industria. Es
importante señalar que dicha Comisión estaba
integrada por todos los sectores de nuestra sociedad,
desde los partidos políticos hasta las
universidades.

Con la Ley que Reserva al Estado la Industria y el
Comercio de
los Hidrocarburos, elaborada por la Comisión Presidencial
de la Reversión Petrolera y presentada al Presidente de la
República, en acto solemne, el 23 de diciembre de 1974,
surgió la esperanza de abrir caminos en la búsqueda
de una nacionalización que realmente fuera para el pueblo
venezolano, que creara y afianzara la autonomía de
decisión.

Paradójicamente, el Ejecutivo Nacional (Carlos
Andrés Pérez) formuló e introdujo una
modificación sustancial al proyecto original
de la Ley (que fue promulgada como la Ley Orgánica el 29
de agosto de 1975, con vigencia desde el 1° de enero de 1976)
que desvirtuó la esencia, propósito y razón
de ser de una auténtica nacionalización, como la
historia reciente
lo demuestra.

Ciertamente, el Ejecutivo Nacional incluyó en el
artículo 5°, el siguiente contenido:

"En casos especiales y cuando así convenga al
interés
público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes
podrán, en el ejercicio de cualquiera de las
señaladas actividades, celebrar convenios de
asociación con entes privados, con una
participación tal que garantice el control por parte del
Estado y con una duración determinada. Para la
celebración de tales convenios se requerirá la
previa autorización de las Cámaras en sesión
conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan
sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas
las circunstancias pertinentes."

Además, contra lo previsto, el Estado venezolano
pasó a indemnizar a las concesionarias por más de
cuatro mil trescientos millones de bolívares (Bs.
4.300.000.000), cantidad que superaba los beneficios que ellas
pudieran haber alcanzado de continuar operando hasta 1983, fecha
prevista para la reversión en las respectivas leyes anteriores.
Por otra parte, estas compañías habían ya
recuperado varias veces su inversión inicial. El pago de esta
indemnización fue "justificado" en el Proyecto de Ley de
Nacionalización de la Industria Petrolera en atención al artículo 101 de la
Constitución Nacional de esa
época.

Un día después de la promulgación
de la Ley de Nacionalización es creada Petróleos de
Venezuela, S.A. por decreto del Ejecutivo Nacional el 30 de
agosto de 1975. Es importante señalar que desde su
inició se organizó bajo una estructura
casi idéntica a la preexistente.

Amén de la empresa
pública nacional CVP fundada en 1960, cada concesionaria
privada fue convertida en una filial, con sus respectivos
contratos de
asistencia técnica y comercialización. Así la Creole
pasó a llamarse Lagoven; la Shell, Maraven; la Mobil,
Llanoven y otras diez filiales, todas ellas con nombres
terminados en "ven". Esta irracional estructura fue defendida
argumentando que la nacionalización debería
producir la menor alteración en la actividad operativa
diaria. La alta gerencia de
esas compañías transnacionales pasó a
constituir los equipos gerenciales de estas "nuevas" filiales y
los equipos técnicos y profesionales se mantuvieron
prácticamente inalterados, todo ello bajo el pretexto de
que el Estado venezolano desconocía los procesos de
comercialización internacional del petróleo y no
contaba con la tecnología apropiada
para garantizar que la industria siguiera operando con la misma
eficiencia.

Así, la actividad petrolera en el país
quedó bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA), como casa matriz, y sus
14 filiales, pero en realidad quedó en manos de los mismos
que habían dominado el negocio petrolero antes de esta
"nacionalización". En 1977 se produjo la primera
reorganización, reduciendo las filiales operativas de 14 a
7 al absorber las más grandes a las pequeñas.
Más tarde ese mismo año se redujeron las filiales a
cinco (5). En 1978, a cuatro (4) y en 1986, a tres (3): Lagoven,
Maraven y Corpoven. En julio de 1997 se aprobó una nueva
reestructuración que eliminó esas filiales y
creó tres grandes empresas funcionales de negocios que
integraran la corporación: PDVSA Petróleo y
Gas; PDVSA
Exploración y Producción; PDVSA Manufactura y
Mercadeo y
PDVSA Servicios,
responsables de ejecutar la actividad operativa. Éstas
entran en acción desde el 1° de enero de
1998.

En orden de jerarquía, el Ministerio de
Energía y Minas ocupaba el más alto nivel y bajo su
responsabilidad quedaba definir el lineamiento principal para el
sector petrolero. Le seguía en jerarquía PDVSA, la
cual supervisa y controla a las operadoras. Finalmente, las
filiales se encargan de ejecutar los planes y programas
operativos de la industria. Esta estructura, sin embargo,
será desconocida por PDVSA, la cual llega a convertirse en
el centro principal, y casi exclusivo, del diseño
de políticas
nacionales en materia
petrolera.

En medio de este proceso de
disminución del rol del Estado, el petróleo
pasó de ser el tema central en el debate político
en Venezuela, salvo en coyunturas muy particulares, a estar
ausente de la confrontación pública y
democrática. Así como a principios del
siglo XX las concesiones petroleras fueron el mecanismo de
penetración del capital transnacional, la vieja PDVSA se
encargó de propiciar las condiciones para una nueva
entrega del petróleo y se fue convirtiendo en un enclave,
una agencia capturada, al servicio de
intereses no nacionales.

La estatal petrolera venezolana se montó desde su
surgimiento bajo un esquema que iba en detrimento de nuestra
soberanía, con diversas estrategias como
la Internacionalización o adquisición de
capacidades refineras en el exterior desplegada a principios de
los años 80 del pasado siglo y posteriormente en otras que
se concibieron bajo la denominada Apertura Petrolera, con la cual
se abre puerta franca al capital transnacional en correspondencia
con la
globalización neoliberal.

¿Qué obtuvo la nación
venezolana de PDVSA durante la Apertura
Petrolera?

Los aportes de PDVSA al fisco nacional disminuyeron
significativamente en los últimos años. En 1981, el
ingreso bruto de PDVSA por producción de hidrocarburos
alcanzó los 19.7 mil millones de dólares y
pagó al Estado por ingresos fiscales un monto de 13.9 mil
millones de dólares. En contraste, en 2000 PDVSA obtuvo
ingresos brutos por 29.3 mil millones de dólares y
canceló al Estado 11.3 mil millones de dólares, Es
decir, por cada dólar de ingreso bruto, PDVSA pagó
al Estado en 1981, 71 céntimos en rentas, regalías
e impuestos y en
2000 solamente 39 céntimos.

Para el año 2000, los ingresos petroleros fueron
de 50.000 millones de dólares, de los cuales el Estado
venezolano recibió 10.000 millones de dólares (20%)
y los restantes 40.000 millones de dólares se gastaron en
los denominados costos operativos
PDVSA y en la transferencia de la renta petrolera al capital
petrolero internacional o al capital privado nacional. Trasladar
ganancias al exterior ha sido el verdadero resultado de la
internacionalización. Desde 1995 a 2000, PDVSA estuvo
traspasando, desde sus cuentas
domésticas hacia sus filiales extranjeras, un promedio de
500 millones de dólares anuales en ganancias. Desde que se
inició la internacionalización hasta 2000, las
filiales extranjeras de PDVSA nunca pagaron dividendos a esta
empresa. Estas filiales pagaron dividendos por primera vez en
diciembre de 2001, conminadas a ello por el gobierno nacional
del presidente Hugo
Chávez.

Nuevas leyes

Con la toma de posesión del gobierno de Hugo
Rafael Chávez Frías, si bien se ha insistido en que
los contratos y acuerdos contraídos por la
República serán respetados, y hasta la fecha
así ha sido, también se ha anunciado que ellos
serán revisados en defensa de los intereses de la Nación.
Los tiempos de la Apertura petrolera, en los términos en
boga en la década de los 90, afortunadamente han quedado
atrás.

Al iniciarse el gobierno de Chávez
mantenía su vigencia la ley de 1943 que, conjuntamente con
otras leyes promulgadas posteriormente y decisiones como la
anteriormente comentada de la Corte Suprema de 1991, conformaban
un marco jurídico complejo y no del todo coherente. Esta
situación fue modificada con la promulgación de dos
instrumentos legales que derogaron toda la legislación
previa y crearon un nuevo marco legal. En septiembre de 1999 se
publica en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos y en noviembre de 2001 la Ley Orgánica de
Hidrocarburos.

Entre los cambios más importantes que estos
instrumentos legales incorporan es la introducción de modificaciones sustanciales
a los dispositivos de captura de la renta. La nueva
legislación por un lado incrementa la regalía y por
el otro equipara los impuestos sobre la renta –tributo a la
ganancia– con las restantes actividades económicas
en el país. Para el gas el mínimo para la
regalía se fijó en 20% y para los hidrocarburos
líquidos en 30%. Se procura con ello garantizar un ingreso
fiscal
más estable, compartiendo los riesgos de
precios bajos entre el Estado propietario y la industria
petrolera inversionista, de modo que la actividad aguas abajo no
sea estimulada a fugarse del país.

La nueva política
petrolera

La nueva política petrolera ha mostrado signos
inequívocos en la recuperación del papel del Estado
en la defensa de los intereses nacionales. Un cambio
importante ha sido el desplazamiento del centro de diseño
de la política petrolera en el país. Desde la
"nacionalización" hasta 1999 ese centro se fue moviendo
del ministerio a la alta gerencia de la industria petrolera.
Desde 1999 hasta ahora es claro que ese desplazamiento se ha
revertido. Es hoy el ministerio del ramo, hoy denominado
Ministerio de Energía y Petróleo, el centro para el
diseño e implementación de las políticas
públicas para esta actividad. Y lo es tanto en el esfuerzo
cotidiano por reconquistar esa responsabilidad, como por lo
establecido en la nueva legislación que de manera
inequívoca le asigna ese papel.

La reforma también se plantea estimular el
desarrollo de los factores productivos nacionales. Usar el sector
más fuerte de nuestra economía, el
petrolero, para el desarrollo de otros. Esta orientación
se ha materializado de múltiples maneras. El convenio
marco firmado entre PDVSA y la CVG en junio de 2003, las ruedas
de negocios con cooperativas y
pequeñas y medianas empresas o el estímulo para la
creación de cooperativas de servicios o transporte son
ejemplos de ello. Ahora más que nunca la
corporación tiene como norte el abastecerse, hasta donde
ello sea posible, de bienes y servicios producidos en el
país.

Además, la recuperación de los precios
desde 1999 y la consecuente mejora en la recaudación
fiscal, le permitió inicialmente al gobierno mitigar
parcialmente la severa crisis económica que venía
padeciendo el país desde por lo menos los inicios de la
década de los 80. Desde el año 2002 la
situación del país ha sido más complicada.
Un golpe de Estado
en abril de 2002 y cuatro "paros cívicos" ese mismo
año fueron manifestación evidente de la aguda
turbulencia política vivida. Y la severa crisis
política tuvo, no podía ser de otra manera,
consecuencias en el terreno económico.

Pero aún en tiempos de dificultades, la
política petrolera, por los elevados ingresos fiscales que
ahora genera, ha sido sostén fundamental de todo el
proyecto del presidente Chávez y las fuerzas que lo
apoyan. Esto se acentúa aún más durante el
año 2004. Los precios del petróleo en el presupuesto de
ese año fueron estimados en 20 dólares por barril,
siendo que el precio
promedio del año para la cesta venezolana superó
los 30 dólares y produjo por ello cuantiosos ingresos.
Esto a su vez implicó que los aportes al fisco hayan sido
superiores a los inicialmente estimados y que, adicionalmente, la
corporación haya podido, de manera directa, tener una
participación más activa en planes de
inversión planificados por el gobierno. Con parte de esos
ingresos extraordinarios, el gobierno nacional actual,
comprometido con el interés nacional, ha podido crear tres
fideicomisos para la inversión pública. Uno por
hasta 2 millardos de dólares para iniciar la construcción de plantas hidro y
termo eléctricas en Carabobo, Lara y Mérida;
comenzar las obras del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel
Zamora en Barinas; financiar la puesta en marcha de la nueva
línea aérea nacional, Conviasa; e invertir en el
sistema de riego
Diluvio – El Palmar, en el estado Zulia. Otro fideicomiso de
480 millardos de bolívares esta dirigido a la
inversión en desarrollos habitacionales y de
infraestructura. Fue ya anunciada la construcción de
más de 42 mil viviendas, así como dos tramos de la
autopista a Oriente y varios kilómetros de vialidades
agrícolas. Para su inversión en proyectos de
desarrollo agrícola administrados por el Ministerio de
Agricultura y
Tierras, fue creado un tercer fideicomiso con un aporte de 1.152
millardos de bolívares.

Adicionalmente y con un presupuesto de 600 millones de
dólares, la Gerencia de Desarrollo Social
de la nueva PDVSA apalanca financieramente las Misiones
educativas, de salud y productivas que
viene adelantado el gobierno nacional con fuerza desde
inicios de 2003. Esos recursos
financian becas de las misiones educativas, aporta recursos para
la construcción de módulos de salud de la Misión
Barrio Adentro, participan en la Misión Identidad y
apoyan la Misión Vuelvan Caras a través de los
Núcleos de Desarrollo Endógeno.

Finalmente, importa señalar que la actual
política petrolera, además de los medulares
objetivos del
control estatal de PDVSA y la vinculación, sin
comparación, de ésta con su accionista, el pueblo
venezolano, ha conquistado, con supremo éxito,
otros objetivos, como por ejemplo, la recuperación de los
precios del petróleo que se habían situado en 10.5
USD en promedio durante 1998, al punto que durante el año
2004 superaron, en promedio los 30 USD por barril. Asimismo, el
gobierno nacional ha podido anotarse una victoria más, en
el fortalecimiento de la OPEP, la cual ha pasado a constituirse
en un punto sinequanon de su agenda de política exterior.
En ese mismo orden de idea conviene destacar la estrategia de
Petroamérica, la cual viene progresivamente con sus
vectores:
Petrocaribe, Petro Sur y Petro Andina, unificando y consolidando
paulatinamente a los pueblos de América
Latina y el Caribe bajo una nueva visión de integración que es antítesis de la
racionalidad del ALCA.
Ciertamente, desde el plano energético hemos logrado no
sólo unir a Brasil,
Argentina, Uruguay y
Chile en la estrategia de Petroamérica y Telesur, sino
además extendernos a otras áreas bajo el modelo
alternativo del ALBA
(Alternativa Bolivariana para las América), tras su firma el 14 de diciembre
de 2004 con el Estado Cubano en la ciudad de La Habana, en donde
PDVSA, en correspondencia con lo pautado en esta
declaración y acuerdo, abrió el 28 de abril de 2005
una agencia para atender las solicitudes y negocios que nos
demande el Caribe en materia petrolera y
energética.

El sabotaje contra la Industria Petrolera Nacional
(el paro
petrolero).

El acontecimiento más relevante y
dramático ocurrido durante toda la historia de la
industria petrolera venezolana ha sido sin dudas el sabotaje
cometido contra PDVSA entre diciembre del año 2002 y enero
de 2003.

El lunes 2 de diciembre de 2002, fuerzas de
oposición al gobierno de Hugo Chávez iniciaron una
acción política llamada "Paro Cívico Nacional"
convocado con el fin de derrocar al primer mandatario
nacional.

El 4 de diciembre los canales de televisión
y radio del
país comenzaron a trasmitir la noticia de la
paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín
León, en el canal de navegación del Lago de
Maracaibo. Las imágenes
mostraban cómo la tripulación de ese barco apoyaba
y participaba en la acción opositora. El tanquero
permaneció fondeado y bajo el control de la
tripulación insurrecta durante diecisiete días y se
convirtió en la expresión más clara del
compromiso de muchos gerentes, empleados y trabajadores de la
vieja PDVSA con la acción de protesta que ya se
había convertido claramente en acción de
sabotaje.

De allí en adelante, dirigentes de los sindicatos
petroleros que habían promovido la paralización de
la industria, conjuntamente con representantes de
Fedecámaras (la cúpula empresarial venezolana) y de
la CTV (la principal central sindical de trabajadores del
país) aparecían como voceros e instigadores
principales de esta acción insurreccional. Tal como
había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de
2002, la oposición logró la insólita
afiliación de la patronal y los trabajadores para cometer
nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes
establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del
fracaso del golpe político, en que la
desestabilización de la principal fuente de ingresos de
Venezuela –la industria petrolera-, terminaría por
asfixiar al gobierno nacional y obligaría a la renuncia
del presidente Chávez.

Los sucesos del Pilín León demostraron
rápidamente que la estrategia se centraba en lograr la
paralización del sector petrolero nacional. Siguieron a la
tripulación del Pilín León las de los
demás tanqueros de PDV Marina, gerentes y operadores de
refinerías, empleados y trabajadores de los campos,
profesionales y técnicos de las áreas de informática, contratistas de transporte
interno de combustibles y derivados, en resumen, personal de
distintas áreas con capacidad real para perturbar
seriamente el funcionamiento de la principal industria
nacional.

Las acciones del
sabotaje petrolero consiguieron restringir, entre otras
actividades, la producción de combustibles
aeronáuticos, gasolina, gasoil, así como el
transporte desde los centros de producción o
refinación hacia los centros de suministro comercial.
Entre otras afectaciones se pueden enunciar las
siguientes:

La afectación del suministro a la planta de
combustible del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con
perjuicio para el funcionamiento de líneas aéreas
nacionales e internacionales

Suspensión del suministro de combustible desde
las Plantas de Carenero, Guatire y Catia La Mar

El cierre del 90% de las estaciones de servicio en los
Estados Aragua, Guárico, Apure y Carabobo.

La suspensión total de la actividad en las
Plantas de Yagua y de Barquisimeto, ésta última
surtidora de los Estados Yaracuy, Lara y Cojedes

Suspensión de la Planta Guaraguao, con perjuicio
para los Estados Anzoátegui, Nueva Esparta y parte de
Sucre

Suspensión de la Planta Maturín, con
cierre de las estaciones de servicio de los Estados Monagas,
Delta Amacuro y Sucre

Suspensión de la Planta de San Tomé, con
lesión a la actividad de transporte de alimentos y
productos
industriales de la región

Mínimo despacho de las Plantas de Puerto Ordaz y
Ciudad Bolívar,
de la Planta de Bajo Grande surtidora de la costa oriental del
Lago de Maracaibo, de la Planta de San Lorenzo, que operó
en un 50%, con perjuicio para el suministro de los Estados Zulia,
Trujillo y parte de Lara y Falcón

Suspensión total de actividades de la Planta El
Vigía, con afectación de los Estados Mérida,
Táchira y Apure.

La paralización del buque "Pilín
León" y de otros 12 tanqueros pertenecientes a la flota de
PDV Marina

La presencia de 11 buques pertenecientes a armadores
internacionales fondeados frente a diferentes puertos petroleros
del país, lo cual no sólo paraliza el suministro de
combustible al mercado interno, sino la venta de crudos y
productos para la exportación

La negativa de seis buques tanqueros de terceros a
atracar en muelles de PDVSA por considerar que no existe personal
calificado en dichas instalaciones.

La producción total de crudo disminuyó en
un 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún
más debido a la detención de la producción,
a las restricciones de almacenamiento, a
la paralización de 29 unidades de compresión en el
Lago de Maracaibo y al detenimiento de las actividades del
Terminal Lacustre de La Salina por abandono del
personal

Paralización total en algunos casos y
funcionamiento parcial de las refinerías El Palito, Puerto
La Cruz y Paraguaná, así como en las
petroquímicas ubicadas en el Tablazo, Morón y
José, y casos de personal con hasta 48 horas de trabajo
continuo.

Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003,
el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo
como consecuencia una disminución abrupta de las
principales actividades económicas del país y
secuelas tanto para la corporación como para la sociedad
venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el
Banco Central
de Venezuela señalan los siguientes datos:

El monto de las pérdidas por ventas no
realizadas llegó a 14 430 millones de dólares
aproximadamente, lo

cual motivó una disminución de un monto
cercano a 9 998 millones de dólares en la capacidad
contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional. Esto
limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la
ejecución de sus planes y programas.

El Producto Interno
Bruto (PIB) del
país registró una caída de 15,8 % durante el
cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer
trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB
fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

Se registró igualmente una contracción en
los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del
Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo
cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el
Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer
un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los
efectos negativos sobre la economía nacional.

En términos monetarios, se observó un
aumento en el efectivo de 26%, una caída de los
depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales
en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de
4,1 puntos porcentuales.

¿Por qué tantos gerentes, ejecutivos y
empleados de PDVSA llegaron a adoptar una actitud
saboteadora contra su propia corporación? ¿Por
qué pusieron en riesgo el futuro de sus lucrativas
carreras profesionales, además de propiciar acciones que
tanto le costaron al país?

La causa fundamental del conflicto
entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de
Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de
abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de
ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta
en marcha por el gobierno. Esta nueva política busca
corregir la PDVSA que había logrado convertirse
prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que
había escamoteado al pueblo venezolano, utilizando su
enorme capacidad y potencial económico, el rendimiento de
su riqueza nacional; la vieja PDVSA, corporación estatal,
funcionaba en la práctica como una empresa privada,
dirigida por una "meritocracia", término con el cual se
conoce a la élite económicamente privilegiada y
desconectada de los intereses verdaderamente nacionales que
dirigía la Corporación. La vieja PDVSA tenía
niveles tan altos de autonomía respecto al Estado
venezolano, que era capaz de definir el rumbo de la
política petrolera venezolana y emprendía
iniciativas propias en las que se priorizaban los intereses de la
empresa y se relegaba a segundos niveles los intereses del resto
de la sociedad.

También desde los inicios mismos de la industria
nacionalizada en 1975 comenzaron las presiones para disminuir la
contribución fiscal de la empresa, y este renglón
se convirtió en una verdadera "caja negra".

Bajo el argumento de la necesidad cierta de recuperar
niveles satisfactorios de reservas probadas, muy menguadas al
momento de la nacionalización, se permitió que
PDVSA no pagara dividendos a su único accionista (el
Estado) por años. Solo la aguda crisis económica de
1994, causada por la más severa crisis financiera del
país en toda su historia, forzó al gobierno de ese
momento a reclamar por primera vez el pago de esos
dividendos.

Diversos mecanismos diseñados y perfeccionados
durante el período concesionario para garantizar una
adecuada participación del fisco en los ingresos del
negocio petrolero fueron desmantelándose. La
regalía, por ejemplo, establecida en un sexto como
mínimo en la Ley de 1943, pasó a ser un
máximo y en algunas asociaciones de la Apertura
llegó a fijarse en 1%.

Los Valores
Fiscales de Exportación, que servían como
instrumento de tributación indirecta en momentos de
ganancias excesivas por los elevados precios del petróleo
en el mercado internacional, fueron, por presión de
la corporación, eliminados. Cuantiosas inversiones en el
exterior, con muy escaso control por parte del Ejecutivo y con
dividendos inexistentes, elevaron los costos en demasía,
reduciendo de esta manera el aporte tributario. Todo ello
redundó en una significativa merma de la
participación fiscal en el negocio petrolero
venezolano.

Durante la Apertura, y contrariando toda la experiencia
previa, en Venezuela se avanzó hacia un régimen
fiscal más liberal donde el concepto de
propiedad
nacional y soberana del recurso tendió a debilitarse y con
ello el derecho del Estado a reclamar parte importante de la
renta como justa compensación y derecho
natural al ser el accionista principal. Los regímenes
fiscales liberales, como el aplicado en este caso, tienden a
disminuir la importancia del Estado como propietario y a
considerar el recurso natural como libre, sobre el que no hay, o
se procura minimizarlos, derechos de
compensación por su explotación.

Aunque no siempre de manera abierta, la reforma
petrolera en marcha ha ocupado un lugar central de la aguda
confrontación política reciente. El golpe de Estado
de abril de 2002, con el derrocamiento del gobierno por 48 horas,
y el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, lo
mostró con palmaria nitidez. El gobierno de facto de abril
de 2002 no llegó a nombrar su gabinete completo, pero
sí fue designado un nuevo presidente de PDVSA, el general
Guaicaipuro Lameda, quien había sido removido del mismo
cargo en febrero, por oponerse a la Ley de Hidrocarburos
recién promulgada; durante las escasas horas que
duró el gobierno de facto, esa ley fue derogada por
decreto; igualmente, el acuerdo bilateral de suministro de
petróleo a Cuba fue
suspendido. El golpe de abril de 2002 fue la culminación
de un paro cívico en apoyo al conflicto de la gerencia
petrolera contra el gobierno y la paralización de la
industria llevada a cabo en diciembre-enero de ese mismo
año tuvo como objetivo
explícito el derrocamiento del Presidente Chávez.
Esa acción golpista fue derrotada gracias al esfuerzo de
los trabajadores patriotas que se mantuvieron activos, la
incorporación de personal jubilado y la
movilización de fuerzas militares y sectores populares en
defensa de una empresa que
consideraron vital para nuestro futuro como nación
independiente.

La mayor resistencia al
proceso de cambios impulsado por el gobierno nacional actual,
hasta enero de 2003, vino de la gerencia de la propia industria.
La derrota por ella sufrida ha permitido la reorganización
de la nueva PDVSA. Esta reorganización está
convirtiéndola, de la más encarnizada opositora a
tal proceso de cambios, a su principal aliada. La
participación activa de la corporación desde la
finalización del paro en los planes de desarrollo en
marcha apunta claramente en esa dirección. La actividad petrolera fue
medular para la sociedad venezolana durante buena parte del siglo
XX y todo parece indicar que lo seguirá siendo a lo largo
de este siglo. De allí que la definición de los
rumbos y las orientaciones para este vital sector debe ser
preocupación de todos.

La auténtica
nacionalización

La defensa de la Soberanía Nacional es uno de los
pilares fundamentales de la política petrolera nacional
desplegada por el Gobierno de Venezuela.

Esta línea estratégica, orientada a
concretar una auténtica nacionalización petrolera,
pasa por la reafirmación de la propiedad de los
hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de la
nación y el rescate del control de la actividad petrolera,
tanto desde el punto de vista del régimen tributario y
legal como en el total dominio de la
industria petrolera nacional.

Desde este enfoque, el 10 de octubre de 2004, en el
programa
Aló Presidente transmitido desde la Refinería de
Puerto la Cruz, el Presidente de la República, Hugo
Chávez, anunció un nuevo impulso a la
política petrolera nacional para entrar en una fase de
"Plena Soberanía Petrolera".

El inicio de la primera etapa de la verdadera
nacionalización petrolera lo ubicó Chávez en
enero de 2003, con la derrota de la conspiración petrolera
y la recuperación de PDVSA, con la cual el pueblo
venezolano inició la reversión del proceso de
entrega total de la soberanía petrolera que vino con la
Ley que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los
Hidrocarburos, a partir de la cual la empresa petrolera estatal
se alejó de los intereses nacionales y respondió a
los intereses capitalistas.

Esta nueva etapa de rescate de la Soberanía
Petrolera consiste en deshacer los entuertos heredados de aquella
vieja PDVSA entreguista, apátrida y controlada por
intereses transnacionales. "Poco a poco vamos a corregir
desviaciones, desactivar mecanismos de dominación que
fueron instalados desde hace mucho tiempo y todavía
están allí. Vamos a comenzar a desactivarlos para
recuperar la Plena Soberanía Petrolera", anunció
Chávez.

La nueva fase de Plena Soberanía comprende la
revisión y el ajuste al marco de la ley de los malos
negocios que se dieron en el marco de la llamada Apertura
Petrolera en los años 90, entre ellos los Convenios
Operativos, las Asociaciones Estratégicas, y la
Internacionalización de PDVSA, los cuales apuntaron hacia
la privatización a destajo de la industria petrolera
venezolana, y significaron grandes pérdidas para el
país y por ende para el Pueblo Venezolano.

Estas acciones de revisión y reversión
están contempladas en el Plan de Desarrollo
Económico y social de la Nación 2001-2007 en el
cual el Gobierno Nacional se plantea promover auditorías técnicas y
administrativas de los diferentes negocios de la industria
petrolera y el análisis de nuevos negocios, en
el

marco del subobjetivo estratégico denominado
"Internalización de los Hidrocarburos"

En el marco de este anuncio el Ejecutivo Nacional ha
dejado claro que en ningún caso se cuestiona la presencia
de las empresas en nuestro país y que las mismas obtengan
sus respectivas ganancias producto de
sus inversiones, pero lo que sí exigimos de manera
irreductible es que esta participación se haga en el marco
del respeto a nuestra
leyes y a nuestra Soberanía.

La
OPEP

La Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) es un organismo intergubernamental
creado para coordinar las políticas de producción
de petróleo de sus 11 países miembros, con el fin
de estabilizar el mercado internacional de los hidrocarburos,
conducir a los países productores de petróleo a
obtener un razonable retorno de las inversiones y asegurar el
suministro continuo y estable de crudo para los países
consumidores. La OPEP produce el 40% del crudo mundial y el 14%
del gas natural

La OPEP fue creada el 14 de septiembre de 1960 en
Bagdad, capital de Irak. Venezuela tuvo un papel
protagónico en el nacimiento de la
organización, gracias a una iniciativa adelantada por
el entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo
Pérez Alfonzo, un excepcional estratega petrolero quien
avizoró la necesidad de un "instrumento de defensa de los
precios para evitar el despilfarro económico del
petróleo que se agota sin posibilidad de
renovarse".

Ya para esta época, Venezuela, cuya
economía depende esencialmente del petróleo,
había comprendido el significado del petróleo para
el mundo y la necesidad de llegar a acuerdos entre los
países exportadores para alcanzar el verdadero valor de este
producto estratégico.

En esas circunstancias, Juan Pablo Pérez Alfonzo
logró convocar a Irán, Irak, Kuwait y Arabia
Saudita, los cuatro países árabes de mayor
capacidad exportadora de crudo del mundo, para impulsar la
conferencia
internacional que creó la OPEP, con el objetivo de
concretar la unificación de las políticas
petroleras de los países miembros.

Años más tarde se sumaron a la
Organización Qatar, en 1961; Libia e Indonesia, en 1962;
Emiratos Árabes Unidos, en 1967; Argelia, en 1969;
Ecuador, en
1973 y Gabón en 1974. Estos dos últimos se
retiraron debido a la disminución de sus volúmenes
de exportación.

Después de su ratificación por los
gobiernos signatarios la OPEP se registró ante las
Naciones
Unidas el 6 de noviembre de 1962. Fue oficialmente reconocida
como una organización internacional por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas el 30 de junio
de 1965. (Resolución de las Naciones Unidas
No.6363)

¿Cuáles fueron las razones para fundar
la OPEP?

El nacimiento de la OPEP fue un acto de
reivindicación histórica ante el control que
ejercían las compañías transnacionales en el
negocio petrolero a expensas de los países productores.
Para mediados del siglo pasado, los precios, volúmenes de
producción y otros asuntos clave eran controlados por
siete grandes empresas internacionales conocidas como las "Siete
Hermanas" (enlace a Historia), de acuerdo a sus intereses y en
concordancia con la situación política y militar de
sus países de origen.

En febrero de 1959 y agosto de 1960, se presentaron
reducciones unilaterales para los precios fijados para los crudos
del Medio Oriente, esta situación propició que un
mes más tarde, el 9 de septiembre de 1960, por iniciativa
de los ministros petroleros de Venezuela y Arabia Saudita, Juan
Pablo Pérez Alfonso y el jeque Abdullah Al Tariki, se
propuso la creación de un denominado "Compacto Petrolero":
la OPEP, para defender los intereses de los países
productores

Al finalizar su primera reunión ministerial, la
OPEP hizo una declaración de Políticas y Objetivos
y fijó los requisitos para ingresar a la
Organización que, eventualmente alcanzaría su
número actual de 11 miembros.

La otra razón que condicionó la
creación de la OPEP la constituyó el inmenso
vacío en la gerencia del mercado petrolero mundial, la
incapacidad de las llamadas Siete Hermanas mas la
compañía francesa de petróleo para fijar los
precios del petróleo y controlar las inversiones que de
manera exagerada se habían realizado en todo el mundo, de
acuerdo con los objetivos de su convenio secreto de
operación, firmado en el Castillo de Achnacarry en 1928.
Convenio que estaba orientado a controlar:

– Todas las áreas de producción fuera de
Estados Unidos.

– Todas las operaciones
foráneas de refinación

– Todas las patentes, conocimientos (Know-how) y
tecnologías que se refiriesen a la refinación
y:

Dividirse en forma efectiva, los mercados
mundiales, fijar los precios mundiales para los crudos y
productos, controlar los oleoductos y las facilidades de
transporte a escala
mundial.

Estos acuerdos, cuya estructura era condenada por los
Estados Unidos (apoyándose en su ley contra el monopolio)
irónicamente fueron tolerados por el gobierno americano y
aplicadas en la mayoría de los países donde ellos
tenían sus operaciones en vista de que eran muy
beneficiosos para la estrategia energética de ese
país.

El acuerdo de Achnacarry o del "as is" (como se le
conocía) comenzó a perder vigencia; Después
de la entrada de otras empresas en el negocio petrolero
internacional, por la penetración del crudo Ruso en el
mercado europeo y por la aparición de las empresas
petroleras independientes, que también ofrecían
crudo a precios inferiores a los fijados por las Siete Hermanas
(fuera de sus canales de
distribución).

Fueron estos últimos acontecimientos los que le
abrieron la puerta a la OPEP y le permitieron su permanencia, ya
que el mercado petrolero demandaba una mayor
estabilidad.

Países integrantes

Actualmente, la OPEP está integrada por 11
países productores y exportadores de petróleo,
ubicados en América, Asía y África, los
cuales agrupan una población de alrededor de 525 millones de
personas y cuyo principal producto de exportación es el
petróleo:

Arabia Saudita

Argelia

Emiratos Árabes Unidos

Indonesia

Irak

Kuwait

Nigeria

Qatar

República Islámica de
Irán

República Socialista de Libia

Venezuela

Para estas naciones el petróleo constituye el
principal motor de desarrollo económico, político
social y la renta petrolera no sólo contribuye a la
expansión de su plataforma económica e industrial,
sino constituye el motor fundamental para proveer a sus
habitantes de empleo,
educación,
salud, y calidad de
vida.

Objetivos de la Organización

Los principales objetivos de la OPEP son:

1.- Coordinar y unificar las políticas petroleras
de los países miembros y determinar los medios
más idóneos para salvaguardar sus intereses
individuales y colectivos

2.- Buscar las mejores vías y medios para
asegurar la estabilización de los precios en los mercados
internacionales, con miras a eliminar las fluctuaciones
perjudiciales e innecesarias

3.- Proveer a las naciones consumidoras un suministro de
petróleo de un eficiente, económico y regular y un
retorno justo de capital para las inversiones de la industria
petrolera

Funcionamiento

La máxima instancia de decisión en la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo es la Conferencia de Ministros, donde se
reúnen los representantes de los países miembros, o
Jefes de Delegación.

Esta instancia se apoya en varios comités
ministeriales, la Junta de Gobernadores, la Comisión
Económica y otros Comités Técnicos.
Adicionalmente cuenta con el Secretariado de la OPEP, un cuerpo
técnico permanente y de alto nivel profesional.

Los Ministros de petróleo de los países
miembros se reúnen durante las denominadas Conferencias de
la OPEP, para coordinar y unificar sus políticas
petroleras y para promover la estabilidad y prosperidad en el
mercado. Para ello se poyan en la secretaría de la OPEP,
organización supervisada por el cuerpo de Gobernadores,
bajo la dirección del Secretario General, respaldados
asimismo por otros cuerpos como la Comisión
Económica, el Comité Ministerial de Seguimiento y
otros Comités Ministeriales establecidos de acuerdo a las
circunstancias del mercado.

En estas reuniones los países miembros consideran
la situación actual y futura del mercado petrolero,
revisando las proyecciones del período bajo
consideración y sugiriendo los cambios que deberían
realizar a sus políticas petroleras. Por ejemplo, en
conferencias anteriores los países miembros han decidido
aumentar o reducir, en forma colectiva su producción
petrolera para mantener precios estables y suministros seguros a los
consumidores, en el corto, mediano y largo plazo.

Políticas de la OPEP

Las políticas de la organización han
estado orientadas a defender los precios petroleros y a mantener
el poder adquisitivo de los ingresos petroleros de los
países miembros. EN la actualidad los mayores esfuerzos de
la organización están dirigidos a alcanzar y
mantener un mercado petrolero estable, contrariamente a lo que se
hacía en el pasado, cuando el énfasis se daba a la
fijación o administración de los precios
petroleros.

Desde marzo del año 2000 los esfuerzos estuvieron
orientados a lograr estos objetivos a través de un
programa regulatorio de producción que limita la oferta OPEP
–y de algunos países no OPEP que colaboran con el
sistema- dentro de niveles que apoyan una banda de precios
considerada como conveniente para productores y consumidores
(22-28 USD/barril)

Previo a esta decisión de marzo del año
2000, la OPEP practicó diferentes esquemas y
políticas de control de mercado: Así hasta 1973
aceptó los precios fijados unilateralmente por las
transnacionales, entre 1973 y hasta 1974 comenzó a fijar
los precios de los crudos OPEP en el mercado hasta que en 1985
Arabia Saudí renuncia a la estructura de precios de la
OPEP y la organización abraza la política de
"Participación de Mercado" –iniciándose la
guerra de
precios- Después de un breve período de un
año, la OPEP retoma la gerencia del mercado (A partir de
1987), actuando únicamente como reguladora de
producción. Desde 1987 hasta el año 2000 la OPEP
sólo se interesa en el cumplimiento de las cuotas las
cuales muy pocos países respetaban, obligando a la
Organización a buscar nuevas estrategias.

La OPEP necesita una estabilidad en el mercado y se
esfuerza por entregarle a los consumidores los suministros
petroleros a un precio razonable. Ella busca la prosperidad del
negocio petrolero para beneficio de productores y consumidores,
la cual ha logrado de diferentes formas, algunas veces reduciendo
voluntariamente el petróleo que produce y, en otras,
aumentándolas, cuando se ha presentado una escasez de crudo
en el mercado.

Las políticas de control de producción de
la OPEP afectan los precios de los crudos en forma directa,
mientras que a los productos refinados (tales como la gasolina)
solo lo hace en forma indirecta y en menor proporción,
debido a la carga impositiva que aplican los países
consumidores a estos productos que, en algunos casos asciende al
70% del valor del producto.

Conclusión

Luego de haberse planteado todo lo referente a la
nacionalización del petróleo, así como sus
antecedentes, desarrollo y situación actual, se puede
determinar que la temática planteada en esta Investigación, es muy importante, pues ha
trascendido nuestras fronteras y ha influido de manera
trascendental en la economía y muchos otros aspectos
específicos de la nación y sus
habitantes.

Dicha temática, se refiere a como se dio inicio
(en términos generales) al uso de este recurso tan
importante como lo es el Petróleo; luego en como se inicia
la actividad petrolera en nuestro país, la cual constituye
un hecho trascendental para la nación, pues se evidencia
el gran desconocimiento y la desorganización en cuanto a
la exploración y explotación de este recurso,
así como también se refleja una gran
intromisión en el país de empresas
transnacionales.

Siguiendo este orden de ideas, a medida que van
constituyéndose gobiernos tras gobiernos, estos van
efectuando ciertas modificaciones en cuanto al Marco
Jurídico Legal, con el fin de que la actividad petrolera
estuviera mas controlada y las ganancias que ello generara, una
parte se destinara al fisco, pero siempre colocando los intereses
particulares en primera instancia a los intereses nacionales, es
decir que las empresas extranjeras terminaban por absorber las
mayores ganancias y el Estado solo con una parte.

Tal situación, termina en cierta forma aparente,
cuando en el primer gobierno de Carlos Andrés
Pérez, se promulga una supuesta Nacionalización del
Petróleo, lo cual disfraza por mucho tiempo la
situación de la actividad exploradora, explotadora y
comercializadora del petróleo, donde solamente se eliminan
los nombres de las Compañías Extranjeras que para
ese entonces existían, pero seguía
manteniéndose inalterable los integrantes de las mismas,
pues estos pasaron a formar parte de la nueva estructura
gerencial de PDVSA, manteniéndose así, vigente la
forma y estructura de la gestión
que para ese momento se tenía.

Posteriormente, con el inicio del Gobierno actual del
Presidente Hugo Chávez, se empieza a tornar la
temática del petróleo ciertamente discutible, por
el hecho de que existía un Estado dentro del Estado, es
decir PDVSA, ya que la misma se encontraba controlada por unos
pocos y el Estado casi no tenía participación en la
formulación de los planes y políticas que PDVSA
debe ejecutar, pues la legislación establece, que en orden
de jerarquía, es el Ministerio de Energía y Minas
(actualmente Ministerio de Energía y Petróleo)
quien coordinadamente con PDVSA debe formular los diferentes
planes en materia petrolera.

Finalmente, se puede mencionar que la temática
del petróleo ha tenido una trascendencia para Venezuela,
tanto que incluso es el fuerte económico de esta
nación, que se constituye en una de las principales
fuentes de
ingresos por este concepto, y que con base en ello, se ha buscado
diversificar la economía nacional.

Muy aparte, en la presente investigación se
destaca la importancia que tiene la OPEP para Venezuela, pues es
uno de los Organismos internacionales que regula y coordina la
producción de petróleo de los países
miembros, y cuya participación de Venezuela es resaltante,
ya que la creación de este organismo fue iniciativa del
entonces Ministro de Minas e Hidrocarburos Juan Pablo
Pérez Alfonzo, lo cual coloca a la nación
venezolana como protagonista en la fundación de este
prestigioso organismo.

Bibliografía.

CALDERA, RAFAEL (1976). La nacionalización del
petróleo en Venezuela. (6ª edición) Caracas: Editorial Nueva
Política.

EDITORIAL SANTILLANA. (1998).
Historia de Venezuela 8º. (1º
Edición). Caracas: Autor.

PDVSA – Petróleos de Venezuela SA. (2006).
(Página
Web en Línea). Disponible en:

http://www.pdvsa.com/

USLAR PIETRI, ARTURO (1966). Petróleo de vida
o
muerte. Caracas: Editorial
Arte.

Andrea Mijares

Adriana Sánchez