La cooperación Universidad-Empresa-Estado en el Perú (página 7)

Partes: 1,
2, , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

TABLA No.26

ESTRUCTURAS TRIBUTARIAS EN
AMÉRICA LATINA (1)

(1) No incluye contribuciones sociales. Considera
aquellos tributos
que constituyen ingresos
del Gobierno
Central.

Fuente: FMI,
Administraciones Tributarias de los países.
Elaboración SUNAT.

E3. CONTINUAR CON REDUCCIÓN DEL
TAMAÑO DEL ESTADO.

Privatizar en principio es bueno, es positivo.
Principalmente, esto hace que, de alguna manera, el Estado
se retire de la actividad económica productiva y se
dedique más a lo que la sociedad
lo exige: promover y regular, dejando la actividad de
producción de bienes y
servicios
al sector privado. No todos los momentos son buenos para
privatizar, ahora la economía está en una
encrucijada, hay una crisis
económica en donde existen deudas, pero también
existen bienes que se pueden transar. El ingreso de
éstos bienes permitirá bajar el nivel de
endeudamiento, de tal manera que los efectos de la crisis se
pueden suavizar. Si se va esperar el mejor momento para
vender las empresas,
éste nunca va a llegar. Por tanto, parte de la crisis
es consecuencia del tamaño del Estado, por ello
éste debe reducirse. Parte de esta reducción es
la privatización. Hay dos efectos
positivos en este proceso:
El primero se da en las actividades productivas: al pasar a
una lógica privada, se llega a una mayor
eficiencia
para la sociedad en general; El segundo efecto, consiste en
la reducción del Estado: disminuye la carga para el
sector formal, y éste crece. Por consiguiente en este
sentido es necesario desarrollar en los próximos 4
años:

1. Diseñar un plan de
acción para la reducción o
fusión de organismos públicos,
nombrando una comisión responsable del más
alto nivel para su ejecución.

2. Mantener al Estado como promotor de la
actividad privada y no como actor, delegando poderes del
aparato burocrático.

3. Reducir y a la vez fortalecer el tamaño
del Estado. Para ello, concluir con las privatizaciones pendientes e impulsar la
política de concesiones, entre otras
medidas.

4. Fijar objetivos anuales y quinquenales con plazos
y metas medibles.

El Gobierno de turno a través del "Acuerdo
Nacional", se ha comprometido en este
aspecto():

Vigésimo Cuarta Política de
Estado

Afirmación de un Estado Eficiente y
Transparente

Nos comprometemos a construir y
mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al
servicio de
las personas y de sus derechos, y que promueva
el desarrollo y
buen funcionamiento del mercado y de
los servicios
públicos. Nos comprometemos también a que el
Estado atienda las demandas de la población y asegure su
participación en la gestión de políticas públicas y sociales,
así como en la regulación de los servicios
públicos en los tres niveles de gobierno. Garantizaremos
una adecuada representación y defensa de los usuarios de
estos servicios, la protección a los consumidores y la
autonomía de los organismos reguladores.

Con este objetivo el
Estado:

(a) incrementará la cobertura, calidad y
celeridad de la atención de trámites así
como de la provisión y prestación de los
servicios públicos, para lo que establecerá y
evaluará periódicamente los estándares
básicos de los servicios que el Estado garantiza a la
población;

(b) establecerá en la
administración pública mecanismos de mejora
continua en la asignación, ejecución, calidad y
control del
gasto fiscal;

(c) dará acceso a la información sobre planes, programas,
proyectos,
presupuestos, operaciones
financieras, adquisiciones y gastos
públicos proyectados o ejecutados en cada región,
departamento, provincia, distrito o instancia de
gobierno;

(d) pondrá en uso instrumentos de
fiscalización ciudadana que garanticen la transparencia
y la rendición de cuentas en
todas las instancias de gobierno;

(e) erradicará la utilización
proselitista del Estado y la formación de
clientelas;

(f) mejorará la capacidad de gestión del
Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos
sus niveles;

(g) reducirá los costos de
acceso a los bienes y servicios públicos; y

(h) revalorará y fortalecerá la carrera
pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los
servidores
que demuestren alta competencia y
solvencia moral.

Así sea. Tomamos nota, que
ojalá en el mediano plazo se cumplan estos objetivos.
Elemento fundamental en el apoyo a la cooperación
–Universidad–Empresa-Estado.

E4. INTENSIFICAR PROCESOS
DE PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES.

Existe experiencia internacional exitosa que
respalda esta propuesta. Pero pésima en el mercado
interno por el mal manejo que se hizo del Electro Sur en
Arequipa. Resulta sumamente importante que la
población internalice los beneficios provenientes de
las empresas privatizadas y no sólo los costos para
poder
alcanzar grandes avances en este aspecto. Sin embargo,
todavía quedan tantos activos
por privatizar como obras de infraestructura para
concesionar, éstos no van a generar un flujo
significativo de inversión. Por ello se deberían
crear las condiciones necesarias para que las privatizaciones
se aten a compromisos de inversión de desarrollo de
nuevos proyectos, en los cuales se promocione la inversión extranjera en el
país.

Hay que dejar claro el concepto de
las privatizaciones. El objetivo no es proveer de dinero al
Estado sino hacer productivas y exitosas las empresas que se
privatizan. Importa menos lo que se hizo con los dos mil
millones de dólares que pagó la
Telefónica por la obsoleta Compañía
Peruana de Teléfonos, que en realidad servía a
los partidos
políticos tradicionales de agencia de empleos.
Sino el desarrollo ulterior que han tenido las comunicaciones en el Perú, que dieron
un paso cualitativo y cuantitativo gigante. En este sentido
se deben tomar las siguientes acciones
en los próximos 5 años:

1. Explicar al ciudadano común y corriente,
las razones que este proceso debe ejecutarse.

2. Desarrollar una política eficiente de
concesiones que incluya la normatividad
necesaria.

3. Incentivar la creación de mecanismos de
defensa del consumidor para que mejore la calidad del
servicio de las empresas privatizadas o dadas en
concesión.

Lo cierto es que el principal problema que ha
enfrentado el proceso de privatización se centra en
los cuestionamientos sobre cómo se vendieron los
activos del país. El trabajo
de Pro Inversión –organismo responsable del
gobierno- debió empezar por definir, antes de las
elecciones regionales, cuáles serían empresas
regionales y cuáles de ámbito nacional. Lo que
hasta ahora no está claro. Un ejemplo es el caso del
contrato
realizado en telecomunicaciones, donde se buscaba tener
1,500 pueblos comunicados. Aquí, la inversión
que se tenía que realizar no interesaba. Lo más
importante era la provisión del servicio. Por lo
tanto, un camino que reduce la incertidumbre tanto para el
Estado, como para el inversionista, es concentrarse en metas
de desarrollo y no en compromisos de reinversión de
capital.
El monitoreo de esta variable es más sencillo y menos
costoso, ya que a veces se pueden fijar metas de
inversión cuyo monto es superior o inferior a la meta de
servicio propuesta.

E5. PROMOVER CONTRATOS DE
GERENCIA.

Con estos contratos, que generalmente son de corto
plazo, se mantiene la propiedad de los activos del sector
público en cuestión, si no se privatiza,
pero se logran las ventajas de eficiencia de una gerencia
privada. Cuando es el capital privado el que está en
juego, los
gerentes tienden a ser más cuidadosos en las
decisiones de asignación de recursos,
mientras que en una gerencia pública pueden tener
otras prioridades y utilizar capital proveniente del presupuesto público asignado. Con los
contratos de gerencia, una vez que se tiene la
infraestructura montada, lo cual se encuentra en manos del
Estado, se tiene la opción de subastar el derecho de
gerenciar una determinada firma. El problema con las empresas
públicas es que son manipuladas y se da mayor
importancia a los temas políticos que a los de
eficiencia.

CAPITULO III

SITUACIÓN
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES
ECONÓMICO-EMPRESARIAL DE LA UNMSM.

A. SITUACIÓN DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO PERUANO

A1. ASPECTO HISTÓRICO.

La tradición europea que fue heredada por
América
Latina, ponía a las universidades y las empresas
económicas en polos opuestos. Según esta
tradición, las universidades se dedican a la
búsqueda del conocimiento, de la
educación y de la cultura,
mientras que las empresas son organizaciones
que tienen por objetivo la ganancia monetaria. Las empresas
tienen una lógica de corto plazo, mientras que las
universidades tienen la perspectiva de los siglos(). Desde esta
óptica pedir a las universidades que
actuasen basadas en criterios de eficiencia y productividad
parece inadecuado ya que la racionalidad imperante es que a la
universidad no debía importarle el costo que
tenga para que su producto sea
de calidad en términos educacionales, científicos
o culturales.

Sin embargo, en los últimos años, la
barrera aparentemente infranqueable entre las universidades y
las empresas económicas, ha empezado a fracturarse en
distintos puntos, y la aproximación y los paralelos
entre los dos, se ha tornado cada vez más frecuente. En
el límite, hay quienes argumentan que las universidades
tendrían que portarse y ser tratadas como empresas
económicas, tanto desde el punto de vista de la evaluación de sus resultados, como de su
forma de financiación, por la venta de
productos al
mercado y no por subsidios y donaciones
públicas.

El factor más evidente en esta
transformación es la limitación presupuestaria de
los gobiernos, ante la demanda
creciente de costos de los sistemas de
educación
superior. En el pasado, cuando la educación superior no atendía sino
al 5% o menos de la población, era posible suponer que
los recursos para la educación superior seguirían
siempre existiendo, y que las universidades podrían
continuar sin preocuparse por la eficiencia de su trabajo o
con la recuperación del costos de sus operaciones.

El mercado pasó a desempeñar un rol
más decisivo para el desarrollo de las naciones, y la
cultura que tradicionalmente había justificado la
producción estatal de los servicios públicos, se
debilitó para dar paso a una concepción basada en
la diversidad de las ofertas, en eficiencia competitiva y el
control de costos.

La lógica económica está siendo
introducida en los sistemas universitarios en todo el mundo por
los mecanismos de evaluación establecidos por gobiernos
y ministerios
de educación, en su esfuerzo de hacer más
racional y transparente la asignación de recursos para
instituciones de educación
superior.

En este contexto surge la acreditación
como un proceso por medio del cual un programa o
institución educativa brinda información sobre
sus operaciones y logros a un organismo externo que
evalúa y juzga, de manera independiente, dicha
información para poder hacer una declaración
pública sobre el valor o la
calidad del programa o de la institución. Muchos creen
que la educación ha funcionado a la manera de una
caja negra, cuya opacidad impide saber qué ocurre
en su interior. En el momento actual, dicha imagen resulta
ampliamente insatisfactoria, siendo numerosas las voces que
reclaman una mayor transparencia. Pues conociendo el grado de
logro de sus objetivos, será fundamental para hacer
mejor uso de los recursos disponibles y para tomar las
decisiones más adecuadas. La acreditación
resulta así, una constancia de credibilidad por parte de
la sociedad y del público demandante de los servicios
educativos.

Por ejemplo, los franceses en 1998 formaron una
Comisión integrada por distinguidos intelectuales presidida por Jacques
Attali, que presentó un informe
sobre la situación de la educación superior en
Francia y
sobre las reformas inmediatas y a largo plazo que consideraba
necesarias para elevar el nivel de calificación de los
franceses, meta que, pensaban, debe llegar a ser "el objetivo
principal de la política
económica y social de Francia".
¿Qué les preocupa?. Que la enseñanza superior debe ser pensada en su
dimensión internacional, y en particular europea. Buscan
un sistema compatible de diplomas y de carreras de conjunto de
los establecimientos de enseñanza superior. Armonizar
las carreras de las universidades y de las grandes escuelas
francesas con las universidades de otros países de la
Unión
Europea.

En España,
de igual forma. La Comisión de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), presentó el
Informe Bricall, donde en sus más de 500
páginas ofrece un diagnóstico completo sobre la Universidad
Española de los 80/90. En este país, la
Universidad del 2000, enfrenta nuevos retos, producto de la
consolidación de la democracia y
del surgimiento de una sociedad. ¿Sus problemas?.
Tres temas concretos: ()

1. Las cuestiones relativas a las relaciones
entre los gobiernos y las universidades públicas. En
este caso, el problema fundamental es definir y delimitar la
autonomía universitaria y establecer las formas de
responsabilidad
social de las propias universidades.

2. Las cuestiones relativas al gobierno
interno de las universidades, es decir a los procedimientos
que se utilizan en ellas para la toma de
decisiones. La cuestión fundamental aquí se
refiere al modelo
interno de gobierno universitario y al equilibrio
entre los elementos propios de un modelo colegial y los
característicos de un modelo de gestión
profesional.

3. Las cuestiones relativas a la estructura
funcional de las universidades, a su organización en centros, departamentos,
etc., y su relación de dicha estructura con los modelos de
gestión interna. El problema fundamental aquí,
consiste en el grado de rigidez o de flexibilidad de esas
estructuras
en el interior de cada universidad para hacer frente a los
cambios del entorno y, correlativamente, en la uniformidad o
diversidad de las opciones en el seno de un mismo sistema
universitario.

Como es de notar, los problemas y las
preocupaciones, corresponden en general, a todos los
continentes, pero sus particularidades tienen que ver con la
sociedad y entorno a los que sirve la
universidad.

Pero veamos qué ocurre en el Perú. Entre
los meses de Septiembre a Noviembre de 1999, se
desarrolló en Lima, un Conversatorio organizado por la
Universidad Nacional Federico Villarreal al que denominó
"¿QUÉ TIPO DE UNIVERSIDAD REQUIERE EL PAIS?".
Tema que reunió a ilustres pensadores peruanos como Luis
Jaime Cisneros, Carlos del Río Cabrera, Ronald Woodman
Pollitt, Edith Mellado Céspedes, León
Trahtemberg, César Paredes Canto, Edgardo Mercado
Jarrín y Felipe Mac Gregor. Allí se trató
de los modelos Universitarios: el Clásico, el
Francés, el Alemán, el Corporativo.

Como el aspecto ideológico es muy amplio, puede
ser materia de
otra tesis, nos
limitaremos a citar lo siguiente:

"Para algunos la universidad es un taller:
para otros es un "centro de transformación social";
para otros la universidad es un símbolo del prestigio
personal;
para otros la universidad es la orientación hacia un
ideal del que la realidad se nutre, y es lo que el famoso
filósofo alemán Jaspers llama la
universidad-idea, la orientación hacia el saber y
la
ciencia"

"Muchos años de vida universitaria, y
algunos de obligada reflexión sobre ella, me han
llevado a la convicción de que el rol que se asigna y
que de hecho desempeña una universidad depende de la
concepción que una comunidad y
el Estado, tengan de ella, dependen del rol que el Estado y
la comunidad social le asigne, y como en el caso de los
jóvenes, depende también de la autoestima
que la universidad tenga"().

Nunca como ahora la situación económica
del país está en una encrucijada y sus problemas
fundamentales: generar trabajo y mejorar el nivel de vida de
los peruanos. Entonces, en esta coyuntura, el rol de la
universidad pública, en nuestra opinión, es
contribuir a la solución de los problemas que aquejan a
la sociedad peruana.

Y en el caso específico que estamos evaluando,
creemos que hay dos consideraciones claves que debemos superar:
modernizar su organización para responder
más eficientemente al cambio. Y
ampliar su financiación, para atender a las
nuevas consideraciones del mundo global. Base sobre las cuales
abordamos este tema.

A2. ASPECTO LEGAL.

La Constitución Política establece el
conjunto de mandatos que los ciudadanos le atribuyen al Estado
y para garantizar su cumplimiento se consideran los fundamentos
que deben orientar las finanzas
públicas. La evolución de las normas
constitucionales en el Perú tiene dos hitos muy
importantes en los últimos veinticinco años. Por
un lado, la Constitución de1979 que fue promulgada al
cierre de un importante periodo de reformas económicas y
sociales, que se iniciaron a fines de la década de los
sesenta y que determinaron un incremento sustantivo de la
participación del Estado en la economía nacional;
y de otro, la Constitución de 1993 que también,
buscó consolidar una serie de reformas pero de sentido
inverso a las que se consagraron en la Constitución de
1979.En efecto, a diferencia de esta Constitución, la de
1993 consagró una menor intervención del Estado y
un mayor protagonismo privado, dando cuenta, una vez
más, del péndulo político que tuvo
vigencia durante el siglo XX en el Perú. Ambas
constituciones dieron cuenta por tanto, de una clara
intención reformista. La primera sentando las bases para
la construcción de un Estado desarrollista y
la segunda, cancelando el proceso anterior y abriendo paso a la
edificación de un Estado subsidiario.

Así el artículo 17 expresa que "la
educación inicial, primaria y secundaria son
obligatorias. En las instituciones del Estado, la
educación es gratuita." A continuación expresa
"que en las universidades públicas el Estado garantiza
el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que
mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los
recursos económicos necesarios para cubrir los costos de
educación". A diferencia del Artículo 25 de
la Constitución de 1979 que decía "que la
educación impartida por el Estado es gratuita en todos
sus niveles, con sujeción a las normas de la ley".

Estos cambios de política llevaron al estado
peruano a recortar su participación en la
educación superior y a destinar sus escasos recursos a
la educación básica. En la práctica esto
significó dejar la educación superior a la
iniciativa privada.() Surgió así un nuevo
tipo de universidad: la universidad particular, concebida como
una empresa de
servicios educativos y defendida elocuentemente por
representantes del neoliberalismo en el Perú, que vieron la
educación superior como una actividad económica
cualquiera. Apoyándose en los elementos propios de la
economía de mercado: libre iniciativa, libre
competencia, derecho a la propiedad y libertad de
enseñanza, que la Constitución vigente consagra,
los nuevos promotores reclamaban la abstención del
Estado y el respeto al
libre juego de la oferta y la
demanda en materia educativa. Fundamentaban su proyecto en las
nuevas exigencias del mercado de trabajo que las universidades
existentes no siempre atendían, en las bondades de la
libre competencia, en la inhabilidad del Estado para controlar
y evaluar la educación superior así como en
algunos escándalos protagonizados por algunas
autoridades de universidades privadas que ellos consideraban
como evidencia de las limitaciones de la autogestión o
cogobierno en la universidad.

Así el 9 de noviembre de 1996 el gobierno
peruano, haciendo uso de las facultades delegadas por el
Congreso, promulgó el Decreto Legislativo 882,
estableciendo normas y garantías para promover la
inversión privada en educación con el fin de
contribuir a modernizar el sistema
educativo y ampliar la oferta a todos los
niveles.

La norma establece que "toda persona natural
o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa
privada, para realizar actividades en la educación .Este
derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar
Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad
lucrativa (Artículo 2).

Entre los aspectos más importantes de esta
normas están las siguientes:

a. Legaliza la propiedad de las instituciones
educativas particulares, esto es, garantiza el derecho de
propiedad de las entidades promotoras.

b. Reconoce el derecho a adquirir y transferir la
propiedad sobre las instituciones educativas particulares,
disponiendo que este derecho conlleva la responsabilidad del propietario en la
conducción de la institución y en el logro de los
objetivos educacionales.

c. Las instituciones educativas particulares
deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera
de las formas previstas en el derecho común y en el
régimen societario, incluyendo las de asociación
civil, fundación, cooperativa,
empresa individual de responsabilidad limitada y empresa
unipersonal (Artículo 4).

d. Tratándose de instituciones particulares de
nivel universitario, el Estatuto o Reglamento o Reglamento
Interno de cada una establece la modalidad de
participación de la comunidad universitaria, conformada
por profesores, alumnos y graduados. El Estatuto o Reglamento
Interno debe permitir la participación de la comunidad
universitaria en los asuntos relacionados con el régimen
académico, de investigación y de proyección
social.

e. Las instituciones educativas particulares
pagarán impuesto a la
renta. La utilidad
obtenida será la diferencia entre los ingresos totales
obtenidos por éstas y los gastos necesarios para
producirlos y mantener su fuente, constituyendo renta
neta.

f. La reinversión total o parcial, en sí
misma o en otras Instituciones Educativas Particulares,
constituidas en el país, tendrán derecho a un
crédito tributario por reinversión
equivalente al 30% del monto reinvertido. Reinversión
que sólo podrá realizarse en infraestructura y
equipamientos didácticos, exclusivos para los fines
educativos y de investigación que corresponda a sus
respectivos niveles o modalidades de atención.
(Artículo 13).

Como es de suponer, el comentado Decreto Legislativo
882, ha revivido en el país los debates acerca de la
función de la universidad, la mejor forma
de gobernarla y los criterios para juzgar su efectividad. Sin
embargo, en nuestra opinión, lo rescatable del mentado
decreto son dos:

1. La competencia abierta que se da y dará en
futuro entre universidad pública y privada;
y

2. La libertad de elegir, a la universidad privada,
cualquier estructura
organizacional vigente en la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

Es de suponer, que la nueva Ley
Orgánica de Universidades, bajo el principio de igualdad
ante la ley, dé las mismas facilidades de
organización a la universidad
pública.

A3. ASPECTO ECONÓMICO.

Es un grito a voces como ya lo ha expresado la UNESCO,
urbi et orbi, que no existe en la actualidad país
alguno, capaz de financiar un sistema universitario
exclusivamente con recursos públicos. Y es improbable
que dicha tendencia pueda revertirse en los próximos
años. Si esto es así, en el futuro inmediato
asistiremos a cambios radicales en el comportamiento de las autoridades universitarias
estatales. De administradores pasivos pasarán a ser
gerentes proactivos, porque necesitarán incrementar sus
ingresos vía optimización de su capacidad
instalada. Estarán orientados, como ahora lo hacen las
empresas productivas, a la reducción de sus costos, y
aumentar la calidad y valor de sus servicios.

Según el Compendio Estadístico del 2000,
publicado por la Oficina General
de Planificación de la Universidad de San
Marcos, de los 202 millones de soles a valor corriente que
manejó en ese período, el 48% correspondió
a Recursos Directamente Recaudados (S/.97´072,516). Y al
92% de los fondos entregados por el Tesoro Público. Y
naturalmente es insuficiente. Lo que nos da una idea del
gigantesco esfuerzo en creatividad,
eficiencia y productividad que debe realizarse en la administración corporativa para duplicar,
por lo menos, la generación de recursos propios. Por
consiguiente la política en materia de generación
de ingresos, es clave para el éxito
de cualquier gestión que se realice desde el Rectorado
de la Universidad. Entonces, ¿es serio pedir gratuidad
de la enseñanza
universitaria?. A la luz de la
realidad, sólo será posible mediante el financiamiento mixto: del estado, los
estudiantes y la empresa
privada.

En este tema, el Estado Peruano, debe proyectar una
política de largo plazo basado en un 6% del Presupuesto
Nacional por un lapso de 20 años tomando necesariamente
a la educación y a la Universidad como soportes
fundamentales de una nueva sociedad.

Si la tendencia del Estado es despreocuparse del
financiamiento de la Universidad Pública, a sus
autoridades, no les queda otra alternativa que optimizar sus
recursos propios. Y éstos pueden ser de cinco fuentes:

1. Del Ingreso proveniente de los Centros de
Extensión Universitaria y Proyección
Social.

2. Del Ingreso proveniente de la explotación de
sus Centros de Producción.

3. Del Ingreso proveniente de las Escuelas
Académico Profesionales.

4. Del Ingreso proveniente de las Unidades de Post
Grado.

5. De las Donaciones.

1. Del Ingreso proveniente de los CEUPS.

Con referencia a los CEUPS, coordinar con todos los
Directores en el ámbito corporativo con los
Vicerrectorados Académico y Administrativo, definiendo
metas económicas, uniformidad en la duración de
las clases, valor de venta de los cursos en función de
las horas dictadas, evitando la diversidad de costos y
uniformizándolos a un mínimo de US$ 50 por curso.
Si se desean cobrar cuotas diferenciadas, podrían
dictarse en tres secuencias: mañanas, tardes y noche.
Haciendo que los precios sean
más bajos en función de las horas de menor
demanda y más altos en las horas punta (las noches de 6
a 10 p.m.).

La Universidad tiene 20 Facultades, por tanto hay 20
Centros de Extensión Universitaria y Proyección
Social. Medidas de coordinación son importantes a nivel
corporativo. Y como muestra de los
ingresos que pudieran obtenerse a nivel global presentamos los
resultados en año 2003 generados por la Facultad de
Ciencias
Contables:

TABLA No. 27

RESULTADO ACTIVIDADES EN CEUPS DE
CIENCIAS CONTABLES

AÑO 2003.

Fuente: Memoria del
Decano de la Facultad de Ciencias Contables. Año 2003.
UNMSM.

Por consiguiente, si a nivel de la Universidad se
fijara una meta de ingresos netos de S/.200,000 por Facultad,
habría un ingreso en este rubro ( 200,000 x 20) =
S/.4’000,000.

2. Del Ingreso proveniente de la explotación de
sus Centros de Producción.

Se considera Centros de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios a las unidades orgánicas
que desarrollan actividades productivas o que prestan servicios
compatibles con la finalidad e intereses de la Universidad,
mediante la ejecución de proyectos rentables que generen
recursos propios constituidos, organizados y gerenciados por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos destinadas a producir
bienes o prestar servicios que demande el mercado, a fin de
obtener utilidades que permitan a la Universidad cumplir con
sus fines. Son unidades autónomas en lo técnico,
presupuestal y administrativo.

Habrá que encargar a un Comité, evaluar
la rentabilidad
operativa de los Centros de Producción y definir sus
metas económicas en función de la
inversión utilizada. Según reciente
diagnóstico realizado por la Oficina General de
Planificación de la UNMSM, la situación actual de
estos organismos, muestran objetivamente, el efecto de la falta
de control y planificación integrada de los diferentes
recursos que manejan las Facultades, (Ver Tabla No. 28,
página 96):

1. No existe un sistema de
información. Como consecuencia del presente trabajo
de investigación, nos ha llamado poderosamente la
atención, la ausencia de información en las
estadísticas universitarias. Son estas
entidades las que deben funcionar como pivotes para generar
ingresos a la Universidad.

2. El manejo económico-financiero está
centralizado.

3. No existe un sistema normalizado de costos por
actividades.

4. Ausencia de proceso regular de
planificación, evaluación y control de inversiones y desarrollo de
proyectos.

5. Excesiva burocracia
administrativa a nivel global.

6. Duplicación de tareas actividades y
funciones
administrativas.

7. Alto nivel de desconocimiento de las normas,
reglas y procedimientos administrativos y de
gestión.

8. Sistema de gestión administrativa central
no brinda con oportunidad suficiente información para
tomar medidas correctivas y mejorar la eficiencia
operativa.

9. No existe programa de imagen
corporativa única y de posicionamiento general de los Centros de
Producción.

10. Ausencia de Organigrama Integral que coordine, organice,
dirija y controle hacia los objetivos de la
Universidad.

Muestra que hay un trabajo pendiente en este sector,
que es posible mejorarlo y generar mayores ingresos para
contribuir al financiamiento de remuneraciones de los Docentes de
la Universidad.

Sin embargo, hay dos áreas que pueden
rápidamente reorganizarse y mejorar su
ingresos:

a. El Centro de Idiomas dependiente de la Facultad de
Letras

b. El Centro Pre Universitario dependiente de la
Administración Central.

Como consecuencia de la
globalización, el estudio de Idiomas es una
necesidad. Por tanto este Centro de Producción, con
ciertos ajustes en sus pensiones, mejora en sus programaciones,
puede dictarse cursos en diferentes modalidades desde las 8
a.m. a 10 p.m. Consideramos fácilmente conseguir un
excedente neto de S/. 1’000,000 anual.

En cuanto al Centro Pre-Universitario, según
informes del
Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los
excedentes que generó este organismo, con dos turnos de
clase en
año 2003, fueron de 7 millones de soles. Lo que quiere
decir, que optimizándolo a tres turnos perfectamente
podría superar los 10 millones de soles.

A continuación información obtenida al
respecto:

TABLA No. 28.

CENTROS DE PRODUCCIÓN
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

AÑO 2001 (EN MONEDA
NACIONAL).

Fuente: Oficina General de Planificación.
UNMSM.

(*) No consigna gastos de agua y luz
en sus egresos

(**) No consigna gastos de agua y luz en sus
egresos.

Veamos en la siguiente página los resultados
del ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2002. Nos
muestra un ingreso de S/.6’369,372, ineficiencia que
puede superarse.

En la actualidad hay alrededor de 41 Centro de
Producción. Los más importantes que pueden
generar ingresos extraordinarios son:

a. Centro de
Idiomas…………………………………………………….S/.
1’000,000

b. Centro de Educación de la Pre de
UNMSM…………………. 7’000,000

c. Centros de
Informática……………………………………………….
500,000

d. Los restantes 38 Centros si sólo generaran
S/.150,000……. 5’700,000

TOTAL PROYECTADO
14’200,000

Por tanto, para comer tortillas, hay que romper los
huevos. Es posible triplicar los ingresos actuales.