- La acción
militar - Consecuencias
- Noriega, el mal necesario
(1968-1984. - Los años que vivimos
en peligro (1985-1987)
El Tratado Hay-Buneau Varilla en 1903 permitió a
EE.UU la construcción, uso y control del Canal
de Panamá a
perpetuidad. La presencia militar y la intervención en los
asuntos internos del país por parte de EE.UU se hizo
notoria de ese entonces.
Así apoyó el golpe militar de 1968
encabezado por el mayor Boris Martínez que luego
colocó en 1969 a Omar Torrijos en el poder. Sin
embargo, en 1977 EE.UU acepta la devolución progresiva del
canal a Panamá a través del Tratado
Torrijos-Carter. En 1983 llegó al poder el coronel Manuel
Antonio Noriega, antiguo colaborador de la CIA, que fue acusado
por el gobierno
estadounidense de tráfico de drogas y
blanqueo de dinero.
Pero estos presuntos delitos eran
conocidos con anterioridad y fueron ignorados mientras Noriega
servía a los intereses de EE.UU, al extremo de ser
felicitado varias veces por la DEA por su apoyo a la lucha de esa
agencia estadounidense contra el narcotráfico.
Cuando el gobierno de este país cambió de
postura con respecto a Noriega la prensa
empezó a tratar el tema: las acusaciones de corrupción
y la represión contra la población de su país provocó
un sentimiento de rechazo a la figura del dictador por parte de
la opinión
pública norteamericana, a lo que se unió un
proceso
judicial por tráfico de drogas.
Comenzaron entonces las presiones para que renunciara a
su cargo y sanciones económicas a Panamá; los
incidentes entre fuerzas locales y estadounidenses empezaron a
ser frecuentes. En 1989 se produjo la anulación por parte
de Noriega de las elecciones presidenciales.
Las protestas de la oposición fueron brutalmente
reprimidas ante los ojos de la comunidad
internacional, al igual que el intento de golpe de estado
que tendría lugar más tarde. Esto provocó un
clima
favorable para la intervención en EE.UU.
Las razones dadas por George H. W. Bush para justificar
la invasión fueron:
Proteger la vida de los ciudadanos
norteamericanos que residían en
Panamá.
Defender la democracia y
los derechos humanos
en Panamá.
Detener a Noriega para combatir el
tráfico de drogas.
Defender el tratado Torrijos-Carter
sobre el canal.
Pero contra tales razones, muchas fuentes
consideran que el objetivo real
del ataque fue destruir las fuerzas panameñas que
tendrían que ocuparse en solitario de la vigilancia del
canal a partir del 2000, gracias al tratado Torrijos-Carter. Una
vez eliminado el ejército local, las tropas
norteamericanas se quedarían en la zona y se
buscaría un gobierno favorable a la anulación de
los tratados que
restauraban la soberanía del canal.
La acción
militar
La operación (denominada Causa Justa) se
inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el
bombardeo de múltiples instalaciones que tenían
como objetivo anular la posible respuesta del ejército
panameño; luego llegaría la invasión por
parte de unos 26,000 soldados de infantería.
El bombardeo destruiría aeropuertos y bases
militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel
Central, en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas,
el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la
base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto
militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de
formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo. EE.UU
utilizó un armamento de última generación,
como los aviones Stealth F-117 o los helicópteros Apache,
contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta
tecnología
del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes
civiles al ser alcanzados muchos edificios no
militares.
No hubo ninguna declaración de guerra y la
acción fue condenada por la Asamblea General de la
ONU y por la
Organización de Estados Americanos (OEA). La
operación duró pocos días ante la
superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia
encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en
la Nunciatura Apostólica; posteriormente se
entregaría a las fuerzas de ocupación. Guillermo
Endara fue nombrado presidente del país en una base
militar de EE.UU durante la operación.
En los días siguientes a la intervención,
debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las
tropas norteamericanas, se produjeron en varias ciudades saqueos
y actos de vandalismo, aumentando las pérdidas materiales.
Según fuentes oficiales, en los enfrentamientos
murieron 23 soldados estadounidenses. Las bajas panameñas,
militares y civiles, no fueron concretadas. Se habló de
varios cientos o varios miles de muertos según la
fuente.
Humanas
Algunas fuentes estiman en más de 3,000 los
muertos como consecuencia de los bombardeos de El Chorrillo, y
que aproximadamente 20 mil personas perdieron sus hogares y nunca
fueron compensadas. Las víctimas de esta ofensiva fueron
denominadas por el Gobierno estadounidense como "daños
colaterales" para evitar que la opinión pública del
país se volviera en su contra.
Económicas
La invasión conllevó daños
materiales. El barrio de El Chorrillo fue casi destruído
en su totalidad. Edificios públicos, escuelas,
aeropuertos, viviendas, etc., sufrieron daños. Los saqueos
aumentaron las pérdidas económicas que se
unían a la situación de crisis que ya
sufría el país. El congreso norteamericano no
compensó a Panamá por los daños causados, en
contra de lo prometido.
Políticas
Noriega fue llevado a EE.UU y condenado a 40 años
de prisión. Guillermo Endara, ganador de las elecciones
anuladas de mayo 1989, prestó juramento en una base
militar estadounidense en la Zona del Canal como presidente en un
país con presencia temporal de tropas de
ocupación.
Noriega, el mal
necesario (1968-1984).
Noriega fue el producto de
una junta militar liderada por el General Omar Torrijos que
derrocó al gobierno panameño en 1968. Noriega
había sido una pieza clave para que Torrijos pudiera
sobrevivir a su propio golpe en 1969. Tal lealtad fue
recompensada y, finalmente, él llegó a la
comandancia de las fuerzas militares de Panamá en
1983.
Poco tiempo
después de asumir el mando, influyó en forma ilegal
en las elecciones nacionales de 1984, con la intención de
reforzar la influencia militar sobre el gobierno panameño.
Fue el "ingeniero" de la elección del Presidente
Nicolás Barletta, candidato de las fuerzas armadas y
considerado personalmente leal a Noriega y entregado a su causa.
Algunos observadores creen que Estados Unidos
hizo caso omiso del fraude electoral
porque permitía el arribo al poder de un gobierno que era
favorable a los intereses norteamericanos.
Si bien Panamá tenía un gobierno
democráticamente electo, el poder real quedaba en manos de
los militares y Noriega estaba a cargo.
El gobierno de los Estados Unidos hacía tiempo
que consideraba a Noriega un personaje nefasto entre cuyos
excesos se contaban el tráfico de drogas, el lavado de
dinero y asesinatos. Aun así, EE.UU. ignoraba sus
delitos a fin de asegurar los intereses nacionales que se
consideraban más vitales que oficiar de policía
ante las prácticas corruptas en Panamá.
La política exterior
norteamericana estaba centrada en cambio, en dos
amenazas estratégicas que emanaban en la región: la
insurgencia inspirada por el comunismo contra
gobiernos apoyados por los EE.UU. en América
Central y el tráfico de drogas que ya preocupaba
profundamente en el orden interno.
Nicaragua y la invasión comunista eran los dos
puntos centrales de la política regional estadounidense.
Aunque en forma subsidiaria, Estados Unidos reconocía que
también tenía intereses críticos para la
seguridad en
Panamá: el acceso a las bases e instalaciones
estadounidenses en Panamá, la implementación de los
tratados del Canal de Panamá, el apoyo a los Contras
(fuerzas militares anticomunistas) que operaban en Nicaragua y El
Salvador y la continuación de las operaciones de
inteligencia
cuyos objetivos eran
Cuba y otros
países latinoamericanos.
Se consideraba a Noriega un aliado esencial para
proteger esos intereses. Varias agencias de los EE.UU., la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia
de la Defensa (DIA) y posteriormente la Agencia de Control de
Drogas (DEA), habían utilizado a Noriega para proteger los
intereses estadounidenses.
Los años que vivimos
en peligro (1985-1987).
EE.UU. comenzó a tener serios problemas con
Noriega en 1985, cuando un respetado oponente político, el
Dr. Hugh Spadafora, fue brutalmente torturado y asesinado por la
Fuerza de
Defensa de Panamá (FDP). Spadafora había hecho
extensas y bien fundadas acusaciones sobre la
participación de Noriega en el tráfico de drogas y
otras actividades ilegales, que habían atraído
importante atención internacional.
La mayoría de los panameños
conocían y tenían en alta estima a Spadafora.
Cuando se descubrió su asesinato cundió la ira.
Cuando el reclamo popular llegó a niveles que no
podían ignorarse, Barletta debió ordenar a Noriega
renunciar como Comandante de la Fuerza de Defensa de
Panamá mientras se investigaba el crimen. Noriega
respondió forzando a Barletta a renunciar, reprimiendo
todo intento de investigar o hacer público el crimen y
llevando a la presidencia a un títere más
confiable.
El asesinato de una figura popular opositora a Noriega y
la deposición de un presidente electo recibieron, por
primera vez en EE.UU., una extensa cobertura periodística.
Los medios
comenzaron a retratar a Noriega como un dictador corrupto que
enviaba drogas a Estados Unidos, protegía a los
líderes de los carteles, apoyaba a los terroristas, lavaba
dinero ilegal proveniente del tráfico de estupefacientes y
reprimía brutalmente la democracia en su
país.
Estas acusaciones llevaron a interrogatorios en el
Congreso donde se cuestionó al gobierno y en particular a
la DEA, quienes debieron defender su continuado, aunque renuente
apoyo a Noriega en pro de la defensa de los más grandes
intereses de seguridad de los EE.UU. en la
región.
El ultraconservador Senador Jesse Helms, quien se
había resistido a la devolución del Canal de
Panamá, fue particularmente crítico respecto del
apoyo del Gobierno a Noriega. Él pensaba que Noriega era
demasiado corrupto como para que se le pudiera confiar el Canal
de Panamá.
En su carácter de miembro de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Senado, Helms trató de
liderar un movimiento de
mayor dureza hacia Noriega, pero su postura reticente a abandonar
el control del canal no permitió que su posición
contra Noriega lograra apoyos significativos. El hombre
clave del gobierno en América Central, Subsecretario de
Estado Elliot
Abrams, también logró desactivar muchas de las
críticas haciendo resaltar el beneficio de continuar
apoyando a Noriega.
El Senador Helms no logró que el público
se interesara en la cuestión de Panamá y, al no
tener apoyo en el Congreso para su postura anti-Noriega, pronto
se esfumaron las críticas a este último.
La prensa, en cambio, comenzó a prestarle mucha
atención a Noriega y a su actividad en el tráfico
de drogas en 1986.
El New York Times publicó una serie de
artículos de investigación en los que se revelaban sus
extendidas conexiones con los traficantes y con la CIA. Estas
acusaciones pegaron en la conciencia
norteamericana que estaba comenzando a darse cuenta de su
creciente y serio problema de drogas. Las revelaciones del New
York Times provocaron mayor cobertura por parte de otras
agencias de noticias, lo
que comenzó a elevar el sentimiento anti-Noriega entre el
público norteamericano.
Tal preocupación se elevó aun más
cuando a principios de
1987, el Coronel Díaz Herrera, segundo en la cadena de
mando de Noriega, hizo públicas numerosas acusaciones de
corrupción en contra de Noriega, a
raíz de que este último se negara a retirarse en
1986 y dejarle las riendas de las FDP, tal como se había
acordado con anterioridad.
Sus acusaciones llevaron a grandes manifestaciones del
pueblo cuando los panameños salieron a las calles para
demostrar su ira contra Noriega y el reinado de brutalidad y
corrupción de las FDP durante su liderazgo.
Mientras continuaban las demandas de la salida de
Noriega del poder en la primavera de 1987, éste
respondió con dureza a la oposición reprimiendo
brutalmente las manifestaciones mediante el uso de una fuerza
policial anti tumultos y declarando un estado de emergencia que
prohibió nuevas demostraciones en su contra.
Mientras la situación en Panamá empeoraba,
en junio de 1987 se produjo un cambio de mandos en el Comando Sur
(SOUTHCOM) de EE.UU., que tenía su sede en Panamá.
El SOUTHCOM era responsable de todos los asuntos militares que
afectaban a Panamá. El nuevo comandante, Gral. Frederick
F. Woermer, Jr. tenía gran experiencia en asuntos
latinoamericanos, hablaba perfecto español,
conocía a Noriega y comprendía las cuestiones que
estaban en juego en
Panamá. En su discurso de
asunción de la comandancia del SOUTHCOM dejó en
claro que Noriega debía devolver el control del gobierno
de Panamá a los civiles. Las palabras del Gral. Woerner
desataron la ira de Noriega quien acentuó el maltrato a
los soldados estadounidenses y sus mujeres residentes en
Panamá. Woerner se dio cuenta rápidamente de que
Noriega no se retiraría por propia voluntad y que
probablemente se haría necesario utilizar la fuerza.
Instruyó a su estado mayor para que comenzara a planificar
la intervención militar de los EE.UU.
También el Congreso de los EE.UU. comenzó
a interesarse en la cuestión de Panamá a mediados
de 1987 cuando las audiencias por la cuestión
Irán-Contras revelaron detalles de actividades
ilícitas de los EE.UU. en Panamá.
Los representantes se enteraron de que miembros del
Consejo Nacional de Seguridad (el Almirante Poindexter y el
Teniente Coronel North) habían utilizado a Noriega para
evadir las restricciones que el Congreso había impuesto en 1983
a la ayuda a los Contras de Nicaragua. Se había utilizado
a Noriega para que el Gobierno comprara y entregara armas a los
contras utilizando las ganancias de la droga mediante
diferentes esquemas, incluido el transporte y
venta de cocaína
desde Panamá a los EE.UU.
Estas revelaciones y la continuada cobertura negativa en
los medios sobre el propio Noriega obligaron a revisar la
política de los EE.UU. en Panamá y llevaron al
Senado a promulgar una resolución que exigía a
Noriega y sus asesores más importantes a abandonar el
poder inmediatamente. Noriega reaccionó con enojo y
acusó a los EE.UU. de interferir en los asuntos internos
de Panamá e instigó ataques populares a las
instalaciones de los EE.UU. y a la misma embajada de los EE.UU.
Además, acentuó su represión de las
manifestaciones del pueblo y suspendió la libertad de
prensa.
Estados Unidos respondió con la suspensión
de toda ayuda militar a Panamá y cercenó todos los
contactos entre los militares estadounidenses y las FDP. Lo
más significativo fue que la CIA cortó todos sus
lazos con Noriega interrumpiendo de ese modo una relación
que se había prolongado por 20 años.
Para entonces, el gobierno de Reagan había
llegado a la conclusión de que Noriega debía ser
eliminado. Pero, no había consenso sobre cómo
lograr este objetivo. Siempre se supo que el Presidente Reagan
era muy renuente a resolver las disputas sobre políticas
entre sus asesores importantes, y los medios y la manera en que
había que librarse de Noriega no fueron una
excepción. El Departamento de Estado, encabezado por
Elliot Abrams, y la Plana Mayor del NSC (Consejo de Seguridad
Nacional) querían deponer a Noriega inmediatamente y
estaban totalmente dispuestos a utilizar toda la presión
diplomática posible para arrinconarlo, apoyando un golpe
desde dentro de las filas de las FDP para deponerlo.
El Departamento de Defensa y la CIA no apoyaban un
derrocamiento rápido de Noriega. No tenían un
reemplazante capaz de mantener a las FDP bajo control y al
país unido hasta tanto se pudiera elegir un líder
democrático. También temían que Noriega
reaccionara violentamente a cualquier intento serio de removerlo
del poder, lo que pondría en peligro a los cerca de 50.000
norteamericanos que vivían en Panamá.
Ante los ojos del Departamento de Defensa y de la CIA,
si bien Noriega tenía sus desventajas, no había
alternativas reales que pudieran suplantarlo. Tenían la
visión de que los EE.UU. no debían tomar medida
alguna hasta tanto los panameños no iniciaran un proceso
serio para desplazarlo del poder.
Tampoco los medios norteamericanos en 1987 estaban
haciendo ninguna presión en contra de Noriega. Estaban
todos concentrados en los interrogatorios del caso
Irán-Contra y el papel que los altos funcionarios del
gobierno habían tenido en el hecho.
Ante la falta de un neto consenso entre sus asesores
principales, el Presidente Reagan fue persuadido para intentar
convencer a Noriega de que abandonara el poder. Todo esfuerzo en
ese sentido fracasó debido a la falta de un mensaje claro
que hiciera comprender a Noriega de que debía
retirarse.
No menos de tres emisarios fueron enviados entre fines
de 1987 y principios de 1988 pero cada uno de ellos le dio con un
mensaje diferente sobre cuándo debía renunciar (y
aun si ello era posible). En consecuencia, Noriega recibió
la impresión de que no existía consenso en el
Gobierno respecto de su partida. Al no haber una decidida
intervención estadounidense, Noriega no encontró
motivos para abandonar su tan lucrativa
situación.
Las opciones se acaban (1988).
La situación del Gobierno de Reagan con respecto
a Noriega se tornó aun peor en febrero de 1988, cuando el
Departamento de Justicia de
los EE.UU. lo acusó por tráfico de drogas y lavado
de dinero en Florida. Esas acusaciones lo ligaban directamente
con los carteles de la droga que contrabandeaban cocaína a
los Estados Unidos.
También ponían al gobierno y a la DEA en
una situación embarazosa, por considerar a Noriega como
uno de sus mejores recursos en la
guerra contra las drogas.
Noriega siempre había cumplido con las solicitudes de la
DEA y cultivado la imagen de que
estaba fuertemente comprometido con la guerra norteamericana
contra las drogas, pero se hacía evidente que él
había ejercido esta cooperación para su beneficio
personal.
Para mayor incomodidad del Gobierno, sin embargo,
había una total falta de coordinación entre el Departamento de
Justicia y el Departamento de Estado y el Gobierno sobre el tema
de las condenas. El Departamento de Justicia tiene la cultura de
operar en forma independiente y mantenerse apartado de las
consideraciones políticas en su esfuerzo por someter a los
criminales a la justicia. En consecuencia, ni el Presidente
Reagan ni el Secretario de Estado George Schultz habían
sido prevenidos por anticipado de que el jefe de un estado
soberano iba a ser condenado por el cargo de tráfico de
drogas.
Las condenas del Estado de Florida, junto con los
fracasados intentos del Gobierno estadounidense de lograr que
Noriega renunciara voluntariamente, pusieron en claro que
sería necesaria una acción más
enérgica para desplazar a Noriega.
El asunto empeoraba porque los índices de
aprobación de la gestión
Reagan decaían y en julio de 1988 su manejo de la
situación de Panamá lo había dejado con
menos del 30% de aprobación. Era necesario hacer algo,
pero una vez más, la
administración estaba dividida en sus opiniones sobre
cómo lograr el objetivo.
El Departamento de Estado fue el primero en proponer el
uso de las fuerzas militares para deponer a Noriega del poder en
Panamá. Elliot Abrams, Subsecretario de Estado para
Asuntos Interamericanos, fue quien diseñó esta
política. Abrams era un hombre de la
más alta confianza personal del Secretario de Estado
George Schultz, pero su estilo abrasivo y arrogante lo
hacían antipático a los ojos de todos los
demás asesores presidenciales de alto rango. Pero Schultz
estaba conforme con dejar que Abrams fijara la política
del Departamento de Estado hacia Panamá y Centro
América, puesto que su atención estaba centrada en
los problemas más apremiantes de la Unión
Soviética y Medio Oriente.
La atención de Abrams en Panamá
llegó tarde. Inicialmente toda su atención en
América Central estaba dominada por Nicaragua y el
gobierno Sandinista, que había subido al poder en 1979.
Muchos pensaban que Abrams se había obsesionado con
deponer al gobierno sandinista. Cuando todas las operaciones
ilegales de los EE.UU. en ese país quedaron al descubierto
y debieron dejarse sin efecto a raíz del escándalo
Irán-Contra, el papel de Abrams fue objeto de
críticas muy severas.
Su reputación y credibilidad entre los miembros
del Congreso quedaron muy dañadas por la falta de
sinceridad durante los interrogatorios y por el apoyo que el
Gobierno había prestado a los Contras.
Sus críticos lo acusaban de que su nuevo interés en
Panamá y Noriega era sólo un intento de reconstruir
su crédito
ante el Congreso y otros detractores.
A medida que se reveló la obstinación de
Noriega por permanecer en el poder, Abrams se convenció de
que el mejor, y quizás único instrumento para
desplazarlo de la escena era utilizar el poder militar de Estados
Unidos. Él convenció al Secretario Schultz de que
la intervención militar era el mejor curso de
acción.
El Jefe del Estado Mayor Conjunto (CJCS), Almirante
William Crowe, se oponía fuertemente a Abrams y Schultz en
el uso de la fuerza militar en Panamá y tenía muy
buenas razones para hacerlo:
· Si se implementaban las acciones desde
las bases ubicadas en Panamá para derrocar el
régimen imperante, se pondrían en riesgo los
derechos de los
EE.UU. de mantener bases en otros países, con cuyos
anfitriones EE.UU. mantenía cuestiones
sensibles;
· Había 50.000 estadounidenses viviendo en
suelo
panameño y todos estarían en riesgo si EE.UU.
lanzaba acciones militares;
· El uso de la fuerza militar contra
Panamá reforzaría la percepción
de abuso del poder "Yanqui" en un momento en que las
ideologías comunistas estaban logrando establecer bases en
la región.
Había otras razones igualmente poderosas para la
resistencia de Crowe: Noriega permitía que EE.UU. usara
sus bases en Panamá, para espiar a los países
vecinos y entrenar otras fuerzas militares de la región en
flagrante violación de los tratados del Canal. Otro
líder podía no ser tan pasivo ante tales
operaciones.
Cuando el Departamento de Estado y Abrams
proponían cualquier forma de intervención militar,
Crowe y la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas se
oponían con detalles de los costos, riesgos y
obstáculos inherentes a tal
intervención.
Un ejemplo ilustrativo fue una cuestionable
estimación de Defensa, la cual mostraba que la
evacuación de los no combatientes de Panamá antes
de las acciones militares costaría más de U$S 100
millones y demoraría por lo menos 7 meses. La
posición de Crowe estaba aún más fortalecida
por el reforzamiento del cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto a
partir de la Ley
Goldwater-Nichols de Reorganización del Departamento de
Defensa en 1986.
En virtud de la misma, ahora él era el asesor
militar principal del Presidente y ya no tenía que lograr
ningún consenso entre los otros jefes de las fuerzas ni
del Secretario de Defensa. Crowe tenía fuertes reservas
sobre la conveniencia de una participación militar en
Panamá y frecuentemente chocaba con Abrams a este
respecto. Se dice que lo consideraba "un hombre peligroso que
seguía una política riesgosa… un ideólogo
fuera de control."
Abrams, a su vez, consideraba que la renuencia de Crowe
a utilizar la fuerza militar era "una precaución militar
mal aconsejada por la experiencia post Vietnam."
El Gobierno de Reagan se mantuvo dividido durante todo
1988 sobre la cuestión de adoptar o no la opción
militar para resolver el problema panameño. El
Departamento de Estado, liderado por Elliot Abrams abogaba por al
menos el uso limitado de la fuerza para capturar a Noriega y
someterlo a la justicia en EE.UU.
El Departamento de Defensa, por su parte,
señalaba los problemas prácticos de tales
operaciones y planteaba la cuestión de que las FDP
podrían responder tomando rehenes norteamericanos para
recuperar a Noriega. La CIA también se mostraba renuente a
apoyar una operación militar contra Noriega, ya que estaba
apenas saliendo de los efectos de la revelación sobre su
actuación en el escándalo
Irán-Contras.
Su nuevo director no estaba interesado en participar en
una acción que podía resultar controvertida y
atraer más atención y descrédito hacia la
agencia.
La investigación de la Comisión Tower
sobre el caso Irán-Contras acababa de emitir su informe, en el
que criticaba severamente al Consejo Nacional de Seguridad por
violar el proceso normal de toma de
decisiones de seguridad de la nación.
En consecuencia, Carlucci no tenía disposición a
apoyar otra aventura militar en Centroamérica.
Cuando el General Colin Powell reemplazó a
Carlucci, que había cruzado el Potomac para convertirse en
Secretario de Defensa, el Pentágono se encontró
realmente en condiciones de bloquear todo apoyo presidencial a
cualquier acción militar en 1988.
Todo deseo de Washington para implementar alguna medida
contundente en contra de Noriega se vio atemperado por las
elecciones presidenciales de 1988. La administración Republicana necesitaba
correr una cortina sobre el problema de Panamá, para que
no se convirtiera en un tema de campaña que los
Demócratas pudieran utilizar en contra del Vice-Presidente
Bush.
Aunque se había descartado la opción
militar, el Presidente Reagan reconocía que algo
había que hacer con Noriega. Por lo tanto, se autorizaron
sanciones económicas en contra de
Panamá.
Panamá era altamente sensible a la presión
económica de los EE.UU. ya que su economía estaba
fuertemente ligada a la de los EE.UU. y utilizaba el dólar
norteamericano como moneda. Como no pudo lograr apoyo para
emprender acciones militares, el Departamento de Estado
abogó por invocar la Ley de Poderes Económicos para
Emergencias (IEEPA) para aislar a Panamá.
Bloqueando la transferencia de fondos hacia y desde el
país, EE.UU. podía negarle a Noriega el dinero que
él necesitaba para pagar a los militares y los empleados
públicos, que representaban los últimos vestigios
de su poder. Sin ese apoyo, se teorizaba, los mismos
panameños obligaría a Noriega a abandonar el
poder.
La administración estaba totalmente dividida
respecto de si las sanciones económicas debían ser
muy severas. El Secretario del Tesoro, James Baker, se
oponía abiertamente a las sanciones económicas
contra Panamá. Sostenía que aplicar la IEEPA era
como "utilizar una bomba atómica para matar una mosca." Su
posición estaba influida además por la
preocupación por los numerosos banco y empresas
norteamericanas que operaban en Panamá y que
podrían verse afectados por las sanciones.
Hasta el Secretario de Estado Schultz tenía sus
dudas respecto de la eficacia de las
sanciones económicas, en vista de que Noriega y sus
acólitos obtenían la mayor parte de su dinero en
forma ilegal y no dependían de la economía local.
El Secretario de Defensa Carlucci sostenía que la IEEPA
sólo serviría para galvanizar la resolución
de Noriega de mantenerse en el poder. Esta posición era
compartida por el General Powell y el Jefe de Gabinete de la Casa
Blanca, Howard Baker, y ambos proponían acciones menos
drásticas.
A pesar de todas las reservas, el Presidente Reagan
siguió adelante con las sanciones aunque permitió
que se cambiara el plan. Las
sanciones se demoraron por los problemas prácticos que la
burocracia
encontraba para implementar las sanciones económicas a
Panamá en forma completa. En primer lugar, estaba la
cuestión de cómo se haría para que los
varios miles de empleados norteamericanos y panameños del
Canal de Panamá recibieran su paga.
Dejar de pagarles implicaría el riesgo de que el
canal se cerrara. Además, había oficinas e
instalaciones norteamericanas (la embajada y el SOUTHCOM, por
ejemplo) que debían pagar las facturas de servicios o
cerrarse. Y finalmente, como temía Baker, muchas empresas
y bancos
norteamericanos comenzaron una campaña para obtener
excepciones que los protegieran de las grandes pérdidas
que sufrirían, si se aplicaban las sanciones en forma
total.
Al final, las sanciones se demoraron más de dos
meses y nunca se aplicaron en forma completa debido a que la
burocracia no dejaba de lidiar con los numeroso pedidos de
excepción. El resultado fue que las sanciones terminaron
teniendo un efecto mucho menor que el que pudieron haber
tenido.
Al acercarse el final del período Reagan, se
determinó que Estados Unidos tenía que esperar que
la solución para Panamá se presentara como un
levantamiento popular como el que había sacado a Marcos
del poder en Filipinas, o un golpe de estado. Algunos abrigaban
la esperanza de que fueran las elecciones de 1989 en
Panamá las que sacaran a Noriega del poder.
Félix Puga Henríquez