- Antecedentes del concepto de
seguridad - Elementos para una
definición de seguridad - La seguridad: un problema
complejo - Cariz transversal del problema de
seguridad - El sentimiento subjetivo de
seguridad: el gran delito, el delito ordinario y los
comportamientos incívicos - Seguridad Ciudadana
comunitaria: Cuestiones
terminológicas - Derechos
Humanos - La defensa de los Derechos
Humanos se orienta al combate del delito - Policía
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Bibliografía
(…) Es el tiempo del
miedo. Miedo de la mujer a
la violencia
del hombre y
miedo del hombre a la mujer sin
miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a
la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño
sin televisión, miedo a la noche sin
pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para
despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo
que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de
vivir.
Eduardo Galeano extracto de "El
miedo global" en: Patas Arriba. La Escuela
del Mundo al Revés, Quinta Edición (España), 2000, p.83
La falta de seguridad
ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno
de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos
y, por tanto, una de las cuestiones a resolver por los
responsables políticos de principios de
este siglo. De este modo, Kris Bonner dice:
El interés
de la población que hace referencia a la
delincuencia
ha aumentado enormemente en los últimos años.
(….). La seguridad es
una condición necesaria para el funcionamiento de la
sociedad y
uno de los principales criterios para asegurar la calidad de
vida.
En efecto, la crisis de la
seguridad y su correlativa necesidad de reforma han conducido a
que, en ocasiones, desde los ámbitos de gobierno se
formulen recetas simplistas para actuar sobre los síntomas
y no sobre las causas, conocidas en el ámbito
anglosajón como la búsqueda de la bala color de plata,
que alude a la leyenda del hombre lobo, que, como la falta de
seguridad, amenaza a la sociedad. Sin embargo, la bestia
inmortal, tiene un talón de Aquiles, se puede acabar con
ella con sólo un disparo con una bala de plata al corazón.
De este modo, por ejemplo, hemos asistido
impávidos a la equiparación entre inmigración y delincuencia. Es evidente que
los problemas de
emigración no pueden ser resueltos mediante la
criminalización o el rechazo a la diversidad. Es
más, esta banalización solamente ha conseguido
aumentar la confusión y la preocupación de los
ciudadanos. Si reflexionamos, lo que tendremos que aducir es que
detrás de la inmigración lo que hay es el respeto a la
diversidad: resulta evidente, que lo que es diferente ha de ser
tratado de manera diferente.
Por ello podemos precisar como muy acertadas las
palabras de Albert Buitenhuis, quien afirma:
La gente piensa, siente y actúa de manera
diferente, y eso significa que no todo el mundo tiene las
mismas habilidades. De hecho, siempre ha habido diferencias
entre la gente: es un fenómeno común. A lo sumo,
nosotros podemos concluir que nuestra sociedad está
convirtiéndose progresivamente en diversa. Esta
realidad, no obstante, de ninguna manera es el resultado de la
corriente constante de inmigrantes. El hecho de que la gente es
diferente también tiene un efecto en las organizaciones
y, por lo tanto, la cuestión de si tendríamos que
trabajar o no con la diversidad dentro de las organizaciones
es, en consecuencia, irrelevante, porque lo hemos estado
haciendo durante siglos. (….).
Sin embargo nuestra cultura no
apoya a la diversidad. No nos gusta la gente que se
desvía de los demás, no porque tengamos
mentalidades estrechas, si no porque este hecho comporta
problemas y las organizaciones encuentran difícil tratar
con problemas de esta naturaleza.
Y, de la misma manera que no podemos resolver el
problema de la diversidad con soluciones
sencillas, por la propia naturaleza del problema, hemos de asumir
que por mucho que nos suponga problemas, el hecho de la
seguridad, de acuerdo con la concepción que defendemos, es
un problema complejo, que afecta la sensación de las
personas, de influencia fundamentalmente urbana de clase
transversal (institucional, económica y social), que por
lo tanto, exige un debate
complejo con la participación de los ciudadanos donde se
deriven soluciones, también complejas.
Por ello, las personas tenemos la necesidad de buscar
seguridad en cuanto que somos extremadamente vulnerables, es
decir, muy susceptibles de ser heridos física o moralmente.
Esta realidad indiscutible y el hecho que siempre haya sido
así y que siempre lo será, explica por si misma el
por que de la seguridad. Los responsables de satisfacer esta
necesidad objetiva de seguridad somos las mismas personas y la
comunidad en
que estamos inmersos.
En este sentido, son las diferentes comunidades políticas
quienes desarrollan, legítima y consecuentemente, las
políticas de seguridad.
Buscar seguridad no es más que reducir los
niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las diferentes
amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo de
evitar de aquello que históricamente nos ha amenazado y
puesto en peligro nuestra vida y/o libertad.
Las amenazas y peligros sobre las personas – las
fuentes de
inseguridad
– son diversas; a veces comunes a todo individuo o
comunidad, a veces particulares sobre determinados lugares o
colectivos. Estos peligros pueden ser fenómenos aislados
geográficamente o rebasar las fronteras políticas
establecidas y alcanzar una dimensión internacional.
También depende del contexto histórico en el que
nos encontremos.
Las amenazas a la seguridad son multidimensionales y
afectan a diversas áreas de la vida: la económica,
la social, la medioambiental, la militar, la ética y
derechos humanos,
etc. Además, muchas de estas amenazas son
interdependientes y tienen una dimensión transfronteriza.
Las características de estas amenazas nos hacen pensar que
la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo colectivo en
el que todas las personas y unidades políticas deben
participar.
En este sentido, ya que la seguridad es un pre requisito
básico para que las personas puedan satisfacer sus
necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como
seres humanos se ha constituido como un Derecho Humano exigible;
como tal obliga éticamente a las personas a ofrecer
seguridad sobre los demás. En cuanto al Derecho Humano es
irremediablemente, también una obligación
humana.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los
grandes desafíos de las sociedades
contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la
calidad de la
vida de los ciudadanos obliga a los gobiernos nacionales y
locales y a los sectores organizados de la sociedad, a
diseñar esquemas alternativos a los existentes que, siendo
en su cometido de disminuir los niveles de inseguridad, no
sacrifiquen el avance de la Democracia y
el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías
Ciudadanas.
SEGURIDAD CIUDADANA
Antecedentes del
concepto de
seguridad
En absoluto es en balde la expresión de un
concepto de seguridad, puesto que en función
del concepto de seguridad del que nos dotamos, determinaremos la
política
de seguridad necesaria.
El concepto tradicional de seguridad es el que lo
asociaba con la represión del delito y el
mantenimiento
del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada
en el entorno del control y de la
criminalidad y eminentemente reactiva. A este concepto se
adscribe la definición que de la policía hace el
Código
de Brumario del año IV:
La policía está instituida para
mantener el orden público, la libertad, la propiedad y
la seguridad individual.
La evolución natural, en comparación con
la medicina
(asimilando el delito con una enfermedad del cuerpo social), hizo
que se sopesara la seguridad de la represión a la
prevención, intentando actuar, también, sobre las
causas y no solamente sobre los síntomas. A esta
concepción preventiva y, por tanto, pro – activa, de
la seguridad, hace falta atribuir la incorporación de
elementos nuevos a estas políticas, de suerte que a las
mismas ya no les son extrañas las políticas
sociales, de ocupación o, aun, urbanísticas y, de
rebote, la incorporación, también, de profesionales
de diferentes disciplinas. En este sentido se expresaba la Grande
Encyclopédie de 1910:
No se conoce sociedad organizada sin que exista
un poder de
policía que asegure a sus miembros la seguridad
interior, reprimiendo y previniendo delitos.
Con la democratización de nuestras sociedades y
la puesta en vigencia de las Constituciones políticas, a
las tareas policiales de represión y prevención del
delito, se les añadió y antepuso el de
protección de los derechos y de las libertades de los
ciudadanos, utilizándose en muchos de ellas lo
siguiente:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana.
Formulación moderna pero a la vez tradicional,
puesto que sus antecedentes evidentes se encuentran en el
artículo 12 de la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano:
La garantía de los derechos del hombre y
del ciudadano, necesita de una fuerza
pública: esta fuerza es, pues, instituida en beneficio
de todo el mundo, y no para la utilidad
particular de aquellos a quien ha estado
confiada.
Elementos para una
definición de seguridad
No obstante, más allá de las definiciones
programáticas sobre la policía, lo que si es cierto
es que todas ellas traigan implícito un concepto de
seguridad contingente, que hace falta ser conceptualizado en
función del tiempo y la sociedad donde ha de
operar.
Para adoptar un concepto de seguridad, hace falta
examinar las declaraciones internacionales en la materia en los
últimos años. Del examen de las mismas
surgirán suficientes elementos para hacer una
definición de seguridad válida y que presente
bastantes elementos de concurrencia por tener una pacífica
aceptación.
La seguridad: un problema complejo
Pese a que son muchas las voces que se alzan en ese
sentido, muchos responsables en materia de seguridad siguen
aplicando ópticas de corto plazo y políticas
reactivas. En el proyecto de
manual del
Congreso de los poderes locales y regionales de Europa,
organizado por el Consejo de Europa, en sus puntos 3,b) y 3.c)
indica lo siguiente:
Adoptar una aproximación más
estratégica y holística, sorteando la
sectorización en materia de la lucha contra la
inseguridad urbana;
Comprender que la protección del medio
urbano es un proceso
complejo que exige la contribución de un gran
número de actores trabajando en
partenariado.
A su vez, el Manifiesto y las Resoluciones de los temas
abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y
Seguridad en la conferencia de
Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000,
afirma:
La inseguridad no puede reducirse
únicamente a los problemas de criminalidad. La
inseguridad es una problemática compleja: está
atada a los problemas de sanidad, de medio
ambiente, de urbanismo, de formación; es el
resultado de desigualdades crecientes en el acceso a los
recursos; pone
en juego
conflictos
de intereses, sobre todo con respecto a la división y al
uso del espacio y de los ritmos de la ciudad (tiempo libre por
la noche, deportes,
prostitución). La inseguridad es un
riesgo
urbano al que hace falta darle respuestas
civiles.
Sin embargo, por otra parte, todos los especialistas en
seguridad coinciden en este aspecto. Francisco Carrer, por
ejemplo, postula:
Se analice como se quiera, la inseguridad (que
es hoy en día como un fenómeno específico
de las realidades urbanas de todo el mundo) se caracteriza por
la complejidad y la variedad de los parámetros que
contribuyen a constituirla (…..).
Darío Padovan, por su parte explica:
(…) una reflexión sociológica de
la inseguridad social desarrollada paralelamente a otras
directrices de búsqueda más amplias, y que
intenta captar la complejidad (….)
Finalmente, quizás vale por todos lo que dice
Amadeu Recasens:
(…) para el análisis de la seguridad, el concepto de
complejidad tiene que ser asumido en toda su integridad
(…).
Por lo tanto, ante un problema complejo hace falta
descartar soluciones simplistas, del estilo de la tolerancia cero
impulsada por el alcalde Guiliani para convertir a Nueva York en
una ciudad segura, solución reactiva exclusivamente de
cariz policial y penal, no social y proactiva.
Si bien es cierto que la inseguridad disminuyó en
Nueva York, también lo es que disminuyó en todos
los Estados Unidos y
que, por ejemplo, en San Diego, la disminución
operó con un sistema de
policía comunitaria. Lo que sí aumentó en
Nueva York, fueron las denuncias por brutalidad policial en el
marco de una política que tuvo como consecuencia la
estigmatización de la miseria.
El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano
común, razonando con los elementos a su alcance, delante
del incremento de la sensación de inseguridad,
inequívocamente pide, en primer lugar, más presos y
más penas y, en segundo lugar, más policías.
Los responsables de las administraciones habrán de hacer
todo lo posible para no caer en esta simplificación y
poder actuar sobre las causas de la sensación
térmica de seguridad.
Si, por el contrario, se opta por una solución
del tipo de tolerancia cero o de mano dura, se estará
actuando, solamente, sobre dos vectores del
sistema.
- En primer lugar sobre el sistema penal, pero, hemos
de saber que se trata de una actuación, en gran parte,
estéril, puesto que el sistema penal, de media,
únicamente acaba sentenciando a prisión entre un
1 % y un 5 % de los delitos cometidos. - En segundo lugar, el reclamo de más
policías, tampoco es una solución, puesto que no
hay una relación directa entre el número de
policías y el nivel de seguridad, sencillamente porque
cuando se comete un delito es cuando la policía no
está presente. Es más, en determinados casos, la
presencia visible de más policía lo único
que hace es aumentar la sensación de inseguridad. Es
decir, no hace falta poner a más gente haciendo lo
mismo, sino que lo que hace falta hacer es ver cual es el
número de policías óptimo por
número de habitantes.
Es bueno recordar también que en el manifiesto y
las resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas
sobre prevención y seguridad en la conferencia de
Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, se
dice:
A menudo se ha recurrido a los servicios
policiales, a la justicia
penal y al encarcelamiento masivo para reducir la delincuencia,
la violencia y la inseguridad. Es inaceptable el incremento
registrado en el número de personas encarceladas en
Europa desde hace veinte años (por ejemplo: un 43 % en
Gran Bretaña y un 39 % en Francia). Es
fundamental respetar tanto los intereses de las
víctimas, como los de las víctimas, como de las
colectividades y los infractores.
Cariz transversal del
problema de seguridad
Al hablar de las opciones en materia de seguridad, el
Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las
ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la
conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de
diciembre de 2000, afirman:
La seguridad colectiva e individual son
fundamentales para la vida humana. La criminalidad amenaza la
calidad de vida de los habitantes, traumatiza a las
víctimas y pone en peligro la voluntad
cívica.
La inseguridad, pues, afecta a la esencia misma de la
dignidad
humana y a la vida en sociedad de suerte que, sin seguridad, no
hay ejercicio posible e igualitario de los derechos de las
personas. También es un problema complejo, que no se puede
abordar simplemente, con el recurso tosco de penas más
duras y más policías en la calle. Entonces, la
pregunta de que hace falta hacer, es la siguiente: cuales son los
elementos que hay que tener en cuenta en el abordaje a la
inseguridad.
Un buen punto de partida es la definición de
seguridad contenida en la declaración final del "Seminario de
reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad
de los habitantes", realizada en Costa Rica los
días 9 al 13 de octubre de 1995. El punto tercero de esta
declaración afirma:
(…) Un concepto verdaderamente amplio y
comprensivo de seguridad de los habitantes tiene que comprender
no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos
delictivos sino, también, la de vivir en un Estado
constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios
del desarrollo
en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los
ámbitos de bienestar social. El concepto es el del
desarrollo
humano sostenible, que tiene la equidad como
principio.
Esta definición, pues, se aparta de la
tradicional que vincula seguridad con la ausencia de delito y la
amplía a una forma concreta de Estado: el social o del
bienestar; puesto que, ¿qué otro tipo de Estado
proporciona los bienes
públicos salud, educación, vivienda, ocio y todos
los ámbitos del bienestar social?; ¿de que tipo de
Estado se puede predicar el desarrollo humano sostenible?. Lo
miremos por donde lo miremos, solamente hay una respuesta: Estado
del bienestar.
En muy idéntico sentido se expresa el manifiesto
y las resoluciones de los temas abordados por las ciudades
europeas sobre prevención y seguridad en la conferencia de
Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 en
su punto 14.
La seguridad es un bien común esencial
para el desarrollo
sostenible. Es a la vez signo y condición de
inclusión social, del acceso justo a otros bienes
comunes como son la
educación, la justicia, la salud y la calidad del
medio ambiente.
Promover la seguridad es desarrollar un bien común y no
consiste, sobre todo, en hacer de policía o en recurrir
al sistema penal.
Analizando las dos definiciones, encontraremos que se
hace una opción (muy notable, si tenemos en cuenta que nos
encontramos en plena época de globalización, liberalización y
desregulación) para relacionar seguridad ciudadana y
Estado del Bienestar.
Doctrinalmente, pues, lo que estamos diciendo es que la
falta de seguridad en los aspectos sociales, laborales o
económicos, implica ineludiblemente una carencia de
inseguridad ciudadana o lo que es lo mismo: si predicamos la
necesidad de la existencia de seguridad ciudadana para el normal
desarrollo de las personas en la sociedad, tenemos que proveer a
los ciudadanos de los bienes suficientes que los doten de
seguridad en todos los ámbitos de su vida.
En este mismo sentido, ante la retirada del Estado del
bienestar, como que al Estado no se le puede pedir hoy seguridad
social, en su defecto, se le pide
penalización.
La declaración final del "Seminario de
reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad
de los Habitantes", realizada en Costa Rica los días 9 a
13 de octubre de 1995 se expresa en el sentido siguiente en sus
puntos séptimo y octavo:
Se considera necesario promover políticas
más efectivas e integrales
delante del delito, y no continuar reaccionando solamente por
la vía de los sistemas de
justicia penal. Se imponen diagnósticos globales del
problema y programas que
integren la acción de las diferentes agencias
responsables en cada caso.
Las políticas tendrán que
comprender una amplia prevención primaria, con acciones en
todos los ámbitos del bienestar social, y procurar que
los beneficios del desarrollo lleguen a todos los sectores de
la población y promuevan la integración, y la no exclusión, de
los sectores pobres y marginales, al considerar que a la
problemática social la acompañan los
fenómenos de la corrupción, el paro, la
subocupación (…), violencia, así como
pérdida y sustitución de valores.
La receta del Consejo de Europa sobre esta
cuestión es la expresada en el proyecto de manual del
Congreso de los poderes locales y regionales de Europa,
organizado por el Consejo de Europa, los días 29 a 31 de
mayo de 2001, en sus puntos 6.a), 6.b), 6.c) y 6.d) recomienda lo
siguiente:
(…), evitar las calles desiertas por la tarde,
garantizar dentro de la medida de lo posible en los centros de
las ciudades una combinación de funciones para
evitar la agrupación de las minorías, de las
personas socialmente desfavorecidas y de los delincuentes en un
solo sitio;
Tomar las medidas para erradicar las actividades
criminales dentro de ciertos barrios de la ciudad y evitar la
formación de grupos
desfavorecidos, en particular evitar que tengan el sentimiento
de que no tienen nada que perder;
Proveer de instrumentos legales para luchar
contra la violencia
familiar, contra la cultura de la violencia, contra la
discriminación por motivos de raza,
religión, origen social y sexo, y
hacer apología de la noción de ciudadanía.
Formular y aplicar los programas contra las
toxicomanías y el alcoholismo,
en conjunción con los servicios sanitarios y sociales;
elaborar programas de información destinados a los
jóvenes y a las secuelas;
El sentimiento subjetivo
de seguridad: el gran delito, el delito ordinario y los
comportamientos incívicos
En el manifiesto y las resoluciones de los temas
abordados por las ciudades europeas sobre prevención y
seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7,
8 y 9 de diciembre de 2000, también se postula lo
siguiente:
La inseguridad no es simplemente el temor al
robo o a la agresión. Puede nacer también del
peligro provocado por un automóvil, por un entorno
nocivo precario y, sobre todo, por el temor a no disponer del
espaldarazo de una ayuda o de un servicio que
aporte protección o
reparación.
Debemos de entender que la superación de la
vinculación cerrada entre seguridad y delincuencia, pero
por una vía diferente: la del concepto subjetivo de
inseguridad. La seguridad engloba, por lo tanto dos conceptos: de
una parte, el objetivo, que estaría representado por el
incremento del delito y, por otro, el subjetivo que
vendría determinado por la sensación de
incertidumbre, de riesgo o de miedo que tiene el ciudadano por el
desarrollo de lo que se denomina delincuencia ordinaria y los
actos incívicos, diversos y no agrupables bajo una sola
categoría pero que, no obstante, no entran dentro de la
categoría de delitos. Delincuencia ordinaria y actos
incívicos , se producen en el ámbito más
próximo al ciudadano y, por lo tanto, afectan más
directamente a su sensación térmica de
seguridad.
Sin lugar a dudas la seguridad ciudadana es un tema que
concita la atención actual. Casi todas las plataformas
políticas han sentado sus bases de proyección en
función a este tema, pero esto no es un tema que se
proyecta solo en este tiempo, este tema tiene ya sus bases
fundamentales desde los inicios de la existencia del hombre sobre
la tierra. Se
consideraba la seguridad como una condición inherente a la
vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental para
su desarrollo físico y social.
Todos sabemos que desde los inicios de la
aparición del hombre sobre la faz de la tierra ya
buscaba el grupo, la
reunión, para poder preservarse de los elementos
naturales, de las fieras, aún en las cavernas, en los
clanes ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su
supervivencia. De esta manera ya se fueron visualizando las
primeras bases de los liderazgos, ya empezaba a nacer el sentido
del orden, de reconocimiento y de la convivencia integral.
Empezábamos a notar como humanos en ese tiempo que la
seguridad era sinónimo de organización, de responsabilidad, de solidaridad, que
generalmente los grupos humanos fuimos desarrollando.
Conforme crecen las ciudades, conforme crecen las
necesidades de seguridad es que se empiezan a formarse las
organizaciones más complejas, con mejor infraestructura,
mayor exposición
de acciones directas para mantener la tranquilidad, el orden
dentro de estas comunidades.
Es en este contexto, que se empiezan a formarse los
primeros serenos con su preocupación fundamental de
alertar a las comunidades cuando se presentaba algo que iba a
interrumpir su sueño, su descanso o su trabajo normal
y se comenzaron a formar las guardias, las milicias, las
organizaciones policiales y desde ahí se identifica la
acción policial por la acción represiva de la
actitud
delincuencial.
Desde allí empezamos ya a comenzar a actuar
previniendo la acción delincuencial por que
interrumpía el desarrollo normal de las actividades de las
comunidades. Es por eso que se empieza a perfilar las nuevas
políticas que tienen en consideración que los
gobiernos deben enfrentar a la delincuencia como una prioridad
para alcanzar niveles de tranquilidad y allí la
policía empieza a especializarse, comienza a delinear
nuevas estrategias para
poder solventar esos espacios de intranquilidad.
Empezamos a darnos cuenta de que con tranquilidad y sin
delincuencia las ciudades necesariamente tienden a ser más
seguras y una ciudad más segura aumenta rápidamente
su desarrollo hacia el logro de sus objetivos
más especiales. Por eso podríamos entender que la
seguridad ciudadana es una situación de normalidad en la
que la comunidad desarrolla sus actividades dentro de un contexto
de orden, paz y tranquilidad y en un marco de equilibrio
social y legal.
Este marco especial dentro del que se desarrollan las
actividades comunitarias, obviamente, permitirá y permite
crecer y desarrollarse a las ciudades, que los ciudadanos pueden
invertir y obtener sus logros, que puedan planificar su trabajo,
puedan alcanzar metas. Este conjunto de acciones en un marco de
tranquilidad que podrá trascender en el desarrollo,
requiere de la participación de la ciudadanía en su
conjunto.
La seguridad ciudadana entonces es el conjunto de
medidas y previsiones que adopta el Estado a
través de sus instituciones
dentro del marco de la ley y los
derechos humanos para que la comunidad pueda desarrollar sus
actividades libres de riesgo y amenazas.
Debemos entender que la seguridad es tarea de todos;
pero para cumplir con estos cometidos es necesario que se acepten
los cambios, que se estimulen las responsabilidades, romper
marcos y buscar identificarnos con el tema de la seguridad
ciudadana. Tenemos que aceptar los cambios y que todos se
integren a la comunidad y a los trabajos sobre seguridad
ciudadana.
Para ello debemos de construir cada uno con su acto, su
vocación, su calidad de persona, a no
generar ambientes de intranquilidad. En este aspecto, cada
día nosotros somos concientes de que debemos respetar
normas,
respetar leyes y
también exigir se respeten nuestros derechos cumpliendo
nuestras obligaciones.
Muchas veces las inseguridades las vamos generando
nosotros mismos con nuestras conductas y negligencias, por
desatinos, falta de consideración y aceptación
mutua a la interrelación personal por
algunas imponderaciones propias de la
personalidad del hombre. Por eso es que es imprescindible
cambiar, debemos de romper marcos para poder ingresar a este tema
tan nuevo e importante como lo es la seguridad
ciudadana.
Debemos de comprender que la seguridad abarca todas las
instancias en donde el ser humano desarrolla sus
iniciativas.
Por otro lado se habla de la seguridad, no como un
problema delincuencial, de delincuencia menor o de crimen
organizado. Debemos de hablar de presentar iniciativas,
participar activamente. Es necesario recordar una palabra que
desde hace mucho tiempo no se encuentra en nuestro léxico,
la solidaridad. Se ha perdido su práctica, cada uno
nos aislamos en nuestros propios problemas y evitamos
inmiscuirnos en lo que no "nos compete" y así evitando
inmiscuirnos en los problemas de los demás, estamos
evitando inmiscuirnos directa y participativamente a la
solución del problema del Estado. No se hace, por que no
se quiere romper marcos, siempre estamos atados a tradiciones,
conservadurismos o a ideas trasnochadas. Debemos
cambiar.
La seguridad crea todo lo necesario para que
después todo, en la ciudadanía, resulte productivo,
para que las iniciativas puedan generarse y consolidarse y se
conviertan en productos
tangibles, conservables. La seguridad no es acción de uno
solo, la seguridad es un acto mancomunado y tácito entre
las instituciones dentro de las cuales no escapa la
Policía.
La seguridad y el desarrollo convocan la
participación de todos, no solamente de la Policía,
es tarea de todos. Sabemos que todo individuo busca seguridad y
un Estado donde se privilegia la seguridad es un Estado que esta
orientado a buscar el crecimiento de sus comunidades. Un esfuerzo
para crecer sin seguridad trae consigo grandes
pérdidas.
Para el problema de seguridad, la solución es la
prevención antes que la intervención desde nuestra
condición de ciudadanos y miembros de una comunidad o de
un país. Debemos estar mucho más unidos a la
sociedad, solidariamente participativos para ver si el amigo, el
vecino está incurriendo en alguna falta o en alguna
negligencia que puede producir una desgracia.
Orientar al cambio,
sugerir cambios, que se tomen nuevas posiciones, así
dejamos de ser egoístas y somos solidarios y vamos
construyendo un tejido positivo de comunicación, de interrelación que
haga que todos nosotros vivamos en paz.
La conciencia de
seguridad debemos tenerla todos. Una conciencia de seguridad no
solamente nos debe orientar a mirar a los delincuentes, la
conciencia de seguridad nos lleva a tomar actitudes
definidas que no desentonen con el común denominador de
los ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás y
también haciendo prevalecer lo propio.
Otro hecho fundamental a destacar es la familia, la
familia
también debe de tener seguridad. También muchas
veces la familia tiene inseguridad emocional, observan
indiferentes como sus hijos se orientan hacia acciones negativas
como la violencia, enfermedades mentales,
delincuencia, drogadicción y por no decirlo pandillaje,
barras bravas, violación, etc.
Nosotros como pueblo y familia debemos hacer cada cierto
tiempo una reflexión en pareja y analizar de veras si
nuestras acciones como padres de familia están orientadas
adecuadamente a educar a nuestros hijos, cómo debe de ser,
signándole los valores
esenciales, acciones de responsabilidad, de fuerza de voluntad,
de persistencia para alcanzar sus objetivos, que vean en el padre
o la madre la imagen objetiva a
seguir y a superar. Eso se está descuidando en todos los
niveles, alto, medio, bajo, porque egoístamente
también nos centramos al esfuerzo de sostener la economía del hogar y
descuidamos un tanto lo más importante, la familia, la
crianza y desarrollo de nuestros hijos.
Debemos también de ver que nuestras familias se
descomponen un tanto, por el resultado del vacío de
comunicación y de afecto e integración de padres a
hijos y de hijos a padres, que degenera en una falta de control.
La consecuencia, mala formación, malos hábitos, tal
que ya no existe consideración a la autoridad de
los padres y ahí viene el ingreso de los problemas de
violencia juvenil, los problemas de violencia
familiar.
De ahí que se busque soluciones integrales, que
permitan cuidar primero la familia, potenciarla.
¿Cómo? En base a capacitaciones, vinculaciones
permanente a profesionales que tiendan a buscar y, porque no
decir, brindar el consejo y la reflexión oportuna, la
orientación técnica de los psicólogos, la
consulta oportuna para aliviar alguna situación , para
desechar el estrés de
los padres, para alimentar la relación afectiva entre
padres y puedan dar un verdadero afecto y amor a sus
hijos, para que en base a esa sólida función
familiar como célula
fundamental de la sociedad se construya un nuevo
Estado.
Los niños y
los jóvenes de hoy ya tienen un marco referencial de
comportamiento, a ellos nos toca ayudarlos a
reflexionar, orientarlos y en la medida que sea posible estimular
esfuerzos multisectoriales para presentarles respuestas concretas
a sus frustraciones, a sus inquietudes, buscar alternativas de
superación. Una especial atención a los
niños porque ellos sí están
presentándonos la esperanza de que nuestro futuro mejore
en un país mucho más integrado, de sólidas
convicciones y estructura de
seguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana también tiene que ver en
el aspecto estructural de la formación de los distritos,
de las ciudades y los barrios, para que sea una zona donde exista
seguridad. Donde existe tranquilidad tiene más valor, tiene
un valor mucho más positivo y económicamente
contundente que un lugar donde no hay una buena seguridad
ciudadana, donde no existe una norma adecuada de desarrollo,
donde no existe una convivencia pacífica. Una zona donde
existen conflictos, robos sociales, se desprecia y donde existe
tranquilidad, donde existe buena convivencia, eleva su precio, su
justiprecio.
La seguridad ciudadana es un concepto que engloba a dos
fenómenos: el fenómeno de la criminalidad y el
fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sabemos que la
criminalidad produce un conjunto de hechos de naturaleza criminal
y traiciones al ordenamiento jurídico, infracciones de
violencia familiar, de violencia
social, así como los hechos que sin estar comprendidos
en la normativa penal constituyen violaciones a las normas
sociales de convivencia pacífica.
En cuanto al sentimiento de inseguridad ciudadana
debemos de señalar que es el producto de
una sensación, de la percepción, que tiene el ciudadano promedio
de cual es el ambiente en el que vive.
¿Cuál es el ambiente de seguridad en su
comunidad?. Si lo encuentra aparente a sus expectativas pues no
habrá inseguridad, si no lo encuentra, ese sentimiento de
inseguridad estará permanente latente en todos sus
miembros, por eso es que existe mucha preocupación de
aquellas comunidades donde decimos que hay violencia juvenil,
pandillaje. Los vecinos se desplazan con cuidado temerosos de
dejar su casa o que fueran objeto de robos menores, temerosos des
desplazarse porque pueden ser objeto de asaltos o de agresiones y
viven permanentemente en un ambiente de inseguridad.
Existe una desproporción entre el sentimiento de
inseguridad ciudadana y los verdaderos índices de
criminalidad, pero esta apreciación obedece a diversos
factores tales como la desconfianza en la actuación de la
policía. Eso es cierto y no lo podemos negar, pero
también la presencia de elementos sociales que acrecientan
los temores. Entonces nosotros debemos estar interesados en
generar ambientes de mejor desarrollo y nivel de seguridad
ciudadana.
En el tema de seguridad ciudadana, hay que agregarle
algo importante. Se debe de adoptar una actitud eminentemente
preventiva ya no coercitiva, constructiva. Por eso es necesario
un trabajo integral, multisectorial, de apoyo a la
prevención para evitar la represión.
Se debe permanentemente coordinar con los gobiernos
locales. Hoy surgen en la actividad municipal los comités
de seguridad ciudadana, formados, integrados por el alcalde o
gobierno local, la Policía y la comunidad organizada en
juntas vecinales.
Las instituciones representativas del Estado deben
atender concertadamente la problemática de seguridad
ciudadana, en donde la voz, la palabra, la sugerencia del
alcalde, del vecino, del ciudadano, sean permanentemente
escuchadas y sea tomada en cuenta; pero es necesario para esto
hacerles una respetuosa y previa reflexión. Una
posición de participación debe ser asumida con
responsabilidad, con profundo sentido de justicia y equidad, sin
egoísmos y actitudes partidaristas que antes de concertar
van a generar una disgregación de ideas, una
interrupción de los propósitos de otros ciudadanos
para converger en determinaciones efectivas para el desarrollo de
la comunidad.
Es igualmente necesario que se fortalezca los servicios
policiales de seguridad ciudadana bajo este contexto, dentro de
los términos de procesos de
reestructuración de la Policía, surgen dos premisas
fundamentales sobre las cuales se sustenta: primero, la
importancia de los ciudadanos dentro de la seguridad ciudadana y,
segundo, la presencia de una nueva modalidad de servicio que es
la Policía Comunitaria cuya actividad ya se esta
desarrollando y genera acercamientos positivos a la comunidad,
buscando recuperar espacios de confianza y credibilidad donde los
ciudadanos deban sentirse adecuadamente atendidos en todas las
dependencias policiales hacia la cual tengan necesidad de
concurrir.
Conocemos que la seguridad ciudadana es una
función básica de la Policía, pero se
requiere de una coordinación permanente, una
cooperación permanente con los gobiernos locales, la
comunidad organizada y las instituciones públicas y
privadas.
Para poder trabajar debemos de cambiar de actitudes y
proponer acciones de policía comunitario como un trabajo
esencial de acercamiento a la comunidad; pero,
participativamente, con la ciudadanía trataremos de
afianzar esos niveles de seguridad ciudadana a través de
la población por el propio bien de la comunidad
capacitando a la Policía, orientado por sus acciones
mixtas de patrullaje cívico para
tratar de mantener el orden, fortalecer nuestros medios,
nuestra convivencia y nuestras interrelaciones.
Debemos de enfatizar cinco aspectos fundamentales en el
tema de seguridad ciudadana. Primero, que la seguridad tiene que
ver con el curso de la historia, que quiere decir,
que los problemas de seguridad se multiplican como las ciudades
van creciendo, se van complejizando.
El tema de seguridad ciudadana en una comunidad
campesina es con toda seguridad mucho menos compleja que el tema
de seguridad ciudadana en otras ciudades. Y si hacemos referencia
respecto a otras ciudades, el tema es cada vez más
complejo. Eso quiere decir que a cómo van los años,
crece la demografía de las grandes ciudades, crecen
también las tareas al interior de las ciudades. El tema es
amplio y nos va a convocar cada vez más, quiere decir que
estamos ante una situación que va a esperar mucho
más el compromiso de instituciones como la Policía,
los municipios, las organizaciones sociales y también el
ciudadano común y corriente.
El segundo aspecto, es que el tema es indudablemente muy
complejo, porque tiene que ver no solamente con la violencia que
cotidianamente entendemos como agresión física y
psicológica, sino que el tema de seguridad ciudadana
comprende las garantías que da el Estado para el ejercicio
de todos los derechos fundamentales, como el derecho a la vida,
el derecho a la identidad, a
su seguridad moral,
física, al libre desarrollo, al bienestar, la salud,
empleo,
educación; estamos hablando también de una igualdad ante
la ley de todos los ciudadanos comunes y corrientes; de libertad
de conciencia, la libertad de información, de
opinión, de expresión.
Es decir, que el tema de seguridad ciudadana es amplio
que va indiscutiblemente mucho más allá de la sola
tarea de la policía. Esta es la complejidad de lo que se
ha denominado como seguridad ciudadana una tarea de todos y si
nosotros complejizamos más el asunto, estamos hablando del
ser humano de manera integral, con necesidades, pero
también con potencialidades de saber ser, hacer, tener y
poder. Aspectos que recorren el conjunto de necesidades humanas,
articuladas hoy a posibilidades de ejercicio pleno de la libertad
para optar entre alternativas y oportunidades que permitan el
disfrute pleno de su desarrollo
personal y social.
Un tercer aspecto, es la seguridad ciudadana como un
compromiso de todos, sabiendo que dentro de todos hay quienes
tienen papeles más importantes que otros, como el
educador, el policía que tienen un papel fundamental en
este conjunto de cosas que se señalan, pero también
con responsabilidades más delicadas y tal vez más
grandes: la familia, los padres respecto a los hijos, los padres
como ciudadanos miembros de la sociedad.
Cuando hablamos de seguridad ciudadana estamos hablando
de niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, de
absolutamente todos. Este es un aspecto que debe de invitarnos a
reflexionar en estos tiempos, sobretodo cuando la familia se
resquebraja y hay una crisis de valores a todo nivel. Es una gran
responsabilidad que tenemos hoy; algunos participando ya de
manera directa en el tema de la seguridad ciudadana, como los
comités de autodefensa, las juntas vecinales, la
policía y muchos otros ciudadanos.
Un cuarto aspecto es el tema de la policía.
¿Qué es la Policía?. La policía
está ligada a los fines y deberes del Estado, la
policía como policía nace con el Estado y si uno ve
la Constitución Política de los
Estados, el fin supremo de ese Estado es la persona humana. La
situación de esa policía como institución es
de múltiples carencias, con recursos cada vez
insuficientes y menos estimulados. Pero dentro de esas
limitaciones consideramos que se desarrollan esfuerzos de un
mayor acercamiento a la sociedad, entonces tenemos la
Policía Comunitaria, este modelo genera
confianza y credibilidad que la Policía tiene que
observar.
Un quinto aspecto, que debemos de reflexionar es
respecto a la seguridad ciudadana no solamente como la falta de
garantías para el libre ejercicio de la persona humana,
sino también de reacciones distintas, generalmente
negativas, de consecuencias en cada una de las personas que
sufrimos la inseguridad o sus consecuencias: Dos componentes:
uno, la falta de garantías y, la otra, la persona que
sufre esas consecuencias.
Seguridad Ciudadana comunitaria: Cuestiones
terminológicas
Orden Público, seguridad ciudadana o seguridad
de los habitantes
El concepto de orden público ha ido
modificándose a lo largo del tiempo. Originariamente, este
es el concepto liberal que mana del artículo 9 que regula
esta cuestión en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 que dice:
Nadie puede ser inquietado por sus opiniones,
incluso las religiosas, siempre y cuando su
manifestación no altere el orden público
establecido por la ley.
Este artículo, tiene que ser interpretado
sistemáticamente y puesto en relación con el 4 de
la misma Declaración:
La libertad consiste en poder hacer todo lo que
no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los
derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite
que aquellos que aseguren a los otros miembros de la sociedad
el disfrute de estos mismos derechos; estos límites
sólo pueden estar determinados por la
ley.
Por lo tanto si mudamos el concepto de orden
público del ámbito estricto de la libertad
ideológica del artículo noveno a uno más
genérico del artículo cuarto, formularemos la
siguiente definición de orden público:
El orden público se establece como
garantía y límite de la libertad y, como
ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea
perjudicial a los demás.
Desde esta perspectiva, que no hemos de perder nunca de
vista, libertad y seguridad son dos caras de la misma moneda: Sin
seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta,
inquieta el libre ejercicio de los derechos y libertades del
ciudadano) y sin libertad no puede haber una autentica seguridad
(ya que la seguridad sin libertad comporta un régimen
autoritario).
Con el tiempo, este concepto de orden público,
evolucionará hacia el de seguridad ciudadana (originado en
la doctrina de la nouvelle prevención), mucho más
amplio, y que incorpora los valores del Estado social y
democrático de Derecho.
Ahora bien, en general, no se ha producido un cambio de
denominación, sino de contenido del concepto. En efecto
hoy por hoy la expresión de orden público sigue
utilizándose como garantía de la seguridad
pública, lo que ha cambiado es el contenido del concepto
que paulatinamente ha ido pasando desde el forzar a los
ciudadanos a la obediencia de la norma, lo más primario, a
la garantía de la calidad de la vida de los
mismos.
En España, esta evolución ha tenido, no
obstante, a diferencia del resto de países del continente,
un cambio de denominación impulsado necesariamente por el
cambio de régimen autoritario al Estado social y
democrático de Derecho. Por ello el texto
constitucional español
recogió la expresión seguridad ciudadana y no el de
orden público al hablar de la función de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Resulta difícil definir claramente los conceptos
de seguridad pública, seguridad ciudadana y orden
público. Por ello nos remitimos a una concepción
que, de una parte, se relaciona directamente con los
orígenes del Estado de Derecho
más primigenios (tenemos que recordar que, en la
época de la Revolución
Francesa, las personas se denominaban ciudadanos entre ellas
por superar el término súbditos y como equivalente
de persona que tiene unos derechos inalienables, reconocidos,
ahora bien, por la ley) y también por su proyección
de futuro (se calcula que en el año 2020, el 70 % de la
población mundial vivirá en las ciudades, por lo
tanto, la seguridad será, principal y fundamentalmente,
ciudadana).
Por estas razones, el término seguridad ciudadana
también lo preferimos al de seguridad
pública.
En si el término de seguridad ciudadana no tiene
buenos antecedentes en los países de Latinoamérica, puesto que empezó
siendo utilizado por las Fuerzas Armadas a finales de los
años setenta como un renovado vocablo de similar contenido
a la doctrina de seguridad nacional impartida por los Estado
Unidos de América
desde la conocida como Escuela de las Américas que
tituló a centenares de represores, en busca del enemigo
interior de Argentina, Chile, Uruguay y de
tantos otros Estados. En estos países, el término
preferido es el de seguridad de los habitantes, que estiman
omnicomprensivo y no exclusivo.
En todo caso, cuestión terminológica
aparte, lo que es evidente es que el concepto de orden
público ha de rellenarse en función de la realidad
en la que ha de operar. Así podríamos distinguir
entre el concepto liberal de orden público del siglo XIX y
el concepto social y democrático de orden público
que se impone en las democracias occidentales a partir de la
finalización de la segunda guerra
mundial, al que también podemos denominar seguridad
ciudadana.
Seguridad Comunitaria
Cuando hablamos de seguridad comunitaria, nos estamos
refiriendo a un modelo concreto de
seguridad, lo que tiene en cuenta al ciudadano en la
formulación y verificación de las políticas
de seguridad. Los orígenes del término seguridad
comunitaria los tenemos que encontrar en la idea de
oposición entre el modelo inglés
de policía (o policía comunitaria) y el modelo
francés o continental (o policía del princeps).
Para el primero, la actividad de la policía sería
una consecuencia de las demandas sociales, de forma que
habría una clase de self – policing, de la comunidad
con un mínimo uso de la fuerza. Por el contrario, la
policía continental, estaría mucho más
ligada al proceso de construcción de un Estado
contemporáneo y, por lo tanto, de defensa del mismo ante
los procesos involucionistas o revolucionarios que ha
padecido.
El tema de la seguridad pública es una de las
preocupaciones permanentes de los ciudadanos, en casi todas las
encuestas este
tema ocupa uno de los primeros lugares; sin embargo a esta
preocupación no le sigue un nutrido debate, alentado por
la sociedad misma, que lleve a mejores diagnósticos y al
diseño
de innovadoras alternativas para asegurar lo que también
es un derecho humano, la seguridad ciudadana. Como lo
indicará Roberto Cuellar M. en su intervención en
Antigua-Guatemala del
15 al 16 de noviembre de 2001:
La seguridad ciudadana es un tema que se
mantiene en un primer lugar de las agendas nacionales debido a
que su antítesis, la
inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante que
las personas les hacen a las autoridades nacionales o
municipales. Esa circunstancia ha generado las más
diversas teorizaciones sobre el tema, no siempre bien enfocadas
hacia la determinación de las causas y su
erradicación, sino más bien hacia acciones
más de carácter reactivo que preventivo. Es
así como por lo general, se responde a concepciones muy
seguristas que le dan énfasis al tratamiento estatal y/o
represivo del problema, lo cual se encuentra reflejado
claramente en las políticas
policiales.
Diversos factores como la no distinción entre
seguridad pública y seguridad nacional, la ineficacia del
sistema penal, así como la exacerbación que de este
tema hacen los medios de
comunicación han convertido el tema de la seguridad
pública en problema aparentemente univoco, haciendo
entonces creer que la única alternativa es la
visión policíaca y represiva, donde se criminaliza
la pobreza o
se imponen medidas como la del "alcoholímetro" sin pedir que la autoridad
justifique que es una medida idónea y que efectivamente no
existe otra posibilidad para generar esta restricción a
las garantías ciudadanas.
Muchas veces el cuestionamiento que las defensoras y
defensores de derechos humanos han hecho a las medidas que
aumentan la discrecionalidad de las policías o que
sólo proponen mayores medidas represivas ha servido para
acusar de que "defienden delincuentes" y que no les preocupa los
derechos de los ciudadanos honestos. Por supuesto que interesa el
tema de la seguridad pública pero desde otras y mejores
perspectivas.
Por ejemplo al abordar este tema, es necesario revisar y
asegurarnos de cuál es el concepto que mejor identifica el
problema. El concepto de seguridad ciudadana, debe entenderse
"como la protección que debe brindar el Estado a las
personas respetando sus derechos y libertades fundamentales" y no
así el de seguridad pública. La razón es que
el primero coloca a la persona y no al Estado como el centro de
la seguridad.
Igualmente en necesario distinguir con mucha
precisión entre la función de seguridad
pública y la impartición de justicia
penal.
Que actualmente vivamos una seria crisis de las
instituciones que administran la justicia, lo que no debe
llevarnos a olvidar que la seguridad ciudadana es un derecho de
los ciudadanos cuya satisfacción corresponde al
ámbito del poder
ejecutivo a través del servicio público de la
policía y que se debe evitar buscar, como actualmente se
pugna, que las policías preventivas realicen tareas de
investigación de delitos, desvaneciendo la
imprescindible distinción entre seguridad pública y
justicia penal.
En el análisis del problema de la seguridad
ciudadana debiéramos llegar a determinar el grado de
erosión
de los niveles de convivencia ciudadanos que genera la
inseguridad, para lo cual se necesita que se asegure la
existencia de un diagnostico de la realidad económica,
socio cultural y criminológico, y no sólo este
último.
De forma que entonces el trabajo de
seguridad sea planteado como un trabajo de reconstitución
del tejido social y en consecuencia la policía considerada
como una institución que contribuye a la
reconstitución de la convivencia comunitaria. De tal
manera que las estrategias de seguridad ciudadana sean
fundamentalmente preventivas e integrales.
Por supuesto que estos puntos apenas esbozados son parte
de un debate que se desarrolla en muchas ciudades y países
del mundo y de América
Latina. La seguridad ciudadana es uno de los temas más
saltantes en las democracias y por supuesto que también lo
es para nuestro continente.
Con frecuencia, algunos miembros de las corporaciones de
seguridad pública han manifestado que la defensa y
protección de los derechos humanos favorece a los
delincuentes y perjudica a las víctimas del delito. Esta
afirmación es errónea, y no tiene fundamento
jurídico que la sostenga. El argumento ha causado una
grave confusión entre la población; de ahí
la necesidad de exponer algunas razones que la
desmientan.
La creencia de que la defensa y protección
de los derechos humanos beneficia sólo a los delincuentes
es falsa. Todos, sin distinción, gozamos de los derechos
consagrados en nuestras Constituciones, así como en los
diversos instrumentos internacionales en la materia. Los
niños, las personas de la tercera edad, las que viven con
VIH/sida, los
indígenas, la mujeres, las lesbianas y homosexuales, los
niños de y en la calle y los policías gozan de
ellos, salvo en algunos casos en que el derecho a la libertad
personal puede ser legítimamente restringido. Sin embargo,
la privación de la libertad origina nuevos
derechos.
Cualquier acusación o detención debe
estar sustentada en los procedimientos
que la propia Constitución ha establecido. Además,
debe prevalecer el derecho a la información (motivo,
delito y quién acusa), a la defensa, a ser oídos y
juzgados en un tiempo razonable, a no ser torturados, a la
indemnización, a un trato digno por parte de las
autoridades, a recibir atención como víctima y,
sobre todo, a la justicia, la cual se relaciona con el deber del
Estado de investigar y sancionar. Ésta debe ser efectiva,
pronta y expedita. Por su parte, de la autoridad competente
brindará la orientación adecuada.
Estas garantías, que nos han legado
nuestros legisladores, tienen por objeto evitar arbitrariedades
de las autoridades por exceso o defecto en la aplicación
de la ley. Nos dan la seguridad (jurídica) de que las
autoridades sólo podrán proceder en nuestra contra
si se ajustan a los supuestos y procedimientos establecidos en la
propia Constitución, y nos garantizan el derecho a la
justicia en caso de ser víctimas de un delito; con ello se
evitan hechos tan penosos de justicia por mano propia.
No debe escandalizarnos el que se insista a las
autoridades que respeten esos derechos, sino más bien
cuando son violados. Por eso es aberrante pensar que una
política de seguridad ciudadana pueda consistir en
tolerar, por ejemplo, detenciones ilegales o arbitrarias o en
desconocer los derechos del detenido o procesado, o de la propia
víctima. Al contrario, aquélla debe garantizar un
equilibrio entre los derechos del delincuente y los de la
víctima, así como con los de la sociedad en
general, que espera que el delito sea investigado y sancionado
para evitar la impunidad.
La defensa de los
derechos humanos se orienta al combate del delito
Muchas veces los servidores
públicos, valiéndose de su cargo, se olvidan de que
su misión es proteger a los ciudadanos y los derechos
humanos, y que las armas les fueron
confiadas para defender a la ciudadanía y no para
atacarla.
Corresponde a los órganos correspondientes
velar por los derechos de las víctimas del
delito.
Esto no es cumplido plenamente. Un alto porcentaje
de las quejas presentadas en las comisiones de derechos humanos
ha sido de víctimas que han quedado desamparadas ante la
impunidad, la inacción o ineficiencia del sistema de
administración de justicia. Muchas
denuncias formuladas no han sido debidamente investigadas; otras
ni siquiera se han indagado. En las que se hacen investigaciones
hay serias deficiencias jurídicas que serán
aprovechadas por el acusado en su defensa o serán tan
graves que el juez no pueda continuar con el procedimiento. Y
en las que se ha concedido orden de detención,
éstas no se han ejecutado.
La defensa y protección de los derechos
humanos no son un obstáculo para combatir el
crimen
Las causas de la inseguridad que viven
nuestros países son diversas: corrupción, impunidad, violencia,
desconfianza en las autoridades, entre muchas
más.
Sin embargo, algunos se han empeñado en
señalar que quienes se dedican a "la protección y
defensa de los derechos humanos" la han ocasionado y que,
además, ¡no les permiten combatirla! Esto es falso.
Para muchos servidores públicos este argumento les sirve
como pretexto para seguir ocultando su ineficiencia y, en
ocasiones, sus complicidades.
Todos sabemos que una de las causas más
comunes de la inseguridad es la corrupción. Debemos
entender que ésta no sólo significa aceptar o pedir
una dádiva, sino dejar de hacer cuando se está
obligado a ello.
El no arrestar a quien debió ser detenido
genera impunidad; deja sin castigo cuando debía haberlo.
La impunidad se manifiesta cuando los ciudadanos no denunciamos
algún delito que, sabemos, se ha cometido, ya sea por
miedo, ignorancia, o desconfianza en las autoridades; cuando el
policía no detiene por ineficacia, incapacidad,
complicidad o desconocimiento; cuando las autoridades no hacen
debidamente su trabajo, entre otros casos.
Esto genera violencia. Al no ver satisfecho ese
derecho, dejamos en la víctima del delito un deseo de
"justicia" muchas veces traducida en venganza, que se
cobrará tal vez por su propia mano. Esta situación
genera gran desconfianza en las instituciones de administración de justicia. Menos
ciudadanos acudirán a ellas a denunciar, mientras que los
delincuentes seguirán haciendo de las suyas a la sombra de
la impunidad.
El reto, tanto de las instituciones de seguridad
pública como de la sociedad en general, es romper el
círculo vicioso que forman la corrupción, la
impunidad, la violencia y la desconfianza.
La defensa y la protección de los derechos
humanos pugnan por una política de seguridad ciudadana que
actúe sobre las causas de la criminalidad y privilegie la
prevención e investigación del delito.
Se ha dicho de manera insistente que para combatir
la delincuencia y elevar los niveles de seguridad es necesario
aumentar la sanción penal, el número de
policías y patrullas, y tolerar la violación a los
derechos humanos, entre otras. Esta creencia negativa deja de
lado las verdaderas causas de la criminalidad y se olvida de la
necesaria modernización de las instituciones de
administración de justicia, mediante un esfuerzo global
que garantice el acceso y trato igualitario a la
población; que se erradique la desconfianza mutua entre
esas entidades y se busque la complementariedad de ellas y la
coordinación contra el crimen.
Una política de seguridad ciudadana seria
debe atacar las causas de la criminalidad y prever medidas en el
ámbito social, de la infraestructura, la educación
y la participación de la sociedad, para prevenir o
combatir todo factor criminal y así dificultar las
comisión de delitos.
Para hacer frente a este desafío hay que
humanizar y hacer más eficaz la respuesta del Estado, con
la capacitación y profesionalización de los cuerpos
policiales. Para ello se requiere:
- Interés del Estado y la sociedad para que la
formación del policía se oriente hacia el respeto
al orden legal y de los derechos humanos de los
ciudadanos. - Dignificación de la actividad policial. El
policía es un servidor
público encargado de la seguridad, pero sobre todo es
una persona con una actividad que merece alta valoración
social y, por lo tanto, debe ser correspondida con el respeto a
sus derechos y la satisfacción de sus necesidades
elementales. - Evaluación del trabajo policial no
sólo por sus resultados, sino por los medios empleados.
Esta apreciación será permanente, y en ella no
sólo habrá de intervenir el Estado, sino
también la sociedad, que debe convertirse en un actor
coadyuvante de las distintas etapas que implica una estrategia de
seguridad pública. Los mecanismos e instrumentos de la
actuación policial deben regularse según el
criterio "mayor eficacia-menor
costo para
las personas en el ejercicio de sus derechos". En este sentido,
su actuación debería estar sustentada en el
criterio: "Prevención en la medida de lo posible y
represión en la medida de lo estrictamente
necesario". - La participación de la sociedad en la
evaluación de sus necesidades, así como en los
planes de seguridad pública. - Adopción, por parte de los cuerpos policiales,
de códigos de conducta o
ética. - Mecanismos que resuelvan algunos problemas entre los
ciudadanos de forma no violenta, a través de la
mediación o solución pacífica de los
conflictos.
La seguridad pública no sólo es un
problema de los cuerpos policiales. La colaboración de
todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando vemos
que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e
impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el
derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos
a llevar una vida libre de temores y sobresaltos.
Para que la lucha contra la delincuencia sea
eficaz, las acciones deben ser legítimas, esto es,
respetar la Constitución y con ello los derechos humanos,
no sólo por el bien de la legalidad,
sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan
natural que le ha sido arrebatado: la calle.
Esta claro que los Estados son entidades responsables
por la seguridad de los ciudadanos, pero la historia reciente ha
demostrado que la producción de seguridad puede tomar como
horizonte ciertas claves excluyentes e incluso siniestras, o
puede reposar en políticas que con los ojos abiertos a una
realidad compleja e interconectada, respondan con una perspectiva
de derechos humanos a través de instituciones
profesionales y competentes ante los patrones violentos y de
criminalidad que surcan a una sociedad.
Bajo el marco internacional de los derechos humanos la
responsabilidad de los Estados se expresa no sólo en el
deber de respetar los derechos humanos internacionalmente
reconocidos, sino también en actuar con la debida
diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas
prácticas lesivas contra las personas por parte de agentes
gubernamentales o particulares, cualquiera sea el ámbito
en el que ocurra.
Recorrido más de medio siglo desde que la
comunidad internacional adoptara un marco jurídico desde
el cual se le exige a los Estados rendir cuentas sobre el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos,
se puede observar una realidad bastante desajustada de la
visión esperada.
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