Género y Políticas Públicas en Chile en la última década. Alcances y perspectivas

2. Presentación
3. La
   perspectiva de género en las políticas
   públicas en América Latina en los últimos
   años
4. La
   Equidad de género en la agenda pública de
   América Latina
5. Políticas públicas y género en
   Chile
6. A modo de
   conclusión. Alcances y perspectivas
7. Bibliografía utilizada

Presentación.

El presente
ensayo tiene
por objeto problematizar y caracterizar la inclusión de la
perspectiva de género en
las políticas públicas en Chile,
contextualizándola en el marco del desarrollo de
la temática en América
Latina en los últimos veinte años.

Para ello
iniciaremos el recorrido del ensayo con la revisión
básica de algunos conceptos relacionados con las
políticas públicas y la concepción de
género en la que nos basaremos, continuando con una
problematización acerca de la situación de la
temática de género en América
Latina y su inclusión en la agenda pública de
aquellos países que están implementando
líneas de acción
en la materia, a fin
de contextualizar el desarrollo institucional estatal de Chile en
el concierto latinoamericano.

En este contexto
interesa analizar desde dos campos la inclusión de la
perspectiva de género en las políticas
públicas en Chile. Por un lado analizaremos la manera en
como se expresa la política
pública en esta materia a través de una breve
descripción del Plan de Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres 2001-2010 y , por otro,
revisaremos cómo es que se expresa en los procesos de
reforma del Estado chileno
la perspectiva de género en los diversos ámbito de
la gestión
estatal, revisando el estado de
avance del Programa de
Mejoramiento de la Gestión impulsado por el Estado chileno
desde hace 6 años.

Describiremos las
principales características de cada uno de ellos,
deteniéndonos en algunas cifras relacionadas con el estado
de avance del enfoque de género en el PMG en los servicios
públicos, para finalmente reflexionar respecto de los
alcances y perspectivas del enfoque de género a partir del
contexto ya revisado y su relación con la descentralización y participación ciudadana.

I. La perspectiva de género en las
políticas públicas en América Latina en los
últimos años.

Los procesos de
modernización de la gestión estatal y en particular
de las políticas públicas se muestra como un
terreno privilegiado para develar las relaciones que el Estado
establece con los distintos actores sociales, políticos y
económicos, en el marco de sociedades
cada vez más complejas y diversificadas y, por ello, se
constituye en un buen indicador del grado de
democratización y modernización
alcanzados.

En tal sentido las
políticas públicas son el resultado del "conjunto
de procesos mediante los cuales las demandas sociales se
transforman en opciones políticas y en tema de
decisión de las autoridades públicas" por lo que no
pueden ser consideradas como meros actos administrativos del
poder central
sino como productos
sociales emanados de un contexto cultural y económico
determinado, insertas en una estructura de
poder y en un proyecto
político específico.

Si bien los
grupos y
clases
sociales pueden identificar los problemas que
los aquejan y las soluciones
posibles, con ello no basta para sean considerados objeto de
acción estatal, se requiere de un largo proceso,
atravesado por las concepciones y valores
imperantes sobre la temática, determinado en gran parte
por las tensiones entre múltiples actores con prioridades
diferentes y en el que interactúan los escenarios local,
regional e internacional, incluyendo en dichos escenarios la
actuación de los organismos internacionales y los
instrumentos y mecanismos normativos y técnicos por ellos
promocionados.

La
incorporación de la perspectiva de género a la
agenda pública es un ejemplo de este proceso, es decir del
desarrollo del movimiento de
mujeres en los últimos veinte años por un lado,
así como del tipo y calidad del
conocimiento
que se ha producido sobre las relaciones de género y del
consenso internacional en torno a la
necesidad de una mayor equidad y
sustentabilidad de los procesos de desarrollo, por
otro.

Lo anterior se ha
traducido a su vez en la incorporación de la igualdad de
género como un tema tan importante como lo constituyen los
temas medioambientales o las estrategias de
superación de la pobreza,
así como las políticas asociadas al mejoramiento de
la calidad de vida, por mencionar algunas.

Paralelamente, la
inclusión y abordaje de la equidad de género han
estado enmarcados y condicionados por la evolución de las tendencias globales y
regionales respecto al paradigma de
desarrollo económico y social, al papel y aporte femenino
a dicho desarrollo, a los avances en materia de derechos de las mujeres, al
propio concepto de
género y, por supuesto, al proyecto político de
cada país.

En tal sentido
para Sara Silveira " en la región (América Latina),
el modelo de
crecimiento de los años 50 se caracterizó por un
enfoque asistencialista para abordar los problemas de las
mujeres, basado en la priorización de su rol reproductivo.
A fines de los 60 y principios de los
70, el fracaso de las políticas de modernización
trajo aparejado un mayor reconocimiento del rezago social de las
mujeres, se comenzaron a revisar las relaciones al interior del
hogar y tímidamente el aporte de las mujeres al
desarrollo, se asiste al enfoque desarrollista y es el comienzo
de las acciones
correctivas para superar las brechas que separaban a hombres y
mujeres que, mayoritariamente, también terminaron
adoptando una perspectiva de corte social. A principio de los 80,
adquieren relevancia los enfoques de "eficiencia", por
un lado, y de "empoderamiento y autonomía", por otro. Los
90 agregan el fenómeno de la
globalización que ha gestado nuevas oportunidades y
nuevas vulnerabilidades".

Para esta misma
autora las políticas públicas, en cuanto
expresión de este camino, han ido evolucionando desde un
enfoque que hacía hincapié en las necesidades,
especialmente de las mujeres pobres, hacia el criterio de un
desarrollo para todos desde la perspectiva de los derechos humanos
y, por ende, las mujeres han dejado de ser beneficiarias pasivas
de las políticas de desarrollo para ser reconocidas como
participantes activas con derecho a acceder en condiciones de
igualdad a sus beneficios.

También los
intereses de los distintos grupos
sociales y el tipo y definición de Estado, marcan
diferencias con respecto al tipo de política que se
persigue. El Estado reproduce el sistema de
discriminación y de generación de
desigualdades a través del sistema
educativo, del ordenamiento jurídico, de los mensajes
que emite a la sociedad como
empleador, de las normas que
elabora para regular el mercado, etc.
Así, no sólo el proyecto educativo vigente no ha
incentivado la autonomía, la seguridad en
sí mismas, el desarrollo de las capacidades de logro, de
empoderamiento y de toma de
decisiones de las niñas y mujeres sino que las
políticas salariales o sobre trabajo no
remunerado, las de seguridad social, salud, etc. han afectado la
relación entre los géneros y, especialmente, la
vinculación de las mujeres al mercado de trabajo,
cristalizando la discriminación y segmentación.

Lo anterior indica
una interdependencia entre las políticas públicas y
las relaciones de género imperantes así como la
necesidad de incidir activamente en la definición de ambas
dado que no es posible concebir unas sin las otras: el Estado y
sus políticas contribuyen a configurar las relaciones de
género al interior de la sociedad al mismo tiempo que las
relaciones de género lo hacen con el tipo de
Estado.

De tal modo que
para que las políticas públicas incluyan
efectivamente una perspectiva de género se requiere de una
voluntad explícita de parte de las autoridades de promover
una redistribución entre los géneros en
términos de asignación de recursos,
derechos civiles, participación, posiciones de poder y
autoridad y
valoración del trabajo de hombres y mujeres, lo que nos
lleva a la discusión respecto de la inclusión de la
perspectiva de género en la agenda pública de los
Estados en América Latina.

II. La Equidad de género en la agenda
pública de América Latina

Para Sara Silveira
la agenda de la equidad de género en la región, en
la segunda mitad del siglo XX, ha registrado importantes avances
lo que no ha implicado la eliminación o superación
de las desigualdades de género, con independencia
del proyecto país o del modelo de Estado predominante y
tampoco "se logró construir la equidad de género
como una dimensión impostergable de la equidad social y
como tema de política y responsabilidad gubernamental"

Uno de los
principales logros fue la visibilización de las
principales demandas de las mujeres junto con la necesidad de una
institucionalidad estatal responsable de atenderlas. Como
respuesta a la Primera Conferencia
Mundial del Año Internacional de la Mujer
(México,
1976) se crearon los primeros mecanismos gubernamentales y en la
actualidad, casi todos los países tienen un organismo
–con diferencias de rango, presupuesto y
consideración- a cargo de las políticas y programas para
las mujeres, encargado de coordinar con el resto de los sectores
la inclusión en el diseño
de las políticas públicas de las demandas,
necesidades y potencialidades de las mujeres y, eventualmente, la
implementación de programas específicos.

En el Cono Sur se
cuenta con :

• Argentina: el Consejo Nacional
  de la Mujer (CNM),
  dependiente de la Presidencia y el Consejo Federal de la
  Mujer
• Brasil: el Conselho Nacional
  dos Direitos da Mulher (CNDM)
• Chile: el Servicio
  Nacional de la Mujer (SERNAM), cuya Directora tiene rango de
  Ministra de Estado
• Paraguay: la Secretaría
  de la Mujer, dependiente de la Presidencia y cuya directora
  tiene rango de Ministra.
• Uruguay: el Instituto Nacional
  de la Familia y
  de la Mujer, en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y
  sin presupuesto propio.

Igualmente todos
los países han ratificado la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la Mujer (CEDAW) – que recoge toda la normativa precedente
respecto a los derechos de las mujeres, han producido importantes
reformas legales para eliminar diversas manifestaciones de la
discriminación y han suscrito los Convenios
Internacionales del Trabajo de la OIT Nro. 100 sobre Igualdad de
Remuneración, que establece la igualdad de
remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de
igual valor y el
Nro. 111 sobre Discriminación en el empleo y la
ocupación, en el que se promueve la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres en el plano laboral y engloba
la discriminación basada en motivos distintos del sexo.

Por último,
en la Cumbre de las Américas (Santiago, 1998), se
reiteró el compromiso de reconocer y valorizar el papel de
la mujer en la sociedad, se ratificaron los compromisos asumidos
en la Cuarta Cumbre Mundial de las Naciones Unidas
sobre la Mujer (Beijing,1995) y se acordó fortalecer
mecanismos nacionales así como redes regionales y
subregionales para la promoción de la igualdad jurídica y
de oportunidades entre hombres y mujeres y proporcionarles los
recursos financieros necesarios.

Las principales
manifestaciones de estos avances han sido los planes de Igualdad
de Oportunidades, los planes de acción y los planes
nacionales para las mujeres, donde destacan los siguientes
países del Cono Sur :

Argentina: el
Plan Federal de la Mujer responsable de desarrollar un
Sistema Nacional de Información Mujer, las capacidades
políticas, técnicas y
operativas para el diseño, formulación, seguimiento
y evaluación
de las políticas públicas de igualdad y de proveer
equipamiento, capacitación y asistencia técnica a
las estructuras
que promuevan la equidad de género.

Brasil: el CNDM
elaboró el documento "Estratégias de
Igualdad" con propuestas de políticas
públicas que en sintonía con el Programa Nacional
dos Direitos Humanos (PNDH) del gobierno federal,
sirven como líneas de acción y actividades para
implementar la Plataforma de Acción de Beijing y otras
convenciones adoptadas.

Chile: el
SERNAM coordina las iniciativas tendientes a la
implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres desde 1994 a la fecha y que un
programa de difusión de los derechos de las mujeres a
través de los Centros de Información
(CIDEM).

No obstante lo
anterior para muchas autoras relacionadas con la temática,
la participación de las mujeres en la adopción
de decisiones económicas y políticas sigue siendo
muy baja, determinando en gran medida las posibilidades de
participación ciudadana en la formulación,
ejecución y monitoreo de políticas y programas
públicos, las que a pesar de las limitancias muestran
avances importantes desde una perspectiva histórica de los
últimos 20 años.

Sin embargo, estos
avances en cuanto tendencias regionales no pueden esconder las
significativas deficiencias en materia de
institucionalización y efectividad que se han registrado
entre los países, los que muestran brechas significativas
que se expresan en caso como los del SERNAM de Chile, con la
más integral y sólida actuación contrastando
con el Instituto de la Mujer y la Familia de
Uruguay que
incluso carece de presupuesto propio.

Las principales
debilidades a señalar refieren a la fragilidad
institucional de los organismos para la promoción de la
mujer al interior del aparato estatal, su escasa capacidad de
coordinación y de incorporación de
la dimensión de género en los programas de los
distintos Ministerios,
la discontinuidad de los equipos técnicos, el escaso
presupuesto, los conflictos de
la gestión pública y ante todo, las resistencias
de carácter ideológico que se traducen,
sustancialmente en manifestaciones indirectas de la
discriminación y la exclusión y que han socavado la
sustentabilidad de las acciones.

Al finalizar este
siglo, la persistente exclusión femenina de los espacios
económicos y políticos no ofrece dudas que "tener
derechos" implica la garantía y la oportunidad de
ejercerlos sin que se visualicen como privilegios. "El
desafío actual consiste en cerrar la brecha entre
compromisos expresadas y instituciones
"modernizadas", entre el marco legal y la práctica social,
exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos
internacionales y nacionales" .

Por ello , tanto
los grandes objetivos de
equidad, desarrollo sostenible y humano como el logro de una
participación en igualdad de oportunidades en el mundo del
trabajo, en la actualidad pasan por continuar y profundizar la
atención y promoción particular de
la participación activa de las mujeres en los
ámbitos de toma de decisión y acción
política.

III. Políticas
públicas y género en Chile.

3.1. La
situación de género en Chile. Una breve
revisión.

Las
transformaciones vividas por mujeres y familias en las
últimas décadas del Siglo XX, muestran cambios
culturales, sociales y productivos en el que el rol de la mujer
comienza tener un reconocimiento social por parte de diversos
actores sociales y políticos así como de la
opinión
pública y medios de
comunicación en general.

No obstante lo
anterior se constatan ciertos déficit y desigualdades en
la relación de género en diversos ámbitos de
la vida social y económica del país. En tal
sentido, si bien las mujeres superan en educación a los
hombres, aún no logran ampliar y diversificar sus
oportunidades laborales y las trabajadoras siguen ganando menos
que los hombres .

Por otro lado,
aún cuando la diferencia de ingresos y
participación en el trabajo
entre hombres y mujeres ha disminuido, se acentúa la
diferencia de oportunidades laborales entre mujeres según
nivel socioeconómico: los estratos medios y altos
participan en un 47% respecto al 27,3% de participación de
mujeres pobres.

En el plano de la
salud y de la previsión social las mujeres experimentan
mayores dificultades para acceder a los sistemas
vigentes.

Si bien el ingreso
al trabajo remunerado ha contribuido a sacar a muchos hogares de
la pobreza, no
constituye cambios sustantivos en las relaciones parentales al
interior de la familia ni posición de la mujer en la
familia, a ello si agregamos la violencia
intrafamiliar podemos constatar que aún faltan cambios
significativos en este campo.

Donde se
manifiesta con mayor elocuencia la brecha de género es en
los procesos de toma de decisiones , particularmente en el
área política y económica , donde la
participación de la mujer es extremadamente baja,
limitando tanto el desarrollo integral de las mujeres, así
como la construcción de democracia.

En este sentido,
para el SERNAM, la búsqueda de la equidad de género
no sólo es una expectativa sino un elemento constitutivo
de las políticas públicas y más aún
del ejercicio democrático. En este marco la equidad de
género es entendida como la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres que permita garantizar a ambos sexos el
acceso equitativo a beneficios y recursos que ofrece el
desarrollo, la igualdad de derechos, la construcción de
una cultura de la igualdad en la convivencia social, la
participación social y política
equitativa.

Para ello el
Estado desde la década de los ’90 ha venido
impulsando el Plan de Igualdad de Oportunidades, incorporando por
medio de éste la igualdad de oportunidades en el conjunto
de políticas gubernamentales, considerando los problemas
de las mujeres como parte integrante de la agenda social del
gobierno.

3.2. Las
políticas públicas en el contexto de la
situación de género en Chile en la última
década.

3.2.1. El Plan
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
Lineamientos Generales 2000-2010 Principales
Estrategias.

El antecedente a
este plan fue el desarrollado en el período 94-99, el cual
contempló dentro de las principales líneas
estratégicas el desarrollo de estudios de medición de la magnitud de los problemas de
género; el diseño y coordinación de
programas sociales de alto impacto dirigido a mujeres
vulnerables; la coordinación intersectorial
(interministerial) que requirió la transversalidad del
enfoque de género y la adecuación de las
prioridades del Plan a la realidad de las regiones y comunas de
nuestro país.

Este primer plan
contribuyó a elevar el nivel de conciencia sobre
las desigualdades de género y logró poner el tema
en la agenda gubernamental y en la opinión pública,
recogiendo las demandas que muchas organizaciones
sociales y políticas de mujeres venían planteando
desde la década de los 80.

En este contexto
se elabora el plan 2000- 2010 basado en 5 campos
estratégicos, los que a su vez definen los objetivos
estratégicos en cada uno de ellos, a saber:

2. Promoción de una
   cultura de la igualdad.

Este campo cuenta
con cinco objetivos orientados a promover cambios en la familia,
en la
educación, en la producción y acumulación de
conocimientos, en los medios de
comunicación y en la opinión pública,
que permitan avanzar en la construcción de una cultura
más abierta a las nuevas ideas y a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

Los objetivos en
este ámbito dicen relación con:

• Contar con una opinión
  pública crítica frente a la discriminación
  de género.
• Eliminar los estereotipos
  sexistas y fomentar imágenes
  positivas de las mujeres en los medios de
  comunicación
• Incorporar contenidos y
  prácticas en el sistema educacional tendientes a
  propiciar actitudes y
  valores favorables a la equidad de género.
• Fomentar actitudes y
  prácticas en la producción de conocimientos, la
  creación artística y el desarrollo
  tecnológico que tomen en cuenta las diferencias de
  género.

2. Promoción de los
   derechos de las mujeres y garantizar su pleno
   ejercicio.

En este
ámbito se pretende el desarrollo de objetivos orientados a
elevar el
conocimiento y la conciencia de los derechos de las mujeres y
a acortar las distancias entre las normas jurídicas y su
aplicación.

Destacan objetivos
tales como:

• Fomentar el conocimiento de los
  derechos de las mujeres teniendo en cuenta su ciclo de
  vida
• y las características
  sociales, culturales y étnicas.
• Generar y mejorar instancias y
  mecanismos que resguarden el acceso a la justicia y
  el
• ejercicio de los derechos de
  las mujeres.
• Adecuar la normativa a la
  Constitución y convenios Internacionales
  suscritos por Chile
• garantizando el ejercicio
  igualitario de derechos entre hombres y mujeres
• Asegurar el derecho a la
  integridad física,
  sicológica y sexual de las mujeres y
  niñas.
• Difundir y cautelar el derecho
  a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

iii.
Participación en las estructuras de poder y en la
adopción de decisiones.

Los objetivos en
este ámbito apuntan a fomentar la participación de
mujeres , apoyar sus organizaciones y fomentar su liderazgo para
que la democracia pueda nutrirse del aporte, en igualdad de
condiciones de mujeres y hombres compartiendo la toma de
decisiones y ejerciendo el control
ciudadano.

Destacan en
este ámbito objetivos tales como:

• Desarrollar estrategias para
  fomentar la participación de las mujeres en la toma de
  decisiones.
• Estimular la creación y
  fortalecimiento de la asociatividad y redes de
  mujeres
• Fortalecer el liderazgo de las
  mujeres para facilitar su reconocimiento como sujetos sociales
  y fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos.

5. Autonomía
   económica de las mujeres y superación de la
   pobreza.

Este componente
está orientado a eliminar los obstáculos y
prácticas discriminatorias que operan en el acceso al
mercado laboral y los recursos productivos, mejorar el acceso a
éste y estimular el desarrollo laboral de las mujeres,
mejorar la representación de las organizaciones
económicas, sociales y gremiales, estimular la capacidad
de emprendimiento y superar la pobreza.

• Dar a conocer la
  situación de las mujeres en el ámbito de la
  economía
  y del mercado del trabajo.
• Eliminar los obstáculos
  que impiden el acceso de las mujeres a los recursos
  económicos en igualdad de condiciones con los
  hombres.
• Garantizar en la
  legislación y estimular prácticas que aseguren el
  ejercicio de los derechos de las mujeres en el empleo,
  reconociendo las necesidades que surgen de los cambios en el
  sistema productivo y en la
  organización del trabajo.
• Mejorar el acceso al mercado de
  trabajo y estimular al desarrollo laboral de las mujeres ,
  especialmente de las mujeres de escasos recursos.
• Mejorar la
  representación de mujeres en las organizaciones
  sindicales y gremiales, en las instancias tripartitas, en los
  foros de debate
  económico y laboral y en los distintos ámbitos de
  toma de decisiones.
• Estimular la capacidad de las
  mujeres para el emprendimiento económico.
• Disminuir los niveles de
  pobreza de las mujeres.

5. Bienestar en la vida
   cotidiana y calidad de
   vida.

En este
ámbito los objetivos se orientan en torno a la
adaptación de la legislación a la realidad actual
de la familia, por un lado y a la promoción de un reparto
más equitativo de las responsabilidades domésticas
y familiares , así como del acceso a espacios de
desarrollo cultural y recreativo, por otro. Los restantes
objetivos están centrados en mejorar la calidad de los
servicios
públicos y promover la participación ciudadana en
la marcha y evaluación de los servicios y en el cuidado
del medio
ambiente.

Los objetivos que
se esperan logra en este ámbito dicen relación
con

• Adaptar la legislación a
  la realidad actual y asegurar la igualdad de derechos a todos
  los tipos de familias.
• Promover responsabilidades
  familiares compartidas entre mujeres y hombres.
• Propiciar el acceso de las
  mujeres a espacios que fomenten el bienestar individual y
  social.
• Prevenir la violencia
  contra las mujeres y entregar servicios para el apoyo a las
  víctimas.
• Mejorar el acceso de las
  mujeres a servicios de buena calidad en salud.
• Mejorar el acceso y la calidad
  de la educación para las mujeres , en los distintos
  niveles y modalidades.
• Promover y desarrollar
  iniciativas tendientes al cuidado del medio ambiente y
  al derecho de las mujeres y sus familias a un desarrollo
  sustentable.

vi. Enfoque de
género en las políticas
públicas

El ámbito
está organizado en torno a tres objetivos orientados a
continuar con el proceso de legitimación e institucionalización
de la equidad género en las políticas
públicas, considerar las características
específicas de las realidades regionales y locales, y
asegurar la participación ciudadana en el diseño,
puesta en marcha y

evaluación
de políticas, en particular de los planes de igualdad de
oportunidades.

• Consolidar el proceso de
  legitimación e institucionalización del enfoque
  de género en las políticas
  públicas.
• Fortalecer la
  coordinación intersectorial para abordar problemas
  específicos derivados de las desigualdades entre mujeres
  y hombres, cautelando la integralidad del enfoque.
• Promover la adopción del
  enfoque de género en los niveles regional y local,
  así como en las relaciones
  internacionales.
• Favorecer la
  participación ciudadana de las mujeres en el proceso de
  elaboración de políticas
  públicas.
• Realizar evaluación y
  seguimiento del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre
  Mujeres y Hombres con la participación de las mujeres
  organizadas y la sociedad
  civil.

Para los
propósitos del ensayo analizar el estado de avance del
plan desde la inclusión del enfoque de género en
los servicios públicos por medio del PMG 2002 nos parece
indicador clave de la inclusión transversal del tema en la
agenda pública nacional, no obstante el desarrollo y
ejecución propia del plan que realiza el SENAM
directamente por medio de convenios y programas nacionales
específicos en materia de igualdad entre hombres y
mujeres.

Por lo tanto
más que problematizar respecto al estado de avance de la
implementación del plan mismo , tema que no es el central
para este ensayo, nos interesa analizar el estado de avance de
estos objetivos por medio del estado de avance en el PMG 2002 y
que a continuación exponemos.

3.2.2. La
inclusión de la perspectiva de género en el
PMG.

La
inclusión del enfoque de género en el PMG es un
claro ejemplo de inclusión de la perspectiva de
género en la política pública chilena en los
últimos años.

Los programas de
mejoramiento de la gestión (PMG) en los servicios
públicos tienen su origen en el año 1998 con la
implementación de la ley Nº
19.553, asociando el cumplimiento de objetivos de gestión
a un incentivo monetario para los funcionarios
públicos.

A su vez los
programas de mejoramiento de la gestión se enmarcan en un
conjunto de áreas comunes para todas las instituciones del
sector
público, denominado programa Marco, el cual incluye
sistemas de gestión en las áreas de recursos
humanos, calidad de atención de usuarios, planificación y control de
gestión, auditoría interna, desconcentración,
administración financiera contable y el
enfoque de género. Para cada una de estas áreas
corresponden determinados sistemas, objetivos, metas y etapas de
implementación.

En tal sentido
para el caso del enfoque de género se cuenta como
antecedente con el plan de igualdad e oportunidades del SERNAM,
el instructivo presidencial Nº 015 del año 200, que
crea el consejo de Ministros por la igualdad de oportunidades, el
anexo SEBI 2002 MIDEPLAN y los proyectos
concursables del Fondo de la DIPRES 2002.

La
inclusión del enfoque en el plan de mejoramiento se
traduce en incorporar en los productos que entrega cada
institución una perspectiva de enfoque de género, a
través del desarrollo de etapas diferenciadas y
progresivas que consideran los siguientes pasos
básicos:

1.Elaboración de un diagnóstico de los productos entregados a
sus clientes usuarios
o beneficiarios desde la perspectiva de género y presenta
informe al SERNAM
para su validación.

2. De acuerdo al
diagnóstico, el servicio elabora el plan para incorporar
la perspectiva de género en la entrega de sus productos,
aprobado por el jefe de servicio y presenta un informe al SERNAM
para su validación, para luego elaborar un programa de
trabajo que asegure la implementación del plan.

3. El servicio
implementa el programa de trabajo que incorpora el enfoque de
género en la entrega de sus productos, así como
cuando corresponda lo hará en aquellas nuevas iniciativas
que el servicio ofrezca, implementando un servicio de registro de
información de sus clientes, beneficiarios o usuarios por
sexo, así como de seguimiento de la implementación
del programa mismo.

4. Finalmente el
servicio elabora un informe de los resultados y recomendaciones
de la implementación efectuada según lo establecido
en el programa de trabajo de la etapa anterior y el programa de
seguimiento y lo presenta al SERNAM para su
validación.

Los resultados de
la implementación del PMG en la perspectiva del enfoque de
género correspondientes al año 2002 señalan
que el 95% de los servicios estatales desconcentrados y no
desconcentrados implementaba el sistema enfoque de género
en sus líneas de intervención, presentando un
porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados del orden
del 98%.

No obstante lo
anterior el estado de avance de la implementación del
sistema y área enfoque de género presenta
sólo un 27% de avance, según el número total
de etapas de implementación, constituyendo el área
menos desarrollada respecto de las restantes planteadas en el PMG
para el 2002 , ver cuadro 1.

CUADRO
1

Porcentaje de
avance de las áreas contempladas,según Nº de
etapas cumplidas

respecto al
número total por áreas.

Fuente: DIPRES
División de Control y Gestión. Chile Año
2003.

En cuanto al
año 2003 los compromisos de los servicios por etapas en
relación al enfoque de equidad de género muestran
un desarrollo diferenciado y concentrado en la segunda etapa
contemplada para el sistema antes mencionado, tanto para los
servicios desconcentrados como desconcentrados. Ver cuadro
2.

CUADRO
2

Porcentaje de
servicios que comprometen etapas del sistema enfoque de
género en su PMG 2003

Fuente: DIPRES
División de Control y Gestión Chile. Año
2003.

Lo anterior viene
a indicar que en relación a los esperado y al desarrollo
de otras áreas y sistemas, la perspectiva de género
en los servicios presenta un lento desarrollo,
concentrándose aún en la etapa de
elaboración de planes y programa de trabajo,
evidenciándose necesidades y desafíos para el
desarrollo de las etapas 3 y 4.

IV. A modo de conclusión. Alcances y
perspectivas.

Si bien la
situación de la perspectiva de género en la
región muestra algunos avances significativos desde el
punto de vista de la instalación en la agenda
pública y en la estructuración a través de
planes y programas sociales y productivos integrales, se
evidencian algunos déficit y necesidades aún no
cubiertas que dicen relación con aspectos más
estructurales anidados en el ámbito productivo y sobre
todo de la cultura.

En tal sentido
atentan contra el desarrollo de una perspectiva de género
equitativa, la centralización y burocratización de
las políticas sociales, el predominio de relaciones
económicas y sociales basadas en la exclusión y
explotación, el predominio de una cultura sexista y
discriminatoria y el desarrollo desigual en la
constitución de ciudadanía y por ende de democracia social
y política para la mayoría de los hombres y mujeres
de la región y de nuestro país.

En tal sentido
enfrentar estas dificultades o condicionantes pasa no sólo
por la transversalización de la perspectiva de
género en las políticas públicas solamente
sino que además implica el desarrollo de procesos de
descentralización de dichas políticas que permitan
generar espacios de inclusión de aquellos sectores ,
grupos o sujetos sociales , entre ellos el movimiento de mujeres,
que pugnan por mayor espacios de participación y control
en los procesos de definición , ejecución y
evaluación de las políticas sociales y en
particular aquellas relacionadas con la perspectiva de
género.

Por otro lado
está el desafío que persiguen los planes y
programas de largo aliento tendientes a generar cambios
culturales en las relaciones de género que involucran no
sólo aspectos relacionados con la inversión pública sino además
con el desarrollo de políticas laborales y sindicales
articuladas en pos de proyectos políticos igualitarios que
vayan pautando o liderando dichos cambios, los cuales
necesariamente deben acompañarse de inciativas que
promuevan actitudes y acciones que disminuyan la
discriminación aún existente en países como
los nuestros.

La revisión
del plan de igualdad de oportunidades en nuestro país si
bien muestra un reciente avance en estas materias muestra la
magnitud y los tiempos necesarios que se requieren para el logro
de cambios reales en la relación de género. Tras
prácticamente 10 años de implementación de
este tipo de iniciativas la incorporación de la
perspectiva de género en la agenda pública
aún es incierta, lo que lejos de alarmar debe constituir
un elemento de análisis respecto a donde debe estar
situada la responsabilidad en la generación de los
cambios.

Los cambios que ha
experimentado el Estado en su relación con la sociedad
civil en los últimos veinte años nos muestra una
tendencia de la cual la perspectiva de género no puede
abstraerse y es que los cambios o transformaciones que se puedan
generar en pos de la construcción de una cultura de la
igualdad pasa por asumir la constitución de
ciudadanía o mejor dicho por la constitución de
sujetos capaces no sólo de demandar derechos al estado
sino fundamentalmente ejercer la toma de decisiones y control
ciudadano en torno a las políticas
públicas.

Lo anterior
más que constituir una demanda
implica entender que el desarrollo de la política
pública moderna debe incorporar como estrategia de
inclusión a la mujer en el contexto de la igualdad de
género, más que desde la perspectiva de la
discriminación positiva de un sector que por cierto
presenta niveles de exclusión económica social y
cultural mayores que el de los hombres. Y que adicionalmente.
así como para otros actores sociales, para que dicha
política pública tenga efectividad y legitimidad no
sólo de be entender como sujeto de la misma a quienes
diseñan las políticas, sino fundamentalmente a los
sujetos ( y no a los objetos beneficiarios o clientes)
constitutivos de esos derechos por la igualdad de género
en los que no sólo se encuentran las mujeres, sino el
conjunto de sectores y actores sociales que pugnan por relaciones
de igualdad en el ámbito social, político y de
equidad en lo económico.

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Alejandro Escobar
Lobos

Antropólogo de Universidad
Austral de Chile

Magíster © Sociología de la Modernización ,
Universidad de Chile

Diciembre
2003.