Breve repaso de la emergencia del proceso de
Reorganización Nacional y su culminación en el acto
eleccionario de 1983.
La crisis
política,
económica y social de principios de la
década de 1970 generó las condiciones de
aceptación de un golpe de estado
para restablecer el orden en una sociedad
sumida en el caos. En esta etapa histórica, cuyos
protagonistas la llamaron Proceso de Reorganización
Nacional, se llevó a cabo un plan
sistemático de represión con el objetivo de
atacar la raíz del conflicto
social, dando así origen al terrorismo de
estado. El
plan represivo aplicado a todo el territorio nacional tuvo por
objetivo silenciar a la sociedad en el orden político,
cultural, económico y social y de esta manera quebrar
todos los lazos solidarios que se derivaban de la emergencia del
estado benefactor. En detrimento del esquema económico
cuyo principal protagonista era el Estado, el
gobierno militar decidió su conversión gradual para
que la economía comenzara a regirse por "la mano
invisible del mercado". De esta
manera se desprende como la represión implicó un
profundo cambio
cultural en el punto de vista político promoviendo la
emergencia de un incipiente individualismo construido por la
fuerza
represiva del terrorismo de estado.
La nueva política
económica consistía en el fortalecimiento de la
economía simbólica (movimientos de capitales y de
flujos crediticios) en perjuicio de la economía real
(sector industrial y agroindustrial, flujo de bienes y
servicios), la
apertura comercial hacia la competencia
extranjera y el endeudamiento. El resultado, a lo largo de este
período fue el deterioro de la estructura
industrial inducida por la apertura y la competencia de
artículos importados. El aumento de la tasa de
interés generaba retracción y encarecimiento
del crédito
y la emisión monetaria provocó una creciente
inflación con una pérdida significativa del
poder
adquisitivo del salario. Desde el
punto de vista educativo y cultural, la intervención en el
sistema
universitario consolidó la fuga de intelectuales,
desprovistos, una vez vuelta de la democracia, de los presupuestos
necesarios para producir la conexión necesaria que
requiere la educación en la
promoción de la movilidad social y del
desarrollo
económico.
La represión y la creciente incapacidad de la
junta militar en resolver los problemas
económicos derivó (como el último recurso
del "destino de grandeza" que cada golpe de estado incluyó
entre sus postulados), en la ilusoria recuperación de la
soberanía sobre las islas Malvinas
por medio de su ocupación. Este delirio que imperaba en
los jefes militares del momento, desembocó en una derrota
que se negaba hasta las últimas consecuencias, producto de la
censura informativa que ejercía el régimen militar.
La derrota provocó una gran crisis en el gobierno, fue en
este momento cuando se comenzó a negociar una salida
electoral que venía empujada por crecientes ánimos
sociales solicitando la vuelta de la democracia.
Los problemas subyacentes de la política militar
del período 1976-1983, se verían mas adelante,
siendo notorias en la actualidad sus consecuencias en el orden
político y económico.
Lo que importaba en ese entonces era el renacimiento
de la ilusión y la civilidad que implica la vida en
democracia. El ganador de la elección presidencial fue el
candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl
Alfonsín. Las aspiraciones del partido ganador y
especialmente del electo presidente, eran dar los pasos para la
emergencia de una sociedad moderna, laica, justa y
colaborativa.
La vuelta de la democracia y la centralidad de la
sociedad en el sostenimiento político del
gobierno.
La llegada del Partido Radical al gobierno
implicó desafíos y oportunidades para una sociedad
que se encontraba sumida en profundos problemas
económicos, sociales y políticos. Para tener un
orden en lo que se refiere al desarrollo de
los acontecimientos, se puede dividir el período 1983-1989
en político y económico respectivamente (sin
desconocer las estrechas conexiones que existen entre ambos en lo
que hace al acontecer histórico), para diferenciar como la
conflictividad subyacente en la sociedad van influenciando el
accionar del gobierno.
Reconstrucción del orden
político
Las aspiraciones del gobierno radical para revitalizar a
una sociedad llena de conflictos
comenzaron en la dimensión política.
El régimen militar por medio del terrorismo de
estado había generado una profunda separación entre
el Estado y la sociedad civil.
El nexo entre ambos, el sistema
político, había sido sepultado. La
dimensión política que supone la existencia de la
forma democrática de gobierno, debía ser
revitalizada. De esto se desprende el énfasis puesto en la
campaña electoral en los valores y
el espíritu democrático. La lucha contra el
autoritarismo y por la democratización llevó al
gobierno a enfrentar a los poderes corporativos representados en
los militares, la iglesia, el
sindicalismo y
la cúpula empresaria con el objetivo de que sus conductas
respeten la democratización social y las normas que rigen
el Estado de
Derecho. Alfonsín quería rescatar los valores y la
esencia de la democracia, que supone una base de distintos
intereses que por medio de la política como canalizadora
de conflicto, permite el ordenamiento social a través de
las normas del Estado. Este postulado se puede relacionar con la
definición que Alain Touraine hace de la misma: "lo que
define a la democracia no es solo un conjunto de garantías
institucionales o el reino de la mayoría, sino ante todo
el respeto a los
proyectos
individuales y colectivos, que combinen la afirmación de
la libertad
personal con
el derecho a identificarse con una colectividad social, nacional
o religiosa particular". De esta concepción la
afirmación de la libertad personal y el concepto de
colectividad social están íntimamente vinculados
con los modos de representación de la voluntad popular.
Para que estas formas de reproducción de conductas
democráticas tengan lugar, el gobierno apeló a una
política cultural y educativa destinada a remover el
autoritarismo en el sistema escolar, universitario y
científico estatal sustentado en la educación
pública como promotora de la movilidad social. Un punto
que le valió al gobierno el enfrentamiento con los
sectores conservadores de la iglesia fue la promulgación
de la ley de divorcio. A
medida que el gobierno avanzaba en cuestiones religiosas, la
institución eclesiástica comenzaba a hostigar a la
democracia por ser portadora potencial de diversos males, desde
la droga hasta la
pornografía. Con respecto a la
política internacional, el Estado argentino logró
una progresiva reinserción a nivel mundial basado en
principios derivados de los Derechos Humanos,
la democracia, la paz y la independencia
de los Estados.
Lucha de intereses
Si el Estado de Derecho limita el poder del Estado
arbitrario y a su vez ayuda a enmarcar la vida social
detrás de un proyecto cultural
y democrático, siguiendo el pensamiento de
Alfonsín en la campaña electoral, la lucha contra
el poder sindical y militar iba a demarcar el límite de
esa idea del Estado armonizador de intereses, lo cual iba a
fragmentar la base del poder del gobierno radical: la
civilidad.
La tensión entre la sociedad y la
institución militar se profundizó luego del
informe de la
CONADEP, en el cual se registró la desaparición de
30.000 personas producto de la represión estatal. Sumando
a esta situación la derrota en Malvinas, que
estaba muy fresca en la memoria
colectiva, el Poder Judicial
preparaba el terreno para enjuiciar a los miembros de la junta
militar. A pesar de esta condena social, el poder militar no
estaba totalmente disminuido. Ellos reivindicaban su éxito
en la "guerra contra
la subversión" y basaron esto en el apoyo social que tuvo
el golpe.
Para poder reordenar el Estado; y a las Fuerzas Armadas
subordinarlas al poder civil, el juicio a las juntas tuvo que
tener en cuenta algunas distinciones entre quienes dieron las
órdenes que condujeron al genocidio, quienes se limitaron
a cumplirlas y quienes se excedieron cometiendo atrocidades. Las
instancias civiles también condenaron al Ejercito
Republicano del Pueblo (ERP) y a
grupos
vinculados con Montoneros. El juicio duró aproximadamente
ocho meses y la junta militar resultó condenada. Las
leyes del
Punto Final y Obediencia Debida que se dictaron estuvieron en
consonancia con los preconceptos de las distinciones de culpabilidad
antes del juicio.
Este período histórico del país que
se basa en las condiciones cambiantes del esquema
económico del Estado Benefactor, se deben a la influencia
de las fuerzas centrípetas de los países
capitalistas industrializados, lo que supone que la
modernización económica puede ser una enemiga de la
democracia si se la impone destruyendo el sistema político
y silenciando a la sociedad civil.
Eso es lo que significó el papel cumplido por los
militares en el período 1976-1983, porque la
modernización económica implicaba la venida del
liberalismo
económico ortodoxo, asociado a los grupos
económicos concentrados que tenían una gran
decisión en el rumbo económico nacional, sobre un
país cuyo Estado de Bienestar era promotor del desarrollo
económico y social.
El otro frente de batalla se ubicaba en el sindicalismo
que de a poco comenzaba a reconstruir su poder. El Estado
Benefactor, la máxima expresión peronista de
posguerra en la Argentina, posibilitó a los trabajadores
luego de arduas luchas político-ideológicas ver con
agrado el apoyo del aparato estatal para organizarse. En función de
dicha organización, mediatizada por el dictado de
leyes sociales, los trabajadores conformaron lo que alguna vez se
dio en llamar la "columna vertebral de movimiento
peronista". Las leyes laborales significaron de alguna manera la
incorporación de los trabajadores al desarrollo
político y económico de la nación.
Dicha incorporación pudo corporizar la constitución de un sindicalismo de masas
que se fundaba en los lazos solidarios en defensa de un interés
(que con el tiempo se fue
rodeando de prácticas espurias). La historia indica desde 1930
hasta 1983 períodos dictatoriales de gobierno con algunos
imperios constitucionales. Este segmento de tiempo no
permitió que la cultura
democrática penetrara en la vida social y la
disminución de la participación política se iba
ensanchando en forma conjunta con la crisis de representatividad.
El trabajo es
un eje social que posibilita el reordenamiento de la sociedad en
todos sus órdenes. Todo gira en torno al trabajo, de
esta manera alcanzar la "felicidad de la ciudad" implica el
mantenimiento
y la ampliación de los espacios de negociación. De esta cuestión, el
gobierno, al ver a un sindicalismo debilitado, producto de la
represión, estático, en sus estructuras
burocráticas y poco transparentes en sus prácticas,
vio el momento para promover la democratización sindical.
Pero la normalización trajo consigo la
confirmación de las antiguas direcciones de las
cúpulas. Al mismo tiempo los problemas económicos
no encontraban el rumbo de la estabilidad, por consiguiente la
lucha del sindicalismo contra el gobierno radical se basaba en la
creciente inflación que disminuía el poder
adquisitivo del salario real, en la no inclusión del
sindicalismo en la discusión de la política
económica y en las continuas tentativas de promover leyes
que reorganizaran la actividad sindical. Este enfrentamiento
"cívico-sindical", puso en evidencia las intenciones
de Alfonsín de afirmar las libertades, que se comiencen a
identificar con otras opciones políticas
diferentes de las cúpulas sindicales, incluso hasta del
mismo movimiento. La idea era respetar el interés que se
defendía y provocar la identificación sindical con
el Estado de Derecho. Otro elemento importante que suponía
la democratización sindical era buscar una activa
participación política del ciudadano y el dirigente
político o sindical para que el espíritu
democrático florezca allí donde el conflicto
implique representantes de intereses distintos. Si se tiene en
cuenta que la aspiración era formular un Estado de Derecho
con reglas claras, permitir la identificación y la
representación de los actores sociales y elaborar un
proyecto cultural y democrático, los poderes concentrados
y las jerarquías sociales que se habían establecido
en forma parasitaria al lado del Estado, debían retroceder
ante el imperio de la ley porque si no lo hacían la
democracia se debilitaba.. Pero fue difícil, especialmente
cuando el poder económico echó raíces muy
fuertes en un Estado controlado por políticos
"instrumentadores" de políticas cortoplacistas que
ponían en práctica políticas de
transferencias de ingresos hacia el
extranjero y a los grupos parasitarios crecidos al amparo del
aparato estatal.
Crisis económica, planes de ajuste y
estabilización
Durante la campaña presidencial de 1983,
Alfonsín selló un pacto explícito con la
sociedad en el cual los valores y las instituciones
democráticas permitirían solucionar muchos de los
problemas económicos y políticos del país.
Todo el contenido político que significó el
discurso
alfonsinista lo precipitó a la presidencia de la Nación
con una base popular que constituyó su principal capital
político en los primeros años de
gobierno.
Con respecto a los problemas económicos
profundizados por el régimen militar, la inflación
constituyó uno de los más importantes, porque por
medio de ella se institucionalizaron conductas y prácticas
relacionadas con la incertidumbre y la especulación. Hacia
el año 1981, el flujo de capitales hacia el país se
había detenido, pero la deuda externa
seguía creciendo producto de los intereses. A esta
situación se añade la imposibilidad de pagar esos
intereses producto del creciente deterioro del déficit
fiscal, la
caída de la recaudación impositiva, la
pérdida del valor del
dinero
vía inflación y la puja distributiva resultante del
control por parte
del Estado de precios y
salarios. Las
medidas de política económica aplicadas por el
Ministro de Economía, Bernardo Grispum, se orientaron a
agilizar el mercado financiero para facilitar el acceso al
crédito de pequeños y mediano empresarios y de esta
forma comenzar un ciclo virtuoso que estimulara el mercado
interno y la estructura industrial. Otros lineamientos de
política económica incluían el control
estatal del crédito, el mercado de cambios, precios,
salarios y asistencia social. Estas medidas no tuvieron
éxito en la lucha contra la inflación,
situación que generó una creciente vulnerabilidad
externa de la economía porque el déficit fiscal y
la deuda, sumada a una estructura productiva paralizada, no
paraba de profundizarse. Además, los sectores empresarios
comenzaban a verse afectados por el control de ciertas variables
económicas como los precios y los salarios. A su vez el
sindicalismo basaba su combate en los continuos congelamientos
salariales que según la teoría
de la pugna por la distribución del ingreso son causantes,
entre otras variables, de la inflación. La
agudización de la crisis económica y las
intenciones de Alfonsín de reconstruir un Estado de
Derecho con reglas claras para todos los actores sociales
ponía en tela de juicio el contenido de la campaña
presidencial de que con la "democracia, la justicia
social se fortalece y consolida" o que con "la democracia se
come, se cura y se educa", esta situación pone de
manifiesto la estrecha conexión entre la política y
la economía. El vínculo entre el desarrollo
económico y político hace referencia a que el
desarrollo económico requerido por la modernización
implica la existencia de un sistema de gestión
democrática de las relaciones sociales. Dicha
situación se tornaba difícil con un capital
nacional acostumbrado a las prerrogativas estatales en detrimento
del conjunto de la sociedad y un sindicalismo renuente al cambio
y a la democratización.
En Marzo de 1985 se lanzó un plan de
estabilización conocido como Plan Austral. Los logros
iniciales en el control de la inflación y la
disminución del déficit fiscal fueron aceptados
socialmente. El congelamiento salarial y de precios generó
algunos rechazos de los poderes corporativos, pero ese logro
inicial se vio reflejado en el éxito eleccionario de 1985.
A principios de 1986, sin embargo, el gobierno debió
reconocer la vuelta de la inflación como consecuencia del
renacimiento de
las pujas distributivas entre sindicatos,
empresarios y Estado y el debilitamiento de los precios de los
productos
agropecuarios en el mercado internacional. El plan fue perdiendo
consistencia a medida que se incrementaba la inflación y
los objetivos de
construir una sociedad moderna, laica y colaborativa se
evaporaban. Así el gobierno comenzaba a perder el apoyo
social.
Los continuos fracasos estabilizadores del gobierno
radical se originan en la crítica
situación en la que se encontraba el Estado como agente
promotor del desarrollo económico y social. El neoliberalismo
se acercaba de la mano de la reforma estatal, las privatizaciones y de apertura comercial. A su vez
el Partido Justicialista atravesó un período de
renovación que le permitió alinear su discurso al
respeto hacia las instituciones democráticas y a la
defensa de la justicia social, bandera histórica del
Peronismo. La
hiperinflación y la deteriorada realidad
social generó el triunfo del "Justicialismo Renovador" en
las elecciones presidenciales y una transición
caótica del poder, pero el camino hacia la sociedad de
mercado ya estaba constituido.
Las diferentes etapas por las que atravesó el
gobierno radical se relacionan con los cambios en las condiciones
de la economía
mundial y con los conceptos de desarrollo económico y
democracia. El Estado como agente promotor del desarrollo
económico había entrado en crisis con las reformas
de mercado implementadas durante la dictadura
militar. La insipiencia del neoliberalismo económico
en una sociedad que había quebrado sus consensos
básicos, generó la irrupción de
regímenes autoritarios que suprimieron la
institucionalidad democrática. El terrorismo de estado
generó las condiciones para la ruptura del sistema
político y el repliegue de la sociedad civil para
estructurar sus demandas. Solo quedó un Estado en proceso
de quiebra que ya no
podía cumplir sus funciones dentro
de la economía. De esta situación se desprende el
hecho de que la sociedad entusiasmada con la vuelta de la
democracia esperó todas las soluciones de
un Estado salvador encabezado por personas que se consideraban
garantes de las instituciones. Aquí se aprecia aún
más el repliegue social en la participación
política, y la esperanza en la aparición de
líderes carismáticos que puedan resolver la crisis.
El Proceso de Reorganización Nacional en su lucha contra
la "subversión", silenció a una sociedad y
enterró los mecanismos de acción
política que definen a la sociedad como una construcción institucional en donde la
política y el conflicto juegan un papel crucial, porque es
el Estado de Derecho y su cuerpo jurídico los que ofrecen
a la sociedad todas las garantías para la defensa de sus
intereses. Además, la modernización que propiciaba
el radicalismo estaba en consonancia con la afirmación y
consolidación de la democracia y con la llegada del
liberalismo económico. La reforma del Estado, las
privatizaciones y la desregulación económica son
los pilares de la oleada neoliberal que comenzaba a soplar en
aquella época y que Menem
cristalizó unos años después provocando la
desestructuración de una sociedad con
características culturales, políticas, sociales y
económicas diferentes. La democracia y sus diferentes
recursos
integradores se debilitaban empujada por una economía que
no podía despegarse de las prácticas inflacionarias
y de los poderes corporativos que se beneficiaban de un Estado
que permitió el avance del empresariado en sus esferas,
generando una transferencia de recursos al capital extranjero
provenientes de organismos de crédito internacional,
situación que creó las bases del endeudamiento
creciente que sufre el país. Estas condiciones tornaron
inviables los intentos estabilizadores de Alfonsín y
pusieron al descubierto la temática de la
modernización económica y la democracia, porque la
estructura económica comenzó a ser moldeada por las
fuerzas de la economía mundial y las instituciones
internacionales de crédito, generando un desarrollo
económico proveniente del impulso económico externo
y debilitando al Estado, el sistema político y la sociedad
civil en la lucha por la construcción de una democracia
con contenido real.
Romero, Luis Alberto, Breve Historia
Contemporánea de la Argentina, 2° ed. Fondo de Cultura
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2001
Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y Democracia, La
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Touraine, Alain ¿Qué es la Democracia?,
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Lic. Sergio Damián Vitella
Buenos Aires, Argentina.