De la unanimidad a un
auténtico
archipiélago de puntos de
vista
José Woldenberg
El tema del papel de los medios de
comunicación en la democracia no
es, como algunos podrían suponer, aleatorio o secundario,
de obvia y fácil resolución. Por el contrario, tal
como lo confirman los hechos en todo el mundo, se trata de una
reflexión absolutamente vital para la salud de las democracias
contemporáneas.
En las sociedades
modernas, la política y el
ejercicio de la democracia son inconcebibles sin el concurso de
los medios de
comunicación, pero la revolución
en las comunicaciones
ocurrida en la era de la
globalización nos obliga a revalorar de nuevo el
vínculo existente entre información y política, a redefinir
en términos productivos el modo como se ejerce la libertad de
expresión y, en general, el derecho a la
información. No es un secreto tampoco que en la actualidad
la actividad política se encuentra cada vez más
condicionada por el uso de los instrumentos y lenguajes mediáticos que ahora tiene a su
disposición. En realidad, se puede afirmar que no hay
política de masas (es decir, política moderna) sin
medios de comunicación, pero también es
posible afirmar en sentido opuesto que no hay comunicación
de masas que no tenga que ver de alguna manera con la
política. Es esa situación la que obliga a buscar
nuevas articulaciones
entre lo que sería, por llamarlo de alguna manera, el
poder deseable
de los medios y las instituciones
de la democracia.
Foto: Raúl Ramírez
Martínez
En las líneas que siguen me voy a referir a tres
aspectos. En primer lugar, a exponer cómo la apertura de
los medios acompañó al intenso proceso de
democratización que vivió México. En
segundo término, subrayaré la importancia de
algunas disposiciones legales que vinculan el trabajo del
Instituto Federal Electoral con la actividad de los medios de
comunicación, a fin de propiciar contiendas electorales
equitativas y competidas. Por último, haré
referencia a los retos que enfrenta la consolidación de la
democracia en México y que pasan, precisamente, por el
papel y la calidad de los
medios de comunicación.
El proceso democratizador que transcurrió en
México durante las dos últimas décadas es un
espacio de tiempo lo
suficientemente largo, que puede ser considerado ya como un
periodo histórico. La sociedad y
el Estado
tenían que resolver varios problemas
estructurales de manera simultánea: enfrentar las demandas
de una población creciente, hacerse cargo de la
quiebra de un
modelo de
desarrollo
económico, asimilar un cambio
cultural de grandes dimensiones, dar cauce al ejercicio pleno de
los derechos civiles,
y cambiar así los mecanismos políticos reales y las
reglas asociadas a él. De esta forma, la transición
política fue parte de una transición de mayor
profundidad: aparece al mismo tiempo que otras transiciones, la
de su cultura, la de
su economía y
la que lleva a una intrincada e inevitable conexión con el
mundo.
Pero la transición democrática tuvo su
principal nutriente en la existencia de una sociedad modernizada,
diversa, plural, crecientemente urbana y educada, que desbordaba
cada vez más el recipiente de un partido político
hegemónico, en cierto modo omniabarcante, cuya influencia
trascendía la esfera política y alcanzaba la vida
social y la cultural incluso.
En términos temporales, puede decirse que el
movimiento
estudiantil de 1968 mostró la fuerza
inusitada y masiva del reclamo democrático, la necesidad
urgente de reformar la vida política nacional. Los
acontecimientos vinieron a demostrar que los usos y costumbres
consagradas del Estado ya no
funcionaban o cada vez funcionaban peor en una sociedad que el
propio desarrollo
social había hecho más compleja y por tanto
más plural. Ese era, en definitiva, el contenido
subyacente en las demandas estudiantiles.
Pues bien, ante ese gran primer reclamo
democrático, la versión oficialista, tremendamente
autoritaria, es la que fue impresa en la gran mayoría de
los relatos y juicios en los medios referidos al asesinato masivo
en Tlatelolco. En aquellos años, como parte de la
efervescencia política que se extendió al mundo
sindical, a las reivindicaciones de los campesinos, a las
universidades, proliferaron publicaciones "marginales" que, en la
ribera de la prensa
institucional, informaban y analizaban hechos que no
aparecían en los medios y, por lo mismo, eran un
testimonio de la cerrazón.
Sin embargo, poco a poco, salvando obstáculos y
no pocas resistencias,
más adelante aparecieron diarios, semanarios y revistas
independientes, que hacían de la prensa escrita un espacio
relativamente más sensible a la diversidad
política, en contraste con los medios
electrónicos que seguían considerando al
pluralismo como un inaccesible fruto prohibido. Para darnos una
idea de lo que significaba esa cerrazón de la prensa,
baste traer a colación los datos que nos
proporciona el periodista e investigador Raúl Trejo sobre
la elección presidencial de 1988, la primera
auténticamente competida de esta época, donde el
entonces partido gobernante recibió 55% del espacio
concedido a las campañas electorales en los seis
principales diarios del país, mientras que el Frente
Democrático Nacional obtuvo 17% y 12%, el PAN.
En cambio, como indica el estudio pionero del
investigador de la Universidad de
Guadalajara Pablo Arredondo,1 en 1988 los noticieros
de TV dieron al partido en el gobierno 91.7%
del total de sus espacios informativos, mientras que de todos los
demás contendientes ninguno alcanzó siquiera 4% del
tiempo de los noticieros. Esa abismal inequidad informativa nos
habla de un país remoto, lejano y cerrado, que hoy
parecería increíble y que ya para entonces
resultaba inaceptable para muchos ciudadanos.
Sin embargo, es justo a partir de esa dinámica de cambio que los medios comienzan
también un proceso de apertura que les lleva a
sintonizarse mejor con la democratización general de la
sociedad. Se abren en la radio espacios
para distintas expresiones y opiniones de la sociedad y comienzan
a disolverse las barreras, las exclusiones, que impedían a
los electores conocer de primera mano el punto de vista de las
diferentes fuerzas políticas.
Trabajos posteriores de Trejo nos indican, por ejemplo, que en
las siguientes elecciones presidenciales, las de 1994, la prensa
escrita le dio a las oposiciones en conjunto un espacio mayor al
que recibió el partido gobernante. No era una
cuestión menor.
La lección saltaba a la vista: los medios para
ser creíbles, para ser leídos, vistos o escuchados,
debieron abrirse y recoger a la pluralidad real, sin confundir la
noticia con las filias o las fobias propias de los editores. Por
razones de prestigio, de credibilidad y de mercado los
medios se ven en la necesidad de actuar cada vez más como
espacios abiertos y sensibles, ya no como coto reservado,
proveedor de ventajas exclusivas. Tan es así, que en la
más reciente elección presidencial, la del proceso
electoral del año 2000, como demostró el monitoreo
de medios que por ley realiza el
Instituto Federal Electoral en cada periodo de campañas,
los principales noticieros de la radio y la
televisión del país ofrecieron un tratamiento
muy equilibrado, similar, a las tres principales opciones
políticas del país. Es decir, en 12 años
pasamos de una cobertura asimétrica y alineada de los
medios, refractaria a las voces de la oposición, a un
trabajo
caracterizado por la reproducción de la situación
política del país, es decir, a una mayor equidad e
imparcialidad informativa.
No es mera casualidad que la expresión de la
diversidad haya acabado por permear a los medios, y que las
elecciones altamente competidas en México hayan tenido
lugar justamente cuando la prensa, la radio y la televisión
consiguieron abrirse a la pluralidad. Un fenómeno
sería inexplicable sin el otro.
Pero esta evolución democrática de la función
informativa tiene como soporte otras premisas, además por
supuesto de la convicción de los propios periodistas y
dueños de los medios. Cabe señalar al respecto que
la preocupación del legislador por asegurar elecciones
limpias y transparentes, fundadas en un genuino sistema de
partidos, lo llevó a establecer un amplio conjunto de
disposiciones legales para asegurar una presencia adecuada de las
distintas ofertas político-electorales en los medios
electrónicos de comunicación.
En ese sentido, la ley establece, en primer lugar, que
los partidos gozarán de una presencia permanente en radio
y televisión, haya o no campañas
electorales, por lo que cuentan con un programa de 15
minutos al mes en cada medio. Además, existen los llamados
"programas
especiales", donde acuden todos los partidos a un programa de
debate mensual
sobre algún tema relevante de la agenda nacional. Por otra
parte, en épocas de campaña, se transmiten de forma
adicional programas complementarios que abarcan 100 horas en
televisión y 125 horas en radio, en su conjunto, si se
trata de una elección para el Congreso, o del doble si se
elige la Presidencia. Todos esos programas corren a cargo de los
tiempos con que cuenta el Estado en los medios, y deben
transmitirse, como dice la ley, en los horarios de mayor
audiencia.
Adicionalmente, el IFE adquiere 400 anuncios en
televisión y diez mil en radio que pone a
disposición de los partidos. Todos estos espacios que
resultan sin costo para ellos,
se reparten con el siguiente criterio: entre los partidos con
representación en el Congreso 30% en partes iguales y 70%
restante en función de la votación obtenida en la
elección previa. A los partidos nuevos les toca 4% del
tiempo total a cada uno.
Pero además, los partidos y sólo ellos,
ningún tercero, pueden comprar anuncios en radio y
televisión. Para esta elección de 2003, lo
más que pudo gastar cada candidato a diputado en su
distrito electoral fue 849 mil pesos. Al tratarse de 300
distritos, cada partido estuvo en posibilidad de erogar como
máximo en todas sus campañas 254 millones de
pesos.
Foto: Memoria
gráfica de la democracia/IFE
Para garantizar que ningún tercero compre
publicidad
electoral, en favor o en contra de partido o candidato alguno, y
para que se respeten los topes de campaña que marca la ley, el
IFE hace un monitoreo de los anuncios que compran los partidos en
radio y TV. Con el mismo fin también se contabilizan los
desplegados e inserciones pagadas de los partidos en la prensa
escrita. Los monitoreos de anuncios y notas constituyen un
importante instrumento para fiscalizar con profundidad y a
detalle las erogaciones de los partidos, precisamente en el rubro
en el que destinan más recursos.
Por otra parte, al inicio de cada proceso electoral, la
ley mandata al IFE para entregarle a la Cámara Nacional de
la Industria de
Radio y Televisión un conjunto de lineamientos aplicables
a noticieros electrónicos para su trabajo de
información de las actividades de campaña. Los
lineamientos, elaborados por el consenso de todos los partidos
políticos, no son obligatorios, pero intentan ofrecer
de una forma sistemática las aspiraciones comunes de los
partidos en relación con los medios.
Otro capítulo que vincula al IFE con los medios
es el monitoreo a los noticieros de radio y televisión
para dar a conocer la cobertura a las campañas y su
calidad. Esta labor responde a una de las preocupaciones
fundamentales que modularon la reforma electoral de 1996: el tema
de las condiciones de la competencia. El
gobierno federal, los partidos y, en su momento, el Congreso de
la Unión, discutieron de qué manera se
podían fomentar condiciones equitativas a través de
las cuales se encauzara la creciente competencia electoral. Con
buen tino, desde mi percepción, el legislador resolvió
un dilema que tenía planteado: conjugar de manera
productiva la más amplia libertad de
expresión con la necesidad de crear un contexto de
exigencia para que los medios masivos de comunicación
contribuyeran a la recreación
y a la expresión equilibrada de las diferentes ofertas
políticas. Así, el IFE realiza el monitoreo y da a
conocer la información, manteniendo su absoluto respeto a la
libertad de expresión de los medios, y a la vez atendiendo
su obligación legal de monitorear el comportamiento
de los noticieros y difundirlo, llamando así la atención de la opinión
pública y de los propios medios.
El solo hecho de presentar esta información, es
de por sí una contribución a generar un contexto de
claridad acerca del trabajo que hacen los medios. Con frecuencia
los propios medios así lo han entendido y reconocido, al
señalar la utilidad que los
monitoreos tienen para la evaluación
interna que hacen de su labor.
Además de todos estos puentes que vinculan
estrechamente a los medios, a la autoridad
electoral y a los partidos para mejorar las condiciones de la
competencia, el IFE necesita de los medios para realizar sus
tareas sistemáticas de preparación y organización de los comicios. De manera
permanente, desplegamos campañas para que los ciudadanos
estén en plenas condiciones de obtener su credencial para
votar con fotografía
y de ejercer su voto. Durante cada proceso electoral, se activan
campañas invitando a los ciudadanos que han sido sorteados
a capacitarse para fungir como funcionarios de casilla el
día de la jornada electoral. Las campañas
institucionales también abarcan la difusión y
promoción del voto libre y secreto y las
acciones de
educación
cívica y formación ciudadana. Todo este esfuerzo
puede llegar a millones de mexicanos a lo largo y ancho del
país gracias a los medios de comunicación masiva.
El IFE, como un órgano autónomo del Estado, no
compra espacios en los medios electrónicos; su presencia
se debe a la existencia de los tiempos del Estado.
Como se puede observar, en México la construcción del edificio electoral
está íntimamente relacionada con los medios. El
saldo es bueno, proceso electoral tras proceso electoral se ha
obtenido una amplia participación ciudadana en las tareas de
preparación y conducción de la jornada electoral, y
las campañas políticas han estado donde deben
estar: en el centro de atención de la opinión
pública.
En México, como en otras áreas de la vida
pública, en los medios hemos pasado en pocos años
de la pretendida unanimidad que reproducía una sola voz,
una sola mirada del país, a vivir en un auténtico
archipiélago de puntos de vista, donde se multiplican los
análisis, las fuentes y los
protagonistas. Es notorio que los medios han cambiado para
ofrecer una oferta
variada, con diferentes contenidos y maneras de acercarse y
abordar la política.
No es poco lo que se ha logrado, pues ahora existe una
institucionalidad democrática y medios que se expresan en
franca libertad y pluralidad. Pero nunca hay tareas concluidas.
Ahora hay que mirar a los nuevos retos y los desafíos a
los que se enfrentan la política y los medios.
Así como en el terreno estrictamente
político el reto radica ahora en consolidar la democracia
y no en demostrar que la alternancia es posible, en el campo de
los medios tenemos por delante el desafío de pasar de
garantizar la pluralidad a asegurar la calidad y el
profesionalismo informativo.
La democracia, como sistema
político, permite la expresión sin cortapisas
de la diversidad política, hace emerger la pluralidad y le
da un cauce cierto, legal y legítimo, a la convivencia y a
la competencia de distintas corrientes políticas. La vida
social en democracia es la expresión y renovación
constante de un amplio y colorido mural en movimiento. Implica,
necesariamente, confrontación y, por qué no
decirlo, tensión entre diagnósticos, visiones y
propuestas distintos. En eso consiste el debate político y
precisamente los espacios del Estado que permiten la
expresión de la pluralidad, como el Congreso, son el
escenario natural de la disputa política. Por supuesto, la
celebración regular y sistemática de elecciones, en
las que los partidos buscan hacerse del respaldo de los
ciudadanos mientras que procuran que sus adversarios pierdan
apoyo, implica también el ejercicio sistemático y
abierto del debate, del intercambio público de
críticas, de una nutrida y, a veces, férrea
contienda. Estas rutinas son consustánciales al ejercicio
de la democracia.
Los medios deben ser capaces de asimilar que la disputa
es natural y no como un síntoma ominoso de la vida
pública que merecería ser sancionado. Pero deben
saber colocarse más allá de esa disputa, no ser
parte de ella.
Los medios deben buscar la objetividad y están
diseñados para dar información y crear
opinión, sus reflexiones cuentan y su labor
desempeña un papel en la vida pública que van
más allá de la transmisión neutral de las
informaciones. La información no inventa los hechos
políticos pero sin duda el tratamiento que se les da
modula su importancia.
Esa función mediadora debería reforzarse,
no reducirse en virtud de la importancia de la prensa escrita y
electrónica en la determinación de
la agenda nacional. Lo más importante es que las distintas
voces se expresen con profesionalismo en su propio contexto y con
el ánimo de servir a la comunidad. En
este punto, vale reiterar que el derecho a la información
parte de la consideración de que no hay libertades ni
derechos absolutos, no puede haberlos, pues siempre han de estar
acotados por las esferas de libertad y por los derechos de otros.
Ese es un principio de aplicación universal que vale tanto
para las instituciones del Estado como para los medios que tienen
a su cargo la delicada tarea de decidir conforme a sus propios
códigos de ética
qué publicar o difundir.
Está claro que los medios no sustituyen a la
escuela en su
función de educar y tampoco suplantan a los partidos, pero
hay que reconocer que influyen sobre la cultura cívica de
la ciudadanía que finalmente encarna o no
los valores de
la democracia: si reproducen los códigos guerreros, la
tolerancia
tendrá un terreno menos fértil en el cual
asentarse; si priman las filtraciones y especulaciones, restan
campo a una justicia
apegada del todo a derecho; si difunden primordialmente las
ocurrencias y gracejadas de los políticos, estarán
coadyuvando a hacer de la política un espectáculo
circense. Al contrario, si los medios promueven la
difusión de discusiones respetuosas, documentadas, elevan
la calidad del debate público; su investigación periodística es
primordial para conocer al país real en tiempo real como
condición para la consolidación de un contexto
democrático; gracias a su esfuerzo profesional son
visibles hechos que el ojo no entrenado confunde o no ve, sobre
todo cuando se trata de prácticas o conductas apartadas de
la verdad o la legalidad que
adquieren notoriedad cuando se convierten en noticias.
Además, el punto de vista editorial es
imprescindible para que la fiscalización de la vida
pública sea un ejercicio plural de crítica
y no mero motivo de escándalo. Esa conjunción entre
la información y la opinión que es propia de los
medios resulta una condición imprescindible para el buen
funcionamiento de las instituciones y el elemento más
eficaz para la formación de la
ciudadanía.
Alguna vez he expresado que los mismos principios que
permiten al IFE asegurar la limpieza y la credibilidad de las
elecciones, son los principios que sirven a los medios para
cumplir con su tarea. Me refiero a los principios de certeza,
legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad.
Tanto en el ámbito periodístico como en el
electoral es indispensable la certeza, sin la cual sería
imposible generar la confianza de los electores o del
público que sigue a los medios. En rigor, el principio de
certeza es aquel que nos obliga a evitar la especulación,
a proceder siempre sobre la bases de elementos plenamente
verificables y por ello inobjetables.
A la vez, el principio de legalidad, entendido como
apego al marco normativo vigente, y sobre todo a los derechos de
terceros, es fundamental tanto para la autoridad electoral como
para los medios. Si no hay libertad al margen de la ley, tampoco
se ejerce la libertad de expresión allí donde no se
respetan los derechos básicos de las personas.
Además, tanto la actividad informativa como la
electoral requiere sujetarse al principio de independencia, es
decir, mantenerse al margen de cualquier clase de
presiones e intereses particulares que intenten inclinar la
balanza en su favor. La autonomía significa que
prevalezcan los intereses profesionales sobre la influencia de
los gobiernos, los partidos y otros grupos de
presión existentes en la sociedad.
Si algún principio es importante para la
actividad informativa, este es el principio de imparcialidad,
mediante el cual se evita darle preferencia a una sola de las
partes involucradas en caso de discrepancias o conflictos.
Igual que en el ámbito electoral, el informador debe
concebirse no como un protagonista sino como un tercero por
encima de las partes e igualmente distante de los intereses de
cada una de éstas.
Finalmente, el principio de objetividad nos debe poner a
salvo de suposiciones y prejuicios, alejándonos de las
inevitables filias y fobias personales. En el terreno de los
medios, la objetividad es el principio más socorrido y
también, justo es decirlo, el más difícil de
aplicar, pues nadie está libre de opiniones y prejuicios.
Para ponerlas entre paréntesis es necesario un alto grado
de profesionalismo y, desde luego, una consistente capacidad de
autocontención.
Foto: Raúl Ramírez
Martínez
Hay cuestiones pendientes que afectan a los medios, a
las instituciones y los actores políticos. La primera
tiene que ver con una realidad que no se limita a la acción
de los medios pero que no puede cambiar sin su concurso.
Concretamente al nivel de nuestra cultura política se
corresponde dramáticamente con muy bajos índices de
aprovechamiento escolar y, en general, con un abatimiento del
interés
de la sociedad por los asuntos públicos. Los datos
obtenidos como resultado de encuestas
realizadas de manera independiente por la Secretaría de
Gobernación y el Instituto Federal Electoral no dejan
lugar a dudas sobre cuáles son nuestras deficiencias en
este punto. Ya es grave que se muestren datos alarmantes respecto
del escaso conocimiento
de los ciudadanos sobre sus derechos, pero el asunto se complica
cuando se advierte la muy baja estima que tienen las
instituciones democráticas, en particular los partidos y
las cámaras legislativas. La dimensión de lo
público aparece en general como un universo ajeno y
poco confiable. Esa percepción, no siempre justa, ayuda
muy poco a nuestra convivencia.
La presencia de esos rasgos negativos en la cultura
política nacional demuestra que el cambio político
no produce modificaciones lineales ni unívocas en la
percepción de la vida pública, que no hay nada
automático en la formación de una conciencia
favorable a las instituciones y los sujetos de la democracia y
que, por lo mismo, se hace necesario un esfuerzo suplementario
por parte de los partidos, el gobierno, la autoridad electoral,
la escuela y sin lugar a dudas los medios, que ayude a elevar y
fortalecer los valores
democráticos.
Es posible que en los países de larga
tradición democrática la participación
ciudadana siga las líneas de una costumbre que se
reproduce a sí misma, pero en el caso de una democracia
reciente como es la nuestra sería por completo
injustificable asimilar la fragilidad de la cultura
democrática a la expresión de una inexistente
rutina electoral o al imposible desencanto del modelo
representativo. Justo por la razón de que México es
un país heterogéneo, diverso y subdesarrollado,
donde aún coexisten o se combinan las formas modernas de
organización política con la tradición de la
democracia comunitaria y la herencia
autoritaria, es indispensable no cejar en el empeño de
elevar el nivel de la cultura cívica propiamente
democrática de modo que al participar los ciudadanos lo
hagan informados y, por decirlo así, libremente, con pleno
conocimiento de causa. Por supuesto, la disposición
ciudadana a participar está correlacionada positivamente
con la valoración de la propia actividad política,
pues a mayor descrédito de la política, entre
más sea concebida como una actividad inherentemente
corrupta, mezquina y carente de sentido, más fino es el
suelo sobre el
que puede echar raíces el sistema democrático. En
esta tarea el papel de los medios resulta fundamental.
Hace falta un esfuerzo mayúsculo para que los
ciudadanos perciban a la democracia como un régimen
deseable en razón de su superioridad ética y
política sobre otros órdenes políticos
alternativos. Se trata de hacer un sentido común la idea
de la democracia no como mera enseñanza retórica o el proyecto de unos
cuantos, sino como lo que es en realidad: una necesidad
común para la viabilidad y la convivencia de una sociedad
masiva y extraordinariamente plural, diversificada en sus
condiciones culturales, políticas y también
económicas, vinculada al mundo de mil maneras,
diferenciada en sus opciones, en sus modos de vida, en sus
intereses, visiones y sensibilidades, tal como es la sociedad
mexicana.
En definitiva, entre los medios y la democracia hay
principios comunes, una relación sustantiva que se
retroalimenta mutuamente y que tiene su fundamento en el
ejercicio de la responsabilidad de todos los actores. Se ha
superado una etapa donde lo más importante era garantizar
los derechos y las libertades de la ciudadanía y ahora
entramos de lleno al desafío de elevar la calidad de
nuestra democracia. Tanto en el planteamiento como en la
solución de los nuevos problemas, los medios tienen un
importante papel que jugar.
Es hora de superar una época en la cual la
libertad de expresión tenía como tarea prioritaria
hacer visible una situación que estaba velada a la mirada
pública, para entrar de lleno en otra donde se requiere
construir un sentido crítico colectivo, una visión
que sea capaz de elevar la calidad del debate público
construyendo un contexto de exigencia general que nos abarque a
todos: a la ciudadanía, a la autoridad electoral, a los
partidos y sus candidatos, y también a los propios
medios.
Medios de
comunicación y proceso electoral
Por Horacio Esquivel Duarte
Cierto es que conforme van transcurriendo las fases
electorales, los medios y la opinión pública van
adquiriendo caracteres y matices variados, el receptor, por su
parte, espera día con día las noticias a nivel
regional, estatal y nacional, con la intención de analizar
lo que ocurre en su entorno de acuerdo a su conformación e
intereses político-ideológicos.
Por tal razón, los medios masivos de
comunicación, sobre todo la radio y la televisión,
influyen -pero no determinan- en la conformación
ideológica, y que mejor que tales medios para desarrollar
un programa de campaña política.
Sin embargo como ya se dijo, son determinados los
grupos de
personas que pueden ser manipulados o conducidos a tomar la
decisión para sufragar por tal candidato de determinado
partido, toda vez que existe una mayoría, que poco deja
influenciarse por los medios de comunicación y que en
forma por demás conservadora, tradicional u ortodoxa, en
todo proceso otorgarán su voto al partido del cual se
sienten miembros sin que necesariamente militen en él, de
tal forma es este tipo de electores a quienes debe
ponérseles mayor atención a fin de conocer sus
posturas aparentemente indeclinables, pero que esta puede dejar
de existir ante una campaña que conlleve a una
identificación plena, principalmente a esta mayoría
que en todo tiempo ha sido de oposición a un partido
concreto. Es a
ellos a quienes se debe convencer para que emitan su
voto.
Algunos de los estudios de panel hechos por distintas
compañías de sondeo sobre posturas políticas
en cuanto a los proceso electorales, consisten en que se entrevista a
los mismos individuos periódicamente, durante unas cuantas
semanas; de esta manera, el investigador puede rastrear con
exactitud cómo cada individuo
estructura su
decisión en el transcurso de la campaña, con que
frecuencia la ha modificado o la ha puesto en duda, que
periódicos, revistas, programas de radio o
televisión han alterado sus conceptos, sus ideas,
etc.
Uno de los aspectos de suma importancia en cuanto a la
toma de decisión sobre la elección del candidato
consiste en la influencia familiar o de amigos personales, porque
cierto es que el elector común, no el militante de
partido, tendrá la última palabra. Por lo tanto, lo
importante es investigar como decide su voto ese elector, es
decir se trata de un elector no comprometido ni afiliado a un
partido o dispuesto a cambiar o a no cambiar. El número de
estas personas que tienen la balanza para cargarla a determinado
lado, es precisamente a quienes hay que adhesionar y obtener su
sufragio.
Muchas de las veces tales personas, esas mayorías
ni siquiera votan demostrando su desinterés en la
política, son individuos apáticos, mal informados y
apolíticos, por lo tanto es necesario conocer
cuáles son las influencias que ejercen sobre él y
se requiere de esta influencia para hacerlo participar en la vida
pública, porque de otra forma carecería de
iniciativa propia.
En estos casos, ciertamente influyen mucho los medios de
masa, pero no es lo determinante. Son personas que no leen
revistas ni periódicos, y los programas de radio y
televisión son debidamente seleccionados por ellos, porque
tratándose de alguna propaganda
política, en cualquier medio, automática e
inconscientemente brincarán tal canal, estación o
artículo, es decir, crean una barrera permanente a este
tipo de información.
No debemos olvidar, desde luego, que el principal efecto
de una campaña política consiste en movilizar, es
decir en despertar el interés del elector común,
pero como ya se dijo, es menester lograr que la balanza se
incline con facilidad sobre determinado candidato. Por ello, no
solamente se debe pensar en tal movilización, sino
inclusive en la adhesión, cuando menos para tal
periodo.
La influencia personal de
la familia, de
los amigos y en parte de los vecinos prevalece siempre que los
medios expongan un tema político a ese nivel de
atención pública, en los cuales se involucren en
determinada cuestión, en la cual puedan inclusive tomar y
sentir como suyas algunas sugerencias que beneficien a su
comunidad y concretamente a sus vecinos y hogar, toda vez que tal
integración no acontecerá si no
existe un interés en su propio entorno.
El siguiente subtema a mencionar es medios de
comunicación (como influyen estos en las elecciones
presidenciales). Los medios masivos de comunicación como
lo es la televisión, la radio, la prensa, etc. Juegan un
papel muy importante en las elecciones presidenciales y este
subtema se interrelaciona con la mercadotecnia
política ya que los medios son quienes pasan al aire toda la
propaganda política que sacan los partidos
políticos para que la gente los vea y saque una
opinión o tenga una idea por quien votar.
Los partidos políticos pagan mucho dinero para
que los medios trasmitan los mensajes que quieren que la gente
escuche y así por medio de estos influir en la
decisión del voto de la gente. Una vez más
señaló que en todo lo que se refiere a elecciones
trae consigo muchos gastos
económicos. Pero en cuanto a los medios hay desventaja con
los otros candidatos que no reciben la misma suma de dinero que
los otros (PRI, PAN) y a estos no les hacen mucho caso, sino que
ellos tratan de hacer negocio redondo.
Un ejemplo de esto, es: los candidatos como Manuel
Camacho Solís por el Partido de Centro Democrático
(PCD) y Rincón Gallardo por el Partido Democracia Social
(PDS) quienes no salen mucho en televisión. Para ser
más explícito la gente casi no conocía al
candidato del Partido Democracia Social (Rincón Gallardo)
sino hasta que se dio el debate por televisión. Este es un
claro ejemplo de que los medios de una u otra forma influyen a
que la gente conozca a los candidatos, pero por falta de dinero
de los partidos no todos pueden pagar para que saquen propaganda
con la calidad de la que tiene el PRI y el PAN.
De esto puedo decir que los diferentes medios de
comunicación aparte de lo que dicen los candidatos
también influye a que la población tenga a su
candidato favorito para la elección.
A continuación se presenta el subtema
número cuatro, el cual es: la lucha por el poder, esto
viene hacer como se desarrolla la escena desde las
campañas políticas y otras actividades que realizan
para tratar de ganar votos.
Autor:
Oscar Aguilar Bonilla
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