Sistema de alertas tempranas (SAT) en Colombia

3. El sistema de alertas
   tempranas
4. El SAT en el departamento del
   Putumayo: caso práctico
5. Conclusiones y
   recomendaciones
6. Anexos
7. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

El Sistema de
Alertas Tempranas (SAT) es una herramienta que se empezó a
gestionar en el año de 1998 por el Gobierno Nacional
como mecanismo para repeler los ataques y amenazas provenientes
de los grupos al margen
de la ley; es decir,
para prevenir violaciones masivas a los derechos humanos
y desplazamientos forzados.

A través de este sistema se puede
medir la tendencia que está abarcando el conflicto
interno, situar los grados de riesgo de los
municipios y regiones, y reproducir un sistema eficaz de comunicaciones
que permita de manera rápida un proceso de
respuesta ante las amenazas que sufren las comunidades en el
territorio nacional.

En este orden de ideas, en el presente trabajo se
estudiará la historia, la integración y el funcionamiento del SAT,
con el propósito de hacer un análisis sobre su funcionalidad y en este
sentido, realizar observaciones y recomendaciones que permitan
encauzar mejor su desarrollo.

En este sentido, la hipótesis que se busca desarrollar en
el trabajo es
que los mecanismos de prevención y seguridad como el
Sistema de Alertas tempranas (SAT) han sido medidas actuales que
han servido para proporcionar mayor seguridad y
prevenir la violación de los derechos de las personas que
se encuentra en medio del conflicto. Sin
embargo, la falta de coordinación y compromiso de sus miembros;
así como la carencia de una política nacional
para los derechos humanos
por parte del Estado, han
impedido que el Sistema de Alertas Tempranas sea un instrumento
único nacional que funcione eficazmente para evitar hechos
violentos sobre la población rural colombiana.

Atendiendo al propósito de sustentar dicha
hipótesis se
dividirá el trabajo en
los siguientes capítulos:

En una primera parte, se buscará comprender un
poco más de qué se trata el Sistema de Alertas
Tempranas de una manera conceptual. Para ello, se
estudiarán los antecedentes, características, instituciones
que conforman el SAT y la forma en que funciona este sistema de
prevención.

En una segunda parte, se hará una
superposición de éste mecanismo de seguridad sobre
un caso real; para ello se ha elegido al Departamento del
Putumayo por tratarse de un escenario bastante conflictivo en los
últimos años. En este sentido, realizaremos un
diagnóstico del Departamento, analizaremos
las alertas tempranas emitidas entre el 2001 – 2002, y la
efectividad e impacto que dichas alertas han tenido sobre la
seguridad y protección a los derechos humanos en el
Departamento.

Finalmente, para cerrar con éste trabajo se
realizarán una serie de conclusiones y recomendaciones
como resultado de un discernimiento meramente académico,
que nos permitan tener una visión más aproximada
sobre la crisis de los
derechos humanos en el país y la efectividad de las
políticas de Estado en esta
materia.

Primera Parte

SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT)

Antecedentes

Frente a la gran oleada de masacres que se iniciaron en
el país desde mediados de la década de los noventa
y frente a la limitada o inexistente reacción estatal para
evitar estos hechos que generan el desplazamiento forzado entre
los pobladores, el Gobierno
empezó a implementar a través de diversas leyes y
reglamentaciones, mecanismos que le permitiesen alcanzar
éste propósito.

Es así como a través de la Ley 387 de 1997
el Gobierno plantea las políticas
por medio de las cuales se va a hacer frente al desplazamiento
forzado; prestando atención y protección a la población desplazada; así como
procurando su estabilización
socioeconómica.

Posteriormente en 1998, la Defensoría del Pueblo
en cooperación con el Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD), empezó a diseñar estrategias de
prevención de las violaciones atroces a los derechos
humanos. Esta iniciativa fue reforzada con el proyecto de
asistencia técnica preparatoria Nº Col 98/006 a
01/99, conocido como "Acciones
Preventivas en Apoyo de la Defensa de los Derechos Humanos" y que
sirvió para impulsar una nueva propuesta sobre la base de
prevenir hechos violentos empleando un "Sistema de Alertas
Tempranas".

Luego de ello, en el año de 1999 el Gobierno
ordenó la preparación y formulación del
documento CONPES 3057 "Plan Humanitario"
con el cual se traza el plan de
acción para la prevención y atención del desplazamiento
forzado.

Es así como gracias a ello, el Gobierno y la
Defensoría impulsan la creación del SAT como un
programa que
busca que, por la duración del conflicto, se formulen
alternativas importantes que de alguna manera impidan el
desplazamiento forzado y las masacres en los municipios de
Colombia.

¿Qué es el SAT?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo el SAT es
un proyecto
defensorial conformado por un conjunto de elementos que se
articulan en un proceso de
recepción, verificación, análisis, valoración,
clasificación, comunicación y seguimiento de informaciones
creíbles y factibles de ocurrencia de violaciones masivas
de derechos humanos, acaecidas en el contexto del conflicto
armado interno, que arroja diversos productos
tales como informes,
análisis y ‘Alertas Tempranas o de
Inminencia’, las cuales son dirigidas a las autoridades
competentes para procurar su respuesta, tomando en cuenta su
gradualidad.

Principios

De acuerdo con la Defensoría, el Sistema de
Alertas Tempranas (SAT) está guiado por cuatro principios
básicos, los cuales son:

• Humanitario

La dignidad de los seres humanos debe prevalecer sobre
cualquier otra consideración relacionada a la
prevención de hechos violentos.

• Protección

En este mismo sentido la participación del SAT no
debe generar riesgos
adicionales para las personas o comunidades.

• Respeto por competencia

El SAT debe ejecutar su gestión
en el marco de las competencias
legales y constitucionales con los que cuenta la
Defensoría, buscando que por parte de las instituciones
involucradas en el proceso de prevención se dé una
respuesta que persiga los principios de
coordinación, subsidiariedad y
concurrencia.

• Celeridad

Igualmente, la oportunidad de la información proporcionada por el SAT busca
que por parte de las entidades responsables se garantice una
respuesta a tiempo, de manera
ágil y adecuada para la prevención de la
violación.

Propósitos

Así, con el SAT el Gobierno elaboró unas
estrategias y
mecanismos a través de los cuales se busca prever los
ataques y acciones
militares sobre la población, de modo tal que se facilite
la labor del SAT y que sea más efectiva sobre las zonas en
conflicto. Estos propósitos que se elaboró el ente
central son:

1. Crear subsistemas de reacción mediata e
   inmediata que le permita al SAT prevenir y proteger a las
   poblaciones vulnerables y con amenaza de ocurrencia de masacres
   y de desplazamiento forzado, provocado por el accionar de los
   actores del conflicto armado.
2. Crear un subsistema de información centrado en un observatorio
   del conflicto armado, que permita hacer una lectura de
   él, para entender su dinámica y prever los sitios y
   poblaciones donde van a intervenir los actores del
   mismo.
3. Generar una organización comunitaria, que permita dar
   respuesta inmediata a los riesgos que
   provienen de los actores del conflicto armado, y en el peor de
   los casos que pueda acudir de manera ordenada a las instancias
   del Estado encargadas de atender su
   situación.
4. Establecer un sólido sistema de comunicación que permita poner en
   conocimiento
   de las instancias correspondientes, del orden nacional e
   internacional, los riesgos que corre la comunidad para
   que ellos sean superados.

Las Alertas Tempranas o Inminentes

Una Alerta Temprana es uno de los productos que
arroja el SAT y consiste en una comunicación que se le
hace a las autoridades; la cual, se caracteriza por tener un
grado determinado y por unos referentes aproximados pero precisos
y concisos sobre la localización de la alerta, la descripción del riesgo
específico de violación masiva, la
identificación de los actores armados ilegales en la zona,
la identificación de los grupos
sociales afectados y la población en riesgo, el grado
de presencia de fuerza
pública y la inminencia de probabilidad de
cualquier tipo de violación masiva.

Esta alerta se logra gracias a un proceso riguroso de
recepción, verificación, análisis,
valoración, clasificación, comunicación y
seguimiento de los hechos, en el cual participa todo un equipo
operativo e institucional.

Como se mencionó anteriormente, las Alertas
Tempranas se clasifican en grados dependiendo a la proximidad e
inminencia del riesgo; así como de las particularidades y
características del contexto que rodean el
conflicto armado en el área bajo estudio. En este orden de
ideas, las Alertas se clasifican en tres tipos:

• Alerta de Tercer Grado

"Esta se produce cuando hay indicios de un ataque a
comunidades. Se trata de amenazas (grafittis, panfletos, avisos
provenientes de grupos armados,
noticias de otras comunidades) e informaciones de la sociedad civil,
sobre las posibilidades de ataques sin connotación de
inminencia o aparición en las comunidades de hechos que
representen factores de disputa probable entre grupos
ilegales".

• Alerta de Segundo Grado

Se da "cuando las informaciones hacen pensar en una
cercanía mayor de la posibilidad de un ataque. Se trata de
amenazas más precisas que las anteriores pero sin
connotación de inminencia. La amenaza expresa, las
disputas reales sobre cultivos ilícitos u otro tipo de
bonanza económica en la zona, los incidentes en las
vecindades, el anuncio de ataques si en un futuro la comunidad no
adopta determinadas conductas".

• Alerta de Primer Grado

"Esta se emite cuando la información da cuenta de
un ataque con probabilidad muy
elevada de suceder y con connotación de inminencia. Se
trata de amenazas expresas acompañadas por demostraciones
de fuerza,
maltratos a miembros de la comunidad, ultimátum o
exigencia inmediata de desplazamiento, destrucción de
bienes de la
comunidad, combates y ataques a la población en las
vecindades, presencia comprobada de grupos armados en el
área junto con motivos de disputa bien
definidos".

Por último, es importante comprender el alcance
de éstas alertas, pues como se vio en un inicio,
según el principio de Respeto por
Competencia, se
debe entender que la misión del
Sistema de Alertas Tempranas no tiene por objeto reemplazar o
desplazar a las autoridades administrativas en sus distintas
misiones y funciones; su
labor se limita a prestar información eficaz y oportuna
sobre amenazas de violación a los derechos humanos. Por
esto, el SAT no puede obligar legal o judicialmente a que las
instituciones respondan, pues en derecho es claro que nadie
estás obligado a hacer lo imposible; no obstante, sus
informaciones pueden servir como documentos de
prueba para los organismos de control en caso
de tener que juzgar a las autoridades por
omisión.

El SAT tampoco puede, a través de sus alertas
tempranas, realizar directamente gestiones humanitarias;
así como tampoco coordinar la respuesta estatal, pues ello
le corresponde al Ejecutivo y a otras dependencias de la
Defensoría.

Así mismo, el Sistema de Alertas Tempranas no
debe calificar el tipo de respuesta más adecuada que debe
implementar la institución comprometida en efectuar dicha
respuesta; pero puede hacer recomendaciones.

Las alertas no pueden prevenir atentados terroristas, ya
que su objeto es formular una perspectiva integral y aproximada
del conflicto y los actores en determinadas zonas, con el fin de
que se tomen medidas preventivas.

Finalmente, el SAT con sus las alertas no actúa
post facto, ya que precisamente su naturaleza es la
de adelantarse a los acontecimientos.

¿Cómo Funciona el SAT?

Durante el período comprendido entre 1999 y 2001
el SAT, como dependencia de la Defensoría del Pueblo, se
manejaba a través de tres mecanismos: el Subsistema de
Información, el Subsistema de Comunicación y el
Subsistema de Respuesta. Gracias al trabajo complementario entre
estas tres etapas, la Defensoría realizaba estudios
regionales sobre situaciones de violencia que
se vivían en los municipios afectados por el conflicto y
emitía unos conceptos de riesgo al respecto. A partir de
julio del 2001, la Defensoría no sólo
continuó realizando ésta labor, sino que ahora
tenía la capacidad de emitir Alertas Tempranas.

Por este motivo, el SAT se convirtió en una
alternativa al conflicto armado en Colombia en pro
de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, por lo que empezó a recibir
mayor apoyo de la comunidad internacional, vale decir, recursos de la
AID y del Plan Colombia.

Según información obtenida del Ministerio
del Interior, a partir de ese momento la Defensoría se
apropió de las dos primeras etapas —recordemos que
estamos hablando de los subsistemas de Información y
Comunicación— dejando de lado el subsistema de
respuesta; es decir, se hacía cargo de las dos fases
iniciales y únicamente delegaba a otros el trabajo de la
fase final, por lo que el Sistema de Alertas Tempranas empieza a
trabajar parcialmente y no en su conjunto como debería
ser.

Es aquí cuando la Defensoría empezó
a remitir oficios con alertas al PNUD, el Ministerio del
Interior, al Programa Presidencial para la Defensa de los
Derechos Humanos, a la Red de Solidaridad, a la
Procuraduría y a la Fuerza Pública, donde dichos
actores debían dar una respuesta efectiva a la
situación de violencia que
se pudiese presentar, pero nunca realizaban sus actuaciones como
producto de un
trabajo concertado y en equipo con la Defensoría; lo cual,
generó una congestión de oficios donde unas
instituciones remitían éstos a otras pero no
había un compromiso y una responsabilidad real de nadie.

Es entonces cuando el gobierno entrante de Álvaro
Uribe, con su ministro del Interior, Fernando Londoño,
deciden en el mes de noviembre de 2002, crear un Comité
Interinstitucional, conformado por la Vicepresidencia, el
Ministerio del Interior, organismos de inteligencia
de la Policía Nacional y el Ejército; con el
propósito de corregir estas falencias y complementar las
tareas de la Defensoría.

Con estos cambios, se logró entonces que la
Defensoría del Pueblo se enfocara más en la
elaboración de los informes de
riesgo y ya no en la emisión de Alertas Tempranas;
función
que ahora sólo le compete al Comité
Interinstitucional que se encarga de estudiar el riesgo con base
en la información recibida de la
Defensoría.

Pero la pregunta que surge ahora es ¿Cómo
trabaja el Comité Interinstitucional? Pues bien, como
primera medida, el Ministerio del Interior está encargado
de recibir de primera mano la información de riesgo
emitida por la Defensoría del Pueblo; a su vez, el
Ministerio remite dicha información a la Vicepresidencia,
al Ejército y a la Policía Nacional, que son las
otras tres instituciones que conforman el
Comité.

Después de recibir la información, el
Comité debe:

1. Determinar las fuentes que
   sirvieron de base para la información, pues nunca es
   seguro que
   se trate de fuentes
   confiables que tengan en realidad la intención de
   facilitar el accionar del Estado, o si se trate de una
   trampa.
2. Verificar la información mediante el
   envío de dicha información a los organismos de
   inteligencia
   que integran a la Policía y al Ejército;
   así como, a la Vicepresidencia.
3. Reunirse aproximadamente en un lapso de 24
   después de recibida la información, para
   evaluarla conjuntamente y determinar si se emite una Alerta
   Temprana o no, con base en la verificación hecha sobre
   dicha información.
4. Finalmente, se levanta un acta donde conste la
   decisión del Comité.

Si el Comité efectivamente emite una Alerta
Temprana, inicia el proceso de remisión, que consiste en
comunicarles, en calidad de
recomendación, la decisión a los gobernadores o
alcaldes de las regiones o municipios afectados, al igual que a
los comandantes de las Fuerzas Militares (División y/o
Brigada), al comandante de Policía del Departamento y al
Secretario de Gobierno.

Así, éstos deberán convocar un
concejo de seguridad —a más tardar en un lapso de 48
horas siguientes a la recepción de la
información— donde se discutirá con las
autoridades las estrategias y pasos a seguir para proteger a la
población y llevar a cabo medidas de contención, ya
sean de carácter
jurídico-administrativo, policial-militar o social, que
eviten o reduzcan el riesgo de los civiles ante un ataque
proveniente de los actores armados ilegales.

En caso de que el informe enviado
por la Defensoría no merezca la calidad de Alerta
Temprana por parte del Comité Interinstitucional, las
razones son consignadas también en el acta
correspondiente; pero igualmente, la información
recolectada se envía a las autoridades locales como
documentación adicional y para los fines
que ellas consideren pertinentes.

Para terminar, el Comité Interinstitucional
deberá realizar un seguimiento a las medidas implementadas
por las autoridades y entes territoriales que están
encargados de ejecutar las labores en pro de la población
civil que se encuentra en las zonas vulnerables a un ataque
militar, mediante la coordinación administrativa
pertinente.

Ventajas del Sistema

A pesar de que son varias las críticas y
opositores que tiene el SAT, el sistema también cuenta, de
acuerdo con la Defensoría del Pueblo, con algunas
cualidades que han permitido al país luchar contra las
masacres y el desplazamiento forzado en el territorio
nacional.

La primera de ellas es que hasta ahora ha permitido
reordenar y reorientar el mapa informativo sobre graves
violaciones a los Derechos humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, documentación que no existía antes y
ahora le ha permitido al Gobierno y a las organizaciones
interesadas en proteger los derechos humanos tener una
perspectiva más clara sobre la crisis
humanitaria en Colombia y llevar a cabo un mejor manejo de las
políticas públicas que propenden por salvaguardar
la vida de los nacionales.

A raíz de ello, vemos que éste mecanismo
ha logrado promover una acción más eficaz y
oportuna de la atención que da el Estado a
las amenazas de violaciones masivas. De igual manera, ha
permitido "contar con diagnósticos más precisos,
objetivos,
documentados y actualizados sobre los actores, factores,
dinámicas y tendencias del conflicto armado en el nivel
local, regional y nacional, colocando en la agenda pública
las áreas de mayor afectación".

Igualmente ha inducido a las comunidades y a la sociedad civil en
general a comprometerse más con las medidas de seguridad
adoptadas por el gobierno, a confiar más en las
instituciones del Estado y a trabajar de la mano con ellas con el
propósito de desterrar a los grupos violentos de sus
regiones. Lo cual a su vez, le ha exigido a las instituciones y
fuerza pública prepararse mejor en temas como el DIH y los
derechos humanos, así como ejercer una labor más
rápida, efectiva y comprometida con la
comunidad.

Este imaginario social que se ha creado de trabajo
conjunto y protección a la sociedad, ha
contribuido a su vez a que el SAT sea una herramienta
óptima que ha alentado a los funcionarios regionales y
locales a desarrollar actividades dirigidas a la construcción de una cultura de
prevención y de solidaridad
sociales, enfocada a evitar y superar las violaciones masivas a
los derechos humanos.

Segunda Parte

EL SAT EN EL PUTUMAYO: CASO
PRÁCTICO

El Departamento del Putumayo, ubicado al sur occidente
del país, no ha sido ajeno a la violación de sus
derechos fundamentales, no sólo por tratarse de un
departamento altamente involucrado en la guerra, sino
por estar inmerso en un sistema estatal frágil que se ha
caracterizado por la falta de legitimación y ausencia de
una democracia
clara.

Descripción del Departamento

Antes de empezar a analizar el caso del Departamento del
Putumayo, es importante conocer un poco sus
características, su situación económica y
social, para contextualizar el desarrollo y funcionamiento del
SAT en ésta región.

FUENTE: www.bundenet.com/atlas/putumayo.htm

Así bien, el Departamento del Putumayo se
encuentra al Sur del territorio colombiano, limitando al Norte
con los Departamentos del Cauca y Caquetá; igualmente por
el Oriente con Caquetá y el Departamento del Amazonas; por
el Sur con Ecuador y
Perú; y por el Occidente con el Departamento de
Nariño (ver mapa ANEXO 1).

Se trata de un territorio en su mayoría plano;
donde se destacan los cerros Patascoy y Putumayo, con alturas que
sobre pasan los 350 metros sobre el nivel del mar.

Por otra parte, su economía se basa
esencialmente en la agricultura,
que se desarrolla principalmente en el valle de Sibundoy y la
explotación de petróleo,
que se inició en este departamento a partir de
1969.

Diagnóstico del Departamento

En los últimos años el Departamento del
Putumayo se ha convertido en centro de atención tanto del
gobierno, como de los medios de
comunicación y la comunidad internacional. Algunas de
las razones que preocupan a estos agentes es el hecho de que esta
región se ha convertido en uno de los teatros de la
guerra que
más ha mostrado la complejidad del conflicto que vive la
nación;
es el territorio posiblemente con mayores hectáreas de
coca del país y sobre el que más se está
desarrollando el "Plan Colombia".

Para poder entender
un poco la situación socio-política del
Putumayo, que ha servido de abono para el conflicto que se vive
en dicha región, hay que ver que el Putumayo es una de las
regiones del país donde más se observa la
fragmentación territorial, tanto en el aspecto
económico como en el social.

En el económico porque su desarticulación
es representativa, ya que allí no se llevan a cabo ni si
quiera pequeños procesos de
industrialización y mucho menos cuenta con una
infraestructura de servicios
públicos que le permita tener a sus habitantes una
calidad de
vida similar a la promedio del resto del
país.

"Desde finales del siglo XIX y principios del XX, en
el Putumayo se estableció un sistema económico
extractivista cuya característica principal es la
apropiación selectiva de recursos
naturales legales e ilegales a través de sistemas de
bajo costo, cuyo
proceso de transformación se desarrolló siempre
por fuera de la región, lo cual permitió que la
mayor rentabilidad
se obtuviera por personas o grupos ajenos a la región.
Caucho, balata y chicle fueron los recursos
extraídos al final del siglo XIX y principios del XX.
Petróleo en las décadas de los
años 60 y 70, y a partir de los ochenta los cultivos de
hoja de coca iniciaron su expansión hasta constituir en
el territorio una economía de la
coca".

Como se aprecia en la cita anterior de Guillermo Rivera,
el Putumayo siempre ha sido manipulado por agentes externos a la
región, donde se explotan los recursos
naturales y las utilidades se invierten en otra parte. De
hecho, en este contexto de la economía cocalera, la
extracción sólo creó espejismos de
enriquecimiento fácil, arrastrando consigo pobreza y
violencia. Pero el panorama se empeora más cuando le
sumamos un Estado que en lugar de generar verdaderas alternativas
de desarrollo para la región, sólo ha respondido a
sus dinámicas coyunturales, dejando a los pobladores
abandonados a sus propias fuerzas, peligrosas y
anárquicas.

Siguiendo con el planteamiento anterior, el Putumayo
padece una fragmentación social porque al interior del
imaginario colectivo sus habitantes están muy marcados por
una historia de
marginalidad;
lo cual, ha permitido que se cree un conflicto que se desarrolla
en medio de estrategias de control y
posicionamiento por parte de los actores armados
que actúan en la zona.

De acuerdo a un estudio realizado por la Vicepresidencia
de la República a partir del año 1998, donde se
describe la situación de violencia dependiendo de las
zonas que comprenden el Departamento del Putumayo, así
como a los actores armados que participan en el conflicto, el
panorama actual de la violencia en el departamento es bastante
complejo, pues se ha convertido en un escenario
estratégico para las FARC y las Autodefensas, quienes se
enfrentan por el control del territorio incrementado notablemente
los índices de violencia y violación a los derechos
humanos. La razón: porque allí se alberga
más de cincuenta mil hectáreas cultivadas de coca,
más o menos la mitad del total que se encuentra en el
país; así como, el hecho de que se trata de una
región limítrofe con el Ecuador y el
Perú. Por lo tanto, estos factores han hecho que ambas
fuerzas al margen de la ley

Como se verá más adelante, las regiones
del medio y el alto Putumayo no se encuentran tan afectadas como
el bajo Putumayo en lo que se refiere a cultivos de coca,
desplazamientos forzados y homicidios (con la excepción de
Colón y Mocoa). Sin embargo, son zonas en las que
igualmente se vive el enfrentamiento entre los grupos ilegales y
sirven como corredor de paso para la droga e
insumos químicos de los grupos ilegales.

De acuerdo con el Observatorio de DD.HH. de la
Vicepresidencia, hay una correlación positiva entre la
violencia, la superficie cultivada en coca y la
confrontación entre las organizaciones
armadas al margen de la ley; hecho que se puede observar si
comparamos las estadísticas que se presentan del bajo
Putumayo (ver ANEXO 3) con las de las otras dos zonas,
pues no es coincidencia que los municipios que conforman la
región del bajo Putumayo cuenten con la mayor cantidad de
cultivos ilícitos de todo el departamento y sean de la
misma forma los disputados con más fuerza entre la
guerrilla y las autodefensas.

Con base en lo anterior, pasaremos ahora a hacer una
aproximación particular de cada zona con el
propósito de entender más la situación
socio-económica por la que atraviesa y en este sentido,
comprender el interés
estratégico que tiene cada uno de los actores armados en
cada lugar.

• Bajo Putumayo

Los municipios que conforman el bajo Putumayo concentran
aproximadamente el 96 por ciento de los cultivos de coca (54.555
hectáreas de un total de 56.800 en todo el país),
teniendo en cuenta que el Departamento del Putumayo concentra a
su vez más del 50 por ciento de la superficie cultivada en
todo el territorio nacional (Ver ANEXO 4).

Desde inicios de los años ochenta, las FARC han
ejercido una gran influencia en esta zona, y en los tres
últimos años su fuerza se ha hecho sentir
aún más con la llegada de las autodefensas. De
igual forma, estos municipios concentraron en 1999 el 82.8 por
ciento de los homicidios y la cifra sigue en aumento (Ver
ANEXO 5). Finalmente, vale la pena tener en cuenta que el
73 por ciento de los desplazados de todo el departamento
vivía en alguno de los municipios de esta zona (Ver Cuadro
1 de ANEXO 3).

• Medio Putumayo

Por su parte, la región media del Putumayo es
mucho menos crítica que la zona baja pero mucho más
que la alta. Cuenta con 2.245 hectáreas de coca cultivada
que constituyen el 3.95 por ciento de todo el departamento.
Igualmente, el enfrentamiento entre los grupos al margen de la
ley es mucho menos intensa que en la primera región. En
1999 concentró el 13 por ciento de los homicidios que
ahora presentan una tendencia a la baja (en 1998 concentró
un 24 por ciento). De otro lado, para 1999 registró 1.170
desplazados que representaron el 27 por ciento del total. En lo
que respecta a su capital,
Mocoa, se trata de un municipio que relativamente no registra
grandes cantidades de cultivos de coca, así como tampoco
presenta intensas confrontaciones entre las FARC y las
autodefensas, no obstante esto no quiere decir que no represente
un punto estratégico para alguna de dichas organizaciones
ilegales al tratarse de la capital del
departamento (Ver Cuadro 2 de ANEXO 3).

• Alto Putumayo

A pesar de lo anterior, el alto Putumayo presenta un
comportamiento
bastante particular respecto a las otras zonas, ya que no
registra superficie cultivada en coca lo cual se puede explicar
por el hecho que sus municipios (Sibundoy, Colón, Santiago
y San Francisco) están ubicados en la cordillera, lo que
hace más difícil su acceso a éstos terrenos
y por ende su cultivo. En lo referente a la confrontación
armada, no es muy grave en esta región; sin embargo, no
hay que descartar que la situación se empeore y que los
niveles elevados que empiezan a registrar los municipios de
Colón y San Francisco sean los primeros síntomas de
una expansión del conflicto hacia esta zona. De la misma
forma, no cuenta con desplazamientos forzados de su
población (Ver Cuadro 3 de ANEXO 3).

Ahora bien, habiendo hecho un diagnóstico de la situación del
Departamento del Putumayo en términos geopolíticos,
pasaremos ahora a hacer una radiografía del mismo pero
desde una perspectiva relacionada con la actividad de los actores
del conflicto.

• Autodefensas (AUC)

Las autodefensas se han encontrado en la zona desde
finales de la década de los 80’s con auspicio de los
narcotraficantes (desarrollando actividades relacionadas con la
economía de la coca, el asesinato de campesinos, colonos e
integrantes de movimientos políticos de izquierda,
así como de posibles colaboradores de las FARC y del
EPL).

A pesar de ello, iniciando los noventas el poderío
de las autodefensas disminuyó considerablemente en el
Putumayo, pues su accionar se vio gravemente lesionado con la
desaparición de los grupos narcotraficantes que les
proporcionaban ayuda, como sucedió con la muerte de
Gonzalo Rodríguez Gacha. De otro lado, esto se
debió a que las FARC atacaron sus bases y colocaron
bombas en el
casco urbano de Puerto Asís.

No obstante, luego de las marchas de 1996 en las que
muchos campesinos se movilizaron contra las fumigaciones y los
continuos hostigamientos realizados por la guerrilla a la
sociedad
civil, hicieron que las autodefensas declararan al sur del
país como objetivo
militar y se empezaran a disputar el dominio
territorial desde 1998, irrumpiendo cada vez con más
fuerza en la zona y ejecutando oleadas de asesinatos y
desapariciones que repercutieron con un mayor desplazamiento
entre la población.

Las autodefensas actualmente se movilizan en los
municipios de Valle del Guamuez (La Hormiga), Puerto Asís
y San Miguel; así como en Orito y en otros municipios del
bajo Putumayo donde la magnitud de los cultivos es importante. De
estos municipios las FARC derivan sus principales entradas
financieras por la industria de
la coca, y en este sentido es lógico que las autodefensas
busquen disminuir su poder financiero y militar, así como
su control sobre el área. De esta manera, podemos
encontrar una explicación a las elevadas tasas de
homicidios que se presentan en dichos lugares y que sean los
principales escenarios de desplazamiento forzado entre sus de
pobladores. De la misma manera, al igual que la guerrilla, este
grupo realiza
controles sobre la población con cuotas impositivas para
su financiación, especialmente a los comerciantes y
narcotraficantes.

De acuerdo con lo planteado por el observatorio de la
Vicepresidencia hay dos teorías
respecto a la presencia y accionar de las autodefensas en el
Putumayo: La primera de ellas, sostiene que es una
extensión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que
se movilizan en Córdoba y Urabá; y la segunda,
afirma que es producto de
fuerzas locales y que responde a intereses de grupos de
narcotraficantes. De lo anterior podríamos observar que no
se trata de teorías
excluyentes, por el contrario, se trata de teorías
complementarias. Así,

"no es factible sostener que las autodefensas sean la
extensión de los grupos que actúan en
Urabá y Córdoba sin que tengan un apoyo en las
fuerzas locales; de esta manera hacen parte del bloque Sur de
una organización con carácter
nacional. Adicionalmente es estrategia de
las fuerzas locales mostrar que sus autodefensas hacen parte de
un proyecto de carácter nacional. Esto les confiere un
carácter político además que las presenta
como una organización con mayor capacidad de
intimidación"

Las AUC han sido igualmente responsables de muchas
masacres y desapariciones cometidas en la región. Los
municipios más afectados por estas masacres, asesinatos
selectivos y desapariciones son: Puerto Asís, San Miguel y
La Hormiga. Entre las masacres más graves se encuentra la
realizada en las inspecciones de Policía de El Placer, La
Dorada, Las Brisas, El Empalme y El Vergel del municipio de San
Miguel, el 7 de noviembre de 1999.

En fin, como podemos apreciar, el propósito de
este grupo armado
en la región es esencialmente aprovechar sus ventajas
estratégicas, pero sobre todo cortarle una importante
fuente de financiación a la guerrilla e impedir que
continúe utilizando la zona como corredor para el
tráfico de armas,
municiones, explosivos e insumos, teniendo en cuenta que se trata
de una región fronteriza con Ecuador y
Perú.

Respecto a esto la actitud del
Estado ha sido muy negligente, pues la Defensoría ha
denunciado la omisión de la fuerza pública para
acabar con el paramilitarismo y su falta de voluntad
política para cooperar con la Fiscalía. Así, si no se hace algo
pronto por remediar la situación de conflicto y pobreza en la
zona, es muy probable que la presencia paramilitar en la
región del Bajo Putumayo tienda a
incrementarse.

• Guerrilla (FARC)

De acuerdo con investigaciones
realizadas por la academia, para inicios de la década de
los ochenta, el Putumayo fue refugio del desaparecido grupo M-19,
seguido del EPL que se mantuvo hasta principios de la
década del noventa. No obstante, desde su aparición
a mediados de los ochenta en el Putumayo, las FARC han sido el
único grupo guerrillero que se ha mantenido en la zona
hasta la actualidad ejerciendo su mayor presencia a través
de los Frentes 32 y 48.

El Frente 32 es el de mayor tradición y su labor
inicial es la de realizar hostigamientos con el objeto de sacar
provecho de la economía petrolera, colonizar la
región y realizar las primeras tareas de reconocimiento y
ubicación sobre la frontera con Ecuador y Perú. Sin
embargo, su expansión se ha ligado más con el
desarrollo de la economía de la coca. Hoy día,
opera entre el medio y bajo Putumayo, sobretodo en los municipios
del Valle del Guamuez (La Hormiga), Puerto Asís, Orito,
Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Mocoa y Puerto
Garzón.

Por su parte, el Frente 48 fue una ramificación
de esta organización guerrillera que nació en la
primera mitad de los noventa y al igual que el frente anterior,
ha crecido al ritmo de los cultivos ilícitos en un
contexto fronterizo y complementado con la economía
petrolera. Su mayor influencia se da en el bajo Putumayo en los
municipios de Orito, Valle del Guamuez (La Hormiga), San Miguel y
Puerto Caicedo.

De la misma forma, la guerrilla ha procurado ejercer su
influencia sobre la zona con el fin de seguir extrayendo recursos
del petróleo y la coca, así como continuar
aprovechando las ventajas financieras y militares que le
proporciona el departamento como zona limítrofe entre el
Perú y el Ecuador. En términos financieros, sus
planes consisten en eliminar la mayor cantidad de niveles
intermediarios con el objeto de incrementar los recursos
extraídos del narcotráfico en cada fase del
proceso.

En este sentido, el bajo Putumayo es el que presenta
más conflicto en la región y ello se debe en parte
a la presencia de los Frentes 32 y 48 de las FARC, por ser este
su centro en el procesamiento de la coca y extorsión de la
industria
petrolera. Igualmente, hacen uso de la frontera para el
tráfico de armas, municiones
y obtención de insumos. Como se aprecia, se trata de una
zona muy importante para estos grupos ilegales, la cual
defenderán a toda costa para continuar ejerciendo su
poderío.

Como consecuencia de lo anterior, este grupo guerrillero
ha cometido durante los últimos años numerosas
violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), entre
atentados contra misiones médicas, homicidios contra la
población civil por sus supuestos nexos con el
paramilitarismo, hasta actos terroristas con artefactos
explosivos dirigidos aparentemente contra cuarteles de las
autodefensas; hechos que en general no han traído consigo
más que graves consecuencias sobre la población
civil y sus bienes.

A diferencia de las autodefensas, la guerrilla tiene una
manera de actuar un poco distinta en lo referente a la autoridad
pública, los pobladores y la infraestructura (ver ANEXO
6). Esto se observó con el ataque a Las Delicias y
otros ataques con gran cantidad de bajas contra las fuerzas
militares. La infraestructura ha sido afectada en forma
importante, dejando en ocasiones a los municipios incomunicados o
sin servicios
públicos. De la misma manera, se debe tener en cuenta que
el Departamento del Putumayo fue escenario entre 1995 y 1996 de
las marchas cocaleras detrás, de las cuales, muy
presumiblemente estuvieron las FARC presionando para que se
suspendieran las fumigaciones, pero que cesaron en agosto de 1996
con la firma de un acta que proponía un plan de desarrollo
integral para la región, así como un plan de
sustitución y erradicación voluntaria de
cultivos.

Detallando un poco más el accionar de las FARC en
lo que respecta a la economía del narcotráfico, vemos que ejercen gran
presión
sobre los grupos
sociales vinculados al mercado de
las drogas, pues
si tenemos en cuenta que este Departamento alberga
aproximadamente la mitad de la superficie de cultivos de coca de
todo el país, podemos inferir que este grupo deriva una
tajada significativa de dicha actividad. Según la
Policía Antinarcóticos las FARC cobra cuotas en
cada una de las fases del proceso así: por hectárea
de cultivo; por producción y recolección de hoja;
por seguridad de laboratorios; por vuelo y seguridad de las
avionetas; y por el transporte de
insumos en embarcaciones fluviales.

Otro aspecto aterrador son los controles que éste
grupo ejerce sobre la libertad de
los pobladores a transitar por su departamento. Tanto así
que "sobre las dos vías que comunican al departamento con
el resto del país (Pasto-Mocoa y Mocoa Pitalito), las FARC
mantienen retenes y ejercen controles con la suspensión de
la circulación ciudadana de las 6 de la tarde a las 6 de
la mañana, afectando de ese modo no sólo la
libertad
personal, sino
la economía local, por las restricciones en el
abastecimiento de bienes básicos y el comercio de
productos", en otras palabras, los pobladores del Putumayo muchas
veces se encuentran sitiados en sus propias casas.

Para terminar, otra actividad que desarrolla este grupo
armado ilegal es la de ejercer un sistema impositivo sobre las
diferentes actividades económicas de la región, en
particular sobre los transportadores, medianos propietarios y
comerciantes a través de amenazas y extorsión. "El
sector de las grandes empresas de
transporte
está obligado a pagar cuotas de 4 a 5 millones de pesos
por frente para poder operar; los transportadores de combustibles
(gasolina y ACPM) deben pagar $300 pesos por galón" e
incluso sus vehículos son quemados o incautados si
incumplen con las cuotas. En lo que respecta a la industria
petrolera, el no pago repercute en amenazas e intimidaciones a
las familias de los trabajadores o a las mismas personas que
laboran en la explotación del crudo.

En general, lo grave de todo esto es que la
justificación que dan a los mencionados ataques e
instigaciones hace alusión a actividades preventivas con
el fin de obstaculizar la expansión del paramilitarismo,
formando obviamente cicatricen en el tejido social.

Como una observación, vemos que la
participación de estos dos grupos ilegales ha generado un
ciclo de violencia en la región que ha promovido la
creación de imaginarios y prejuicios no sólo contra
los municipios, sino contra los pobladores mismos: "es así
como para algunos habitantes de Puerto Asís, los
pobladores de Puerto Caicedo son todos guerrilleros y, al
contrario, para ciertos habitantes de Puerto Caicedo, los de
Puerto Asís son paramilitares".

De la misma manera, los jóvenes también
están siendo víctimas del conflicto, prueba de ello
es que para la guerrilla, todo joven de pelo corto y forastero en
un pueblo es paramilitar; en tanto que para las autodefensas,
todo joven de pelo largo y de la región es miliciano o
guerrillero.

• Fuerzas Militares y de Policía

En lo que respecta a la presencia estatal, en el
departamento se encuentran distintas ramas de las Fuerzas Armadas
y de la Policía.

Por un lado, la XXIV Brigada del Ejército, con
sede en la inspección de Santa Ana, jurisdicción de
Puerto Asís, que cuenta con varios batallones
contraguerrilla y con batallones permanentes en Puerto
Asís y Orito.

El Batallón del Ejército con sede en La
Tagua (Puerto Leguízamo), cuenta con toda la ayuda
logística y la asesoría de militares
norteamericanos. Igualmente, la Armada Nacional tiene presencia
en la zona gracias a una Brigada fluvial, con sede en Puerto
Leguízamo y con varias unidades encargadas del control de
los ríos Putumayo y Caquetá en la zona
limítrofe con Ecuador.

Por su parte, la Policía Nacional hace presencia
en la región con un Comando Departamental de
Policía con sede en Mocoa y otras estaciones en los cascos
urbanos de los municipios del departamento, excepto en los
municipios de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán; pero
además cuenta con una Unidad Especial de la Policía
Antinarcóticos.

Todas estas fuerzas del Estado trabajan conjuntamente
para formar el Comando Operativo del Sur, que incluye apoyo
directo y permanente de la Fuerza Aérea, situada en el
municipio de Tres Esquinas (Caquetá), fronterizo con el
extremo nordeste del Putumayo.

A pesar de ésta presencia positiva de las
autoridades, la población está muy preocupada por
la complicidad de algunas unidades de las Fuerzas Armadas y de la
Policía con los grupos de autodefensa, con quienes se
relacionan por alianzas estratégicas o de táctica
contra-guerrilla. Tanto así que estas relaciones van desde
la realización de hechos violentos por parte de los
paramilitares sin que la fuerza pública los combata o
neutralice; hasta aquellos hechos donde es evidente el
asentimiento, complicidad o acción mixta de la Fuerza
Pública y las autodefensas.

Alertas Tempranas Emitidas entre el 2002 y el 2003 en
el Putumayo

De acuerdo con información aportada por la
Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del
período entre el 2002 y el 2003, en el Departamento del
Putumayo se han emitido cuatro informes de riesgo de los cuales
el Comité ha emitido tres Alertas Tempranas.

La primera de ellas, tuvo sus orígenes en el
informe de riesgo
emitido por la Defensoría el 27 de noviembre de 2002,
donde se alertó sobre la situación en el municipio
de Puerto Guzmán. Allí, se advirtió al
Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas sobre la
posibilidad de presentarse homicidios selectivos, masacres,
desapariciones forzadas, desplazamiento, reclutamiento
de jóvenes y afectación de bienes civiles, al igual
que restricción de alimentos a causa
de las reiteradas acciones que el grupo de las FARC y las AUC
estaban llevando a cabo por ese entonces en la región.
Ante lo cual, la Defensoría indicó que era posible
un enfrentamiento entre los dos grupos en la zona, con una
factible interposición de la población civil
expuesta a métodos
violatorios a los derechos humanos y el DIH, poniendo en claro
que la situación era de alto riesgo.

Acto seguido, se reunió el Comité el 29 de
noviembre del mismo año, donde se verificó la
información y se emitió una Alerta Temprana en
calidad de recomendación bajo las consideraciones de
realizar un Consejo de Seguridad, promover la colaboración
civil y establecer en el lugar una estación de
Policía; así como, coordinar acciones humanitarias
con la Red de
solidaridad. Dicha información fue remitida al
Departamento de Policía Nacional del Putumayo, al
Gobernador y a la Secretaría de Gobierno del
Putumayo.

Efectivamente, según informó el Alcalde
del municipio de Puerto Guzmán, se reactivaron
comités que estaban inactivos, como: el Comité de
Prevención de Desastres, el de la Cruz Roja, entre otros.
También se puso en conocimiento
de la situación a la fuerza pública del municipio
para que protegieran a la población; igualmente, su
persona entre
otros funcionarios públicos, han tenido que ausentarse del
municipio intermitentemente con el objeto de proteger su vida y
trabajar desde otras partes del país.

No obstante, el burgomaestre indicó que a pesar
de prevenir situaciones de alto riesgo para salvaguardar la vida
y la seguridad de los pobladores del casco urbano, la
población que habita en la zona rural se encuentra
desprotegida básicamente por dos razones:

1. Acceder al área rural es bastante
   difícil, así que las autoridades no la frecuentan
   continuamente;
2. Por haber pocos efectivos en la región,
   éstos se concentran prácticamente en el casco
   urbano, dejando que pocos de ellos se hagan cargo del cuidado
   en el área rural.

Lo grave de esto es que si observamos en términos
porcentuales la distribución poblacional vemos que
aproximadamente el 97% de los pobladores de Puerto Guzmán
se ubica en la zona rural de dicho municipio. Razón por la
cual, es el área donde más se presentan hechos
violentos, muertes, desplazamiento y falta de autoridad;
poniendo en tela de juicio la efectividad del SAT en este caso
específico.

Para el segundo informe que emite la Defensoría
del Pueblo el 17 de enero de 2003 advirtiendo al Comité
Interinstitucional sobre la situación de alto riesgo que
se vive en el municipio de San Miguel, se observa la posibilidad
de que se realicen ataques indiscriminados con perjuicio a los
asentamientos campesinos y sus bines por parte de las FARC, como
consecuencia de su accionar en la cabecera de Puerto Colón
con el objeto de contener la expansión de las AUC y
debilitar su presencia en el municipio de San Miguel. Así,
las ocasiones de riesgo y hechos de violación factible se
estiman como posibles bloqueos económicos, desplazamiento
forzado, hostigamiento e incursión armada y ataques contra
personas protegidas.

Es importante que se tenga en cuenta que todo esto
ocurre en un marco de lucha por el control geoestratégico
de la región, ya que como se vio anteriormente, en esta
zona se desarrolla la economía del narcotráfico y
ofrece enormes ventajas por su ubicación fronteriza con
Ecuador.

Recolectada la información verbal y escrita, el
Comité interinstitucional se reunió el 21 de enero
de ese año y verificó la información con el
Secretario de Gobierno Departamental, con el Das Seccional
Nariño y con el Sistema de
Información de Orden Público del Ministerio del
Interior. Con esto se corroboró que previamente se
habían realizado operativos del Ejército en el
área, pues las autoridades ya estaban al tanto de la
situación.

Por lo anterior, el Comité decidió no
emitir alerta —consignado en el Acta Nº 9 del
Comité— pero, como es costumbre procedimental, el
Comité envió la información al Gobernador
del Departamento del Putumayo, al Comandante de la
Vigésima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, al
Comandante de Policía del Departamento, al Secretario de
Gobierno del Departamento del Putumayo y al Alcalde del Municipio
de San Miguel.

Un aspecto que es bueno destacar en el momento, es que
después de reunido el Comité, entidades como las
alcaldías, la Gobernación, las Fuerzas Armadas y la
Policía empezaron a implementar acciones coordinadas en el
área (como el Consejo de Seguridad donde se optó
por la aplicación de medidas de control y preventivas
además de las que ellos ya habían discutido
anteriormente) tendientes a neutralizar el riesgo y generar
condiciones de seguridad —teniendo en cuenta que nunca se
emitió una alerta inminente.

La tercera alerta tiene su base en el informe de riesgo
emitido por la Defensoría el 31 de enero de 2003, en el
cual se informa al Comité Interinstitucional sobre la
situación de violencia e inseguridad
que se vive en los municipios de Sibundoy, Santiago, Colón
y San Francisco. Allí, la Defensoría da una
descripción sobre el contexto en el que se
está viviendo y considera que es factible que se de un
incremento en los homicidios selectivos múltiples,
desplazamiento forzado, ataque a bienes de carácter civil
y a los cascos urbanos; así como, enfrentamientos armados
entre las AUC y las FARC como consecuencia de la disputa que
libran estos grupos por controlar el Valle de Sibundoy y la
arteria de comunicación entre Mocoa y Pasto.

En este sentido, la Defensoría hizo la observación sobre una posible
agudización de la situación por ser estos
municipios, como se mencionó anteriormente, receptores de
población desplazada del Bajo Putumayo que se encuentra
allí por ser acusada de pertenecer o apoyar a uno u otro
bando. Debido a esto se concluyó que podían darse
algunos casos de riesgo y hechos de violación factible
como amenazas e intimidaciones; así como, extorsión
a comerciantes, transportadores y propietarios
agrícolas.

De esta forma el Comité Interinstitucional se
reúne el 12 de febrero de 2003 para estudiar la
situación de riesgo en la zona; verifica la
información con el DAS Seccional Nariño y la
Gobernación del Putumayo, y advierte que ya se
habían realizado previamente Consejos de Seguridad,
operativos de la Policía, foros para fomentar la
participación de la ciudadanía con las autoridades
y planes para la incorporación de soldados campesinos en
el área.

Hecho esto, el Comité decide emitir la alerta y
envía sus recomendaciones a los entes competentes
(Alcaldías y Gobernación) para prevenir que se
desate un hecho violento en perjuicio de la población. Es
así, como a partir de éste momento se realizan
varios Concejos de Seguridad con las autoridades y los
representantes más importantes de gremios como la ganadería,
la agricultura y
el comercio. De
estas reuniones, la Gobernación plantea que para
municipios como Sibundoy y Santiago se envíen contingentes
de soldados campesinos provenientes de la región para
contener los brotes de violencia y las posibles alteraciones del
orden público por parte de la insurgencia. Igualmente, se
sumaron refuerzos a la fuerza pública y ello ha permitido
hasta ahora que haya mayor seguridad y se hayan prevenido
ataques.

A pesar de esto, el alcalde de Sibundoy considera que
falta apoyo por parte del gobierno para obtener de éste
ayuda (económica o en equipos) con el fin de solucionar
los problemas de
comunicación que se presentan con las autoridades y los
cuerpos de socorro, como la Cruz Roja. Por otra parte, la
violencia generó en un inicio muchos desplazamientos entre
los pobladores de Sibundoy y hasta ahora no han regresado, por lo
que considera que sería importante tratar de canalizar a
través del SAT una ayuda para que estas personas regresen
a sus parcelas.

Finalmente, la cuarta alerta tiene lugar gracias a la
información aportada por la Defensoría al
Comité el 14 de febrero de 2003, acerca de la
situación de violencia que se presenta en los municipios
de Orito y Valle del Guamuez.

Al igual que en las anteriores, la Defensoría
alertó sobre un factible crecimiento de los homicidios
selectivos, el desplazamiento forzado y los ataques tanto a
bienes civiles como a cascos urbanos, debido al enfrentamiento de
los grupos ilegales que operan en la zona (AUC – FARC) por
el control del Bajo Putumayo y la arteria que comunica a San
Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo y
Villagarzón. De la misma manera, la Defensoría
comunicó que esta situación tendía a
agravarse por el desplazamiento masivo de campesinos hacia el
casco urbano de la Hormiga debido a amenazas de las FARC; el
temor que esto generaba es que entonces las AUC hiciesen uso de
la violencia indiscriminada para reposicionarse nuevamente en el
Bajo Putumayo.

Por lo anterior, el Comité Interinstitucional se
reúne como ocurrió en las anteriores ocasiones,
corrobora la información y decide emitir una Alerta
Temprana. Se notifica al Gobernador del Putumayo, al Secretario
de Gobierno y a los Alcaldes de Orito y Valle del Guamuéz.
Hecho esto, cada alcalde hace su propio Consejo de Seguridad y se
reúne con las autoridades respectivas.

Gracias a la información suministrada por el
alcalde de Orito, se pudo conocer que en su municipio se tomaron
medidas de restricción a la circulación;
reducción horaria en los establecimientos públicos
como tabernas; controles de registro
realizados por la Policía y las Fuerzas Militares; y
protección a los funcionarios públicos que
despachaban en dicha zona. De acuerdo con su apreciación,
es difícil desterrar el conflicto de la zona, pero gracias
a las medidas tomadas por ocasión de una Alerta Temprana
que arrojó el SAT, se han logrado evitar los ataques a la
población y a sus bienes. En tal sentido, el burgomaestre
considera que el sistema sí le ha servido para preservar
el orden público y la vida de sus
coterráneos.

Habiendo visto el diagnóstico del Departamento
del Putumayo, sería de esperar que se tratara de un
departamento en constante alerta roja, donde en el transcurso de
un año se hubiesen expedido más de cuatro alertas
tempranas; sin embargo, sucede lo contrario. ¿Será
posible que las fuentes de
información estén fallando o las cosas se
estén mejorando? Posiblemente si, pero aún siguen
siendo muchas las personas desplazadas en el departamento y
muchos los alcaldes, personeros, concejales, diputados, entre
otros representantes del Estado, que han tenido que salir huyendo
de sus tierras para proteger sus vidas y desplazarse en muchos
casos hasta Bogotá para evitar que los asesinen y poder,
si es posible, sesionar sobre los proyectos y
asuntos que les competen.

¿Será entonces que el SAT si es una
herramienta efectiva en la prevención de hechos violentos
que perjudican a la población? No cabe duda que el SAT es
un instrumento valioso para el país en materia de
prevención y protección de los derechos humanos de
los colombianos, y es una herramienta con la cual no se contaba
antes. Más aún, ha mejorado la seguridad de las
zonas donde se han expedido las Alertas Tempranas y aparentemente
ha prevenido el ataque de los grupos al margen de la
ley.

De acuerdo con la investigación realizada, no es fácil
en realidad estimar la efectividad de este sistema, pues saber
con certeza que se previno un hecho incierto como lo es la toma
guerrillera de un municipio o una masacre, que en algunas
ocasiones se dan sin ser anunciadas, es bastante complicado. No
obstante, podemos analizar en cierta medida los hechos
recurriendo a algunas cifras que nos permitan ver si se han
presentado reducciones en la tasa de homicidios, muertes
selectivas, desplazamiento forzado y demás, para
determinar si el SAT ha influido en cierta medida en la
prevención de violaciones masivas a los derechos humanos y
se ha conservado el orden público en los
municipios.

Para comprender mejor lo anterior, veamos los siguientes
datos:

De 403 casos de masacres que se presentaron en 1999, en
el Departamento del Putumayo se dieron 13, es decir, un 3.23% del
total del país; de igual forma, de 1865 víctimas
por las masacres en ese mismo año, 77 provenían del
Putumayo, convirtiéndose de esta manera en un 4.13% del
total. Así mismo, para el 2000 los municipios que contaban
con un alto riesgo en ocurrencia de masacres fueron el Valle del
Guamuez (La Hormiga), Orito y Puerto Asís.

En lo que respecta a el desplazamiento forzado que se ha
dado en los últimos años en ésta
región, podemos ver que esencialmente se ha dado
por:

• La intensificación del conflicto a causa de la
  disputa territorial entre la guerrilla y las
  autodefensas,
• el control de cultivos y restricciones a su comercialización,
• presiones de las FARC para que se cree una zona de
  distensión,
• amenazas provenientes de las AUC a los líderes
  sociales y comunitarios,
• las fumigaciones a los cultivos
  ilícitos,
• el mal funcionamiento del plan de sustitución
  de cultivos debido al incumplimiento de los pactos sociales con
  el gobierno,
• el reclutamiento forzado, y finalmente
• por las amenazas y señalamientos que se
  profieren a los pobladores de los municipios ubicados en el
  Putumayo.

Es así como en el año 2001, 6.203 personas
fueron expulsadas de sus municipios. Indicando que mensualmente
los actores armados desplazaban en promedio a 413 personas.
Teniendo en cuenta que en el 2000 el promedio mensual era de 333
personas desplazadas, para el 2001 el promedio fue de 733. Esto
indica un crecimiento de 119%.

No obstante, de acuerdo con datos del
Sistema de
Información sobre Población Desplazada por la
Violencia en Colombia (RUT), el reporte total de personas
desplazadas al 30 de septiembre de 2002 fue de 123.650 personas,
de las cuales 5.956 fueron expulsadas del Putumayo (ver ANEXO
7).

Como se dijo arriba, hay que aclarar que el conflicto
armado no ha cesado en la región del Putumayo, al igual
que las violaciones masivas a los derechos humanos. No obstante,
estas cifras nos demuestran que de alguna manera dicha
violación a los derechos humanos está diminuyendo,
posiblemente en parte gracias al SAT como mecanismo de
prevención, posiblemente por el interés
que ahora el Estado le
ha prestado a esta zona para desarrollar allí obras y
programas
sociales, posiblemente porque los grupos al margen de la ley que
actúan en el área se están retirando hacia
otras zonas para evadir la presión de
las fuerzas armadas que se están sintiendo con más
fuerza desde la entrada del gobierno de Álvaro Uribe
Vélez.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Pensar que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), como
mecanismo de prevención, es improductivo, sería una
errónea apreciación, pues ello ha permitido en
cierta medida una mayor cohesión entre el pueblo, las
autoridades territoriales y en general las instituciones
públicas en materia de prevención y defensa de los
derechos humanos. Es muy probable que gracias a la
información que proviene de los organismos de inteligencia
y de la misma población, se hayan podido tomar decisiones
al interior del SAT que hayan prevenido la acción violenta
de algunos de los grupos armados ilegales en cualquier municipio
de Colombia.

Sin embargo, hay varias cosas por decir con respecto al
funcionamiento del SAT y su eficacia:

Primero, de acuerdo con la percepción
que tienen varios agentes involucrados en el desarrollo de
proyectos
sociales, en especial sobre derechos humanos como lo son la
Defensoría y algunas ONG’s,
la política de derechos humanos manejada por el gobierno
Uribe es la misma política de seguridad que él
plantea. Al respecto, el director de la Comisión
Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, expuso que
"justamente es una política preocupante porque está
basada en informantes y orientada a perseguir civiles y realizar
allanamientos sin orden judicial. En este marco la posibilidad de
diálogo es
limitada".

En esta medida, no se le está dando un manejo
adecuado al SAT y por ende a los derechos humanos en el
país, ya que éste tiene un uso meramente
político y no se trascendiende más allá. En
otras palabras, el presente gobierno no está empleando al
SAT como un elemento puesto al servicio de
los colombianos, donde lo que más importa es su vida y su
seguridad. Por el contrario, se está asumiendo que el SAT
es un elemento que simplemente hace parte de una gran
política de seguridad, donde lo que más importa es
derrotar al enemigo y preservar la estabilidad del Estado
—o sea, se está empleando al SAT como un arma de
combate.

Respecto a lo anterior, es probable que el Gobierno se
quiera apropiar del SAT y hacerlo suyo como muestra de su
poder y voluntad política para proteger los derechos
humanos en Colombia, algo bien visto por los EE.UU. y
benéfico para el Gobierno Uribe si lo que se quiere es
mostrar resultados en el exterior y por tanto, obtener apoyo
económico y militar para justificar su guerra.

Pasando a otro aspecto, aún no son claras las
competencias
entre la Defensoría y el Gobierno Nacional. El
Comité Interinstitucional acusa a la Defensoría de
apropiarse de un Sistema que a su concepto es
Gubernamental y de carácter Nacional, no institucional.
Por su parte, la Defensoría defiende el manejo eficiente
que le da a un sistema que considera como propio, donde acusa al
Comité de no saber darle el suficiente apoyo y respuesta
que necesita para que funcione.

Así, a pesar de que no se pueden negar los logros
obtenidos por la Defensoría del Pueblo y el Comité
Interinstitucional en materia de prevención, el Defensor
ha indicado que "la persistencia del conflicto armado interno, el
peso de la inercia institucional y la falta de voluntad de
cambio de
algunos centros de poder" han obrado como variables
negativas sobre el manejo de mecanismos tan importantes como el
SAT en la defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, cuando una persona habla del
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) supone que está
hablando de un sistema para prevenir las masacres y el
desplazamiento forzado en el país, edificado esencialmente
en los esfuerzos que realizan la Defensoría, la
Vicepresidencia, el Ministerio del Interior y los organismos de
inteligencia del Estado para realizar dicha labor. No obstante,
esta investigación permitió descubrir que
en la práctica se trata de dos sistemas
distintos: uno, el del Comité Interinstitucional; y otro,
el de la Defensoría del Pueblo. Muestra de ello
es una carta enviada al
Tribunal Administrativo del Meta, por el Doctor Daniel Medina,
donde afirma que:

"(…) el SAT de la Defensoría del Pueblo
no fue creado, no depende ni está bajo la dirección o coordinación del
Consejo Nacional de Atención a la Población
Desplazada para la evaluación de riesgos de la
población civil como consecuencia del conflicto armado,
que desarrolla su gestión dentro del marco misional
constitucional y legal de esta entidad, que no sobra reiterar,
es un órgano de control del Estado.

De lo anterior se colige que el SAT no es un programa
creado o que dependa del Gobierno Nacional, dirigido a la
prevención del desplazamiento forzado.

Si bien el documento del Consejo Nacional de Política
Económica y Social, Conpes Nº 3057 de 1999,
señala la necesidad de crear sistemas de
información para la prevención del
Desplazamiento, que contemplen entre otros, un Sistema de
Alertas Tempranas y un mecanismo de Seguimiento y de evaluación de la gestión,
indicando que la Red de Solidaridad Social coordinará
con la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia de la
República la ejecución de esta estrategia de
comunicaciones, hasta la fecha dicho documento
no ha sido desarrollado o aplicado por medio de medidas
administrativas o legales, de donde no puede predicarse que el
SAT de la Defensoría del Pueblo tenga relación
orgánica o funcional con el sistema de
información esbozado en el documento
referido.

La Defensoría del Pueblo viene promoviendo una
Política Pública de Prevención de
Violaciones Masivas de Derechos Humanos, que debería
implantarse por medio de un Sistema Nacional de
Prevención encabezado por el Gobierno Nacional.
Actualmente se encuentra en funciones un
Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas integrado
por delegados del Ejecutivo, encargado de la valoración
de los informes de riesgo elaborados y emitidos por el SAT de
la Defensoría del Pueblo y de decidir acerca de la
emisión de Alertas Tempranas para prevenir violaciones
masivas de derechos humanos.

En estricto, este Comité podría
entenderse como una iniciativa o programa del Gobierno Nacional
para prevenir, entre otras violaciones graves, el
desplazamiento forzado de población
(…)"

Con esto, lo que se aprecia claramente es un manejo del
SAT como una herramienta exclusivamente de la Defensoría,
donde lo que se encuentra no es más que un celo
institucional entre éste ente y el Gobierno mismo,
posiblemente porque la Defensoría quiere que su programa
se mantenga limpio de la corrupción
y la burocracia
estatal, enfocado directamente a la protección de la
población civil. En tanto que el Gobierno quiere manejarlo
para tener un mayor control sobre él, evitar que la
Defensoría le de un mal manejo y obstruya el proceso de
información, comunicación y respuesta; y para
complementar su política de seguridad. ¿Afán
de protagonismo? Quién sabe.

En lo que concierne al manejo de la información
el Comité Interinstitucional no reconoce las fuentes
manejadas por la Defensoría del Pueblo y esto genera
graves consecuencias como las que vimos anteriormente.
Sería bueno que el Comité también las
tuviese en cuenta y no se limitara únicamente a confiar en
los datos que le proporcionan la inteligencia de las Fuerzas
Armadas y la Policía.

Muestra de ello, es que el SAT era más eficiente
cuando la Defensoría emitía las Alertas Tempranas
(gracias a la información que obtenía de ONG’s,
pobladores, Iglesias, Comunidades Civiles, Defensorías
Regionales, etc.) y daba conocimiento de ello a todas las
autoridades directamente, haciendo que éstas no
sólo generaran una respuesta inmediata, sino que rindieran
cuentas de sus
hechos a la Defensoría. Pero ahora, la información
tiene que pasar por un filtro, donde se retrasan más las
acciones y en varias ocasiones se pone en duda información
que en realidad es muy útil para proteger a los
municipios.

El problema está en que el Comité basa
prácticamente sus decisiones en información
"certera" sobre hechos que ocurrirán en el futuro, lo
absurdo de esto es que las masacres y los asesinatos no se pueden
predecir porque se trata de hechos inciertos, y prevenir sobre la
certeza no es prevención.

Por otro lado, la información que recolectan en
muchos casos las autoridades simplemente son datos, y los datos,
a la luz de la
teoría,
no sirven para tomar decisiones, lo que ayuda a un tomador de
decisiones a desarrollar su labor es hacer sus apreciaciones
sobre la base de informaciones, no simplemente de datos. Igual,
esto no es raro, pues durante muchos años los gobiernos
colombianos siempre han tomado sus decisiones sobre la base de
simples datos, donde manejan una racionalidad individual y
sólo juegan juegos suma
cero.

Por último, un aspecto que sería necesario
re-evaluar es la capacidad que tiene el Sistema de Alertas
Tempranas (SAT) de actuar en escenarios distintos al rural; es
decir, hoy por hoy el conflicto nacional no sólo se
está dando en el campo sino que a su vez se está
trasladando a otros lugares como las ciudades.
Desafortunadamente, el SAT se ha visto limitado en este aspecto
por estar diseñado exclusivamente para hacer frente a las
estrategias de ataque y al conflicto que manejan los grupos
alzados en armas en el campo. Por lo tanto, sería
interesante que las autoridades y el Ejecutivo pensaran en la
posibilidad de crear un área dentro del SAT en la cual se
analizara y se afrontara la violencia desde las
ciudades.

Así, la solución que se plantea en este
trabajo es que para que el SAT se haga más
eficiente:

Primero, las instituciones implicadas en su manejo deben
relacionarse sobre la base de la confianza, pues se supone que
están trabajando sobre un mismo objetivo
común, y dejar de lado el celo institucional. Con esto se
evolucionará hacia una etapa en la que el manejo del SAT
será como el de una organización compleja, donde el
sistema estará en capacidad de anticipar los hechos y no
de esperar a que estos sean inminentes para tomar decisiones;
donde las instituciones se interrelacionan como en una red, y al interior de
las redes, cada
organismo estará en capacidad de anticipar los hechos por
sí mismo.

Lo cierto es que es preocupante la situación del
SAT cuando entre sus mismos organismos componentes no hay
entendimiento ni un trabajo armónico. Esto lo que hace es
obstruir y entorpecer las labores enfocadas a proteger a la
población civil. Lo grave de todo es que si éste
celo institucional y ruptura en la
comunicación persisten, finalmente quienes
terminarán pagando por su mal funcionamiento son los miles
de colombianos que diariamente pierden la vida en medio de un
conflicto que no les pertenece o tienen que huir de sus fincas
hacia otros pueblos o ciudades desconocidas donde son tratados como
indigentes o ladrones.

Segundo, las decisiones al interior del Comité,
empleadas para hacer frente a una situación de riesgo en
un municipio determinado, deben ser particulares; es decir, se
deben tomar de acuerdo a su relatividad, su importancia, el
contexto y las situaciones que se presentan en esos escenarios en
conflicto; y no, tomar decisiones mecánicas, que
sólo sirven como paliativos a la situación, como
ocurre en muchos municipios del país, incluso en el
Putumayo. Para tomar decisiones, especialmente aquellas tan
delicadas que tienen incidencia sobre la vida de las personas,
hay que comprender el entorno ¿Cómo? Pues
entendiendo que la realidad es móvil, incierta y llena de
riesgos, cosas que son imposibles de evadir, pero son posibles de
manejar, adaptándose a ellas o haciendo que ellas se
adapten a la política de gobierno que se tome respecto a
la protección de los colombianos.

Tercero, al igual que la Defensoría del Pueblo,
se considera necesario enrutar al país hacia el
establecimiento de un Sistema Nacional de Prevención de
las Violaciones Masivas a los Derechos Humanos; es decir, que el
Sistema de Alertas Tempranas (SAT) deje de ser un programa para
convertirse en una política pública de Estado, pues
de esto se ha tratado el manejo de los derechos humanos en el
país, de un programa de cuatro años donde al
siguiente período presidencial se modifica y se hecha para
atrás todo lo logrado inicialmente. El caos humanitario
que vive Colombia es muy particular, no se ha visto en otras
partes del mundo, y es tan serio que no puede seguir siendo
tratado con proyectos cortoplacistas y mediocres, es necesario
implementar una política nacional seria y de gran
envergadura que sepa tratar un tema tan delicado como lo es el
respeto a los
Derechos Humanos en Colombia.

Cuarto, éstas violaciones masivas a los derechos
humanos que hemos tratado a lo largo de ésta
investigación, son sencillamente el resultado de un
proceso en el cual los actores armados ilegales que participan
del conflicto ya han hecho con anterioridad una reflexión
costo/beneficio
por la cual, han decidido asumir los riesgos y han decidido
participar en la guerra cometiendo crímenes atroces que
van en contravía al respeto de los derechos de los
demás colombianos.

En este orden de ideas, el SAT no sólo debe ser
una política encaminada a prevenir, proteger y dar
respuesta a las situaciones de inminente riesgo; sino, que debe
ir complementada con una fuerte intervención por parte del
Estado para solucionar, o en lo posible mitigar, las causas que
generan el conflicto armado en nuestro país. Pero no dando
soluciones a
medias, sino planteando estrategias políticas de mediano y
largo plazo —como mecanismos de disuasión;
fortalecimiento de las instituciones; apoyo a las comunidades
civiles; mejoramiento de las condiciones educativas, sanitarias,
alimentarias y de vivienda de la población— que
logren superar las circunstancias que hacen posible la ocurrencia
de hechos violatorios a la vida y la seguridad de los
colombianos.

Para terminar, si bien el SAT es una gran herramienta
con la cual antes no se contaba y está arrojando
resultados positivos, los esfuerzos que ha realizado el Estado
para enfrentar la crisis humanitaria por la que atraviesa el
país, aún son insuficientes. Así las cosas,
es imperante que se insista en dar a los casos de
violación de derechos humanos una respuesta integral de
carácter preventivo, sustentada sobre el compromiso y
trabajo en equipo
de las instituciones miembros, generando fuertes lazos entre
sí para proporcionar protección y defensa a la
población civil; todo lo anterior dentro del marco de una
Política para la Prevención de Violaciones Masivas
a los Derechos Humanos, como bien lo confirma la
Defensoría del Pueblo.

BIBLIOGRAFÍA

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  Villanos?, Ed. Nº 1072, Noviembre 18 de
  2002.
• REVISTA NOCHE Y NIEBLA Nº 14, Banco de Datos
  de derechos humanos. Cinep y Justicia y
  Paz.
• GUILLERMO RIVERA FLÓREZ, Putumayo: En el
  Ojo del Huracán, Ed. Revista
  Coyuntura Política, Bogotá, Mayo de 2001, pg.
  31-35.
• VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Panorama
  del Putumayo, Ed. Observatorio de Derechos Humanos,
  Bogotá D.C., Septiembre de 2000.
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO & NACIONES
  UNIDAS: Masacres Ocurridas en Colombia 1999: Luz para la
  Vida, Ed. Sistema de Alertas Tempranas – Subsistema
  de Información de la Defensoría, Bogotá
  D.C., 1999.
• CINEP, MINGA, CODHES: Situación de Derechos
  Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derechos
  Económicos, Sociales y Culturales en el Departamento del
  Putumayo, Bogotá D.C., 19 de mayo de
  2000.
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Lo que Usted Debe
  Saber Sobre el Derecho Internacional Humanitario,
  1997.
• DEFENSORÍA DEL PUEBLO, El Sistema de
  Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo,
  2002.
• REVISTA SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS, Ed.
  Defensoría del Pueblo, Nº 1, Julio de
  2002.
• RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, Diagnóstico del
  Desplazamiento Forzado en la Región Sur Colombiana,
  Bogotá, Junio 12 de 2001.
• DATOS DE DESPLAZADOS EN EL PAÍS:

www.disaster-info.net/desplazados/informes/rut/14htm.

• DISCURSO EMBAJADORA ESTODOUNIDENSE EN EL
  2001:

http//usembassy.state.gov/colombia/wwwspren.

• LEY 387 DE 1997:

www.red.gov.co/LaInstitucion/Normatividad/Ley387-1997/

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2002-2006:

www.presidencia.gov.co/planacio/Documento%20Completo.pdf

ANEXOS

ANEXO 1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL
PUTUMAYO

FUENTE: www.bundenet.com/atlas/putumayo.htm

ANEXO 2

UBICACIÓN DEL BAJO, MEDIO Y
ALTO PUTUMAYO

Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior

www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/04_03_regiones/putumayo/violenci.htm.

ANEXO 3

CUADRO 1: BAJO PUTUMAYO

CORRELACIÓN ENTRE
PARTICIPACIÓN SUPERFICIE CULTIVADA EN COCA SOBRE TOTAL
DEPARTAMENTAL, TASAS DE HOMICIDIO,
PRESENCIA DE ORGANIZACIONES ARMADAS AL MARGEN DE LA LEY Y
PROPORCIÓN DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN SOBRE TOTAL
DEPARTAMENTAL

Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior

Fuentes: (1) Policía antinarcóticos. (2)
Policía Nacional y DANE-DNP. (3) Defensoría del
Pueblo del Putumayo y DANE-DNP. (4) CODHES. (5) Fuerzas Militares
y Oficina del Alto
Comisionado para la Paz. (6) CINEP, Justicia y
Paz, Oficina del Alto
Comisionado para la Paz.
*Las tasas según la Policía Nacional para el
promedio de la región no incluyen a Puerto Caicedo.
Aparecen en negrilla los niveles elevados.
Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República.

CUADRO 2: MEDIO
PUTUMAYO

CORRELACIÓN ENTRE
PARTICIPACIÓN SUPERFICIE CULTIVADA EN COCA SOBRE TOTAL
DEPARTAMENTAL, TASAS DE HOMICIDIO,
PRESENCIA DE ORGANIZACIONES ARMADAS AL MARGEN DE LA LEY Y
PROPORCIÓN DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN SOBRE TOTAL
DEPARTAMENTAL

Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior

Fuentes: (1) Policía antinarcóticos. (2)
Policía Nacional y DANE-DNP. (3) Defensoría del
Pueblo del Putumayo y DANE-DNP. (4) CODHES. (5) Fuerzas Militares
y Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (6) CINEP, Justicia y
Paz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Aparecen en
negrilla los niveles elevados.
Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República.

CUADRO 3: ALTO PUTUMAYO

CORRELACIÓN ENTRE
PARTICIPACIÓN SUPERFICIE CULTIVADA EN COCA SOBRE TOTAL
DEPARTAMENTAL, TASAS DE HOMICIDIO, PRESENCIA DE ORGANIZACIONES
ARMADAS AL MARGEN DE LA LEY Y PROPORCIÓN DESPLAZAMIENTOS
DE POBLACIÓN SOBRE TOTAL DEPARTAMENTAL

Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior

Fuentes: (1) Policía antinarcóticos. (2)
Policía Nacional y DANE-DNP. (3) Defensoría del
Pueblo del Putumayo y DANE-DNP. (4) CODHES. (5) Fuerzas Militares
y Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (6) CINEP, Justicia y
Paz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Aparecen en
negrilla los niveles elevados.

Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República.

ANEXO 4

ÁREA DE CULTIVOS
ILÍCITOS DETECTADOS EN EL CENSO
DE ENERO Y FEBRERO DE 2000
SEGÚN MUNICIPIOS Y REGIONES

Fuente: Policía Nacional. Dirección Antinarcóticos.
Área Erradicación de Cultivos
Ilícitos.

ANEXO 5

Cuadro 1: HOMICIDIOS POR
AÑOS
MUNICIPIOS Y REGIONES

Fuente: Policía Nacional.
Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República.

Cuadro 2: TASAS DE HOMICIDIOS POR
AÑOS
MUNICIPIOS Y REGIONES

Fuente: Policía Nacional y
DANE-DNP. Procesado por el Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República.

ANEXO 6

Fuente: Oficina del Alto Comisionado para la
Paz

ANEXO 7

Para ver el gráfico seleccione la
opción "Descargar" del menú superior

www.disaster-info.net/desplazados/informes/rut/14/rut14_02poblacion.html.

Por:

CAROLINA TELLO GUTIÉRREZ

Nacida en Bogotá (Colombia) en 1979.
Profesional en Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad
Externado de Colombia, con estudios en Derechos Humanos y
Resolución de Conflictos de
la Pontificia Universidad
Javeriana en Bogotá. Experiencia laboral en el
área de los Derechos Humanos a nivel público y
privado.

Categoría: DERECHOS HUMANOS Y
SEGURIDAD