1976-1983
- Situación social,
política y económica previa al golpe de
Estado - La omisión de los
Derechos Humanos: secuestros, torturas, asesinatos,
desapariciones. La "guerra antisubversiva" - Intervenciones y resistencia de
los defensores de los Derechos Humanos - Caída del Régimen
Militar - Informe de la CONADEP. Impacto
social - Juicios y
condenas - Indultos
- Conclusión
- Bibliografía
Todos los seres humanos nacen con derechos y libertades
fundamentales iguales e inalienables.
Las Naciones Unidas
tienen el compromiso de apoyar, fomentar y proteger los derechos
humanos de todas las personas. Este compromiso tiene su origen en
la Carta de
las Naciones Unidas, que reafirma la fe de los pueblos del mundo
en los derechos humanos fundamentales y en la dignidad y el
valor de la
persona
humana.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
las Naciones Unidas han expuesto en términos claros y
sencillos los derechos que tienen todos los seres humanos en
condiciones de igualdad.
Estos derechos te pertenecen.
Son tus derechos.
Aprende a conocerlos. Contribuye a fomentarlos y a
defenderlos, no sólo para ti sino también para tu
prójimo.
Los años 70 estuvieron signados en América
latina por las dictaduras militares. El cruento golpe de Estado
que instaló a Pinochet en el gobierno de
Chile y la
dictadura que en 1976 terminó con el efímero y
contradictorio intento democrático en la Argentina
representaban cabalmente una época de atropello a los
derechos humanos y de negación de la política
partidaria.
Aunque estas fueron las dictaduras más características de la época, no
fueron las únicas. Uruguay,
Bolivia,
Paraguay y las
naciones centroamericanas (a excepción de Nicaragua)
estuvieron durante este tiempo
también en manos de gobiernos militares o gobiernos
autoritarios manejados por las fuerzas armadas.
México fue
una excepción en este panorama y mantuvo formalmente su
estructura
democrática. Cuba, por su
parte, continuó con su modelo de
transición socialista.
Las relaciones
internacionales entre los oficiales de las fuerzas armadas
sudamericanas se habían estrechado desde fines de la
década del sesenta producto de
una especialización contrainsurgente conjunta en las
academias militares norteamericanas. Esta especialización
se enmarcó dentro de la "Doctrina de Seguridad
Nacional". Estas relaciones de militares argentinos con sus
similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos,
bolivianos y peruanos, tendrían sus frutos en los
años de las dictaduras.
Dentro de este marco de cooperación, los
dictadores sudamericanos formaron una organización criminal de alcance
hemisférico, "Operación Cóndor",
cuyo objetivo era
la consecución de los objetivos
políticos y económicos de la conspiración y
la neutralización o eliminación de la
oposición política y múltiples personas por
razones ideológicas.
El golpe de Estado del
año 1976 y hasta su fin en 1983, significó un
proceso
teñido por los secuestros, torturas, desapariciones y
asesinatos, además del pésimo manejo de la economía, del cual
los argentinos nunca podrán olvidarse.
Los hechos sucedidos durante este período son
consecuencia de la muerte del
general Juan Domingo Perón y su
incompetente sucesión presidencial, que derivó en
una crisis social
de la cual los militares tomaron provecho y así
facilitaron su llegada al gobierno, respondiendo a la
"Operación Cóndor", apoyados por la mayoría
de la población que nunca se imaginó tal
trágico desenlace.
La sangrienta represión, denominada "Proceso de
Reorganización Nacional", con una profunda
violación de los derechos humanos, tenía como
objetivo primario restablecer el orden, que en la
concepción de los jefes militares significaba eliminar
drásticamente los conflictos que
habían sacudido a la sociedad en las
dos décadas anteriores y con ellos a sus protagonistas.
Esto significó el comienzo de una brutal represión
que acabó con la desaparición y muerte de
alrededor de 30.000 personas.
Situación social, política y
económica previa al golpe de Estado
Desde 1969, la movilización popular no
sólo había jaqueado al régimen militar sino
desafiado de distintas maneras el orden establecido. Sin embargo,
a pesar de la alta movilización por el conflicto
social, los partidos
políticos no se encontraban en condiciones de encauzar
el enfrentamiento. En este marco, un conjunto de organizaciones
armadas se instaló en el movimiento
popular que creció en barrios, universidades,
fábricas e iglesias. De los varios "ejércitos" que
operaron, realizando acciones
militares espectaculares que eran miradas con simpatía por
buena parte de la población, los que mejor lograron
arraigar en el movimiento popular fueron los Montoneros. Se
trataba de un grupo de
origen nacionalista y católico al que pronto se sumaron
sectores provenientes de la izquierda. Estos combinaban la
acción clandestina con la actividad político
partidaria principalmente a través de la Juventud
Peronista. Otras de las más importantes organizaciones
guerrilleras, el ERP
(Ejército Revolucionario del Pueblo) desconfiaba del
peronismo y
realizaba críticas profundas a la sociedad argentina de la
época y proponía, mas que una liberación
nacional, una lucha latinoamericana contra el imperialismo.
Se nutrían de las ideas trotskistas y guevaristas. Su
presencia en el movimiento popular fue menor que la de los
Montoneros.
El retorno de Perón a la presidencia se produjo
luego de una serie de complejas peripecias. El presidente Lanusse
fracasó en imponer su propia candidatura, pero
logró proscribir al líder
exiliado, quien entonces designó como candidato vicario a
Héctor Cámpora. Éste, que manifestaba una
incondicional solidaridad con
el líder, suscitó a la vez fuertes simpatías
entre los sectores juveniles y radicalizados del peronismo. Los
jóvenes dieron el tono a la agitada campaña
electoral que culminó con el triunfo electoral del
peronismo. Las nuevas autoridades asumieron el 25 de mayo de
1973. Después de dieciocho años, la voluntad
popular podía consagrar, con plena libertad, un
gobierno constitucional que expresaba, a la vez, el deseo
impreciso pero imperioso de transformaciones
profundas.
En el mes siguiente retorna Perón y en septiembre
se vuelve a convocar a elecciones en las que Perón recibe
el 60 por ciento de los votos. Fueron los sectores juveniles
quienes rodearon al presidente Cámpora y ocuparon
importantes posiciones de poder hasta
que Perón lo abandona debido a su inclinación hacia
las organizaciones e ideas de izquierda. Esto culminó en
una verdadera batalla campal el 20 de junio de 1973, día
en que Perón volvía definitivamente al país,
cuando una inmensa multitud se había congregado en Ezeiza
para recibirlo y ambos sectores protagonizaron un enfrentamiento
que dejó muchos muertos.
El conflicto interno del peronismo se desplegó
con toda su fuerza. Frente
a quienes proclamaban la bandera de la patria socialista, otro
sector levantaba la de la "patria peronista", con posiciones
tradicionales decididamente adversas a las ideas de izquierda.
Ambos sectores compitieron por el poder y por el control de las
movilizaciones callejeras, y a ambos recurrieron a la violencia, al
terrorismo y
al asesinato. Fue claro que Perón, quien en su anterior
lucha contra los militares había respaldado a los
jóvenes, ahora repudiaba su accionar, sus consignas y
propósitos, se inclinaba por los sectores mas
tradicionales del partido y se ocupaba de desalojar a los
sectores juveniles peronistas de posiciones de poder. El momento
culminante de esta situación fue el 1º de mayo de
1974 cuando Perón llama a la juventud peronista y a los
Montoneros "imberbes y estúpidos" y los echa de la Plaza
de Mayo. De esta manera se hizo pública la fractura del
peronismo.
Los partidos de oposición, empeñados en
apoyar al gobierno constitucional, no interfirieron ni en este
conflicto, ni en el otro, mas sordo, de Perón con los
sindicatos.
En este marco de fuertes divisiones, el 1º de julio
muere Juan Domingo Perón, reemplazándola en la
presidencia su esposa Isabel, quien no tenía ni la misma
capacidad ni similar autoridad, y
los conflictos se hicieron más agudos. Además
ejerció su gobierno cercada por la figura de José
López Rega, extraño personaje de ideas y
prácticas nacionalistas, esotéricas y violentas,
quien se sindicaba como el poder oculto del gobierno y
organizó grupos
clandestinos dedicados a asesinar dirigentes opositores, muchos
de los cuales eran activistas sindicales e intelectuales
disidentes, no enrolados en las organizaciones guerrilleras.
Montoneros respondió de la misma manera, de modo que la
violencia creció de manera irrefrenable.
La crisis petrolera de 1973 afectó a la Argentina
por el incremento de los precios de los
bienes
importados. Las reservas se agotaron y la balanza de pagos
registró un enorme déficit. También, frente
a una inflación agudizada, el gobierno se lanzó a
un drástico plan de ajuste
económico, que incluyó una fortísima
devaluación y aumento de tarifas
públicas conocido como "rodrigazo", en alusión al
ministro de economía Celestino Rodrigo, acólito de
López Rega. Los sindicalistas respondieron enfrentando con
energía al gobierno y lograron un aumento similar, con lo
que los efectos esperados del "rodrigazo" se perdieron, pero la
economía entró en una situación de elevada
inflación y descontrol. Se produjo la primera huelga general
durante un gobierno peronista que logró alejar a
López Rega del gobierno.
Mientras tanto la violencia llegó a su
máxima expresión. En septiembre de 1974 Montoneros
secuestra a Juan y Jorge Born logrando el increíble
rescate de 60 millones de dólares, mayor botín
obtenido en el mundo por un secuestro. Por
otro lado el ERP logró por entonces asentarse en un sector
de la provincia de Tucumán, donde anunció la
constitución de una "zona liberada", y el
Ejército inició una operación formal para
desalojarlo. También se incrementó la violencia de
derecha. La triple A, Alianza Anticomunista Argentina,
asesinó a adversarios a un ritmo acelerado. Además,
desde 1975 las fuerzas armadas organizaban unidades operativas
clandestinas que pronto superaron a sus enemigos e impusieron una
represión indiscriminada y sin freno. Era evidente que el
gobierno civil había perdido el dominio de la
situación. Un intento de encontrar una salida dentro del
orden constitucional (la renuncia de la presidenta y su reemplazo
por el presidente del Senado, Luder) fracasó.
Poco después, la crisis económica y
política combinadas creaban las condiciones para que las
Fuerzas Armadas depusieran y arrestaran a la presidenta Isabel
Perón y se hicieran cargo del poder el 24 de marzo de
1976, sin oposición y hasta con el aliviado consentimiento
de la mayoría de la población, en un clásico
escenario latinoamericano de violencia y crisis
económica.
Instauración del gobierno de
facto y su accionar. Situación social, política y
económica.
Principales responsables:
El 24 de marzo asumen Videla ( ejército), Massera
( armada), Agosti (fuerza aérea).
El 26 es designado Videla como presidente
Lo reemplaza Viola y a este le sigue Galtieri quien
luego sería reemplazado por Bignone.
El 24 de marzo de 1976 asumió el mando la Junta
Militar, formada por los comandantes de las tres Armas, que
designó presidente al general Jorge Rafael Videla,
comandante del Ejército.
Con el llamado Proceso de Reorganización
Nacional, las Fuerzas Armadas se propusieron primariamente
restablecer el orden, lo que significaba recuperar el monopolio del
ejercicio de la fuerza, desarmar a los grupos clandestinos que
ejecutaban acciones terroristas amparados desde el Estado y
vencer militarmente a las dos grandes organizaciones
guerrilleras: el ERP y Montoneros. La primera desapareció
rápidamente, mientras que Montoneros logró salvar
una parte de su organización que, muy debilitada,
siguió operando desde el exilio. Pero además, en la
concepción de los jefes militares, la restauración
del orden significaba eliminar drásticamente los
conflictos que habían sacudido a la sociedad en las dos
décadas anteriores, y con ellos a sus protagonistas. Se
trataba en suma de realizar una represión integral, una
tarea de verdadera cirugía social.
Con la pasividad de la sociedad el régimen
militar pudo consagrarse a su segunda tarea: la
reestructuración de la economía, de modo de
eliminar la raíz que (según creían)
allí tenían los conflictos sociales y
políticos. José Alfredo Martínez de Hoz fue
el ministro de economía que, durante los cinco años
de la presidencia de Videla, condujo la transformación,
sorteando oposiciones múltiples, provenientes incluso de
los propios sectores militares. En su diagnóstico, el fuerte peso que el Estado
tenía en la vida económica generaba en torno a él
una lucha permanente de los intereses corporativos que afectaban
la eficiencia de la
economía, y finalmente la propia estabilidad social y
política. La presencia del Estado debía reducirse,
y su acción directiva tenía que ser reemplazada por
el juego de las
fuerzas del mercado, capaces
de disciplinar y hacer eficientes a los distintos sectores.
También debería reducirse la industria
nacional y con ella los poderosos sindicatos industriales, que
eran precisamente uno de los factores de la discordia. Un vasto
plan de obras públicas, más espectaculares que
productivas, habría de compensar la desocupación generada. Para lograr estos
objetivos, en el primer año, el gobierno de la dictadura militar
tomó una serie de medidas: intervino a la CGT y a los
principales sindicatos, puso fin a las negociaciones colectivas
de trabajo, prohibió las huelgas, persiguió y
reprimió a dirigentes sindicales y militantes
políticos, congeló los salarios por tres
meses.
En este proyecto se
eliminó la protección industrial y se abrió
el mercado a los productos
extranjeros, que lo inundaron. El Estado renunció a
regular la actividad financiera y proliferaron las entidades
financieras privadas, lanzadas especulativamente a la
captación de los ahorros del público. En momentos
en que el aumento del precio
internacional del petróleo
creaba una masa de capitales a la busca de ganancias
rápidas, la apertura financiera permitió que se
volcaran al país, alimentaran la especulación y
crearan la base de una deuda externa que
desde entonces se convirtió en el más fuerte
condicionamiento de la economía local. Para realizar parte
de las tareas de sus empresas, el
Estado recurrió a empresas privadas, y algunas de ellas se
beneficiaron con excelentes contratos.
Durante la dictadura la Junta Militar fue el
órgano supremo del Estado. Estaba compuesta por los tres
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El Congreso fue
reemplazado por la CAL (Comisión de Asesoramiento
Legislativo) que era un organismo por nueve altos oficiales, tres
de cada fuerza.
El poder Judicial
seguía funcionando pero había áreas donde no
tenía ingerencia. Los nuevos jueces eran obedientes al
poder dictatorial y se habían producido cambios que no
sólo impedían evitar sino que favorecían la
represión ilegal.
Desde los embajadores hasta los intendentes de las
más pequeñas localidades fueron removidos de sus
cargos. Se prohibió la actividad de los partidos
políticos.
Se suspendieron las actividades gremiales de los
trabajadores a través de la intervención de la CGT
y de la prohibición de actuar de las demás
asociaciones, confederaciones y sindicatos.
Todas estas leyes de
excepción inauguraron un proceso de deslegalización
de la vida social, suspendiendo las garantías de
aplicación de la ley común,
en tanto la legalidad constituía un obstáculo a la
violencia de la represión.
El trasfondo ideológico de estas modalidades
políticas era la llamada "Doctrina de
Seguridad Nacional". Por la influencia norteamericana y francesa,
desde los años cincuenta, esta doctrina presente en la
mayoría de los ejércitos latinoamericanos
logró alcanzar en nuestro país un "destacado nivel
y grado de aplicación".
La
omisión de los Derechos Humanos: secuestros, torturas,
asesinatos, desapariciones. La "guerra
antisubversiva"
Concepto de Derechos Humanos: En nuestro tiempo es una
concepción generalizada de que todo hombre, por la
sola razón de su condición humana, posee derechos
inalienables que deben ser reconocidos y amparados por las leyes.
Ni siempre, desde luego, ocurrió así, ni tampoco,
cuando se admitían, se concebían de la misma forma.
De hecho, hasta llegar a su formulación actual, la idea de
los derechos humanos sufrió una larga evolución.
En la actualidad se aceptan los derechos humanos, tanto
en el plano nacional como en el internacional, si bien no existe
acuerdo ni en cuanto a la naturaleza de los
mismos en la teoría,
ni en cuanto al grado de aplicación real en la
práctica. Para unos, los derechos humanos tienen una
naturaleza divina; para otros moral; y para
otros, legal. No hay tampoco opinión unánime
respecto a si han de ser validados por la intuición, la
costumbre, la teoría del contrato social o
el principio de justicia
distributiva.
No obstante, algunos rasgos son aceptados con carácter
de generalidad: 1) los derechos humanos representan demandas
individuales de la comunidad para
participar en el poder, riqueza, educación y mutua
tolerancia;
implican reivindicaciones contra las personas e instituciones
que limiten el ejercicio de esos derechos; 2) los derechos
humanos participan de los órdenes legal y moral, y
expresan lo que "es" y lo que "debe ser"; 3) los derechos humanos
son universales y atribuibles a cualquier hombre por el hecho de
serlo; 4) los derechos humanos de alguna persona o grupo tienen
que restringirse en determinadas circunstancias para asegurar los
derechos de otras personas o grupos; es decir, existe
interdependencia en el ejercicio de los mismos; y 5) existen
algunos derechos fundamentales; si para algunos éstos se
limitan exclusivamente al derecho a la vida y al derecho a la
libertad, otros incluyen el derecho a la propiedad y el
derecho a la igualdad de oportunidades.
La evolución antes apuntada en la
aceptación de los derechos humanos encontró su
reflejo en la Carta de las
Naciones Unidas de 1945, en la que se reafirmó la " fe en
los derechos fundamentales humanos, en la dignidad y valor de la
persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres, así como de las naciones grandes y
pequeñas.
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó, el 10 de diciembre de 1948, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es
otra cosa que la suma de todos los derechos tradicionales
políticos y civiles de las constituciones y sistemas
legales.
La guerra antisubversiva: Según la versión
oficial, se trataba de "erradicar la subversión
apátrida". Muchas de las víctimas estuvieron
involucradas en actividades armadas; muchísimas otras eran
dirigentes sindicales o estudiantiles, sacerdotes, activistas de
organizaciones civiles o intelectuales disidentes. Pero el
verdadero objetivo eran los vivos, los que emigraron, o debieron
silenciar su voz, o aún aceptar lo que estaba ocurriendo,
por falta de voces alternativas a las que, desde el Estado,
justificaban lo sucedido. Ante el horror, la mayoría se
inclinó por refugiarse en la ignorancia. Así fueron
los hechos:
Incursión de los secuestradores o
«patota» en los domicilios. Nocturnidad.
Anonimato
Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo
del secuestro comenzaba el primer acto del drama que
envolvería tanto a las víctimas directas como a los
familiares afectados. Los operativos se realizaban a altas horas
de la noche o de la madrugada, generalmente en días
cercanos al fin de semana, asegurándose así un
lapso antes de que los familiares pudieran actuar.
Generalmente, en el domicilio irrumpía una
«patota» o grupo integrado por cinco o seis
individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando
hasta 50 personas en algunos casos especiales.
Los integrantes de la «patota» iban siempre
provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente
desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus
víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a
éstas como a sus familiares y vecinos. Previo al arribo de
la «patota», solía producirse en algunos casos
el «apagón» o corte del suministro
eléctrico en la zona en que se iba a realizar el
operativo.
La cantidad de vehículos que intervenían
variaba, ya que en algunos casos empleaban varios autos
particulares (generalmente sin chapa patente); en otros contaban
con el apoyo de fuerzas regulares, las que podían estar
uniformadas, en camiones o camionetas identificables como
pertenecientes a alguna de las tres fuerzas y, en algunos casos,
helicópteros que sobrevolaban la zona del domicilio de las
víctimas.
La intimidación y el terror no sólo
apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de
respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos
también a lograr el mismo propósito entre el
vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el
tráfico, se cortó el su suministro
eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores,
bombas, granadas,
en desproporción con las necesidades del
operativo.
Las «patotas» efectuaban los operativos de
secuestro a cara descubierta. En la Capital
Federal y en otros grandes centros urbanos, su anonimato estaba
garantizado por los millones de rostros de la ciudad.
En las provincias, donde su identificación era
más probable dado que alguno de los secuestradores
podía ser vecino de la víctima, debían
disimular sus facciones. Así se presentaban usando
pasamontañas, capuchas, pelucas, bigotes postizos,
anteojos, etc.
En el único lugar donde esta regla no se
cumplió totalmente fue en la provincia de Tucumán,
donde el aparato represor actuaba con la mayor impunidad, y la
población se hallaba más indefensa y expuesta a su
acción.
Luz verde (o Area Liberada)
Queda en claro que cuando la «patota» o
«Grupo de Tareas» debía efectuar un operativo,
llevaba el permiso de «LUZ VERDE».
De esta manera, si algún vecino o encargado del edificio
se ponía en contacto con la seccional de policía
mas próxima o con el comando radioeléctrico
pidiendo su intervención se le informaba que estaban al
tanto del mismo pero que no podían actuar.
Para trasponer una jurisdicción policial, las
fuerzas operantes debían pedir la «luz verde»,
lo cual hacían mediante el uso del radiotransmisor, o bien
estacionando unos minutos frente a la respectiva comisaría
o, incluso, al propio Departamento-Central.
Secuestros en presencia de niños
Cuando
había niños
en la familia que
era «chupada», la represión procedió de
distintas maneras:
1) Niños dejados en la casa de algún
vecino para que éste se hiciera cargo, hasta tanto llegara
algún familiar de la víctima.
2) Niños derivados a Institutos de Menores, que los
entregaban a familiares o los cedían en adopción.
3) Secuestro de los niños para su posterior
adopción por algún represor.
4) Entrega directa del niño a familiares de la
víctima, lo que en muchos casos se hizo con el mismo
vehículo que transportaba a la madre.
5) Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde
aprehendían ilegalmente a los padres.
ó) Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de
Detención, donde presenciaban las torturas a que eran
sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia
de éstos. Muchos de estos niños hoy figuran como
«desaparecidos».
Rehenes y «ratonera»
En los casos que los efectivos intervinientes no
encontraban a la víctima en su domicilio se armaba lo que
denominaban una «ratonera», permaneciendo en su casa
hasta que éste cayera en la trampa.
En tales situaciones, el operativo de secuestro o
«chupada» se extendía varias horas o
días, renovando las guardias. En todos los casos los
familiares eran tomados como rehenes, siendo sometidos a brutales
presiones y atropellos. Los secuestradores usaban todo lo que
podían para proveerse de comidas y bebidas. A esto se
sumaba naturalmente la requisa del inmueble y el posterior y casi
seguro saqueo
de los bienes.
Si accidentalmente alguien se hacía presente en
el domicilio, era también retenido en calidad de
rehén. En el caso de que la víctima principal no
apareciera, los secuestradores podían llevarse a su
objetivo secundario (parientes o moradores de la
vivienda).
El botín de guerra
Los robos perpetrados en los domicilios de los
secuestrados eran considerados por las fuerzas intervinientes
como «B0TÍN DE GUERRA».
Estos saqueos eran efectuados generalmente durante el
operativo de secuestro, pero a menudo formaban parte de un
operativo posterior, en el que otra «patota» se
hacía cargo de los bienes de las víctimas. Esto
configuraba un trabajo «en equipo», con
división de tareas bajo un mando unificado.
También en estos casos la seccional de
policía correspondiente había sido advertida para
que no interviniera ni recibiera las correspondientes denuncias
de secuestro y robo. Si bien el saqueo implica un beneficio
económico para los integrantes de la «patota»
y sus mandos superiores, otra de las motivaciones era el
«castigar» a los familiares de los desaparecidos,
extendiendo de esta manera el terror.
Torturas en el domicilio de la
víctima
En esta suerte de maratón criminal, se
registraron casos en que los interrogatorios de las
víctimas comenzaban en el propio domicilio, sin esperar el
traslado al centro clandestino de detención, en presencia
de los familiares, víctimas también del feroz
tratamiento.
Conclusión del operativo
secuestro
Con el traslado del secuestrado al CCD finaliza el
primer eslabón de un tenebroso periplo. Amenazados y
maniatados, se los ubicaba en el piso del asiento posterior del
vehículo o en el baúl, sumando al pánico la
sensación de encierro y muerte. Se procuraba así
que el terror no se extendiera más allá de la zona
donde se desarrollaba el operativo. Las víctimas no
solamente fueron arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo
sino también hasta de los hospitales.
Tabicamiento
En la totalidad de los secuestros se privaba de la
visión a las víctimas. En el lenguaje de
los represores, se denominaba «tabicamiento» a la
acción de colocarle a la víctima el
«tabique», o elemento para privar de la
visión.
Ello se efectuaba generalmente en el mismo lugar donde
se secuestraba o «chupaba». Los elementos empleados a
tal fin eran vendas o trapos que los propios captores
traían consigo o prendas de vestir de las víctimas,
tales como camisas, pullóveres, camperas, etc., o
sábanas, toallas, etc.
Con el posterior ingreso de las víctimas a los
Centros Clandestinos de Detención, se abría la
etapa decisiva en el proceso de su
desaparición.
Intervenciones y resistencia de
los defensores de los Derechos Humanos
En los primeros meses, la magnitud de la
represión, la ausencia de denuncias o acciones por parte
de los partidos políticos, de los sindicatos, de la
iglesia y de
la prensa colocaron
a la ciudadanía en una situación de completa
indefensión. El estupor, el miedo, las parálisis y
la inacción se extendieron.
Poco a poco, a pesar de las medidas autoritarias y de
las amenazas, a pesar de los secuestros y las desapariciones, muy
lentamente comenzaron a escucharse algunas voces de protesta.
Desde la ética y
los principios, los
sujetos reclamaban por sus derechos individuales. Se trataba de
superar el silencio.
Primero fueron denuncias aisladas, búsquedas
individuales. Luego un conjunto de organismos de defensa de los
Derechos Humanos comenzó a hacer denuncias públicas
en el país y en el exterior. La mayoría de estos
organismos se fundaron como consecuencia de la magnitud de la
represión. Otros ya tenían historia en nuestro
país. Entre ellas se destacaron la Liga Argentina por los
Derechos Humanos, fundada en 1937, El Servicio Paz y
Justicia, desde 1974, La Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, que se conformó en febrero de 1976, Familiares
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que se
crea en 1976 con familiares que fueron encontrándose en
las visitas a las cárceles o en trámites diversos
en juzgados, comisarías, Ministerios del Interior,
la
Organización de Madres de Plaza de Mayo, que comienza
a reunirse desde 1977 y a reclamar por sus hijos desaparecidos,
las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que es un
grupo que se escindió del movimiento original de Madres en
enero de 1986 con el retorno de la democracia,
las Abuelas de Plaza de Mayo, que se constituyeron en 1977
encaminadas a la búsqueda de los niños
desaparecidos para restituirlos a sus legítimas familias,
el Centro de Estudios Legales y sociales, que surge en marzo de
1980 con un programa de apoyo
legal y sistematización de la documentación que sirvió de
apoyatura a las denuncias y la fundación H.I.J.O.S ( los
Hijos por la Identidad, la
Justicia, contra el Olvido y el Silencio), que se empezaron a
reunir en febrero de 1995.
El punto débil del proyecto militar fueron las
profundas divisiones existentes en el seno de las Fuerzas
Armadas, debidas a la competencia
interna y a las apetencias personales de sus jefes. La cuidadosa
división de áreas de influencia entre las tres
fuerzas llevó a una suerte de feudalización del
poder. El comandante de la Marina, almirante Massera, que
ambicionaba la presidencia, se opuso a Videla y sobre todo a
Martínez de Hoz. Varios generales manifestaron
también sus pretensiones y objetaron el reemplazo de
Videla por Viola. Cuando éste asumió el mando,
prescindió de Martínez de Hoz e inició la
tímida búsqueda de una "salida política". La
falta de confianza en la estabilidad y en la posibilidad de
mantener las condiciones económicas desencadenó la
crisis, que se manifestó en una inflación desatada
y una conmoción reveladora de las endebles bases de la
estabilidad lograda por Martínez de Hoz. A fines de 1981
Viola fue reemplazado por el general Leopoldo Fortunato
Galtieri.
Por entonces, cesaba en todo el mundo el flujo
fácil de capitales especulativos y comenzaron los problemas los
deudores. La Argentina, como muchos países, tuvo
dificultades para pagar los intereses de los préstamos
recibidos, con lo que la deuda comenzó a multiplicarse y
los acreedores a presionar para imponer a la política
económica las orientaciones que les permitieran cobrar
su créditos. La crisis se agudizó, y en
la sociedad comenzaron a oírse voces de protesta,
largamente silenciadas. Los empresarios reclamaban por los
intereses sectoriales golpeados, los sindicalistas se atrevieron
cada vez más, y el 30 de marzo de 1982 organizaron una
huelga general, con concentración obrera en Plaza de Mayo,
que el gobierno reprimió con dureza. La Iglesia, que, como
muchos, no había hecho oír su voz ante la
represión, se manifestó partidaria de encontrar una
salida hacia la democracia, en momentos en que los partidos
políticos se agrupaban en la Multipartidaria, tras un
reclamo de la misma índole. Pero lo más notable
fueron las agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos como
las Madres de Plaza de Mayo que gracias a la fuerza de este
reclamo ético despertaron a la sociedad
dormida.
El propio régimen militar contribuyó a
agravar su crisis. El general Galtieri, que se había
propuesto encontrar una salida política satisfactoria para
el Proceso, se lanzó a una aventura militar que, de haber
resultado exitosa, hubiera revitalizado el prestigio de las
Fueras Armadas.
Las Islas
Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1883 fue el
objetivo que se señaló. Desde la década de
1960 la Argentina venía realizando una paciente tarea
diplomática, a través de las Naciones Unidas que,
sin embargo, no había llegado a resultados. Los jefes
militares concibieron el plan de ocupar militarmente las islas
por sorpresa y forzar a los británicos a una negociación, para lo cual Galtieri confiaba
en el apoyo de los Estados Unidos,
donde había establecido excelentes relaciones.
El 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaron en
las islas y las ocuparon. La acción excitaba una veta
chauvinista y belicista de la sociedad, largamente cultivada por
las corrientes nacionalistas de diverso signo. Suscitó un
apoyo generalizado en la población argentina y en casi
todos sus representantes políticos, y los militares se
anotaron una importante victoria. Cosecharon también apoyo
entre los países latinoamericanos, pero la mayoría
de los países europeos se alineó con Gran
Bretaña, que se dispuso para la guerra. Los Estados Unidos
hicieron un gran esfuerzo para mediar entre el gobierno argentino
y el británico, pero los militares estaban imposibilitados
de retroceder sin perder todo lo que habían ganado en el
orden interno. Finalmente los Estados Unidos abandonó su
posición neutral se puso del lado de los británicos
y contra la Argentina, revelando que los militares habían
iniciado su acción ignorantes de lo más elemental
de las reglas del juego internacional.
También ignoraban las específicamente
militares. Trasladaron a las islas una enorme cantidad de
soldados, mal entrenados, escasamente pertrechados, sin
posibilidades de abastecerlos y con jefes que carecían de
ideas acerca de cómo defender lo conquistado. A principios
de mayo comenzó el ataque británico. La Flota
debió abandonar las operaciones,
luego de que un submarino inglés
hundiera al crucero General Belgrano. Pese a algunas eficaces
acciones de la Aviación, pronto la situación en las
islas se hizo insostenible, y su gobernador, el general
Menéndez, dispuso su rendición.
La derrota desencadenó una crisis en las Fuerzas
Armadas. Galtieri renunció, los principales responsables
fueron removidos, pero luego ni la Armada ni la Fuerza
Aérea respaldaron la designación del nuevo
presidente, general Reynaldo Bignone. Por otra parte, la
sociedad, que hasta último momento se había
ilusionado con la posibilidad de un triunfo militar (alentada por
informaciones oficiales que falseaban sistemáticamente la
realidad) se sintió tremendamente decepcionada y
acompañó a quienes exigían un retiro de los
militares y aún la revisión de toda su
actuación desde 1976. Por ambos caminos, se imponía
la salida electoral, que se concretó a fines del
año siguiente, en octubre de 1983.
Informe
de la CONADEP. Impacto social
En 1984, la Comisión Nacional para la
Desaparición de Personas (CONADEP), que presidió el
escritor Ernesto
Sábato, realizó una reconstrucción de lo
ocurrido, cuya real dimensión apenas se intuía. Sus
conclusiones fueron luego confirmadas por la justicia, que en
1985 condenó a los máximos responsables. Concebido
como un plan orgánico, fue aplicado de manera
descentralizada, reservándose cada fuerza sus zonas de
responsabilidad. Grupos de militares no
identificados se encargaban de secuestrar, generalmente por la
noche, a activistas de todo tipo, que luego de ser sometidos a
torturas permanecían largo tiempo detenidos, en centros
clandestinos (La Perla, El Olimpo, La Cacha, que alcanzaron
terrible fama), hasta que una autoridad superior decidía
si debían ser ejecutados o si eran "recuperables".
Proliferaron los "desaparecidos", pues los familiares ignoraban
su suerte y ninguna autoridad asumía la responsabilidad de
la acción, y también las tumbas clandestinas. La
CONADEP logró documentar nueve mil casos, aunque
probablemente (según las denuncias de los familiares) la
cifra deba triplicarse.
Luego de la asunción del gobierno
democrático comandado por Raúl Alfonsín,
militante de la UCR, que triunfó en las elecciones de
octubre de 1983, la relación con los militares
resultó muy difícil debido al reclamo generalizado
de la sociedad de investigar los crímenes cometidos
durante la represión y sancionar a los responsables, y a
la negativa de éstos a rever su actuación durante
lo que ellos llamaban la "guerra antisubversiva", y sus
críticos calificaban de genocidio. El presidente
Alfonsín, que había participado activamente en las
campañas a favor de los derechos humanos y había
incorporado el tema a su campaña electoral, propuso
distinguir entre quienes, desde el máximo nivel,
habían ordenado y planeado la represión (los
miembros de las Juntas Militares, a los que se enjuició),
quienes habían cumplido órdenes y quienes se
habían excedido en ello, cometiendo delitos
aberrantes. Igualmente propuso dar a las Fuerzas Armadas la
oportunidad de que ellas mismas sancionaran a los responsables,
para lo cual impulsó una reforma del Código
de Justicia Militar. Este último procedimiento no
dio resultado, debido a la total negativa de los militares a
admitir que hubiera algo punible en lo que entendían como
una "guerra". La sociedad, por su parte, sensibilizada por la
investigación de la CONADEP y la
revelación cotidiana de los horrores de la
represión, reclamó con firmeza el castigo de todos
los responsables.
Durante 1985 se tramitó el juicio a los miembros
de las tres primeras Juntas Militares, que culminó con
sanciones ejemplares.
Jorge R. Videla: reclusión perpetua
Emilio E. Massera: reclusión perpetua
Orlando R. Agosti: reclusión perpetua
Roberto E. Viola: reclusión perpetua
Armando Lambruschini: reclusión
perpetua
Leopoldo F. Galtieri: 15 años de
prisión
Omar R. Graffigna: 15 años de
prisión
Jorge I. Anaya: 12 años de
prisión
Basilio Lami Dozo: 10 años de
prisión
Para todos, con accesorias legales y costas.
La sentencia de la Cámara Federal morigeró
significativamente las penas impuestas. El motivo esgrimido fue
que no consideró, como sí lo había hecho la
Fiscalía, que los tres miembros de las
Juntas fueran igualmente responsables en la represión,
priorizando en cambio el
accionar de cada fuerza. El Ejército y la Marina
aparecían como los principales responsables, y la Fuerza
Aérea fue sustancialmente beneficiada con esta
"separación de responsabilidades, ya que había
tenido pocos centros de detención directamente a su cargo
y se habían reunido relativamente pocas pruebas en su
contra. La sentencia impuso las siguientes penas:
Jorge R. Videla: reclusión perpetua,
inhabilitación absoluta perpetua
Emilio E. Massera: prisión perpetua,
inhabilitación absoluta perpetua
Orlando R. Agosti: 4 años y 6 meses de
prisión, inhabilitación absoluta
perpetua
Roberto E. Viola: 17 años de prisión,
inhabilitación absoluta perpetua
Armando Lambruschini: 8 años de prisión,
inhabilitación absoluta perpetua
Leopoldo F. Galtieri: absuelto
Omar R. Graffigna: absuelto
Jorge I. Anaya: absuelto
Basilio Lami Dozo: absuelto
Los tribunales siguieron su acción y citaron a
numerosos oficiales implicados en casos específicos, lo
cual produjo la reacción solidaria de toda la
corporación militar en defensa de sus compañeros,
particularmente oficiales de baja graduación, que
(según estimaban) no eran responsables sino ejecutores de
órdenes superiores. Un primer intento de encontrar una
salida política a la cuestión (la llamada ley de
Punto Final) fracasó, pues no detuvo las citaciones a
numerosos oficiales de menor graduación. En los
días de Semana Santa de 1987 un grupo de oficiales se
acuarteló en Campo de Mayo y exigió lo que
denominaban una solución política. El conjunto de
la civilidad, así como todos los partidos
políticos, respondió solidarizándose con el
orden constitucional, salió a la calle, llenó las
plazas y exigió que depusieran su actitud. La
demostración fue impresionante, pero las fuerzas militares
que debían reprimir a los rebeldes, que empezaron a ser
conocidos como "carapintadas", sin apoyarlos
explícitamente, se negaron a hacerlo. El resultado de este
enfrentamiento fue en cierta medida neutro. Luego de que el
propio presidente fuera a Campo de Mayo, los rebeldes se
rindieron, pero poco después, a su propuesta, el Congreso
sancionó la ley de Obediencia Debida, que permitan
exculpar a la mayoría de los oficiales que habían
participado en la represión. Aunque este resultado no era
sustancialmente distinto de lo que el presidente Alfonsín
había propuesto a lo largo de su campaña (los
principales responsables ya habían sido condenados) el
conjunto de la civilidad lo vivió como una derrota y como
el fin de una de las ilusiones de la democracia, incapaz de
doblegar a un poder militar que seguía
incólume.
En el frente militar, Menem optó
por conceder un amplio indulto, a fines de 1989, lo que fue
criticado en el ambiente de
Derechos Humanos, pero dejó casi sin respaldo en la
corporación militar a quienes, como los "carapintadas",
seguían haciendo planteos. Cuando realizaron un
levantamiento, a fines de 1990, fueron muy severamente
reprimidos, en un operativo que incluyó un bombardeo por
parte de varios tanques al Cuartel de Palermo. La popularidad
así adquirida por el presidente le permitió, con
motivo de las festividades de fin de año, incluir en el
indulto a los miembros de las Juntas que aún purgaban sus
condenas.
A partir del día 6 de Octubre de 1989, se
empezaron a conocer una serie de decretos por los cuales el
Presidente de la Nación
perdonaba la pena y en algunos casos, la supuesta pena que le
hubiera correspondido a determinados encausados.
El nuevo Gobierno Nacional entendía
que:
"VISTO que las secuelas de los enfrentamientos habidos
entre los argentinos desde hace dos décadas, obran como
constante factor de perturbación en el espíritu
social que impide alcanzar los objetivos de concordia y
unión a los que el Gobierno Nacional debe atender
prioritariamente, y
CONSIDERANDO:
Que pese al tiempo transcurrido desde la
reinstalación plena de las instituciones constitucionales,
las medidas hasta ahora instrumentadas (no obstante el importante
número de encausados que ellas alcanzaron), han sido
insuficientes para superar los profundos desencuentros que
persisten en el seno de nuestra sociedad, y cuya responsabilidad
última debe ser asumida por todos, como integrante y
participes de una comunidad jurídicamente
organizada.
Que frente a los hechos que generaron
esos desencuentros, la debida conducta social
no ha de ser la de negarlos o fingir cínicamente que no
existieron; mas tampoco ha de ser -en el extremo opuesto- una
actitud que someta la vida comunitaria al cotidiano, depresivo y
frustratorio influjo de ellos y mantenga abierta las heridas que
causaron, y nos coloque a todos bajo un signo fatalmente
divisionista. Se trata de tener la grandeza de ánimo que
supere el sentimiento de rencor – por comprensible que sea- y lo
reemplace por la magnanimidad, sin cuya presencia nunca
lograremos la paz interior y la unión nacional que la
Constitución nos impone como un mandato.
Que dejar atrás aquellos hechos luctuosos no es
un acto de irresponsable condescendencia. Es el requisito que
debemos cumplir para unirnos solidariamente, como un solo pueblo,
sin la división en dos bandos a que quiere arrastrarnos el
pasado. Sólo después de que reconstruyamos esa
unión solidaria volverá a nosotros la
energía vital que necesitamos para ser, de veras, un
país con destino. La idea fuerza de este tiempo es la de
reconciliación. Los argentinos tenemos que reconciliarnos
y conseguir, así, la paz espiritual que nos devuelva a la
hermandad. Jamás la obtendremos si nos aferramos a los
hechos trágicos del ayer cuyo sólo recuerdo nos
desgasta y nos enfrenta.
Que dicha reconciliación nacional "apunta, sobre
todo, al corazón
del Pueblo que ha sido desgarrado, a cuyo fin es preciso que cada
uno apacigüe su propio espíritu deponiendo el odio;
tenga la valentía de realizar una autocrítica
sincera reconociendo los propios yerros; formule con hechos la
voluntad de no excluir arbitraria e injustamente a nadie del
derecho a participar en la conducción de la cosa
pública; aliente el diálogo
sincero y racional como única arma aceptable para la lucha
política y más que a la derrota del contrario
tienda a lograr la armonía de pensamientos y voluntades;
adopte una actitud de condescendencia fraterna hacia
quiénes se hayan equivocado o nos hayan hecho daño,
procurando tomar la iniciativa para el reencuentro con ellos;
ejerza la justicia con rectitud y verdad sin espíritu de
venganza; fomente sentimientos de clemencia en la
aplicación de las penas por los delitos cometidos hasta
desembocar en el perdón sincero, el cual tiene su espacio
propio no sólo en las relaciones individuales sino
también en las sociales" (Conferencia
Episcopal Argentina, 11 de Agosto de 1982).
Que para ello es menester, por sobre toda
consideración sobre la razón o sinrazón de
las diversas posiciones doctrinarias o ideológicas,
adoptar las medidas que generen condiciones propicias para que a
partir de ellas, y con el aporte insustituible de la grandeza
espiritual de los hombres y mujeres de esta Nación, pueda
arribarse a la reconciliación definitiva de todos los
argentinos, única solución posible para las heridas
que aún falta cicatrizar y para construir una
auténtica Patria de hermanos.
Que es responsabilidad indelegable del PODER
EJECUTIVO NACIONAL anteponer el supremo interés de
la Nación frente a cualquier otro, y en su virtud afrontar
el compromiso, histórico que implica esta decisión
de alta política.
Que cabe puntualizar, no obstante, que esta medida es
sólo un mecanismo político, constitucionalmente
previsto para crear las condiciones de la pacificación
nacional. No implica en manera alguna que estos objetivos hayan
sido alcanzados, ni que esté garantizado alcanzarlos; es
una más entre las muchas medidas que el Gobierno Nacional,
sacrificando convicciones obvias, legítimas e
históricas, está dispuesto a propiciar para lograr
la pacificación de la República.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, pretende, así,
crear las condiciones y el escenario de la reconciliación,
del mutuo perdón y de la unión nacional. Pero son
los actores principales del drama argentino, entre los cuales
también se encuentran quiénes hoy ejercen el
Gobierno, los que con humildad, partiendo del reconocimiento de
errores propios y de aciertos del adversario, aporten la sincera
disposición de ánimo hacia la reconciliación
y la unidad. Sólo la actitud desprendida de parcialidades
y prejuicios hará que el dolor que inundó a los
argentinos en las últimas décadas fructifique, como
lo hizo la sangre de
nuestros mayores en los albores de la nacionalidad.
Que quiénes murieron luchando por sus ideales,
descansen en paz; que su memoria no sirva
para la división de los argentinos, que su sangre sirva
para unirlos más, para crear para nosotros, para nuestros
hijos y para los hijos de nuestros hijos un ámbito de paz,
de progreso, de bienestar y de realizaciones.
Que esta decisión también aspira a
consolidar la democracia argentina, pues se trata de un objetivo
de igual rango y jerarquía que el de la
pacificación y reconciliación. Sólo el
pueblo, mediante su voto y por el libre juego de los mecanismos
constitucionales, debe elegir sus gobernantes y proceder a su
reemplazo. Y el futuro que queremos inaugurar debe proscribir por
igual a los mesiánicos de cualquier signo que pretendan
sustituir a la voluntad popular.
Que con respecto al marco jurídico en el cual se
dicta el presente, ante la generalidad de los términos
empleados en el articulo 86, inciso 6 de la Constitución
Nacional, debe atenderse a la regla de interpretación
según la cual, cuando un poder es conferido expresamente
en término generales no puede ser restringido, a menos que
esa interpretación resulte del texto,
expresamente o por implicancia necesaria (C.S.J.N., fallos,
136:258).
Que es también regla orientadora sobre el punto
que la Constitución ha de ser interpretada de modo tal,
que las limitaciones no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al
Estado, y permitan el cumplimiento de sus fines de la manera
más beneficiosa para la comunidad (C.S.J.N., Fallos,
214:425).
QUE EN RAZON DE ELLO, SE COMPARTE LA DOCTRINA SENTADA
POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA CAUSA "IBAÑEZ.J"
(FALLOS, 136:258), SEGÚN LA CUAL, PARA LA PROCEDENCIA DEL
EJERCICIO DE LA FACULTAD DE INDULTAR, LA CONSTITUCIÓN
EXIGE QUE EXISTA CAUSA ABIERTA CONTRA EL DESTINATARIO DE LA
MEDIDA, PERO NO QUE DICHA CAUSA HAYA ALCANZADO NECESARIAMENTE
HASTA DETERMINADA ETAPA PROCESAL, O SEA LA SENTENCIA
EJECUTORIADA.
Que en consecuencia, se considera procedente el indulto
tanto respecto de condenados como de quiénes se encuentran
sujetos a proceso.
Que por otra parte, las medidas que se disponen, en
tanto importan la no ejecución de la pena o la
cesación del procedimiento respecto del indultado, no
implican ejercer funciones
judiciales, ni revisar actos de ese carácter o arrogarse
el
conocimiento de causas pendientes, contrariando el principio
del artículo 95 de la Constitución Nacional.
Mediante ellas no se decide una controversia ni se declara el
derecho con relación a la materia del
juicio, sino que se ejerce una facultad propia del PODER
EJECUTIVO, fundada en razones de orden jurídico superior,
tendiente a contribuir a una verdadera reconciliación y
pacificación nacional.
Que la presente medida se dicte en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 86, inciso 6 de la
Constitución Nacional……….".
Algunos de los indultados que aparecían en el
decreto 1003/89, se hallaban muertos, los casos de Gomez, Grigera
y Murphy; otros seguían en su calidad de desaparecidos,
por ejemplo, los casos Luján, Soria, Espinosa, entre
otros; otros se encontraban sobreseídos por el Tribunal,
los casos de Olasiregui, Daleo, Pastoriza, y los
Larralde.
Los decretos se extendieron hasta fines del año
1989 y entre estas medidas quedaron indultadas las personas
comprendidas en las causas que se instruían por los
levantamientos de Semana Santa de 1987 y los de diciembre de
1988.
Los terribles hechos sucedidos durante la etapa del
último gobierno militar en nuestro país se han
tratado de encubrir y ocultar para de esta manera dejar
sobreseídos a los criminales que hicieron desaparecer
30.000 personas y torturaron, secuestraron y quebrantaron
diversos derechos humanos con total impunidad, además de
animarse a ir a una guerra absurda con el único motivo de
mantener un gobierno que se caía.
Creo que la sociedad aprendió una lección
muy dura, que va perdurar por siempre en el recuerdo de quienes
vivieron la época y de los jóvenes que no se cansan
de pedir justicia.
Al correr estos tiempos de democracia, uno se siente
privilegiado de vivirla y con el firme compromiso de mantenerla,
respetarla y anteponerla ante cualquier tipo de desorden social o
institucional, ya que los hechos sucedidos durante los gobiernos
de Videla, Viola y Massera no se deben repetir NUNCA
MAS.
- "Breve historia de la Argentina" – José
Luis Romero - "Nunca Más" – Informe de
la CONADEP sobre los hechos sucedidos. 1984 - "Haciendo memoria en el país de nunca
más" – I. Dussel, S. Finocchio, S.
Gojman. - "Declaración Universal de Derechos
Humanos" - Enciclopedia Hispánica
- Manual de "Historia
Universal Contemporánea" – Gonzalo de
Amézola, Carlos Alberto Dicroce – Ed.
Kapelusz. - Historia Argentina – Torcuato Di Tella –
Ed. Troqvel - www.nuncamas.org
- www.derechos.org
Jorge Facundo Salguero