Indice
1.
Proceso de paz en el
Salvador.
3. Los Factores
Internos
1. Proceso de paz
en el Salvador.
En Octubre de 1989, el Secretario General de las
Naciones
Unidas Sr. Javier Pérez de Cuellar, informó a
la Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre
el Acuerdo suscrito el 15 de septiembre en la Ciudad de México
entre el Gobierno de El
Salvador y el Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) para entablar un proceso de
diálogo
con el objeto de poner fin por la vía político al
conflicto en
El Salvador. En diciembre de 1989, en forma separada, el Gobierno
del Presidente Alfredo Cristiani y el FMLN pidieron al Secretario
General que les asistiera en la búsqueda de la paz. Esta
idea también quedó reflejada en la
declaración de los cinco presidentes centroamericanos en
una reunión en San José, Costa Rica, en el
mismo mes.
Los esfuerzos del Secretario General y de su
representante personal para
Centroamérica, Sr. Álvaro de Soto, se orientaron a
buscar un formato que permitiera impulsar el proceso que se
establecía bajo sus buenos oficios con el objeto de
obtener el fin del conflicto armado en El Salvador. Tal marco
quedó establecido en el llamado Acuerdo de Ginebra del 4
de abril de 1990, que señaló los cuatro objetivos del
proceso:
- Terminar el conflicto armado por la vía
política; - Impulsar la democratización del
país; - Garantizar el irrestricto respeto a
los derechos
humanos; y - Reunificar a la sociedad
salvadoreña.
Una vez convenido el Acuerdo de Ginebra, las partes
diseñaron una Agenda General y un calendario del proceso
de negociación que fue firmado en Caracas el
21 de mayo de 1990. ahí se establecieron dos fases del
proceso: acuerdos políticos en varios campos que
permitieran el cese del enfrentamiento armado y luego el
establecimiento de garantías y condiciones necesarias para
la reincorporación del país. Conseguidas dichas
garantías, se procedería a la discusión de
otros acuerdos políticos que hubieran quedado
pendientes.
El 26 de julio de 1990, las partes firmaron el primer
Acuerdo en el proceso de negociación relacionado con el
respeto irrestricto a los derechos humanos, que fue
suscrito en San José y que lleva su nombre. El Acuerdo de
San José fue luego la pieza fundamental para la
creación de la Misión de
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) por
resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad, que la
estableció como una misión integrada para
supervisar todos los acuerdos políticos celebrados entre
el FMLN y el GOES, pero cuyo mandato, en su primera fase,
quedaría circunscrito a la verificación de dicho
Acuerdo.
Tanto el Acuerdo de San José sobre derechos
humanos como la resolución 693 (1991) que creaba a ONUSAL
fueron hechos sin precedentes en la historia de las Naciones
Unidas. Es verdad que algo de la experiencia vivida en el proceso
que llevó a la independencia
de Namibia había sido incorporado en la resolución,
al establecer la Misión como un ente integrado que
incluirá personal civil y militar e incluso policial, pero
la realidad de Namibia era distinta a la de Centroamérica
por cuanto aquella correspondía a un país en una
situación semicolonial. Era la primera vez que Naciones
Unidas establecía una misión con un triple
componente: una División de Derechos Humanos, otra Militar
y una tercera de Observadores Policiales para verificar los
acuerdos políticos a que llegaran de dos partes en un
conflicto interno, en una negociación para la
obtención de la paz bajo los auspicios del Secretario
General de las Naciones Unidas.
Durante las discusiones en el proceso de
diálogo-negociación afloró uno de los
verdaderos problemas que
había originado el conflicto: la distribución de la tierra en
un país pequeño y densamente poblado. En efecto, a
medida que se lograban avances en la negociación, se hizo
evidente que era menester enmendar la Constitución para incorporar los acuerdos
en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Se
planteó entonces una alternativa: o bien se modificaba el
artículo de la Constitución que establecía,
precisamente, el mecanismo para modificarla de manera que se
pudieran incorporar las enmiendas en el futuro, o se
procedía a la modificación puntual de los
artículos que se referían a los temas bajo
discusión en la Mesa y que era necesario alterar. Se
desató una fuerte polémica que dejó entrever
la aprehensión de un sector importante del país que
veía en este proceso un peligro para sus intereses
económicos: la posibilidad de que se modificara la norma
constitucional que establece una extensión mínima
intocable de tierras.
La situación de la reforma constitucional
ocasionó la primera crisis en el
proceso de negociación. El hechos de que las
modificaciones deberían ser aprobadas por la Asamblea
Legislativa saliente, cuyo mandato expiraba el 30 de abril, para
poder ser
ratificadas por lanuela Asamblea a partir del 1° de mayo,
impuso un calendario fatal que obligó a una
maratónica negociación cuando se optó por la
alternativa de las reformas puntuales a la
Constitución.
El Acuerdo de México del 27 de abril de 1991
estableció reformas constitucionales para la Fuerza Armada,
para el sistema judicial
y de derechos humanos y para el sistema electoral. Creó,
además, la llamada <<Comisión de la
verdad>> para la investigación de los graves hechos de
violencia
ocurridos desde 1980, <<cuya huella sobre la sociedad
reclama con mayor urgencia el
conocimiento público de la verdad>>. La
asamblea Legislativa saliente aprobó las reformas la noche
del 30 de abril, en forma dramática, en la última
noche de su mandato. Sin embargo, la nueva Asamblea Legislativa
ratificó todas las enmiendas. A excepción de las
relacionadas con la Fuerza Armada, que dejó pendientes, a
resultas de la negociación en dicho punto que se
convertiría luego en el llamado <<nudo
gordiano>> y que ocasionaba la segunda crisis en el
proceso de negociación.
El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente
ONUSAL a lo largo y a lo ancho del territorio salvadoreño,
para la verificación del respeto irrestricto a los
derechos humanos. Antes, a partir del 1° de enero, se
había establecido una Oficina
Preparatoria con el objeto de evaluar la situación en el
país y apoyar los buenos oficios del Secretario General en
la negociación. El Acuerdo de San José
disponía una verificación de Naciones Unidas luego
de un cese del enfrentamiento armado, pero, con posterioridad,
ambas partes solicitaron al Secretario General el establecimiento
de la Misión propiamente dicha sin esperar el cese del
fuego. El Secretario General envió una Misión
Preparatoria, y con sus recomendaciones informó al Consejo
de Seguridad, el que, por resolución 693 (1991), del 20 de
mayo de 1991, estableció la Misión, la que
tenía desde su instalación todos los elementos con
que contaría en el futuro: funcionarios de derechos
humanos, abogados, educadores, observadores militares y
observadores policiales.
Aunque la División de Derechos Humanos era
sólo el primer elemento de una operación integrada,
marcó, sin embargo, el carácter
predominante de la Misión, que se identificó
plenamente con el tema de la defensa de los Derechos Humanos.
Vista ahora, en perspectiva, la decisión de establecer la
Misión de Verificación de Derechos Humanos en
ausencia de una cese del enfrentamiento armado, se puede
concluir, fue sabia, ya que coadyuvó precisamente a que
las partes pudiesen llegar a los acuerdos finales de Nueva York,
puesto que el despliegue de Naciones Unidas en el terreno y la
vigilancia activa del respeto a los derechos humanos
constituyeron un factor disuasivo que mejoró la
situación interna del país y preparó el
<<Camino a la Paz>> , como rezaba el afiche
que se confeccionó con ocasión de la
inauguración de la Misión.
Luego de los Acuerdos de México se produjeron
innumerables encuentros entre el GOES y el FMLN, sin que se
pudiesen registrar avances significativos en el proceso. Se
había producido la segunda crisis. El FMLN exigía,
para proceder al cese del enfrentamiento armado, el otorgamiento
de garantías que le permitieran su reinserción en
la sociedad civil en
un ambiente de
legalidad y seguridad. Era menester para ello comprimir la agenda
adoptada en Caracas, de manera que se pudieran atacar todos los
temas pendientes, discutiéndose en forma simultánea
las especiales características que tendría un cese
del enfrentamiento armado dentro de la realidad política y
territorial de El Salvador.
Los cancilleres de los Estados Unidos de
Norteamérica y de la entonces Unión
Soviética pidieron al Secretario General que se
involucrara directamente en el proceso, a efecto de romper la
impasse que se había producido. El Secretario General
estimó que el problema no era de carácter procesal,
sino estructural, y que era menester encontrar una
solución que permitiera otorgar las garantías
suficientes que solicitaba el FMLN.
Coincidiendo con la participación del Presidente
en la Asamblea General de Naciones Unidas, se logró el
Acuerdo de Nueva York, y se desató el llamado nudo
gordiano mediante la creación de la Comisión
Nacional para la Consolidación de la paz (COPAZ), y el
acuerdo en principio sobre determinados puntos de la Fuerza
Armada, de la Policía Nacional Civil y del tema
económico y social. El Acuerdo de Nueva York abrió
el camino a la obtención de la paz definitiva.
La comisión Nacional para la Consolidación
de la Paz. (COPAZ) se constituía en el mecanismo de
supervisión de los acuerdos entre el FMLN y
el GOES, en forma paralela a la propia ONUSAL, con la diferencia
de que mientras esta era un organismo internacional, aquella era
un mecanismo interpartidario con representación de todas
las tendencias políticas
representadas en la Asamblea Legislativa.
No fue suficiente, empero, el impulso a la
negociación dado por el Acuerdo de Nueva York. Surgieron
fuertes corrientes de rechazo y de critica al Presidente y al
Gobierno por haber accedido a viajar a Nueva York y a dar su
visto bueno a los acuerdos. Esta oposición a la
negociación vino acompañada de una campaña
intimidatoria a la prensa
internacional, a ONUSAL y a otras organizaciones
acreditadas en El Salvador. Las legaciones se encontraban en ese
momento en su segundo intento de llegar a acuerdos en San Miguel
de Allende (México), cuando fueron requeridas para
trasladarse a Nueva York, donde se emprendió una jornada
intensa de negociaciones que concluyó, como es sabido con
la firma del Acta de Nueva York, en la que las partes
reconocieron haber alcanzado un acuerdo sobre todos los aspectos
que se encontraban pendientes y convinieron en establecer un cese
del enfrentamiento armado del 1° de febrero al 31 de Octubre
de 1992. Se anunció que el acuerdo final de paz
sería firmado en la Ciudad de México. El 16 de
enero de 1992
2. El acuerdo de paz del
16 de enero de 1992
Entre los acuerdos alcanzados en Chapultepec destacan el
relativo al cese del enfrentamiento armado, el de la nueva
Policía Nacional Civil y el tema económico y
social. En base justamente al estos nuevos elementos, el
Secretario General informó el 10 de enero al Consejo de
Seguridad la necesidad de variar el mandato original de ONUSAL,
aumentándolo con dos divisiones adicionales: una de
observadores militares que verificaría,
básicamente, el cese del enfrentamiento armado y
determinados acuerdos relativos a la Fuerza Armada, y los
observadores policiales, que cooperarían con la actual
Policía Nacional en el mantenimiento
del orden público durante el período de
transición, en el que se procedería a crear la
nueva Policía Nacional Civil. El Consejo de Seguridad,
mediante resolución 729 (1992), del 14 de enero de 1992,
decidió ampliar ONUSAL, dotándola de una nueva
División de Observadores Militares y otra de Observadores
Policiales para llevar a efecto la tarea de verificación
que dicho Acuerdo le encomendaba.
La paz en El Salvador fue posible por la voluntad
política de ambas partes en el conflicto, que pidieron la
intervención del Secretario General, quien fue el
catalizador del proceso y contó para el feliz desempeño de su papel con el
apoyo de la comunidad
internacional, expresada en sendas resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad, y, especialmente, por la
cooperación y la ayuda que le brindaron en todo momento
los Jefes de Gobierno de Colombia,
España,
México y Venezuela
–los <<Amigos del Secretario General>>-
y sus representantes diplomáticos acreditados en El
Salvador y ante la
Organización de las Naciones Unidas en Nueva
York.
El anhelo de paz del pueblo salvadoreño
A medida que transcurría el conflicto bélico, el
anhelo de paz fue creciendo en la conciencia
colectiva del pueblo salvadoreño. Al final, el
convencimiento de que la alternativa más razonable para
acabar con el conflicto era la negociación, se
generalizó en la mayoría de sectores de la población.
Un hito importante en este proceso, fue la
realización del debate
nacional por la paz, a mediados de 1988, organizado por el
arzobispado de San Salvador. A partir de este evento, el proceso
histórico del país entró en un "estado de
diálogo nacional", según lo definió en su
oportunidad el padre Ignacio Ellacuría al interpretar el
progresivo protagonismo que fueron adquiriendo las fuerzas
sociales en la búsqueda de la solución
política al conflicto.
Al principio del conflicto armado, en 1981 el
término "diálogo" era una palabra repudiada; la
sola insinuación de la conveniencia de dialogar con el
FMLN, podía implicar a quien lo propusiera el ostracismo
social y político, cuando no, la cárcel y la muerte.
Paulatinamente, sin embargo, gracias a los esfuerzos de distintas
fuerzas sociales para configurar una "tercera" fuerza que
obligara a las partes involucradas directamente en el conflicto a
poner los intereses generales del país por encima de sus
intereses particulares, la racionalidad de la solución
negociada se fue cimentando en la conciencia nacional
Texto N° 2
El proceso de diálogo en El Salvador
La necesidad histórica del proceso de diálogo se
fundamenta no sólo en consideraciones abstractas, sino
sobre todo en las exigencias de la realidad misma, las cuales se
manifiestan de múltiples formas. Esta necesidad
histórica no significa que forzosa y fatalmente se vaya a
dar un diálogo quiéralo o no los agentes sociales,
sino que más bien significa que el diálogo se
presenta como un medio necesario, ineludible, para que El
Salvador termine con la guerra y
empiece con la paz de la forma más razonable, más
justa, más eficaz.
Las consideraciones abstractas fundamentales se resumen
en que la violencia armada y la guerra, sobre todo si es
continuada y causa gravísimos daños a inocentes,
deben dejar paso a otro tipo de soluciones y
sólo puede recurrirse a ellas cuando se ha fracasado en
ese otro tipo de soluciones.
Pero la fuerza de la argumentación a favor de la necesidad
histórica del dialogo no
está tanto en justificaciones abstractas o en la
refutación de las razones de quienes se oponen a ella,
sino en el análisis de la realidad histórica,
tal como esta se ha venido dando desde 1980 hasta hoy.
Ellacuría, I., Veinte años de historia en El
Salvador (1969-1989). Escritos Políticos, T. III. San
Salvador. UCA editores, PP. 1378-1379.
Los cambios en la derecha civil
Un desarrollo
clave que abrió el camino hacia las negociaciones con el
FMLN fue la trasformación gradual de ARENA en un partido
civil, de amplia base, representativo de la empresa
privada, de las clases medias y de sectores pobres de ideología conservadora.
A pesar de que en sus inicios fue fundado por elementos
pro-militaristas financiados por miembros de la derecha
salvadoreña radicados en Miami y Guatemala,
ARENA llegó a ser con el tiempo
expresión de una amplia gama de intereses y grupos
económicos. La comunidad empresarial, frustrada por su
incapacidad de influir decisivamente en las políticas
económicas desarrolladas bajo la presidencia de Duarte,
gradualmente se unificó en torno al partido
ARENA. Fue la primera vez en la historia del país que las
clases capitalistas salvadoreñas se aliaban alrededor de
un partido único. Sobre la base de esta alianza, una
imagen
más moderada y un programa
económico de libre mercado, ARENA se
convirtió paulatinamente en un serio competidor electoral,
lo que le allanó el camino para sus victorias en las
elecciones de 1988 y 1989.
Paralelo a este proceso, los costos de la
guerra se combinaron con cambios estructurales y generacionales
dentro del sector empresarial que llevaron a ARENA a negociar con
el FMLN. Hacia finales de los ochenta, los empresarios comenzaron
a tomar plena conciencia de que la guerra y la violencia asociada
a ella, estaban obstaculizando la realización de sus
intereses económicos. Hasta ese momento, el FMLN
había ocasionado daños económicos por cerca
de 2 mil millones de dólares, había destruido
virtualmente la industria del
algodón y había dañado severamente la mayor
parte de las áreas de la actividad económica del
país. Los constantes sabotajes a la red eléctrica, el
derribo de postes y los ataques a las instalaciones de
generación de electricidad,
ocasionaron grandes costos al interrumpir periódicamente
la producción industrial.
Los paros al transporte
provocados por el FMLN llegaron a ser frecuentes y efectivos. En
1987 realizó siete paros, de siete días seguidos
cada uno. Entre 1979 y 1980, más de dos mil camiones y 30
mil autobuses fueron dañados o destruidos en ese tipo de
acciones.
Debido al daño a la infraestructura eléctrica y al
derribo de puentes, las acciones del FMLN ocasionaron costos
directos por más de mil millones de dólares para
reparar o reemplazar equipo e infraestructura. Sumados a estas
pérdidas directas estaban también los serios costos
de oportunidad. En el marco de las discusiones
hemisféricas sobre el libre comercio,
el sector empresarial percibió que la inversión
extranjera en el país podría incrementarse si
la guerra finalizara. La idea de una solución negociada
adquirió entonces relevancia, a pesar de las preferencias
de los militares por la solución militar.
Por otra parte, los secuestros de empresarios, a
mediados de los ochenta, llevados a cabo por militares y civiles
asociados a ARENA, provocaron que muchos empresario le retiraran
el apoyo a la agenda represiva de los militares y de los miembros
de línea dura del partido. Entre los cabecillas de la
banda de secuestradores estaba el Coronel Roberto Mauricio
Staben, quien había sido capturado con el mayor Dabuisson
en mayo de 1980 y cuyo nombre aparecía repetidamente en
los documentos
desclasificados de la CIA como líder y
promotor de los escuadrones de la muerte. En el
momento de su arresto, Staben comandaba el Batallón Arce.
Otros arrestados incluían al ex teniente Rodolfo Lopez
Sibrian, al Mayor José Alfredo Jiménez y Orlando
Llovera Balette, empresario y miembro de ARENA. López
Sibrian, quien había participado en el asesinato de dos
asesores norteamericanos de la reforma
agraria en enero de 1981, es el único que permanece en
prisión actualmente. El coronel Staben, fue liberado
después que oficiales pertenecientes a la "tandona"
Ejercieron presión
sobre el gobierno. Otros militares implicados en los secuestros
huyeron fuera del país, justo antes de ser
arrestados.
Los secuestros y el fracaso en capturar y castigar a los
implicados provocaron un efecto devastador dentro de la comunidad
empresarial. El efecto inmediato fue profundizar su desconfianza
hacia los militares. Además, la participación en
esos delitos de
miembros de ARENA, afectó negativamente a la corriente de
línea dura dentro del partido, aumentando el prestigio de
los moderados como Alfredo Cristiani, quien era más
representativo del sector empresarial que los miembros
fundadores, militaristas y vinculados en una u otra forma a los
escuadrones de la muerte.
Durante los años 1987 y 1988, los fundadores de
línea dura del partido ARENA, los cuales querían
preservar al partido como una organización anticomunista extrema, se
involucraron en un intenso debate con la emergente
fracción de los moderados, quienes sostenían
posiciones más pragmáticas y representaban al
sector modernizante de la comunidad empresarial. El desenlace del
debate se dio cuando, soprendentemente, el mayor Dabuisson,
fundador y líder de la línea dura, respaldó
a Cristiani, quien fue electo presidente del partido y
llegó a ser candidato a la presidencia en 1989.
Este predominio del sector civilista y moderado en
ARENA, a finales de la década pasada, fue determinante en
la creación de condiciones para el inicio del proceso de
negociación que culminó con los acuerdos de
paz.
Autor:
Guadalupe de Muñoz