La iglesia católica y la política en México, 1910-1938

Introducción: La disputa por la sociedad.

La historia contemporánea de México difícilmente podría entenderse sin comprender previamente la posición de uno de los actores principales mundo occidental y sobre todo de los países de tradición latina, la Iglesia católica. Al igual que en todos los demás Estados nacionales, el Estado mexicano debía concentrar en sí todos los poderes de la sociedad, dejando atrás la antigua colaboración con la Iglesia; sin embargo, secularizar el poder e imponer la autoridad gubernamental era una tarea complicada en una sociedad que conservaba muchas de sus características tradicionales, entre ellas, los vínculos que se desprenden de la religiosidad.

Para la Iglesia la separación tampoco fue fácil. Había dependido del "brazo secular" para hacer efectiva la coacción correspondiente a las leyes canónicas; desde finales del siglo XVIII enfrentaba problemas derivados del pensamiento de la Ilustración, como la reducción de la vida religiosa y la rebeldía de algunos sectores del clero parroquial; y en el caso mexicano había ido sacrificando buena parte de su riqueza para los intereses nacionales[1]Aun así, el naciente Estado liberal veía como un peligro la legitimidad, riqueza y ascendiente que todavía conservaba.

El período que trataremos fue decisivo para resolver estas ambigüedades. Fue entonces cuando ambas instituciones se disputaron directamente el apoyo social del que dependía, o bien para consolidarse, o para sostenerse como centros principales de la vida nacional[2]

La disputa por los pueblos, siendo parte de un proceso para definir las relaciones Iglesia – Estado, estaba condicionada por determinadas circunstancias históricas. En ambas partes había sectores radicales, dispuestos a llevar sus actos hasta el enfrentamiento, sin considerar las repercusiones de los actos violentos. Pero antes de entrar en esa historia debe considerarse que la Iglesia pasaba por una etapa de reorganización influenciada por

El catolicismo social

La Reforma juarista había terminado de forma definitiva con el antiguo sistema en el que la Iglesia había mantenido su situación de primera corporación del país[3]perdió además el patrimonio económico de los cuerpos que la integraban, en particular las órdenes religiosas, las cofradías, órdenes terceras y demás asociaciones de laicos. Era indispensable reestructurar la vida de la Iglesia. Reunidos en Roma con el papa Pío IX, los obispos mexicanos comenzaron por trazar una nueva división territorial, erigiendo nuevas provincias eclesiásticas y diócesis sufragáneas. Sin embargo, la búsqueda de un acuerdo con el Estado para evitar la aplicación estricta de las Leyes de Reforma y la preparación de una nueva jerarquía, fueron dos de los objetivos más destacables.

El acuerdo con el Estado tardó prácticamente una década. No fue sino hasta el ascenso del general Porfirio Díaz que la Iglesia obtuvo las garantías necesarias para su desarrollo a través de la "política de conciliación"[4]. Durante sus sucesivos gobiernos, el general Díaz dejó sin vigencia efectiva las leyes de Reforma, mientras el clero abandonaba prudentemente toda participación política. Son hechos muy conocidos los vínculos del Presidente con algunos prelados, como Eulogio Gillow, Pelagio A. Labastida y Próspero María Alarcón; asimismo son conocidos los límites de la conciliación, con los casos de los gobernadores Próspero Cahuantzi, de Tlaxcala, e Ignacio Romero Vargas, de Puebla, amonestados por su acercamiento con los obispos respectivos.

La preparación de nuevos prelados se efectuó a través del Colegio Pío Latino Americano, fundado en Roma a por Pío IX, y en donde estudiaron los jerarcas más célebres de las tres primeras décadas del siglo XX: José Mora y del Río, Francisco Orozco y Jiménez, Leopoldo Ruiz y Flores, Manuel Fulcheri, Martín Trischler, entre otros. Apoyaados por Eulogio Gillow, este grupo de eclesiásticos (los "romanos") fueron ganando progresivamente las principales sedes diocesanas del país en los primeros años del siglo XX[5]

La preparación de los nuevos obispos estaba más cercana a la teología neotomista que se promovió durante el pontificado de León XIII, cuya encíclica Rerum Novarum de 1891 abrió definitivamente las puertas al catolicismo social, corriente que buscaba frenar la creciente secularización a través de una mayor atención a los laicos y los problemas agrícolas y obreros.