Indice
1.
Introducción
2. Corrupción Administrativa
3. Definición de corrupción
aplicada al sector público .
4. Reformas Administrativas
5. El crucigrama político de los
años( 1966-1978 )
6. Conclusiones
7. Bibliografía
1.
Introducción
Actualmente en muchos países la corrupción
es vista como un asunto que merece urgente atención. Diversos elementos de la realidad
latinoamericana y del mundo nos muestran que el fenómeno
ha adquirido dimensiones preocupantes y que a su vez se han
desarrollado múltiples acciones para
luchar en contra de ella.
Las altas esferas de la política y los
negocios a lo
largo y ancho del mundo se han visto afectadas por
escándalos muy importantes. Además las recurrentes
acusaciones mutuas de corrupción
entre los políticos no han cesado de aumentar, así
como su conversión dudosa en "líderes naturales" de
la lucha contra el fenómeno durante las jornadas
electorales.
Reuniones, foros y conferencias de académicos,
funcionarios y hombres de negocios se
han multiplicado para estudiar y combatir el fenómeno.
Paralelamente desde la sociedad civil se
han multiplicado las protestas, denuncias, reclamos y marchas en
contra de la corrupción. La ética, sin
duda alguna, ha cobrado una extraordinaria importancia como medio
para enfrentar la inexistencia de valores
comunes y la expansión de la corrupción
administrativa
En muchos países, hay un amplio sentimiento de
que el servicio
público ha perdido su función
original, que muchos elementos dentro de él son corruptos,
y que también la son muchas de las empresas del
sector privado que comercian con el Estado. El
público ve a los funcionarios, y estos a su vez se ven a
sí mismos, como un cuerpo no responsable ante la
colectividad a quienes ellos han prometido servir.
2. Corrupción
Administrativa
Etimología, definiciones y conceptos
genéricos de la corrupción.
El uso del termino corrupción es relativamente
nuevo. La palabra corrupción en su actual sentido social y
legal, es la acción humana que viola las normas legales y
los principios de la
ética.
Hay quienes al hablar de la corrupción se refieren a los
actos deshonestos en que incurren los empleados del Estado. No es
apropiado usar solo esa palabra en ese sentido, pues las leyes incriminan
y castigaran a la corrupción de menores, y en los
códigos morales los predicadores condenan a la
corrupción de las buenas costumbres. La corrupción
administrativa seria entonces el genérico de los delitos que se
cometen en el ejercicio de un cargo publico y que se clasifican
jurídicamente en los términos
siguientes.
Soborno O Cohecho. Es él más reiterativo
de los delitos contra
la
Administración Publica. Se comete normalmente a
instancia del contribuyente y va desde la entrega de una
pequeña dadiva para evitar una contravención de
simple policía hasta el ofrecimiento de abundantes sumas
para salir del pago de los impuestos.
La exaccion. El agente fiscal que se
aprovecha del miedo o de la ignorancia del contribuyente y le
notifica el pago de un impuesto en
cuantía mayor que lo que le corresponde, esta cometiendo
exacción. Esta no se debe confundir con la
liquidación provisional del impuesto que es
frecuentemente mayor que la suma que termina pagando el
contribuyente.
La concusion. Es una especie de extorsión hecha
por el cobrador de impuestos, que
bajo la presión de
su investidura, conmina al contribuyente a pagarle determinada
cantidad de dinero bajo la
amenaza de aplicarle todo el peso de la ley impositiva.
Ej. Son concusionarios los agentes de seguro social
que en vez de exigir r el cumplimiento de la ley, diligencia
el pago de coima a cambio de
hacerse de la vista gorda ante la violación de los
preceptos que están bajo su celo.
Trafico de influencia. Este se realiza cuando el
funcionario de marras influye para conseguir a favor de alguien
allegado una contrata de obras publicas; o cualquier otra
actividad en la que este involucrada una posición o un
trabajo de beneficio.
La malvesacion. Consiste en desviar caudales
públicos hacia objetivos
distintos a los que consigna el presupuesto en
ejecución.
El abuso del poder. Este
consiste en utilizar la fuerza publica
para resolver problemas
particulares, tan propio de los militares de alto rango, y de
políticos en el ejercicio de puestos de mando, es
igualmente abuso de poder. Lo es
además la obediencia o el acatamiento de las sentencias u
ordenes judiciales por parte del poder
ejecutivo.
El Peculado. Contiene el significado de todas las
palabras descritas precedentemente. El sujeto que ilegalmente se
enriquece o enriquece a otros en perjuicio del Estado es reo
de peculado. El uso en provecho propio de bienes
públicos, la retención de bienes ajenos
que por error han caído en manos de empleados oficiales,
el uso de materiales y
equipos en labores diferentes al objeto de su compra, las
perdidas de bienes estatales, todos son actos que reúnen
los elementos constitutivos del peculado.
3. Definición
de corrupción aplicada al sector
público.
En términos simples, la corrupción es "el
abuso de poder público para obtener beneficio particular".
No se puede suponer que la corrupción siempre signifique
la misma cosa o que tenga el mismo impacto o motivación.
Para los fines de este trabajo "se designa como
corrupción al fenómeno por medio del cual un
funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto
a los estándares normativos del sistema para
favorecer intereses particulares a cambio de una
recompensa. Corrupto es por lo tanto el comportamiento
desviado de aquel que ocupa un papel en la
estructura
estatal (…) La corrupción es un modo particular de
ejercer influencia: influencia ilícita, ilegal e
ilegítima. Esta se encuadra en referencia al
funcionamiento de un sistema y, en
particular, a su modo de tomar decisiones"
Hay dos categorías muy diferentes de
corrupción administrativa: la primera acontece cuando los
actos corruptos se cometen "dé acuerdo con las reglas" y
la segunda cuando las operaciones se
desarrollan "en contra de las reglas". En el primer caso, un
funcionario está recibiendo un beneficio de parte de un
particular por llevar a cabo algo que debe hacer, según lo
dispone la ley. En el segundo caso, se cometen actos de
corrupción para obtener servicios que
el funcionario tiene prohibido proporcionar. La corrupción
"de acuerdo con la ley y contra la ley" puede ocurrir a todos los
niveles gubernamentales y oscila desde la "gran
corrupción" hasta las más comunes y pequeñas
formas en la escala de la
misma.
Causas De La Corrupción
¿Cuáles son las causas de la
corrupción?.
Se pueden señalar tres tipos de causas que
posibilitan la aparición de la corrupción y que se
pueden dar en mayor o menor medida en cualquier
Estado:
Causas formales,
Causas culturales, y
Causas materiales.
Causas formales.
Las causas formales se desprenden de la
delimitación técnica del término y
son:
la falta de una clara delimitación entre lo
público y lo privado,
la existencia de un ordenamiento jurídico
inadecuado a la realidad nacional y
La inoperancia práctica de las instituciones
públicas.
Juntas o por separado, estas causas están
presentes en buena parte de los países
latinoamericanos.
Causas culturales.
Antes de presentar estas causas es necesario
señalar que el concepto que se
maneja hace referencia a la cultura
política
de un país, es decir: "el conjunto de actitudes,
normas y
creencias compartidas por los ciudadanos y que tienen como objeto
un fenómeno político [en este caso la
corrupción]".
Las condiciones culturales permiten así delimitar
la extensión de las prácticas corruptas, la
probabilidad
que se produzcan y el grado de tolerancia social
con que pueden contar.
Son cuatro condiciones culturales
básicas:
La existencia de una amplia tolerancia social
hacia el goce de privilegios privados; permite que prevalezca una
moralidad del lucro privado sobre la moralidad
cívica.
La existencia de una cultura de la
ilegalidad generalizada o reducida a grupos
sociales que saben que "la ley no cuenta para ellos" fomenta
la corrupción y la tolerancia social hacia
ella.
La persistencia de formas de organización y de sistemas
normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno,
suele provocar contradicciones que encuentran salida a
través de la corrupción.
Para algunos casos latinoamericanos, ciertas
manifestaciones corruptas podrían explicarse por la escasa
vigencia de la idea de nación
y la ausencia de una solidaridad
amplia fundada en el bienestar común.
Causas materiales.
Las causas materiales se refieren a situaciones
concretas que dan lugar a prácticas corruptas. Las
situaciones concretas de las que se trata en este caso son las
distintas brechas existentes entre el orden jurídico y el
orden social vigente.
El sociólogo mexicano Gonzalo Escalante
señala cinco brechas principales:
La brecha existente entre las necesidades reales de
control
político y las condiciones formales de ejercicio del
poder. Ej: El conflicto
permanente entre los aparatos policíacos y los sistemas de
garantías jurídicas
La brecha existente entre la dinámica del mercado y la
intervención pública. Ej: Funcionarios de
tributación exigen dinero a una
multinacional para disminuir la cantidad de impuestos que debe
pagar la
empresa.
La brecha existente entre el poder social efectivo y el
acceso formal a la influencia política. Ej: Un gremio de
industriales entrega sobornos a algunos miembros del Congreso
para que aprueben una ley.
La brecha existente entre los recursos de la
administración
pública y la dinámica social. Ej: Un funcionario del
Ministerio de la Vivienda recibe dinero de una organización para orientar ciertos recursos
exclusivamente hacia ella.
La brecha existente entre la impunidad real y la
responsabilidad formal de los funcionarios
públicos. Ej: Un deficiente sistema de control
público permite que las medicinas asignadas a un hospital,
se vendan fuera de este.
¿Cúal es el impacto de la
corrupción?.
La corrupción provoca que las decisiones sean
tomadas de acuerdo a motivos ajenos a los legítimos, sin
tomar en cuenta las consecuencias que ellas tienen para la
comunidad.
Impacto económico.
Dieter Frisch, el ex-Director General de Desarrollo de
la Comisión Europea, ha observado que la corrupción
aumenta los costos de los
bienes y servicios;
incrementa la deuda de un país (y ello conlleva los
futuros costos
recurrentes); conduce al relajamiento de las normas de modo que
se adquieren bienes que no cumplen las normas establecidas o la
tecnología
inapropiada o innecesaria; y puede resultar en la
aprobación de proyectos basados
en el valor del
capital
involucrado en los mismos, más que en la mano de obra (lo
que es más lucrativo para el que comete la
corrupción), pero puede ser menos útil desde el
punto de vista del desarrollo.
Frisch señala que cuando un país aumenta su
endeudamiento para llevar a cabo proyectos que no
son económicamente viables, la deuda adicional no
sólo incluye un costo extra
debido a la corrupción, sino que la inversión se canaliza hacia proyectos
improductivos e innecesarios.
Impacto Político
El impacto político puede medirse a través
de diversos elementos. La corrupción reproduce y consolida
la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre
las élites políticas
y económicas. Respecto a la clase política
consolida las clientelas políticas
y mantiene funcionando los instrumentos ilegales de control.
Respecto al aparato administrativo, perpetúa la
ineficiencia de la burocracia y
genera formas parasitarias de intermediación. Todo esto
conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y a
la erosión de
la legitimidad necesaria para su funcionamiento
adecuado.
Impacto Social
La corrupción acentúa las diferencias
sociales al limitar el papel del
Estado como mediador de las demandas de los distintos grupos sociales
Las clases populares o marginales se ven sometidos a un proceso de
exclusión social y político ya que la
corrupción los aleja del sistema formal y los obliga a
acceder de manera informal a sus medios de
subsistencia.
Ejemplo: Las consecuencias de la corrupción
generalizada:
Sé deslegitima el sistema político. La
corrupción de jueces y de legisladores hizo que los
peruanos aprobaran masivamente la decisión del Presidente
Fujimori de disolver e intervenir los poderes del
Estado.
Mala asignación de fondos escasos. "El problema
de la corrupción en México"
comentó un funcionario público "es que aquí
se derrocha un millón de pesos para robar mil".
Se distorsionan los incentivos
económicos. Los mejores negocios no dependen de la
competitividad
de las empresas sino de
su capacidad de influir en los responsables de tomar las
decisiones sobre las contrataciones. Se afecta así la
eficacia de la
economía
de mercado.
Se destruye el profesionalismo. En un sistema de
corrupción generalizada el interés
por los sobornos reemplaza los criterios
profesionales.
Segrega y desanima a los honestos.
Se impide la planificación, debido a la falsedad de los
datos
4. Reformas
Administrativas
La problemática actual
Existe una creciente propagación de la
corrupción en el interior de la administración pública que, como lo
atestiguan numerosos ejemplos, no puede ser combatida
únicamente con mecanismos de control suplementario.
También existe en América
Latina una creciente difusión de la corrupción
en el sistema político, a menudo alimentada por un
crecimiento clientelista de la administración
pública, una creciente densidad
regulativa y un avanzado grado de politización.
Corrupción significa también destruir la
confianza en los funcionarios, cuando se mezclan las funciones
públicas con las privadas y se lesionan gravemente los
deberes y la responsabilidad de los funcionarios
públicos.
Un conocido juez lo explicó de esta
manera:
"(Los funcionarios públicos) se encuentran en una
relación fiduciaria con respecto a las personas que los
eligieron o los designaron para que las representen… En su
carácter de depositarios de la confianza
pública, ellos están bajo una obligación de
servir al pueblo de la mejor manera posible. En el desempeño de sus funciones tienen
la obligación de demostrar toda la capacidad e inteligencia
que les sean posibles, de ser diligentes y concienzudos, de ser
objetivos y
razonables y, por sobre todas las cosas, mostrar que
actúan de buena fe, con honradez e integridad… Deben
alejarse de toda influencia corrupta y deben realizar las
negociaciones de manera abierta y sincera frente al escrutinio
público a fin de que el pueblo pueda saber lo que sucede y
juzgar con justicia tanto
a ellos como su trabajo. Si los funcionarios públicos no
se desempeñan con honradez y responsabilidad, sus acciones son
inconsistentes con el interés
público…"
Esta cita ilustra una vez más la importancia que
reviste para el funcionamiento de la
administración pública la vinculación de
los empleados públicos con el cargo que ocupan y no con el
partido respectivo o grupos
sectoriales de intereses políticos o
económicos.
En muchos países, los empleados públicos
se sienten comprometidos con los intereses particulares de
quienes los han nombrado. Esto necesariamente lleva a un abuso de
poder, se contradice con la vocación democrática,
en particular con el principio de "igualdad ante
la ley" y reduce el umbral inhibitorio para la corrupción
ya que si se sirve a intereses particulares de terceros,
¿por qué no a los propios
también?.
De ahí la importancia fundamental que reviste el
status del empleado público, si se desea que su desempeño sea independiente de las
coyunturas políticas cambiantes, arraigándolo al
ejercicio del cargo, fundamentado en conocimientos
técnicos y aptitudes, de forma tal que su accionar posea
la necesaria neutralidad ante los diversos intereses
políticos y económicos, y se oriente por los
principios
elementales de legalidad que deben observar quienes actúan
en la administración.
La experiencia demuestra que muchas de las causas de la
corrupción en los países industrializados y en
vías de desarrollo deben buscarse en los errores
institucionales de la administración pública. En
efecto, si se pretende impedir que se difunda la
corrupción y si se desea combatirla eficazmente, es
preciso impulsar una reforma básica de la
administración pública, eliminando las fallas
institucionales que conducen a la corrupción. En los
países en desarrollo la corrupción en la
administración pública está más
difundida que en muchos países industrializados, ya que
estos últimos han avanzado más en la
institucionalización de los organismos
administrativos.
No es posible combatir la corrupción apelando
exclusivamente a la ética y a la transmisión de
valores
morales. Es necesario que se eliminen las oportunidades que
generan la corrupción, incrementando al mismo tiempo los costos
y los riesgos que la
misma implica.
Posibles enfoques para una reforma administrativa con el
objeto de combatir la corrupción.
El punto de partida de cualquier reforma administrativa
consiste en redefinir las funciones del Estado y limitarlas a lo
esencial. Las experiencias demuestran que cualquier tarea
adicional que emprende el Estado provoca un crecimiento desmedido
de la administración, volviéndola, por lo tanto
cada vez menos gobernable y más difícil de
financiar. En lo posible esta reforma debería incluir la
privatización de aquellas tareas que
venía cumpliendo él estado y que puede delegar. En
muchos países ha quedado demostrado que ciertas
privatizaciones permiten reducir los niveles generales de
corrupción. Esto no significa que no exista
corrupción también en el sector privado. Sin
embargo, es indudable que en las empresas privadas es más
fácil establecer los debidos controles, dado que
allí no existe como en el caso de la política una
superposición de objetivos de eficiencia
económica con objetivos políticos.
Una descentralización de la estructura del
Estado puede ayudar a combatir de modo eficaz la
corrupción, o al menos dificultar su generación. La
descentralización desplaza la
responsabilidad a los niveles inferiores. En ese caso será
más fácil definir las responsabilidades y practicar
los controles, en particular porque las decisiones se toman en el
nivel en el que se generan los actos.
Elementos importantes en la lucha contra la
corrupción son las reformas administrativas y la
simplificación de los trámites, haciendo de este
modo más transparentes los procesos
administrativos para los ciudadanos.
Contribuye a ello la circunstancia de que las
autoridades estén obligadas a fundamentar sus decisiones
sobre derechos y
reivindicaciones del ciudadano. Reviste especial importancia para
una mayor transparencia de los procesos de
decisión, reducir el número de entes y niveles que
participan en la decisión. Por otra parte es importante
que las decisiones que quedan libradas a criterio de la
administración se reduzcan al mínimo nivel.
Allí donde sean necesarias, deberán quedar sujetas
a reglas claras a fin de que el ciudadano pueda verificar si se
hizo debido uso de las facultades otorgadas.
En América
Latina se observa que existen muchas disposiciones que regulan en
forma contradictoria los mismos o similares hechos, de modo tal
que el empleado que deba adoptar las decisiones puede remitirse a
bases jurídicas disímiles para la toma de
decisiones. En ese caso, la influencia de consideraciones
ajenas a la cuestión técnica, como puede ser la
corrupción, se extiende rápidamente.
Los principios de la vida pública.
Para controlar la corrupción se deben aplicar los
siguientes principios:
Responsabilidad de los funcionarios.
Cuando se habla de "Servicio
Público" se hace referencia a los servidores
públicos en general y a los "mandatarios" electos.
También en América
Latina responde a la vocación democrática
interpretar a la función
pública sin hacer distinciones entre cargos con
convocatoria oficial y cargos obtenidos en virtud de un acto
comicial. Para ambos tipos de funcionarios rigen las mismas
normas, aun cuando las funciones en el marco de los poderes
públicos también determinen diferencias en cuanto
al status conferido por el cargo. Los cargos políticos
siempre son temporales en virtud de que están sujetos a un
cierto período electoral. Estos participan en la gestión
de gobierno y por lo
tanto comparten su destino. Sin embargo, de ello no se desprende
para el titular electo o político, que le esté
permitido guiarse en sus actos por intereses particulares, sean
éstos de terceros o propios, por cuanto ello no
sólo lesionaría los principios de deberes de
funcionario público, sino también el principio de
legalidad, principios ambos a los que el funcionario
político está tan sujeto como todos los
demás funcionarios públicos. Al igual que en el
caso de éstos, sus actos deben ser controlables, es decir
deben ser transparentes.
Profesionalización del personal.
Los servidores
públicos tienen que ser idóneos para el cargo en
cuanto a su capacidad técnica y personal.
Sólo así es posible evitar que las personas que
ocupan los cargos sean convocadas sobre la base de su
reracionamiento personal y no por sus condiciones técnicas y
personales. Aun cuando los aspectos políticos no se pueden
excluir siempre, no deberían ser el único criterios
para la convocatoria a un cargo público calificado. En
este sentido sería conveniente estimular el desarrollo de
escuelas de capacitación para la función
pública.
Remuneración adecuada del personal.
Los servidores públicos deben ser remunerados de
conformidad con las exigencias que les plantea el cargo y la
responsabilidad que se delega en ellos, así como por la
formación recibida. Sólo entonces se puede esperar
que el servidor
público también se sienta consustanciado con la
"causa pública". Pero esto por sí sólo no es
suficiente. Además, los ascensos deben hacerse siguiendo
criterios técnicos y de eficiencia, y no
sólo en función de consideraciones
políticas, aun cuando esto sea cada vez más
difícil de lograr. Si las promociones se otorgan
fundamentalmente siguiendo criterios políticos, no
podrá aguardarse de los funcionarios que ejerciten su
cargo en forma imparcial y siguiendo criterios técnicos y
objetivos. Normalmente se guiarán para el ejercicio de sus
funciones por pautas esencialmente políticas o
buscarán otro tipo de resarcimiento a través de la
corrupción.
La nueva organización de personal debe ser
complementada por una permanente capacitación, entrenamiento y
mayor participación.
Desarrollo de Códigos de Ética.
Aún cuando se ha señalado que las razones
para el surgimiento y la propagación de la
corrupción deben buscarse fundamentalmente en errores
institucionales de los sistemas
administrativos, también pueden ser de gran ayuda
códigos éticos, para impedir o combatir el
surgimiento y la difusión de corrupción.
Sólo a través de códigos éticos,
coordinados y discutidos con el personal en un proceso
permanente, es posible lograr que el personal se identifique con
las reglas de una gestión
de la función pública esencialmente técnica
y políticamente imparcial
Además, este método
permite introducir en los propios funcionarios mecanismos
personales tales que los inhiban de incurrir en actos de
corrupción. Sin embargo, las medidas implementadas
sólo podrán ser exitosas, si los empleados y
funcionarios que observen una conducta conforme
a la ley, reciben un adecuado reconocimiento a esa
gestión.
Ejemplo: Los principios de la Comisión
NOLAN.-
Toda administración moderna debe guiarse por un
cuerpo de principios que rija la relación entre los
funcionarios públicos y los particulares; la
Comisión Nolan del Reino Unido presentó en 1995 los
siguientes principios:
Neutralidad: Quienes ocupan cargos públicos deben
tomar las decisiones basadas en el interés público.
No deberían hacerlo guiados por posibles beneficios
materiales o financieros, ni según el bienestar de sus
familiares, amigos o conocidos.
Integridad: Los funcionarios públicos no pueden
aceptar ningún tipo de prestación financiera o de
cualquier otra índole proveniente de organizaciones o
personas, que comprometa sus responsabilidades como funcionario
público.
Objetividad: Los funcionarios públicos
deberán realizar sus tareas de acuerdo a las normas que la
regulan. Esto deberá aplicarse en toda actividad
desarrollada, tal como un nombramiento, la adjudicación de
un contrato o la
recomendación para una persona.
Rendición de Cuentas: Los
funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus
acciones y decisiones que afecten a la colectividad y deben estar
dispuestos a someterse a la revisión y análisis de sus acciones.
Sinceridad: Los funcionarios públicos deben ser
tan sinceros como les sea posible, con respecto a las decisiones
y acciones que tomen. Deberían explicar la razón de
sus decisiones y restringir la información sólo cuando el
interés público así lo requiera.
Honestidad: Los funcionarios públicos tienen la
obligación de declarar cualquier interés privado
relacionado con sus responsabilidades públicas, y deben
tomar todas las medidas que sean necesarias para resolver
cualquier conflicto que
surja a fin de proteger el interés
público.
Liderazgo: Los funcionarios públicos deben
promover y respaldar estos principios mediante el buen ejemplo y
el liderazgo.
Pesos y contrapesos.
El ejemplo que inspiran los líderes y los
funcionarios públicos de alto nivel es fundamentales para
el logro y mantenimiento
de un sistema nacional de integridad eficiente. Sin embargo,
¿quién vigila a los líderes? El objetivo en
todo sistema de integridad consiste en construir una estructura
de pesos y contrapesos ("checks and balances") dentro de un marco
de principios fundamentales previamente acordados.
El desafío consiste en construir un sistema
transparente y responsable con dos objetivos principales: el
primero consiste en evitar el fraude, mientras
que el segundo consiste en lograr que los funcionarios superiores
crean que existe una verdadera posibilidad de que el fraude pueda ser
detectado.
El control de la corrupción no puede dejarse
sólo en manos de los fiscales ni de las fuerzas de la ley
y del orden. La acción no depende solamente de la
detención y del procesamiento penal. Por el contrario, la
acción debe comprender una combinación de acuerdos
mutuos. En parte, este concepto incluye
el mejoramiento de la transparencia en las relaciones, y en la
medida que sea posible, evitar el desarrollo de relaciones que
puedan llevar a la corrupción. Incluye la transparencia en
las cuestiones financieras de los funcionarios más
importantes y la posibilidad de control por parte de instituciones
independientes anticorrupción.
Cambios organizacionales.
Los cambios organizacionales dentro del sector
público pueden ayudar a disminuir las oportunidades de
prácticas corruptas. Singapur por ejemplo,
desarrolló con éxito
su programa
anticorrupción a principios de la década de los
setenta a través de la aplicación de los siguientes
puntos:
Mejoramiento de los métodos y
procedimientos
laborales para reducir las demoras.
Incrementar la efectividad de la supervisión, para que los responsables
puedan supervisar de manera efectiva el trabajo de
sus subordinados.
Rotar a los funcionarios, para asegurar que ninguno de
ellos permanezca por mucho tiempo en el
mismo puesto.
Realizar inspecciones sorpresivas en los lugares de
trabajo.
Tomar medidas adecuadas de seguridad para
evitar que personas no autorizadas tengan acceso a las
dependencias públicas.
Revisar permanentemente las medidas
anticorrupción con el objeto de introducir las reformas
necesarias.
En 1993 el gobierno de los
Estados Unidos
lanzó una iniciativa de reestructuración del
gobierno federal. Este proyecto conocido
como Reinventing Government (REGO), ha sido una de las propuestas
más importantes de la administración
demócrata. Las ideas recogidas en el libro "La
Reinvención del Gobierno" se transformaron en la columna
vertebral del proyecto y uno de
los autores, Soborne, fue convocado como uno de los principales
asesores.
Los principales denominadores comunes de los gobiernos
empresariales que caracterizan al proyecto REGO son:
Solución de problemas a
través de una acción catalizadora.
Fomento de la competencia
dentro del gobierno y entre los proveedores
del gobierno.
Medición de la eficiencia de los organismos de
acuerdo a los resultados obtenidos, y no a los recursos
utilizados.
Acercamiento al consumidor: pasar
de considerar al ciudadano como un usuario molesto a verlo como
un cliente a quien
hay que respetar y satisfacer.
Buscar cómo obtener recursos y no sólo
gastarlos.
Prevención de los problemas, en lugar de la
administración de las soluciones.
Descentralización de la autoridad:
simplificación de las estructuras
logrando una mayor horizontalidad en la toma de
decisiones.
Orientación al mercado.
Promoción de la participación activa de la
comunidad en
los asuntos públicos.
Estos principios han transformado las nociones
imperantes en la administración pública
norteamericana y sus
Repercusiones han trascendido las fronteras de Estados Unidos.
Diversas administraciones públicas latinoamericanas
estudian y aplican actualmente las ideas de Osborne y Gaebler,
como por ejemplo en Argentina.
Allí, gobiernos seccionales de Buenos Aires,
Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Santa Cruz, San
Luis y Tierra del
Fuego han tomado la iniciativa en la búsqueda de ofrecer
mejores servicios a través de una gerencia
eficaz de los recursos disponibles para:
Contribuir al equilibrio
presupuestario.
Obtener una ventaja competitiva en la competencia por
capital
externo.
Mejorar la recaudación impositiva.
Conseguir y mantener a los mejores empleados.
Reducir la corrupción.
Ejemplo: Argentina y el
gobierno gerencial.
En el municipio de Tigre los inspectores tributarios del
municipio no reciben salarios, sino
una comisión sobre la evasión que identifican y las
moras que cobran. Esa comisión surge de un 6% adicional
cobrado a los evasores. El interés en obtener las
comisiones genera una competencia positiva entre los inspectores
que ha permitido al municipio no solo ahorrar los recursos
destinados a salarios, sino
también aumentar la recaudación y evitar el uso de
dinero de contribuyentes para controlar a los evasores. En el
municipio de San Isidro, a su vez, se paga desde hace poco tiempo
no por horas de trabajo sino por cantidad de inspecciones, lo que
tiene un impacto directo en la productividad del
inspector, así como en la competencia del
mismo.
En este mismo municipio se comprueba como el fomentar la
competencia entre los aspirantes a adjudicarse una
licitación es beneficiosa para los ciudadanos y para las
arcas municipales. Estos beneficios se maximizan si se dan dos
condiciones: 1) que no haya arreglos entre los candidatos y 2)
que la licitación sea flexible de manera tal que ofrezca
alternativas a los candidatos.
Reforma de programas del
sector público.
Es posible que los programas
públicos que están seriamente afectados por la
corrupción puedan modificarse si se diseñan
nuevamente 26.
La primera y mejor opción en muchos casos es la
eliminación del programa. Muchos
países tienen reglas y reglamentos que no son necesarios.
Se puede y se debe terminar con ellos. Otros programas
podrían ser útiles en un Estado que funciona bien,
pero no son eficientes cuando la corrupción es
endémica.
La segunda opción consiste en que el objeto
principal del programa se mantenga, pero que el procedimiento sea
rediseñado para simplificar y facilitar el control. Sin
embargo, la simplificación (Ej. : la reducción del
número de pasos que se necesitan para obtener la
aprobación y el pago por parte del gobierno por bienes
suministrados) no siempre reduce la corrupción si las
normas son muy estrictas. La rigidez burocrática con
frecuencia genera condiciones adecuadas para el desarrollo de la
corrupción.
La tercera opción consiste en la privatización (el traspaso al sector
privado de empresas manejadas por el Estado), ya que los métodos de
rendir cuentas en el sector privado y la necesidad de administrar
empresas productivas son incentivos muy
importantes para poner en práctica estrategias
internas contra la corrupción. Algunos defensores de la
privatización inclusive afirman que ésta constituye
una solución definitiva para la corrupción. Otros,
afirman que disminuye la corrupción pero al mismo tiempo
se convierte en "un mazo a punto de partir una nuez", es decir,
que tiene efectos sociales devastadores.
Hasta ahora, las propuestas se han concentrado en
torno a las
reformas que se deben implantar en la estructura pública
de cada país. Es necesario pasar a estudiar la importancia
de generar un entorno ético y promover la activa
participación de la sociedad civil en
el desarrollo de estrategias
anticorrupción.
La creación de un entorno
ético.
En su conjunto, los elementos enunciados establecen y
promueven una tradición de vida pública basada en
la transparencia, la eficiencia y la honestidad. Sin
embargo, esto es necesario más no suficiente, es
prioritario crear un entorno ético en donde se desenvuelva
esta tradición y que:
Se desarrolle, promocione, adapte y actualice de acuerdo
a la evolución de los escenarios dominantes en
cada país.
Sea reconocido y respetado por parte de los particulares
y los funcionarios públicos.
Sea susceptible de cambios rápidos para eliminar
posibles puntos débiles que se detecten en su
estructuración.
Sea apoyado por parte del liderazgo
político y administrativo de cada país, con el
objeto de generar confianza y credibilidad por parte de la
sociedad civil
hacia ese entorno.
La participación de la sociedad
civil.
Una de las razones fundamentales por las cuales las
estrategias anticorrupción no han tenido resultados
positivos se debe, en buena parte, a la falta de un elemento
fundamental en la vida de todo país: la
participación activa de la sociedad civil.
Según un artículo en The Times of India: "La
aceptación de la corrupción por parte de la
sociedad como un hecho común y el desaliento generalizado
debe ser lo primero que se debe enfrentar" 27 .
Muchos de los integrantes de una sociedad civil tienen
un interés especial en lograr un sistema de integridad
efectivo, incluyendo el sector privado, líderes
religiosos, los medios de
comunicación, profesionales y, sobre todo, el
ciudadano común que sufre las consecuencias diarias de la
corrupción.
No cabe duda de que la sociedad civil constituye un
elemento fundamental en toda estrategia
exitosa contra la corrupción. En Argentina por ejemplo, se
está diseñando un proyecto de control y de
transparencia del Estado. El objetivo
planteado es darle impulso a la participación ciudadana
para que intervenga en dicho control. Con este fin, se pretende
contratar una consultora que en 24 meses organice un
ámbito donde se discuta y participe, y a otra que cree
mecanismos de control de la corrupción (por ejemplo,
generando un banco de datos de los
patrimonios de los funcionarios provinciales). El proyecto que es
supervisado por el Banco Mundial,
apunta a "generar algo que sea una parte más de las
instituciones mendocinas" cuenta Alejandro Casabán quien
está a cargo de la oficina de
Inspección general- "y para el futuro, la esperanza es que
cada municipio cuente con un organismo de esta naturaleza"28
.
Algunas de las soluciones se
encuentran dentro de la misma sociedad, por ejemplo la necesidad
de cambiar la apatía o tolerancia pública con
respecto a la corrupción. Sin embargo, la sociedad civil
es parte del problema. La idea de que las actividades del Estado
se desarrollan en una esfera completamente ajena a la esfera de
las actividades privadas es errónea.
El punto de contacto entre el sector privado y el
público es el punto en el cual nace la corrupción y
donde se pagan las sobornos.
De esta manera, todo intento de establecer una estrategia contra
la corrupción que no incluya a la sociedad civil
está ignorando a una parte del problema y al mismo tiempo
a una de las herramientas
disponibles más útiles y poderosas para
atacarlo.
De hecho, en muchos países donde la
corrupción predomina, la sociedad civil es débil,
apática o se encuentra en las primeras etapas de
movilización y organización. Pero de ninguna manera
éstas son razones para ignorar su papel, dado que la
simple participación de la sociedad civil en crecimiento
puede, por sí misma, fortalecer y estimular el desarrollo
de una estrategia contra la corrupción.
A lo largo de este capítulo se han repasado
brevemente los elementos necesarios para el desarrollo de una
estrategia anticorrupción cuyo enfoque sea múltiple
e involucre activamente al Estado y a la sociedad
civil.
Observación final.
Luego de estas consideraciones, debería quedar
establecido que no se puede combatir a la corrupción a
través de reformas administrativas aisladas.
Adicionalmente a las mismas, se debe agregar la reforma funcional
del Estado y de sus leyes, que son
los fundamentos con base en los cuales la administración
adopta sus decisiones posteriores. Pero tampoco esto es
suficiente. Otro elemento importante es una reforma básica
de la
organización del personal en la administración
pública y de los entes que dependen de la misma.
Finalmente, el ciudadano y la sociedad quedan convocados a
participar activamente en la reforma administrativa y en la lucha
contra la corrupción, lo que es una condición
esencial para que se introduzca un cambio fundamental en la
relación entre la administración y el
ciudadano.
5. El crucigrama
político de los años( 1966-1978 )
Primer periodo:
1 de julio de 1966
Inicio del primero de los tres mandatos presidenciales
de Joaquín Balaguer
Comienza el período llamado de los 12 Años
de Balaguer.
1966-1970
El fantasma de la revolución
socialista de Cuba
seguía presente. El auge de
Los movimientos revolucionarios de izquierda en América
Latina, determinó la política represiva del
régimen en contra de los grupos de izquierda y de
influencia marxista. Se desata la persecución de los
dirigentes del Movimiento
Popular Dominicano (MPD), del Movimiento 14
de Junio y el Partido Comunista Dominicano. Los dirigentes del
PRD eran vistos como los principales enemigos del
gobierno.
Se creó el grupo
paramilitar la banda, compuesto por antiguos militantes de los
grupos de izquierda. Su fin principal era el de reprimir a la
oposición política, fundamentalmente a la juventud que
defendía las posiciones de izquierda. Se calcula que entre
1966 y 1974, cerca de tres mil ciudadanos perdieron su vida,
fruto de la represión.
En marzo de 1970, Juan Bosh regresa al país. A su
llegada planteó que no debían participar en las
elecciones de mayo, calificadas por el líder
como un "matadero electoral".
Sin oposición visible, el 16 de mayo se
celebraron las elecciones y Balaguer ganó sin
discusión ni contendientes.
Segundo periodo:
16 de agosto de 1970
Balaguer se juramenta, una vez más, como
Presidente de la República.
1971
El general Elías Wessin y Wessin es enviado al
exilio, después que fue descubierto en su intentode
organizar un golpe de Estado
en contra del Presidente Balaguer.
1972
Se desata una campaña internacional condenando la
violación de los Derechos humanos
en la república Dominicana. Se hicieron graves denuncias
en los foros internacionales sobre la política represiva
del régimen, lo que obligó a disminuir la
represión.
Febrero de 1973
Invasión de Playa caracoles el 1 de febrero de
1973. Francisco Alberto Caamaño con un pequeño
grupo de
guerrilleros entra al país por las playa De
Ocoa.
Noviembre de 1973
Se produce la división en el PRD. Bosch sale de
ese partido, haber virado hacia la derecha. Funda el partido de
la Liberación Dominicana (PLD).
Cuando aún lideraba las filas del PRD, Bosch
había creado una gran alianza alaguerista (el Bloque de la
Dignidad Nacional). Desde la nueva Organización
política, siguió dirigiendo el
movimiento.
El PRD, liderado ahora por José Francisco
Peña Gómez, por su parte, creó El llamado
Acuerdo de Santiago, el cual estaba integrado también por
él MPD y el Partido Quisqueyano Demócrata cuyo
líder
Elías Wessin y Wessin había sido uno de los
militares anticonstitucionalistas.
La alianza opositora determinó un nuevo
recrudecimiento de la represión.
Enero de 1974
La represión se expande por todo el país.
Se inician los aprestos. Para las Nuevas elecciones generales.
Meses después ante el clima represivo,
el Acuerdo de Santiago decidió retirar sus candidaturas y
no presentarse a las Elecciones.
Mayo de 1974
Balaguer participa prácticamente solo en el
electoral. Gana por tercera vez.
Tercer periodo:
Agosto de 1974
El 16 de agosto de 1974 el presidente Balaguer se
inviste por tercera vez en El poder.
1976
Se expande el clima de
descontento en contra del régimen. Las denuncias de
Corrupción estaban a la orden del día. La
credibilidad del gobierno estaba decreciendo
aceleradamente
1977
Se legaliza el Partido Comunista Dominicano.
1978
Meses de tensión por la campaña electoral.
En mayo fueron celebradas las elecciones generales. El candidato
opositor, Antonio Guzmán, dirigente del PRD, era el
favorito. Los partidarios del reformismo se negaron a
aceptar
Los resultados de las urnas, hasta tal punto que un
grupo de militantes Irrumpió en la Junta Central
Electoral, interrumpiendo abruptamente el Conteo. Protestas
nacionales e internacionales, principalmente del Presidente de
los Estados Unidos, Jimmy Carter, pudieron detener la crisis, No sin
antes llegar a acuerdos políticos con el reformismo. El
punto Principal de este acuerdo, llamado popularmente Fallo
Histórico, fue la Cesión del control del senado, y
una ampliación de su representación en la
Cámara de Diputados, al partido Reformista. El 16 de
agosto de 1978, Antonio Guzmán se juramentaba como
Presidente de la República.
El prd en el poder disputas y
contradicciones.(1978-1986)
1976
Tensiones en el PRD por la candidatura presidencial. El
binomio Antonio Guzmán-Jacobo Majluta se impuso a la
tendencia de Salvador Jorge Blanco.
1977
El 16 de agosto de 1978, Antonio Guzmán se
inviste como Presidente de la República.
Desde los inicios de su gobierno, comienzan las
críticas en el interior del PRD de que el presidente
tenía una vocación hacia el nepotismo, al nombrar
En puestos claves de la administración estatal a sus
familiares.
1979
Se acusa al gobierno de crear una macrocefalia
burocrática en el Estado. Se propaga por todo el
país que el mismo auspicia la
corrupción.
1980
Se agudizan las tensiones en el interior del PRD.
Sectores del partido acusan a Guzmán de aspirar a la
reelección. Se evidencian las diferencias entre el
Gobernante y el senador por el Distrito Nacional, Salvador Jorge
Blanco. Aspirante a la presidencia de la
república.
1981
Reagrupamiento del liderazgo del PRD:
José Francisco Peña Gómez apoya las
aspiraciones de Salvador Jorge Blanco.
Antonio Guzmán apoya las aspiraciones de su
vicepresidente, Jacobo Majluta.
El Partido elige a Salvador Jorge Blanco. Se recrudece
el enfrentamiento interno. Los partidarios de Jorge Blanco acusan
al grupo de Guzmán de negociar con sectores militares para
detener el proceso electoral. Se les acusa también de
buscar acuerdos políticos con sectores
reformistas
6.
Conclusiones
La corrupción administrativa, la evasión
de pagos al estado y l a fuga de capitales son las tres
asechanzas que tiene que enfrentar la democracia
latinoamericana. Los movimientos de izquierda y la
sublevación armada siempre se inician para combatir tal o
cual gobierno "corrupto".
La corrupción administrativa ha sido y
seguirá siendo el mal que no permitirá que un
país no se desarrolle por completo, existe leyes por la
cual se deben regir los gobernantes, creo que si estos acogen y
practica dichas leyes entonces solo así podremos erradicar
la corrupción en nuestro país< y por que no
también en todas partes del mundo.
7. Bibliografía
Abinader, Rafael, La corrección administrativa en
Rep. Dom., editora alfa y omega, Republica
Dominicana, 1986.
Merino Dirán, Valeria y Lozano, Juan , Transparencia
Internacional, editora mexica, México,
1999.
http//www.transparency.de
Autor:
Hennys Lizardo
cobra99[arroba]LatinMail.com