Proceso social y político acaecido en Francia entre
1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el
derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa real de los
Borbones, la abolición de la monarquía en Francia y la
proclamación de la I República, con lo que se pudo
poner fin al Antiguo Régimen en este país. Aunque
las causas que generaron la Revolución
fueron diversas y complejas, éstas son algunas de las
más influyentes: la incapacidad de las clases gobernantes
—nobleza, clero y burguesía— para hacer frente
a los problemas de
Estado, la
indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que
recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los
trabajadores, la agitación intelectual alentada por el
Siglo de las Luces y el ejemplo de la guerra de la
Independencia
estadounidense. Las teorías
actuales tienden a minimizar la relevancia de la lucha de clases
y a poner de relieve los
factores políticos, culturales e ideológicos que
intervinieron en el origen y desarrollo de
este acontecimiento.
Las razones históricas de la Revolución
Más de un siglo antes de que Luis XVI ascendiera
al trono (1774), el Estado
francés había sufrido periódicas crisis
económicas motivadas por las largas guerras
emprendidas durante el reinado de Luis XIV, la mala administración de los asuntos nacionales en
el reinado de Luis XV, las cuantiosas pérdidas que
acarreó la Guerra
Francesa e India
(1754-1763) y el aumento de la deuda generado por los
préstamos a las colonias británicas de
Norteamérica durante la guerra de la
Independencia
estadounidense (1775-1783). Los defensores de la
aplicación de reformas fiscales, sociales y políticas
comenzaron a reclamar con insistencia la satisfacción de
sus reivindicaciones durante el reinado de Luis XVI. En agosto de
1774, el rey nombró controlador general de Finanzas a
Anne Robert Jacques Turgot, un hombre de
ideas liberales que instituyó una política rigurosa en
lo referente a los gastos del
Estado. No
obstante, la mayor parte de su política restrictiva
fue abandonada al cabo de dos años y Turgot se vio
obligado a dimitir por las presiones de los sectores
reaccionarios de la nobleza y el clero, apoyados por la reina,
María Antonieta de Austria. Su sucesor, el financiero y
político Jacques Necker tampoco consiguió realizar
grandes cambios antes de abandonar su cargo en 1781, debido
asimismo a la oposición de los grupos
reaccionarios. Sin embargo, fue aclamado por el pueblo por hacer
público un extracto de las finanzas
reales en el que se podía apreciar el gravoso coste que
suponían para el Estado los
estamentos privilegiados. La crisis
empeoró durante los años siguientes. El pueblo
exigía la convocatoria de los Estados Generales (una
asamblea formada por representantes del clero, la nobleza y el
Tercer estado), cuya
última reunión se había producido en 1614, y
el rey Luis XVI accedió finalmente a celebrar unas
elecciones nacionales en 1788. La censura quedó abolida
durante la campaña y multitud de escritos que
recogían las ideas de la Ilustración circularon por toda Francia.
Necker, a quien el monarca había vuelto a nombrar
interventor general de Finanzas en
1788, estaba de acuerdo con Luis XVI en que el número de
representantes del Tercer estado (el
pueblo) en los Estados Generales fuera igual al del primer
estado (el
clero) y el segundo estado (la nobleza) juntos, pero ninguno de
los dos llegó a establecer un método de
votación.
A pesar de que los tres estados estaban de acuerdo en
que la estabilidad de la nación requería una
transformación fundamental de la situación, los
antagonismos estamentales imposibilitaron la unidad de
acción en los Estados Generales, que se reunieron en
Versalles el 5 de mayo de 1789. Las delegaciones que
representaban a los estamentos privilegiados de la sociedad francesa
se enfrentaron inmediatamente a la cámara rechazando los
nuevos métodos de
votación presentados. El objetivo de
tales propuestas era conseguir el voto por individuo y no por
estamento, con lo que el tercer estado, que disponía del
mayor número de representantes, podría controlar
los Estados Generales. Las discusiones relativas al procedimiento se
prolongaron durante seis semanas, hasta que el grupo dirigido
por Emmanuel Joseph Sieyès y el conde de Mirabeau se
constituyó en Asamblea Nacional el 17 de junio. Este
abierto desafío al gobierno
monárquico, que había apoyado al clero y la
nobleza, fue seguido de la aprobación de una medida que
otorgaba únicamente a la Asamblea Nacional el poder de
legislar en materia
fiscal. Luis
XVI se apresuró a privar a la Asamblea de su sala de
reuniones como represalia. Ésta respondió
realizando el 20 de junio el denominado Juramento del Juego de la
Pelota, por el que se comprometía a no disolverse hasta
que se hubiera redactado una constitución para Francia. En
ese momento, las profundas disensiones existentes en los dos
estamentos superiores provocaron una ruptura en sus filas, y
numerosos representantes del bajo clero y algunos nobles
liberales abandonaron sus respectivos estamentos para integrarse
en la Asamblea Nacional.
El inicio de la Revolución
El rey se vio obligado a ceder ante la continua
oposición a los decretos reales y la predisposición
al amotinamiento del propio Ejército real. El 27 de junio
ordenó a la nobleza y al clero que se unieran a la
autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Luis XVI
cedió a las presiones de la reina María Antonieta y
del conde de Artois (futuro rey de Francia con el
nombre de Carlos X) y dio instrucciones para que varios
regimientos extranjeros leales se concentraran en París y
Versalles. Al mismo tiempo, Necker
fue nuevamente destituido. El pueblo de París
respondió con la insurrección ante estos actos de
provocación; los disturbios comenzaron el 12 de julio, y
las multitudes asaltaron y tomaron La Bastilla —una
prisión real que simbolizaba el despotismo de los
Borbones— el 14 de julio.
Antes de que estallara la revolución
en París, ya se habían producido en muchos lugares
de Francia esporádicos y violentos disturbios locales y
revueltas campesinas contra los nobles opresores que alarmaron a
los burgueses no menos que a los monárquicos. El conde de
Artois y otros destacados líderes reaccionarios,
sintiéndose amenazados por estos sucesos, huyeron del
país, convirtiéndose en el grupo de los
llamados émigrés. La burguesía
parisina, temerosa de que la muchedumbre de la ciudad aprovechara
el derrumbamiento del antiguo sistema de
gobierno y
recurriera a la acción directa, se apresuró a
establecer un gobierno
provisional local y organizó una milicia popular,
denominada oficialmente Guardia Nacional. El estandarte de los
Borbones fue sustituido por la escarapela tricolor (azul, blanca
y roja), símbolo de los revolucionarios que pasó a
ser la bandera nacional. No tardaron en constituirse en toda
Francia gobiernos provisionales locales y unidades de la milicia.
El mando de la Guardia Nacional se le entregó al
marqués de La Fayette, héroe de la guerra de la
Independencia
estadounidense. Luis XVI, incapaz de contener la corriente
revolucionaria, ordenó a las tropas leales retirarse.
Volvió a solicitar los servicios de
Necker y legalizó oficialmente las medidas adoptadas por
la Asamblea y los diversos gobiernos provisionales de las
provincias.
La redacción de una constitución
La Asamblea Nacional Constituyente comenzó su
actividad movida por los desórdenes y disturbios que
estaban produciéndose en las provincias (el periodo del
'Gran Miedo'). El clero y la nobleza hubieron de renunciar a sus
privilegios en la sesión celebrada durante la noche del 4
de agosto de 1789; la Asamblea aprobó una
legislación por la que quedaba abolido el régimen
feudal y señorial y se suprimía el diezmo, aunque
se otorgaban compensaciones en ciertos casos. En otras leyes se
prohibía la venta de cargos
públicos y la exención tributaria de los estamentos
privilegiados.
A continuación, la Asamblea Nacional
Constituyente se dispuso a comenzar su principal tarea, la
redacción de una Constitución. En el preámbulo,
denominado Declaración de los Derechos del hombre y del
ciudadano, los delegados formularon los ideales de la Revolución, sintetizados más tarde
en tres principios,
"Liberté, Égalité,
Fraternité" ("Libertad,
Igualdad,
Fraternidad"). Mientras la Asamblea deliberaba, la hambrienta
población de París, irritada por los
rumores de conspiraciones monárquicas, reclamaba alimentos y
soluciones. El
5 y el 6 de octubre, la población parisina, especialmente sus
mujeres, marchó hacia Versalles y sitió el palacio
real. Luis XVI y su familia fueron
rescatados por La Fayette, quien les escoltó hasta
París a petición del pueblo. Tras este suceso,
algunos miembros conservadores de la Asamblea Constituyente, que
acompañaron al rey a París, presentaron su
dimisión. En la capital, la
presión de los ciudadanos ejercía una influencia
cada vez mayor en la corte y la Asamblea. El radicalismo se
apoderó de la cámara, pero el objetivo
original, la implantación de una monarquía
constitucional como régimen político, aún se
mantenía.
El primer borrador de la Constitución recibió la
aprobación del monarca francés en unas fastuosas
ceremonias, a las que acudieron delegados de todos los lugares
del país, el 14 de julio de 1790. Este documento
suprimía la división provincial de Francia y
establecía un sistema
administrativo cuyas unidades eran los departamentos, que
dispondrían de organismos locales elegibles. Se
ilegalizaron los títulos hereditarios, se crearon los
juicios con jurado en las causas penales y se propuso una
modificación fundamental de la legislación
francesa. Con respecto a la institución que
establecía requisitos de propiedad para
acceder al voto, la Constitución disponía que el
electorado quedara limitado a la clases alta y media. El nuevo
estatuto confería el poder
legislativo a la Asamblea Nacional, compuesta por 745
miembros elegidos por un sistema de
votación indirecto. Aunque el rey seguía ejerciendo
el poder
ejecutivo, se le impusieron estrictas limitaciones. Su
poder de veto
tenía un carácter meramente suspensivo, y era la
Asamblea quien tenía el control efectivo
de la dirección de la política exterior. Se
impusieron importantes restricciones al poder de la
Iglesia
católica mediante una serie de artículos
denominados Constitución civil del Clero, el más
importante de los cuales suponía la confiscación de
los bienes
eclesiásticos. A fin de aliviar la crisis
financiera, se permitió al Estado emitir un nuevo tipo de
papel moneda,
los asignados, garantizado por las tierras confiscadas. Asimismo,
la Constitución estipulaba que los sacerdotes y obispos
fueran elegidos por los votantes, recibieran una
remuneración del Estado, prestaran un juramento de lealtad
al Estado y las órdenes monásticas fueran
disueltas.
Durante los quince meses que transcurrieron entre la
aprobación del primer borrador constitucional por parte de
Luis XVI y la redacción del documento definitivo, las
relaciones entre las fuerzas de la Francia revolucionaria
experimentaron profundas transformaciones. Éstas fueron
motivadas, en primer lugar, por el resentimiento y el descontento
del grupo de
ciudadanos que había quedado excluido del electorado. Las
clases
sociales que carecían de propiedades deseaban acceder
al voto y liberarse de la miseria económica y social, y no
tardaron en adoptar posiciones radicales. Este proceso, que
se extendió rápidamente por toda Francia gracias a
los clubes de los jacobinos, y de los cordeliers,
adquirió gran impulso cuando se supo que María
Antonieta estaba en constante comunicación con su hermano Leopoldo II,
emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico. Al igual que la mayoría de los monarcas
europeos, Leopoldo había dado refugio a gran número
de émigrés y no había ocultado su
oposición a los acontecimientos revolucionarios que se
habían producido en Francia. El recelo popular con
respecto a las actividades de la reina y la complicidad de Luis
XVI quedó confirmado cuando la familia
real fue detenida mientras intentaba huir de Francia en un
carruaje con destino a Varennes el 21 de junio.
Radicalización del gobierno
El 17 de julio de 1791 los sans-culottes
(miembros de una tendencia revolucionaria radical que
exigía la proclamación de la república) se
reunieron en el Campo de Marte y exigieron que se depusiera al
monarca. La Guardia Nacional abrió fuego contra los
manifestantes y los dispersó siguiendo las órdenes
de La Fayette, vinculado políticamente a los
feuillants, un grupo formado
por monárquicos moderados. Estos hechos incrementaron de
forma irreversible las diferencias existentes entre el sector
burgués y republicano de la población. El rey fue privado de sus
poderes durante un breve periodo, pero la mayoría moderada
de la Asamblea Constituyente, que temía que se
incrementaran los disturbios, restituyó a Luis XVI con la
esperanza de frenar el ascenso del radicalismo y evitar una
intervención de las potencias extranjeras. El 14 de
septiembre, el rey juró respetar la Constitución
modificada. Dos semanas después, se disolvió la
Asamblea Constituyente para dar paso a las elecciones sancionadas
por la Constitución. Durante este tiempo, Leopoldo
II y Federico Guillermo II, rey de Prusia, emitieron el 27 de
agosto una declaración conjunta referente a Francia en la
que se amenazaba veladamente con una intervención armada.
La Asamblea Legislativa, que comenzó sus sesiones el 1 de
octubre de 1791, estaba formada por 750 miembros que no
tenían experiencia alguna en la vida política, dado que
los propios integrantes de la Asamblea Constituyente
habían votado en contra de su elegibilidad como diputados
de la nueva cámara. Ésta se hallaba dividida en
facciones divergentes. La más moderada era la de los
feuillants, partidaria de la monarquía
constitucional tal como se establecía en la
Constitución de 1791. El centro de la cámara
acogía al grupo
mayoritario, conocido como el Llano, que carecía de
opiniones políticas
definidas pero que se oponía unánimemente al sector
radical que se sentaba en el ala izquierda, compuesto
principalmente por los girondinos, que defendían la
transformación de la monarquía constitucional en
una república federal, un proyecto similar
al de los montagnards (grupo que por ocupar la parte
superior de la cámara, recibió el apelativo de La
Montaña) integrados por los jacobinos y los
cordeliers, que abogaban por la implantación de una
república centralizada. Antes de que estas disensiones
abrieran una profunda brecha en las relaciones entre los
girondinos y los montagnards, el sector republicano de la
Asamblea consiguió la aprobación de varios proyectos de
ley
importantes, entre los que se incluían severas medidas
contra los miembros del clero que se negaran a jurar lealtad al
nuevo régimen. Sin embargo, Luis XVI ejerció su
derecho a veto sobre estos decretos, provocando así una
crisis
parlamentaria que llevó al poder a los
girondinos. A pesar de la oposición de los más
destacados montagnards, el gabinete girondino, presidido
por Jean Marie Roland de la Platière, adoptó una
actitud
beligerante hacia Federico Guillermo II y Francisco II, el nuevo
emperador del Sacro Imperio Romano,
que había sucedido a su padre, Leopoldo II, el 1 de marzo
de 1792. Ambos soberanos apoyaban abiertamente las actividades de
los émigrés y secundaban el rechazo de la
aristocracia de Alsacia a la legislación revolucionaria.
El deseo de entablar una guerra se
extendió rápidamente entre los monárquicos,
que confiaban en la derrota del gobierno
revolucionario y en la restauración del Antiguo
Régimen, y entre los girondinos, que anhelaban un triunfo
definitivo sobre los sectores reaccionarios tanto en el interior
como en el exterior. El 20 de abril de 1792 la Asamblea
Legislativa declaró la guerra al Sacro Imperio
Romano.
La lucha por la libertad
Los ejércitos austriacos obtuvieron varias
victorias en los Países Bajos austriacos gracias a ciertos
errores del alto mando francés, formado mayoritariamente
por monárquicos. La posterior invasión de Francia
provocó importantes desórdenes en París. El
gabinete de Roland cayó el 13 de junio, y la
intranquilidad de la población se canalizó en un asalto a
las Tullerías, la residencia de la familia
real, una semana después. La Asamblea Legislativa
declaró el estado de
excepción el 11 de julio, después de que
Cerdeña y Prusia se unieran a la guerra contra Francia..
Se enviaron fuerzas de reserva para aliviar la difícil
situación en el frente, y se solicitaron voluntarios de
todo el país en la capital.
Cuando los refuerzos procedentes de Marsella llegaron a
París, iban cantando un himno patriótico conocido
desde entonces como La Marsellesa. El descontento popular
provocado por la gestión
de los girondinos, que habían expresado su apoyo a la
monarquía y habían rechazado la acusación de
deserción presentada contra La Fayette, hizo aumentar la
tensión. El malestar social, unido al efecto que
generó el manifiesto del comandante aliado, Charles
William de Ferdinand, duque de Brunswick, en el que amenazaba con
destruir la capital si
la familia
real era maltratada, provocó una insurrección en
París el 10 de agosto. Los insurgentes, dirigidos por
elementos radicales de la capital y
voluntarios nacionales que se dirigían al frente,
asaltaron las Tullerías y asesinaron a la Guardia suiza
del rey. Luis XVI y su familia se
refugiaron en la cercana sala de reuniones de la Asamblea
Legislativa, que no tardó en suspender en sus funciones al
monarca y ponerle bajo arresto. A su vez, los insurrectos
derrocaron al consejo de gobierno parisino, que fue reemplazado
por un nuevo consejo ejecutivo provisional, la denominada Comuna
de París. Los montagnards, liderados por el abogado
Georges Jacques Danton, dominaron el nuevo gobierno parisino y
pronto se hicieron con el control de la
Asamblea Legislativa. Esta cámara aprobó la
celebración de elecciones en un breve plazo con vistas a
la constitución de una nueva Convención Nacional,
en la que tendrían derecho a voto todos los ciudadanos
varones. Entre el 2 y el 7 de septiembre, más de mil
monárquicos y presuntos traidores apresados en diversos
lugares de Francia, fueron sometidos a juicio y ejecutados. Los
elementos desencadenantes de las denominadas 'Matanzas de
Septiembre' fueron el temor de la población al avance de los ejércitos
aliados contra Francia y los rumores sobre conspiraciones para
derrocar al gobierno revolucionario. Un ejército
francés, dirigido por el general Charles François
Dumouriez, obtuvo una importante victoria en la batalla de Valmy
frente a las tropas prusianas que avanzaban hacia París el
20 de septiembre.
Un día después de la victoria de Valmy se
reunió en París la Convención Nacional
recién elegida. La primera decisión oficial
adoptada por esta cámara fue la abolición de la
monarquía y la proclamación de la I
República. El consenso entre los principales grupos
integrantes de la Convención no fue más allá
de la aprobación de estas medidas iniciales. Sin embargo,
ninguna facción se opuso al decreto presentado por los
girondinos y promulgado el 19 de noviembre, por el cual Francia
se comprometía a apoyar a todos los pueblos oprimidos de
Europa. Las
noticias que llegaban del frente semanalmente eran alentadoras:
las tropas francesas habían pasado al ataque
después de la batalla de Valmy y habían conquistado
Maguncia, Frankfurt del Main, Niza, Saboya y los Países
Bajos austriacos. Sin embargo, las disensiones se habían
intensificado seriamente en el seno de la convención,
donde el Llano dudaba entre conceder su apoyo a los conservadores
girondinos o a los radicales montagnards. La primera gran
prueba de fuerza se
decidió en favor de estos últimos, que solicitaban
que la Convención juzgara al rey por el cargo de
traición y consiguieron que su propuesta fuera aprobada
por mayoría. El monarca fue declarado culpable de la
acusación imputada con el voto casi unánime de la
Cámara el 15 de enero de 1793, pero no se produjo el mismo
acuerdo al día siguiente, cuando había de decidirse
la pena del acusado. Finalmente el rey fue condenado a muerte por 387
votos a favor frente a 334 votos en contra. Luis XVI fue
guillotinado el 21 de enero.
La influencia de los girondinos en la Convención
Nacional disminuyó enormemente tras la ejecución
del rey. La falta de unidad mostrada por el grupo durante el
juicio había dañado irreparablemente su prestigio
nacional, bastante mermado desde hacía tiempo entre la
población de París, más favorable a las
tendencias jacobinas. Otro factor que determinó la
caída girondina fueron las derrotas sufridas por los
ejércitos franceses tras declarar la guerra a Gran
Bretaña, las Provincias Unidas (actuales Países
Bajos) el 1 de febrero de 1793, y a España el
7 de marzo, que se habían unido a la Primera
Coalición contra Francia. Las propuestas de los jacobinos
para fortalecer al gobierno ante las cruciales luchas a las que
Francia debería enfrentarse desde ese momento fueron
firmemente rechazadas por los girondinos. No obstante, a
comienzos de marzo, la Convención votó a favor del
reclutamiento
de 300.000 hombres y envió comisionados especiales a
varios departamentos para organizar la leva. Los sectores
clericales y monárquicos enemigos de la Revolución
incitaron a la rebelión a los campesinos de La
Vendée, contrarios a tal medida. La guerra civil no
tardó en extenderse a los departamentos vecinos. Los
austriacos derrotaron al ejército de Dumouriez en
Neerwinden el 18 de marzo, y éste desertó al
enemigo. La huida del jefe del ejército, la guerra civil y
el avance de las fuerzas enemigas a través de las
fronteras de Francia provocó en la Convención una
crisis entre
los girondinos y los montagnards, en la que estos
últimos pusieron de relieve la
necesidad de emprender una acción contundente en defensa
de la Revolución.
El Reinado del Terror
El 6 de abril, la Convención creó el
Comité de Salvación Pública, que
habría de ser el órgano ejecutivo de la
República, y reestructuró el Comité de
Seguridad General
y el Tribunal Revolucionario. Se enviaron representantes a los
departamentos para supervisar el cumplimiento de las leyes, el
reclutamiento
y la requisa de municiones. La rivalidad existente entre los
girondinos y los montagnards se había agudizado
durante este periodo. La rebelión parisina, organizada por
el periodista radical Jacques Hébert, obligó a la
Convención a ordenar el 2 de junio la detención de
veintinueve delegados girondinos y de los ministros de este
grupo, Pierre Henri Hélène Marie Lebrun-Tondu y
Étienne Clavière. A partir de ese momento, la
facción jacobina radical que asumió el control del
gobierno desempeñó un papel decisivo
en el posterior desarrollo de
la Revolución. La Convención promulgó una
nueva Constitución el 24 de junio en la que se ampliaba el
carácter democrático de la República. Sin
embargo, este estatuto nunca llegó a entrar en vigor. El
10 de julio, la presidencia del Comité de Salvación
Pública fue transferida a los jacobinos, que reorganizaron
completamente las funciones de este
nuevo organismo. Tres días después, el
político radical Jean-Paul Marat, destacado líder
de los jacobinos, fue asesinado por Charlotte de Corday,
simpatizante de los girondinos. La indignación
pública ante este crimen hizo aumentar considerablemente
la influencia de los jacobinos en todo el país. El
dirigente jacobino Maximilien de Robespierre pasó a ser
miembro del Comité de Salvación Pública el
27 de julio y se convirtió en su figura más
destacada en poco tiempo.
Robespierre, apoyado por Louis Saint-Just, Lazare Carnot, Georges
Couthon y otros significados jacobinos, implantó medidas
policiales extremas para impedir cualquier acción
contrarrevolucionaria. Los poderes del Comité fueron
renovados mensualmente por la Convención Nacional desde
abril de 1793 hasta julio de 1794, un periodo que pasó a
denominarse Reinado del Terror.
Desde el punto de vista militar, la situación era
extremadamente peligrosa para la República. Las potencias
enemigas habían reanudado la ofensiva en todos los
frentes. Los prusianos habían recuperado Maguncia,
Condé-Sur-L'Escaut y Valenciennes, y los británicos
mantenían sitiado Tolón. Los insurgentes
monárquicos y católicos controlaban gran parte de
La Vendée y Bretaña. Caen, Lyon, Marsella, Burdeos
y otras importantes localidades se hallaban bajo el poder de los
girondinos. El 23 de agosto se emitió un nuevo decreto de
reclutamiento
para toda la población masculina de Francia en buen estado
de salud. Se
formaron en poco tiempo catorce
nuevos ejércitos —alrededor de 750.000
hombres—, que fueron equipados y enviados al frente
rápidamente. Además de estas medidas, el
Comité reprimió violentamente la oposición
interna.
María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre, y
21 destacados girondinos murieron guillotinados el 31 del mismo
mes. Tras estas represalias iniciales, miles de
monárquicos, sacerdotes, girondinos y otros sectores
acusados de realizar actividades contrarrevolucionarias o de
simpatizar con esta causa fueron juzgados por los tribunales
revolucionarios, declarados culpables y condenados a morir en la
guillotina. El número de personas condenadas a muerte en
París ascendió a 2.639, más de la mitad de
las cuales (1.515) perecieron durante los meses de junio y julio
de 1794. Las penas infligidas a los traidores o presuntos
insurgentes fueron más severas en muchos departamentos
periféricos, especialmente en los
principales centros de la insurrección monárquica.
El tribunal de Nantes, presidido por Jean-Baptiste Carrier, el
más severo con los cómplices de los rebeldes de La
Vendée, ordenó la ejecución de más de
8.000 personas en un periodo de tres meses. Los tribunales y los
comités revolucionarios fueron responsables de la
ejecución de casi 17 mil ciudadanos en toda Francia. El
número total de víctimas durante el Reinado del
Terror llegó a 40.000. Entre los condenados por los
tribunales revolucionarios, aproximadamente el 8% eran nobles, el
6% eran miembros del clero, el 14% pertenecía a la clase
media y el 70% eran trabajadores o campesinos acusados de eludir
el reclutamiento,
de deserción, acaparamiento, rebelión u otros
delitos. Fue el
clero católico el que sufrió proporcionalmente las
mayores pérdidas entre todos estos grupos
sociales. El odio anticlerical se puso de manifiesto
también en la abolición del calendario juliano en
octubre de 1793, que fue reemplazado por el calendario
republicano. El Comité de Salvación Pública,
presidido por Robespierre, intentó reformar Francia
basándose de forma fanática en sus propios
conceptos de humanitarismo, idealismo
social y patriotismo. El Comité, movido por el deseo de
establecer una República de la Virtud, alentó la
devoción por la república y la victoria y
adoptó medidas contra la corrupción
y el acaparamiento. Asimismo, el 23 de noviembre de 1793, la
Comuna de París ordenó cerrar todas las iglesias de
la ciudad —esta decisión fue seguida posteriormente
por las autoridades locales de toda Francia— y
comenzó a promover la religión
revolucionaria, conocida como el Culto a la Razón. Esta
actitud,
auspiciada por el jacobino Pierre Gaspard Chaumette y sus
seguidores extremistas (entre ellos Hébert),
acentuó las diferencias entre los jacobinos centristas,
liderados por Robespierre, y los fanáticos seguidores de
Hébert, una fuerza
poderosa en la Convención y en la Comuna de
París.
Durante este tiempo, el signo de la guerra se
había vuelto favorable para Francia. El general Jean
Baptiste Jourdan derrotó a los austriacos el 16 de octubre
de 1793, iniciándose así una serie de importantes
victorias francesas. A finales de ese año, se había
iniciado la ofensiva contra las fuerzas de invasión del
Este en el Rin, y Tolón había sido liberado.
También era de gran relevancia el hecho de que el
Comité de Salvación Pública hubiera
aplastado la mayor parte de las insurrecciones de los
monárquicos y girondinos.
La lucha por el poder
La disputa entre el Comité de Salvación
Pública y el grupo extremista liderado por Hébert,
concluyó con la ejecución de éste y sus
principales acólitos el 24 de marzo de 1794. Dos semanas
después, Robespierre emprendió acciones
contra los seguidores de Danton, que habían comenzado a
solicitar la paz y el fin del reinado del Terror. Georges-Jacques
Danton y sus principales correligionarios fueron decapitados el 6
de abril. Robespierre perdió el apoyo de muchos miembros
importantes del grupo de los jacobinos —especialmente de
aquéllos que temían por sus propias vidas— a
causa de estas represalias masivas contra los partidarios de
ambas facciones. Las victorias de los ejércitos franceses,
entre las que cabe destacar la batalla de Fleurus
(Bélgica) del 26 de junio, que facilitó la
reconquista de los Países Bajos austriacos,
incrementó la confianza del pueblo en el triunfo final.
Por este motivo, comenzó a extenderse el rechazo a las
medidas de seguridad
impuestas por Robespierre. El descontento general con el líder
del Comité de Salvación Pública no
tardó en transformarse en una auténtica
conspiración. Robespierre, Saint-Just, Couthon y 98 de sus
seguidores fueron apresados el 27 de julio de 1794 (el 9 de
termidor del año III según el calendario
republicano) y decapitados al día siguiente. Se considera
que el 9 de termidor fue el día en el que se puso fin a la
República de la Virtud.
La Convención Nacional estuvo controlada hasta
finales de 1794 por el 'grupo termidoriano' que derrocó a
Robespierre y puso fin al Reinado del Terror. Se clausuraron los
clubes jacobinos de toda Francia, fueron abolidos los tribunales
revolucionarios y revocados varios decretos de carácter
extremista, incluido aquél por el cual el Estado
fijaba los salarios y
precios de los
productos.
Después de que la Convención volviera a estar
dominada por los girondinos, el conservadurismo termidoriano se
transformó en un fuerte movimiento
reaccionario. Durante la primavera de 1795, se produjeron en
París varios tumultos, en los que el pueblo reclamaba
alimentos, y
manifestaciones de protesta que se extendieron a otros lugares de
Francia. Estas rebeliones fueron sofocadas y se adoptaron severas
represalias contra los jacobinos y sans-culottes que los
protagonizaron.
La moral de los
ejércitos franceses permaneció inalterable ante los
acontecimientos ocurridos en el interior. Durante el invierno de
1794-1795, las fuerzas francesas dirigidas por el general Charles
Pichegru invadieron los Países Bajos austriacos, ocuparon
las Provincias Unidas instituyendo la República
Bátava y vencieron a las tropas aliadas del Rin. Esta
sucesión de derrotas provocó la
desintegración de la coalición antifrancesa. Prusia
y varios estados alemanes firmaron la paz con el gobierno
francés en el Tratado de Basilea el 5 de abril de 1795;
España
también se retiró de la guerra el 22 de julio, con
lo que las únicas naciones que seguían en lucha con
Francia eran Gran Bretaña, Cerdeña y Austria. Sin
embargo, no se produjo ningún cambio en los
frentes bélicos durante casi un año. La siguiente
fase de este conflicto se
inició con las Guerras
Napoleónicas.
Se restableció la paz en las fronteras, y un
ejército invasor formado por émigrés
fue derrotado en Bretaña en el mes de julio. La
Convención Nacional finalizó la redacción de una nueva Constitución,
que se aprobó oficialmente el 22 de agosto de 1795. La
nueva legislación confería el poder
ejecutivo a un Directorio, formado por cinco miembros
llamados directores. El poder
legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral,
compuesta por el Consejo de Ancianos (250 miembros) y el Consejo
de los Quinientos. El mandato de un director y de un tercio de la
asamblea se renovaría anualmente a partir de mayo de 1797,
y el derecho al sufragio quedaba limitado a los contribuyentes
que pudieran acreditar un año de residencia en su distrito
electoral. La nueva Constitución incluía otras
disposiciones que demostraban el distanciamiento de la democracia
defendida por los jacobinos. Este régimen no
consiguió establecer un medio para impedir que el
órgano ejecutivo entorpeciera el gobierno del ejecutivo y
viceversa, lo que provocó constantes luchas por el poder
entre los miembros del gobierno, sucesivos golpes de Estado y fue
la causa de la ineficacia en la dirección de los asuntos del país.
Sin embargo, la Convención Nacional, que seguía
siendo anticlerical y antimonárquica a pesar de su
oposición a los jacobinos, tomó precauciones para
evitar la restauración de la monarquía.
Promulgó un decreto especial que establecía que los
primeros directores y dos tercios del cuerpo legislativo
habían de ser elegidos entre los miembros de la
Convención. Los monárquicos parisinos reaccionaron
violentamente contra este decreto y organizaron una
insurrección el 5 de octubre de 1795. Este levantamiento
fue reprimido con rapidez por las tropas mandadas por el general
Napoleón Bonaparte, jefe militar de los ejércitos
revolucionarios de escaso renombre, que más tarde
sería emperador de Francia con el nombre de
Napoleón I Bonaparte. El régimen de la
Convención concluyó el 26 de octubre y el nuevo
gobierno formado de acuerdo con la Constitución
entró en funciones el 2 de
noviembre.
Desde sus primeros momentos, el Directorio
tropezó con diversas dificultades, a pesar de la gran
labor que realizaron políticos como Charles Maurice de
Talleyrand-Perigord y Joseph Fouché. Muchos de estos
problemas
surgieron a causa de los defectos estructurales inherentes al
aparato de gobierno; otros, por la confusión
económica y política generada por
el triunfo del conservadurismo. El Directorio heredó una
grave crisis financiera, que se vio agravada por la depreciación de los asignados (casi en un
99% de su valor). Aunque
la mayoría de los líderes jacobinos habían
fallecido, se encontraban en el extranjero u ocultos, su
espíritu pervivía aún entre las clases
bajas. En los círculos de la alta sociedad, muchos
de sus miembros hacían campaña abiertamente en
favor de la restauración monárquica. Las
agrupaciones políticas
burguesas, decididas a conservar su situación de
predominio en Francia, por la que tanto habían luchado, no
tardaron en apreciar las ventajas que representaba reconducir la
energía desatada por la población durante la
Revolución hacia fines militares. Existían
aún asuntos pendientes que resolver con el Sacro Imperio Romano.
Además, el absolutismo,
que por naturaleza
representaba una amenaza para la Revolución, continuaba
dominando la mayor parte de Europa.
El ascenso de Napoleón al poder
No habían pasado aún cinco meses desde que
el Directorio asumiera el poder, cuando comenzó la primera
fase (de marzo de 1796 a octubre de 1797) de las Guerras
Napoleónicas. Los tres golpes de Estado que se produjeron
durante este periodo —el 4 de septiembre de 1797 (18 de
fructidor), el 11 de mayo de 1798 (22 de floreal) y el 18 de
junio de 1799 (30 de pradial)—, reflejaban simplemente el
reagrupamiento de las facciones políticas
burguesas. Las derrotas militares sufridas por los
ejércitos franceses en el verano de 1799, las dificultades
económicas y los desórdenes sociales pusieron en
peligro la supremacía política burguesa en Francia.
Los ataques de la izquierda culminaron en una conspiración
iniciada por el reformista agrario radical François
Nöel Babeuf, que defendía una distribución equitativa de las tierras y
los ingresos. Esta
insurrección, que recibió el nombre de
'Conspiración de los Iguales', no llegó a
producirse debido a que Babeuf fue traicionado por uno de sus
compañeros y ejecutado el 28 de mayo de 1797 (8 de
pradial). Luciano Bonaparte, presidente del Consejo de los
Quinientos; Fouché, ministro de Policía;
Sieyès, miembro del Directorio y Talleyrand-Perigord
consideraban que esta crisis sólo podría superarse
mediante una acción drástica. El golpe de Estado
que tuvo lugar el 9 y 10 de noviembre (18 y 19 de brumario)
derrocó al Directorio. El general Napoleón
Bonaparte, en aquellos momentos héroe de las
últimas campañas, fue la figura central del golpe y
de los acontecimientos que se produjeron posteriormente y que
desembocaron en la Constitución del 24 de diciembre de
1799 que estableció el Consulado. Bonaparte, investido con
poderes dictatoriales, utilizó el entusiasmo y el idealismo
revolucionario de Francia para satisfacer sus propios intereses.
Sin embargo, la involución parcial de la
transformación del país se vio compensada por el
hecho de que la Revolución se extendió a casi todos
los rincones de Europa durante el
periodo de las conquistas napoleónicas.
Las transformaciones producidas por la
Revolución
Una consecuencia directa de la Revolución fue la
abolición de la monarquía absoluta en Francia.
Asimismo, este proceso puso
fin a los privilegios de la aristocracia y el clero. La
servidumbre, los derechos feudales y los
diezmos fueron eliminados; las propiedades se disgregaron y se
introdujo el principio de distribución equitativa en el pago de
impuestos.
Gracias a la redistribución de la riqueza y de la propiedad de
la tierra,
Francia pasó a ser el país europeo con mayor
proporción de pequeños propietarios independientes.
Otras de las transformaciones sociales y económicas
iniciadas durante este periodo fueron la supresión de la
pena de prisión por deudas, la introducción del
sistema
métrico y la abolición del carácter
prevaleciente de la primogenitura en la herencia de la
propiedad
territorial.
Napoleón instituyó durante el Consulado
una serie de reformas que ya habían comenzado a aplicarse
en el periodo revolucionario. Fundó el Banco de Francia,
que en la actualidad continúa desempeñando
prácticamente la misma función: banco nacional
casi independiente y representante del Estado francés en
lo referente a la política
monetaria, empréstitos y depósitos de fondos
públicos. La implantación del sistema educativo
—secular y muy centralizado—, que se halla en vigor
en Francia en estos momentos, comenzó durante el Reinado
del Terror y concluyó durante el gobierno de
Napoleón; la Universidad de
Francia y el Institut de France fueron creados
también en este periodo. Todos los ciudadanos,
independientemente de su origen o fortuna, podían acceder
a un puesto en la enseñanza, cuya consecución
dependía de exámenes de concurso. La reforma y
codificación de las diversas legislaciones provinciales y
locales, que quedó plasmada en el Código
Napoleónico, ponía de manifiesto muchos de los
principios y
cambios propugnados por la Revolución: la igualdad ante
la ley, el derecho
de habeas corpus y disposiciones para la
celebración de juicios justos. El procedimiento
judicial establecía la existencia de un tribunal de jueces
y un jurado en las causas penales, se respetaba la
presunción de inocencia del acusado y éste
recibía asistencia letrada.
La Revolución también
desempeñó un importante papel en el
campo de la religión. Los
principios de
la libertad de
culto y la libertad de
expresión tal y como fueron enunciados en la
Declaración de Derechos del hombre y del
ciudadano, pese a no aplicarse en todo momento en el periodo
revolucionario, condujeron a la concesión de la libertad de
conciencia y de
derechos civiles
para los protestantes y los judíos. La Revolución
inició el camino hacia la separación de la Iglesia y
el
Estado.
Los ideales revolucionarios pasaron a integrar la
plataforma de las reformas liberales de Francia y Europa en el
siglo XIX, así como sirvieron de motor
ideológico a las naciones latinoamericanas independizadas
en ese mismo siglo, y continúan siendo hoy las claves de
la democracia. No
obstante, los historiadores revisionistas atribuyen a la
Revolución unos resultados menos encomiables, tales como
la aparición del Estado centralizado (en ocasiones
totalitario) y los conflictos
violentos que desencadenó.