Los derechos humanos en Colombia

I. Introducción.

La crisis de los
derechos
humanos en Colombia no ha
tenido las manifestaciones externas de las dictaduras militares
que asolaron el continente latinoamericano en las décadas
pasadas; pero se ha alimentado de las mismas prácticas en
la comisión de crímenes de tesa humanidad:
torturas, ejecuciones extrajudicales, desapariciones forzadas y
genocidio; en un marco similar de terrorismo de
Estado. Lo
peculiar y paradoxal a la vez es que hablamos de un formal
régimen civil que se ufana de ser una de las democracias
más estables y antiguas del continente.

Ciertamente que el poder militar
ha estado
sometido a un sector de la sociedad civil en
Colombia, que son
las minorías que gozan de los privilegios del poder
económico. Minorías que en busca de perpetuar el
statu quo le han concedido a la Fuerza
Pública, en particular al Ejército, la facultad de
actuar por fiera de los marcos legales y constitucionales en el
"control del orden
público". Para garantizar ese ejercicio servil de la muerte le
han ofrecido a sus perpetradores la impunidad sobre sus acciones
criminales. Al terrorismo de
Estado
corresponde entonces una política de
impunidad.

En Colombia en los
últimos diez años se han asesinado trescientas mil
personas (alrededor de cien por día), treinta mil de las
cuales por razones políticas
(en promedio diez diarias), de las cuales tres perecen en
combates entre la guerrilla y la fuerza
pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o
masacres. Cerca de un millón de personas han sido
obligadas a desplazarse de su terruño (la mayoría
viudas y niños huérfanos) dejando atrás sus
ranchos quemados, sus seres queridos asesinados y cargando con su
miseria a cuestas. Dos mil quinientas personas han sido detenidas
desaparecidas, miles han sido detenidas arbitrariamente y miles
han sido torturadas. Estas cifras espantosas que afectan los
espíritus sensibles, describen el tamaño del terror
y de la impunidad que padece el pueblo de Colombia.

El propósito de estas reflexiones es el de
señalar que más que fallas en el aparato judicial
que impide la persecución del delito y el
castigo del verdugo, en Colombia respecto
de las violaciones de los derechos humanos
existe una verdadera política de impunidad
que compromete no solamente todos los órganos del Estado, sino
los medios de
comunicación de masas privados al servicio del
capital, y por
parte de las élites que controlan dicho capital, que
encubren no solamente los crímenes de lesa humanidad que
el Estado
comete, sino la exclusión económica, social y
política
en que dichas élites mantienen a la mayoría de la
población; todo ello bajo la cortina de
humo de un discurso
democrático. Por tanto no resulta incomprensible entender
el contraste que se presenta en la legalidad y la realidad, entre
uno de los aparatos judiciales y la burocracia de
derechos
humanos más grandes del mundo, con las estadísticas de violaciones y de impunidad
más aberrantes del planeta.

II. Burocracia e
impunidad:

En efecto el aparato judicial en Colombia cuenta
con cinco órganos máximos, independientes entre
sí, encargados de la administración de justicia: La
Corte Suprema, la Corte Constitucional el Consejo de Estado, la
Fiscalía General de la Nación y el
Consejo Superior de la Judicatura. De otro lado como
órganos de control de la
función pública están la Contraloría
General de la República y la Procuraduría General
de la Nación, a ésta última está
adscrita la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría
cuenta a su vez con una unidad de Investigaciones
Especiales y con una Delegada de Derechos Humanos,
a la vez que varias delegadas especializadas en las Fuerzas
Militares, la Policía y la Policía Judicial,
así mismo extiende su función de control y de
protección a los derechos humanos a cada uno
de los municipios del país a través de los
personeros.

De otra parte la rama Ejecutiva cuenta con la
Justicia Penal
Militar, la Consejería Presidencial para la Defensa,
Protección y Promoción de los Derechos Humanos, con
unidades de Derechos Humanos en el
Ministerio del Interior, de la Defensa y cada una de las
guarniciones militares y de policía, así como en el
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Congreso de la República tiene por su
parte una Comisión de Derechos Humanos tanto en el
Senado como en la Cámara de Representantes. Además
el Parlamento debe ejercer en su conjunto el control
político sobre el uso de los estados de
excepción.

Si añadimos a lo anterior que el Estado
colombiano contempla en su Carta Política más
de cien artículos que consagran los derechos humanos y
mecanismos de protección de los mismos como el
hábeas corpus, las acciones de
tutela (o acciones de
amparo) y las
acciones de
cumplimiento; al tiempo que
reconoce la primacía del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos sobre el derecho
interno (Arts. 93 y 94 de la Constitución). Y que ha firmado y
ratificado casi la totalidad de declaraciones, convenciones y
pactos referidos a los Derechos Humanos. No podemos menos que
sentirnos estupefactos cuando la formalidad y el discurso se
convierten frente a los hechos en mecanismos de
perpetuación de las violaciones y en afirmación de
la irnpunidad.

Por qué éstos órganos
encargados de velar por el imperio de la ley no han
correspondido a las expectativas de un Estado de
Derecho? Debemos brevemente explicar las razones que nos
parecen fundamentales para comprender el papel que
estas entidades han cumplido en la degradación de la
Institucionalidad democrática.

Restricción de los mecanismos de
protección de los derechos
fundamentales.

A partir de la Constitución de 1991 cualquier persona puede
interponer acciones de
tutela para que se salvaguarde un derecho fundamental, propio o
ajeno, que esté siendo vulnerado o pueda ser vulnerado por
una autoridad
pública (Art. 86). La reacción del aparato judicial
a ésta norma fue adversa y se impuso una
reglamentación restrictiva (tanto del punto de vista del
procedimiento
como del derecho sustancial) que desconoce el espíritu del
mandato constitucional. Además los jueces y magistrados en
general son reacios a defender los derechos fundamentales de las
personas que son atacadas por ser consideradas subversivas, que
es precisamente la razón fundamental por la cual se han
presentado y se siguen presentando la mayor parte de las
violaciones a los derechos humanos. Lo mismo puede decirse con la
acción de hábeas corpus (art. 30) que precisamente
está consagrada para proteger a las personas detenidas
arbitrariamente, pero cuyo derecho ha sido restringido en la
ley por
iniciativa del Ejecutivo (por decreto en uso de facultades de
excepción, Decreto 1156 de julio de 1992), respaldado por
el Congreso (convirtiéndolo en legislación
permanente, ley 15 de 1992) y
con la complacencia de la Corte Constitucional que en el proceso de
exequibilidad la consideró ajustada a la Carta Política (Sentencia
C-301 del 2 de agosto de 1993).

La instrumentalización política
para la guerra del
aparato Jurídico.

Es la tendencia generalizada y asumida por los
propios magistrados y jueces. El Ejecutivo, el Congreso y la gran
prensa
presionan para que las normas no se
piensen ni se apliquen independientemente de las estrategias de
guerra contra
la subversión. El derecho se relativiza hasta desaparecer
cuando la víctima de una violación lo ha sido por
presumírsele subversiva, de tal forma que ha sido
torturado se ignoran las torturas, si ha sido detenido
arbitrariamente se ignora la ilegalidad de la retención; o
si han sido ejecutados extrajudicialmente, desaparecidos o
masacrados no habrán investigaciones
penales y si excepcionalmente las hay no habrán sentencias
condenatorias o en el peor de los casos nunca se harán
efectivas. Por la misma causa se produce también el
fenómeno inverso, se aplica la acción judicial con
máximo rigor desbordando a menudo los marcos del debido
proceso cuando
a la persona se le
sindica de pertenecer a una organización subversiva.

Esta instrumentalización política
se expresa además de lo señalado, de las siguientes
maneras:

1. Constitucionalizando la legislación de
   guerra. En
   la práctica ha provocado la existencia de dos
   constituciones una garantista de los derechos y otra nacida de
   los Decretos de Estados de Excepción que han sido
   convertidos en legislación permanente pese a vulnerar
   los derechos consagrados en la Carta
   Política. En ello las responsabilidades han sido
   compartidas en las ramas del poder
   público: El Ejecutivo que una vez levantado el Estado de
   excepción presenta como proyectos de
   ley los
   decretos que ha dictado en uso de esas facultades, el
   Legislativo que convierte dichos proyectos en
   leyes, y la
   Corte Constitucional que los avala.
2. Afirmando el autoritarismo presidencial. La
   Corte Constitucional y el Congreso al darle vía libre a
   las declaratorias de los Estados de Excepción y a los
   decretos de conmoción afirman una práctica que ha
   terminado por confundir y pervertir el necesario control
   entre las ramas del poder
   público. Las crisis
   políticas, las improvisaciones y errores
   de la política criminal o del control del orden
   público se saldan por parte de los gobiernos abusando de
   los Estados de Excepción. La Corte el 18 de octubre de
   1995, en un fallo sin precedentes declaró inexequible la
   declaratoria de Conmoción Interior hecha por el
   Presidente Samper dos meses antes, considerando que el Gobierno
   violó el art. 4 del Pacto Internacional de Derechos
   Civiles y Políticos y el art. 27 de la Convención
   Americana de Derechos Humanos. No obstante el Congreso
   cubrió de impunidad política al Gobierno al no
   abrirle el juicio correspondiente como era su obligación
   constitucional. Luego el 2 de noviembre de l995, el Gobierno
   volvió a declarar la Conmoción Interior, so
   pretexto del asesinato de un líder
   político de derecha en el que estarían
   involucradas las propias Fuerzas Armadas; la Corte
   Constitucional en la acción ambigua que la ha
   caracterizado, la declaró exequible en fallo de enero de
   1996, contradiciéndose con los argumentos que
   había expresado tres meses atrás. Así el
   ciclo de violaciones a la Carta
   Política se reproduce desde las más altas
   autoridades del Estado, asegurando recíprocamente la
   impunidad política y jurídica de sus
   actos.
3. Otorgándole competencia a
   los verdugos para que investiguen y juzguen sus propios
   crímenes. Este es uno de los ejes centrales en que se
   ampara con la impunidad a los terroristas de Estado, reviste
   las siguientes formas:

a) La justicia
negando la justicia.
Cuando ha sido posible que la Fiscalía General de la Nación inicie
investigaciones penales contra miembros de la
Fuerza
Pública comprometidos en crímenes de tesa
humanidad, ésta hace operar los mecanismos de la Justicia Penal
Militar para provocar colisiones de competencias que
ha de derimir la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, quien reiteradamente ha sustraído dichos
procesos de la
justicia civil con el argumento de que todos los crímenes
cometidos por miembros de la Fuerza
Pública, incluso violaciones carnales se consideran actos
del servicio o con
ocasión del servicio.
Dichas decisiones son discutibles en derecho y están
mediadas por la voluntad implícita de los magistrados de
contribuir a la política de impunidad sobre las
violaciones a los derechos humanos. Su ausencia de independencia
en las decisiones podemos confirmarla con la decisión de
las Fuerzas Armadas de ascender ad honorem al cargo de
Brigadieres Generales a las magistradas de ese órgano de
justicia Luz Stella
Mosquera y Myriam Donceto de Montoya "por sus servicios
rendidos a las Fuerzas Militares, hecho que ya desdice de la
imparcialidad de éste órgano de justicia, y que se
ejemplifica en las siguientes decisiones:

1. El 5 de octubre de 1993, tropas del
Batallón Palacé bajo el mando del Teniente Coronel
Luis Felipe Becerra Bohórquez, simulan un enfrentamiento
armado para justificar la masacre de trece campesinos en el
municipio de Trujillo, Departamento del Valle, entre ellos un
anciano de 75 años de edad, seis mujeres, dos de las
cuales menores de edad y una embarazada, todas torturadas y
violadas. El hecho se presentó como un exitoso operativo
militar contra una columna guerrillera, a algunas de las
víctimas se les colocó trajes y armas de uso
privativo de las Fuerzas Militares. La justicia penal militar
inicia la "investigación" una vez trasciende a la
opinión pública la verdad. Al Coronel quien se
había confesado responsable intelectual de la matanza de
los presuntos guerrilleros se le impuso una caución de
U.S. 70 como medida de aseguramiento; la Fiscalía sólo entra a discutir la
competencia en la
investigación trece meses después de
los hechos y dicta una orden de captura contra el Coronel quien
nunca se hizo efectiva porque entretanto la Justicia Penal
Militar provocó colisión de competencias y en
el mes de marzo de 1995 el Consejo Superior de la Judicatura
decidió a favor de los intereses
militares.

2. Dos miembros de la Red de Inteligencia
número 7 de la Armada Nacional adscrita a la Dirección de Inteligencia
de las Fuerzas Militares señalan públicamente la
responsabilidad de dicha red bajo la dirección del Coronel Rodrigo
Quiñónez en el asesinato de más de cien
personas en el puerto petrolero de Barrancabermeja y sus
alrededores, entre los años 1992 y 1993; la mayoría
de las víctimas eran sindicalistas, defensores de derechos
humanos y líderes populares. La denuncia del suboficial y
del ex-suboficial dio lugar a la iniciación de un proceso penal
en la Fiscalía General, al tiempo la
Justicia Penal Militar reacciona para reclamar la competencia quien
le es otorgada el 11 de agosto de 1994 con ponencia del
magistrado Leovigildo Bernal. Entonces la Justicia Penal Militar
vincula a la investigación y ordena la detención,
no del Coronel Rodrigo Quiñónez, sino de los
denunciantes quienes son puestos prisioneros y uno de ellos Saulo
Segura es asesinado en la cárcel en la que estaba
internado en la ciudad de Bogotá el 30 de diciembre de
1995.

3. El día 15 de enero de 1955, en el
corregimiento de Puerto Patiño del municipio de Aguachica,
Departamento del César, son detenidos y ejecutados
extrajudicialmente siete personas y una más detenida
desaparecida. Las víctimas fueron señaladas de ser
guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. En el mismo
municipio y los alrededores entre el 7 de agosto de 1994 y el 31
de diciembre de 1995, se presentaron 217 Ejecuciones
Extrajudiciales y 14 desapariciones forzadas. En la zona se ha
consolidado el paramilitarismo como proyecto
contrainsurgente, así lo denunció el propio
Comandante de la Policía de Aguachica quien
estableció que el mayor del Ejército Jorge
Lázaro Vergel responsable militar de la base de
Aguasclaras con poder de mando
sobre las bases de Aguachica y Morrison, era el principal
ejecutor del paramilitarismo. La Fiscalía General dictó contra el
Mayor "orden de detención sin beneficio de
excarcelación por fomentar y auxiliar estructuras
paramilitares y por su posible participación en la masacre
de Puerto Patiño". El Mayor no fue conducido a una
cárcel, el Ejército comunicó que se
encontraba recluido en una base militar en la ciudad de
Bucaramanga, entretanto la Justicia Penal Militar provocó
la colisión de competencias y el
Consejo Superior de la Judicatura decidió asegurar el
camino de la impunidad entregándoles el "Juzgamiento del
Mayor Lázaro Vergel".

4.- El 8 de octubre de 1996 la mencionada
corporación judicial resolvió la colisión
planteada por una masacre de 17 campesinos cometida en abril de
1991 en el sitio conocido como "Los Uvos", departamento del
Cauca, en la que actuaron conjuntamente militares y
paramilitares; decidió no solamente que los
crímenes contra la humanidad son hechos relacionados con
el servicio
militar sino además legitimó el paramilitarismo al
decir " …También es lógico que en su afán
de proteger la vida de sus colaboradores los doten de prendas
militares para pasar desapercibidos ante la comunidad e
igualmente los doten de armas para su
protección". La magistrada ponente de esta aberrante
decisión judicial fue Myriam Donato de Montoya. De esta
manera se cierra el círculo de la impunidad, aunque como
en los casos citados, las pruebas sobre
las responsabilidades se hayan hecho públicas e
irrefutables. Los magistrados se convierten en una parte
sustancial de la cadena del crimen y del
terror.

5.- E1 11 de octubre de 1996 la Fiscalía
General de la Nación profirió orden de
detención preventiva contra el general Faruk Yanine
Díaz sindicado de promover grupos
paramilitares y varias masacres en el Magdalena Medio durante los
años ochenta. Entre los hechos que se le imputan al
General Yanine se encuentra la matanza de 19 comerciantes
asesinados el 6 de octubre de 1987, cuando se desempeñaba
como Comandante de la II División del Ejército. Las
19 víctimas eran negociantes de electrodomésticos y
fueron acusados de ser "auxiliadores de la guerrilla", los
perpetradores de la matanza fueron miembros de un grupo
paramilitar financiado por narcotraficantes, protegidos y
promovidos por el Ejército.

Contra el General Yanine, desde que era
Comandante de la XIV Brigada en 1984, se lanzaron graves
acusaciones de ser violador de los derechos humanos. Pese a ello
fue ascendido al Comando de la II División, luego al
Cuartel General del Comando General de las Fuerzas Militares en
1989, al Estado Mayor como Subcomandante y a la Inspección
General del Ejército en el mismo año; en 1990 fue
promovido al Comando General del Ejército y en 1991 como
Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Desde
noviembre de 1992 fue nombrado Delegado ante la Junta
Interamericana de Defensa en Washington, donde permaneció
hasta el dos de octubre de 1996 desempeñándose como
"asesor distinguido del Colegio Interamericano de Defensa,
organismo multilateral dedicado a la promoción de los derechos
humanos".

La colisión de competencias
planteada por la Justicia Penal Militar fue decidida en diciembre
de 1996 por el Consejo Superior de la Judicatura a favor de los
militares. Días antes el entonces Comandante del
Ejército, general Harold Bedoya, hoy Comandante de las
Fuerzas Militares, quien fue uno de sus alumnos en la escuela del
terror, y quien por tanto tendría la competencia para
juzgarlo se refirió a él reivindicándolo
como un héroe, comparándolo con los próceres
de la independencia
Simón Bolívar y José María
Córdoba.

6.- El 19 de febrero de 1997 el Consejo Superior
de la Judicatura, mantuvo su postura al "dirimir un conflicto de
competencias,
en un proceso por
una matanza de 45 personas, en la que están vinculados
siete militares (entre ellos el general Raúl Rojas) y dos
policías. Con la decisión el órgano judicial
declaró competente a la Justicia Penal Militar para que
asuma la causa contra los involucrados en el asesinato colectivo,
uno de los más graves cometidos en Colombia. La matanza
tuvo lugar el 11 de noviembre de 1988 en Segovia, población del departamento de
Antioquía y fue atribuida a un grupo
paramilitar que irrumpió en el casco urbano del pueblo y
disparó contra transeúntes y conterturlios en
establecimientos públicos. Una supuesta venganza
política, por el respaldo que recibieron los candidatos de
izquierdas a la Alcaldía y al Consejo, fue mencionada en
su momento como causa del crimen masivo.

b) El Congreso contribuyendo en la política
de impunidad. La Corte Constitucional en una de sus ambivalencias
positivas, el 29 de marzo de 1995 declaró inconstitucional
el inciso segundo del art. 656 del Código Penal Militar,
Decreto 2550 de 1988, considerando que los militares en servicio
activo no pueden integrar las cortes marciales ya que no
garantizan una administración de justicia independiente e
imparcial. Este fallo de la Corte Constitucional abría el
camino para una reforma del fuero penal militar que
evitaría que los mismos militares que cometen los
crímenes se juzguen así mismos; mas el Congreso en
la reforma constitucional más rápida en la historia del país dio
al traste con la plausible jurisprudencia
y modificó el art. 221 de la Carta
Política consagrando de manera expresa que los tribunales
militares podrán estar integrados por oficiales en
servicio activo de las Fuerzas Armadas. El ponente de dicha
iniciativa fue Germán Vargas Lleras, familiar de un
ex-presidente, y miembro del Partido Liberal, que a su vez es el
partido del Presidente Samper, quien no manifestó ninguna
objeción a dicha iniciativa, el Partido Conservador
también le dio su pleno respaldo. Ello confirma los lazos
de la clase política tradicional en la política de
impunidad.

c) La justicia no se admite para los intocables.
En Colombia a diferencia de otros países de América
Latina la impunidad para los violadores de los derechos
humanos no se ha asegurado a través de indultos o
amnistías. Bajo la máscara de la administración de justicia a través
del fuero penal militar se ha ido asegurando la absolución
de todos los responsables del terrorismo de
Estado. El fuero no es la impunidad en sí misma, pero es
el medio hacia la impunidad. Sí resalto esta
reflexión, es porque la voluntad política del
Poder
Ejecutivo queda comprometida, la Justicia Penal Militar
está bajo su jurisdicción y el Presidente es
constitucionalmente el "Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas" en tal virtud puede dirigirla y disponer de ella (art.
189, C.N.) Es decir que podría influir no solamente para
prevenir las violaciones a los derechos humanos, sino que a
través de la misma vía podría garantizar que
el Fuero Penal Militar no se convierta en un instrumento de
impunidad. Mas en Colombia los factores real de poder invierten
las reglas de la sujeción y son los gobernantes civiles
los que terminan sometiéndose a las directrices militares.
Es más fácil en Colombia meter a la cárcel a
un ministro de Estado que a un general responsable de violar los
derechos humanos.

4. El sutil discurso de
los funcionarios públicos que encubren el terrorismo de
Estado. Dentro del Estado colombiano existe una amplia burocracia
especializada en la teoría
de la democracia y
en las refinadas prácticas de la diplomacia. Qué
observador internacional no se sorprende al visitar el
país y encontrar una amplia red de autoridades civiles
que los reciben con gentileza, con puertas abiertas, con
disposición autocrítica en los diálogos y
con confesión de las graves fallas que afectan al aparato
de Estado?. Quién no reconoce que hay una grave crisis de
derechos humanos? Quién no reconoce que hay impunidad?
Quién podría dudar al escucharlos de que tienen una
real voluntad política de ponerle fin a los desafueros y a
la barbarie?. Si el observador internacional sale de Colombia
convencido de que con tales funcionarios se pondrá fin a
la crisis
humanitaria y deja de hacerle un seguimiento a la
situación, podrá sorprenderse años
más tarde al regresar al país de que el funcionario
público conserve su mismo cargo o haya sido ascendido
aunque la situación se haya agravado, encontrará
que el discurso
seguirá siendo el mismo, quizás un poco más
profesional. Si el observador visita con frecuencia el
país terminará descubriendo que detrás de
los bellos discursos
existe una gran dosis de cinismo.

Estos mismos funcionarios se ocupan en el
exterior de relativizar la responsabilidad estatal en las violaciones a los
derechos humanos con el fin de evitar que la comunidad
internacional se ocupe como es debido en la crisis
humanitaria colombiana. Es decir que respecto a la acción
debida de los mecanismos internacionales de protección de
los derechos humanos generan una especie de impunidad
diplomática, por supuesto con la complacencia de los otros
Estados.

Podemos encontrar como ejemplo de lo dicho la
acción de la Consejería Presidencial para la
Protección, la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos, creada en 1988 y convertida desde entonces en el
baluarte del discurso
democrático de la represión estatal. En una primera
etapa se dedicaron a mostrar al Estado como víctima de las
manifestaciones extremas de la violencia
ubicadas en el narcoterrorismo Vs. la guerrilla. Agotado este
planteamiento por la tozudez de los hechos que fueron demostrando
que la mayor parte de la responsabilidad de la violencia
política le correspondía al Estado, pasaron de
aceptar que había algunos miembros de la Fuerza
Pública que de manera aislada violaban los derechos
humanos a aceptar que una parte importante de las violaciones se
producen por la acción de la Fuerza
Pública.

5. Cifras, manipulaciones y mentiras en los
discursos de
los funcionarios públicos: El Dr. Carlos Vicente de Roux,
Consejero Presidencial para los Derechos Humanos desde la
administración de César Gaviria
Trujillo y en la actual del Presidente Ernesto Samper Pizano ha
negado que las violaciones de los derechos humanos obedezcan a
una política estatal, ha negado que el paramilitarismo
tenga como causa principal la estrategia
contrainsurgente de las Fuerzas Armadas y ha negado que se
propicie desde el Estado una
política de impunidad. Quizás por ello es de lo
pocos funcionarios públicos con altas responsabilidades
políticas que no ha sido removido de su
cargo. No solamente por negarlo, sino por tener la habilidad de
darle un marco de verosimilitud a sus palabras, de paso
responsabilizando a la guerrilla colombiana "como ninguna otra en
el mundo, de las prácticas propias de la delincuencia
común en el desarrollo de
su actividad militar" o indicando que la "guerrilla es la
responsable de la mitad, por lo menos, de la problemática
humanitaria que padece el país. Si su comportamiento
se compara con los estándares de los grupos
irregulares que combaten contra los Estados a lo largo y ancho
del mundo, se verá que ninguno de esos grupos la supera
en la utilización de los métodos
propios de la delincuencia
común y en el irrespeto por el derecho
humanitario".

Lo anterior podría pasar sin mayores
controversias, si el Consejero a continuación no afirmara
que se han presentado efectos positivos por las medidas
gubernamentales, cuyo "más importante consiste en una
reducción de los casos de violación de los derechos
humanos cometidas por miembros de las fuerzas militares y de
policía. Esta reducción ha sido constatada no solo
por organismos nacionales de control, como la Procuraduría
General de la Nación, sino también por organizaciones no
gubernamentales nacionales e internacionales y por agencias de
gobiernos que ejercen monitoria sobre la materia".

La Comisión Intercongregacional de
Justicia y Paz reportó para el año de 1995: 944
asesinatos políticos, 662 asesinatos presumiblemente
políticos, 200 asesinatos presumiblemente por limpieza
social, 899 muertes en acciones bélicas, 3822 asesinatos
obscuros y 111 desapariciones forzadas. Sobre la
presunción de responsabilidad de los hechos de violencia
política para el mismo año señaló:
Militares 28.4 %, Policías 10.9 %, Paramilitares 5.7 %,
otros organismos del Estado 5.2%, Guerrillas 10.7 %,
narcotraficantes 0 % y sin información un 35.2%. Es decir que la
responsabilidad del Estado en la violencia
política fue cinco veces superior a la responsabilidad
atribuible a los grupos
insurgentes. Y cuando el Consejero Presidencial reporta que "al
menos la mitad" de la crisis humanitaria, es responsabilidad de
la guerrilla sin sustentar su afirmación, está
tergiversando las cifras para relativizar la responsabilidad del
Estado, convirtiendo de paso su oficina en un
instrumento de la "Guerra
Psicológica". Así implícitamente se
justifica la acción militar.

Según el Comité Permanente para la
Defensa de los Derechos Humanos durante 1996 registraron en su
banco de
datos 2306
homicidios de naturaleza
política, de los presumibles autores identificados se
señala que la Fuerza Pública y los paramilitares
serían responsables del 31.18%, y la guerrilla y milicias
del 12.31%. La tendencia señala una responsabilidad
creciente de los grupos
paramilitares, que es la forma estratégica de la guerra sucia
que ahora prefieren las Fuerzas Armadas, frente a los cuales
manifiestan que no tienen articulación
alguna.

7. Narcotráfico y violencia
política: El tema de la lucha contra el narcotráfico le ha servido al Estado
colombiano para desviar la atención mundial sobre su
propia responsabilidad en el fenómeno de la violencia o
incluso para justificara Ha sido común que el Gobierno o los
medios de
comunicación al servicio del militarismo atribuyan la
responsabilidad "de la mayoría de los homicidios
políticos a los traficantes de drogas y a los
grupos guerrilleros", como lo ha dicho Amnistía
Internacional: "Las organizaciones
dedicadas al tráfico de drogas han
recurrido a los delitos violentos
en campañas de atentados indiscriminados con bombas y a los
asesinatos de ministros del gobierno,
funcionarios judiciales, periodistas y otras muchas personas que
se oponían a sus actividades delictivas. Sin embargo, la
percepción del tráfico de drogas como
causa principal de la violencia política en Colombia es un
mito".

El Gobierno respecto a las estadísticas que señalarían
un reducido margen de la participación del narcotráfico en la violencia
política ha dicho: No es cierto que los narcotraficantes
solamente respondan del 2% de la violencia política en el
país…esa estadística olvida el papel profundo
del narcotráfico que se ha territorializado,
que ha comprado tierras en muy amplias zonas de Colombia, en la
creación de grupos paramilitares".

A este planteamiento hay que responder que
efectivamente el narcotráfico financia el paramilitarismo y
promueve la violencia política, que ciertamente el
narcotráfico no ha sido ajeno a la
instrumentalización de la represión. En esa
perspectiva el narcotráfico ha sido utilizado por el Estado en
un doble sentido: Para justificar la consecución de
grandes recursos en el
exterior que de dedicarían a "combatirlo" pero que se
desvían a la lucha contrainsurgente. Y para financiar
operaciones
encubiertas de la Fuerza Pública y la
implementación del paramilitarismo.

Para ejemplificar el primer planteamiento resulta
ilustrativo las denuncias del lingüista Noam Chomsky al
resaltar que el Estado de Colombia es el mayor violador de los
derechos humanos en el hemisferio americano a la vez que es
recompensado con la mayor concesión de asistencia militar
por parte de los Estados Unidos:
"El pretexto de Estados Unidos
para apoyar estas atrocidades es la guerra contra las drogas, que
se convirtió en una obsesión nacional al ser
lanzada por George Bush en septiembre de 1989; más bien,
uno debería decir se relanzó, ya que este es un
hecho que ocurre regularmente. Un mes antes, el cargamento
más grande de armas
jamás autorizado bajo la ley de
provisiones de emergencia para Ayuda Extranjera fue enviado al
Ejército de Colombia, sentando las bases, informa William
Hartung, "para enviar más armamento estadounidense del que
se recibió en Colombia durante toda la década de
los ochenta" lo que ya era excesivo. Se enviaron al
Ejército: helicópteros, aviones, y otras cosas,
inútiles en la guerra contra la droga, tal
como se indicó en ese momento. Entre el 90 y el 95% de las
operaciones
antinarcóticos son dirigidas por la Policía
Nacional, y no con bombarderos y helicópteros. Estos
tienen otros usos. Grupos de derechos humanos pronto informaron
de bombardeos a poblaciones, masacres y otras atrocidades. Los
efectos de los envíos de armamento podrían muy bien
probablemente haber sido dirigidos a fortalecer los lazos entre
las fuerzas de seguridad y los
narcotraficantes, y las clases propietarias de tierra
asociadas con ellos".

El segundo planteamiento además de lo
aceptado por el propio Gobierno, se ha demostrado en
números hechos de violaciones a los derechos humanos en
que han participado militares, policías, paramilitares y
narcotraficantes en acciones conjuntas: 107 personas fueron
detenidas, torturadas, descuartizadas en vida con una motosierra
eléctrica y sus restos lanzados en costales a las aguas
del río Cauca, en el municipio de Trujillo, departamento
del Valle. Estos hechos atroces se cometieron entre octubre de
1998 y mayo de 1991. Muchas de las víctimas se
habían atrevido a denunciar las aberraciones cometidas. El
principal testigo y denunciante fue partícipe de los
hechos como informante del Ejército. Su testimonio fue
considerado como resultado de perturbaciones mentales que lo
aquejaban, luego fue asesinado. Pero su testimonio
permitió comprobar las relaciones estrechas entre
narcotraficantes (vinculados a la cúpula del Cartel de
Cali), paramilitares, policías y militares que actuaron
conjuntamente en la desencadenación de estos hechos de
terror.

El 5 de octubre de 1993 fueron masacrados 13
campesinos en el municipio de Riofrío, departamento del
Valle. En la masacre participaron paramilitares, policías
y militares, uno de los autores intelectuales fue un reconocido
narcotraficante de la región miembro del Cartel de
Cali.

El 16 de diciembre de 1991, en el municipio de
Caloto, Departamento del Cauca fueron masacrados 20
indígenas de la comunidad
Paéz y sus ranchos incendiados. La autoría
intelectual tuvo origen en narcotraficantes del Cartel de Cali y
los ejecutores fueron sicarios a su servicio y oficiales de la
Policía Nacional.

El 14 de enero de 1990, 43 habitantes de Puerto
Bello, (municipio de Turbo, Urabá antioqueño)
fueron detenidos, se les colocó boca abajo, se les
ató de las manos y luego les obligaron a subir a dos
camiones que les llevó a la ciudad de San Pedro de
Urabá. Testigos presenciales los vieron pasar por dos
controles del Ejército. Las investigaciones
oficiales establecieron que los responsables de los hechos fue un
grupo
paramilitar bajo las órdenes de Fidel Castaño,
conocido con el alias de "Rambo": "Tras oír el testimonio
de un desertor del grupo
paramilitar, las autoridades judiciales y policiales registraron
dos ranchos del Departamento de Córdoba pertenecientes a
Fidel Castaño en los que encontraron nueve tumbas
clandestinas. En ellas había 24 cuerpos que mostraban
señales de tortura; se cree que 20 pertenecía a
habitantes de Pueblo Bello". La detención
desaparición, torturas y ejecuciones de estos 43
campesinos tuvo como causa el robo de 43 cabezas de ganado de
propiedad del
narcotraficante. De esta manera daba una lección de terror
a la población que supuestamente colaboraba con
la insurgencia. Fidel Castaño actuó como jefe
militar del Cartel de Medellín y luego del Cartel de Cali,
ha sido procesado y condenado por otras masacres de trabajadores
de las fincas bananeras, en las que actuado en
colaboración con el Ejército colombiano. Desde hace
varios años él y sus hermanos jefes de los grupos
paramilitares de la región, con el apoyo de la Fuerza
Pública desarrollan una campaña de aniquilamiento
de todos aquellos quienes son considerados simpatizantes de la
insurgencia armada. Fidel Castaño se dirigió al
Gobierno para criticar el cuestionamiento de los grupos
paramilitares porque: "Las Fuerzas Armadas, como nosotros, nos
consideramos aliados y amigos circunstanciales, ya que
compartimos un enemigo común más poderoso que
ambos". Pesen a tener él y sus hermanos varias
órdenes de captura en su contra, el Ministro del Interior,
Dr. Horacio Serpa Uribe se reunió con ellos en el mes de
enero de 1996 con el propósito de dialogar su
"reintegración a la vida civil".

"Desde finales de 1994, el grupo
paramilitar "Serpiente Negra" desató en el departamento
del Meta una ofensiva contra la población de la región del Alto
Ariari y contra el Comité Cívico de Derechos
Humanos del Meta, el cual fue desterrado de la región en
febrero de 1995 y todos sus miembros amenazados de muerte. Varios
miembros del Batallón de Infantería N 21 "Vargas ",
acantonado en la región, han sido asociados a distintas
acciones del grupo Serpiente Negra. Víctor Carranza
Niño, conocido negociante de esmeraldas y señalado
reiteradamente como narcotraficante por distintas autoridades,
lidera el grupo paramilitar". En 1989 dos integrantes de los
grupos paramilitares conformados por Víctor Carranza,
confesaron que por órdenes de éste habían
ejecutado a varios miembros de la Unión Patriótica
habiendo recibido el apoyo del Batallón Vargas y de la VII
Brigada. Carranza les pagó sus servicios
permitiéndoles explotar sin límites una de sus
minas de esmeraldas durante un mes. Posteriormente el DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad)
conoció que desde las haciendas de Carranza se entrenaban
los grupos paramilitares y en una de ellas halló fosas
clandestinas con varios cadáveres y armas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas. Pese a ello Carranza y sus
hombres fueron absueltos luego de que se pusiera una bomba en el
apartamento del abogado que representaba a las víctimas,
se amenazara de muerte a la
agente del Ministerio Público y se comprara a la Juez que
llevaba a cargo la investigación.

Muchos otros testimonios se han recogido
judicialmente contra Víctor Carranza, sin embargo no
solamente continúa en libertad, sino
que en marzo de 1996 participó en una conferencia a la
que fue invitado por Juan Manuel Santos, Ex-ministro del Gobierno
de Samper, en la que estuvo presente el General Manuel
José Bonnet, varios ministros de Estado y algunos
ex-presidentes.

Josué Giraldo Cardona, Presidente del
Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta,
denunció en el Parlamento Europeo y en Naciones Unidas
los crímenes cometidos por Víctor Carranza y la
participación por acción y omisión en ellos
de las Fuerzas Armadas. Josué fue asesinado el 13 de
octubre de 1996 frente a sus dos pequeñas hijas de 3 y 5
años de edad, en su casa en la ciudad de
Villavicencio.

Podríamos seguir mencionando muchos otros
hechos, recientes y pasados en el que es clara la relación
entre miembros de la Fuerza Pública, narcotraficantes y
paramilitares en la comisión de crímenes de tesa
humanidad. Sin embargo los señalados son una muestra
fehaciente de los tejidos del
terror y de la impunidad denunciados. El narcotráfico no
es un generador independiente de violencia política, ha
estado estrechamente ligado a las estrategias
represivas del Estado. De otro lado no podemos olvidar que el
actual Presidente, Dr. Ernesto Samper Pizano be elegido por los
aportes significativos del Cartel de Cali lo que ha ocasionado
que quien fuera el tesorero de la campaña presidencial
esté detenido, que quien fuera el gerente de la
misma y posteriormente ministro de la Defensa esté preso,
que se haya llamado a indagatoria a tres de los ministros
(Relaciones Exteriores, del Interior y Comercio
Exterior) que el propio Samper por ello haya sido acusado
ante el Congreso por el Fiscal General de la Nación; y que
para sortear la crisis política y de gobernabilidad que
dicho escándalo le ha generado, el Presidente
renunció a la política de paz y ha cedido por
completo a las pretensiones de la extrema derecha como
única manera de mantenerse en el
gobierno.

III. Eliminar a los defensores de derechos
humanos:

Uno de los pasos para afianzar la
impunidad.

El Presidente Samper señaló en
discurso público que "como Presidente y Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas prefiero a los militares enfrentados a la
subversión en las montañas y no en los juzgados del
país contestando requerimientos infundados presentados por
sus enemigos". Con esta frase el Presidente tiende de un lado un
manto de impunidad sobre todas las violaciones a los derechos
humanos cometidas por la Fuerza Pública que se
estén investigando en alguna agencia estatal, con el
mensaje claro que si investigan y sancionan están
favoreciendo a la subversión, lo cual constituye un
mensaje intimidatorio para dichos funcionarios. De otra parte
descalifica y expone a la represión a las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos y a las víctimas de
violaciones de esos derechos o a sus sobrevivientes que
denuncien, al equipararlos a la categoría de "enemigos",
es decir de subversivos y por tanto blancos legítimos de
la confrontación. Esta frase del Presidente implica la
confirmación de la impunidad como política estatal
y de la perpetuación del terrorismo
como consecuencia.

Este discurso presidencial tiene antecedentes en
los propios manuales de
Contrainteligencia del Ejército, en el Manual de la
Escuela Militar
de Cadetes "José María Córdova", titulado
"Conozcamos a nuestro Enemigo" se incluyen a la mayor parte de
las Organizaciones No
Gubernamentales de Derechos Humanos colombianas, así como
organizaciones
sindicales, campesinas, populares y partidos de izquierda como
vinculadas a la insurgencia armada. Es parte de la
extensión de la Doctrina de la Seguridad
Nacional que como lo recoge Chomsky en el escrito ya
reseñado "no es la defensa contra un enemigo externo, sino
una manera de hacer del establecimiento militar el dueño
del juego…con el
derecho a combatir al enemigo interno, como fue determinado en la
doctrina brasileña, argentina,
uruguaya, y en la colombiana: es el derecho de luchar y
exterminar a trabajadores sociales, sindicalistas, hombres y
mujeres que no apoyan el establecimiento… El Ministro de
Defensa colombiano explicó que el aparato oficial de
terror está diseñado para una "guerra total en el
terreno político, económico y social". Los objetivos
oficiales son organizaciones guerrilleras. Pero, tal como un alto
mando militar explicó en 1987, éstos son de menor
importancia: "el verdadero peligro" es "lo que los insurgentes
han llamado la guerra política y psicológica", la
"guerra para controlar los elementos populares" y para "manipular
a las masas". Los "subversivos" esperan influir en los sindicatos,
universidades, medios de
comunicación y así sucesivamente. Por esta
razón "cualquier individuo que de una u otra manera apoya
a los fines del enemigo, debe ser considerado un traidor y
tratado como tal". Ésta última cita fue
extraída de un manual militar
elaborado en 1963, bajo la dirección de los instructores de Kennedy y
los asesores nazis".

Obedeciendo a esta lógica
los defensores de los derechos humanos al denunciar las
actividades irregulares de la Fuerza Pública y al
acusarlas ante los tribunales y/o ante las instancias
internacionales estarían contribuyendo a los fines del
enemigo y por lo tanto serían tratados como
tales. El propio Consejero Presidencial para los Derechos Humanos
declaró en mayo de 1994 que en la "escena internacional la
guerrilla desarrolla una labor publicitaria en materia de
derechos humanos, la cual se haría (como sutilmente lo
sugiere) a través de las ONG
internacionales de derechos humanos, lo que muestra el grado
de penetración de esta visión en todos los
estamentos estatales".

El trabajo en
derechos humanos y las leyes protectoras
de los mismos son vistos como un obstáculo para lograr
librar una guerra exitosa contra la subversión, en
palabras del columnista Enrique Santos Calderón, vocero
del establecimiento y Gerente del
más importante diario de la derecha del país: "
…un ejército que tiene un alto porcentaje de su
oficialidad empapelado por problemas de
derechos humanos debe sentirse cada vez más cohibido para
dar la pelea. /Los oficiales empapelados suelen ser los que
más se han destacado en la misión del
orden público, los que más han vivido los rigores
de un conflicto
interno que poco tiene que ver con las normas
convencionales de la guerra. Es decir, que por su propia naturaleza es
irregular, sucio y propenso a excesos. / Francamente, no veo bien
cómo se puede librar una lucha eficaz dentro del actual
marco jurídico. No la visualizo, con cada vez más
agencias del Estado dedicadas a fiscalizar a las Fuerzas Armadas
o a recortarles sus fueros; con las ONG de toda
suerte consagradas a denunciar a los militares en cualquier
foro
internacional".

Esta posición como lo hemos
señalado hace parte de una política de
intimidación y de persecución contra los defensores
de derechos humanos que se alienta desde la extrema derecha, el
Ex-ministro de Samper, Juan Manuel Santos considera que el trabajo en
derechos humanos es una extensión de la guerra y que los
defensores de los derechos humanos en la denuncia internacional
son miembros de la subversión que permiten vencer al
Estado: "Pero la guerra no solo la están ganando en el
frente interno. Al país (o al régimen, como lo
llamaría Alvaro Gómez) lo tienen acorralado en el
exterior. Y muy particularmente en los foros internacionales de
Derechos Humanos. A tal punto, que se dan el lujo de vetar el
nombramiento de cónsul en Hamburgo de Alfonso Plazas,
célebre Coronel que rescató el Palacio de
Justicia…se debe aceptar de una vez por todas que estamos en
guerra… (y por tanto) hay que comenzar a pensar en cambiar el
marco legal y muchas de las reglas de juego. Porque
ninguna pelea se gana, ni mucho menos una guerra, con las manos
amarradas".

Así se impone la lógica
de la brutalidad armada y la dialéctica del terror: Los
defensores de derechos humanos son convertidos en objetivos
militares, los escasos funcionarios que cumplen las leyes en "idiotas
útiles de la subversión", las instituciones
de control y de justicia en un "síndrome" que impide la
eficacia de la
Fuerza Pública; de tal manera las leyes que
propiciarían el Estado de Derecho
y le darían fundamentos a la democracia son
obstáculos para la derrota de la insurgencia. Pese que
aquellas y éstas (las instituciones
y las leyes) como lo
hemos reseñado a lo largo de estas reflexiones han
convivido con una impunidad casi absoluta. Lo que quieren los
voceros del régimen y los ejecutores del terrorismo es la
impunidad total, el silencio completo, seguir actuando en los
caminos de la niebla donde todos los crímenes contra la
humanidad se cubren con las sombras de la
muerte.

Por ello los defensores de derechos humanos han
sido asesinados, detenidos desaparecidos u obligados al exilio.
Desde el 7 de agosto de 1994, fecha en que asumió la
presidencia el Dr. Ernesto Samper Pizano han sido asesinados los
siguientes defensores de los derechos humanos:

• El 29 de septiembre de 1994 fue salvajemente
  torturado, asesinado e incinerado JAIRO BARAHONA MARTINEZ, del
  Comité de Derechos de Pailitas, departamento del
  Cesar;
• el 23 de octubre de 1994, fue asesinado HERMES
  RENDÓN OCHOA, del Comité de Derechos Humanos de
  Ocaña, departamento de Norte de
  Santander;
• el 20 de febrero de 1995 fue asesinado ERNESTO
  EMILIO FERNANDEZ, del Comité de Derechos Humanos de
  Pailitas;
• el 16 de junio de 1995 FRANCISCO JAVIER BARRIGA
  VERGEL, abogado del Comité de Solidaridad con
  los Presos Políticos, asesinado en la ciudad de
  Cúcuta, Norte de Santander, había sido amenazado
  de muerte en
  agosto de 1994 por el grupo paramilitar MACOGUE (Muerte a
  Comunistas y Guerrilleros) que se adjudicaron el asesinato en
  la ciudad de Bogotá el 9 de agosto de 1994 de MANUEL
  CEPEDA VARGAS senador de la Unión Patriótica,
  fundador y miembro del Comité Permanente por la Defensa
  de los Derechos Humanos;
• el 21 de diciembre de 1995 en la ciudad de
  Medellín fue asesinado FABIO DE JESUS GÓMEZ,
  miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos
  Desaparecidos (ASFADDES);
• el 10 de noviembre de 1996 fue asesinado en la
  ciudad de Ocaña, JAFETH MORALES, promotor de Derechos
  Humanos en el municipio de San Calixto y miembro de las
  Comunidades Eclesiales de Base.

De otra parte ya hemos mencionado el asesinato de
JOSUÉ GIRALDO CARDONA, asesinado en la ciudad de
Villavicencio el 13 de octubre de 1996. La Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas
en una de sus plenarias el 11 de marzo de 1997 le rindió
un homenaje a su memoria con un
minuto de silencio, JOSUÉ había participado en las
sesiones de dicha Comisión durante los años de 1995
y 1996; el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales
de Naciones Unidas,
señor Bacre Waly Ndiaye, interviniendo en el mismo recinto
el 9 de abril de 1997 manifestó que los defensores de
derechos humanos, como en el caso de JOSUÉ GIRALDO,
merecen más que un homenaje póstumo; palabras
oportunas para llamar la atención de los Estados y de la
comunidad
internacional sobre el hecho de que otros cuatro defensores de
derechos humanos fueron desaparecidos o asesinados durante el mes
de marzo de 1997 en Colombia, se trata de:

• VÍCTOR JULIO GARZÓN asesinado en
  su oficina en la
  ciudad de Bogotá el 7 de marzo de 1997, defensor de los
  derechos humanos de los trabajadores agrícolas, y
  Secretario General de la Federación Nacional Sindical
  Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
• JAIME ORTIZ LONDOÑO detenido y
  desaparecido por una patrulla militar el 9 de marzo de 1997 en
  el municipio de Segovia, miembro del Comité de Derechos
  Humanos de Segovia, Remedios, Nordeste y Bajo
  Cauca.
• NAZARENO DE JESÚS RIVERA, miembro del
  mismo Comité y líder
  sindical, se encontraba en compañía de JAIME
  cuando fueron retenidos. NAZARENO fue reportado el 12 de marzo
  como "guerrillero dado de baja en combate" junto con otras
  cinco personas, entre los cadáveres se hallaron los
  documentos de
  identidad de
  JAIME pero su cuerpo no fue identificado por sus familiares
  entre las víctimas.
• MARGARITA GUZMÁN RESTREPO, asesinada el
  24 de marzo de 1997 en su lugar de trabajo, la Alcaldía
  de Segovia donde era secretaria de la Inspección de
  Policía, Margarita había sido integrante del
  Comité de Derechos Humanos de Segovia entre 1992 y 1993,
  ella estaba adelantando las averiguaciones por la
  desaparición de JAIME ORTIZ.

La vergüenza que siente un defensor de
derechos humanos por su patria humillada y vejada por el terror,
es vergüenza patriótica. Los defensores de derechos
humanos aman su país y arriesgan su libertad y su
vida por su pueblo; están dispuestos al sacrificio, como
se han sacrificado ya muchos para que los valores
fundamentales de la vida humana no sigan siendo ignorados en el
autoritarismo marcial de los poderosos. Lo que sigue siendo
absolutamente atroz es que sólo por descubrir la verdad de
la infamia y revelarla, la muerte siga
asechando a los defensores de los derechos humanos azuzada por
los que aferrados al statu quo, quieren con su torpe y criminal
persistencia despedazar la nación en medio de la
guerra.

Oficio cruel, desgraciadamente imprescindible, el
de los defensores de derechos humanos en el que la tragedia de
los humildes, de los torturados, de los desaparecidos, de los
ejecutados, de los desplazados, los congrega en triste pero
activa solidaridad para
exigirle a los victimarios que cesen en sus crímenes y a
las autoridades que ejerzan la obligación punitiva del
Estado para que la impunidad no sea la confirmación y
reproducción de la barbarie.

Esta exposición es un homenaje a los que
en Colombia persisten de manera inclaudicable para que la
decencia y la dignidad humanas se impongan sobre los criminales.
Ellas y ellos que levantan su voz altiva para silenciar el fuego
asesino de los fusiles y las carcajadas burlescas de los
verdugos; ellos y ellas, que blindan sus ilusiones con amor universal
para que el silencio y la soledad de la muerte no
sean más poderosos que el derecho a existir de los
humildes; a ellas y ellos que marchan como luceros en medio de
las tinieblas para que la oscuridad del terror no enceguezca el
futuro de los colombianos.

Termino citando a JOSUÉ GIRALDO CARDONA
quien previendo hace un año el hecho de su muerte
dejó su testimonio de amor a los
suyos, a la causa de la libertad, la
vida, y su amor
inclaudicable a la patria; su sacrificio no nos hace arrear las
banderas, por lo tanto recogemos el espíritu de su lucha y
con él decimos: "Cuando hay tempestades desoladoras,
vientos huracanados, uno sabe bien que en algún lugar del
cielo el sol sigue
estando presente…Colombia es un pueblo con futuro, no lo digo
yo, lo dice la gente que no da el brazo a torcer a pesar de tanta
sangre
derramada".

IV. Bibliografía.

Amnistía Internacional, Violencia
Política en Colombia: Mito y
Realidad. Edai. Pág. 8. Madrid. 1994.

Cepeda, Iván, En, Magazine Dominical del
Espectador. Pág. 19. 1996.

Chomsky, Noam, Conferencia
dictada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
publicada en Cuadernos Africa –
América, Serie Documentos. #3.
Sodepaz. Madrid. 13/03/1995.

Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos. Caso 1107. 1995.

Conferencia de
Religiosos de Colombia, Una Biopsia al Cáncer de la
Sociedad, en,
Vinculum #180, julio-septiembre. 1995

De Roux, Carlos, Intervención ante el
Parlamento Europeo, en la Conferencia Europea sobre los
Derechos Humanos en Colombia. Pág. 133. Editorial
Sago.

De Roux, Carlos, Ponencia en la Conferencia
Europea sobre los Derechos Humanos en Colombia. Pág.
45. Editorial Sago. 1995

De Roux, Carlos, Intervención ante la
Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas.
10/04/1996

Diario El Tiempo,
Editorial. Pág. A7. 19/09/1993.

Diario El Tiempo,
Editorial. Pág. A7. 15/11/1994.

Diario El Tiempo, Documento
Seguridad para la
gente. 29/12/1994.

Diario El Tiempo, Editorial. Pág. A7.
04/06/1995.

Diario El Tiempo, Editorial. Pág. A4.
29/06/1995.

Diario El Tiempo, Editorial. Pág. A5.
20/08/1995.

Diario El Tiempo, Editorial. Pág. A8.
12/10/1995.

Diario El Tiempo, Editorial. Pág. A6.
30/03/1996.

Diario El Tiempo, Editorial. Pág. A4.
19/04/1996.

Diario El Tiempo, Editorial. Pág. A7.
12/10/1996.

Diario La Prensa,
Editorial. Pág. 1. 04/01/1994.

Molano, Jorge, Intervención ante el
Parlamento Europeo, en la Conferencia Europea sobre los
Derechos Humanos en Colombia. Págs. 146-147. Editorial
Sago. 1995.

OIDHACO, Los Derechos Humanos en 1995:
violaciones a granel e impunidad. Pág. 18-20.
Bruselas. 1996.

OIDHACO, El Sur del Cesar, La Provincia de
Ocaña y El Catatumbo: un ejemplo de ofensiva paramilitar.
Serie Documentos, #2. Bruselas. 1996.

Organización de las Naciones Unidas,
Comisión Colombiana de Juristas/Comité Permanente
por la defensa de los Derechos Humanos.
25/03/1996.

Valencia, Alvaro, En Bejarano,
Jesús. Construir la Paz. Memorias del
Seminario Paz,
Democracia y
Desarrollo. Pág. 341. Bogotá. 1990.

Palabras Clave: Derechos Humanos,
Colombia, Impunidad

REALIZADO POR:

OSWALDO E. RAMÍREZ
COLINA